En el juicio sobre la pieza política del
caso ERE, la Fiscalía ha continuado hoy con la lectura de sus
conclusiones definitivas, después de que la semana pasada mantuviera su
petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Junta
Manuel Chaves por prevaricación y de 6 años de prisión y 30 de
inhabilitación para su sucesor, José Antonio Griñán, por prevaricación y
malversación.
Según ha expuesto hoy, la Fiscalía considera probado
que el Gobierno andaluz usó "durante diez años un sistema de concesión
totalmente opaco" en el que "las ansias de rapidez y agilidad" en dar
ayudas sociolaborales y a empresas en crisis eliminó "todos los
mecanismos de control establecidos".
Un sistema que
permitió a los responsables de la Consejería de Empleo -entre ellos los
exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez y los
exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández- disponer de 680
millones "sin sujeción a procedimiento alguno" ni a los mecanismos de
control establecidos y "sin acreditar fehacientemente quién recibe el
dinero".
Ello permitió el "enriquecimiento" de
ciertas empresas y terceros mediante un sistema de ayudas "injusto y
arbitrario" al que sólo accedió "una mínima parte" de trabajadores y
empresas con problemas, señala la Fiscalía.
Una
forma de gestionar esos fondos que "no cabe alegar que desconocían" los
exresponsables de Hacienda -el que después fue el presidente andaluz
José Antonio Griñán, su antecesora Magdalena Álvarez y su sucesora
Carmen Martínez Aguayo-, de Innovación -Francisco Vallejo- o los
exdirectores de la agencia pública IDEA.
Muy al
contrario, "era una situación conocida y buscada" por todos, fruto de la
implantación de un "procedimiento específico" cuyo "punto de partida"
el fiscal ha situado en una modificación presupuestaria de abril de
2000, aprobada por el Consejo de Gobierno presidido entonces por Manuel
Chaves.
Desde ese momento, la Junta dejó de tramitar
las ayudas de los ERE como subvenciones excepcionales concedidas y
pagadas por la Consejería de Empleo, con cargo a su presupuesto, para
encargarle el pago de las mismas al ente público IFA (luego IDEA) con
fondos que la consejería le enviaba mediante transferencias de
financiación.
Con ello, la Intervención de la
Consejería de Empleo sólo fiscalizaba un expediente de traspaso de
fondos a IFA en el que ya no se podía identificar el destinatario final
del dinero, lo que permitió que parte del mismo fuera a "finalidades
alejadas del interés público" como 16 muestras de artesanía de
ayuntamientos, campañas publicitarias, subidas salariales de
trabajadores en huelga o prejubilados que nunca trabajaron en las
empresas en cuyo ERE figuraban, dice el informe de la Fiscalía.
De la documentación presupuestaria, según la Fiscalía, el Parlamento
andaluz no podía saber que el IFA se limitaba a pagar las ayudas, sino
que "más bien" se deducía que también las concedía y por tanto eran una
actividad propia, cuando al seguir gestionándolas la Consejería de
Empleo "no se debió ni utilizar ni consentir el uso de transferencias de
financiación".
De todo ello advirtió reiteradamente
la Intervención en los informes de control financiero permanente de
IFA/IDEA remitidos a los responsables de las consejerías de Empleo,
Innovación y Hacienda procesados.
Especialmente, en
un informe adicional sobre el ejercicio 2003, aunque remitido en 2005,
para el que el interventor general ordenó revisar una veintena de
expedientes de concesión de ayudas a los que "nunca" accedió IDEA, sino
que se decía que estaban en la Dirección General de Trabajo por ser
quien daba las ayudas y a los que llamar expedientes, según la Fiscalía,
resulta "generoso".
En los expedientes revisados la
Intervención vio "18 deficiencias de gran trascendencia" que le
llevaron a concluir que las ayudas se daban "prescindiendo de forma
total y absoluta del procedimiento legalmente establecido", lo que debió
conllevar su nulidad.
Se omitió la fiscalización
previa que hubiera garantizado que los fondos no salieran de la Junta
pues los expedientes "carecían de todos los trámites esenciales".
Para la Fiscalía, que mañana continuará la lectura de sus
conclusiones, la "gravedad de los hechos e incumplimientos" recogidos en
esos informes era tal que "sólo la decisión consciente de no querer ver
más, adoptada por los encausados, hizo que no se hablara de la
constatación de un daño efectivo, real y cuantitativamente muy
importante de menoscabo de fondos públicos".
Por
ello considera que 15 de los 21 ex altos cargos juzgados, que fueron
destinatarios de los informes de la Intervención que desde 2005
advertían de las irregularidades, cometieron no sólo prevaricación,
activa u omisiva, al dictar o aprobar resoluciones administrativas
arbitrarias y contrarias a derecho, sino malversación, que requiere dolo
y un ánimo de lucro, que no necesariamente implica enriquecimiento
personal.
Pide para ellos entre 6 y 8 años de cárcel
y 30 de inhabilitación, frente a aquellos en los que no ve acreditado
el dolo y sólo acusa de prevaricación -como Chaves o los exconsejeros
Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez-, para los que solicita 10 años de
inhabilitación.
