El Congreso plantea redimensionar los trasvases ante una menor disponibilidad de agua

MADRID.- El Congreso ha recomendado  hoy "redimensionar" los trasvases de agua que están en la actualidad en servicio ante la expectativa de que los caudales y la disponibilidad de agua se van a reducir de una forma considerable en el futuro a causa del cambio climático.

La Comisión de Transición Ecológica de la Cámara baja ha aprobado hoy, con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y Grupo Mixto -con Compromís y PDeCAT- el dictamen de la subcomisión que durante meses ha trabajado en la elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático.

El texto tiene una enmienda transaccional, que incluye la supresión de algunas frases en el apartado sexto en los que se mencionan algunas localizaciones geográficas.

Además, se hace una nueva redacción del texto en el mismo apartado, en el punto dos, en el que se señala: "En lo que respecta a los trasvases en servicio es necesario tomar en consideración la expectativa de menores caudales por el cambio climático".

El diputado socialista Ricardo Antonio García Mira ha señalado que se trata de un "documento no de ley, que servirá para la discusión de futuras normativas sobre políticas de agua y cambio climático.

El informe "quiere anticiparse al cambio climático y a la gestión del agua, para reducir la vulnerabilidad", ha sostenido el diputado socialista y ha añadido que todos los trasvases que existen es deseo mantenerlos para el equilibrio de las economías locales".

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, ha señalado que el informe es una "buena expresión del impacto que va a tener el cambio climático sobre el tema del agua en España y las derivadas que hay que hacerse para modificar la política del recurso".

El Gobierno regional de Murcia ha manifestado la "más enérgica oposición" al dictamen, algo que no va a permitir, y menos aún alegando "criterios ecológicos".

El dictamen constata que todas las simulaciones y previsiones apuntan a notables incrementos de la temperatura media y a una disminución de las precipitaciones, por lo que es necesario "asumir escenarios con menos recursos disponibles".

El informe recuerda que algunos organismos han señalado que la reducción de caudales medios desde 2010 hasta finales del siglo podría ser del 24 por ciento, y llegar incluso a reducciones entre el 30 y el 40 por ciento en las zonas más sensibles.

Constata además que los estudios prevén un fuerte aumento de la variabilidad climática, ya que aumentarán los riesgos de sequía, que serán "más frecuentes, largas e intensas", pero también de inundaciones, con crecidas más frecuentes y caudales máximos más fuertes.

El dictamen recuerda que numerosos expertos han argumentado que los trasvases no son eficaces frente a las sequías, ya que éstas afectan tanto a las cuencas receptoras como a las que "ceden" el agua, y que construir más presas, cuando todos los escenarios auguran que habrá menos agua, conducirá a inversiones ineficaces ya que esos embalses podrían estar vacíos.

Entre las recomendaciones del dictamen aprobado hoy en el Congreso, destaca la de hacer una auditoría sobre el estado y las capacidades de "regulación, transporte y distribución" de las infraestructuras hidráulicas que existen en España.

Plantea además que se condicione cualquier proyecto hidráulico al compromiso previo de pago de los beneficiarios de esa obra o que se pongan en valor productivo los suelos más fértiles y las vegas, defendiéndolos "del abandono y de la depredación urbanística".

Los Planes de cuenca deberán "frenar" las expectativas de nuevos usos y demandas, pero también "redimensionar" las concesiones "para evitar las expectativas que genera la sobre-asignación de recursos", según recoge el dictamen, que afirma que no existen cuencas "excedentarias" o cuencas "deficitarias".

El sector pesquero europeo pide que se defiendan sus intereses en el 'brexit'

MADRID.- La Alianza Europea Pesquera (EUFA) ha insistido en su defensa de los intereses económicos de las comunidades costeras europeas en las negociaciones del brexit, tal como ya hizo hace un año a través de la Declaración de Santiago de Compostela.

Hace ahora un año, representantes de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Suecia acordaron en Santiago de Compostela adoptar una postura sobre el brexit de cara a minimizar sus consecuencias .

En una nota, la Confederación Española de Pesca (Cepesca), que forma parte de la patronal pesquera europea, ha subrayado que las negociaciones actuales entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido han entrado en "una fase decisiva" sobre cómo compartir unos recursos limitados y de ecosistemas interdependientes; por ello ha pedido el "acceso recíproco a zonas de pesca y mercados con el Reino Unido".

Según la EUFA, la cooperación post-brexit para la gestión sostenible de las aguas será necesaria, "tanto para garantizar la rentabilidad de las comunidades pesqueras, como para asegurar el futuro del conjunto del sector pesquero europeo".

Y en este punto ha recordado que el 42% de las capturas de las flotas pesqueras de la UE dependen del acceso a unas aguas que podrían pasar a pertenecer al Reino Unido y que el sector pesquero británico exporta el 60% de sus capturas totales a la UE.

Para el secretario general de Cepesca, Javier Garat, un 'brexit duro" pondría en riesgo el medio de vida de miles de personas en Europa y en España.

El presidente de EUFA, Gerard Van Balsfoort, ha puntualizado que el futuro económico del sector a largo plazo implica mantener la distribución actual de las oportunidades de pesca.

La vivienda de alquiler en España ofrece una rentabilidad media del 5,6 por ciento

BARCELONA.- La vivienda de alquiler en España ofrece una rentabilidad bruta media del 5,6 %, un rendimiento que superan comunidades como la Región de Murcia (5,9 %), Castilla-La Mancha (5,7 %) y Comunidad Valenciana (5,7 %), según un informe de Servihabitat.

El estudio, elaborado por Servihabitat Trends, la plataforma de investigación y análisis de mercado impulsada desde Servihabitat, ha estimado un incremento medio del precio del alquiler durante los próximos seis meses en torno al 1,5-2 %, según un comunicado de la compañía.

La oferta de viviendas en alquiler disponible en España es actualmente de 104.740, un 7 % más en relación con el año pasado y un 16,4 % superior respecto a marzo de 2018.

Según el informe de Servihabitat, las comunidades que han registrado un mayor aumento en la oferta disponible respecto al año pasado son, por orden, las de Baleares, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Canarias, y destacan Cataluña, Andalucía y Madrid por disponer de una oferta superior a las 18.000 viviendas.

Por otro lado, el precio medio de las viviendas en alquiler de entre 80 y 90 metros cuadrados en España es de 710 euros, un 4,41 % superior a seis meses atrás, y por comunidades, Madrid, las Baleares y País Vasco son las que registran en este tipo de vivienda unos precios más elevados, seguidas de Cataluña, Ceuta y las Canarias.

Sánchez insta a respetar el trabajo del Supremo y esperar su fallo sobre hipotecas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado hoy a respetar el trabajo del Tribunal Supremo y esperar a su decisión, prevista para el próximo 5 de noviembre, sobre el controvertido criterio que atribuye el impuesto de las hipotecas a la banca.

En respuesta a una pregunta del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, hoy en el pleno del Congreso, Sánchez ha asegurado que será a partir de ahí cuando el Gobierno "tomará nota, como no puede ser de otra manera".

Baldoví ha apuntado que el Gobierno tiene en sus manos solucionar este dilema del TS con una reforma del Real Decreto 828/1995 para que establezca que será sujeto pasivo el prestamista, es decir, el banco, en lugar del adquiriente del bien, y con eso "fin del problema", ha aseverado.

Sánchez ha asegurado que "empatiza" con la aproximación realizada por Baldoví al problema pero hay que esperar y será después de que se pronuncie el alto tribunal cuando el Gobierno "tomará nota". Hasta entonces "es importante que respetemos el trabajo del TS", ha concluido.

El Gobierno pide "prudencia" hasta que el Supremo se aclare con las hipotecas

MADRID.- El Gobierno ha pedido hoy "prudencia" y esperar a que el pleno del Tribunal Supremo se reúna el próximo 5 de noviembre y aclare quién debe pagar finalmente el impuesto de actos jurídicos documentados por la firma de una hipoteca.

"Lo prudente es esperar" hasta que el alto tribunal se pronuncie, ha insistido la ministra de Economía, Nadia Calviño, en respuesta a la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Lucía Martín, que pedía modificar ya el marco legal para dejar claro que los gastos de la constitución de una hipoteca debe pagarlos el banco.

Pero la titular de Economía ha recordado que la sentencia conocida la pasada semana y que ahora ha quedado en el aire supuso un cambio en la interpretación de la propia justicia y por ello es "muy importante" ver qué decide finalmente el pleno del Supremo.

"Puede ser muy atractivo y fácil contraponer el interés de los ciudadanos y los bancos", ha afeado la ministra a la diputada después de que le retara a actuar y dijera que "el Gobierno está con la ciudadanía o está con los bancos".

Calviño, sin embargo, ha explicado que el Gobierno está analizando las implicaciones y el efecto tanto para los ciudadanos, como para la banca y las arcas públicas.

La PAH pide a la fiscal general se persone en el Supremo para defender a los consumidores

BARCELONA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha pedido hoy a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se persone ante el Tribunal Supremo (TS) en la revisión a la sentencia que obliga a los bancos a asumir el impuesto de las hipotecas "para defender los derechos de los consumidores y la ciudadanía".

En su escrito, la PAH pide la personación de la Fiscalía General ante el TS en los recursos que vayan a resolverse en las próximas semanas, "para defender los derechos de consumidores y ciudadanía en general, garantizando el castigo y la sanción pública de los abusos bancarios cometidos durante décadas por las entidades financieras responsables de la mayor crisis económica de la historia reciente".

La PAH explica a la FGE que la plataforma está "escandalizada" por la decisión "sin precedentes" adoptada por el Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para revisar la sentencia favorable a los consumidores.

La plataforma compara esta decisión del Supremo con la de no haberse reunido "para estudiar la validez de la legislación hipotecaria" española "que ha sido sistemáticamente refutada y modificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

En sus alegaciones al FGE, la PAH afirma que "no es la primera vez que desde el TS emanan sentencias o acuerdos que después son rectificados por el TJUE, para proteger lo que en España se había desprotegido o actuando deliberadamente contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo, intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así una parte del abuso".

"La decisión de suspender la tramitación de los recursos, hasta reconsiderar la decisión adoptada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso, adoptada por el Presidente de la Sala, genera una enorme alarma social, y cuestiona y erosiona gravemente la apariencia de independencia e imparcialidad de la que deben estar imbuidas las decisiones judiciales", alega la PAH.

La plataforma también argumenta que el Ministerio Fiscal tiene por misión "promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social".

Para la PAH, "la enorme repercusión económica y social" alegada por el TS para reestudiar la sentencia "exige la intervención del Ministerio Fiscal en defensa de los derechos de los ciudadanos" y por eso le pide que "se persone ante los procedimientos pendientes de recurso ante el Tribunal Supremo sobre gastos hipotecarios y abusos bancarios, en cumplimiento a sus propias directrices recogidas en la Circular 2/2018 de protección jurídica de los consumidores y usuarios".

El Tribunal Supremo acordó ayer convocar un pleno para el próximo 5 de noviembre para revisar la sentencia.

Justicia estudia imponer sanciones a los bancos que pleiteen por las cláusulas suelo

MADRID.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado hoy que han "dado el paso" para solventar el colapso de los juzgados de cláusulas suelo con medidas como imponer intereses sancionadores a los bancos que acudan a la vía judicial con el fin de dilatar las devoluciones a los clientes.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Delgado, que ha mostrado su compromiso por fomentar las reclamaciones extrajudiciales, ha destacado la importancia de esta "medida preventiva", en la que ya se está trabajando y que castigaría a las entidades que incurran en esta maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe.

También ha reprochado al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy por impulsar una decisión, la de habilitar sedes uniprovinciales especializadas en litigios hipotecarios, "que no fue debidamente evaluada" y que ha desencadenado una "avalancha" de demandas.

"Se dio café para todo el mundo sin estudiar las diferencias entre los territorios", ha lamentado la ministra, que ha apuntado la puesta en marcha de refuerzos tanto a nivel de jueces con la incorporación de 150 magistrados, como de los 120 nuevos letrados de la Administración.

Una estrategia de carácter "paliativo" con el que se persigue, ha dicho, reducir los tiempos de respuesta en expedientes relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, hipotecas multidivisas y gastos de formalización de una hipoteca.

La diputada de ERC, Carolina Telechea, ha afeado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por estar "más preocupado en los lazos amarillos" que en el fracaso de dicho sistema.

En este sentido, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una proposición de ley para "judicializar menos y establecer medidas alternativas que ayuden a los ciudadanos".

Estas sedes comenzaron a funcionar en junio de 2017, cuando entró en vigor el plan de urgencia aprobado por el CGPJ ante el previsible aumento de demandas después de que meses antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera la retroactividad para que los afectados por las cláusulas suelo abusivas recuperaran lo abonado de más desde el inicio de la contratación.

Desde entonces, tanto sindicatos como abogados, plataformas de consumidores y partidos políticos han manifestado su desacuerdo ante un método que, entienden, ha conseguido saturar las cargas de trabajo de los juzgados de primera instancia.

Precisamente el pasado miércoles, el CGPJ, Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas (País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canaria, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja) coincidían en la necesidad de mantenerlos a pesar de sus deficiencias.

Para paliarlas, el CGPJ se ha comprometido a elaborar un estudio exhaustivo en aquellas zonas que presentan una menor tasa de resolución, con el fin de adoptar medidas específicas y buscar soluciones para cada caso.

Seguirán reforzándose las secciones de las Audiencias Provinciales que ven este tipo de asuntos en segunda instancia, como ya se ha hecho en Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Jaén, Cádiz, Granada, Zaragoza, Barcelona y Badajoz.

El AVE a La Meca y metro de Riad, intereses centrales de España en Arabia Saudí

MADRID.- El contrato para la construcción y explotación del AVE entre Medina y La Meca, y la adjudicación de tres líneas del metro de Riad por un importe conjunto de 12.770 millones de euros constituyen los principales intereses económicos de España en Arabia Saudí.

A estas dos adjudicaciones se suman los contratos de 1.800 millones con Navantia para la construcción de cinco corbetas y el de 1.500 millones con Técnicas Reunidas para la construcción de la refinería de Ras Tanura, en la costa este de Arabia Saudí.

De acuerdo con los datos del ICEX, en total hay 36 empresas españolas establecidas en el país, con mayor presencia de grandes constructoras como ACS, FCC, OHL o Ferrovial y de ingenierías como Técnicas Reunidas, Isolux Corsán, Duro Felguera o Inabensa (Abengoa), junto con empresas industriales como Repsol, GAM, Indra o Telvent.

También se encuentran firmas de moda como Inditex, Adolfo Domínguez o Tous y otras compañías como Amadeus, Aqualia, Aldeasa, Porcelanosa o Roca.

Según un informe de la Oficina Económica y Comercial de España en Riad, las relaciones económicas bilaterales dieron un gran salto tras la I Comisión Mixta de 2014 y la II Comisión Mixta de febrero de 2018, a la que siguió la visita a España hace seis meses del príncipe heredero Mohamed Bin Salmán en la que se comprometió el contrato con Navantia.

De acuerdo con el mismo informe, el sector de la defensa, las energías renovables, la educación, la gestión hospitalaria y las infraestructuras de transporte ofrecen las mayores oportunidades comerciales y de inversión para las empresas españolas en el país.

En el ámbito comercial, en 2015 se registró el volumen máximo de exportaciones de bienes españoles a Arabia Saudí por un importe de 3.097,5 millones, que desde entonces ha ido disminuyendo como consecuencia de la crisis saudí a 2.364,3 millones en 2016 y a 2.267,1 millones en 2017.

Los datos más recientes reflejan que entre enero y agosto de 2018 las exportaciones alcanzaron 1.622,4 millones, la mayor parte en bienes de equipo (sobre todo material de transporte y maquinaria específica), seguidos de las semimanufacturas (principalmente productos químicos), manufacturas de consumo (textiles y confección fundamentalmente) y alimentación.

Frente a la caída de las exportaciones en los últimos tres años, destaca el aumento de las importaciones, un incremento asociado a la evolución del precio del petróleo, dado que el crudo y sus derivados copan las compras de España a Arabia Saudí.

En 2017 la factura del petróleo saudí se elevó a 3.059,1 millones, un 25 % más que en el año anterior, en tanto que entre enero y agosto ya ha alcanzado los 2.768,2 millones.

Con unas compras que superan a las ventas, el comercio bilateral ha sido históricamente deficitario para España, con un saldo negativo de 1.417,1 millones en 2017 que ya ha sido superado en lo que va de 2018 (1.575 millones hasta agosto).

En el ámbito de los servicios la ingeniería es el sector más dinámico, mientras que el turismo es prácticamente inexistente en ambos sentidos, aunque creciente en el caso de los saudíes que visitan España.

La Oficina Económica y Comercial de España en Riad calcula que una media de 1.500 españoles de religión musulmana visitan las ciudades santas cada año y explica que los visados para españoles son limitados y normalmente dirigidos a viajes de negocios.

Respecto a la inversión, Arabia Saudí ocupa el puesto 48 en el ránking de países destino de la inversión española y el número 31 en el de países inversores en España.

En lo que respecta a las exportaciones de armamento, Arabia Saudí es el quinto mayor comprador de material militar español y de doble uso -con una inversión de 270 millones de euros el año pasado-, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por partidas, los productos más comprados por Arabia Saudí en 2017 fueron municiones y dispositivos para el armado de los cebos (90 millones) y aeronaves y vehículos aéreos no tripulados (98,5 millones).

El contrato con Arabia es el mayor de 'Navantia' para un cliente extranjero

MADRID.- Navantia es una de las empresas españolas que más intereses comerciales tiene con Arabia Saudí gracias al contrato para la construcción de cinco corbetas, una operación que alcanza los 1.800 millones de euros y que representa la mayor de la historia de los astilleros públicos con un cliente extranjero.

Una delegación saudí está de visita en España precisamente para continuar la tramitación de la construcción de las cinco corbetas.

El contrato, que fue firmado con el Gobierno de Arabia Saudí el pasado mes de julio, se estuvo negociando desde el año 2015 y supondrá una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena, y su industria auxiliar.

De hecho, la compañía ya señaló que este contrato es "clave" para garantizar la actividad de trabajo de Navantia, principalmente en sus astilleros de Bahía de Cádiz.

En concreto, se calcula que durante cinco años se generarán anualmente cerca de 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos. De ellos, más de 1.100 serán empleos directos, más de 1.800 empleos de la Industria Auxiliar de Navantia y más de 3.000 indirectos generados por otros suministradores, según los datos de la compañía.

De acuerdo con el calendario previsto, el programa arrancaría a finales de 2018, de forma que el último buque se entregue en el 2022. Además, en virtud del contrato, Navantia será responsable del apoyo al mantenimiento durante cinco años, desde la entrega del primer buque, con opción a otros cinco años adicionales.

Navantia sostiene que este contrato permitirá consolidar internacionalmente a la compañía y, en especial, a este producto con un sistema de combate propio, que puede satisfacer las necesidades de otros potenciales clientes en la región y en otros mercados de interés.

Las corbetas para Arabia Saudí están basadas en el modelo Avante 2200 de Navantia, que es un buque polivalente especialmente diseñado para las misiones de vigilancia y control del tráfico marítimo, misiones de búsqueda y rescate y asistencia a otros buques, entre otras.

Además, los buques tendrán una "importante capacidad" para la defensa de activos estratégicos, de inteligencia y capacidad antisubmarina, antiaérea, antisuperficie y de guerra electrónica, según señaló la compañía con motivo de la firma.

Las corbetas estarán adaptadas a los requisitos de la Marina de Arabia Saudí y entre sus prestaciones destaca la capacidad de supervivencia y capacidad de operación a temperaturas extremas de la zona del Golfo.

El diseño de las corbetas incorpora productos propios como el sistema de combate Catiz, el sistema de comunicaciones integradas Hermesys, la dirección de tiro Dorna, el Sistema Integrado de Control de Plataforma, el puente integrado Minerva y los motores y las cajas reductoras.

Por otro lado, el contrato también incluye el suministro de varios servicios tales como el apoyo logístico integrado, el adiestramiento operacional y de mantenimiento, el suministro de centros de formación y adiestramiento para el sistema de combate y el sistema de control de plataforma de los buques, el apoyo al ciclo de vida, y los sistemas para el mantenimiento de los buques en la base naval.

Además del contrato de corbetas, Navantia acordó con la empresa estatal saudí SAMI (Saudi Arabian Military Industries) la creación de una sociedad conjunta (joint venture) en Arabia Saudí.

Esta sociedad, según la compañía, supone una oportunidad para posicionar los sistemas integrados y las soluciones tecnológicas de Navantia en el mercado de Arabia y su área de influencia, al tiempo que se enmarca dentro de la estrategia de internacionalización de la compañía.

La venta a turistas no comunitarios cae en España un 10,6 % hasta septiembre

MADRID.- Las ventas efectuadas en España a turistas procedentes de países extracomunitarios cayeron el 10,6 % hasta septiembre en comparación con el mismo periodo del pasado año, de acuerdo con un estudio elaborado por Planet, empresa proveedora de servicios de pago de Tax Free.

Además, los turistas que compran en Madrid y Barcelona también han reducido su gasto, en concreto, el 11 % y el 10 %, respectivamente, en comparación con 2017, que fue un "año récord", según ha señalado hoy el director general de la compañía para España, Jorge Esteban.

El directivo ha achacado esta reducción a la caída en la llegada de turistas y a la fortaleza del euro frente a otras divisas, como por ejemplo, las monedas de Argentina o Rusia, principales países emisores de turistas a España.

Además, ha señalado que el turista chino es "el actor principal en toda Europa", y en concreto, en España representa el 28 % del gasto procedente de países no comunitarios y su valor medio por transacción se sitúa en los 693 euros.

Les siguen los turistas rusos (17 %), estadounidenses (7 %), argentinos (5 %) y marroquíes (4 %).

A nivel europeo, Esteban ha explicado que las ventas cayeron en septiembre el 1 % y el total de transacciones bajó el 7 %, aunque el gasto medio aumentó el 7 %.

En la lista de los cinco principales mercados de los turistas no comunitarios de compras, Francia ocupó en septiembre el primer lugar, con un aumento del gasto medio del 8 % con respecto al mismo mes de 2017.

Le sigue Reino Unido, con el 2 % más; Italia (8 %), y España, que registró una caída del 9 %.

No obstante, Esteban ha destacado el potencial de España y ha abogado por aumentar la promoción turística en los países emergentes, especialmente en el continente asiático, donde, según el directivo, España solo cuenta con cuatro oficinas de promoción, frente a las cinco que posee en Alemania.

Además, ha defendido el aumento de las conexiones aéreas con los países asiáticos para facilitar la llegada de turistas y la agilización de los trámites para conseguir visados, puesto que en España el plazo se sitúa en veinte días, en comparación con otros países cuyo trámite dura mucho menos.

Por otra parte, ha subrayado que es "fundamental" que todos los actores del sector trabajen en la misma dirección y ha defendido la colaboración con la Administración Pública para que "el sector turístico en general y de compras en particular alcance su máximo potencial".

Planet trabaja con más de 300.000 comerciantes y 100 bancos asociados en 58 países de todo el mundo y forma parte de la cartera de empresas en crecimiento de Eurazeo.

Escrache al Supremo por las hipotecas: "Algo huele mal en este tribunal"

MADRID.- Más de 200 personas han hecho un escrache este mediodía ante las puertas del Tribunal Supremo en protesta por la precariedad de las pensiones y por la "aberrante" decisión de revisar la doctrina de una sentencia que establece que la banca debe pagar el impuesto de actos jurídicos de una hipoteca.

Convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y movimientos sociales, los congregados han cargado contra los jueces por dar "marcha atrás" tras la sentencia ante las "presiones de la banca y los poderosos".

Los manifestantes se han concentrado a veinte metros de la entrada principal del Tribunal Supremo, situada en la Plaza Villa de París, custodiado por un amplio dispositivo policial, con hasta ocho vehículos de antidisturbios y más de una veintena de agentes.

"Algo huele mal en este tribunal", "Banqueros y jueces corruptos" o "Ahí en frente están los delincuentes", han sido algunas de las consignas que han coreado los manifestantes, la mayoría pensionistas y jubilados.

Estos han portado carteles en los que exigían también pensiones dignas y criticaban al Gobierno, la banca y los jueces, a los que han llamado "ladrones" por la "precariedad" de las pensiones.

Pero también por la "inaudita y aberrante" decisión del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, que ha convocado para el 5 de noviembre un pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca o se da marcha atrás.

"La banca hipoteca hasta a la Justicia: apesta", sentenciaba una de los carteles junto a la puerta del alto tribunal.

Sánchez pide a Casado respetar al Parlamento y dejar de bloquear los Presupuestos

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido al líder del PP, Pablo Casado, a que respete al Parlamento y deje de bloquear los Presupuestos de 2019 que "están cargados de sentido común".

"Yo estoy convencido de que hay votantes del PP y de Ciudadanos que consideran que el Presupuesto es de sentido común, y ustedes deberían aprobarlos", le ha dicho Sánchez a Casado y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su turno de respuesta a los grupos parlamentario en el pleno del Congreso.

Sánchez comparece en el pleno de la Cámara Baja para informar del último Consejo Europeo y dar explicaciones sobre la venta de armas a Arabia Saudí y ha instado al dirigente del PP a hablar de Presupuestos y respetar al Parlamento.

Le ha pedido que su grupo parlamentario deje de bloquear la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permitiría sortear el veto del Senado a una nueva senda de déficit más flexible y cuyo plazo de presentación de enmiendas se prorrogó ayer.

"¿Van a dejar de bloquear esta Ley?, porque goza de un amplio consenso en este Parlamento y esto es respetar al Parlamento, señor Casado", ha ironizado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que los Presupuestos de 2019 están "cargados de sentido común" y ha puesto como ejemplo la recuperación del subsidio de desempleo para parados mayores de 52 años, la recuperación de la cotización a la Seguridad Social para los cuidadores no profesionales o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales.

"¿Es o no de sentido común subir el SMI en un país cuya realidad laboral es dramática?. Yo estoy convencido de que hay votantes del PP y de Ciudadanos que consideran que es de sentido común", le ha asegurado.

La Audiencia Nacional rechaza suspender la cárcel a Rato, que debe ingresar antes del viernes

MADRID.- El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato deberá empezar a cumplir con su condena de cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas "black" de la entidad antes del viernes, después de que la Audiencia Nacional haya rechazado suspender su ingreso.

Según han informado fuentes jurídicas, la sección cuarta de la sala de lo Penal se ha pronunciado en el mismo sentido que hiciera con otros siete condenados, al entender que se trata de una medida que, en todo caso, debería acordar el Tribunal Constitucional.

De este modo, los magistrados se oponen al escrito del exministro, que apuntaba a los "perjuicios irreparables" que le podría ocasionar su encarcelamiento de cara al recurso de amparo que solicitará, antes de finales de noviembre.

En concreto, su defensa alegaba la falta de riesgo de fuga y descartaba la posible desprotección de las víctimas al ser supuestos "inexistentes" en este caso "como acredita la actitud procesal" de Rato durante el proceso y la reparación del daño "realizada y garantizada" al haber devuelto los 99.000 euros que desembolsó.

Precisamente ayer la sala confirmaba la ejecución de la pena respecto al exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, condenado a cuatro años de prisión y que deberá empezar a cumplir con su castigo antes del 29 de octubre.

También lo hizo con los exconsejeros Jorge Gómez Moreno (PSOE), José María de la Riva (PSOE), Francisco Baquero (CCOO), Gonzalo Martín Pascual (UGT), Francisco José Pérez (PSOE) y Miguel Ángel Abejón (UGT) -que ingresó ayer en prisión, al igual que Rodolfo Benito (CCOO)-, con penas de entre tres años y dos meses, y dos años y seis meses.

Asimismo, acordó aplazar diez días hábiles a contar desde el 30 de octubre el ingreso del exconsejero en representación del PSOE Antonio Romero, sobre quien pesan tres años y dos meses de cárcel, por motivos familiares.

Los magistrados continúan estudiando si conceden la suspensión de la ejecutoria respecto a Rubén Cruz (dos años y medio de cárcel) por enfermedad.

Los otros dos condenados, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga (tres años y dos meses de prisión) y el exdirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas (dos años y medio) cumplen este miércoles su primera semana como internos de las madrileñas cárceles de Soto del Real y Navalcarnero, respectivamente.

CC.OO. pide la transformación de 'Navantia' en una industria civil y de defensa

MADRID.- El sindicato CC.OO. ha pedido hoy que la actividad de Navantia no se limite "a la defensa nacional" sino que se transforme en una "industria dual civil y de defensa española, líder en el mercado mundial, como garantía de empleo y de futuro".

CC.OO. lo indica así en una nota de prensa remitida esta noche, en la que denuncia "la vulneración de los derechos humanos que se está produciendo por parte del régimen saudí, tanto en la guerra del Yemen como en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi".

Sin embargo, afirma el sindicato que el sector naval para la defensa "es estratégico en cualquier país" y, por eso, dice que los trabajadores "no se resignan" a que Navantia "desaparezca y tener que depender de terceros" pues asegura que eso "llevaría a la imposibilidad de mantener los actuales niveles de empleo".

CC.OO hace un llamamiento a la opinión pública y a los diferentes ámbitos sociales y políticos para que "entiendan esta posición que, en esta situación, nos parece la más razonable y la única que puede garantizar el futuro de miles de trabajadores y trabajadoras".

Además, dice que esa es la única forma posible de mantener "el desarrollo de las comarcas donde se asientan los astilleros y un sector que tiene la necesidad de cambiar, pero que continúa siendo estratégico para nuestro país".

Mientras tanto, CCOO opta por "cumplir los contratos vigentes y agilizar los comprometidos", tanto para clientes internacionales como los de las fuerzas armadas españolas, pero opina que a la vez habría que "abrir nuevos mercados en países que no comprometan los derechos humanos en sus políticas de defensa".

"En estos momentos creemos que la prudencia, la voluntad política y el tiempo son nuestras mejores aliadas, sin menoscabo de seguir denunciando cualquier vulneración que se pueda producir de los derechos humanos en el mundo", añade el sindicato en su nota.

Una de cada tres empleadas domésticas vive por debajo del umbral de la pobreza

MADRID.- Una de cada tres empleadas domésticas o empleados domésticos vive en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza (el 16 por ciento en la población general) y duplican los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca respecto a cualquier otro trabajador en España.

Según un informe de Oxfam Intermón y de Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, la pobreza laboral y la precariedad afecta de manera importante a las trabajadoras de ese sector (la mayoría son mujeres y el 57 % extranjeras), cuyos trabajos con alta tasa de temporalidad y de informalidad ocasiona situaciones de pobreza en el 34,3 por ciento de sus hogares.

Hay más de 630.000 personas dedicadas al empleo del hogar, casi el 4 por ciento de la población activa, y 163.925 no están registradas en la Seguridad Social y por tanto no cotizan ninguna de las horas trabajadas, lo que limita sus derechos laborales en el presente y en el futuro.

El estudio calcula que si este sector económico estuviera legalmente remunerado equivaldría al 2,8 por ciento del PIB y por ello reclama cambios normativos para que se equiparen los derechos laborales de las trabajadoras del hogar al del resto de los asalariados, facilitando la cotización del empleo doméstico.

“El empleo doméstico es riqueza”, ha explicado Liliana Marcos, desde Oxfam, y sin él el resto de la economía se vería perjudicada, y “cubre espacios que el estado no hace por falta de recursos”.

Según una encuesta realizada entre 205 empleadas del hogar, sólo 18 cotizaba su trabajo y el 43,4 por ciento ni una sola hora al mes (89 trabajadoras).

Oxfam denuncia que la precariedad tiene rostro de mujer, tal y como muestra que 7 de cada 10 salarios va a manos de una mujer.

En relación con la calidad del empleo del hogar, las mujeres empleadas en ese sector superan la media estatal de temporalidad del mercado laboral: 1 de cada 3 contratos de no internas son temporales, en el conjunto de la población asalariadas es 1 de cada 4.

“Sufren además una rotación mayor que el resto de la población, lo que les impide acumular antigüedad”, principalmente por la baja remuneración, ha explicado el investigador de la Universidad Carlos III Luis Gómez, quien ha detallado que si el contrato temporal medio dura 128 meses, en las empleadas del hogar apenas llega a los 70 meses.

“Si la tasa de parcialidad entre la población asalariada ronde el 15 por ciento, se multiplica por 4 y llega hasta el 62 por ciento de las trabajadoras de hogar no internas”, ha señalado el expertos.

Las trabajadoras manifiestan su insatisfacción por las horas que trabajan y desearían la extensión de sus jornadas, señala Gómez, lo que no ocurre con las trabajadoras internas con una media de horas efectivas de 61 y un 4,5 por ciento supera las 90 horas a la semana.

A pesar de la precariedad que vive el sector, faltan menos al trabajo que el resto de la población, “a pesar de que las características de su trabajo, en muchos casos les obligan a levantar pesos elevados” y otro tipo de duras cargas.

En el 43 por ciento de los hogares vive un niño y el 4,5 por ciento de los hogares de las empleadas domésticas conforman una familia monomarental.

Desde la ONG Territorio Doméstico, de ayuda a las mujeres de este sector, Rafaela Pimentel ha destacado el valor del trabajo invisibilizado que prestan en la sociedad, “que no se contabiliza ni en tiempo, ni en dinero”.

También ha denunciado que la ley de Extranjería obliga a muchas de las trabajadoras a hacerlo sin poder darse de alta a la Seguridad Social durante varios años hasta que obtienen el documento de arraigo que les permite tener un contrato de trabajo.

Los colegios de entornos catalanohablantes podrán aumentar las horas lectivas de castellano

MADRID.- Los colegios situados en entornos con una fuerte presencia del catalán podrán aumentar el número de horas de exposición al castellano, según recoge el nuevo modelo lingüístico del sistema educativo catalán.

De acuerdo con el nuevo modelo, cada centro, siguiendo su proyecto lingüístico propio, “podrá incorporar bloques de contenido curriculares en castellano y planificar actividades que potencien la expresión oral en esta lengua de los alumnos de centros situados en entornos con fuerte presencia de la lengua catalana”.

Sobre esta medida, el director general de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Josep Vallcorba, ha explicado que “lo importante es que cada centro tenga claros sus objetivos y cuáles son sus déficits en materia lingüística para poder llegar a un equilibrio en el conocimiento de lenguas”.

Del mismo modo, las escuelas situadas en entornos donde el castellano es la lengua mayoritaria de los alumnos “también podrán diseñar actividades para potenciar el catalán, si así lo considera el centro”, ha señalado Vallcorba.

El documento presentado también señala que en esos entornos la escuela deberá “profundizar en los registros formales del castellano y que los alumnos sepan valorar la diversidad cada vez mayor en Cataluña debido a la llegada de hablantes procedentes de América Latina”.

Con el nuevo documento, el departamento de Enseñanza ha reformulado el modelo lingüístico del sistema educativo catalán que ha regulado la inmersión en lengua catalana en los colegios desde el año 1983, cuando se aprobó la Ley de Normalización Lingüística.

La nueva política lingüística en las escuelas parte de una realidad “muy diferente a la que había en 1983, cuando el alumnado se dividía en catalanohablantes y castellanohablantes“, ha explicado Vallcorba, que ha añadido que ahora la diversidad lingüística y cultural “es tal que en las aulas se llegan a hablar 200 lenguas distintas” que, “en ningún caso, amenazan la pervivencia del catalán, sino que enriquecen esta lengua”, ha añadido.

Teniendo en cuenta el contexto educativo multilingüe y multicultural, Enseñanza ha diseñado un nuevo modelo lingüístico que “plantea la educación plurilingüe como algo más que enseñar y aprender diferentes lenguas” e implica que cada alumno “sea competente para utilizar las diferentes lenguas para adquirir nuevo conocimiento y llegar a una comunicación efectiva en circunstancias y situaciones diversas”, ha señalado Vallcorba.

En este contexto, el catalán “seguirá situando la lengua vehicular y vertebradora del sistema, para garantizar su conocimiento a todo el alumnado y favorecer su uso”, ha informado el director general, ya que su conocimiento “garantiza la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y no ha implicado que haya disminuido en conocimiento del castellano”, según el documento.

El nuevo modelo lingüístico “sólo es aplicable en un contexto de autonomía real de los centros” que les permita definir proyectos lingüísticos diferenciados en función de cada realidad sociolingüística específica, según Vallcorba.

Según el nuevo modelo, será cada centro a partir de su modelo lingüístico propio el que determinará qué lenguas extranjeras ofrece como primera lengua y cuáles como segunda (podrá ser curricular, de alcance internacional o familiar de alumnado de origen extranjero).

Para evitar una ruptura en el aprendizaje de la lengua extranjera cuando se ha iniciado en primaria, se facilitará su continuidad en centros de secundaria de la zona, según el nuevo modelo.

Al finalizar la etapa de ESO, los alumnos deberán ser capaces de emplear normalmente y correctamente el catalán, el castellano y el aranés en Arán (nivel B2) y, como mínimo, una lengua extranjera (nivel B1).

Del mismo modo, los alumnos que finalicen Bachillerato deberán acreditar un nivel C1 en catalán, castellano y occitano en Arán y un nivel B2 de conocimiento en la primera lengua extranjera.

Trabajo propone endurecer la tarifa plana de los autónomos en 2019

MADRID.- El Gobierno quiere endurecer la tarifa plana que pagan los autónomos a la Seguridad Social cuando comienzan su actividad para garantizar que éstos no abandonan el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) una vez dejan de beneficiarse de esta cuota reducida.

La tarifa plana actual para el primer año en la actividad de un autónomo es de 50 euros mensuales. El Gobierno ha propuesto a las organizaciones de autónomos elevarla a 75 euros mensuales para los trabajadores autónomos (no societarios) y condicionarla a que éstos se mantengan de alta en el sistema una vez finalizado el periodo de bonificación.

El motivo, según la Seguridad Social, es que sólo el 30% de las personas que se benefician de la tarifa plana se mantienen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) después de su finalización. “El resto deja de cotizar, marcha al extranjero o se ocupa como asalariado”, según argumenta el Ministerio de Trabajo en el documento base para reconfigurar el RETA que ha trasladado a las organizaciones de autónomos.

En la propuesta de Trabajo, los periodos dados por cotizados pasarían a ser considerados como media jornada si después de la reducción de cuotas no se está en el RETA al menos un periodo mínimo, aún por determinar.

Trabajo sostiene que el 85% de los autónomos menores de 45 años cotizan por el salario mínimo, es decir, la base mínima del sistema. Por encima de los 45 años, hay autónomos que optan voluntariamente por una base mayor, pero la gran mayoría sigue cotizando por la base mínima, lo que al final tiene su reflejo en unas peores prestaciones que las que reciben los trabajadores del Régimen General.

La subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3% contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 implicaría que la base mínima de cotización de los autónomos aumentara también en la misma proporción. Pero el Gobierno quiere evitar al colectivo un incremento de esta magnitud. Ahora bien, deja claro que para obtener mejores prestaciones, los autónomos tienen que cotizar más.

De este modo y para que la subida del SMI no ponga en problemas a los autónomos, el Ejecutivo plantea varios escenarios para subir las cuotas de los autónomos en 2019 y deja para 2020 la puesta en marcha de un sistema que adapte las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales.

Lo que propone Trabajo para 2019 parte de una premisa previa: “una suscripción obligatoria de todas las contingencias protegería mejor al colectivo, y permitiría alcanzar tipos de equilibrio mucho más reducidos”.

Los autónomos cotizan actualmente por contingencias comunes e incapacidad temporal, con un tipo de cotización conjunto del 29,8%, y con una base mínima de 932,7 euros mensuales. Es voluntario cotizar por cese de actividad (el paro) y por contingencias profesionales (algunos sí están obligados, pero no todos).

En la propuesta de Trabajo, los autónomos tendrían que cotizar por estas tres contingencias de manera obligatoria y por otra más, la de formación, y plantea para ello tres escenarios distintos a valorar por las organizaciones de autónomos.

Tres escenarios para 2019

El primer escenario supondría elevar la base mínima de cotización para 2019 un 1,25%, hasta los 940 euros mensuales, e incrementar el tipo al 33,7%. El segundo escenario propuesto por el Ministerio supondría que, en lugar del 1,25%, la base subiera un 6,25%, hasta los 990 euros mensuales, con un tipo de cotización del 31,8%. Por último, el tercer escenario implicaría que la subida de la base fuera del 12,25%, hasta los 1.050 euros mensuales, quedándose el tipo de cotización en el 31,2%.

En función del escenario que se acuerde para 2019, se adaptarían también las bases mínimas de los autónomos societarios y con más de diez empleados a su cargo.

Se decida el escenario que se decida, la idea es que esté vigente en 2019 para que ya en 2020 se ponga en marcha un sistema en el que los autónomos coticen por sus ingresos reales. A tal fin, el Gobierno plantea la creación de una mesa conjunta entre Trabajo, Hacienda y las organizaciones de autónomos para fijar cinco tramos de cotización en función de ingresos reales, partiendo de una liquidación mínima inicial que pudiera rectificarse o consolidarse al final del ejercicio.

Canarias se convierte en la primera autonomía sin aforamientos

MADRID.- El pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma del Estatuto de Autonomía para Canarias que desvincula el Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica y modifica el sistema electoral, y que entrará en vigor en los próximos días, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Al término del debate, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha intervenido para señalar que el nuevo Estatuto, que ha contado con los votos a favor de PSOE, PP, nacionalistas canarios, PNV, PDeCAT, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos, muestra “la capacidad del sistema democrático de evolución y reforma” porque “modificar” un Estatuto de Autonomía es “modificar nuestro sistema territorial”.

En nombre del Gobierno, Batet ha expresado el “compromiso” del Ejecutivo en la “efectiva aplicación” del Estatuto y ha pedido a las fuerzas que no se han integrado en el consenso que es posible “recuperar el acuerdo” en el desarrollo futuro de la norma.

Batet ha comentado que las reforma del Estatuto de Canarias no cuestiona el modelo constitucional, “lo desarrolla y garantiza su efectividad con un avance en materia de derechos y el refuerzo de la participación en decisiones estatales”. 

“No son reformas para cambiar el modelo, son reformas para mejorarlo y modernizarlo” ha dicho.

Desde la tribuna del Senado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, consejeros y una delegación de sindicatos y empresarios, ha seguido este ultimo debate, en el que los senadores intervinientes de PSOE, PP, nacionalistas canarios y PNV han coincidido en calificar el día de “histórico” por dotar al archipiélago de instrumentos para afrontar los retos futuros.

No obstante, el nuevo Estatuto mantiene un interrogante sobre la reforma del sistema electoral ya que depende ahora de que el Parlamento canario articule, en los próximos meses, un instrumento para su aplicación en los comicios autonómicos de 2019.

En sus intervenciones, la senadora de Coalición Canaria María del Mar Julios ha valorado que el Estatuto introduce derechos relacionados con la doble insularidad, reconoce la contribución de Canarias a la cooperación y la paz y es “exhaustivo” en el desarrollo de derechos y libertades públicas, “como corresponde a un estatuto moderno del siglo XXI”.

El senador del PSOE Julio Cruz ha subrayado que el Estatuto “cumple con el sueño de los canarios y tiene identidad propia” y se ha congratulado de que en el sistema electoral “la lista regional, con nueve diputados, vea hoy la luz”.

En concreto, el nuevo sistema rebaja los topes electorales para acceder al Parlamento e incrementa en diez el número de diputados: Nueve de esos escaños extra corresponden a una lista regional y el décimo es para Fuerteventura por estar menos representada.

Mientras, la senadora del PP Auxiliadora Pérez ha subrayado que esta mañana “se culminan tres años de intenso trabajo” para dotar a la comunidad de un Estatuto renovado “capaz de responder a las necesidades del siglo XXI”.

También ha intervenido la senadora de Nueva Canaria (NC) María José López Santana quien ha señalado que se trata de un Estatuto “más social, más democrático y con más cuotas de autogobierno”, que incorpora la renta básica de ciudadanía.

Por su parte, el senador de la Agrupación Herreña Independiente Pablo Rodríguez Cejas ha subrayado que se trata de un texto que reconoce que a Canarias no se le pueden aplicar las mismas soluciones que al resto de territorios.

La senadora del PNV Nerea Ahedo ha dado la bienvenida al Estatuto por lo que supone de acuerdo y consenso y ha agradecido el “empeño” de los canarios por “dar otra dimensión” a las islas.

El senador de Ciudadanos Luis Crisol ha justificado la abstención de su partido en que no se han aceptado ninguna de las enmiendas, y se ha referido en concreto a las que abogan por la independencia de los jueces y de la televisión pública.

No obstante, ha admitido que es un “día histórico” para Canarias por la supresión de los aforamientos, iniciativa que, ha dicho, se debe a su grupo.

Por su parte, Podemos ha retirado sus enmiendas “para no ser un impedimento y un obstáculo” pero han exigido más participación ciudadana y han lamentado que no se haya apostado más por temas como el paro, la pobreza o la corrupción y un cambio en el modelo productivo o lucha contra cambio climático.

La Audiencia Nacional investiga supuestas comisiones en la venta de armas a Arabia Saudí

MADRID.- La Audiencia Nacional investiga adjudicaciones de contratos a la empresa pública española de seguridad y defensa Defex a cambio de supuestas comisiones en cinco países, entre ellos Arabia Saudí, donde se indagan once contratos millonarios de armas y munición.

Según han informado hoy fuentes de la investigación, que lleva el juez José de la Mata, en esta causa se han abierto varias piezas separadas, cada una relativa a un país donde supuestamente Defex consiguió contratos a cambio de sobornar a funcionarios públicos de esas naciones.

Se trata de Angola -la pieza más avanzada, donde ya hay 27 procesados-, Egipto, Brasil, Camerún y Arabia Saudí. Según las fuentes, la mecánica de las comisiones era común en todos ellos y las mordidas a los funcionarios se pagaban mediante sociedades instrumentales, en ocasiones en forma de contratos de consultoría.

En el caso de Arabia Saudí se investigan once contratos con el país árabe de armas y munición realizados desde 2005 hasta aproximadamente 2014, para lo que el juez De la Mata ha expedido varias comisiones rogatorias a otros países.

En cuanto a Camerún, el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción indagan contratos para comprar a Defex material de seguridad como patrulleras y radares, en el caso de Egipto material para dotar de seguridad a zonas turísticas como pirámides y en el de Brasil material pesado destinado a obras en un puerto de ese país americano.

La investigación de los contratos con las autoridades egipcias se abrió, según otras fuentes consultadas, a partir de una denuncia de la propia Defex, empresa pública que figura como investigada pero también, en el caso de la pieza de Angola, como acusación particular contra los exdirectivos que supuestamente conocían de los sobornos.

Esta pieza principal de Angola es la que se encuentra más avanzada y el juez ya procesó en julio a 27 personas por el presunto desvío de decenas de millones de euros en comisiones ilícitas de contratos con el gobierno del país africano obtenidos por Defex en junio entre 2008 y 2011.

En su auto de procesamiento, De la Mata les atribuye delitos de corrupción en transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo, falsedad y delito de organización y grupo criminal.

Entre los procesados figuran José Ignacio Encinas, expresidente de Defex, y Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos “papeles de Laos” del caso Roldán).

Concretamente se indagan contratos firmados por Defex y la Policía Nacional angoleña, uno de ellos de junio de 2008 de suministro de equipamientos y material policial por 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones y el beneficio obtenido de casi 94 millones.

De la Mata afirma que los procesados destinaron a Defex sólo una parte del beneficio y el resto a pagar comisiones a autoridades y funcionarios angoleños y al beneficio propio de varios de ellos mediante una estructura compleja de empresas pantalla.

Los otros dos contratos investigados en esta pieza principal, pendiente de que la Fiscalía presente su escrito de acusación, son el suministro de material policial por la vista del Papa en 2009 de casi 2 millones de euros, y el suministro de inhibidores en 2011 que costó otros 2 millones.

Además del pago de las dádivas, De la Mata cree que los empleados de Defex querían enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato, cargando “brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de decenas de millones de euros”.

El juez señala como pieza fundamental de esta estructura criminal a García Paesa, que se ocupó de “implementar la estrategia acordada, diseñar y poner en marcha toda la estructura de sociedades, identificar y gestionar eficazmente todo un grupo de blanqueadores profesionales en Luxemburgo, supervisar la gestión de las sociedades, asumir directamente buena parte de la falsificación de facturas y documentos, y distribuir los fondos ilícitos obtenidos”.

Borrell encarga a Irene Lozano transmitir el “relato verdadero de España” frente al secesionismo

MADRID.- La secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, ha asegurado este miércoles que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, del que depende dicho organismo, le ha encomendado la labor de "transmitir un relato verdadero de España" frente a los independentistas.

Así lo ha expresado tras la presentación del Observatorio ‘MESIAS’ de Inteligencia Económica, lo que ha supuesto su primer acto oficial desde que fuera nombrada secretaria de Estado para la España Global, un puesto que sustituye al Alto Comisionado para la Marca España.

En este sentido, Lozano ha recalcado que, frente a ese relato soberanista, desde el Gobierno “se tiene que contar la verdad” y sustentarlo con “los datos objetivos que dicen que España es uno de los países más democráticos del mundo”.

No obstante, al ser preguntada por si la libertad de los dirigentes independentistas encarcelados ayudaría a la construcción de ese relato, Lozano ha destacado que “aunque quizá fuera de España resulta difícil de entender, el Gobierno no puede interferir en la Justicia”.

El propio ministro de Asuntos Exteriores se mostró partidario en septiembre de dejar en libertad a los dirigentes independentistas que están encarcelados a la espera del juicio por el ‘procés’ soberanista. “Preferiría que estuvieran en libertad”, dijo por aquel entonces Borrell.

Por último, Lozano ha dicho que aún desconoce la partida económica que le corresponde a su Secretaría en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo borrador fue enviado por parte del Ejecutivo a Bruselas después de la negociación con Unidos Podemos.