"A decir verdad, para mí, España hoy tiene un riesgo: el de perder una parte del territorio, el asunto catalán. El problema para España es hacer crecer la unidad del país y no es algo coyuntural, es existencial", afirmó el ministro en un foro en Nueva York.
Preguntado por cuál fue su motivación para regresar a la política, el también expresidente del Parlamento Europeo reveló que la potencial ruptura del territorio fue "importante" en su decisión y añadió: "Creo que puedo hacer algo para evitarlo".
Borrell participaba en una conversación con el director para las Américas del diario El País, Javier Moreno, al cierre de un evento sobre comercio organizado por ese medio y la Cámara de Comercio española, donde volvió a pronunciarse sobre el tema catalán en su segunda jornada en Nueva York.
Antes del cambio de Gobierno, que ahora encabeza el socialista Pedro Sánchez, el titular de la diplomacia española dio charlas en prestigiosas universidades estadounidenses y allí se dio cuenta de que la gente "entendía incorrectamente la situación en España".
"No solo en EEUU, también en Europa, Reino Unido... Piensan que en España, Franco sigue vivo. Eso merece una respuesta. Tenemos que explicar que está entre las 20 democracias más desarrolladas, por delante de Bélgica", dijo Borell en referencia a datos del Banco Mundial.
En ese sentido, el ministro criticó, como hizo este jueves en un evento en la Universidad de Nueva York, que el movimiento independentista haya generado una narrativa, ayudada por el medio televisivo, en la que se habla de presos políticos y de exilio.
"Tenemos un problema político, pero en España no hay presos políticos, es una democracia completa con un estado de derecho. No somos perfectos, pero los indicadores muestran que lo estamos haciendo bastante bien y no somos un régimen represivo", desgranó.
Borrell insistió en que la idea de los denominados presos políticos "hace pensar que Franco ha vuelto", y por eso se pregunta a sí mismo, remitiéndose a su experiencia vital durante la dictadura, si la gente "sabe lo que significaba" vivir bajo el régimen.
Matizó que eso no significa que el Ejecutivo que dirigía el popular Mariano Rajoy no cometiera "grandes errores" e ironizando con que en España "se ven los toros desde la barrera", consideró, como ha hecho en otras ocasiones, que "intentar evitar el referéndum utilizando a la policía española fue una misión imposible".
"Si la policía catalana (Mossos d'Esquadra) no iba a hacer ese trabajo, era imposible fingir que la española lo haría", sostuvo el ministro, quien puso como un ejemplo más deseable el caso del referéndum de Canadá, que fue considerado "no ilegal, pero no en acuerdo con el Gobierno".
Reconociendo lo complicado de la situación, el ministro repitió sus palabras de la jornada previa, cuando estimó que la división de la sociedad catalana tardaría 20 años en resolverse, y aseguró que el Gobierno que integra está "construyendo puentes para dialogar y calmar ánimos" en un marco constitucional.
BARCELONA.- La Generalitat de Cataluña propone al Gobierno central una reestructuración de su deuda de 54.382 millones al Estado con el objetivo de convertirla en perpetua de forma que pueda volver a emitir en los mercados, lo que supondría un tremendo alivio financiero.
Según informa este viernes ‘El Mundo’, que cita como fuente a un portavoz del Departamento de Economía de la Generalitat, el debate está enmarcado en el debate sobre la necesidad de aliviar la deuda de las comunidades. Además, el Govern ya afirmó hace unos días que va a reclamar al Gobierno que salde la deuda con Cataluña que, asegura, asciende a 7.607 millones.
La fórmula que quiere hacer efectiva la Generalitat consiste en reestructurar una deuda suprimiendo plazos de vencimiento, asegurando que se produce el pago de intereses a cambio de posponer sin plazo o fecha determinados la devolución del dinero.
La Generalitat que preside Quim Torra debe al Estado 54.382 millones a través del llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que concede préstamos que deben devolverse en diez años.
Y es que, uno de los problemas del proyecto independentista del Gobierno catalán es que no puede estar presente en los mercados con un producto solvente por el endeudamiento acumulado.
No en vano, la emisión de deuda es imposible porque la de la de Calaluña está calificada de “muy basura” por todas las agencias de calificación. Así, la única forma de obtener financiación asequible es a través del FLA.
Por otro lado, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, dijo hace un par de días, que el Govern estará presente en la próxima reunión de la Comisión de Financiación Autonómica de manera “técnica y no política”.
El conseller aseguró que el Govern enviará a un técnico “a constatar los incumplimientos” en el modelo de financiación, pero advirtió: “Se equivoca el Estado si cree que cambiaremos la autodeterminación por unas décimas más de IRPF o por un cambio en el Fondo de Suficiencia”.
Pese a enviar a un representante a esta comisión, que está previsto que se reúna la próxima semana y en la que participan el resto de comunidades, el ejecutivo catalán sigue defendiendo no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF).
Fuentes del Govern han apuntado que la decisión de participar en esa comisión de financiación es un mero gesto de buena voluntad de cara a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos del próximo 25 de septiembre, en la que Aragonès quiere que el Gobierno suscriba un “calendario de pagos” de la deuda pendiente con Cataluña que asciende, según la Generalitat, a 7.607 millones.
De estos 7.607 millones, 583 millones corresponden a la financiación de los Mossos d’Esquadra entre 2010 y 2017; 759 millones a la disposición adicional de 2008; 2.951 millones por la deuda contraída en cumplimiento de esa disposición entre 2009 y 2013; así como 2.871 millones por la aplicación de la ley de la dependencia.
Completan el listado de deudas que reclama la Generalitat un total de 412 millones derivados del cambio en la recaudación del IVA llevado a cabo en 2017; 2,9 millones por la falta de financiación de los nuevos órganos judiciales que se han puesto en marcha y otros 28 millones por pagos pendientes de los fondos de cohesión sanitaria y de garantía agraria.
