Este lunes 5 de noviembre, todos los bancos del país, la Bolsa, el
mundo financiero y, sobre todo, millones de ciudadanos, han estado
pendientes durante todo el día, de una reunión decisiva del Tribunal
Supremo que ha reunido a 28 magistrados de la Sala Tercera, de lo
Contencioso Administrativo (tres que estaban citados han excusado su
ausencia por motivos graves) y que, desde las diez de la mañana, hasta
cerca de las siete de la tarde, han debatido sobre el futuro de una
sentencia emitida el pasado 18 de Octubre para concretar los extremos
de si, efectivamente son los Bancos los que tienen que pagar el impuesto
de las hipotecas, impuesto sobre Actos Jurídicos Documentales.
Eso o, por el contrario, si hay un cambio de actitud y ese impuesto
lo tiene que pagar el ciudadano que pide la hipoteca, una situación que
respondería a una política bastante conocida en el país de que, como
siempre, es el consumidor el que corra con los gastos. España es el
país europeo, que el cliente más paga por el impuesto por la firma de
las hipotecas hoy, partiendo de la base de que la mayoría de los
asistentes no se han mostrado partidario de cambiar la sentencia de
octubre, para que sea el consumidor el que pague, y tras un intenso
debate, se ha decidido aplazar la solución definitiva para mañana
martes, ante lo que parece que es el problema sobre la retroactividad,
que pretende establecerse en cuatro años, uno de los puntos claves de
lo que se ha tratado durante todo este lunes y , discutido, también,
por algunos miembros de la Sala.
Aplazada de esta forma la sentencia del contencioso administrativo,
hay que reseñar que, al margen de lo que se decida definitivamente
mañana, todo este conflicto ha dañado gravemente el prestigio de la
Justicia y, sobre todo, la credibilidad del Tribunal Supremo. Un
Tribunal que está en el punto de mira político por la sentencia que
tiene que dictar sobre el “procés” catalán y contra los políticos
presos.
Hasta tal punto ha preocupado la decisión de la reunión de la
Sala Tercera del Supremo de este lunes , y que continuará este martes,
celebrada según algunas fuentes , por presiones de la Banca, que el
Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo
Carlos Lesmes, se ha visto obligado a pedir disculpas a los ciudadanos
por lo que ha reconocido que ha sido una mala gestión y desenlace de
todo este asunto.
Una mala gestión que , incluso , ha repercutido en el papel del
Supremo en el próximo proceso contra los lideres catalanes presos por
rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, que ha salido a
relucir a raíz del comportamiento del responsable de la Sala Tercera del
Supremo Luis María Díez-Picazo.
Lesmes ha tenido que asegurar
públicamente que jamás ha recibido “indicación alguna de orden
político” respecto a la causa del “procès” añadiendo que durante todo el
procedimiento ha habido “un respeto escrupuloso de los políticos” y
“también” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“Les puedo garantizar como presidente del Tribunal Supremo que jamás
he recibido indicación alguna de orden político en relación con este
asunto, ni en relación con los presos preventivos” y “aún menos de la
calificación jurídica que dependen del Ministerio Fiscal y no de los
jueces”, que serán los que lo determinen de forma definitiva una vez se
celebre el juicio.
Una explicación amplia que responde a las
consecuencias y preocupación que produjo la decisión del Presidente de
la Sala Tercera del Supremo Luis María Díez-Picazo , de paralizar y
revisar la sentencia que obligaba a los Bancos a pagar los impuestos de
las hipotecas dada “la enorme repercusión económica y social del fallo”
.
Díez-Picazo, colocado con calzador en la Presidencia de la Sala
Tercera de lo Contencioso del Supremo por el propio Lesmes, forzando la
salida de su titular José Manuel Sieira , ha compaginado su labor como
juez con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios
Financieros (CUNEF), dependiente de la Asociación Española de la Banca,
la patronal del sector, con lo que se produce la inevitable sospecha de
presiones por parte de un sector que ha perdido en Bolsa con la
sentencia de Octubre, más de 60.000 millones de euros, a raíz de su,
publicación, ante la desidia de Díez-Picazo.
Lo sorprendente es que a
estas alturas, y después del escándalo, el señor Picazo siga al frente
de la Sala de lo Contencioso del Supremo. Ni siquiera ha pedido perdón.
Su carácter y su forma de actuar, dicen los que le conocen, se lo
impiden…
(*) Periodista y economista
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