domingo, 28 de octubre de 2018

Las lluvias y la nieve cubrirán la mitad norte de España este lunes y 28 provincias estarán en riesgo


MADRID.- El descenso drástico de las temperaturas iniciado el sábado en toda la Península continuará mañana lunes con precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el Cantábrico y Baleares y nevadas en zonas de la mitad norte peninsular.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta 28 provincias de 15 comunidades autónomas se encuentran en riesgo de bajas temperaturas, lluvias, nevadas, viento y otros riesgos costeros.
El riesgo por nevadas es especialmente importante en Cantabria y Burgos y también afectará a León, Palencia, Segovia, Soria, Navarra, La Rioja, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Asturias.
Los avisos por fuerte viento se localizan en las provincias de Almería, Granada, Huesca, Zaragoza, Albacete, Melilla, Alicante, Valencia, Baleares y Murcia, y el riesgo es mayor en Castellón y Tarragona.
De su lado, Baleares está en riesgo por lluvia y Huesca y Lérida por temperaturas mínimas, mientras que los riesgos costeros afectarán a Cataluña (especialmente a Tarragona), Andalucía (Almería y Granada), Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia), Baleares, Melilla y Murcia.
Según la Aemet, las nieve aparecerá a partir de los 1.000 metros en el noroeste peninsular, los 700 metros en Pirineos y los 800 metros en el resto de la mitad norte.
Temperaturas sin cambios o en ligero aumento en la Península y en descenso en Baleares y Canarias. Heladas en montañas y páramos de la mitad norte y sierras del sudeste de la Península, localmente fuertes en Pirineos.
Vientos alisios en canarias y viento de componentes norte y oeste en Península y Baleares, rolando a sur y oeste en numerosas zonas. Soplará fuerte con rachas muy fuertes en el área mediterránea y habrá intervalos de intensidad fuerte en los litorales cantábrico oriental y gallego y en el interior este peninsular.

Varios colectivos izquierdistas de 'Memoria Histórica' piden enterrar a Franco fuera de Madrid

MADRID.- Colectivos izquierdistas de Memoria Histórica, integrado por organizaciones y partidos de izquierda, han presentado un manifiesto contra la intención de la familia Franco de trasladar sus restos a la madrileña catedral de la Almudena y reclaman que el Estado garantice que el dictador sea enterrado “fuera de Madrid”.

Como principal motivo para esta reivindicación argumentan que en Madrid “se centralizó e institucionalizó toda la maquinaria del terror jurídico-policial del régimen franquista”, que, “con el asesoramiento de sus aliados nazis”, “torturó, asesinó y encarceló a miles de personas”.
Por eso entienden que el Estado “debe garantizar que los restos del dictador no se depositen en ningún lugar en Madrid que por su singularidad pueda derivarse un estatus de privilegio o de honor”.
Advierten que, de acceder a la voluntad de la familia del dictador, “la catedral de la Almudena se podría convertir en lugar de culto para los neofascistas y para una parte de la Iglesia que, a juicio de las redes cristianas y comunidades cristianas populares, vendría a denigrar aún más a una Iglesia que asignó en su día el título de Cruzada a la guerra y la represión que generó el golpe militar fascista”.
También, “las cárceles habilitadas y las cárceles de Ventas y Carabanchel, la antigua Dirección de Seguridad, forman parte de la memoria democrática de las madrileñas y madrileños en su lucha por la libertad que hay que preservar, honrar y proteger”, añaden.
Por todo ello, reclaman al Estado “garantizar que el emplazamiento definitivo de los restos de Franco no suponga reconocimiento ni privilegio alguno preservando así la dignidad de las personas de la resistencia que fueron ejecutadas, torturadas, encarceladas, depuradas o exiliadas”.
Entre los partidos políticos que suscriben el manifiesto figuran las filiales madrileñas de IU y Podemos, así como el Partido Comunista de Madrid (PCM), Ganemos Madrid e Izquierda Castellana.
También aparecen como firmantes los sindicatos UGT y CCOO, la Asociación de la Memoria Social y Democrática de España (AMESDE), Asociación Marcos Ana, CeAQUA (Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo) y Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), entre otros.

Patrimonio Nacional ha gastado 20,2 millones en el Valle de los Caídos desde 2008

MADRID.- Desde el año 2008, Patrimonio Nacional ha gastado en el Valle de los Caídos 20,24 millones de euros, casi la mitad de esta cantidad en personal, pero también en mantenimiento y conservación de las instalaciones, mientras que los ingresos fueron 9,58 millones.

Los datos han sido facilitados por el Gobierno al senador de Compromís, Carles Mulet, quien pidió datos por escrito sobre distintos capítulos de gasto de las instalaciones del Valle de los Caídos y recibió respuesta el jueves.
El senador preguntaba por los gastos e ingresos de los últimos 40 años, los del periodo democrático, pero el Gobierno explica que la informatización de los datos económicos y contables comenzó en 2008 y que la información que facilita parte de ese ejercicio porque es la más "fiable de la que se puede dar cuenta".
De acuerdo con esta respuesta, Patrimonio Nacional ha gastado en esta década 20.245.633,91 euros entre gastos generales de personal (11.567.133,45 euros), subvenciones e inversiones (5.286.187,23 euros) y gastos corrientes (3.392.31,23 euros).
El Ejecutivo aporta otros datos, como el del gasto en seguridad privada, que desde 2014 ha ascendido 660.860,97 euros, o el gasto por el suministro eléctrico, que desde 2008 asciende a 751.689,9 euros.
Se explica en la respuesta que no hay gastos de agua porque las instalaciones tiene su propio abastecimiento, ni tampoco gasto en ornamentación floral ni en servicios religiosos, porque no son competencia de Patrimonio Nacional. 
Mulet había preguntado también por el coste de la desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones, pero el Gobierno aporta como respuesta el gasto de Patrimonio Nacional para todos sus inmuebles, no sólo los del Valle de los Caídos, que ha ascendido a 1.199.000 euros desde 2011.
En este mismo periodo, de 2008 a la actualidad, los ingresos sin embargo no han cubierto estos gastos y se han quedado casi en la mitad, 9.585.785,40 euros, procedentes de la venta de entradas para acceder a las instalaciones. Actualmente, la entrada general son nueve euros.
Tras el anuncio del Gobierno de exhumar los restos de Franco ha aumentado el interés por conocer el lugar y ha crecido el número de visitantes, pero el Ejecutivo no ofrece detalles mensuales.

Jusapol acudirá al Congreso para presentar la ley de equiparación salarial

MADRID.- El presidente de Justicia Salarial Policial (JUSAPOL), Natan Espinosa Pérez, presentará el próximo miércoles en el Congreso su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por este colectivo de policías y guardias civiles para regular la equiparación salarial entre los distintos cuerpos de seguridad.

JUSAPOL registró el pasado mes de marzo en la Cámara Baja su ILP y, días después, la Junta Electoral Central (JEC) certificó que el texto presentado superaba el mínimo de las 500.000 firmas que requiere la ley.
Tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), la Mesa del Congreso la envió al Gobierno, que dio el visto bueno a su debate tras comprobar que la proposición de ley no alteraba su política presupuestaria.
Según marca la legislación que regula las ILP, desde su registro la iniciativa deberá someterse, en el plazo de seis meses, a un primer debate en el Pleno del Congreso para decidir si se toma o no en consideración.
La tramitación parlamentaria de las ILP se efectúa conforme al procedimiento habitual en el Congreso para las proposiciones de ley, con el añadido de que, antes de esa votación, una persona de la Comisión Promotora de la recogida de firmas será llamada a comparecer en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los motivos de la iniciativa ante los grupos parlamentarios.
Así, el presidente de JUSAPOL acudirá este miércoles a la comisión que preside el exministro de Justicia Rafael Catalá para exponer los motivos que justifican la presentación de su ILP, que se llevó al Congreso cuando aún gobernaba el PP.
El entonces ministro, Juan Ignacio Zoido, se comprometió con los sindicatos y asociaciones representativas de la Policía Nacional y Guardia Civil a elaborar una ley de equiparación salarial. De entrada, introdujo en el proyecto de Presupuestos Generales de 2018 una partida para ese objetivo.
Pese a tener registrada su iniciativa, no son pocas las ocasiones en las que el colectivo de JUSAPOL se ha manifestado en distintas ciudades españolas para protestar por la equiparación salarial de los policías y guardias civiles.
En una de ellas, la celebrada a finales de septiembre en Barcelona para apoyar también a los policías que participaron en el 1-O, los Mossos cargaron contra independentistas que trataron de alcanzar esta marcha, lo que se saldó con varios detenidos y heridos.

El Congreso aborda el polémico impuesto de sucesiones, que grava las herencias

MADRID.- El Congreso aborda esta semana el polémico impuesto de sucesiones y donaciones, que grava las herencias de forma diferente según las comunidades autónomas, ya que se trata de un gravamen transferido, y que abre un escenario político que incluso llega a acercar a PP, PSOE y Ciudadanos.

En algunos territorios como Andalucía, Aragón o Murcia estas tres formaciones han acordado reducir este impuesto o bonificarlo, en algunos casos al 100 %.
De hecho las Cortes de Aragón acaban de aprobar con los apoyos del PP, PSOE, PAR y Ciudadanos, modificar este impuesto para elevar el límite exento de pago desde los 150.000 a los 500.000 euros por persona, sin considerar el patrimonio preexistente como ocurría hasta ahora.
El grupo parlamentario de Ciudadanos plantea el martes en el Pleno del Congreso una propuesta de ley que dejaría sin efecto este impuesto en toda España, y que bonificaría al 100 % el gravamen tanto por las herencias de padres a hijos y cónyuges, como por las de abuelos a nietos.
Ciudadanos alude a la "enorme" desigualdad que existe entre territorios, ya que en algunas autonomías se paga un impuesto superior al 30 %.
No obstante, en la propuesta de ley la figura tributaria no desaparecería para que se mantuviera el control de las transacciones que se llevan a cabo en términos de patrimonio.
La iniciativa de la formación naranja amplía los colectivos a los que afecta el impuesto para que la bonificación del 100 % no sólo incluya al grupo 1 (de padres a hijos o cónyuges), sino también al grupo 2 (de abuelos a nietos).
Asimismo, estos dos grupos de familiares quedarían exentos del pago del impuesto cuando se tratara de herencias de vivienda habitual o de empresas.
La controversia está servida para los grupos parlamentarios que deberán pronunciarse ante una toma en consideración cuya aprobación no está asegurada.
El grupo parlamentario del PP ha anunciado que apoyará a Ciudadanos después de que su nuevo líder, Pablo Casado, haya reiterado en varias ocasiones su compromiso de "suprimir" este impuesto.
El portavoz parlamentario de Presupuestos, Jaime de Olano, ha señalado que "en todo caso el PP pedirá que se enmiende el texto porque adolece de precisión".
"En la tramitación deberíamos resolver la compensación a las CCAA por la pérdida de recaudación (que sería del 100 %) del impuesto, ya que está totalmente transferido como parte de la financiación autonómica", ha dicho.
También ha afirmado que la iniciativa naranja "abre un agujero" en la donación de empresas a gestores "en condiciones muy favorables" y que la exención no se entendería en el caso de grandes empresas.
El PSOE también aboga por modificar este impuesto y homogeneizarlo en todas las autonomías, aunque propone un mínimo, mientras que Unidos Podemos quiere que además sea progresivo al gravar la riqueza.
El diputado socialista Gonzalo Palacín ha señalado que el impuesto habría que armonizarlo y definirlo bien para que vaya destinado a patrimonios elevados.
El PDeCAT tiene claro que votará en contra de la iniciativa de C's y así lo ha confirmado su diputado Ferran Bel, que explica que "en la plena competencia de las autonomías es donde está la riqueza de un Estado descentralizado".
El PNV ha asegurado que al ser un tributo concertado y estar regulado en los tres territorios vascos habitualmente suele abstenerse en los debates fiscales, aunque todavía no ha definido su voto.
Desde Compromís, el diputado económico Ignasi Candela ha sido tajante al señalar que votarán en contra porque "no pueden heredarse por la cara las grandes riquezas".
"Lo que propone Ciudadanos no es otra cosa que favorecer a los grandes patrimonios de este país. Es totalmente regresivo desde el punto de vista fiscal", ha puntualizado.
El portavoz parlamentario de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ha recordado que la proposición de ley incluye una disposición adicional para que en la próxima reforma de financiación autonómica se contemple una fórmula que palíe la falta de recaudación que tendrían las CCAA .
Junto a las reducciones y bonificaciones por razón de parentesco, la iniciativa naranja también establece otras reducciones, como por razón de discapacidad o dependencia, que quedan fijadas en 180.000 euros para las herencias o donaciones de las que sean beneficiarios personas que acrediten un grado de discapacidad de, al menos, el 33 % o situación de dependencia moderada.
Y en 360.000 euros para las herencias o donaciones por personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 66 % o situación de dependencia severa o gran dependencia.

La mitad de los contratos indefinidos en septiembre fueron a tiempo parcial

MADRID.- La contratación indefinida creció en septiembre un 20,8 % interanual y obtuvo la cifra más alta para este mes de toda la serie histórica, sin embargo los datos reflejan que casi la mitad de este tipo de contratos en septiembre -el 46 %- fueron a jornada parcial.

Frente a los 107.176 contratos indefinidos a tiempo parcial, los contratos indefinidos a jornada completa ascendieron a 125.592, lo que supone un 54 % del total, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Según datos consultados, de los 1.952.397 de contratos firmados en septiembre, el 88,08 % (1.719.629) fueron temporales y solo el 11,92 % indefinidos (232.768).
La mayor parte de los contratos indefinidos fueron generados en el sector servicios, que acumuló 187.393 contratos de este tipo, seguido de lejos por la industria con 23.730, la construcción con 13.112 y la agricultura con 8.529 contratos indefinidos.
En función del nivel educativo, el 23,36 % de los contratos firmados por titulados en segundo o tercer ciclo universitario (licenciados, graduados con máster o doctores) fueron de carácter indefinido, porcentaje que triplica al de los empleados sin estudios, que solo registraron un 7,3 %.
Sin embargo, la mayor parte de las contrataciones se concentraron en empleados que habían superado la educación general (918.286 contratos), seguidos por los 517.383 que solo habían cursado estudios primarios.
En septiembre, las pymes con menos de 50 trabajadores firmaron el 62,15 % del total de los contratos (1.213.343), de los que más del 13 % eran indefinidos, mientras que en el otro extremo, las empresas con más de mil empleados suscribieron 91.614 contratos (4,69 % del total), de los que el 9 % eran indefinidos.
Los trabajadores de entre 30 y 44 años firmaron casi el 40 % de los contratos en septiembre y aglutinaron el 42,55 % de contratos indefinidos.
Los menores de 30 años suscribieron el 35,44 % del total de contratos firmados en septiembre y los mayores de 45 años, el 25,24 %.
Los mayores de 59 años solo firmaron el 2,1 % de los contratos en septiembre, una cuestión que preocupa a agentes sociales y empresas de recursos humanos como Infoempleo o Adecco, que reclaman una mayor apuesta y promoción de los trabajadores "sénior".
Del análisis de los datos también se desprende la creciente temporalidad, que se refleja sobre todo en la duración de los contratos eventuales, ya que el 35,11 % de los firmados en septiembre duraron menos de un mes y la mayor parte -casi el 30 %- se concentraron en el sector servicios.
Desde CCOO reiteran la falta de calidad del empleo generado y hacen hincapié en que la elevada rotación laboral de la población asalariada con contrato temporal es un rasgo característico de la precariedad que ha aumentado con la crisis, especialmente tras la reforma laboral de 2012.
UGT insta al Gobierno a perseguir la contratación temporal y a tiempo parcial injustificadas, en tanto que señala que parte del aumento de la contratación indefinida se debe a la proliferación del contrato para emprendedores, que representan el 11,7 % de este tipo de contratación.

El 68,3% no cree que Sánchez amparé golpe de Estado, según un sondeo de 'LaSexta'

MADRID.- Un 68,3% no cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ampare un "golpe de Estado" del independentismo catalán, mientras que un 25,4% considera que sí lo hace.

Según un sondeo de LaSexta difundido hoy, entre los votantes de los cuatro partidos mayoritarios, son los del PP los que más respaldan las palabras de su presidente Pablo Casado, que acusó a Sánchez de "golpista", con un 77,6%, seguidos por los de Ciudadanos con un 59,3%.
"La postura contraria es defendida por los votantes del PSOE de forma mayoritaria con un 97,6%, empatando prácticamente con los de Unidos Podemos, que en un 97,5% también expresan su desacuerdo con las acusaciones formuladas por el líder popular", informa esa cadena de televisión en un comunicado.
En este sondeo también se ha preguntado por la legalización del cannabis: "Un 50,3% de los encuestados se muestra en contra de ello mientras que un 44,8% está a favor, con un 4,9% decantándose por el no sabe o no contesta".
Los votantes del partido socialista se muestran divididos, del tal forma que un 47,4% es favorable a la legalización y un 45,4% es contrario.

Torrent pide "sumar fuerzas" en su visita a la Comunidad Valenciana

BARCELONA.- El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha pedido "sumar fuerzas" después de una época que ha calificado de distanciamiento durante su visita a la Comunidad Valenciana con motivo del 600 aniversario de la institución.

En un comunicado este domingo, el Parlament ha detallado las palabras de Torrent: "Nos une una misma lengua, tradiciones culturales, reivindicaciones compartidas y una tradición política de rechazo a las imposiciones, de defensa de los valores democráticos, últimamente amenazados".
Torrent ha asegurado que esta colaboración no significa que ambas comunidades deban renunciar a sus "propios proyectos políticos" y ha asegurado que Cataluña estará siempre abierta al diálogo, la cooperación y la defensa de las libertades y los valores democráticos.
El president del Parlament ha asistido este domingo al 600 aniversario de la Generalitat Valenciana, en el Castillo de Santa Bárbara (Alicante), donde también han intervenido el alcalde de la localidad, Luis Barcala, y la consellera balear de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur.
Ha sido el último acto del presidente del Parlament durante su visita a la Comunidad Valenciana, en la que también ha asistido a la recepción en las Cortes Valencianas y a la entrega de los 47 Premis Octubre.

ERC ve a la Crida como una reorganización del "espacio posconvergente"

BARCELONA.- El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha considerado hoy que la Crida Nacional per la República es una reorganización del "espacio posconvergente" y que es un movimiento de "centroderecha", con el que no obstante cree que será posible acordar ya una "estrategia unitaria" del soberanismo.

En un acto de partido en Mollet del Vallès (Barcelona), Sabrià se ha referido así a la convención fundacional de la Crida Nacional per la República de ayer, el movimiento político liderado por Carles Puigdemont, que militó en CDC, con vocación de unir al soberanismo, pero al que se han adherido principalmente asociados y cuadros del PDeCAT, mientras que la otra gran fuerza del independentismo, ERC, se ha desmarcado.
Según Sabrià, "ayer vimos cómo el espacio poscovergente se reorganizaba, y el PDeCAT y JxCat se unían bajo la bandera de la Crida" y esto es "una buena noticia".
"Si tenemos el espacio de la derecha y centroderecha organizado -en alusión a la Crida-, una Esquerra fuerte en el espacio del centroizquierda y la socialdemocracia y la CUP hace su trabajo en el espacio que le corresponde, -los soberanistas- seremos más fuertes", ha dicho.
Sabrià ha considerado así que, cada uno desde su espacio, "podemos ir todos a la una y no es necesarios pisarnos entre nosotros".
Con esta nueva configuración del espacio independentista, ha augurado que están "más preparados" para tener "ya una estrategia unitaria", de la que cree que hoy están "más cerca que ayer".

La ministra Calviño confía en que la UE dará una "respuesta positiva" al plan presupuestario

BARCELONA.- La ministra de Economía, Nadia Calviño, no tenía "ninguna duda" de que recibiría una carta de la Comisión Europea sobre su plan presupuestario, aunque ha defendido que éste "refleja el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal" y espera una "respuesta positiva" de las instituciones comunitarias.

En una entrevista con El Periódico de Cataluña, la dirigente ha defendido que el plan presupuestario remitido a Bruselas "está alineado con las exigencias del pacto de estabilidad y crecimiento en términos de reducción del déficit", por lo que una vez que se salga "del brazo correctivo del pacto, la atención no va a estar tanto en el déficit en sí mismo como en el ajuste estructural".
Según la ministra, la misiva de la CE, "de carácter técnico", lo que hace es "constatar los parámetros fundamentales del plan presupuestario, que se encuentran dentro de los márgenes de flexibilidad establecidos en la normativa comunitaria y solicita información adicional para poder hacer una evaluación".
Asimismo, ha apuntado que el Gobierno "no renuncia a tratar de modificar la senda de ajuste fiscal" y defenderá en las Cortes que "es la senda más adecuada para España", por lo que "habría que preguntar a aquellos que se oponen por qué es así".
Por otro lado, sobre la decisión del Supremo de revisar la sentencia que establece que es la banca quien debe pagar los impuestos hipotecarios, ha considerado "indispensable" que "se restaure la seguridad jurídica lo antes posible", si bien es "positivo" que el TS "ya haya marcado una fecha" en la que ella espera que "se disipen todas las dudas".
Preguntada sobre el plan de venta de Bankia, ha señalado que en las actuales circunstancias "no parece razonable plantearse vender", pues "el objetivo principal es maximizar la recuperación de las ayudas públicas que se dieron a Bankia", pero "el valor de mercado actual de la acción no refleja el valor intrínseco de un banco que está básicamente bien gestionado".

Según Adriana Lastra, el Gobierno del PP fue una máquina de crear independentistas

PAMPLONA.- La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha advertido hoy de que los gobiernos del PP han sido "una máquina de crear independentistas" porque "la política de frentes insufla al independentismo" y ha asegurado que Pedro Sánchez será quien "resuelva la crisis catalana".

Así lo ha dicho en su intervención en el Día de la Rosa, organizado por el partido en Cascante, donde Lastra ha repasado la situación política y ha recordado que ahora que se cumple un año de la declaración independentista de Cataluña es momento de decir a los catalanes que "queremos seguir viviendo juntos, desarrollar el país y defender nuestra Constitución".
A la Carta Magna precisamente ha hecho una especial referencia al señalar que "la manera" de hacer una Constitución "moderna, europea y feminista" como la que quiere el PSOE es "reformarla" para "hacerla reflejo de la sociedad que hemos construido entre todos" y para que dentro de 40 años se pueda seguir defendiendo "y seguir viviendo en paz y todos juntos".
No es el caso de lo ocurrido a su juicio con el PP, ya que ha ironizado con la "casualidad" de que "las dos veces que este país se ha enfrentado a una crisis territorial fue en con el Gobierno del PP", en el País Vasco con José María Aznar y en Cataluña con Mariano Rajoy, pero ahora "va a ser un presidente socialista el que resuelva la crisis catalana también", ha dicho.
Tras recordar que hoy hace 36 años fue cuando el PSOE ganó las primeras elecciones con Felipe González, Lastra ha enlazado que el interés del su partido sigue siendo el mismo, y ahora, "mientras algunos se emocionan con las banderas, a nosotros nos emociona de la educación, la sanidad, la caja única o la Seguridad Social", lo que ha englobado en el concepto de "justicia social, que nos une a todos".
"Con las banderas no se come, se come con el trabajo, con unos buenos Presupuestos Generales del Estado, que es lo que vamos a sacar ahora adelante", ha defendido la socialista.
También ha tenido críticas para el panorama político español, donde "esos patriotas de balcón" que son los dirigentes del PP, Ciudadanos y VOX "discuten entre ellos" mientras "hablan de la necesidad de acabar con el presidente del Gobierno, porque parece ser que somos un peligro para España" y lo que "realmente están intentando desestabilizar".
Así, ha lamentado que se trata de una dinámica característica de las derecha, que "piensan que el gobierno es suyo, que son los legítimos propietarios del poder" y "salen incluso de España a hablar mal de su país".
El acto ha comenzado con un mensaje grabado en vídeo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pese a su inicial anuncio, finalmente no ha acudido a Cascante, y que ha asegurado "todo mi apoyo y compromiso para que María -Chivite- sea la presidenta de Navarra" y que el próximo mes de mayo "haya más alcaldesas y alcaldes socialistas en Navarra".
Ante cerca de un millar de militantes y simpatizantes ha tomado la palabra la secretaria general del PSN, María Chivite, jaleada con los gritos de "presidenta", quien ha mostrado el "orgullo" que siente por el actual Gobierno de España, "que es el que los socialistas queremos para Navarra".
"Ya no es tiempo de mayorías absolutas, ahora toca entenderse", ha reconocido Chivite, quien ha propuesto una actitud de "diálogo, de acuerdo y compromiso" para conseguir "un Gobierno de mano tendida, integrador de la pluralidad", y en ello también ha invitado a unirse a los votantes no socialistas que no sean nacionalistas.
También ha lamentado las palabras de la exministra del PP Dolors Montserrat, quien en su última visita a Pamplona se dedicó "a insultar a los navarros" y a llamar "cobardes" a los socialistas, con lo que "ha cruzado la línea" por encima de los "muertos, amenazados y escoltados" que ha tenido el PSN en los tiempos de ETA.
Como ya habían anunciado, a la entrada al recinto se ha concentrado un grupo de JUSAPOL para reivindicar los derechos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tras una pancarta con el lema "Equiparación con policías autonómicos. Justicia salarial".

Chaves y Griñán vuelven al banquillo de los acusados en la recta final del juicio

SEVILLA.- Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros exaltos cargos del Gobierno andaluz, volverán mañana al banquillo de los acusados en la recta final del juicio del caso ERE, en el que se enfrentan a hasta ocho años de cárcel por prevaricación y malversación.

Tras diez meses de juicio llega el momento clave, en el que las partes expondrán sus conclusiones en informes finales sobre la responsabilidad de los 22 acusados en la creación y mantenimiento del "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2010 el Gobierno andaluz dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis y si sirvió para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria.
Será entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares de PP-A y Manos Limpias expongan si mantienen su acusación contra los 22 procesados, por los mismos delitos y con la misma petición de penas, o si a tenor de lo declarado por los propios acusados, más de 120 testigos y 9 peritos, introducen cambios.
En sus escritos provisionales, el Ministerio Público y las acusaciones populares solicitaron 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exinterventor general Manuel Gómez, reclamaron seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Por los mismos delitos pidieron ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; los exdirectores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez.
Todas las defensas mantienen la inocencia de sus clientes y piden la absolución, unos defendiendo la legalidad del sistema -amparándose en normas varias, su conocimiento por el Parlamento y la inexistencia de alerta del Interventor de riesgo de menoscabo de fondos públicos- y otros negando su competencia para decidir cómo se daban las ayudas o "cortar el grifo".
Las partes expondrán primero las conclusiones finales, donde pueden ratificar las iniciales o introducir modificaciones, aunque necesariamente para retirar acusaciones o incrementar la petición de penas, también pueden cambiar el relato de los hechos en el que se basan en función de lo que consideran acreditado en el juicio.
En caso de cambios por parte de la Fiscalía, algunas defensas pedirán suspender el juicio para estudiarlos y responder en sus conclusiones, si bien el tribunal está decidido a cumplir el calendario y acabar el juicio a finales de noviembre.
Tras las conclusiones, las partes expondrán sus informes finales, más extensos, en los que argumentarán según lo visto en el juicio por qué mantienen sus acusaciones y defensas, una exposición para la que el fiscal prevé que necesite tres o cuatro sesiones y el PP-A un par de ellas ya que las acusaciones deben acreditar los indicios de delitos que ven en cada uno de los 22 procesados.
Posteriormente será el turno de las defensas, cada una centrada en su cliente, y tras ello el tribunal dará a los acusados un turno por si quieren ejercer el derecho a una última palabra.
La mayoría ha adelantado que seguirán las instrucciones de sus abogados y no es previsible que muchos hagan uso de este derecho, aunque algunos, como el interventor, podría decir algo.
Tras ello, el juicio quedará visto para sentencia en una fecha muy próxima a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, y el tribunal se retirará a deliberar para dictar un fallo que tardará meses en conocerse.

González Pons advierte sobre el auge de los nacional-populismos en Europa

SEVILLA.- El portavoz del PP en el Parlamento Europeo (PE), Esteban González Pons, ha advertido hoy de que la inmigración ilegal, el nacionalismo y el miedo al futuro son "el combustible que está impulsando al nacional populismo en Europa", contra lo que hay que luchar.

González Pons ha intervenido hoy en la clausura de la reunión interparlamentaria del PP para advertir de que a Europa "está viniendo una tormenta y no podemos ignorarla por más tiempo: ha vuelto el nacional populismo a Europa, igual que en los años previos a la II Guerra Mundial y al fascismo y el comunismo asesino".
Así, ha explicado que, si "hace cuatro años Europa era la solución, ahora es el problema", como demuestra la confluencia del "brexit", la crisis de inmigración, el asesinato de periodistas en Europa, la vuelta del terrorismo y el "intento de golpe de Estado" en España.
A ello se unen las sanciones impuestas a Estados miembros de la Unión Europea y el rechazo de los presupuestos italianos, un castigo que "puede no estar tan lejos de lo que puede sucederle a Pedro Sánchez si persiste en enviar mentiras a Bruselas", ha dicho.
"De la brutalidad de la respuesta de (Mateo) Salvini a las mentiras de Sánchez corre un camino muy corto", ha asegurado.
Pero, por encima de todo, el principal problema para la UE es el "brexit", que supone que "el nacionalismo vuelva a gobernar" en uno de los grandes países de Europa y pone de manifiesto que la UE "es reversible", ha dicho el eurodiputado del PP.
Por todo ello, González Pons ha pronosticado que, en Europa, "la confrontación ya no va a ser derecha contra izquierda, socialistas contra democristianos" sino que será una confrontación de "la UE contra los nacionalismo, Estado de Derecho contra autoritarismo, valores y principios europeos contra el nuevo fascismo y el nuevo comunismo".
"Es el momento de luchar por la democracia, los derechos y la dignidad: la historia de Europa vuelve a empezar", ha concluido.

El Congreso aborda reformar su Reglamento para sortear el bloqueo de la Mesa

MADRID.- El pleno del Congreso debatirá el próximo martes una proposición de reforma del Reglamento de la Cámara presentada por el PSOE para evitar que la Mesa del Congreso, con mayoría del PP y C's, pueda seguir "bloqueando" la tramitación de leyes mediante la ampliación indefinida del plazo de enmiendas.

El actual Reglamento del Congreso recoge, en su artículo 110, la apertura de un plazo de quince días hábiles para que los diputados y los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.
Ese plazo de quince días hábiles, que en muchas ocasiones es insuficiente para el examen del texto legislativo y la preparación de las consiguientes enmiendas, puede ser prorrogado por acuerdo de la Mesa del Congreso.
Sin embargo, según el PSOE, "en demasiadas ocasiones" se utiliza esa posibilidad para "obstaculizar" en la Mesa, mediante la prórroga indefinida de los plazos de enmiendas, la completa tramitación de textos legislativos que, además, tienen "el apoyo mayoritario" de la Cámara.
El PSOE subraya que en anteriores legislaturas la Mesa adoptó una serie de criterios que, con carácter general, condicionaban la concesión de prórrogas a que así lo solicitaran un número de grupos parlamentarios que representaran a la mayoría de los diputados, de forma que se garantizara que esas ampliaciones de plazos respondían a la voluntad mayoritaria del Congreso.
Según la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, esa era la práctica habitual hasta que la Mesa empezó a paralizar iniciativas legislativas aplicando esa "argucia" durante el último mandato de Mariano Rajoy.
Una práctica que se mantiene ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez, gracias a la mayoría de bloqueo del PP y C's en la Mesa.
Para acabar con esta situación, la iniciativa del PSOE propone que las dos primeras ampliaciones pueda ser acordadas por la Mesa del Congreso con que lo solicite un único grupo, pero que las ampliaciones sucesivas tengan que ser solicitadas, al menos, por dos grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
Se conseguiría así, según los socialistas, dar "seguridad y previsibilidad" a la tramitación de las iniciativas y evitar "dilaciones injustificadas".
Entre las leyes actualmente bloqueadas por la "mayoría de derechas" de la Mesa -según los socialistas- se encuentra la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria dirigida a sortear el veto del Senado a la senda de déficit de las cuentas públicas, y que ya se ha prorrogado tres veces.
A día de hoy, en el Congreso hay 42 iniciativas legislativas en plazo de enmiendas, algunas de las cuales llevan más de 50 prórrogas acumuladas, semana tras semana.
Por ejemplo, la propuesta para detener el calendario de implantación de la LOMCE lleva paralizada desde diciembre de 2016, o la reforma del Tribunal Constitucional, en plazo de enmiendas de totalidad, desde febrero del año pasado.
De hecho, hay otra reforma del Reglamento del Congreso que también está en trámite de enmiendas parciales desde hace un año.
La iniciativa del grupo parlamentario de Unidos Podemos, aborda otra de las polémicas que han rodeado a la Mesa durante las dos últimas legislaturas, en las que la mayoría en este órgano no coincidía exactamente con la mayoría de la Cámara, ni con el partido que ocupa el Palacio de la Moncloa.
Unidos Podemos busca poner negro sobre blanco los casos en los que la Mesa del Congreso puede levantar el veto del Gobierno a la tramitación de una proposición de ley.
La Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación parlamentaria de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios.
Una prerrogativa que según el PSOE, Podemos y otros grupos, fue aplicada de forma abusiva por el anterior Ejecutivo del PP.

El PSOE se sitúa en el 25,2% de intención de voto, 1,4 puntos más que el PP, según un sondeo de 'Simple Lógica'

MADRID.- El PSOE subió cuatro décimas en octubre y se sitúa en el 25,2 por ciento en intención de voto, según el último Índice de Opinión Pública de Simple Lógica, que otorga al PP un 23,8 por ciento, tras subir 2,7 puntos en este mes. La diferencia entre ambos partidos se sitúa en 1,4 puntos en favor de los socialistas.

El citado estudio refleja también un descenso en los apoyos de Ciudadanos de 1,6 puntos, quedando en 21,6 por ciento, mientras que Unidos Podemos recupera 0,7 décimas y se coloca en el 17,3 por ciento del electorado.
Este estudio demoscópico ha sido realizado a través de 1.055 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador, tras recoger los datos en el trabajo de campo entre los días 1 y 5 de octubre.
El Índice de Opinión Pública de octubre refleja que el PSOE se mantiene como el partido con mayor respaldo electoral desde que ganó la moción de censura el pasado mes de junio en el Parlamento contra Mariano Rajoy. En octubre se sitúa con el 25,2 por ciento de la intención de voto, mejorando en 0,4 puntos sobre su resultado del sondeo de Simple Lógica de septiembre, cuando otorgaba al partido de Pedro Sánchez el 24,8 por ciento de los apoyos.
No obstante, y según este Índice de Opinión Pública, el de octubre no es el mejor resultado del PSOE desde que Pedro Sánchez se hizo con la Moncloa, aunque sí interrumpe la trayectoria descendente de los últimos dos meses. Fue en julio cuando registró una intención mayor de voto, el 27,2 por ciento, mientras que en agosto bajó al 25,5 y en septiembre, al 24,8.
El Partido Popular sigue en segunda posición, en la que quedó tras la moción de censura, con un 23,8 por ciento después de subir algo menos de tres puntos en octubre. Aunque aún sigue por debajo del 24,4 por ciento que logró en agosto.
La subida de este mes le ha colocado a 1,4 puntos de diferencia con el PSOE, lo que supone reducir considerablemente la distancia ya que en septiembre esta era de 3,7 puntos.
Sin embargo, Ciudadanos registra un nuevo descenso en octubre, de 1,6 puntos, para situarse en el 21,6 por ciento de la intención de voto. El partido naranja viene acumulando retrocesos desde el mes de mayo según este Índice de Opinión Pública, y suman una pérdida de más de ocho puntos en estos últimos seis meses en relación con abril, que fue el momento en el que los sondeos le eran más favorables, cuando llegaron a registrar el 29,9 por ciento del apoyo. Así, y con el descenso de este mes, este partido se sitúa en la tercera posición por detrás del PSOE y el PP.
Unidos Podemos se mantiene en cuarta posición aunque en octubre logró sumar siete décimas y colocarse en el 17,3 por ciento, rompiendo así la tendencia bajista de los dos meses precedentes. No obstante, sigue muy por debajo del 21,15 por ciento logrado en las últimas elecciones generales.
Si el análisis se realiza por bloques de izquierda y derecha, se comprueba que el mes de octubre mantiene las distancias que había entre ambos, en favor del bloque de PP y Ciudadanos. 
El mes pasado los partidos de derechas sumaban un 44,3 por ciento y los de izquierdas --PSOE y Unidos Podemos--, el 41,4, estableciendo una distancia de 2,9 puntos.
La misma que se registra en octubre, cuando los partidos de centro derecha suman 45,4 y los de izquierdas, 42,5, ya que ambos bloques han sumado medio punto este mes en el cómputo global.
Estos resultados se explican por las transferencias de voto, aunque los datos reflejan que las mayores transferencias de votos se dan entre los partidos que integran un mismo bloque que entre los bloques en sí, que son muy reducidas.
En el caso del PSOE, la tasa de fidelidad de voto experimenta un descenso moderado de cuatro puntos, situándose su porcentaje en el 64,1, pero mantiene una transferencia de Unidos Podemos de 12,5 puntos de votantes del partido morado que ahora votarían a los socialistas.
No obstante, Unidos Podemos logra mantener su tasa de fidelidad de voto en el 58,4 por ciento, sólo dos puntos por debajo del mes de septiembre.
El Partido Popular, por su parte, una parte importante de la mejoría se debe al aumento de la tasa de fidelidad de voto de cinco puntos en relación con septiembre, situándose en el 53,6 por ciento y la reducción de la transferencia de voto hacia Ciudadanos, que es menor que hace un mes y se sitúa en el 17,9 por ciento.
En el caso de Ciudadanos, la tasa de fidelidad de voto sube tres puntos y se coloca en el 69,8 por ciento, pero ha visto reducirse las transferencias de los votantes de otros partidos hacia el partido naranja. De hecho, además de la reducción de la transferencia de voto del PP se ha reducido en tres puntos la del PSOE y es sólo ya del 2 por ciento.
La valoración de los líderes políticos ha descendido en octubre, salvo la de Pablo Iglesias, que ha subido tres décimas hasta situarse en el 22,9 por ciento.
Por el contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, registra su cuarto descenso consecutivo en cuanto a la valoración de su actuación política por parte de los ciudadanos y se coloca en un aprobación del 29,7 por ciento, algo más de un punto menos que en septiembre.
Aunque la valoración que más retrocede es la de Pablo Casado, que pasa del 25,4 al 21,7 por ciento. También descienden las de Albert Rivera y Alberto Garzón, 2,1 y 2 puntos, respectivamente con relación a septiembre.

Podem a Torra: "Ayudaremos a una estabilidad pero los Presupuestos tienen que ser sociales"

BARCELONA.- La nueva secretaria general de Podem, Noelia Bail, ha ofrecido a su partido para "ayudar a una estabilidad" en Cataluña, pero ha advertido de que a cambio exigen al Govern de Quim Torra que presente unos Presupuestos de la Generalitat de 2019 que sean inequívocamente sociales.

"Allí estaremos, pero los presupuestos tienen que ser sociales", ha expuesto en una entrevista Bail, que llegó al liderazgo hace un mes tras vencer unas primarias organizadas para encontrar un relevo a Xavier Domènech.
La líder de la formación morada ha argumentado que hay que devolver la estabilidad a Cataluña "tras unos años de inestabilidad política en las que ha estado parado el pleno del Parlament, donde hay presos políticos, y donde hay muchas cosas que no se están resolviendo y se tienen que resolver".
Sin embargo, Bail desvincula esta disposición a negociar las cuentas de cualquier apoyo al proceso independentista: "No hace falta la independencia, incluso no hacen falta nuevas leyes, para mejorar las condiciones de vida de la población catalana".
Ha asegurado que solo hace falta un compromiso político claro para lograr avances sociales como por ejemplo paliar el recorte "de forma sistemática de los recursos para la violencia machista" y aumentar el gasto en educación según prevé la ley catalana en esta materia, entre otros objetivos.
Bail ha dicho que el independentismo es una propuesta ideológica y política que respeta pero no comparte, y ha señalado que el principal problema fue cómo buscó materializarse: "Nos abocaron a una vía unilateral que sabían perfectamente que no iba a ser posible".
Considera que hay formaciones independentistas como ERC que están admitiendo que la vía unilateral se tradujo "en un callejón sin salida" y que, progresivamente, están virando hacia el reconocimiento de que un referéndum pactado es la única salida.
"La independencia a día de hoy se puede conseguir vía armas, la sangre, o se puede conseguir con consensos. No he visto ninguna forma más de conseguir la independencia en ningún país", ha reflexionado, y ha abogado por dar salida al conflicto a través de una fórmula de referéndum pactado como en Quebec.
Bail ha reprochado al presidente de la Generalitat una apropiación indebida de términos que van más allá del espectro ideológico independentista: "El problema de lo que está pasando es que Torra ha secuestrado el concepto de soberanía".
Ha criticado que el presidente ha planteado la cuestión como un binomio 'soberanía-independencia', y Bail considera que en la sociedad actual hay muchos aspectos de la vida en los que se puede reclamar mayor soberanía, mayor capacidad de decisión.
Así, ha recordado que ella proviene del movimiento feminista y ha concluido que "las soberanías son muchas": sobre los derechos humanos, sobre la soberanía alimentaria y sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, entre otros conceptos que no están vinculados a la independencia.
Bail ha expuesto que mantiene una relación fluida, próxima y constructiva con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y ha defendido su visita a Oriol Junqueras (ERC) en la cárcel: "Lo que hizo Pablo fue intentar llegar a acuerdos para conseguir los Presupuestos (generales) más sociales que ha tenido España".
"Hemos conseguido con un acuerdo subir en más de 200 euros el salario mínimo. Esto es histórico. Si ves los acuerdos firmados entre el Gobierno del PSOE y Podemos, es todo una apuesta por una España social sin precedentes", ha concluido.

Los ciclistas se oponen al "absurdo" seguro que planea Interior para atajar los accidentes

MADRID.- Los ciclistas se oponen al "absurdo" seguro obligatorio para circular que planea instaurar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, porque "oculta" su protección "como víctimas" cuando "precisamente el colectivo ciclista es uno de los más afectados por la violencia vial".

En una nota de prensa, la Coordinadora en defensa de la bicicleta ConBici lamenta la medida planteada por Interior, y anuncia que ha pedido reunirse con el director de la DGT, Pere Navarro, para pedirle "explicaciones".
"No podemos permitir que en una reunión con víctimas de violencia vial, se interpele a la bicicleta como un elemento peligroso, amenazante y como él mismo Marlaska ha dicho 'victimario'", advierten, haciendo alusión al acto en el que el ministro anunció su propuesta, una reunión con las asociaciones de víctimas de accidente de tráfico.
El principal problema, a su juicio, es que la exigencia de esos seguros obligatorios para bicis y patinetes eléctricos -y que actualmente solo se aplican a la movilidad motorizada- " provocaría un desincentivo en contra de los principios de sostenibilidad de las actuales políticas públicas" para el fomento del uso de la bicicleta.
"Los recursos necesarios para censar las bicicletas y gestionar todos los accidentes (la inmensa mayoría leves), haría inviable su coste. Así sucedió en Suiza.", exponen.
Consideran que en lugar de imponer ese seguro, lo que debe hacerse es reformar el Reglamento General de Circulación (RGC) "para reconocer a la bicicleta como un vehículo mejor" y no "un absurdo seguro obligatorio", que, según denuncian, "oculta nuestra protección como víctimas".
"Es la hora de redactar una Ley de Movilidad y abandonar los tiempos de leyes de tráfico. Es la hora de proteger a quienes nos movemos en bici y que pedalear no signifique jugarse la vida a cada pedaleo".
Con ese objetivo dicen que han colaborado en el último año en el proceso de redacción del Plan Estatal Estratégico de la Bicicleta liderado por la DGT y por ello reclaman "tomar medidas en la dirección marcada por el comité técnico y no en sentido opuesto".
"Llevamos esperando la necesaria actualización de la normativa estatal desde que el actual director de la DGT estuvo en este mismo puesto y tuvo redactado un borrador de RGC que, por fin, reconocía y regulaba el uso de la bicicleta como vehículo en la ciudad. Son ocho años esperando una solución que nunca llega".
También creen "absolutamente necesario" el desarrollo de políticas de fomento del uso de la bicicleta y soluciones para no seguir viendo "como mueren ciclistas en nuestras carreteras sin que nada cambie", mientras "se reprueba el uso del único vehículo que hace mejores a nuestras ciudades".

Pedro Sánchez sugiere una reforma del estatuto como solución para Cataluña

MILÁN.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha señalado que no habrá "inmediatamente" una solución política en Cataluña, aunque espera que "algún año" haya un acuerdo entre las dos partes "sobre alguna forma de autogobierno".

En este sentido, ha añadido, en una entrevista concedida a Corriere della Sera, que esa forma de autogobierno "deberá ser votada" y espera que obtenga "el consenso del 70-80% de los catalanes". 
"No sucederá inmediatamente, ni siquiera dentro de cinco meses, pero lo hará algún año", ha dicho.
Asimismo, Sánchez ha apuntado que los separatistas "deben hablar con quien no quiere irse de España". 
"Estamos esperando, respetuosamente, una serie de sentencias de la justicia en relación con los protagonistas del independentismo. Sentencias que, es evidente, tendrán un impacto político", ha explicado.
Para el presidente del Ejecutivo, el problema ahora "no es la independencia, sino la convivencia entre catalanes". Los responsables de la tensión son, a su juicio, "las instituciones catalanas".
Al responder a una pregunta sobre la ruptura entre la política y la sociedad catalanas tras la declaración de independencia, el mandatario socialista explicó que "el independentismo tiene la mayoría parlamentaria en Cataluña, pero no la mayoría social".
"El poder judicial español ha debido afrontar una situación inédita. Yo no puedo influir sobre la justicia y por tanto no me manifiesto", ha señalado Sánchez en referencia a los políticos independentistas presos, destacando que España es un "Estado social y democrático de derecho".
Sobre los políticos independentistas encarcelados, el presidente del Gobierno no quiso manifestarse y dijo que era un asunto de la Justicia, y defendió que "España está en los primeros puestos de estabilidad democracia", lo que quiere decir que es un "Estado social democrático y de derecho".
Por otra parte, realizó un llamamiento al Gobierno italiano, que está aplicando mano dura contra los inmigrantes, para trabajar juntos para la construcción de la política de inmigración europea.

La exculpada Barreiro será "una más" del PP en el próximo pleno del Senado

MADRID.- El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha anunciado hoy que la senadora Pilar Barreiro será "una más" en el grupo parlamentario popular de la Cámara Alta en el próximo pleno, tras haberse archivado la causa contra ella por el caso Púnica.

En su intervención en la interparlamentaria del PP en Sevilla, Cosidó ha confirmado así el regreso de Barreiro al grupo popular, y ha señalado que la senadora ha sido "víctima de esta nueva inquisición", pero ha demostrado "con toda claridad que es inocente".
"Se marchó del grupo pero estuvo siempre en nuestro corazón", ha añadido Cosidó.
El pasado jueves, el Supremo archivó la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro por una parte del caso Púnica relacionada con la contratación realizada por el Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), de donde fue alcaldesa, sobre publicidad institucional y de buena reputación política.
En su auto, la magistrada del Supremo Ana Ferrer acordó el sobreseimiento provisional ante "el débil, equívoco, y ambivalente material probatorio" que "carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la continuación de la instrucción" por los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación y cohecho.
Pilar Barreiro se incorporó en el Pleno del Senado del pasado 10 de abril al Grupo Mixto tras dejar el grupo popular para evitar que la investigación judicial abierta contra ella por el caso Púnica se pudiera utilizar como "presión" al PP por parte de Ciudadanos.
En el próximo pleno, como ha señalado hoy Cosidó, Barreiro volverá al grupo parlamentario de su partido.

A un año de la huida de Puigdemont, lo peor está por llegar / José Oneto *

Hoy 28 de octubre de hace un año, tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña (DUI) y,  sin oír a muchos de sus consejeros que le pedían que diese un paso atrás y convocase nuevas elecciones autonómicas, Carles Puigdemont, tras comprobar la publicación de la intervención de la  Autonomía por el Gobierno central, gracias al artículo 155 de la Constitución aprobado por el Senado por el que se destituía al presidente de la Generalitat, y a todos sus consellers, ponía en marcha su plan de fuga, para no asumir sus responsabilidades penales, de las que había sido advertido previamente, por lo que era un golpe a la legalidad de la Constitución Española.

Mientras, en Madrid se abría una crisis interna por el terror que tenia al Gobierno a aplicar una medida de ese tipo de imprevisibles consecuencias, y que, en realidad, debió ponerse en marcha en el mes de septiembre, cuando se aprobaron en el Parlamento catalán, las leyes de desconexión que permitieron la convocatoria del Referéndum del 1 de octubre, un referéndum que el equipo jurídico de Moncloa, dirigido por la vicepresidenta Saenz de Santamaría, aseguraba que no se llegaría a celebrar. 

Días antes de su celebración, en la Casa Blanca, ante Donald Trump. El propio Rajoy afirmaba solemne y seguro, que no habría referéndum de independencia en Cataluña porque era ilegal y porque ni había urnas ni había censo.

Hubo urnas, hubo censo (parcial, pero hubo) y hubo Declaración Unilateral de independencia (DUI). Y, sobre todo, hubo división del independentismo desde el mismo momento, que el presidente de la Generalitat que había dado orden de que todos estuviesen en su puesto de trabajo, a pesar de la intervención de la Autonomía, tenía todo preparado para huir y exiliarse. Su coartada oficial iba a ser que había que “internacionalizar el conflicto” y su plan de fuga estaba perfectamente preparado. 

Contaba con la ayuda de varios mossos, especialmente de un matrimonio de mossos (un cabo de la Brigada Móvil y una subinspectora de Tráfico) que le dejó un todoterreno -hasta la frontera se cambió de coches en varias ocasiones- un sargento de su escolta personal que se encargó de todo el plan hasta la llegada a Bruselas y su propia esposa, Marcela Topor, cuya labor principal era despistar para que nadie supiese que su marido había salido de casa y tener el máximo tiempo posible para ocultar la huida.

Un año después, el independentismo está más dividido que nunca especialmente entre los que huyeron para no enfrentarse a la justicia y los que, sabiendo de su futuro, permanecieron en sus puestos y están procesados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. 

Puigdemont no solo huyó abandonando a todos sin consultarles nada, sino que sigue manejando el procés, a pesar de haber nombrado Presidente a Quim Torra, mientras adquiere más protagonismo la figura de Oriol Junqueras, el hombre de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La última jugada del exiliado, ha sido la presentación, este fin de semanam de un Movimiento bautizado como “Crida Nacional per la Republica”. 

En esa presentación, Quim Torra ha vuelto a cerrarle la puerta a su interlocutor el presidente del Gobierno de España (“el crédito político el señor Sanchez se ha acabado”) y ha insistido en repetir que los catalanes no están dispuestos a aceptar ninguna condena para sus políticos presos.

El mejor resumen de lo que ha sido este año lo ha hecho Josep Borrel, ministro de Asunto Exteriores del Gobierno de Sánchez, en el Prólogo que ha escrito para el libro que la Editorial Debate acaba de publicar sobre la “Anatomía del Procés”. 

Según Borrell, Catalunya tiene un presidente vicario de Carles Puigdemont que pretende dar continuidad al proceso independentista; el Govern está en manos de un nacionalista esencialista con tintes xenófobos que considera que Catalunya es una colonia de España sumida en una “crisis humanitaria” y para la que la única solución es aplicar aquí lo que ocurrió en Kosovo.

“Lamentablemente, y a pesar del indudable cambio de talante que representa la llegada del nuevo Gobierno a la Moncloa, -cree Borrell-, no hay razones poderosas para el optimismo en el plano político e institucional. Tampoco las hay en el plano social, en el que cada día que pasa se agudiza la creciente división que se está produciendo en la sociedad catalana”. 

“Este clima de fraccionamiento civil propicia el surgimiento de escenas de enfrentamiento en el espacio público –las últimas, en las playas- que anuncian que lo peor, todavía puede estar por llegar. En cualquier momento puede saltar una chispa que haga el juego a los partidarios de la “solución Kosovo” para Catalunya.

Para Borrel “lo peor está por llegar…”


(*) Periodista y economista español