Lesmes carga en vísperas de la Diada contra los tribunales europeos que no vieron delito de rebelión

MADRID.- En vísperas de la celebración de la Diada, marcada en esta ocasión por la proximidad del juicio a los líderes del 'procés' y la posibilidad de que sean sentenciados a penas muy duras, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha lanzado este aviso: “Cuando la Constitución resulta golpeada debemos defenderla".

El presidente del Supremo ha considerado que “la desobediencia a la Constitución es la máxima expresión de arbitrariedad” y que quienes dicen que ningún juez puede decidir “en contra de la voluntad popular” demuestran una “absoluta ignorancia” del significado del Estado de Derecho.

Tras recordar que la Carta Magna es “permeable” a las transformaciones políticas y sociales, el presidente del TS ha dicho que “no puede ser concebida como políticamente neutra” y menos aun ante los riesgos que suponen “los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes”. 

Lesmes, además, ha cargado contra las decisiones judiciales de Bélgica y Alemania relacionadas con la causa contra el procés, que a su juicio han generado una “grave incertidumbre” por interpretar “de forma unilateral” mecanismos jurídicos autónomos como las euroórdenes. 

A su juicio, estos jueces europeos han interpretado “de forma unilateral” conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que deberían ser reflejo de una “comunidad de valores” y que han generado una “grave incertidumbre” en la causa judicial contra el procés.

También ha subrayado que hay quienes intentan “erosionar la legitimidad del poder judicial mediante acciones que exceden con mucho la libertad de expresión o el derecho de defensa”.

“Frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del poder judicial se encamina a evitar el daño que supone desarbolar ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional”, ha destacado el presidente del CGPJ. 

En este sentido, ha subrayado la “falacia” que supone contraponer la ley y la democracia, especialmente cuando eso desemboca en identificar la ley con la voluntad del gobernante, un caso que dejaría a los ciudadanos indefensos ante las arbitrariedades del poder. 

“Si la Constitución es la expresión democrática del poder político, resulta una contradicción insuperable que ese poder, en alguna de sus formas, pretenda subvertir la norma que legitima su ejercicio”, ha añadido el presidente del CGPJ. 

Es por ello que ha advertido de que si bien en ocasiones “la violencia o la astucia ha permitido desbordar un determinado modelo orgánico de democracia constitucional sin seguir los procedimientos establecidos”, estos “procesos de subversión dividen profundamente a la sociedad, alteran gravemente la convivencia y pueden producir efectos devastadores sobre la paz interna de un Estado”, según la crónica de www.republica.com.

La ministra Robles dice que la venta de bombas a Arabia no ha sido revocada sino que está en estudio

MADRID.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que el contrato de venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí no ha sido suspendido sino que está en fase de estudio, igual que todos los contratos que tiene su Departamento “con cualquier país” para analizarlos “desde el rigor”. Y ha negado que este contrato tenga ninguna vinculación con la venta de cinco corbetas a Riad.

En una comparecencia en el Senado, Robles ha abordado la polémica por las relaciones con Arabia Saudí y ha explicado que el contrato de venta de bombas, de 9 millones de euros, está en fase de estudio. “Ese contrato, como muchos otros con independencia del país, está fase de estudio. Las discrepancias que pueda haber se estudiarán con el país que se haya firmado”, ha justificado.

La ministra ha dado estas explicaciones tras las protestas protagonizadas por los trabajadores de Navantia ante el temor de que Arabia Saudí revocara la compra de las cinco corbetas en represalia por la anunciada decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de las bombas para evitar que fueran usadas en la guerra de Yemen.

La pasada semana, el Departamento dirigido por Robles confirmó una información de la Cadena Ser que anunciaba la suspensión del contrato de las bombas de precisión. Sin embargo, la ministra ha explicado este lunes que el nuevo equipo ministerial ha paralizado “todos” los proyectos en marcha, no sólo el saudí, para su estudio y debate.

“La obligación de cualquier gobierno cuando llega es conocer, paralizar y estudiar todos los proyectos, programas y contratos que están en marcha para hacer una valoración de sus prioridades desde el punto de vista de la exigencia nacional, las políticas de empleo y otros posicionamiento políticos. Todos los contratos en marcha en el Ministerio son objeto de análisis y estudio”, ha argumentado.

En este sentido, ha explicado que cada contrato se resolverá con el país efectado si debe ser revisado y ha insistido en que se trata de un análisis “desde el punto de vista técnico”. 

“Se puede llamar paralizados, en estudio o parados, como quieran”, ha emplazado.

Robles ha puesto además el foco en la polémica por las represalias que pudiera tomar Arabia Saudí con la paralización de la construcción del contrato para la construcción de las corbetas –de 1.800 millones de euros– y ha negado que exista ningún vínculo entre ambos programas.

En este contexto, ha advertido de que “hay cuestiones muy serias con las que no se puede jugar” y ha tildado de “profundamente irresponsable que se pueda introducir el miedo en el cuerpo a trabajadores de Navantia en San Fernando”.

“A quien está transmitiendo ese mensaje a los trabajadores de Navantia o en cualquier parte del mundo lo que está haciendo es incurrir en una irresponsabilidad política. Y no quiero pensar que sea de carácter electoralista”, ha censurado sin acusar directamente a nadie.

Robles ha asegurado que las relaciones comerciales con Arabia Saudí “han sido siempre fuertes y sólidas” y este Gobierno no tiene constancia –“más allá de algunas malediciencias de algunos”– de que “ningún contrato vaya vinculado a ningún otro contrato de ninguna categoría”. 

“Jurídicamente los contratos de Navantia con un país serio como Arabia Aaudí no están vinculados a ningún otro contrato”, ha zanjado.

En este punto, ha garantizado el apoyo del Gobierno a la industria del defensa y ha asegurado que “el Gobierno no va a dejar en la estacada ningún empleo que haya ni en Navantia ni en ningún sitio”. De hecho, ha anunciado que el Ejecutivo “ha desbloqueado” en sus primeros cien días de gobierno más de 4.000 millones de euros en inversiones en defensa.

Estos 4.000 millones de euros corresponden a medidas adoptadas por el Consejo de Ministros durante los últimos meses para la construcción del submarino S-80, la renovación de los helicópteros del Ejército Chinook o dos satélites de comunicación militar.

La ministra ha asegurado que el Gobierno se siente “profundamente orgulloso” de estas medidas sobre programas que “estaban paralizados o en stand by”. 

“El Gobierno no tiene ningún empacho en decirlo, todo lo contrario, se siente orgulloso”, ha garantizado como muestra de su “compromiso” con la industria de defensa.

Quim Torra llama a los catalanes a "resistir"

BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho este lunes un llamamiento a los catalanes a "resistir" ante "las injusticias, las amenazas, el miedo y la violencia" y se ha comprometido a "hacer efectiva la república" catalana.

En su tradicional mensaje institucional en la víspera de la Diada del 11 de septiembre, Torra se ha remontado a más de 300 años atrás para rememorar que, en julio de 1713, en el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, tuvo lugar "una votación que cambió el curso de la historia de los catalanes".
Ante la "inminente llegada a Barcelona de las tropas borbónicas y el inicio del asedio contra la ciudad", ha explicado, fue convocada la Junta de Brazos, "que sustituía a las Cortes Catalanas cuando no se podían reunir", para decidir "entre la sumisión o la resistencia a Felipe V".
Según Torra, por 78 votos contra 45, los representantes reunidos optaron por "resistir", no entregar Barcelona a las fuerzas borbónicas y "defender hasta las últimas consecuencias uno de los sistemas constitucionales y parlamentarios más antiguos de Europa, el catalán, que aquel 1713 ya contaba cinco siglos".
"La decisión no la había tomado ningún rey, sino los representantes de los catalanes", ha enfatizado Torra, que ha trazado un paralelismo con la situación actual de Cataluña.
Para el presidente de la Generalitat, Cataluña se encuentra, tres siglos después, "en una nueva encrucijada histórica", en la que los catalanes deben "decidir si ante las injusticias, las amenazas, el miedo, la violencia, las cárceles y el exilio, nos conformamos o resistimos y avanzamos".
"La historia nos explica que cada vez que hemos caído nos hemos vuelto a levantar y a poner en marcha. Y ahora lo hacemos en un combate democrático y pacífico por los derechos civiles, sociales y nacionales", ha destacado.
El president ha recordado que su Govern "se ha comprometido a hacer efectiva la república, una república compartida que debe ser de todos los catalanes".
"Lo haremos por todos los presos políticos y exiliados y por todos aquellos que son perseguidos por defender la libertad de Cataluña y por haber dado la palabra al pueblo en el referéndum de autodeterminación del 1-O", ha subrayado.
Torra ha asegurado que no hay que abandonar "nunca" las "banderas del diálogo, de la paz, de la palabra".

"Quizá alguien lo querría e intenta provocarlo. No lo conseguirá. La palabra y el voto son nuestras únicas herramientas, son nuestros baluartes", ha advertido.
Frente a quienes acusan al independentismo de dividir a la sociedad catalana en dos mitades, ha recalcado que "la libertad no fractura nunca, lo que fractura es su ausencia".
De hecho, frente a quienes ven quebrantada la convivencia en Cataluña ante las reivindicaciones soberanistas, ha remarcado que "convivir es vivir los unos con los otros, y no los unos debajo de los otros".
"Os invito a hacer valer siempre la verdad, a desenmascarar la mentira cuando haga falta. Os invito a mantener siempre el buen tono y la sonrisa, a pesar de los insultos y las humillaciones", ha insistido Torra, que ha apelado a los catalanes a defender "apasionadamente las libertades democráticas" y ha concluido su mensaje con un "Viva Cataluña libre".
Mañana por la mañana, Torra participará en la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova en Barcelona y por la tarde asistirá a la manifestación independentista organizada por la ANC a lo largo de la avenida Diagonal.
Según la ANC, los inscritos en la movilización son ya 460.000, que han llenado todos los tramos de la Diagonal que la entidad había previsto para distribuir a los asistentes, con unos 1.500 autocares contratados y más de 275.000 camisetas de la Diada vendidas.
Los actos oficiales de la Diada han arrancado ya, primero con una ofrenda floral de Torra y su Govern al Fossar de les Moreres, espacio emblemático del independentismo, que recuerda a los caídos en el asedio de las tropas borbónicas a Barcelona en 1714.
Posteriormente, el Parlament ha acogido el acto de entrega de la Medalla de Honor, en la categoría de oro, a la Asociación de Maestros Rosa Sensat, al término del cual Torra y el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, han encabezado una "Marcha por la Libertad" hasta la plaza Sant Jaume, donde tendrá lugar un espectáculo de música, danza y proyecciones que reivindicarán a "presos y exiliados" soberanistas.

Cataluña, en el centro de la Apertura del Año Judicial presidido por el Rey

MADRID.- El rey Felipe VI ha presidido este lunes el Solemne Acto de Apertura del Año Judicial y, en la recepción posterior, se ha podido ver al jefe de Estado saludando y departiendo brevemente con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; con el que ha sido instructor del juicio al 'procés', Pablo Llarena y también con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Los cuatro han estado hablando unos minutos -posteriormente se ha sumado el presidente del Colegio Nacional de Procuradores, Juan Carlos Estévez- después del acto oficial, en el que Lesmes ha hecho una firme defensa de la Constitución, recalcando que cuando ésta es golpeada "no puede renunciarse a defenderla". 

La fiscal general del Estado, María José Segarra, por su parte, ha incidido en que la ley vincula a todos, sin excepciones.
Entre la multitud de conversaciones, el jefe de Estado también ha saludado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; a la presidenta del Congreso, Ana Pastor y a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich. Marruecos es precisamente uno de los países donde los Reyes tienen pendiente una visita de Estado.
Entre los asistentes al acto, la situación de Cataluña y la proximidad del juicio a los líderes independentistas han sido los temas más frecuentes en las conversaciones. También el próximo 40 aniversario de la Constitución española, que se celebrará en diciembre y para el que el Gobierno y las Cortes ya han anunciado un programa de actos.

Su Majestad el Rey fue recibido a su llegada al Palacio de Justicia por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Seguidamente, Don Felipe accedió al interior del edificio donde saludó a los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, así como a la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; al embajador de la República de Portugal en España, Francisco Ribeiro de Menezes; al embajador de la República Francesa en España, Yves Saint-Geours; al embajador del Reino de Marruecos en España, Karima Benyaich; al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; a la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega; a la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente; y al secretario de Estado de Justicia, Manuel-Jesús Dolz; entre otras autoridades.

Seguidamente, ya en el salón Rotonda, Su Majestad el Rey fue saludado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo; la ministra de Justicia, Dolores Delgado; la fiscal general del Estado, María José Segarra y los vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial.

Una vez revestido con la toga y el Gran Collar de la Justicia, Don Felipe se dirigió al Salón de Plenos y ocupó su lugar en la Presidencia. Tras abrir Su Majestad el Rey la sesión, tomó la palabra en primer lugar el secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que dió paso a la intervención de la fiscal general del Estado que expuso la actividad desarrollada por la Fiscalía en el pasado ejercicio, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia.  

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial presentó la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia.

Finalizado el turno de intervenciones, Su Majestad el Rey declaró abierto el Año Judicial 2018/2019 y levantó la sesión.

El Govern catalán abre los actos de la Diada con una ofrenda floral en Barcelona

BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el resto de miembros de su Govern han iniciado este lunes los actos de conmemoración de la Diada del 11 de septiembre, con una ofrenda floral al Fossar de les Moreres de Barcelona.

Ante una formación de la guardia de honor del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, Torra y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, han hecho la ofrenda floral en el Fossar de les Moreres, espacio emblemático del independentismo, que recuerda a los caídos en el asedio de las tropas borbónicas a Barcelona en 1714.

Al término de la ofrenda, tras sonar los acordes del himno de Cataluña, 'Els Segadors', Torra y los miembros del Govern se han dirigido hacia el Parlament para asistir al acto de entrega de la Medalla de Honor, en la categoría de oro, a la Asociación de Maestros Rosa Sensat, en la víspera de la Diada.

El Gobierno exigirá los bienes públicos que la Iglesia Católica ha puesto a su nombre en España

MADRID.- El Gobierno español, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, reclamará a la Iglesia Católica los bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público.

Así lo señala en una respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, quien ha explicado que "estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos facilitados por la propia institución".
Tras la elaboración del listado de los bienes que está realizando el Ministerio de Justicia, si se constata que la Iglesia ha inscrito bienes de dominio público como si fuesen privados, se procederá a "una depuración física y jurídica".
Esta "depuración" se hará conforme al "derecho sustantivo material", que a su vez está sometido a los principios constitucionales de "inalieanabilidad, imprescriptibilidad y inembargabilidad de los bienes de domino público", según figura en la respuesta parlamentaria del 5 de septiembre, adelantada hoy por la radiofónica Cadena Ser.
Esto significa, según Hurtado, que los bienes de dominio público, "la gran mayoría de los que ha inscrito la Iglesia a su nombre, no son transmisibles, no se pueden adquirir por posesión, ni se pueden embargar".
En la respuesta, Justicia recuerda que, conforme a la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, "queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica".
La Iglesia pudo registrar esos bienes a raíz de la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP, que daba a esta institución la potestad de actuar como una institución pública.
El diputado ha señalado que, "aunque la Iglesia ha dicho que solo ha inscrito la posesión y no la propiedad, no es cierto, porque inmatricular significa inscribir en el registro por primera vez y la primera inscripción siempre es de propiedad".
Hurtado se ha mostrado seguro de que en el listado, que tiene previsto hacer público el Ministerio una vez lo tenga listo, "va a haber iglesias, catedrales, plazas públicas, murallas, edificios históricos, va a haber de todo".
El parlamentario ha puesto como ejemplo la Plaza del Triunfo, de Córdoba, "que la Iglesia inmatriculó como si fuera suya", o el de la Mezquita, que registró a su nombre "pagando una tasa de 30 euros".
Finalmente, en la respuesta se asegura que correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si el Estado tiene algún derecho sobre dichos inmuebles, siempre sometido todo ello al derecho a la tutela judicial efectiva.
Para el parlamentario, la solución "más rápida" pasaría por que la Iglesia "corrigiese el error de inmediato y de forma voluntaria diese de baja los registros", ya que en caso contrario, el Estado "va a requerir de inmediato una rectificación de los registradores de la propiedad".
Por su parte, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha exigido este lunes al Gobierno que ponga en conocimiento de la Fiscalía las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en el caso que se demuestren fraudulentas "sin dudar ni un solo segundo", ha informado en un comunicado.
Mulet ha pedido que se regularice la situación y sean las administraciones públicas propietarias las titulares de "muchos de estos bienes y elementos robados, que les pertenecen a pesar de estas inmatriculaciones fraudulentas, sin necesidad de realizar ningún expediente más al respecto".
Además, ha solicitado que se depure "la posible actuación delictiva por parte de la Iglesia u otras personas jurídicas y funcionarios que hayan podido actuar contra el interés general de alguna manera".

Un amigo de la infancia de Juan Carlos I notificó a su banco que recibiría dinero del AVE saudí

MADRID.- El empresario Eduardo Eraso Campuzano, que forma parte de una familia venezolana que mantuvo una estrecha relación en Portugal con la Familia Real española durante la infancia del rey emérito Juan Carlos I, informó a su banco SG Hambros Bank en Gibraltar que una de sus empresas radicadas en España, en concreto "Girasol 8 SL, era parte del consorcio español que acaba de ganar el contrato para construir la alta la red de trenes de velocidad en Arabia Saudí", según adelanta hoy Vozpópuli..

Así se especifica en los informes realizados por el financiero Peter Breakspear, que el 11 de noviembre de 2011 plasmó en un documento interno del SG Hambros Bank sus conclusiones sobre la reunión que había mantenido con Eduardo Eraso Campuzano, y a las que ha tenido acceso Vozpópuli.

El dossier del banquero gibraltareño asegura que la empresa de Eduardo Eraso Campuzano "está proporcionando tecnología para el software de orientación, como por ejemplo los GPS". Al mismo tiempo que apunta que el consorcio español esperaba tener "el acuerdo definitivo firmado en el nuevo año, que con suerte significa que la garantía ya no será necesaria".

7.000 millones

Arabia Saudí adjudicó en octubre de 2011 las obras del AVE a La Meca, con un presupuesto de 7.000 millones de euros. En enero de 2012 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, firmaba junto a los empresarios, entre los que se encontraba Juan Miguel Villar Mir (OHL).

Las empresas que formaban la UTE eran las españolas ADIF, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, OHL, Renfe y Talgo; y las saudíes Al Shoula y Al Rosan. En ningún momento se especificó que la firma de Eduardo Eraso Campuzano Girasol 8 SL formara parte de este consorcio.

Las empresas españolas que obtuvieron el contrato aseguran que Girasol 8 SL no forma parte del consorcio: "El Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) niega que Girasol 8 SL sea una de sus empresas integrantes. Tampoco consta que dicha empresa tenga o haya tenido relación comercial con CEAVMM", especifican las firmas a Vozpópuli.

Pero el informe que el banquero de Gibraltar Peter Breakspear plasma en el documento bancario remitido al juez Pablo Ruz en 2014 indica, además, que el contrato de Arabia Saudí ayudaría a las empresas de Eraso Campuzano, que los últimos dos años no había tenido muchos trabajos debido al clima económico.

En la reunión mantenida entre Eduardo Eraso Campuzano y el banquero gibraltareño también analizaron "las tres carteras" que este noble y su hermano Joaquín Eraso Campuzano tenían en SG Hambros Bank. Eduardo Eraso Campuzano también anunció al empleado del banco que si el contrato del AVE a La Meca era finalmente aprobado, algo que ocurrió en enero de 2012, esperaba ser "capaz de introducir más fondos en la cuenta en lugar de tener que reducir el capital para cumplir gastos continuos”.

Reunión en Madrid

Y el banquero Peter Breakspear finaliza su dossier interno para el banco asegurando que había fijado una nueva cita con Eduardo Eraso Campuzano a principios de diciembre [de 2011] en Madrid: "Donde acordamos reunirnos nuevamente para discutir las carteras y proporcionarme cualquier otra noticia sobre el asunto anterior", en referencia al contrato del AVE a La Meca.

Eduardo Eraso Campuzano fue imputado por el juez que instruyó la denominada Época I de 'Gürtel', Pablo Ruz, como presunto responsable del blanqueo de 5 millones de euros de la organización criminal encabezada por Francisco Correa. Sin embargo, este empresario venezolano, que se negó a declarar ante Ruz, no fue procesado en la Época I de 'Gürtel'.

La investigación realizada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria concluyó que Eduardo Eraso Campuzano había utilizado la empresa Latinver para el presunto blanqueo. Y en esa empresa también aparecían sus hermanos Joaquín Eraso Campuzano y Antonio Eraso Campuzano. La inclusión de este último se debió a que los otros dos hermanos utilizaron su NIF para dar de alta a la empresa, por lo que la Onif dudaba de su participación en la organización criminal.

Antonio, amigo de Juan Carlos

Precisamente, Antonio Eraso Campuzano es uno de los mejores amigos del rey emérito, una amistad que nació tras coincidir las familias de ambos en Portugal, según consta en el libro 'Estoril: Los años dorados (1946-1949)', del historiador Ricardo Mateos Sainz de Medranos. Otras fuentes, por el contrario, aseguran que la relación entre ambas familias se habría enfriado.

La relación entre el hermano del noble salpicado en 'Gürtel' y la Familia Real se ha mantenido a lo largo de los años. Así lo evidencia que en 1966 cuando Antonio Eraso Campuzano contrajo matrimonio con Casilda Fernández Villaverde, a la boda acudieron los condes de Barcelona (Don Juan y María de las Mercedes de Borbón), integrantes de otras familias reales europeas, pero también dirigentes del Gobierno franquista, como por ejemplo el que después sería presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, tal y como recuerda la crónica de ABC del enlace.

La documentación que obra en el sumario de 'Gürtel' pone de manifiesto que Eduardo Eraso Campuzano y su hermano, Joaquín Eraso Campuzano abrieron en 2009 cuatro cuentas en el banco SG Hambros Bank de Gibraltar. Una de ellas era personal de Eduardo, en la que aseguró que iba a ingresar un millón de euros, y las otras tres a nombre de las empresas Xetal International Ltd, (150.000 euros en metálico asignados al cuidado de Campuzano, la madre de los Eraso Campuzano); Ediston Group S.A. (1.300.000 euros); y Leeser Investments S.A. (800.000 euros).

Problemas en Suiza

El banquero Peter Breakspear explica en otro de sus documentos que dos de los hermanos Eraso Campuzano decidieron trasladar su dinero desde Suiza a Gibraltar "por los problemas que están teniendo los bancos en Suiza, por lo que llevan su dinero a otras jurisdicciones".

Eduardo Eraso Campuzano se refería probablemente a la filtración realizada por el informático Hervé Falciani, que en 2009 entregó a las autoridades francesas la identidad de 130.000 cuentas 'off shore' del HSBC de Suiza, pero también a la decisión del Gobierno helvético de colaborar con la justicia internacional para combatir el blanqueo de capitales, tras la presión ejercida por el Gobierno de EEUU con Barack Obama como presidente.

El banco sostiene en su dossier que los ingresos de estos dos hermanos por la gran cantidad de propiedades de su familia en Portugal y Venezuela. Además, Joaquín Eraso Campuzano, que ya se había jubilado, trabajó durante más de 20 años en la banca Rothschild.

Nació en Portugal

Tanto Joaquín Eraso Campuzano como su hermano Eduardo, prosigue el informe del banquero gibraltareño Peter Breakspear hablan perfectamente inglés: “El señor Joaquín nació y creció en Portugal y estudió en varias escuelas internacionales inglesas y fue a la universidad a Londres. Es un seguidor del cricket. Su madre es portuguesa y vive en su casa de Madrid, y tiene 103 años. Joaquín juega al golf y es miembro de varios clubs, incluido el exclusivo Club de Campo de Madrid", completa el informe del banco sobre su cliente.

Precisamente Dolores Campuzano, la madre de los tres hermanos Eraso Campuzano era otro de los nexos entre esta familia con los borbones. Ya que Campuzano fue, hasta la muerte de la madre del rey emérito, su mejor amiga. Campuzano falleció en 2011, a los 105 años de edad.

La supuesta participación de la firma Girasol 8 SL, domiciliada en Alcobendas (Madrid), en el contrato de Arabia Saudí se conoce poco después de que el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, rechazara, con el acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción, investigar las declaraciones de la amiga del rey Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las que apuntaba a la existencia de una vivienda de Juan Carlos I en Marraquech; de cuentas en Suiza; y de presuntas comisiones cobradas con testaferros por el AVE a La Meca.

La amiga del rey

En concreto, Anticorrupción sostiene en su escrito, en el que rechazaba investigar a Juan Carlos I, que la empresaria alemana aludió en las grabaciones al pago de comisiones por empresas españolas "para el tren", aclarando el financiero español presente en la reunión que se trata del "tren de alta velocidad en Arabia Saudí".

Según Corinna zu Sayn-Wittgenstein, las comisiones por importe de 80 millones de euros las habrían pagado las empresas españolas a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a otro empresario español y éste a su vez le habría dado, todo o parte, al rey.

Los fiscales destacan que en el caso del AVE saudí las referencias en las grabaciones a comisiones ilegales son, en este caso, más concretas, con identificación del contrato, de personas y de importes del contrato y de las posibles comisiones. Además, estos datos contenidos en la grabación aparecen complementados por otros documentos hallados.

100 millones

Ok Diario emitió un audio en el que la empresaria alemana confesaba que el entonces monarca recibió un porcentaje de los 100 millones de euros que entregó el consorcio de empresas a la intermediaria del proyecto, la iraní Shahpari Zanganeh, casada entonces con el traficante de armas ya fallecido, Adnan Khashoggi.

Y según Corinna, fue Villar Mir quien designó a Zanganeh, la tercera esposa del traficante de armas, como intermediaria del tren: "Decían que era yo, pero yo nunca tuve nada que ver con el tren. Yo tengo copias del contrato de Zanganeh con OHL. Es ella la que ha cobrado", aseguraba la examiga del rey en la grabación.

Pese a que Anticorrupción no quiere investigar al rey emérito, porque cuando ocurrieron los hechos era monarca, y por tanto gozaba de inviolabilidad, sí ha dejado abierta la puerta para que pueda iniciarse una investigación por los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho, presuntamente cometidos por ciudadanos españoles y extranjeros fuera de España.

La ministra de Sanidad dice que posee los documentos que acreditan que cursó un máster en la URJC, ahora cuestionado

MADRID.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha negado cualquier irregularidad en la obtención de su máster sobre estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) apresurándose a dar explicaciones, que Moncloa cree que son "claras y transparentes".

Ciudadanos y Podemos han reclamado explicaciones de Montón en sede parlamentaria, registrando esta mañana sendas peticiones de comparecencia de la responsable de Sanidad.
"No he cometido ninguna irregularidad" y "no tiene nada que ver con otros desgraciados casos", ha aseverado en una rueda de prensa en la sede de su ministerio, en la que ha defendido que dispone de numerosa documentación que acredita que cursó el máster, que ha mostrado y remitido parte de ella a los medios de comunicación.
A través de esta comparecencia, Montón ha querido aclarar "punto por punto" las informaciones que publicaba hoy eldiario.es que señalaban que obtuvo ese máster estaba "plagado de irregularidades".
"No todos somos iguales", ha recalcado la ministra, que ha descartado dimitir: "Esa posibilidad decae. Yo sí hice el máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad", ha insistido, tras explicar que ha hablado de este asunto con el presidente Sánchez -al igual que con la vicepresidenta Carmen Calvo- y que él ha querido que diera explicaciones públicas.
Sánchez no se ha pronunciado aún públicamente sobre las supuestas irregularidades del máster que cursó Montón, ni en el entorno del presidente ha habido por el momento un apoyo expreso y oficial a la ministra, a pesar de que Montón ha dicho que siente el "respaldo del presidente".
Aparentemente tranquila, la ministra ha negado esas irregularidades haciendo hincapié en que dispone de los documentos que acreditan la culminación de dicho máster en el curso 2010-2011, así como el ordenador donde hizo sus trabajos.
"Tengo el título, el certificado académico de las notas, el trabajo final de máster, y más de treinta correos electrónicos que demuestran que lo he cursado en el curso 2010-2011", ha defendido.
Montón ha sostenido que hay un "error" en la fecha del título de certificación del expediente académico, en el que figura el año 2012 como el de finalización de los estudios, cuando debería ser 2011, por lo que ha pedido a la universidad que lo rectifique.
Respecto a la poca asistencia a clase que alega el diario digital, Montón ha recalcado que según le explicó la directora del máster, Laura Nuño, podía cursarse también a distancia.
"Lo cursé a distancia y, no obstante, acudí a todas las clases que pude asistir", ha dicho Montón, quien ha detallado que fue a partir del mes de enero cuando se pudo organizar mejor para acudir de forma "regular" e ir al máximo número de clases.
Además, ha indicado que abonó la matrícula "cuando se emitió la orden de pago", como reflejan los correos electrónicos que cruzó con la universidad, y posteriormente ha puntualizado que fue en diciembre.
También ha rechazado que hubiera convalidación de asignaturas: "No hay ninguna convalidación, no es posible; para ello es necesario que el alumno lo solicite y yo no he solicitado que se convalidara ninguna asignatura".
Tanto el trabajo final, con el título: "Reproducción asistida: ¿una liberación o un retroceso en la igualdad?", así como el propio máster ha recalcado que lo hizo "de acuerdo con todas la instrucciones" que le dieron.
Ha explicado que lo hizo porque le "ilusionaba" aprender sobre la materia de la que era portavoz en el Congreso y que coincidió con un momento de su vida en que le supuso un "gran esfuerzo" porque, entre otras cosas, estaba embarazada y nació su hija.

 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido la comparecencia con carácter urgente para explicar el "caso Montón" y que asuma responsabilidades si es cierto lo publicado sobre su máster que, en su opinión, refleja "corruptelas del bipartidismo en la universidad".
Unidos Podemos reclama su comparecencia ante la comisión correspondiente para "dar cuenta de las presuntas irregularidades" y aclarar las dudas que persisten sobre ese máster.
Desde el Gobierno valenciano, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha asegurado que este caso "no es comparable con otros", aunque ha aseverado que tiene analizar la versión ofrecida por Montón.
Cuando se conocía la información por la mañana, el líder del PP, Pablo Casado, ha rechazado comentar el caso: "No voy a hacer lo que hicieron conmigo".
Casado ha dicho que confía en las explicaciones que dé Montón y ha añadido que "este es un Estado de derecho, y antes que demostrar la inocencia de alguien hay que demostrar su culpabilidad".
La dirección del PSOE no se ha pronunciado aún sobre el asunto, aunque fuentes socialistas apelan a la presunción de inocencia, al tiempo que reconocen que los precedentes de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y el presidente del PP, Pablo Casado, son muy perjudiciales.
Por su parte, la directora del máster, que hoy estaba citada a declarar como imputada por el caso de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, ha defendido que no hubo "ninguna" irregularidad en la obtención del título de Montón y que la ministra ya enseñó su trabajo de fin de máster (TFM).

El juicio por el 'procés' catalán se prevé para finales de año

MADRID.- El Tribunal Supremo prevé celebrar el juicio contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los miembros de su gobierno por los hechos relacionados con el denominado 'procés' a finales de este año, según han informado fuentes del alto tribunal.

Asimismo, se espera que la vista oral en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por dos delitos de sedición por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 tenga ocasión una vez que se conozca la sentencia contra los líderes independentistas.
Este lunes ha tenido lugar el Solemne Acto del Apertura del Año Judicial, que ha sido presidido por el Rey Felipe VI, en el que la fiscal general del Estado, María José Segarra, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Lesmes, han centrado sus respectivos discursos en el cumplimiento de la ley y de la Constitución ante la situación independentista en Cataluña.
Tras este acto, las fuentes consultadas han explicado que los magistrados del Tribunal Supremo prevén que el comienzo del juicio contra los líderes independentistas por la deriva secesionista, que culminó con la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 27 de octubre de 2017, sea a finales de este año -entre noviembre y diciembre--. Una vista que los magistrados quieren que discurra lo más rápido posible, por lo que tienen intención de realizar sesiones de mañana y tarde.
No obstante, han apuntado que el tiempo que se emplee para juzgar a Puigdemont, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, entre otros, por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos no depende exclusivamente de los magistrados, pues, según subrayan las mismas fuentes, la estrategia de las defensas tendrá un papel importante, ya que tienen intereses políticos.
Asimismo, las fuentes consultadas creen que una vez que el Tribunal Supremo dicte sentencia, los jueces de la Audiencia Nacional comenzarán a juzgar al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, los exjefes políticos del cuerpo policial César Puig y Pere Soler y la intendente Teresa Laplana por los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por simular "un dispositivo engañoso" para permitir la celebración del 1-O.La Fiscalía está ultimando ya el escrito de acusación provisional que tendrá que presentar en las próximas semanas o en el próximo mes de octubre ante la Sala de Lo Penal del Supremo para dar paso a la apertura del juicio contra los miembros del exGovern de Carles Puigdemont procesados. En este documento, se mantendrán el delito de rebelión por el que se optó en la querella que dio inicio a este procedimiento, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.
Pese a que este procedimiento tiene 25 procesados, el escrito que preparan los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno no se dirigirá contra todos ellos, debido a que el propio Puigdemont, cinco de sus exconsellers y las mandatarias de ERC y la CUP Marta Rovira y Anna Gabriel, se encuentran huidos de la Justicia española y se prevé que sean juzgados en otro procedimiento diferente.
Por otro lado, Trapero se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos de sedición y uno de organización criminal; mientras que Puig y Soler sólo están imputados por un delito de organización criminal y de sedición. La intendente Laplana solo responderá por un delito de sedición.

Comunicado de Soraya Sáenz de Santamaría anunciando su adiós de la política

MADRID.- La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha comunicado esta mañana al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, su voluntad de abandonar la actividad política y emprender otra etapa en su vida. "He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí", argumenta en un comunicado.

"Tras una etapa de dieciocho años de intensa actividad política sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza", explica.

La propia Santamaría ha publicado en su cuenta de Twitter el comunicado:

La ministra Robles garantiza que el Gobierno "no dejará en la estacada" a 'Navantia'

MADRID.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantizado este lunes que el Gobierno no va a dejar "en la estacada" a los trabajadores de Navantia y está convencida de que un país "serio" como Arabia Saudí no vincula el contrato de 400 bombas de precisión con el de cinco corbetas para los astilleros españoles.

El anuncio de Defensa de que revisaría el contrato para la venta de esas bombas ante la posibilidad de que fueran usadas en Yemen ha generado una oleada de protestas entre los trabajadores de Navantia ante el temor de que Arabia Saudí pueda cancelar como represalia el contrato de cinco corbetas en los astilleros de San Fernando.

"Este Gobierno no tiene ninguna constancia, mas allá de alguna maledicencia, de que ningún contrato que se vaya a hacer en Navantia de San Fernando vaya vinculado a ningún otro contrato firmado con Arabia Saudí", ha asegurado Robles en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado.

Para la titular de Defensa, es "políticamente irresponsable" que a los trabajadores de Navantia "se les pueda introducir el miedo en el cuerpo" y ha insistido en que el Ejecutivo no dejará "abandonados" a los trabajadores de los astilleros españoles.

Sobre la venta de esas 400 bombas de precisión que ha iniciado el contencioso, Robles ha explicado que el Ejecutivo tiene la obligación de analizar con "serenidad y calma" los contratos firmados con terceros países en el marco del respeto a los derechos humanos y de las resoluciones de Naciones Unidas.

"Las discrepancias en el contenido de ese contrato se estudiarán con Arabia Saudí desde el rigor y las buenas relaciones y en el marco de un convenio que expresamente prevé que en el supuesto de duda en la interpretación del contrato se resolverá de manera amistosa", ha informado.

Robles ha hecho una defensa cerrada de la industria de defensa española como "activo estratégico" que potencia la autonomía de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas.

En este apoyo a la industria militar, ha informado de que en los primeros 100 días de Gobierno socialista, el Ejecutivo ha desbloqueado programas de armamento por importe de 4.200 millones euros.

"Nos parecía esencial y prioritario porque no entendíamos que algunos programas no se hubieran puesto en marcha", ha destacado.

Entre esos programas, la titular de Defensa ha citado el del nuevo submarino S-80 o la modernización de los helicópteros de transporte Chinook.

Venta de armas: 6.000 escudos humanos para un estado mercenario / Ruth Toledano *

Se trata de no ser una sociedad mercenaria, unos gobiernos mercenarios, un Estado mercenario. Lo son todos los traficantes de armas, ya sean oficiales, es decir, a través de grandes contratos legales como el de Navantia, o extraoficiales, es decir, actuando en las bodegas de un barco bajo toneladas de melón. El de Navantia lo firmaron Mariano Rajoy y Felipe VI.

Vender armas a reinos como Arabia Saudí es colaborar con la más espantosa violación de los derechos humanos, fomentar la cultura de la violencia y de la guerra. Es lo que, amparado por la ley, hace el Estado español a través de sus distintos gobiernos. El del PSOE ahora, que ha tenido que humillarse ante las amenazas de los sátrapas y la presión de Díaz. De la presidenta andaluza no nos sorprende. 

Lo que no puede ser es que para vender esas armas apele al pan la misma izquierda que se indigna con la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos, ni mucho menos la misma izquierda que se lleva las manos a la cabeza al ver las imágenes del horror que llegan de Yemen. Esos  niños ensangrentados han sido desmembrados con las mismas 400 bombas de precisión que se fabricaron en la Bahía de Cádiz.

Apelar a la paz para defender el pan haciendo armas es una contradicción en sus términos. Apelar a la subsistencia de 6.000 trabajadores de tu comunidad es pan para hoy y hambre para mañana, solo que el hambre será de otros: los bombardeados, los arrasados, los desplazados. La única diferencia es que son de otro lugar. 

Que la cercanía sea el criterio que rige tus principios éticos no supone solo que los árboles no te dejen ver el bosque, sino incurrir en un, digamos, relativismo geográfico que se parece mucho al nacionalismo xenófobo, solo que sustentado en una especie de sindicalismo abocado a la peor complicidad. Eso, o el cálculo electoral. Y mientras los 6.000 trabajadores tienen pan, sus patrones acumulan oro. Ensangrentado. El pan y el oro.

Si el pan es la justificación, todo vale. Por la consecución del pan habríamos entonces de aceptar cualquier método: ¿la prostitución infantil?, ¿el tráfico de órganos?. Nos escandalizamos con la mera formulación de estas preguntas, pero lo cierto es que existen redes formadas por personas (que tienen familias y pertenecen a comunidades) que viven de esas prácticas.

 Ello no quita para que las rechacemos de plano. Ni el hambre las justifica. Sin embargo, la guerra y sus consecuencias están casi siempre en el origen de esas prácticas, pues niños y niñas que sobreviven a los bombardeos pero lo han perdido todo acaban atrapados por las mafias. Y sin armas, no hay guerra. No esa guerra.

Nadie dijo que gobernar fuera fácil, pero no se gobierna desde la izquierda para colaborar con un sistema en el que uno de sus principales activos es la guerra. Si un alcalde de Podemos como Kichi se encuentra en el “dilema imposible” (así lo ha llamado Pablo Echenique, junto a otros dirigentes de Podemos cuyo cierre de filas en este tema es doloroso) que vive el alcalde de Cádiz, no debe continuar en el cargo. 

La palabra dimisión no se inventó solo para aplicar a los políticos corruptos, también a las personas íntegras. Dirán que dimitiendo se entrega todo (¿las armas?) al enemigo, que mejor poder hacer poco dentro que nada fuera. Dinámica cierta pero vieja: Podemos vino a hacer nueva política. Por cierto, desde las movilizaciones del ‘No a la guerra’.  

Kichi, también es cierto, clama por la reconversión de los astilleros gaditanos y por un nuevo modelo productivo, pero la paz, cuando es a vida o muerte (que se lo digan a las víctimas yemeníes), no puede esperar.

La industria de la armas es contraria a la civilización y a las aspiraciones evolutivas de la humanidad. Para que su maquinaria deje de funcionar, alguien tiene que decir no en algún momento. Lo ha intentado el PSOE y ha tenido que recular, dejándolo en una mera “declaración de intenciones” y haciendo patente el bochorno de que un Estado criminal como el saudita pueda ejercer un chantajee así. 

Será que es el nuestro un reino de comisionistas que hay que proteger. Y se hace con escudos humanos como los 6.000 trabajadores de los astilleros de Cádiz. Unos gobiernos mercenarios, un Estado mercenario, obligando a una sociedad a ser mercenaria.

(*) Cronista de la Villa de Madrid

https://www.eldiario.es/zonacritica/Venta-armas-escudos-humanos-Estado-mercenario_6_812678732.html