lunes, 24 de septiembre de 2018

Draghi ve un repunte "relativamente vigoroso" de la inflación subyacente


BRUSELAS.- El carácter "estable" de la inflación evidencia una menor contribución de la energía y los alimentos en la evolución de los precios y, por tanto, esconde un repunte "relativamente vigoroso" de la inflación subyacente, según ha explicado este lunes en el Parlamento Europeo el presidente del Banco Central Europeo (BCE).

El italiano ha explicado ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara que "es probable" que la inflación se mantenga en los niveles actuales durante los próximos meses y que cierre en el 1,7% entre este año y 2020.
"Este perfil estable oculta una menor contribución de los componentes no principales del índice general y un incremento relativamente vigoroso de la inflación subyacente", ha añadido, para después señalar que, como "reflejo" de esta dinámica, el BCE prevé que la inflación alcance el 1,8% en 2018 sin tener en cuenta la evolución del precio de alimentos y energía.

El presidente del BCE ha señalado que espera que la inflación subyacente "aumente más en los próximos meses" a medida que el mercado laboral europeo presione al alza los salarios. En este sentido, ha destacado que el crecimiento de los salarios negociados en la eurozona se incrementó desde el 1,5% en 2017 hasta el 1,7% registrado en el primer cuarto de este año y el 2,2% en el segundo.
"Esto apoya nuestra confianza en que el repunte en el crecimiento de los salarios continuará porque los acuerdos salariales a menudo duran dos años o más", ha expresado el italiano.
Draghi ha explicado que las medidas de inflación subyacente continúan "por lo general silenciadas", pero ha remarcado que "han crecido desde mínimos a medida que las presiones sobre los precios domésticos se están ampliando y fortaleciendo".

El Banco de España alerta del "boom" de los créditos al consumo

MADRID.- El Banco de España (BdE) advirtió el lunes de los riesgos asociados a un desorbitado incremento de los créditos al consumo, que desde finales de 2014 acarrean un incremento acumulado del 47 por ciento. 

En un avance de su informe trimestral sobre la economía española que se publicará el martes, el BdE dijo que aunque el mercado de crédito al consumo ha contribuido a la recuperación económica de los últimos años, tanto entidades como clientes deben mostrar prudencia por aspectos como la ausencia de garantías en este tipo de préstamos.
“Como puso de manifiesto la última crisis, los incrementos rápidos del crédito pueden llevar asociados algunos riesgos futuros para la estabilidad financiera y macroeconómica al elevar la vulnerabilidad de los agentes frente a perturbaciones adversas”, dijo el Banco de España en su artículo.
El BdE, no obstante, destacó que el crédito al consumo tiene un peso de solo un 5 por ciento en la cartera de crédito de las entidades financieras, mucho menor al que representaba en 2008 el sector inmobiliario, cuando pinchó una enorme burbuja del ladrillo que arrastró consigo al sector bancario y al conjunto de la economía.
El crédito al consumo tiene en la actualidad un saldo vivo en niveles próximos a los de 2004, pero un 32 por ciento por debajo del nivel registrado en el primer trimestre de 2008.
“Para minimizar estos riesgos es importante que las decisiones de los oferentes y los demandantes de fondos que subyacen al dinamismo del mercado de crédito al consumo se basen en unas expectativas prudentes sobre la capacidad de repago de esta deuda”, agregó el Banco de España.
El banco fundamentó el crecimiento de este tipo de créditos en un mayor repunte de la actividad crediticia y en los menores plazos de vencimiento frente a otro tipo de créditos como los dedicados a la compra de vivienda, que siguen mostrando contracción.
La dificultad de los bancos para mejorar sus márgenes de beneficio con unos tipos de interés de referencia en mínimos históricos en la eurozona ha supuesto también un importante factor que ha aumentado el atractivo de los préstamos al consumo para la banca, ya que en este negocio los tipos cobrados son mucho más elevados.
“El mercado de crédito al consumo ha contribuido a la recuperación económica de los últimos años, principalmente a través de la financiación del aumento del consumo en bienes duraderos y, en particular, del vinculado con la adquisición de vehículos”, dijo el informe.
El BdE detalló que desde 2014 el saldo de crédito al consumo ha presentado una recuperación sostenida, con unas tasas de crecimiento interanual que, a mediados de 2018, se situaban alrededor del 14 por ciento, que en el caso del crédito para financiar el consumo de bienes duraderos se elevaron al 21 por ciento.

España vuelve a sufrir en agosto un descenso del turismo

MADRID.- Las pernoctaciones y la tasa de ocupación en los hoteles españoles bajaron en agosto por tercer mes consecutivo ante el descenso de los turistas procedentes de Gran Bretaña y Alemania, los dos principales mercados emisores para España. 

Los datos confirman también la desaceleración del turismo detectada a principios del verano ante la recuperación de otros destinos vacacionales en el Mediterráneo.
En agosto se cubrieron el 76,31 por ciento de las plazas hoteleras ofertadas, con un descenso anual del 1,4 por ciento, mientras las pernoctaciones en los hoteles bajaron el 0,6 por ciento a 46,3 millones. La estancia media por viajero bajó un 2 por ciento a 3,7 días.
Pese a la menor demanda, el ingreso medio diario por habitación disponible subió un 0,6 por ciento en agosto a 84 euros.
El turismo español, que ha marcado cifras récord durante los cinco últimos ejercicios, representa más del 11 por ciento del PIB del país y da empleo a 2,56 millones de españoles. En 2017 el número de visitantes extranjeros subió hasta los 82 millones, convirtiendo a España en el segundo país más visitado del mundo después de Francia.
Solo entre 2015 y 2017, España ha ganado casi 14 millones de turistas adicionales coincidiendo con la inestabilidad política y ataques contra turistas en países como Egipto, Túnez o Turquía. Desde principios de año, expertos turísticos nacionales e internacionales advirtieron que parte de estos “turistas prestados” volvieran a sus destinos originales ante indicios de saturación y el fuerte aumento de los precios en algunas zonas en el litoral español.

El gasto en pensiones llega a la cifra récord de 9.235 millones de euros

MADRID.- La Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 9.235 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,86% más que en el mismo mes de 2017, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Esta tasa de crecimiento es la misma que se registró en agosto, cuando las cuantías derivadas de la subida de las pensiones contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se consolidaron en nómina.
El gasto en pensiones contributivas venía creciendo a un ritmo próximo o superior al 3%. Hay que remontarse a los años 2013, 2012 y 2011 para encontrar una tasa interanual de gasto en pensiones superior al 4%.
Los Presupuestos, que entraron en vigor en julio, contemplaban un aumento del 3% para las pensiones mínimas, del 1,6% para el resto de pensiones y la ampliación de la base reguladora de las pensiones de viudedad para quienes no perciban otra pensión pública del 52% al 56%.
El número de pensiones avanzó en septiembre un 1,1% respecto al mismo mes de 2017, hasta 9.646.404 pensiones, nuevo récord del sistema. En términos mensuales, el número de pensiones se incrementó en 8.375 respecto al mes de agosto de 2017, un 0,08% más.
Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro de la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 32 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.
La subida adicional de las pensiones para 2018 recogida en Presupuestos también ha impulsado al alza la cuantía de las prestaciones, que desde el pasado mes de agosto reflejan un ritmo más elevado de crecimientos interanuales en comparación con los meses anteriores.
Así, la pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.103,47 euros mensuales, un 3,43% más que en igual mes de 2017. Trabajo ha destacado que las nuevas altas de jubilaciones, con datos esta vez a agosto, recogen una cuantía media de 1.293,7 euros mensuales.
Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en septiembre en 957,36 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,7%.

Podemos pide una subida de impuestos de 10.500 millones incluido uno temporal a la banca

MADRID.- El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha presentado un documento con las propuestas que está negociando con el Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y en él incluye nuevas medidas que tienen como objetivo "iniciar la transición energética y frenar la estafa de la factura de la luz". 

Estas medidas pasan por crear una tarifa de la luz "familiar" para hogares, que se sufrague con más impuestos a las eléctricas. Y, entre las principales novedades, destaca la subida del IRPF a rentas superiores a 120.000 euros, y no sólo para las que pasen de 140.000, como se ha venido barajando, así como un impuesto a la banca para recuperar parte del dinerdo del rescate.
El documento se titula ‘Presupuestos con la gente dentro’ y pretende dar un impulso a las negociaciones con el Gobierno. Su grado de aceptación por parte del Ejecutivo determinará su voto en los Presupuestos, según han explicado distintos portavoces del partido morado, entre ellos el secretario general, Pablo Iglesias. 
La recaudación con las subidas de impuestos que se recogen alcanzaría los 10.500 millones, incluyendo una subida del 15% en el Impuesto de Sociedades que sería del 20% en el caso de las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos. 
Unidos Podemos no desiste tampoco del impuesto a las transacciones financiera y de una tasa para la empresas digitales del 3% de su facturación en España cuando alcance los 750 millones.
Además, se propone un impuesto a los bancos para recuperar parte de las ayudas irrecuperables. Sería un impuesto extraordinario con una duración temporal de cinco años prorrogable por periodos iguales dirigido a recobrar la parte de los 122.122 millones de euros que según el Tribunal de Cuentas se destinaron al rescarte y de los que el Banco de España ha dado por perdidos más de 60.000. 
Junto a todo esto, se incorporan otras propuestas “con las que acabar de definir el conjunto de exigencias que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea le hace al Gobierno, para que el grupo confederal, en función de lo que éste esté dispuesto a acordar, pueda tomar la decisión de aprobar o no los próximos Presupuestos Generales del Estado”.
En concreto, se pide al Gobierno que elabore “cuanto antes” una ley anual tributaria y de medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal para controlar las grandes fortunas así como la creación de una Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). la formación morada urge impulsar un Estatuto Básico para la Agencia Estatal de Administración Tributaria con el fin de garantizar su autonomía, una dirección profesional y objetiva, y la erradicación del uso partidario de la institución.
En el documento se incluyen medidas que Podemos ya ha señalado como “prioritarias” a la hora de redactar las nuevas cuentas, como por ejemplo, un paquete para frenar los alquileres abusivos, la revalorización de las pensiones con el IPC blindada por ley, subir el salario mínimo a 1.000 euros en 2019 y derogar las reformas laborales o bajar la cuota a los autónomos con menos ingresos.
Para combatir la pobreza energética, se propone “crear una tarifa asequible para los hogares de primera residencia” para acabar con la situación de “pura vulnerabilidad” que, a su juicio, tienen “los consumidores de a pie” frente a las eléctricas. 
“Por ello, proponemos introducir un sistema de límites máximos y progresividad en el precio que asegure que el sueldo no se nos va en pagar un servicio básico como es la energía en la primera residencia y que nadie se queda sin suministro por no llegar a atender sus facturas”, explica el grupo confederal.
Además, se añade que “para que todo el mundo que tenga derecho a ello y se pueda aprovechar de esta medida, hay que ofrecer a los consumidores que estén en el mercado libre pasarelas para volver al mercado regulado donde estarán más protegidos”. “Hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha reconocido la agresividad y la confusión que reina en las prácticas de las eléctricas para pasar clientes del mercado protegido al libre”, señalan.
Por otra parte, para sufragar esta medida, Podemos y sus socios parlamentarios proponen “reducir los privilegios de las eléctricas y hacer que contribuyan”. 
“En una sociedad democrática e igualitaria no es asumible que los beneficios de unas pocas eléctricas suban al mismo ritmo que las dificultades de las familias para pagar la luz. Las eléctricas deben devolver en estos momentos excepcionales los privilegios de los que han disfrutado”, defienden en el documento.
“Nuestra propuesta es que el Estado pueda recuperar parte de ese regalo de dinero público a las eléctricas mediante un cargo a la sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz. Esto permitirá financiar la citada tarifa familiar, de manera que las eléctricas contribuyan más cuanto mayores sean los precios”, aseguran.
En materia de Educación, se plantea la reducción de las tasas de matrícula, con una rebaja del 50 % o 60 %, avanzar hacia una red de escuelas de 0 a 3 años pública y gratuita, material escolar gratuito en las etapas obligatorias, financiar el Pacto de Estado de Violencia de Género y reformar la ley electoral. 
Podemos también reitera la necesidad de derogar las leyes mordaza y eliminar “los delitos medievales” de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como endurecer el régimen de incompatibilidades para evitar las denominadas “puertas giratorias”. Y considera imprescindible que se restablezcan las ayudas a la dependencia y las medidas en Educación y Universidad.
En definitiva, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho esta petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “El espíritu de la moción de censura debe traducirse en hechos y eso se hace a través de los Presupuestos Generales del Estado, que es la manera de convertir en números las propuestas políticas de Podemos”. 
En el mismo sentido, el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha señalado que no hay democracia sin un Estado social que conlleva “justicia fiscal”.
Iglesias ha destacado la fiscalidad que proponen para que paguen las grandes fortunas y los más privilegiados y para que el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades se acerque al nominal. “No estamos pidiendo la luna”, ha ironizado. También ha insistido en que los bancos se “solidaricen” con los trabajadores que han sufrido la crisis económica y en que las grandes compañías eléctricas paguen por sus elevados beneficios.
Ha criticado la ausencia de valentía de los Gobiernos para acometer cambios en la factura de la luz, al tiempo que ha abogado por cumplir con un derecho humano como es la vivienda. “Bajar los precios de los alquileres y dar mayores competencias a los ayuntamientos”, ha insistido, con el fin de poder regular los precios en las áreas metropolitanas.
“Son propuestas que benefician a la mayoría social y deseamos que haya un entendimiento”, ha dicho Iglesias, mientras la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidos Podemos Ione Belarra ha señalado que en los presupuestos debe haber una rebaja de las tasas de las matrículas universitarias y escuelas gratuitas de 0 a 3 años. 
Belarra ha recordado que las cuentas públicas deben contemplar la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad para que sean intransferibles.

Sánchez ve posible extraer algunas lecciones para Cataluña del caso de Quebec


MONTREAL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que del caso de Quebec en Canadá se pueden extraer algunas lecciones para intentar resolver el problema de Cataluña. 

Sánchez se ha reunido en Montreal con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y en la conferencia de prensa conjunta posterior han sido preguntados por la posible similitud de ambos casos y si es posible sacar alguna conclusión para Cataluña de lo ocurrido en esta región canadiense. 
En Quebec se han celebrado dos referéndums para que los ciudadanos decidieran sobre su independencia y en ambos casos fue rechazada esa posibilidad.
Sánchez ha dicho que la lección que hay sacar de Quebec y de Canadá es que desde la política y el respeto a la legalidad se pueden encontrar soluciones políticas. “Cada país debe encontrar su camino para resolver esos conflictos políticos. Y si algo tenemos que extraer de la experiencia de Canadá es esa”, ha insistido
Para el jefe del Gobierno, lo más importante es garantizar la convivencia. “En Cataluña, desgraciadamente durante más de una década ha habido bastantes procesos electorales y dos referéndums (en referencia a las consultas celebradas por la Generalitat y no reconocidas por el Estado) y lo curioso es que siempre ha salido el mismo resultado, que el independentismo no cuenta con una mayoría social detrás“, ha añadido.
Frente a ellos ha hecho hincapié en que siempre ha habido una mayoría social en Cataluña que no ha pedido independencia ni tampoco continuar como hasta ahora, sino reforzar su autogobierno. 
“Es ahí donde está centrando el Gobierno de España su propuesta política y creo que esa es probablemente la reflexión, la conclusión que podemos sacar del proceso que solucionó la crisis en Canadá respecto a Quebec”, ha señalado.
Por su parte, Trudeau ha subrayado que la cuestión de Cataluña es un asunto “interno delicado” y se ha limitado a señalar que tiene mucha confianza en el Gobierno de España y en los ciudadanos para que se respeten los derechos humanos y la libertad de expresión.

Hacienda, obligada a entregar a un investigador y al Consejo de Transparencia el acuerdo del Cupo Vasco

MADRID.- El Ministerio de Hacienda va a entregar a un investigador y al Consejo de Transparencia el acuerdo del Cupo Vasco firmado entre el Gobierno autonómico y el equipo de Cristóbal Montoro, pacto firmado en mayo de 2017 sobre la liquidación de los cupos de años anteriores y en el que se fijó también el pago quinquenal hasta 2021.

Un particular reclamó la información a Hacienda, pero el ministerio rechazó su petición, por lo que esa persona recurrió al Consejo de la Transparencia y este organismo le dio la razón. El departamento de Montoro llevó al asunto a los tribunales y un juzgado de lo contencioso-administrativo ha resuelto a favor del ciudadano, un investigador que quiere los datos para su trabajo.
La sentencia, adelantada por ‘El Confidencial’, considera ajustada a derecho la resolución del Consejo de la Transparencia así que tendrá que cumplir: Hacienda debe entregar a este ciudadano el contenido del pacto que se firmó en mayo de 2017 entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco y enviar también una copia al propio Consejo.
Fuentes del departamento de María Jesús Montero han asegurado que se cumplirá con esta obligación y que ofrecerán la información que esté disponible. Según fuentes del Consejo de Transparencia consultadas, los plazos se cumplen en los primeros días de octubre.
Este investigador solicitaba originalmente mucha más información, sobre el importe de los cupos fijados entre el Gobierno y el País Vasco y Navarra desde el año 1878 y el coste de las competencias transferidas a ambas comunidades desde el año 2000.
El Consejo de Transparencia entendió que parte de esta información no está guardada en Hacienda y otra parte puede parecer publicada en distintos informes sobre financiación. Pero aceptó que Hacienda sí ofrezca el detalle del pacto alcanzado con el Gobierno vasco, más allá de la nota de prensa que se difundió.
Desde este organismo se ha explicado que una vez que reciba copia de la información no podrá difundirla, puesto que son datos que no ha recabado de primera mano sino por terceras personas. Si se solicita copia es para comprobar que el demandado, Hacienda en esta caso, cumple con lo que se le pide.
Añaden sin embargo en el Consejo que sería razonable que el Ministerio tomara la iniciativa de difundir el contenido completo del acuerdo, una vez que va a tener que cederlo a un investigador que, a su vez, hará público un día su trabajo.
El modo en que se calcula el Cupo vasco es objeto de polémica desde hace años y las críticas han crecido tras el acuerdo de 2017 que actualiza la ley que lo regula y fija un acuerdo que se cumplirá hasta el año 2021.
Las quejas han llegado de algunas comunidades autónomas, que reclaman claridad sobre estas cuentas como existen sobre el sistema de financiación del régimen común, y también desde Ciudadanos. El partido de Albert Rivera acusa a las dos administraciones de alcanzar un acuerdo político y no se transparentes sobre los conceptos por los que se calcula este pago.
El Cupo es el dinero que las Haciendas forales vascas pagan al Estado por los servicios que éste presta en su territorio y por otros ajustes fiscales entre ambas partes. El acuerdo de 2017 estableció un cupo base de 1.300 millones que Euskadi pagará al Estado en los cinco años siguientes, pero en cada ejercicio el cupo líquido, lo que en realidad se abone, variará según los descuentos que se apliquen por distintos ajustes. Entre otras cosas, se irán descontando los 1.400 millones de euros que el Estado admite haber cobrado de más desde 2007.

Felipe VI aplica a la Familia Real la subida de sueldo del funcionariado

MADRID.- Felipe VI ha aplicado un año más a las retribuciones de la Familia Real y del personal de La Zarzuela la misma subida establecida para los funcionarios, en este caso el 1,5 por ciento, de modo que él percibirá 242.769 euros brutos en 2018; doña Letizia 133.530 euros; y el rey Juan Carlos 194.232 euros.

Según los datos publicados por la Casa del Rey en su web oficial sobre la distribución interna de la partida de 7.887.150 euros asignada a esta institución en los Presupuestos Generales del Estado, el capítulo dedicado a la Familia Real se sitúa en 679.818 euros, frente a los 668.952 euros del año anterior.
Tal como explica la Casa en su web, este incremento de 10.866 euros “representa la aplicación de una subida del 1,5 por ciento anual, al que se añade un 0,25 por ciento de julio a diciembre, equivalente a la contemplada para los altos cargos del Gobierno de la nación” por la ley de Presupuestos para 2018.
El 1,5 por ciento de subida anual de sueldos -más el 0,125 por ciento adicional correspondiente a ese 0,25 de julio a diciembre- establecido para todos los funcionarios es el que se aplica tanto a Felipe VI, la reina Letizia, don Juan Carlos y doña Sofía como a los altos cargos de Zarzuela, al personal laboral y a los complementos retributivos para trabajadores procedentes de otros organismos.
Al igual que en años anteriores, la retribución de don Juan Carlos representa un 80 por ciento de la de Felipe VI, mientras que la percibida por la reina Letizia supone un 55 por ciento y la de doña Sofía, fijada en 109.260 euros, un 45 por ciento.
Como es habitual, la partida más destacada del desglose interno de los presupuestos de la Casa del Rey es la de gastos de personal, con 3,83 millones de euros, que suponen un 48,63 por ciento del total, seguida de gastos corrientes en bienes y servicios (2,78 millones), Familia Real, inversiones (477.000 euros) y fondo de contingencia (112.000 euros).
El gasto en bienes y servicios disminuye en 95.606 euros y refleja la “política de ahorros y ajustes” de la Casa, que continúa su “línea inversora en innovación y adquisición de medios”, con un capítulo global de Inversiones que crece en 26.000 euros y una atención especial a las nuevas tecnologías de la comunicación, a las que dedica el 80 por ciento de los gasrtos por servicios de empresas y profesionales.
La asignación presupuestaria de 7.818.890 euros que ha recibido la Casa del Rey para 2018 es un 0,87 por ciento superior a la del pasado ejercicio, después de cuatro años de recortes, dos de congelación y una subida del 0,56 por ciento en 2017.

PSOE y Podemos denuncian la decisión de la Mesa del Congreso y no descartan llevarla al Constitucional

MADRID.- El grupo socialista del Congreso ha calificado de "arbitrario", "inaudito" e "inaceptable" el rechazo de la Mesa de la Cámara a su enmienda para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit y ha avanzado que pedirá formalmente al órgano que preside Ana Pastor que reconsidere su decisión. Unidos Podemos, por su parte, ha avanzado que está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional por considerar que el órgano rector de la Cámara ha tomado una decisión para la que "no tiene capacidad legislativa".

El PSOE se ha referido en un comunicado a la decisión de excluir la enmienda que introdujo la semana pasada la Mesa de la Comisión de Justicia al proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial sobre violencia de género para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y evitar que el Senado tenga la última palabra sobre los objetivos de déficit y pueda bloquear con ello la aprobación de los presupuestos de 2019.
Tras quejarse de que el PP y Cs se han negado a solicitar informe técnico a los letrados de la Cámara, tal y como pedían los socialistas con el respaldo de Unidos Podemos, el PSOE argumenta que la decisión de la Mesa es “contraria a la legalidad” y en concreto a una resolución de la Presidencia del Congreso del 23 de septiembre de 1986, que reconoce la competencia de la Mesa de la Comisión en la admisión a trámite de las enmiendas a las iniciativas en proceso.
Los socialistas, que recuerdan que ese ha sido el criterio durante cuarenta años de parlamentarismo democrático en España, aseguran que no van a tirar la toalla en su “empeño por cumplir la voluntad de la mayoría del pleno”. Señalan además que la decisión de hoy se añade al acuerdo -a su juicio, también antirreglamentario- de la Mesa del pasado 4 de septiembre, por el que se negó la tramitación de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por vía de urgencia, con tramitación directa y en lectura única. El PSOE cree que, con su comportamiento, los miembros de la Mesa del Congreso pertenecientes al PP y Cs “actúan al servicio de los intereses políticos de sus partidos y en clara vulneración de las normas vigentes”.
Por su parte, la vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, ha apuntado que “no existe procedimiento legal” para que la Mesa del Congreso corrija a la Mesa de la Comisión de Justicia, donde los socialistas tienen la mayoría y ya aceptaron la semana pasada tramitar la controvertida enmienda. “No existe procedimiento legal que permita ningún tipo de doble instancia a lo que ya dijo la Comisión de Justicia”, ha insistido.
La diputada de la formación morada no sólo ha criticado la “urgencia” de la presidenta del Congreso de convocar para este lunes una reunión de la Mesa -cuando estaba previsto ya una para este martes-, sino que, además, la mayoría que el PP y Cs suman en el órgano rector del Congreso haya “rectificado” a la Mesa de la Comisión de Justicia. A su juicio, dado que no estaban de acuerdo con la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia, lo que tenían que haber hecho tanto el PP como Ciudadanos era haberla recurrido ante el Tribunal Constitucional y no haber “hurtado”, como han hecho en la Mesa de la Cámara, el debate de una enmienda que afecta a una ley tan importante como la de los Presupuestos.
En todo caso, Elizo ha asegurado que su grupo parlamentario va a seguir trabajando por que los Presupuestos del próximo ejercicio sean “completamente diferentes” y para poner fin a la posibilidad de veto del Senado que instauró el PP y que, según ha denunciado, es “excepcional”.

Pedro Sánchez presume de sus "enormes avances" en Igualdad

NUEVA YORK.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó este lunes en Nueva York la gestión en materia social que está realizando su Ejecutivo en poco más de cien días y en los que aseguró que se han logrado "enormes avances" en materia de igualdad y ayuda a los discapacitados.

Sánchez presumió de esas decisiones en el primer acto de su agenda de cuatro días en Nueva York con motivo de su participación en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
En un hotel cercano a la sede de Naciones Unidas y en el marco del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea, presidió un acto organizado en torno a la violencia contra las mujeres y jóvenes con discapacidad y en el que se presentó un informe sobre esta lacra.

El Fiscal del 'caso Casado' encubrió una falsificación de un diploma, según D16


MADRID.- El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que ha informado en el asunto Master de Pablo Casado interesando el archivo de las actuaciones en la Sala 2ª del Tribunal Supremo por considerar -haciendo alarde de un malabarismo jurídico sorprendente – que se puede calificar como “neutra” e “inocua” la prevaricación que sin embargo sirve de instrumento a un soborno, no hace otra cosa que traslucir lo que él mismo piensa acerca de este tipo de cuestiones, según publica hoy Diario 16.

Como cuando ya hace algunos años siendo fiscal jefe de Guipúzcoa encubrió a un alumno al que le preparaba las oposiciones el cual, por razones que todavía no están muy claras aunque tengan más que ver con la inestabilidad emocional del opositor que también ejercía como juez sustituto, cambió los simples certificados de sustitución en los Juzgados de Azpeitia (Guipúzcoa) por diplomas falsificados, que finalmente fueron denunciados por uno de los jueces titulares ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Este episodio de su alumno, al que encubrió en todo momento para que no perdiera su condición de juez sustituto -y que de esta forma pudiera seguir pagándole la preparación de las oposiciones-, es la manifestación más palpable de la contradicciones personales y profesionales que son la esencia de Luis Navajas, un personaje que siempre reprimió sus tendencias izquierdistas ahogadas por los cánones conservadores de su profesión que nunca se atrevió a combatir.
Una demostración de esa incoherencia reprimida fue también el conocido popularmente como “informe Navajas” que causó uno de los mayores escándalos de las primeras décadas de nuestra democracia, y que fue filtrado por él mismo detallando supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa), informe que sin embargo nunca hizo llegar al juez donostiarra que instruía las actuaciones, Fernando Andreu, quien tuvo que solicitar la información a la Guardia Civil “toda vez que no contaba ni tan siquiera con las diligencias informativas 1/89 que el fiscal Navajas estaba instruyendo” según relataba el propio Juez.
Según fuentes jurídicas de la época, el fiscal Navajas ni tan siquiera habría investigado a los agentes que él mismo denunció al fiscal general del Estado en mayo de 1989, sino que se limitó a resumir las acusaciones formuladas por narcotraficantes ante el capitán Juan Miguel Castañeda. Las diligencias del Juez Andreu acabaron en noviembre de 1993 con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo un sargento condenado por cohecho.
El colofón de esa incoherencia personal y profesional de Luis Navajas, que no hay que olvidar que a pesar de su izquierdismo reprimido fue aupado por el Partido Popular en su nombramiento como fiscal de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y luego como teniente fiscal del mismo tribunal, ha sido el informe en el asunto Master de Pablo Casado interesando el archivo de las actuaciones en la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
Es falso que el Tribunal Supremo haya recogido la tesis de la “inocuidad” en las sentencias que Luis Navajas menciona en su informe, que además dicen todo lo contrario.
La doctrina de  la “inocuidad” , que todavía no ha llegado al Tribunal Supremo como argumento de fondo, es una creación jurisprudencial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que dictó su ya popular Auto nº 47 de fecha 20 de octubre de 2015, en el que declaraba que no había lugar a la apertura de procedimiento penal contra una magistrada por un supuesto delito de prevaricación judicial, a pesar de las irregularidades advertidas en su actuación, basándose en «la ausencia de un resultado materialmente injusto» lo que convierte a la resolución en materialmente «inocua», siempre que  no aparezca en concurso con cualquier otro delito que esté relacionado con la corrupción como por el contrario sí que ocurre con el soborno.
Éste que podríamos definir ya como el “segundo informe Navajas” es un alarde de malabarismo jurídico lleno de contradicciones, donde se llega a la sorprendente conclusión de que se puede considerar “neutra” e “inocua” la prevaricación que sirve de instrumento a un soborno. Para llegar a este disparate jurídico Luis Navajas parte en su informe de una premisa que es falsa porque la recientísima doctrina de la “inocuidad” no se puede aplicar en los delitos relacionados con la corrupción como ocurre con el soborno.

Los diputados se suben el sueldo 1.000 euros

MADRID.- El nuevo curso político empieza con alegría para los diputados y los senadores españoles, que verán como a final de mes sus sueldos tienen unos cuantos euros más. Se trata de la segunda subida de sueldo que reciben los parlamentarios desde que en 2010 se les bajara el sueldo un 10% dentro del plan de recortes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la crisis económica.

El año pasado, los diputados y senadores españoles vieron cómo sus nóminas crecían un 1%, pero este año la subida ha sido mayor, del 1,75%. La medida estaba incluida en los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Mariano Rajoy y fue criticada en su momento por Pedro Sánchez, que pedía que se limitase al 0,25% que se subían las pensiones. Sin embargo, con la asunción de las cuentas del anterior gobierno, la subida se ha hecho efectiva desde finales de julio, como recuerda El Independiente.
La cifra de la subida, como siempre en estos casos, se realizó en una reunión de las Mesas del Congreso y del Senado que se celebra a puerta cerrada. Tuvo lugar hace un año, en septiembre, pero su materialización está vinculada a que se aprueben los presupuestos.
Tras la subida, así quedan los sueldos de los diputados, que se componen de varios conceptos diferentes.
Lo primero es el sueldo base, establecido en 14 pagas de 2.891,42 euros cada mes. Con la subida, este concepto supone 50 euros más que el año anterior.
Luego viene la paga que varía en función de la circunscripción por la que consiguieron el escaño. Los 36 diputados madrileños cobran un extra de 896,44 euros, 22 euros más que en 2017. Los 314 diputados restantes cobran 32 euros más tras la subida, que suponen 1.874,74 euros de paga extra, al considerarse que tienen que desplazarse y quedarse en Madrid, aunque no se tiene en cuenta cuál es su residencia real o sus inmuebles en la capital. Ambas pagas están libres de impuestos y se consideran una indemnización.
Esto implica que, solo en sueldo base más la indemnización, los diputados por Madrid cobran 1.008 euros más que en 2017, mientras que los de fuera de la capital cobran 1.148 euros más este nuevo curso político.
A esto habría que sumar los sueldos que se derivan de las comisiones en las que participen sus señorías. Aquí la paga varía en función del puesto que se juegue en una comisión. Aunque, eso sí, los puestos no son acumulativos y los diputados que estén en más de una comisión sólo cobran uno de los extras, el de mayor importe:
  • Los presidentes de comisión cobran 1.479,96 euros al mes, 35 euros más que antes de la subida.
  • El vicepresidente de la Comisión y el portavoz de cada partido en la comisión cobran 1.075 euros, que son 20 más que en 2017.
  • Y los portavoces adjuntos y secretarios cobran 716,96 euros, 12 euros más que antes de la subida.
Esto supondría que, hablando de diputados rasos, en el mejor de los casos, un diputado de fuera de Madrid y presidente de una Comisión se llevaría al año 87.445,68 euros al año (26.246,36 libres de impuestos). Mientras que, en el peor de los casos, un diputado de Madrid que no estuviera en ninguna comisión -lo que es difícil porque el artículo 6 del reglamento contempla que “los Diputados tendrán derecho a formar parte, al menos, de una Comisión” y ahora mismo hay 50 comisiones activas en el Congreso- cobraría 53.029,76 euros (12.522,16 euros libres de impuestos).
Al margen están los miembros de la Mesa, el órgano que regula el funcionamiento de la Cámara y donde se pactan estas subidas. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, dispone hasta 9.372,99 euros al mes, 252 euros más que hace dos meses. Los vicepresidentes de la Mesa se llevan 81 euros más, lo que sube su paga hasta los 3.008 euros. Y los secretarios cobran 2.507,7 euros, 67 euros más tras la subida.
Por último, está el sueldo de los miembros más relevantes de cada grupo parlamentario, los que se baten el cobre en la tribuna. Los portavoces de los Grupos Parlamentarios ganan 2.741 euros, 47 más, y los portavoces adjuntos ganan 2.144,7 euros.
Un sueldo al que, eso sí, hay que sumar otros pagos en especie, como la tarjeta de 3.000 euros al año para pagar taxi si no tienen coche oficial, el reembolso de los viajes para ir y volver del Congreso, los tickets de aparcamiento, el kilometraje y los peajes derivados del uso del coche para ir a la Cámara, dietas de 120 a 150 euros por día para viajes oficiales, el iPad y el iPhone que reciben todos, la contratación de personal de confianza, los bajos precios de la cafetería…

Quebec, la "nación dentro de Canadá" que Sánchez pone como ejemplo para resolver el conflicto en Cataluña

OTTAWA.- El presidente, Pedro Sánchez, ha aprovechado su viaje a Canadá para poner a Quebec como ejemplo para resolver el desafío independentista en Cataluña. En opinión del jefe del Ejecutivo, este cas0 demuestra que "desde la política se pueden encontrar soluciones para resolver los conflictos". "Desde el respeto a la legalidad se puede encontrar una solución para garantizar la convivencia", ha insistido. Ante este planteamiento, ¿cuál es la situación de esta provincia dentro de una monarquía parlamentaria federal?

Quebec es una de las regiones más extensas del país, con una población que supera los ocho millones de habitantes, el 80% de ellos francófonos. Por su idioma, su cultura y sus instituciones, en 2006 fue reconocida por el Parlamento como una "nación dentro de Canadá", un concepto social y cultural que no tiene significación legal.
A diferencia de las demás provincias canadienses, donde son idiomas oficiales tanto el inglés como el francés, Quebec tiene como única lengua oficial el francés. Es también la única región mayoritariamente francófona de Norteamérica. El francés goza de protección legal y la provincia dispone de inspectores lingüísticos que revisan y controlan su uso.
El nacionalismo quebequés se alimenta no solo de su identidad lingüística y cultural, sino también de los periodos de represión y asimilación causados por la mayoría anglófona en determinados momentos históricos.
El primer referéndum de independencia se llevó a cabo en 1980. Los independentistas obtuvieron el 40,5% de los sufragios. Quince años después se celebró una segunda consulta y en esta ocasión los separatistas se quedaron a menos de un punto porcentual de la victoria, con el 49,6% de los votos.
En las elecciones de 2012, el partido independentista (Partido Quebequés), liderado por Pauline Marois, ganó la mayoría de los asientos de la Asamblea Nacional de la provincia, formando un gobierno minoritario. La primera mujer en liderar el Ejecutivo de Quebec planteó entonces la posibilidad de convocar un nuevo referéndum por la independencia.
En los últimos comicios, sin embargo, celebrados en abril de 2014, el federalista Partido Liberal de Quebec (PLQ) se hizo con la victoria con mayoría absoluta, arrebatando el Gobierno a la formación independentista tras solo 18 meses en el poder. Desde entonces, Philippe Couillard es el jefe del Gobierno provincial. A Marois, que convocó elecciones anticipadas para intentar conseguir la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el resultado se le volvió en contra.

Pablo Iglesias acusa al PP de usar a Ana Pastor para realizar "maniobras ilegítimas"

MADRID/CÓRDOBA.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado este lunes al PP de utilizar a la "tercera autoridad del Estado", esto es, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para "maniobras ilegítimas" y "un bloqueo institucional" que la mayoría parlamentaria "no puede consentir".

Durante la presentación del documento 'Presupuestos con la gente dentro. Democracia es estado social', Iglesias se ha referido así a la decisión de la Mesa del Congreso, en la que el PP y Cs tienen mayoría, de rechazar la tramitación de la enmienda del PSOE que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit.
"Si el Congreso quiere cambiar la ley para que el PP no tenga una mayoría de bloqueo, no hay presidenta del Congreso que pueda utilizar maniobras ilegitimas para bloquear la voluntad popular", ha denunciado.
En esta misma línea, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha reprochado al PP que emplee el "filibusterismo parlamentario" para que España no tenga unos "mejores" Presupuestos Generales del Estado.
"Lo que ha demostrado otra vez el PP es que le importan muy poco España y la gente", ha denunciado.
Preguntado si Podemos apoyará el proyecto de presupuestos aunque no se pueda incrementar el gasto público en 6.000 millones de euros como propone el PSOE, Iglesias ha insistido en que el PP no debería bloquear la reforma de la Ley de Estabilidad y ha avanzado que, de momento, hay "buena sintonía" con el Ejecutivo.

Ábalos critica el paso "inaudito" de Pastor en la democracia


El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha criticado este lunes que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, haya dado "un paso muy atrevido" e "inaudito" en democracia, después de que la Mesa del Congreso haya excluido la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit público.
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde se ha reunido con la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), el ministro ha criticado la gestión que ha hecho de este asunto la presidenta del Congreso, ya que "la Mesa solamente puede entrar en cuestiones técnicas pero nunca de oportunidad política", ha afirmado.
"Espero que lo haya meditado bastante", ha dicho Ábalos, que ha considerado que Pastor "ha invadido espacios ciertamente arriesgados en la vida política de este país" con la decisión que ha tomado la Mesa del Congreso, que "ha transgredido claramente" su papel, según el ministro y secretario de Organización del PSOE.
A su juicio, esto revela "un bloqueo de la derecha de este país", y un "paso decisivo", por parte de la Presidencia del Congreso de pasar "del discurso político" al "bloqueo de la acción de gobierno", que "legítimamente" le corresponde al PSOE.
"Lo peor que ocurre es que la mesa se ha enfrentado a la mayoría del Parlamento, no ya al Gobierno, sino a la mayoría del Parlamento", ha lamentado Ábalos, que ha descartado en cualquier caso un adelanto electoral.

Las comunidades de vecinos podrán decidir sobre el futuro de los pisos turísticos

MADRID.- El Gobierno prevé modificar la ley de arrendamientos urbanos y la de propiedad horizontal para abordar la cuestión del auge de viviendas de uso turístico, uno de los principales retos al que se enfrenta el turismo, ha señalado hoy la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver.

En este sentido, ha destacado que el actual Ejecutivo socialista ha decidido liderar la acción con el fin de dar respuesta a uno de los principales problemas del sector que el anterior Gobierno popular no abordó.
"Creo que el anterior Gobierno dejó en ese caso de ejercer su función de liderazgo", ha agregado Oliver en la presentación del estudio 'Turismo y economía. Análisis, medición y horizonte', elaborado por el Consejo General de Economistas.
La secretaria de Estado ha explicado que el Gobierno va a abordar el tema de alquileres turísticos en varias líneas, entre ellas prevé una modificación de la ley de arrendamientos urbanos, con la idea de planificar lo que es el alquiler de corta duración, para separarlo del turístico, que es competencia de las comunidades autónomas.
Asimismo, se prevé cambiar la ley de propiedad horizontal, en el sentido de modificar las mayorías para que las comunidades de vecinos puedan decidir sobre sus propiedades y sobre lo que se hace en sus comunidades.
Oliver ha detallado que el ministerio ya ha empezado a hablar con todas las comunidades autónomas sobre dicha cuestión y que esta semana habrá más reuniones, mañana y pasado mañana.
A estas reuniones asistirán todas las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque los ayuntamientos y la administración local es "esencial" en el tema de alquileres turísticos y en el turismo en general.
También estarán presentes representantes del Ministerio de Vivienda y todas aquellas asociaciones, plataformas, entidades que tienen el interés en expresar su opinión al respecto.
En los encuentros previstos esta semana se dará voz a todos los implicados en esta compleja cuestión: hoteles, empresarios, plataformas, vecinos y sindicatos, con el objetivo es acordar, entre todos, unas líneas maestras que sirvan de guía para regular este fenómeno y den mayor seguridad jurídica, ha agregado.
Oliver espera la asistencia de hasta dieciocho entidades, que podrán expresar su punto de vista sobre una cuestión que ha calificado de "muy compleja jurídicamente".
La secretaria de Estado confían en poder llegar, entre todos, a una regulación y una solución que pueda ayudar y abordar esa cuestión tan importante para nuestro turismo.

La inversión sanitaria no cubre los gastos en España

MADRID.- El gasto sanitario de las comunidades autónomas en el periodo 2010-2016 (último dato disponible) fue mayor que la suma de los presupuestos durante todos los años, en concreto, 31.027 millones de euros más, según un informe de CCOO, que constata que «sistemáticamente» la inversión sanitaria no cubre los gastos.

De hecho, cuatro autonomías (Murcia, La Rioja, Baleares y la Comunitat Valenciana) han gastado en siete años el equivalente a ocho presupuestos, destaca el Análisis de los presupuestos sanitarios de las CCAA 2018, elaborado por el sindicato.
Unos datos que ponen de relieve la infrafinanciación de la sanidad y urgen a un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno central, ha señalado el secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, Antonio Cabrera, en la rueda de prensa de presentación del estudio que lleva por título «Y la financiación para cuándo?».
El informe destaca que el presupuesto conjunto en 2018 por primera vez supera el de 2010, cuando comenzó la crisis, y evidencia desigualdades en aspectos tan importantes como las listas de espera o el gasto en salud de los hogares, que tocó suelo en 2013, con 343 euros por personas y ha ido creciendo progresivamente hasta alcanzar los 394 euros.
En 2017 se observa una «gran diferencia» entre CCAA, tanto en gasto medio (la horquilla está entre los 488 euros del País Vasco y los 301 de Extremadura) como en renta media por persona (14.397 y 8.250 euros, respectivamente).
Sin embargo, cuando se calcula qué porcentaje de la renta se destina a gasto en salud, las comunidades cambian sus posiciones y las que tienen una renta más baja gastan porcentualmente más (Extremadura un 3,64 % frente al 3,39 de País Vasco).
En cuanto a las listas de espera (datos a 31 de diciembre de 2017), la distancia es elevada: 125 días de diferencia para ser operado según se viva en Canarias o País Vasco, comunidad esta última que no tiene ningún paciente que espere más de seis meses, frente al 43,2 % de los canarios el 36,4 % de los castellanoleoneses o el 29,7 % de los catalanes.
El número de camas en 2016 se eleva a 110.509 (85 más que el año anterior), lo que supone 2,38 camas por cada 1.000 habitantes. Además, hay 11.975 camas instaladas que no están en funcionamiento (9,78 %).
Por comunidades, La Rioja y Murcia encabezan el crecimiento de camas en funcionamiento entre 2016 y 2010 (10,54 % y 10,13 %, respectivamente), mientras que en Extremadura registra un descenso del 9,67 %, seguida de Castilla-La Mancha (8,64) y Castilla y León (7,36).
El informe revela también que el gasto en farmacia (sin contar los tratamientos para la hepatitis C) se ha incrementado un 3,98 % entre 2017 y 2016 y todas las comunidades registraron aumentos, salvo La Rioja, donde se redujo un 3,48 %.
Respecto al empleo en el sector sanitario, Cabrera ha señalado que se está recuperando progresivamente, aunque de manera lenta, y ha subrayado que se sigue perdiendo en personal no sanitario debido a las políticas de externalización.
En 13 comunidades el porcentaje de mujeres es el más alto de su serie histórica. La Rioja encabeza este apartado (79,99 %), mientras que Andalucía se sitúa a la cola (70,07 %).

La Liga Árabe insta a España a reconocer Palestina como Estado independiente

EL CAIRO.- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, instó este lunes a España a reconocer Palestina como un Estado independiente para "animar" a otros países europeos a hacer lo mismo y mantener viva la solución de los dos Estados.

En un comunicado, Abulgueit pidió al Gobierno español "empezar a cumplir lo que anunció" la semana pasada, en referencia a unas declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, en las que manifestó la intención de su Gobierno de reconocer Palestina unilateralmente.
"Los acontecimientos recientes, particularmente con respecto a las medidas tomadas por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y el Gobierno palestino, requieren que las fuerzas de la paz apoyen a los palestinos en su lucha legítima y pacífica", dijo Abulgueit en la nota.
El responsable de la Liga Árabe subrayó que el reconocimiento del Estado palestino es "un paso necesario" para mantener la solución de los dos Estados "frente a muchas amenazas".
La posición española, según recalcó Abulgueit, "refleja la larga amistad entre todos los estados árabes y España" y también, la "fuerte correlación entre España como Gobierno y pueblo con la cuestión palestina".
En este sentido, aseguró que "existe un margen considerable" para fortalecer las relaciones entre la Liga Árabe y España, lo que refleja el aprecio árabe por estas buenas intenciones del Gobierno español.
La semana pasada Borrell afirmó que el Gobierno español estudia la posibilidad de reconocer el Estado palestino si no consigue convencer a la Unión Europea de que adopte una posición conjunta.
"En el caso de que la UE no sea capaz de tomar una decisión conjunta, que cada cual asuma su responsabilidad", dijo el ministro español en el transcurso de un desayuno informativo.
Actualmente no existe consenso entre los 28 miembros de la UE para avanzar en una propuesta conjunta, aunque varios países, como Hungría, Polonia y República Checa, reconocieron unilateralmente Palestina cuando todavía no eran miembros del bloque europeo.

El CIS publicará cada mes su encuesta sobre la intención de voto

MADRID.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha decidido cambiar su programación de barómetros de opinión e incluir todos los meses preguntas de intención de voto y de valoración de líderes, que recogía trimestralmente. Esta modificación se aplicará en la encuesta de septiembre, que se presentará este martes.

Desde hace más de 20 años, el CIS venía incluyendo las preguntas de intención de voto y de valoración de líderes políticos con una periodicidad trimestral, y así se reflejaba en los barómetros de los meses de enero, abril, julio y octubre.
El nuevo equipo que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos, que dejó la Ejecutiva Federal del PSOE tras su nombramiento, ha decidido cambiar ese hábito y volver a lo que se hacía antes de 1996, cuando gobernaba Felipe González.
Así, y según indicaron  fuentes del instituto público, todos los barómetros mensuales del CIS van a incluir preguntas políticas de expectativas electorales, y el primero será el de septiembre, que se presenta este mismo martes.
Además, en el caso de este barómetro de septiembre se incluirán también preguntas para conocer la opinión de los españoles sobre la Constitución de 1978 y el Parlamento.
El CIS también ha cambiado los tiempos de tratamiento de los datos con idea de adelantar la publicación de sus barómetros de opinión mensuales. De hecho, esta encuesta de septiembre se presentará a final de mes, mientras que hasta ahora solían hacerse públicos la primera semana del mes posterior a las entrevistas.
En su última encuesta con intención de voto, correspondiente al mes de julio, ya con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, el CIS situó al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 29,9%, sacando 9,5 puntos de ventaja al PP y Ciudadanos, que empatarían en la segunda posición, mientras que Unidos Podemos y sus confluencias se desplomarían hasta un 15,6%.
En ese barómetro, que aún no recogía la llegada de Pablo Casado a la Presidencia del PP, Pedro Sánchez ya se colocó como el líder nacional mejor valorado, por encima de Alberto Garzón (IU) y Albert Rivera (Cs), aunque un 27,3% descalifica su gestión y el 65,6% no confía en él.

La ministra Delgado comparecerá en el Congreso para explicar su relación con Villarejo

MADRID.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado hoy que "va a seguir trabajando como hasta ahora para mejorar la calidad de la justicia como servicio público" y ha subrayado que en los 25 años que ha estado en la Audiencia Nacional ha coincidido con el excomisario José Villarejo en tres ocasiones.

En un comunicado del Ministerio de Justicia, la ministra anuncia que comparecerá en el Congreso a petición propia, tras difundir el confidencial Moncloa.com varios audios de una comida que compartió con Villarejo y otras cuatro personas en 2009.
Justicia recuerda que Villarejo se encuentra en prisión provisional como presunto autor de "delitos muy graves" y que su estrategia procesal es "atacar al Estado y sus instituciones. Primero cargó contra la Jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el rey emérito. Ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia".
"A lo largo de los 25 años en que Dolores Delgado ha trabajado en la fiscalía de la Audiencia Nacional tiene recuerdo de haber coincidido con el comisario José Villarejo en tres ocasiones junto a otros mandos policiales y cargos judiciales y fiscales", explica el Ministerio en el comunicado.
El "evento" en el que se grabaron los audios, apunta, tuvo lugar el 23 de octubre de 2009 y fue convocado por el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Miguel Ángel Fernández Chico para celebrar la concesión de una medalla a Villarejo.
Delgado no estaba invitada, pero acudió acompañando al entonces magistrado Baltasar Garzón, que se lo pidió, añade Justicia, que destaca que ambos se conocen desde hace 19 años y han colaborado en la desarticulación de cárteles de la droga, comandos de ETA y el entramado institucional de la organización terrorista. El Ministerio recalca que la amistad entre Delgado y Garzón "es pública y notoria".
Agrega además que en su etapa como fiscal Delgado también ha trabajado "en varias ocasiones" con junto al comisario Enrique García Castaño -presente en la comida-, "al igual que otros muchos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional", y lo presenta como "uno de los principales expertos españoles en materia de terrorismo yihadista y de ETA".
El comisario García Castaño, conocido en círculos policiales como "el Gordo" y mano derecha de Villarejo, está imputado como él en el caso Tándem y de su defensa se ha hecho cargo Garzón.
Las primeras informaciones que vincularon a la ministra con Villarejo fueron publicadas por El Confidencial, que apuntaba a un presunto encuentro entre el excomisario y Delgado en el marco del proceso de extradición de un empresario que se tramitaba en la Audiencia Nacional.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia garantizó entonces que "mientras ejerció como fiscal" en ese tribunal Delgado "ni concertó ni mantuvo cita alguna con el comisario citado en la información, con el que nunca ha tenido relación de ningún tipo".
La propia ministra aseguró ese mismo día que no había tenido "ninguna relación profesional con ningún asunto" que hubiera llevado Villarejo en la Audiencia.
Al día siguiente el Ministerio insistió en negar cualquier "tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial" con el excomisario "más allá de haber coincidido con él en compañía de otras personas en algún evento".
Las informaciones sobre supuestos favores a un cliente de Villarejo, destaca hoy Justicia, fueron desmentidas tanto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional como por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo que reclamaba al empresario.

El PP pide la dimisión de la ministra Delgado por "mentir"

MADRID.- El PP considera que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no puede continuar en el cargo "ni un minuto más" después de haberse demostrado que ha "mentido de forma tan descarada" sobre su relación con el comisario José Manuel Villarejo.

Así lo ha apuntado en rueda de prensa el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien como ya hizo el líder del partido, Pablo Casado, hace unos días, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones porque los españoles "no se merecen un Gobierno que mienta".
Para García Egea, que Dolores Delgado siga siendo ministra es "una vergüenza para Pedro Sánchez y para el PSOE".
Y ahora que se conocen los audios publicados por el digital Moncloa.com de una comida con Villarejo grabada por el propio comisario y en la que estuvo Delgado junto al juez Baltasar Garzón y altos mandos policiales, García Egea ha considerado que la situación de la ministra es ya "insostenible".
Su mentira "descarada" negando relación alguna con Villarejo hace que la titular de Justicia, que además es notaria mayor del Reino, no pueda seguir en el cargo "ni un minuto más", ha dicho García Egea.
Antes, el presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que Delgado mintió sobre su relación con Villarejo, y ha pedido que dé explicaciones tras la publicación de una grabación que evidencia una estrecha amistad.
Casado, en declaraciones a Onda Cero, ha apuntado que estos audios señalan que la ahora ministra podría haber participado en una "mediación en estructura parapolicial". Y ha asegurado que la revelación demuestra que Delgado "mintió" sobre su relación con el excomisario, por lo que ha pedido que dé explicaciones al respecto.
"El baremo de Sánchez lo va tener que aflojar porque ha perdido a dos ministros y tiene varias polémicas encima de la mesa", ha asegurado sobre un posible dimisión de la titular de Justicia.
"Ha negado la información y tendrá que decir porque lo niega. Trato de no ser inquisidor, pero es importante que dé explicaciones", ha añadido el líder del PP.
Por su parte, Ciudadanos ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia urgente de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que aclare qué relación tiene con el comisario Villarejo después de unas grabaciones conocidas hoy en una comida en la que ambos estaban presentes.
La portavoz de C's, Inés Arrimadas, cree que la ministra tiene que dar explicaciones porque esas grabaciones ponen de relieve que "parece que no ha dicho toda la verdad" cuando hace unos días Delgado negó cualquier tipo de relación personal o profesional con el comisario, en prisión por el caso Tándem, más allá de haber coincidido con él en algún acto.
Arrimadas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva permanente, se ha referido de esta manera a los audios desveladas por el digital Moncloa.com de una comida que fue grabada por Villarejo en 2009, en la que también participó el juez Baltasar Garzón y altos mandos policiales, donde comentan "asuntos judiciales, policiales y personales", según esta web.
Ciudadanos quiere que la ministra acuda a la comisión de Justicia a dar cuenta de su vinculación con exaltos mandos policiales, actualmente imputados, "y la contradicción de sus declaraciones al respecto", señala en la solicitud de comparecencia.

UGT pide la homologación salarial entre trabajadores laborales y funcionarios del Estado

MADRID.- El secretario general del sector de la Administración General del Estado (AGE) de UGT, Carlos Álvarez, ha exigido al Gobierno una homologación salarial inmediata entre los trabajadores laborales y funcionarios de la AGE.
En concreto, esta homologación afectaría a 46.000 trabajadores y supondría un coste de 60 millones de euros. Para el sindicato que lidera Pepe Álvarez, este es un objetivo para conseguir a corto plazo.
En la actualidad, el sueldo más bajo dentro de los funcionarios ronda casi los 22.000 euros anuales, mientras que, en la misma escala del personal laboral, la retribución media más baja apenas supera los 18.000 euros.
En las escalas más altas, el grupo A1 de los funcionarios y grupo G1 de los laborales, la diferencia es aún más abultada, ya que mientras que en el primer caso la retribución media alcanza casi los 57.000 euros anuales, en el caso del personal laboral apenas supera los 31.000 euros.
Las escalas que aglutinan al 80% del personal, en las que para acceder solo es necesario tener Bachillerato o un ciclo formativo de grado superior y pasar una oposición, la diferencia va de entre los 22.788 euros de retribución media que ganan los laborales, a los 30.004 euros de media que se embolsan los funcionarios.
En la actualidad, la AGE cuenta con unos 200.000 efectivos. De estos, unos 50.000 son laborales. "Esta brecha salarial que no tiene fundamento ninguno es el objetivo máximo que se fija la UGT como objetivo prioritario a solucionar", ha apostillado Álvarez.
Durante la presentación del informe 'Mapa de la desigualdad en la Administración General del Estado', Álvarez ha recordado que la Administración General del Estado (AGE), desde que se iniciaron las transferencias, ha sido la peor remunerada. "Las brechas salariales que existen dentro de la AGE son múltiples y variadas", ha señalado.
Por otro lado, UGT también ha pedido al Gobierno una subida lineal para paliar las diferencias de la Administración General del Estado con el resto de las administraciones. Esta subida sería de media de unos 200 euros al mes y afectaría a los 200.000 trabajadores de la AGE. Sin embargo, Álvarez cree que este objetivo es más difícil de alcanzar a corto plazo.
"Quedan muchas cosas por solucionar y en ese sentido queríamos llamar la atención del Gobierno", ha señalado Álvarez, que también ha asegurado que el ejemplo más latente que pone de manifiesto la diferencia que existe entre la AGE y resto de administraciones lo refleja la Administración de Justicia.
En concreto, existen diferencias entre los salarios del personal transferido a las comunidades autónomas y el perteneciente al Ministerio. Así, según el ejemplo que ha señalado UGT a partir de datos del Ministerio de Justicia, la retribución por complemento específico en los cuerpos generales de este Ministerio oscila entre los 11.849 euros al año del cuerpo de gestión del País Vasco y los 4.930 euros que cobran los funcionarios no transferidos.
Por otro lado, UGT ha instado al Gobierno a crear la Ley de Función Pública de la AGE para establecer la carrera profesional para todos los trabajadores. UGT también ha señalado que las negociaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han retomado y se han centrado en la negociación del IV Convenio Único.
"Llevamos dos semanas trabajando, poco puedo decirles, pero la voluntad y el objetivo es que por fin haya IV Convenio Único de personal en diciembre", según ha señalado Álvarez.
Preguntado por ampliar el permiso de paternidad en la Administración General del Estado, el responsable de UGT ha afirmado que parece que existe disposición a igualar los permisos de paternidad y maternidad, pero ha señalado que todavía no se ha hablado con el Gobierno de esta materia y que se reunirán en el mes de octubre.

Médicos y científicos españoles cargan contra la homeopatía

MADRID.- Las pseudociencias "matan" y ya no son solo practicadas por curanderos sino a veces por médicos colegiados, según ha denunciado la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp), que en una carta firmada por casi 400 expertos pide a Sanidad que actúe contra ellas.

El vicepresidente de Apetp, Emilio Molina, ha explicado que no es la primera vez que redactan una carta, manifiesto o similar alertando contra las pseudoterapias, pero que el problema es que "están proliferando y están fuera de control".
Ha especificado que la Apetp "está en contacto" con el gabinete ministerial del departamento que preside María Luisa Carcedo y que confían que las reuniones vayan por buen camino.
En la carta abierta a la ministra, la Apetp y otras asociaciones exigen que se haga cumplir la ley, se creen otra nuevas leyes y se protejan los derechos del enfermo y sus familias pues las pseudociencias se están convirtiendo "en una plaga que afecta a las mismas raíces del sistema de salud de nuestro país" y que ha causado "miles" de muertes.
Junto a la Apetp, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, la ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, el Círculo Escéptico y la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad y FarmaCiencia piden "medidas claras" para acabar con tres problemas que son "la causa de estas muertes, engaños y perjuicios a la salud y la economía de los enfermos".
La carta hace referencia en concreto a las muertes de Mario Rodríguez y Rosa Morillo, ambos fallecidos tras intentar curarse de cáncer con pseudoterapias.
El primer problema es la presencia de médicos colegiados que infringen el código deontológico, "con el beneplácito de sus respectivos colegios de médicos", que les permiten ofrecer pseudoterapias.
La presencia de personas no profesionales que, de forma pública, evidente y notoria infringen la legislación de centros sanitarios para ofrecer servicios y productos que van en contra de los derechos de los enfermos es el segundo problema.
El tercero es la necesidad de leyes o controles que eviten que algunos productos pseudocientíficos, como es el caso de la homeopatía, "estén vendiéndose de forma libre en las farmacias a pesar de no tener ninguna eficacia y atentar contra los derechos de los enfermos".
Estos tres problemas, según enfatizan los firmantes, "ya le han costado la vida a demasiada gente".

La Mesa del Congreso frena la enmienda del PSOE para evitar el veto del Senado a los Presupuestos

MADRID.- La Mesa del Congreso ha aprobado este lunes con los votos mayoritarios de PP y Ciudadanos excluir la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit público.

Así lo han informado fuentes del órgano de gobierno de la Cámara Baja después de que analizara sendos recursos de amparo presentados por PP y Ciudadanos contra la admisión a trámite en la Mesa de la Comisión de Justicia de esta discutida enmienda.
La decisión ha sido adoptada tras una larga reunión de la Mesa en la que se han vuelto a poner de manifiesto las discrepancias entre la interpretación que el PSOE y Unidos Podemos por un lado y PP y C's por otro hacen del Reglamento.
Rechazada la incorporación de la polémica enmienda, la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, de Unidos Podemos, ha anunciado que su grupo parlamentario recurrirá esta decisión con toda probabilidad al Tribunal Constitucional.
En su opinión, lo que el PP y Ciudadanos tenían que haber hecho si discrepaban por la aceptación de la enmienda por parte de la Mesa de la Comisión de Justicia era precisamente acudir al Constitucional y no ante la Mesa de la Cámara.
Ha asegurado que "no se puede hurtar" del debate parlamentario una decisión "tan importante" como la que comporta la enmienda socialista, ya que al sortear la capacidad de veto del Senado a los objetivos del déficit público permitiría facilitar unos presupuestos que acabaran con las políticas "de recortes" del Partido Popular.
Elizo ha confirmado que en la reunión ha quedado patente que el PSOE y Unidos Podemos albergan "serias dudas" sobre la "legalidad" de la decisión de la Mesa respecto a lo que ya había acordado la Mesa de la Comisión de Justicia.
Por el contrario, el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha sostenido que sí hay precedentes que avalan el paso que ha dado hoy la "Mesa grande" de la Cámara al corregir a la de la Comisión de Justicia y que no es la primera ocasión en se pronuncia en términos semejantes.
Ha explicado que hay "antecedentes" avalados por la doctrina del Tribunal Constitucional, de manera que, desde el punto de vista jurídico, la situación "estaba absolutamente clara", de manera que no ha hecho falta pedir más informes a los servicios jurídicos.
Prendes ha remarcado que "no era de recibo" el caso "inaudito" que se tramitara de forma simultánea una enmienda a un proyecto con el que no tiene "conexión ni homogeneidad", por la "puerta de atrás", mientras hay una proposición de ley ya en trámite con el mismo propósito.
Porque, ha recordado, la supresión de la capacidad de veto del Senado en la ley de Estabilidad Presupuestaria se puede hacer siempre que haya una mayoría suficiente para ello "pero no atropellando la legalidad, incumpliendo los reglamentos y burlando los derechos de todos los diputados".
Por su parte, el grupo socialista se ha limitado a anunciar que analizará los "siguientes pasos" que dará ante la situación creada por el rechazo de la Mesa a su enmienda.
Por su parte, ea presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha negado que el acuerdo de la Mesa de rechazar la admisión a trámite de la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, sea una decisión "política" y ha garantizado que las "amenazas" no la desviarán del cumplimiento de la legalidad.
"Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé a otros, pero a mí nunca me moverán", ha denunciado Pastor, en referencia a la posibilidad de que el PSOE lidere algún tipo de iniciativa parlamentaria para censurar la actuación de la presidenta.
En una rueda de prensa tras la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, Pastor ha justificado el rechazo de la enmienda con dos argumentos jurídicos.
Por un lado, existe una situación "inédita" porque "dos textos idénticos" se están tramitando al mismo tiempo lo que, a su juicio, provoca "inseguridad jurídica" y puede generar incluso normas "contradictorias".
Además, según Pastor, el Tribunal Constitucional ha confirmado la "plena competencia" de la Mesa para estudiar esta enmienda, admitida ya a trámite en la Comisión de Justicia pese a que no es "congruente" con la ley en la que se pretende introducir.
"Estoy hablando de un asunto de legalidad, del principio de legalidad, no soy comentarista de apreciaciones. Lo que sí puedo decir es que la presidenta del Congreso actúa con objetividad y conforme a la legalidad y en el ámbito de la Constitución Española", ha insistido.

La jueza del 'caso Máster' pregunta al fiscal si se está excediendo en la investigación

MADRID.- La jueza Carmen Rodríguez Medel ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si cree que está realizando una instrucción prospectiva en la causa que investiga las irregularidades en los másteres del Instituto de Derecho Público de la URJC, es decir, si está haciendo una causa general más allá de la denuncia inicial.

Lo hace en una providencia dictada este lunes, después de que el pasado viernes la Fiscalía del Tribunal Supremo informara en contra de investigar al presidente del PP, Pablo Casado, tras manifestar que la apertura del procedimiento "sería meramente prospectiva".
Precisamente, el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Álvarez Conde sostiene su estrategia judicial en base a descalificar la instrucción por considerarla prospectiva, al afirmar que la jueza está investigando más allá de los hechos denunciados.
Tanto es así que el principal implicado en esta causa ha recurrido la mayoría de las decisiones de la jueza (declaraciones de investigados, testigos, documentales, etc.) apoyándose a esta línea de defensa, que no persigue otra cosa que conseguir la nulidad de toda el procedimiento si se acepta su argumentación, sobre la cual se tiene que pronunciar también la Audiencia Provincial de Madrid.
Es por ello que "para el correcto entendimiento por parte de esta instructora", la magistrada Rodríguez Medel pide "expresamente" a la Fiscalía que informe sobre su "criterio en relación con las alegaciones realizadas durante la instrucción de la presente causa por Álvarez Conde sobre el carácter prospectivo y general de esta instrucción".
La jueza recuerda que la Fiscalía ha impugnando todos los recursos sobre esta cuestión planteados por Álvarez Conde, de manera que se ha opuesto a tildar de prospectiva la presente instrucción, utilizando entre sus argumentos jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Sin embargo, el teniente fiscal del alto tribunal, Luis Navajas, dictó un escrito sobre Casado que no solo supone un giro en la posición del Ministerio Público en este procedimiento, sino que puede condicionar el futuro del caso, cuando advierte que abrir una causa contra el líder del PP "sería meramente prospectiva".
De esta forma, la magistrada pide a la Fiscalía de Madrid si, tras el escrito del fiscal del Supremo, "se está ordenando un cambio de interpretación que tenga incidencia en la parte del procedimiento que pende ante este Juzgado de Instrucción".
"Resulta necesario pedir expresamente a la Fiscalía que ilustre a esta instructora sobre este particular, a efectos de dictar, en su caso, las resoluciones oportunas", señala la jueza que recuerda que en esta causa "se dan supuestos idénticos al que motivó elevar la exposición razonada de la pieza C, siendo el único elemento diferenciador el carácter aforado o no de los investigados", una cuestión que considera "irrelevante".
Ya el pasado viernes, tras hacerse público el informe del fiscal del Supremo, la jueza solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre el archivo de la causa en relación a tres compañeras de promoción del máster que cursó el líder del PP y un compañero de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Sánchez, que te pierdes / Ramón Cotarelo *

No cabe estar más de acuerdo: Quebec es un ejemplo de que la política puede buscar soluciones. Hubiera dicho mejor que "el Canadá es un ejemplo, etc", porque si el Canadá hubiera actuado como la España de Sánchez, Quebec no sería ejemplo de nada. Pero no importa. Se entiende su buena fe. Quebec... y Escocia, que también es ejemplo de lo mismo.

Anda Sánchez explorando las vías del diálogo y la política. Y tratando de dar crédito a sus intenciones. De ahí los debates sobre los indultos, que tanto interesan a los medios. Se trata de encajar el diálogo "dentro de la ley" con la "empatía". 
La fórmula, en realidad, es un globo sonda: tantear a los independentistas para saber si aceptarían negociaciones con la promesa de un indulto en el caso de que haya sentencias condenatorias.

Por si acaso, los guardianes del PP ya pretenden prohibir la nefanda práctica de indultar delincuentes (salvo que sean corruptos) y hacerlo por ley avant la lettre pues, de momento, no hay ningún condenado por rebelión ni sedición.

El independentismo no puede aceptar esta propuesta porque no puede admitir la existencia de presos políticos por más que las autoridades se obstinen en llamarlos de otra manera. Lo suyo, por tanto, es seguir adelante en la construcción de la República. 
Sánchez tiene una ocasión de oro para explicitar en qué consisten sus propuestas políticas que tan bien han comenzado, tanto y para tan largo prometen, pues sigue hablando de años y años. Simplemente, un indicio: ¿de qué orden es esa propuesta política?

Si Quebec y Escocia son ejemplos de algo es de la forma pacífica, democrática y clara de resolver un conflicto idéntico al que hay entre España y Catalunya. Y lo han resuelto con una fórmula sencilla que el Estado español se niega a emplear contra toda razón y derecho: un referéndum de autodeterminación en Catalunya, pactado, legal, vinculante, con observación internacional y sin secuelas negativas sea cual sea el resultado.

Lo que ni veo es cómo Sánchez va a convencer a las demás fuerzas parlamentarias a seguir esos ejemplos. Más probable parece que dichas fuerzas obliguen a Sánchez a seguir un camino contrario a los ejemplos de Quebec y Escocia.



(*)  Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED