BARCELONA.- La
Generalitat ha minimizado hoy el impacto en la economía productiva de
la fuga de sedes sociales de empresas que ha vivido Cataluña, y ha
reducido a 2.501 el número de "decisiones empresariales" de traslado
tomadas en el período de octubre de 2017 a 31 de julio de 2018.
Estas
2.501 decisiones empresariales corresponden a 3.700 CIF (códigos de
identificación fiscal de las compañías), ya que varios grupos o
consorcios cuentan con varias firmas como es el caso de los financieros u
hoteleros, y su facturación global se eleva a 100.000 millones de
euros.
La
consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, ha facilitado hoy
en rueda de prensa estos datos, extraídos de un informe elaborado por la
Generalitat para analizar el impacto de la fuga de las sedes sociales
de empresas.
La
cifra de 3.700 CIF contrasta con la que maneja el Colegio de
Registradores Mercantiles, que eleva a unas 4.500 el número de empresas
que han trasladado su sede por la inestabilidad política que siguió a
los acontecimientos políticos del pasado otoño.
La Generalitat destaca en su informe que estos 3.700 CIF suponen un 0,59 % de la base empresarial de Cataluña.
Al
conocer estos datos, la principal patronal catalana, Foment del
Treball, ha hecho un llamamiento a no minimizar el efecto que ha tenido
la decisión de grandes empresas catalanas de trasladar sus sedes
sociales a otras partes de España.
El
director de Economía y Estudios de Foment, Salvador Guillermo, ha
destacado que "no se ha ido el señor de la esquina", sino "grandes
empresas del sector de los seguros o del sector financiero".
El
informe de la Generalitat revela también que el 80 % de las empresas
que se han trasladado son micro y pequeñas empresas, y que un 80 %
corresponden al sector servicios, mientras que el 61 % se han ido a
Madrid.
Por sectores, otro 12,2 % de las empresas afectadas eran industriales; el 7 % de la construcción y el 1,2 % de agricultura.
Estos
porcentajes han llevado a Chacón a asegurar que el impacto sobre la
economía "real", la productiva, es mínimo y a relativizar la importancia
de la pérdida de puestos de trabajos, que no se ha cuantificado.
La
tendencia a la salida de sedes sociales empezó a reducirse en el mes de
mayo y la Generalitat considera que se puede hablar de una situación de
normalidad desde el pasado agosto.
En
concreto, en octubre de 217 se produjeron 112 salidas de empresas; en
noviembre fueron 372; en diciembre, 813; y en enero, 863. A partir de
ese mes, la tendencia empezó a cambiar y en febrero se fueron 445; en
marzo, 386; en abril, 170; en mayo, 236; en junio, 182; en julio 121; y
en agosto, 69.
Para
reafirmar el mensaje de la poca afectación de la fuga en la economía
real, Chacón ha insistido en que el número de empresas con sede en
Cataluña aumentó en 9.385 en 2017 y que precisamente ese año ha sido el
que registrado un mayor numero de entradas en Cataluña de CIF
procedentes del resto del Estado, en concreto de 660.
Además,
el informe pone el acento en que Cataluña lidera el número de empresas
con sede social en el conjunto de España con un 18,5 % del total y que
el producto interior bruto (PIB) creció un 3,4 % el año pasado.
La
consellera de Empresa ha denunciado "la demagogia"y "la voluntad de
perjudicar la economía catalana" por parte del anterior Gobierno, que
aprobó el decreto que facilita el traslado de las sedes sociales fuera
de Cataluña, aunque luego ha admitido que esta norma sólo afectaba a un
20 % de las compañías que se fueron y que son las que cuentan con las
Juntas de Accionistas.
A
su juicio, este decreto tenía "una marcada intencionalidad política y
desprecia el derecho de los accionistas con una urgencia y
excepcionalidad que no estaban justificadas", además de pretender
"fomentar el miedo".
Respecto
al traslado de la sede de los grandes grupos financieros (CaixaBank y
Banco Sabadell), Chacón ha señalado que el Govern tiene previsto
reunirse con sus máximos representantes, al igual que con los de otros
sectores empresariales, para recordarles que la Generalitat "abre el
diálogo" para el retorno de sedes, aunque ha vuelto a rechazar que se
puedan conceder incentivos.
La
consellera ha negado que las empresas hayan tomado la decisión de
trasladar sus sedes sociales debido a la inestabilidad política, y ha
asegurado que "tenemos un marco estable y una apuesta firme por la
economía productiva" como lo demuestra la existencia de "un pacto por la
industria".
