martes, 27 de febrero de 2018

La prensa española victimiza a Felipe VI por los lazos amarillos

BARCELONA.- Como si de delincuentes se tratara, la prensa española vuelve a dedicar hoy gran parte de su información política a cargar contra los líderes del procés, mientras se llena —de nuevo— de elogios para el rey Felipe VI por su papel en la cuestión catalana, sobretodo desde su discurso del paro de país del 3 de octubre, que ignoraba por completo a los heridos por la policía española durante la jornada del referéndum del 1-O, como ha hecho desde entonces con todo lo relacionado con los ataques a la democracia sufridos por la política catalana, así como por la ciudadanía de Catalunya, según un análisis de www.elnacional.cat

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelve a ser el centro de las miradas de los diarios de Madrid, que la critican con fuerza por, a su juicio, ponerse al lado del soberanismo y "actuar en contra de los intereses de los ciudadanos". También aparece la posibilidad de que Jordi Sànchez sea el candidato de JxCat para presidir la Generalitat, cosa que acabará guiando a Catalunya "por los cauces de la autodestrucción", al mismo tiempo que vuelve a salir la figura del Monarca por haber sido recibido con lazos amarillos por parte de algunas personalidades catalanas en el pabellón del Mobile World Congress (MWC) de Catalunya.

Fijándose, como ya viene siendo habitual, solamente en los beneficios que el Estado español puede sacar del MWC, vuelven a lanzar la advertencia de que la situación política que vive Catalunya puede desplazarlo a otro país del mundo. Y lo hacen sin tener en cuenta que, por ejemplo, Telefónica defendió ayer Barcelona como "el mejor lugar del mundo" para el Mobile, que el director de Fira de Barcelona dejó claro que no ve peligro en el futuro del Mobile o que el propio director del Mobile Barcelona Capital ya aseguró el domingo que "el plantón al Rey no nos afecta".

Sectarismo y populismo

"El separatismo pacta hacer presidente al preso Sànchez". Este es el título con el que El País abre su portada de la edición en papel, que va aún más allá en su editorial bautizado como "Sectarismo intolerable", donde emplazan a las instituciones catalanas a "hacer su trabajo y no populismo", mientras les atribuyen la capacidad de ser los únicos que pueden "cerrar las heridas", así como de "recuperar la normalidad democrática" y la "convivencia armónica y civilizada que cimente el bienestar de los ciudadanos".

Convencidos de que España "vive en un estado de derecho desde la Transición", el diario citado vuelve a llenarse de elogios hacia el rey Felipe VI por "no solo haber sabido cumplir con su cometido, sino además explicárselo didácticamente a quien ignora el suyo". Pero eso no es todo. Tienen claro que si aún no hay Govern formado no es por culpa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, sino por "las divisiones entre las formaciones independentistas que suman mayoría en el Parlament", pero también por "la obstinación de Puigdemont en su empeño de ser investido president a pesar de haber huido de la justicia".

Por todo ello consideran que tanto el presidente del Parlament, Roger Torrent, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han "equivocado de ventanilla" porque "en lugar de reclamar en donde corresponde, han elegido al Rey como blanco de sus reproches, en una actitud cargada de sectarismo, populismo, pésima educación y, sobre todo, incapacidad para distinguir sus ideas particulares del cargo institucional que ambos ocupan". Justamente en este punto, vuelven a insistir, como ya hacían ayer, que Colau "actúa en contra de los propios intereses de los ciudadanos a los que debe representar" poniendo en riesgo, por ejemplo, la continuidad del Mobile World Congress.

A su juicio, tanto Torrent como la alcaldesa de la capital catalana están "liderados" por Puigdemont "en sintonía con las escaramuzas en las calles y el bloqueo político" y cargan contra ellos por no tener la fuerza política suficiente como para "generar un nuevo conflicto que ni Catalunya ni Barcelona merecen". Y es en ese momento que vuelven a felicitar a Felipe VI por su discurso del 3 de octubre cuando, siempre según su punto de vista, "tuvo que trasladar un mensaje de firmeza y confianza a todos los españoles para atajar cualquier tentación de imponer la independencia".

La tribu de la autodestrucción

Destacando que "La Generalitat se burla del 155 y recibe al Rey con lazos amarillos", El Mundo critica a la edil de la Ciudad Condal en su editorial titulado "Colau o el regreso de la tribu", donde ponen de relieve que "la responsabilidad a veces consiste en ignorar las provocaciones, pero en la mayoría de los casos exige tomarlas en serio y darles respuesta firme".

Como el diario anterior, este también se llena de alabanzas a Felipe VI por, "en aras del interés general de Catalunya y de toda España", haber "defendido su permanencia en Barcelona al precio de recibimientos hostiles y desplantes bochornosos del nacionalpopulismo, actitud que retrata a la vez la mediocridad de sus correligionarios y la dignidad del jefe del Estado".

Con estos argumentos bajo el brazo, aseguran que "el soberanismo discurre por los cauces de la autodestrucción, lo que obliga al constitucionalismo a proteger Catalunya primeramente de aquellos que más dicen amarla" y aprovechan la ocasión para cargar contra el Gobierno de Mariano Rajoy por no haber aplicado con suficiente fuerza la norma suprema y no haber destituido al secretario catalán de Telecomunicaciones, Jordi Puigneró, "cuando anunció su desafiante plantón al Rey".

Pero esta vez, y según su visión de las cosas, Colau "merece un capítulo a parte". Y lo merece por "sus desaires al Estado con demagógica cuquería, entre el electoralismo ostentoso y la docilidad privada", pero también porque "su sentido institucional, si alguna vez lo tuvo, fue ahogado por el sectarismo". Un "sectarismo" que, aseguran, demuestra cómo "ha renunciado a la representación de todos los barceloneses en beneficio de la minoría que aplaude su repertorio gamberro". ¿Su conclusión? La tienen clara: "El comercio y las instituciones se inventaron para superar a la tribu. Pero hay quien añora el primitivismo".

Pulso al Estado

La Razón, de su lado, que publica hoy que el Supremo prohibirá a Jordi Sànchez salir de la prisión para su investidura, reclama "un presidente serio" para Catalunya. En su editorial, se lamentan de que "el único avance producido es que alguien que está encausado por sedición y rebelión se ponga al frente de la Generalitat" y, precisamente por eso, cargan contra Sànchez porque, a su parecer, "todo indica que persisten en mantener el pulso al Estado, seguir con el plan de ruptura y situar a las instituciones de autogobierno en la inestabilidad permanente".

En este sentido, instan a Sànchez a "no seguir comparándose con un miembro de ETA que tuvo el permiso del TSJ de Navarra para salir de la cárcel, en 1987, para pronunciar su discurso de investidura como candidato a lehendakari", en referencia a Juan Carlos Yoldi, que fue candidato de Herri Batasuna mientras estaba en prisión preventiva.

Por todo ello aconsejan que "si lo que se busca es apaciguar un enfrentamiento que se extiende demasiado en el tiempo", no sigan por este camino porque, subrayan, "desde el punto de vista legal no hay salida". Así pues, advierten, la posible candidatura de Sànchez "sobre el que recaen graves acusaciones, supondría apostar por la inestabilidad".

Si la opción para la presidencia de la Generalitat es hacer a Sànchez president efectivo y a Puigdemont president simbólico, los de Francisco Marhuenda tienen claro que "está claro que Catalunya seguirá en una situación de bloqueo, sin un gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos".

650 juristas de toda España denuncian en Europa la vulneración de derechos en Catalunya

BARCELONA.- Nueva denuncia al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa contra la vulneración de derechos humanos en Catalunya por parte del Estado español durante la jornada del referéndum del 1-O, impulsada por el Colectivo Praga y que suscriben 650 juristas de toda España.

El informe enumera todos los palos en las ruedas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido poniendo a Catalunya, a sus instituciones y a sus ciudadanos, como, por ejemplo, usar la vía de la judicialización para evitar dialogar con los representantes catalanes, la represión "con serias vulneraciones de derechos y libertades" o la suspensión de la autonomía, entre muchísimas otras cosas.
Tras repasar la jornada del referéndum, el cómo se llegó hasta allí y lo que pasó luego, el Colectivo Praga recuerda que el Ejecutivo convocó elecciones en Catalunya bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución española, y que, aún así, no se ha tenido en cuenta el resultado de la voluntad de los millones de catalanes que votaron ese 21-D.

Derechos reconocidos

Precisamente por todo ello piden al comisario "una investigación independiente y completa" de la vulneración, sobretodo, de los derechos de libertad de expresión y de reunión, de ser elegido y de no ser discriminado por opiniones políticas, el derecho a la libertad, al juez imparcial, a la doble instancia en el ámbito penal y a la preparación de la defensa. Derechos que están contemplados por el mismo Consejo de Europa de Derechos Humanos (CEDH).
Y no solo eso. También exigen "la prohibición de tratos degradantes" y reclaman el principio de legalidad penal, uno de los más importantes en derecho penal y que predica que no hay delito ni pena sin ley previa y, en este caso, no la hay.
En este sentido apuntan al hecho de que la imputación por los delitos de rebelión, sedición y malversación "no es sostenible a la luz del tenor literal de la ley penal y de la consolidada jurisprudencia sobre tales delitos" porque, aseguran, "no se cumple con el estándar de 'previsibilidad' y de interpretación 'estricta' en materia penal que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".
El informe detalla punto por punto cada actuación que constata la vulneración de estos derechos y lo justifica con los artículos correspondientes de las distintas leyes en las que aparecen.

Dastis habla con su homólogo suizo sobre "temas que puedan afectar" sus relaciones

GINEBRA.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy que ha hablado por teléfono con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, sobre "todos los temas que puedan afectar" las relaciones bilaterales, entre los que se encuentra la reciente huida a Suiza de la dirigente de la CUP Anna Gabriel.

"He hablado por teléfono con él, porque habíamos tratado de tener una cena, pero no fue posible porque yo ayer llegué tarde", señaló Dastis en declaraciones tras reunirse con la directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Laura Thompson. "Y hemos hablado de nuestras relaciones y de todos los temas que puedan afectarlas", recalcó.

Preguntado específicamente si esta conversación incluía la presencia de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel en Ginebra, Dastis no mencionó a la política independentista pero enfatizó que habló con Cassis "de todas las cuestiones que pueden afectar nuestras relaciones". 
"Hemos quedado en que nos vamos a ver pronto", dijo el ministro español.

Hace pocos días en Teherán Dastis afirmó que "ya veremos" si la decisión de Gabriel de no comparecer como investigada por rebelión en el proceso separatista catalán ante el Tribunal Supremo (TS) español y de quedarse en Suiza acaba afectando a las relaciones entre los dos países.

Entonces el ministro aseguró que no había tenido ocasión de hablar con su homólogo suizo, pero que en cualquier caso era partidario de esperar a ver "cómo se desarrolla la acción de la Justicia".

¿Qué piensan los catalanes de la monarquía? / Sergi Alcàzar *

La cacerolada y el plantón institucional al Rey en la cena de inauguración del Mobile World Congress evidenció el rechazo que genera el Monarca en la sociedad catalana. El clima de enorme tensión por la llegada del Monarca a Barcelona no resulta extraño si se observa la baja popularidad de la Corona, que recibe un suspenso mayoritario por parte de los catalanes.

El último barómetro de opinión pública del Centre de Estudis d'Opinió (CEO), que recogía el clima político posterior al 1-O, evidenciaba el malestar de la sociedad catalana con el monarca español, que en su discurso posterior al referéndum no hizo ninguna mención —ni condena— respecto de la violencia policial en la jornada del referéndum, que dejó un balance de más de 900 heridos.

Una amplia mayoría, seis de cada diez catalanes (60,3%), no tiene ningún tipo de confianza con la Monarquía y le da a un 0 sobre 10, lo que confirma la tesis del rechazo masivo a la Corona. Pero es más: prácticamente cuatro de cada cinco (77,9%) la suspenden, es decir, le dan una puntuación de cuatro o inferior. De hecho, en cómputo global, los catalanes otorgan a la institución un paupérrimo 1,82, medio punto menos que en el barómetro anterior (2,36).

Comparar estas cifras con la popularidad en el conjunto de España es hoy por hoy muy complicado. Y es que el CIS —el equivalente del CEO para el conjunto del Estado— no pregunta sobre la Monarquía desde hace prácticamente dos años [en abril del 2015], diez meses después del nombramiento del rey Felipe. Quizás tiene que ver con que la última vez en que se va pregunta la Corona, el indicador 'ninguna confianza' (0) llega al 21,7% de los españoles. Un rechazo histórico a España.

Sin apoyos 

El Rey y su familia ni siquiera aprueban entre los catalanes a más veteranos, que son más conservadores. De hecho, un 58,6% de los ciudadanos mayores de 65 años lo suspenden (un 45,9% le otorgan un 0). La puntuación de confianza en esta franja de edad ni siquiera llega a un 3: se queda en un 2,82 de media. Por el contrario, la franja de 25 a 34 años es la más beligerante con el Monarca.

La monarquía es, gracias a este bajo apoyo, la institución menos valorada a Catalunya. Y después de la intervención policial y la represión de las instituciones, la Corona no consigue superar otras instituciones rechazadas por el sector soberanista como el gobierno español (2,03), el Tribunal Constitucional (2,76) o la Policía Nacional y la Guardia Civil (3,40).


(*) Periodista



Carta al rey de España / Jordi Galves *

Señor, que vuestra augusta majestad tiene una particular predilección por la ciencia política y por la buena gobernanza de vuestro reino, de acuerdo con los principios ilustrados, es bien notorio. 

No en vano, apenas proclamado monarca constitucional, hicisteis cambiar de vuestro despacho de gobierno el retrato de vuestro antepasado Felipe V por otro más significativo, el del rey Carlos III, el rey alcalde de Madrid, el monarca partidario del fomento económico y del avance permanente de las ciencias, aunque, cabe decir también, que su sincera preocupación por el pueblo fue la misma de todos los ilustrados. La de la máxima preocupación por el pueblo pero sin contar para nada con el pueblo. 

En este sentido, siendo como sois conocedor de las limitaciones del sistema democrático parlamentario actualmente vigente, el cual, tiene el peligro de desentenderse de la sociedad, de recluirse y aislarse en sí mismo, como durante los reinados de vuestros antepasados Alfonso XII y Alfonso XIII, formalmente y ceremonialmente democráticos pero que, en realidad, sólo perpetuaron el dominio de las oligarquías económicas y de los intereses de las sociedades anónimas por encima de las necesidades de la sociedad española en su conjunto.

Tampoco ignora vuestra real persona que el pueblo catalán, actualmente incluido dentro del conjunto de los pueblos de España, ni pertenece ni ha pertenecido jamás a la cultura castellana, abusivamente y tradicionalmente llamada española y que, por lo tanto, más allá de la legítima reivindicación política de independencia por parte de muchos de vuestros actuales súbditos, Catalunya constituye nítidamente una sociedad diferenciada y perfectamente identificable. 

Los catalanes, Señor, no somos ni mejores ni peores que otros pueblos de vuestro reino, pero tenemos rasgos diferenciales bastante importantes para subrayar una vez más que la distinción entre catalanes y no catalanes es política y socialmente útil y que, además, concuerda plenamente con la realidad de las cosas. El hecho vivo de Catalunya, tal como lo denominó Francesc Cambó ante vuestro antepasado el rey Alfonso XIII, no es una idea reciente ni espuria. No apareció al calor del malvado nacionalismo catalán del XIX, ni tampoco fue una perversa invención de unas determinadas oligarquías egoístas para romper una hipotética nación natural y milenaria llamada España.

Si nos remontamos, por ejemplo, hasta la Edad Media, origen de vuestros derechos dinásticos, veremos que las identidades colectivas e individuales eran fenómenos muy diferentes a los que hoy podemos constatar, pero ciertamente tan vivos como hoy. Dignos también de atención y de interés. Y podemos ver claramente que la cultura política de Catalunya era ya entonces muy diferente de la de Castilla, como testimonia una conocida anécdota recogida en la Crónica de vuestro antepasado catalán, el rey Pedro el Ceremonioso.

 Su padre y también antepasado vuestro, Alfonso el Benigno, habíase desposado en segundas nupcias con Leonor de Castilla, reina dominante y autoritaria, incapaz también como tantos antepasados vuestros, de comprender y de aceptar la diferente cultura política de la nación catalana. El caso es que, con motivo de las donaciones hechas a la nueva reina por parte del rey Alfonso, estalló una feroz revuelta en Valencia, comandada por Guillermo de Vinatea. Y mientras que el rey se esforzaba por encontrar una solución de compromiso, la reina irritóse enormemente reclamando a su marido que la rebelión debía abordarse de manera contundente y sanguinaria, sin contemplaciones. 

Sus palabras, según la Crónica fueron estas: “Señor, esto no lo consentiría el rey don Alfonso de Castilla, nuestro hermano, que él no los degollara a todos.” Inmediatamente se escuchó la respuesta del monarca catalán:Reina, reina, el nostre poble és franc (lliure) e no és així subjugat com és lo poble de Castella; car ells tenen a Nós com a senyor, e Nós a ells com a bons vassalls e companyons. 

El derecho a la palabra libre e incluso a la confrontación política con el monarca forman parte de una manera de entender la jerarquía y la administración legítima del poder muy catalana. Sería bueno, Señor, para vuestro buen hacer y benéfico reinado que no menospreciarais en nada la moral del episodio.



(*) Medievalista



Puigdemont pide un acuerdo para desplegar la República y gestionar la autonomía

GANTE.- El president, Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que no tiene "vocación de símbolo", a la vez que ha instado a encontrar un acuerdo entre las fuerzas independentistas que permita "seguir desplegando la República catalana y seguir gestionando un gobierno autónomo".

"Tenemos que encontrar una solución para seguir desarrollando la República catalana y seguir gestionando un gobierno autónomo", ha expresado en un acto en Gante (Bélgica) organizado por la sección juvenil del partido liberal flamenco Open VLD al cual han asistido un centenar de jóvenes.
De esta manera, Puigdemont ha defendido su apuesta por encontrar una solución que permita un gobierno bicéfalo con una dirección en Bruselas, dedicada a desarrollar la República, y otra en el Palau de la Generalitat, para gestionar la autonomía. El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, es el nombre que las negociaciones han situado encima de la mesa como posible candidato a liderar el Govern desde Catalunya.
Puigdemont ha hecho estas declaraciones después de ser preguntado por si ser considerado como un líder "simbólico" puede ser una solución para desencallar la situación política a Catalunya. "No tengo vocación de símbolo", ha contestado.
Ha argumentado que su "autoridad" proviene del Parlament y ha continuado su explicación afirmando que si la Cámara toma la decisión de no investirle como president acabará su mandato. No obstante, ha advertido que "la única autoridad que puede tomar esta decisión es el Parlament".
Además, preguntado por cuáles son los próximos pasos dos meses después de las elecciones del 21 de diciembre, Puigdemont ha asegurado que las fuerzas independentistas están "cerca" de conseguir un acuerdo para formar un gobierno en Catalunya.

Draghi, gé­lido con Guindos / Carlos Segovia *

La relación entre el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y el que será su vicepresidente en la recta final de su mandato, Luis de Guindos, no va a ser fácil. El italiano habló con el ministro muy amablemente en privado cuando éste fue nombrado por el Eurogrupo, pero se cuida muy mucho de elogiarlo en público.

De hecho, ayer se produjo la primera fricción. El italiano no hizo la más mínima mención a la cualificación de Guindos para ser vicepresidente del BCE y, al contrario, dejó claro implícitamente que no le parece bien que un ministro del Eurogrupo desembarque en su institución por aquello de que debe ser independiente del poder político.

Aprovechó una pregunta de la socialista francesa Pervenche Berès en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo sobre el aterrizaje del español en Fráncfort para proclamar que "la independencia del BCE está asegurada en el tratado y que será protegida por el tratado más allá de cualquier perfil personal". En vez de decir que conoce a Guindos y que está seguro de que defenderá la independencia del banco, soltó ese argumento defensivo.

Su frialdad coincide con la actitud del Gobierno italiano, que fue el último en dar su visto bueno al nombramiento del español. Es un reflejo del malestar que existe en la cúpula del BCE con la candidatura de Guindos, como ya publicó este diario durante la reunión de Davos el pasado enero. 

En la trastienda está que Draghi maneja el comité ejecutivo del BCE a su antojo ante la falta de vocales con personalidad. Ni el actual vicepresidente, el portugués Vitor Constancio, ni miembros como el belga Peter Praet o el francés Benoît Coeuré tosen al italiano. Guindos, de fuerte personalidad, sí puede replicar a Draghi en el último año de mandato de éste.

El ministro español ya apuntó durante su discurso ante la misma instancia parlamentaria que lo que él podía aportar al BCE es "visión de conjunto", como si Draghi y el resto de tecnócratas del comité ejecutivo carecieran de ella. Guindos argumentó que la política monetaria del BCE "no es todopoderosa" y remarcó que no habría tenido éxito si los ministros del Eurogrupo no hubieran diseñado la Unión Económica y Monetaria.

El español también se revolvió cuando el eurodiputado Ernest Urtasun le sacó el tema de la independencia del BCE. Dijo que defenderla no estaba reservada a Draghi y compañía, sino a todos los europeístas que creen en ella, ya sean eurodiputados o ministros. 

Una de las grandes paradojas del nombramiento de Guindos es que la izquierda española, con tal de atacarlo, dice ahora que los políticos no deben ir al BCE, cuando es lo que han defendido tradicionalmente como bien recuerdan estos días los ex ministros socialistas José Borrell o Valeriano Gómez. 

También tiene su ironía para ex ministros del PP como Elvira Rodríguez que Guindos defienda pasar del Gobierno a órganos reguladores cuando fue reacio en el caso de ella en la CNMV.

Pero el problema de Guindos no es el Parlamento Europeo. Tampoco la opinión del BCE que, aunque no será entusiasta, no le será negativa. Además, no es vinculante. Lo importante es su función futura en Fráncfort y su capacidad de adaptación. Draghi mostró ayer que no se lo va a poner fácil.


(*) Periodista



http://www.elmundo.es/economia/2018/02/27/5a94656ce2704ee6638b4631.html

Podemos e IU coinciden en despegarse de la marca Unidos Podemos para las autonómicas

MADRID.- Podemos e IU llevan semanas manteniendo contactos informales para negociar la confluencia con la que competirán en las elecciones de 2019 y, aunque aún no han bajado aún al detalle de nombres o candidaturas, coinciden en el objetivo de buscar una marca “que sume” e identifique a todos.

La decisión va a corresponder a los inscritos en cada uno de los territorios, según recuerdan fuentes de la formación morada, que niegan que IU les haya trasladado que la “marca Podemos” pueda ser un lastre en las próximas citas electorales.
Insisten en que, a día de hoy, la marca y las candidaturas no son un asunto que esté sobre la mesa, aunque son conscientes de que hay voces en la formación de izquierdas que apuestan por despegarse del nombre de Unidos Podemos, con el que concurrieron a las generales del 26J.
Aquella fue únicamente una alianza nacional, ya que en los comicios municipales de 2015 el partido de Pablo Iglesias no concurrió con su propia marca, sino con otras formaciones en candidaturas de unidad popular; y en las autonómicas, IU y Podemos se presentaron por separado.
De tal forma que ahora, de cara a las municipales, autonómicas y europeas de 2019, lo tienen todo por explorar, y eso ha acrecentado el debate sobre la marca que imprimirán en las papeletas, asunto que la dirección morada recalca que no ha empezado ni a plantearse.
IU ya alertó a principios de año del “desgaste” preocupante de Podemos en los sondeos y urgió al partido de Pablo Iglesias a redefinir antes de Semana Santa los términos de su confluencia para diseñar una alianza en la que Alberto Garzón pide más visibilidad.

Podemos cae en Andalucía e IU sube

El Estudio General de Opinión Pública de Andalucía conocido este lunes, en el que Podemos cae en esa comunidad 6 puntos y medio hasta el 10’5 por ciento, mientras que IU sube 2’6 hasta el 8,3, ha reforzado a quienes creen que hay sectores de la izquierda “desmovilizados”, y ese debe ser el objetivo en los próximos meses.
De momento, los contactos que Podemos ha mantenido con sus aliados de IU y otras fuerzas como Equo se han centrado en poner en común y pensar juntos cómo afrontar una “operación de alta complejidad”, que implicará a más de ocho mil municipios, además de coincidir con las elecciones autonómicas y europeas.
Lo único que tienen totalmente claro en ambos lados es “la voluntad política” de confluir y pueden quedar meses para que empiecen a hablar de nombres y candidatos.
A esto hay que sumar que en último término serán los inscritos en cada territorio los que tomen esa decisión, y eso puede dar lugar a que no en todas las localidades se presenten con el mismo nombre, que en algunas decidan apostar por otra marca, como ya hicieron en otras convocatorias, o que incluso haya pueblos o ciudades donde no descarten concurrir como Unidos Podemos. Y luego están las particularidades de las confluencias en cada territorio.
No es lo mismo la relación que mantienen en Andalucía la alianza entre la coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, y el líder de IU, Antonio Maillo, que las confluencias que pueda construir en Madrid el potencial candidato de la formación morada, Íñigo Errejón.
Errejón no ha oficializado aún su candidatura, pero tiene claro el beneficio de formar tándem desde la Asamblea de Madrid con Manuela Carmena en el ayuntamiento de la capital.
Hay otras incógnitas por resolver, como si se repetirá la alianza con Compromìs en la Comunidad Valencia, que no parece que tenga ya tantos partidarios; o qué pasará en Baleares, donde fuentes de la dirección de Podemos reconocen que un buen perfil como candidato puede ser el del juez y diputado Juan Pedro Yllanes.
Para la formación morada, además, será la primera vez que se enfrente al reto de unas elecciones municipales y eso les hace querer atar las cosas bien y despacio, porque queda más de un año para los comicios.
Aunque Iglesias recientemente insistía en que el nombre no va a ser el problema: “A mí la cuestión de los nombres me parece secundario. Si hay que cambiar las cosas, se cambian, eso no va a ser ningún problema“, decía el 9 de febrero en una entrevista en TVE.

Montoro avisa a las CC AA sobre la desaparición del FLA

MADRID.- Sobre la reestructuración de la deuda autonómica, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado hoy que se está empezando a abordar y ha reiterado que no tiene sentido que el Estado se financie de aquí a futuro a través de la amortización del principal de la deuda o con intereses que vienen de la deuda contraída con el propio Estado.

Por ello, el Ejecutivo pretende eliminar "progresivamente" los mecanismos excepcionales de financiación, como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y entonces reestructurar la deuda y negociar los plazos de vencimiento y los tipos de interés de esa deuda frente al Estado.
Preguntado sobre si el Gobierno espera aprobar la reforma de la financiación autonómica este año, Montoro ha respondido que "en eso se está trabajando", y ha puesto como ejemplo la "total coincidencia" de los partidos en la nueva Ley de Contratación del Sector Público, lo que supone una "expresión" de que "se puede y debe coincidir en leyes fundamentales", como financiación autonómica y local. "Aspiramos a que exista esa coincidencia, vamos a seguir trabajando estos días para buscarlo", ha añadido.
Asimismo, Montoro ha explicado que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahora llevarla adelante ante la falta de unas nuevas cuentas públicas.
Tras reunirse ayer con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro ha indicado que el objetivo es conseguir que el concepto de "inversión financieramente sostenible" sea "más amplia" del aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos.
"La intención del Gobierno es que las corporaciones locales utilicen la totalidad de la inversión financieramente sostenible que ponemos a su disposición", ya que la actual no ha sido plenamente utilizada, ha señalado.

La FEMP "vigilará" a Montoro para que cumpla su compromiso sobre el superávit


MADRID.- El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha dicho hoy que la cesión del Gobierno para que los ayuntamientos usen su superávit se debe a la unidad del movimiento municipalista, y ha indicado al ministro Cristóbal Montoro que estarán vigilantes y en 20 días "revisarán" que esté aprobado el decreto comprometido.

En rueda de prensa al término de la cumbre local que ha reunido en Madrid a cerca de 300 alcaldes, presidentes de Diputación y cargos electos, Caballero ha insistido en que los alcaldes "se creen" la palabra del ministro pero "por si las moscas" van a estar muy atentos para que se garantice su cumplimiento.
Caballero ha asegurado que esta es la primera vez que se hace una reunión de estas características en la FEMP, "y la primera vez que habrá un decreto ley de forma exclusiva para necesidades de ciudadanos de los 8.125 ayuntamientos de España".
El presidente de la FEMP se ha mostrado convencido de que la cesión del Gobierno de España se debió a que eran conscientes de "la fortaleza" de la cumbre, que reunió a cientos de alcaldes y electos, pero también al hecho de que los ayuntamientos son la única administración que lleva "cinco años con superávit estructural".
Caballero también ha informado de que en la cumbre se ha acordado remitir hoy al Ministerio de Hacienda el listado de las actividades que los ayuntamientos proponen para invertir los 5.000 millones de remanente de 2017, y que son: infraestructuras educativas, sociales, culturales, deportivas, de seguridad y protección civil y vehículos para servicios de seguridad y protección civil.
El responsable de la FEMP ha explicado que el margen de tiempo que manejan los ayuntamientos para realizar estas inversiones acaba en abril de 2019, cuando se convoquen las elecciones autonómicas y municipales.
Ha remarcado al respecto que "esa es la razón del decreto" ya que los ayuntamientos no pueden esperar al presupuesto del mes de junio "porque es tarde y porque estamos fuera de espacio y tiempo, y eso es algo que el Ministerio de Hacienda ha entendido".
En la comparecencia de prensa, Caballero ha valorado que ayer, en la reunión con Montoro, se acordase "por primera vez en la historia de la democracia" que la financiación local entrase en la agenda de la financiación autonómica y se negociase en paralelo.
Caballero, que ha insistido en constatar la "unidad de opinión" y la "casi unanimidad" de los alcaldes, ha hecho hincapié en la negociación para un techo de gasto eficiente y ha lamentado que el actual "fomente el gasto y penalice el ahorro" y eso, ha dicho, "es una estupidez política".
Ha añadido que otro de los mandatos de la cumbre local es negociar con el Ministerio de Hacienda un techo de gasto "eficaz, que limite y deje un tope pero de forma eficiente".
También ha explicado que en el foro de alcaldes se ha acordado dedicar recursos a los pequeños ayuntamientos para asegurar la permanencia de la población en el territorio.
Y si no se hace, ha advertido, "después de la desertización humana vendrá la ambiental".
En la reunión se ha abordado también pedir al Gobierno que se "respete la autonomía" de los consistorios para "tomar decisiones y contratar los efectivos que necesiten" para cumplir las tasas de reposición y, por ejemplo, "no tener cola en las mesas de contratación".

Ciudadanos se distancia del PP y desbloquea la reforma de la 'ley mordaza'

MADRID.- La Mesa del Congreso ha acordado este martes poner fin a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas de nueve iniciativas legislativas, la mayoría de la oposición, con lo que podrán continuar su tramitación, que ha estado bloqueado durante meses. En el listado figuran la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o 'ley mordaza', del Estatuto valenciano, de la prisión permanente y de la Justicia Universal.

Esta decisión se ha adoptado por no haber peticiones de ampliación de plazo o, en la mayoría de los casos, al quedarse el PP en minoría defendiendo la prórroga en la Mesa del Congreso.
Ciudadanos, cuyos dos puestos en el órgano de gobierno de la Cámara resultan claves en la mayoría de votaciones, asegura que no ha cambiado de posición y que simplemente rechaza apoyar más prórrogas en iniciativas donde ya tiene listas sus propias enmiendas, según ha indicado el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas.
Sin embargo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sí ve un cambio y lo considera "una buena noticia", y espera que se amplíe a otras proposiciones de ley de corte social. También el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, percibe un "movimiento" en Ciudadanos, que a su juicio ha ayudado al PP a estar "secuestrando un gran número de leyes durante un montón de meses por motivos políticos".
En concreto, los grupos ya podrán presentar este martes, antes de las 20 horas, sus enmiendas al articulado de las dos proposiciones de ley registradas sobre la Ley de Seguridad Ciudadana del ministro Jorge Fernández Díaz, una del PSOE para derogarla y la del PNV para modificarla.
También ha acabado el plazo de enmiendas parciales a la reforma del Estatuto valenciano, que estaba congelada desde noviembre de 2016 y cuya tramitación venían reclamando formalmente desde hace semanas tanto Compromís como el PSOE.

Otras leyes

Se desbloquean asimismo una proposición de ley del PP de reforma puntual de la Ley del Poder Judicial sobre permisos y licencias y otra de Unidos Podemos contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
Por último, ha terminado igualmente el plazo de enmiendas parciales al proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación, que sigue un trámite de urgencia.
Además, se ha puesto fin a las prórrogas del plazo de enmiendas de totalidad --aún quedarán las parciales-- a otras tres proposiciones de ley que en su día ya fueron tomadas en consideración por el Pleno del Congreso y que, para frenarlas, será necesario presentar un texto alternativo porque no basta con pedir su devolución.

Prisión permanente

Una de ellas es la proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable, donde Ciudadanos ya anunció la presentación de un texto alternativo para, sin abordar el concepto de la pena máxima hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, se aboga por endurecer el acceso a los beneficios penitenciarios.
Las otras dos son una proposición de ley de ERC destinada a revocar la limitación de la justicia universal que aprobó el PP cuando tenía mayoría absoluta, y una del PSOE para la reforma de la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas para permitir la rectificación de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales.

Las CC AA bajan impuestos a las herencias y suben los tributos a la compra de vivienda


MADRID.- Bajar los impuestos que gravan las herencias y subir la fiscalidad sobre la compraventa de inmuebles. Esta es la tendencia que se observa cuando se analizan los cambios tributarios aprobados por las comunidades autónomas. El informe anual Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) refleja que las comunidades han aprobado 732 tipos, reducciones, deducciones o bonificaciones. Ello refleja, en opinión del REAF, un órgano especializado del Colegio de Economistas, un uso "exagerado" de las capacidades normativas. 

El REAF señala que hasta cinco autonomías han rebajado el impuesto sobre sucesiones para las herencias entre familiares directos en 2018. Son Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Solo han optado por subirlo Cantabria y Navarra. El REAF divide en dos a las comunidades autónomas en función del impuesto sobre sucesiones, según el resumen de Cinco Días

Para las herencias del grupo I (hijos menores de 21 años), se pagan importes simbólicos en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco. En el resto de comunidades, no se tributa si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en Andalucía se ha fijado un límite de un millón de euros. 

Para las herencias del grupo II (cónyuge, padres e hijos mayores de 21 años), el impuesto sobre sucesiones prácticamente no se paga en Navarra, País Vasco, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. En el resto es posible no tributar, pero hay que cumplir ciertos requisitos.  

El REAF siempre pone como ejemplo la tributación de una herencia de 800.000 euros que recibe de sus padres un contribuyente soltero de 30 años. En 2018, Andalucía es la comunidad en la que menos impuestos se pagarían. La cuota para este ejemplo sería de cero euros, ya que el límite de tributación en la comunidad presidida por Susana Díaz asciende a un millón de euros. Andalucía. 

En Canarias también se pagaría muy poco (134,23 euros). El coste fiscal no superaría los 2.000 euros en Madrid o Murcia. En el lado opuesto, el heredero de 800.000 euros abonaría 155.394 euros en Aragón. Le sigue Asturias (103.135 euros) y Castilla y León (81.018 euros). 

¿Qué sucedería si en lugar de dejar 800.000 euros en herencia a un hijo se realizara una donación por el mismo importe? En este caso, Andalucía sería la comunidad autónoma donde más se pagaría. La cuota alcanza los 208.159 euros. En cambio, prácticamente no se abonaría nada en Canarias (200 euros) y muy poco en Madrid o Murcia (2.000 euros). 

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones lleva años produciéndose una competencia fiscal a la baja. Justo al revés sucede en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En 2018, solo Cantabria ha incrementado este tributo, pero muchas autonomías optaron por elevarlo en ejercicios anteriores. 

Por defecto, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas de segunda mano, está fijado en el 6%. Un gravamen que solo se aplica en Madrid y Navarra. En Canarias es del 6,5% y del 7% en La Rioja y País Vasco. El resto de comunidades gravan la compraventa de inmuebles a tipos entre el 8% y el 10%. Algunas comunidades (Cataluña, Extremadura o Valencia) han fijado gravámenes progresivos, es decir, se paga más cuanto más cara es la vivienda que se compra.

Por la adquisición de un inmueble de 150.000 euros, en Cantabria, Cataluña y Galicia se pagan 15.000 euros frente a los 9.000 euros de Madrid. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, apuntó que no tiene sentido que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales sea tan alto en el contexto actual, donde hay un gran stock de viviendas. También defendió que sería positivo revertir las subidas tributarias cuando la situación económica mejora.  

IRPF
Extremadura y La Rioja son las dos únicas comunidades que han modificado los tipos impositivos en la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta. Aun así, la mayoría de autonomías han aprobado modificaciones en el último año. De hecho, la estructura del IRPF es distinta en cada una de las comunidades autónomas. Cataluña es la comunidad que exige una mayor carga fiscal a las rentas bajas. Extremadura mantiene el IRPF más elevado para las rentas medias y la Comunidad Valenciana para los salarios que superan los 80.000 euros. En el lado opuesto, Madrid es la región que exige un menor esfuerzo fiscal a todas las rentas. 

Impuesto sobre el patrimonio
El tributo que grava con, carácter general, la riqueza neta que supera los 700.000 euros no se aplica en Madrid. Es la única comunidad que no aplica el impuesto. El resto sí que mantienen un tributo que recibe muchas críticas y que se ha suprimido en todos los países de la UE. Las dos únicas excepciones son Francia, que lo eliminará próximamente, y España. 

Tributos propios
El REAF destaca que las comunidades autónomas mantienen 82 impuestos propios. Considera que son excesivos y que además, su incidencia recaudatoria es baja. Solo aporta el 2,2% de la recaudación. Cataluña cuenta con 18 impuestos propios y es la comunidad que más figuras fiscales mantiene. Para el ejercicio en curso ha creado cuatro gravámenes. Tres de estos impuestos han sido declarados inconstitucionales. 

El Parlamento Europeo somete a Guindos a un examen de terciopelo

BRUSELAS.- La esperada y temida comparecencia de Luis de Guindos ante la comisión de Economía del Parlamento Europeo como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo se ha convertido este lunes en un examen de terciopelo. Los principales grupos parlamentarios (populares, socialistas y liberales) han mostrado escaso interés en polemizar sobre el nombramiento del actual ministro español de Economía para uno de los puestos más preciados de la zona euro, según revela hoy Cinco Días.

La audiencia, que arrancó con una hora de retraso por causas ajenas al ministro, se ha desarrollado sin grandes tensiones a pesar de que Guindos llegaba precedido por una polémica sobre su idoneidad para el cargo dada su condición de ministro en ejercicio y el escaso equilibrio de género en la cúpula del BCE.
Guindos se ha defendido con facilidad de los suaves ataques de los europarlamentarios contra sus dos presuntos talones de Aquiles. Lejos de ocultar su condición de ministro se ha declarado "muy orgulloso de pertenecer al gobierno español de Mariano Rajoy" y ha reivindicado su gestión "para convertir una situación de crisis y profunda recesión en una historia de recuperación, crecimiento y creación de empleo". Y sobre el equilibrio de género ha esgrimido su propio reparto de responsabilidades. "De ocho altos cargos del Ministerio de Economía, seis están ocupados por mujeres. Y no solo por una cuestión de equidad, sino también de eficiencia", ha señalado.
La suavidad de las formas durante la sesión parecía inevitable tras la decisión de los socialistas españoles de cambiar su rechazo a la candidatura de Guindos por una abstención, que se materializará este martes en el voto en la comisión de Economía del Parlamento. Sin los ataques procedentes del PSOE, las críticas a Guindos quedaban reducidas a los grupos más de izquierdas, tan previsibles como minoritarias.
El eurodiputado socialista, Jonás Fernández, lamentó que "esta candidatura no haya podido ser una candidatura de país", en alusión a la ausencia de consultas del Gobierno con la oposición antes de elegir al aspirante. Pero evitó ahondar en las críticas y se decantó por preguntas técnicas sobre política monetaria.
El tenor del examen ya quedó de manifiesto durante la comparecencia ante la misma Comisión del Parlamento del presidente del BCE, Mario Draghi. El italiano apenas fue cuestionado sobre el potencial impacto de la llegada a Fráncfort de un vicepresidente recién salido de un Gobierno. "La independencia del BCE está consagrada en el Tratado de la UE y está protegida más allá del perfil de un candidato", zanjó Draghi la cuestión.
Guindo señaló que dejará el Gobierno "la próxima semana como muy tarde", tal y como ha anunciado Rajoy. Y el todavía ministro aseguró que "soy un firme defensor de la independencia de los bancos centrales".
Tras la audiencia de 65 minutos, la Comisión de Economía votará este martes un informe cuyo borrador dictamina, todavía entre corchetes, "una opinión [favorable/negativa] a la recomendación del Consejo de nombrar a Luis de Guindos como vicepresidente del BCE". El dictamen no es vinculante, pero un rechazo podría socavar la capacidad de influencia de Guindos en el nuevo organismo. Sin embargo, dado el talante de las intervenciones de este lunes, todo indica que Guindos puede recibir el aval de la Comisión.
La misma Comisión parlamentaria celebró el pasado 14 de febrero una audiencia extraoficial y a puerta cerrada con Guindos y Philip Lane, el otro aspirante al cargo. Aquella sesión fue mucho más dura y se saldó con una declaración que consideraba al irlandés como mejor candidato que el español. Pero se trataba de un trámite ajeno al procedimiento que en el borrador de declaración que se vota este martes ni siquiera se menciona.
El siguiente paso será un dictamen del BCE, que se hará público el próximo 8 de marzo y que se espera favorable. El pleno del Parlamento Europeo votará el 14 de marzo el veredicto de la Comisión de Economía. Y la cumbre europea del 22 y 23 de marzo oficializará el nombramiento de Guindos, que asumirá la vicepresidencia del BCE el próximo 1 de junio, con un mandato no renovable de ocho años.

'Iberdrola' jubilará a 3.500 empleados para bajar costes

MADRID.- El programa de ahorro de costes lanzado por Iberdrola dentro de su plan estratégico 2018-2022 incluye la prejubilación de unos 3.500 empleados, el 10% de la plantilla actual del grupo eléctrico, según avanza hoy El Confidencial. 

Se trata de una medida de eficiencia que Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía energética, ha prometido a los inversores para reducir los gastos de personal y mantener los márgenes después de que el pasado año se disparasen casi un 20%, hasta los 2.171,5 millones, por la consolidación de su filial brasileña. La división de ingeniería, que el año pasado volvió a perder casi 252 millones, está en el foco.
Fuentes oficiales de Iberdrola han confirmado lo que internamente se denomina “rotación de personal”, porque el objetivo es contratar otros 3.500 empleados, pero con salarios más bajos. Una fórmula para facilitar “la renovación natural del talento y la nueva creación de perfiles para afrontar el nuevo entorno y la digitalización”. 
La compañía sostiene que la plantilla se mantendrá al acabar el plan estratégico en 35.000 personas, por lo que no habrá ningún expediente agresivo de ajuste de personal. Pero otras fuentes advierten de que esta cifra incluye la incorporación de los empleados de Neoenergía, por lo que la suma total distorsiona la foto final.
En 2017, Iberdrola facilitó la salida de 2.689 trabajadores, dos tercios de los cuales eran mayores de 50 años. Por contra, incorporó a 3.210 personas, un 33% de los cuales tenían menos de 30 años. De los actuales 35.000 empleados de la plantilla, 10.400 superan los 50 años, incluido Sánchez Galán, que en 2020 cumplirá 70. La compañia reconoce que tiene en marcha planes de reducción de personal.
De hecho, Iberdrola se congratula de indicar que gestionará un 20% más de activos tras el anuncio de fusión entre Elektra y Neoenergia con los mismos recursos o plantilla, parte de la cual podría ser externalizada para “optimizar los costes y conseguir eficiencias”, según consta en la información oficial remitida a los inversores. 
Lo que Galán, que el pasado año percibió un sueldo de 9,47 millones de euros (25.753 euros al día), quiere es vincular los salarios de los empleados al rendimiento empresarial, con convenios a largo plazo que garanticen la estabilidad de los gastos.
Todo este proceso será vigilado por José Sáinz Armada, el director financiero y de recursos humanos, al que el presidente ha encomendado la tarea de mantener a raya los costes de personal después de la subida del pasado: un 20% más incluidos los trabajadores de Neoenergia y un 3,3% si no se tiene en cuenta esta variable, ya que la fusión se llevó a cabo en la segunda mitad de 2017. El objetivo final es ahorrar unos 1.000 millones de euros que procederán de Brasil y de la reducción de gastos de España.
No se prevén problemas para poner en marcha este plan de prejubilaciones, ya que la relación de Iberdrola con los sindicatos es muy cercana. Así quedó demostrado en la firma del VII Convenio Colectivo, que garantiza la paz social con los representantes de los trabajadores hasta 2020. 
Un acuerdo que suponía, según la compañía, mejoras para los 8.500 empleados de la eléctrica en España, incluidos los 1.200 procedentes de su problemática filial de ingeniería. El grupo agradeció a los negociadores su voluntad para cerrar el acuerdo con el regalo de un reloj último modelo de Apple, una batería portátil y una corbata o pañuelo corporativo, obsequios que fueron criticados por agrupaciones contrarias al acuerdo.
Una forma de ahorrar que Iberdrola tiene en la cabeza es la venta de Iberinco, la subsidiaria dedicada a la construcción de proyectos llave en mano que en los últimos años le ha generado unas pérdidas próximas a los 400 millones de euros. 
Esta compañía, en cuyo consejo de administración está Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha sido calificada como "actividad discontinuada" después de registrar en 2017 unos números rojos de 253 millones y tener que ser rescatada por la matriz por incurrir en caso de insolvencia.
No obstante, otras fuentes indican que los numerosos litigios que tiene abiertos Iberinco dificultan mucho su posible traspaso, especialmente tras los problemas por los que han pasado compañías del sector como Abengoa, Isolux y, actualmente, Duro Felguera
La filial de Iberdrola tiene ahora abiertos conflictos judiciales en Canadá por dos proyectos de biomasa valorados en 240 millones de euros; en Kenia, por la construcción de redes y subestaciones; en Alemania y, sobre todo, en Estados Unidos, por el desarrollo de una planta de gas en Boston por 540 millones.

El preso que hace camino / Ramón Cotarelo *

Vuelve El País por su beligerancia. El "separatismo pacta", una expresión que delata despecho e inquina. No por lo de "separatismo" sino porque "pacta", en lugar de obedecer a la realidad que el periódico lleva meses describiendo y estar a bofetada y navajazo limpias. Y lo del "preso Sánchez" es sublime. A ver si se les escapa "preso político Sánchez", aunque es poco probable. 
 
Más lo es "delincuente Sánchez", con lo que se entenderá Jordi Sánchez; si fuera La Razón, cabría la duda de si el mentado era Pedro. Ahora viene el entretenido juego de a ver cuánto tiempo deja el B155 ser presidente a Sánchez o cuánto pasa hasta que el Supremo decida inhabilitarlo. Habrá sus más y sus menos y, contando con los altavoces en Bruselas y Ginebra, el espectáculo mediático europeo está garantizado. 

Y no solo el espectáculo; también los más profundos debates. Acabo de leer un artículo de un izquierdista alemán en Sozialistiche Alternative, Kampf um Katalonien que da un buen repaso a la izquierda española. Sí, esa que no está dispuesta a comprender el carácter de la revolución catalana. Ni siquiera cuando esta se constituye en República, el régimen que, en principio, debiera reclamar la izquierda española. Pero no lo hace.

La peripecia del Borbón en el IMC ha sido impresionante. Un grito de rechazo de todo un pueblo. Mírelo como quiera el monarca; eso es. Llueve la pedrea de comentarios. A una queja de Ada Colau, Felipe responde que él está para defender la Constitución. Es lo de M. Rajoy pero un grado más porque para eso es rey: Rajoy defiende la ley; Felipe, la Constitución. Pero ni la una ni la otra se pueden defender contra la gente, que es la base de su vigencia, porque, si se intenta, ya no es defender, sino imponer a la fuerza, que es lo que está pasando a ojos del mundo entero. No se hicieron las gentes para las leyes, sino al revés.

Virales se han hecho las fotos con la cara de cabreo, de soberbia herida, del Borbón. Y la de la vicepresidenta del gobierno. Millo se quedó sin cara, escondido detrás de su corbata VERDE, haciendo méritos a calificar de pisaverde. Pero me hubiera gustado ver las caras de los dirigentes de la izquierda española al ver las de sus mandatarios, su rey. Las caras al oír la abrumadora cacerolada, los vivas a la República, los fora el Borbon que se oían en el Palau, el himno de Riego a todo volumen. 
 
Invocando nombres casi sacrales, como Marx y Lenin, el izquierdismo europeo afea al español el apoyo al Estado central reaccionario, asimilándolo al que algunos daban a la Rusia zarista, "cárcel de pueblos". 

"¡Ah!" clama la izquierda española, "España no es el imperio zarista ni una cárcel de pueblos. España es una nación, respetuosa de su diversidad interna". Muy respetuosa, pero muy "su" y muy "interna"; una nación que se puede gobernar toda ella desde la izquierda. Pero, al ser el independentismo republicano, la izquierda se encuentra con la trágica paradoja de que para alentar la nación española tiene que servir a la monarquía. 
 
Esa izquierda no puede propugnar una España republicana porque todo parecido o cercanía al independentismo es anatema electoral. No es que la izquierda española no comprenda la República Catalana; es que no le interesa comprenderla porque la pone ante el espejo de su propia miseria. 

Así que, gracias a su magnánimo, prudente y amoroso comportamiento, Felipe VI ha conseguido ser tan rey de Cataluña como lo es de Jerusalén. Y, despejado este asunto, la República Catalana procederá en breves días a nombrar un gobierno y reconocer la legitimidad de la presidencia de la República en el exilio, transitoriamente. 

Están haciendo camino. Es una revolución. Quien diga que esa República no tiene de tal más que el nombre hará bien en recordar que en España así suelen ser los debates (incluso a muerte por aquello de la bravura de la raza), por nombres. El presidente de la República para los independentistas es un "prófugo" para los unionistas; la República, la Generalitat; los presos políticos, políticos presos; la declaración de independencia, un golpe de Estado; el referéndum pacífico del 1-O, un tumulto sedicioso e ilegal, si no una rebelión violenta y armada que será juzgada en su día con todas las garantías.

Así que no hay que alarmarse. Al fin y al cabo, Catalunya puede tener un presidente preso como podría España misma si las investigaciones de la Gürtel se llevaran con rigor y justicia. 
 
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Finlandia, la última vergüenza / José Antich *

La visita del rey Felipe VI a Catalunya y las importantes protestas que se han producido tanto a nivel institucional como en la calle ha restado importancia a una noticia que, en condiciones normales, hubiera adquirido aún mayor visibilidad: las presiones del Ministerio de Asuntos Exteriores para relevar al cónsul honorario de Finlandia, Albert Ginjaume. 

Aunque ningún portavoz del Ministerio ha hablado sobre el tema, las presiones tienen que ver con un almuerzo celebrado hace unas semanas en el que Ginjaume, en su condición de secretario general del cuerpo consular en Catalunya, invitó al almuerzo mensual que celebran los diplomáticos a la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa.

No consta que el acto fuera especialmente crispado ni que tuviera tintes de proselitismo de la causa independentista que, por otro lado, tampoco sería razón para la medida disciplinaria. La cita se centró básicamente en temas de cooperación municipal  y solo al final se abordó la situación política en Catalunya. Lo dijimos hace unas fechas: el retroceso de las libertades empieza a ser preocupante cuando se violentan derechos fundamentales. 

Si la palabra negociación decayó hace ya tiempo, después pasó a prohibirse hablar de diálogo y se ha acabado prohibiendo la libertad de expresión. El objetivo declarado por parte del Gobierno español de apagar cuantos más altavoces pueda de cualquier alto cargo independentista choca a veces con situaciones tan estrafalarias como la vivida por Ginjaume.

Por otro lado, no deja de sorprender la facilidad con que se consiguen ciertos objetivos. Es cierto que el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo nos previno un día respecto a la cantidad de favores que España debe a gobiernos de diferentes países por pedirles que hablaran en público en contra el proceso independentista. Pero de ahí a presionar a otro país para desplazar a un cónsul honorario por una acción tan inocua como la invitación a un cargo público de una formación independentista va un abismo. 

Y no hace sino demostrar el estado de nervios en que se ha sumido la política internacional española, incapaz de controlar la evolución del conflicto. Este lunes, sin ir más lejos, el diario británico The Times publicaba un editorial en el que pedía a España que autorizara el regreso del president Carles Puigdemont y que se iniciara una fase de diálogo.

Estamos aún muy lejos de este momento pero la posición del diario no es una excentricidad entre los medios de comunicación internacionales cada vez más sorprendidos por la incapacidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy de abrir cualquier contacto político por pequeño que sea. Pensar que se cambiará la opinión pública internacional exigiendo el cese de un cónsul de otro país por una invitación a un almuerzo que no ha gustado es, realmente, no entender nada.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia



https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-consul-finlandia_243102_102.html

ERC acepta la propuesta de JxCat para "legitimar" a Puigdemont en el Parlament

BARCELONA.- El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado que su grupo en el Parlament no presentará enmiendas a la propuesta de resolución registrada por JxCat, que busca dejar constancia de que hay una mayoría en la Cámara favorable a hacer a Carles Puigdemont (JxCat) presidente.

"Ahora mismo no presentaremos enmiendas y ya podemos avanzar que la votaremos a favor", ha dicho Sabrià en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlament que ha rechazado una propuesta de Cs que pedía reconsiderar la aceptación a trámite de la propuesta de JxCat.
Sabrià ha acusado a C's de tratar de "limitar la libertad de expresión y las funciones del Parlament y de los diputados, y de intentar evitar debates en la sede de la soberanía de Cataluña", y ha defendido que en el Parlament se pueda hablar de todo, desde el respeto.
El portavoz de ERC a recordado que la propuesta se registró de forma unilateral por parte de JxCat, pero que eso no significa que estén en contra del contenido y prevén que se pueda aprobar en el pleno del jueves y, "por tanto, legitimar a Puigdemont como ERC ha dicho tantas veces" que buscaba.
Además, ha explicado que su voluntad es alcanzar un acuerdo con JxCat "antes del jueves" que designe al nuevo presidente de la Generalitat, y defina el Govern que pretenden construir para la próxima legislatura.
"Nos gustaría llegar al acuerdo esta semana. Si no es así, trataremos que se haga la semana que viene", ha aclarado Sabrià, que asegura que las negociaciones están encarriladas y que, para ajustar diferencias, el lunes entregaron documentos a la CUP con quienes prevé mantener más reuniones en los próximos días.
Pese a que prevé reuniones en las que participen representantes republicanos, 'cupaires' y de JxCat, el portavoz de ERC no descarta reuniones a dos con el grupo parlamentario de Carles Puigdemont, para acabar de cerrar los últimos "flecos" de un acuerdo que ERC quiere global.

La Eurocámara vota a favor del nombramiento de Guindos como vicepresidente del BCE

BRUSELAS.- La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha emitido este martes un dictamen favorable sobre el nombramiento del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).


"(El Parlamento Europeo) emite una opinión favorable sobre la recomendación del Consejo para nombrar a Luis de Guindos como vicepresidente del BCE", señala el dictamen preliminar, que todavía debe recibir el visto bueno del pleno de la Eurocámara votará en la sesión que se celebrará del 12 al 15 de marzo.
En concreto, el dictamen, cuya votación ha sido secreta, ha recibido 27 votos a favor, 13 abstenciones y 14 en contra en la comisión europarlamentaria.
Además, los eurodiputados han incluido en el dictamen un párrafo en el que piden a los Estados miembros comenzar un proceso de diálogo para "mejorar" el proceso de nombramiento de nuevos miembros del Comité Ejecutivo del BCE.
"Dado que el Parlamento Europeo expresa preocupaciones sobre el equilibrio de género, el procedimiento de selección, el momento del nombramiento y la independencia política, solicita al Consejo que inicie un diálogo con el Parlamento sobre cómo mejorar proceso para los nombramientos", reclama el documento
La opinión del Parlamento Europeo, no obstante, es consultiva y no vinculante, al igual que el dictamen que emitirá el propio BCE el próximo 8 de marzo. El último paso lo darán los líderes europeos, que confirmarán el nombramiento en la cumbre del 22 de marzo.

Montoro quiere rebajar el IRPF a las personas mayores

MADRID.- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha confirmado este martes que el Gobierno trabaja para incluir en los Presupuestos de 2018 una deducción en cuota en el IRPF para reconocer los "costes inherentes" cuando las personas alcanzan una edad "muy avanzada", como los referidos a la discapacidad, y ha avanzado que dará un "tratamiento financiero adecuado" al Tercer Sector en las nuevas cuentas públicas y aprobará el desarrollo reglamentario de la Ley de Contratación del Sector Público.

Así lo ha confirmado Montoro en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la jornada 'Los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público', organizada por la Fundación ONCE, en la que ha señalado que el Gobierno está trabajando en incentivos fiscales para los pensionistas, con la finalidad de incluirlos en los Presupuestos de 2018 que espera aprobar antes de Semana Santa.
Montoro ha explicado que la "idea" del Ejecutivo es aprobar una deducción en el IRPF para reconocer que cuando una persona alcanza una edad "muy avanzada" hay unos "costes inherentes" a la misma, al haber unos costes por dependencia mayores. "Esa es la idea que también llevaremos próximamente a la ley del IRPF"; ha precisado.
Así, Montoro ha detallado que trabaja en una deducción en cuota por edad en el IRPF para los mayores, si bien no ha aclarado a partir de qué edad, aunque ha insistido en que la intención es reconocer los costes inherentes a las personas de edad avanzada.
El titular de Hacienda, que ha recordado que el IRPF ya contempla deducciones en la cuota por discapacidad o por tener personas a cargo con discapacidad, ya adelantó esta medida el pasado mes de noviembre, cuando anunció que la rebaja del IRPF prevista para 2018 y pactada con Ciudadanos incluiría a contribuyentes "con cierta edad" como un reconocimiento a modo de "prima fiscal".
También ha avanzado que en próximas fechas se aprobará un real decreto para el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y que trabaja en los Presupuestos de 2018 para conseguir un "tratamiento financiero adecuado" a las instituciones del Tercer Sector y las ONGs.

Superávit de las CCAA

Asimismo, Montoro ha explicado que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahora llevarla adelante ante la falta de unas nuevas cuentas públicas.
Tras reunirse ayer con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro ha indicado que el objetivo es conseguir que el concepto de "inversión financieramente sostenible" sea "más amplia" del aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos.
"La intención del Gobierno es que las corporaciones locales utilicen la totalidad de la inversión financieramente sostenible que ponemos a su disposición", ya que la actual no ha sido plenamente utilizada, ha señalado.

Financiación y deuda autonómica

Sobre la reestructuración de la deuda autonómica, Montoro ha detallado que se está empezando a abordar y ha reiterado que no tiene sentido que el Estado se financie de aquí a futuro a través de la amortización del principal de la deuda o con intereses que vienen de la deuda contraída con el propio Estado.
Por ello, el Ejecutivo pretende eliminar "progresivamente" los mecanismos excepcionales de financiación, como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y entonces reestructurar la deuda y negociar los plazos de vencimiento y los tipos de interés de esa deuda frente al Estado.
Preguntado sobre si el Gobierno espera aprobar la reforma de la financiación autonómica este año, Montoro ha respondido que "en eso se está trabajando", y ha puesto como ejemplo la "total coincidencia" de los partidos en la nueva Ley de Contratación del Sector Público, lo que supone una "expresión" de que "se puede y debe coincidir en leyes fundamentales", como financiación autonómica y local. "Aspiramos a que exista esa coincidencia, vamos a seguir trabajando estos días para buscarlo", ha añadido.