MADRID.- El Congreso de los Diputados se dió este jueves cuatro meses
más para que la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar una
posible reforma de la Ley Electoral tenga listo el informe correspondiente antes de fin de año.
El Pleno de la Cámara Baja previsto para este jueves dará el visto
bueno a la solicitud emitida por la Comisión Constitucional para
prorrogar los trabajos de la subcomisión para la reforma electoral, que
se iniciaron en abril de 2017.
Desde entonces, esta ponencia de estudio, que dirige el presidente de
la Comisión Constitucional, Jesús Posada, ha recibido media docena de
comparecencias sobre asuntos como el voto electrónico, la participación
electoral de personas con discapacidad o el voto desde el extranjero,
pero aún no ha comenzado el debate de propuestas y recomendaciones.
Los grandes cambios no han encontrado eco
Inicialmente se presentaron propuestas para rebajar a 16 años la
mayoría de edad de voto, estudiar el fin de la Ley D’Hont, propiciar la
elección directa de alcaldes, acabar con las listas cerradas o desterrar
la provincia como circunscripción, pero esas idea no cuentan con
suficiente respaldo para sacar adelante una Ley Electoral, que exige
mayoría absoluta, y además resta poco tiempo de legislatura.
Hace unos meses Ciudadanos abrió una ronda de contactos con los otros
grandes partidos para abordar ejes troncales del sistema electoral,
como las reglas del escrutinio (ley D’Hont), la representatividad o la
circunscripción, pero sólo encontró receptividad en Unidos Podemos,
mientras que el PP y el PSOE mostraron otras prioridades.
Casi un año y medio después de su creación, miembros de la
subcomisión admiten que los objetivos de la reforma serán limitados por
falta de consenso y que se circunscribirán a asuntos como el fin del
voto rogado o la participación electoral de personas con discapacidad,
en los que hay cierto acuerdo entre los grupos.
El voto rogado, que se puso en marcha en 2011, obliga a los españoles
residentes en el extranjero a solicitar previamente el voto en cada
convocatoria de generales y autonómicas, una modificación que hizo caer
en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes
Ausentes (CERA).
Su supresión es demandada por quienes no suscribieron aquella reforma
(IU, Unidos Podemos, Ciudadanos y CC), pero también por casi todos sus
firmantes, especialmente el PSOE, el PDeCAT (la antigua Convergència) e
incluso el PP (sobre todo organizaciones territoriales como la gallega).
El gobierno quiere acabar con el voto rogado
Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, como el propio
presidente Pedro Sánchez han hablado de la necesidad de suprimir el
voto rogado para fomentar la participación electoral de los residentes
en el extranjero.
Ahora bien, aunque hay consenso para acabar con ese sistema, aún no
hay coincidencias sobre qué modelo debe adoptarse en su lugar, sabiendo
que no puede volverse a la legislación previa, que estaba
permanentemente cuestionada por denuncias de fraude.
También hay coincidencias entre los grupos en relación con la
necesidad de garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad, un asunto que la Asamblea de Madrid plasmó en una
proposición de ley de reforma puntual de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (LOREG) que el Congreso ya tomó en consideración y que
se encuentra en estos momentos en fase de ponencia.
El voto de las personas con discapacidad irá rápido
Por tanto, esta reforma puede llegar a ver la luz antes que la
subcomisión electoral concluya sus recomendaciones ya que, según
confirmaron fuentes parlamentarias, la redacción del
informe de ponencia de esa reforma puntual de la LOREG y la aprobación
del correspondiente dictamen en la Comisión Constitucional a priori no
se prolongará más allá de octubre.
En concreto, la proposición plantea modificar los puntos de la LOREG
que prohíben votar a “los declarados incapaces en virtud de sentencia
judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad
para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un
hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que
dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare
expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”.
Según los datos que manejan los grupos, en España hay más de 96.000
sentencias de este tipo en vigor.
