jueves, 15 de marzo de 2018

El Congreso tumba las iniciativas del PP y C’s para ampliar la aplicación de la prisión permanente

MADRID.- El Pleno del Congreso ha dado hoy un paso más para derogar la prisión permanente revisable tras tumbar las dos enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos a la proposición de ley del PNV para derogar la medida, que ahora podrá seguir tramitándose si la Mesa no pone más obstáculos. 

as enmiendas rechazadas pretendían ampliar los casos de aplicación de la prisión permanente y endurecer el acceso a los beneficios penitenciarios en el Código Penal, especialmente en los casos de reincidencia. Los votos en contra de los nacionalistas vascos, PSOE, Podemos, ERC y la mayoría del Grupo Mixto, 178 en total, han tumbado ambas iniciativas tras un pleno muy bronco.
De haber salido adelante una sola de las enmiendas a la totalidad, habría decaído la proposición de ley del PNV preservando la vigencia de lo que para la mayoría de la cámara no es más que una cadena perpetua encubierta, en la que el término ‘revisable’ solo es un paliativo con el que se justifican los partidos que la apoyan. El PP la aprobó en 2015 gracias al rodillo parlamentario de su mayoría absoluta y ahora corresponderá a la Mesa del Congreso decidir si agiliza su derogación o sigue retrasándola mediante sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas.
El debate de este jueves se ha celebrado en presencia de los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, la tía de Yeremi Vargas, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruíz, así como los familiares del cámara José Couso y los padres de Marta del Castillo y Sandra Palo. Todos ellos han asistido desde la tribuna de invitados a un intercambio de reproches y descalificaciones entre los distintos grupos por la utilización política y electoralista del dolor de las víctimas. Juan Carlos Quer, el padre de Diana, es uno de los promotores de una iniciativa de recogida de firmas para apoyar el mantenimiento de la prisión permanente revisable aunque el caso de su hija, como el del niño Gabriel Cruz que también ha estado muy presente en el debate, se produjo estando vigente la medida lo que no impidió ninguno de los dos crímenes. Sí se podría castigar con ella al asesino de Diana, si no se deroga antes de que el tribunal que le juzgue dicte sentencia.
Ese es uno de los argumentos que han utilizado los defensores de la derogación. Juan Carlos Campo, portavoz socialista de Justicia: “Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA y con prisión permanente revisable se ha asesinado a Gabriel”.
El diputado socialista ha leído las palabras de Patricia Ramírez, madre de Gabriel, en las que pedía que no se extendiera la rabia no sin antes manifestar que “nunca deberíamos haber tenido este debate bajo el paraguas de la tristeza y el desagrado que produce la muerte del pequeño”. Campo, además, ha criticado que el portavoz del PP Rafael Hernando llevara la polémica sobre la prisión permanente a la capilla ardiente de Gabriel, donde realizó declaraciones sobre el tema. Y hasta le ha afeado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que “mancillara” la bufanda azul de Gabriel que le había regalado la madre del niño para “colarse” en la catedral donde se celebró su funeral.
La intervención de Campo ha agitado la bancada ‘popular’, hasta el punto de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha tenido que intervenir para pedir calma e incluso ha dado a entender que de continuar el tumulto podría suspender el pleno.
El PSOE presentó en su día un recurso de inconstitucionalidad contra la medida aprobada por la mayoría del PP y por eso este partido y Ciudadanos han pedido a los socialistas que esperen al pronunciamiento del tribunal de garantías para no “legislar en caliente”. Mientras que José Antonio Bermúdez de Castro (PP) ha defendido que la “inmensa mayoría de la sociedad” pide no derogarla, Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) ha subrayado que “donde la reinserción no funciona”, es ahí donde entra la prisión permanente.
Por cierto que Bermúdez de Castro ha arremetido en un momento dado contra Ciudadanos, que en el pacto que firmó en 2016 con el PSOE para investir a Pedro Sánchez se comprometió a derogar la prisión permanente. “La calificaron de demagogia punitiva, se abstuvieron y propiciaron que se pusiera en marcha su derogación y ahora la defienden y tratan de elevar los requisitos temporales en una subasta al alza de tiempos”, ha señalado el portavoz ‘popular’ que ha mandado este mensaje al resto de la oposición, en alución a los familiares de las víctimas: “Cuando suban a este estrado no respondan solo al PP, miren arriba en la tribuna y convénzales a ellos”.
La intensidad que ha marcado el debate no ha impedido que todos los portavoces hayan arrancado su intervenciones con palabras de respaldo y respeto hacia los familiares de víctimas, incluidos aquellos que más duramente se oponen a mantener la prisión permanente. “Desde la política nos debemos a ellos, al respeto a sus opiniones y su duelo, pero no vamos a pedir perdón por pensar que nuestro sistema de justicia tiene que tener un fin reinsertador”, ha defendido el diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos, antes de reiterar el convencimiento de que es contraria a los derechos humanos. Además, ha repartido reproches al PP por acudir al Código Penal cuando las cosas le vienen “torcidas y de forma más dura a Ciudadanos: “Lo que hemos oído no puede ser calificada más que de demagogia populista de extrema derecha”.
Críticas también han sido las palabras del diputado del PNV, Mikel Legarda, impulsor de la iniciativa para derogar la prisión permanente hacia el PP y Ciudadanos que son, ha dicho, los que han presentado el debate en caliente. “El derecho penal no se construye con el dolor de las víctimas, se tiene en cuenta y se solidariza (…) Pero la prisión permanente no hace una sociedad mejor ni evita el delito”, ha añadido Legarda, convencido de que, una vez rechazadas las enmiendas, no se volverá a hablar de este asunto porque se prorrogarán los plazos de enmiendas parciales.
Al término del debate, muchos diputados han lamentado el tono en el que se ha desarrollado. Carolina Bescansa, de Unidos Podemos, ha pedido perdón a las víctimas a través de Twitter.
El caso es que la bronca del hemiciclo se ha traslado a los pasillos, donde la portavoz socialista, Margarita Robles, ha vuelto a reprochar al ‘popular’ Rafael Hernando la utilización de la tragedia que se acaba de vivir en Almería para apuntalar la postura de su partido. Hernando, por su parte, ha arremetido contra los socialistas por favorecer una derogación con la que ni siquiera dirigentes del PSOE, según él, están de acuerdo. Y ha citado un nombre, el de Susana Díaz.
En el debate ha entrado de lleno el propio Rajoy, que ha lamentado la posición de los grupos contrarios a la prisión permanente revisable. “Para mí no es una buena noticia, pero creo que no es una buena noticia para ningún español”, ha asegurado en los pasillos del Congreso, para posteriormente reunirse con las víctimas. Al término del encuentro, el padre de Marta del Castillo ha cargado contra los socialistas, a quienes ha reprochado que les hayan “insultado” al hablar del niño Gabriel durante el debate. Antonio del Castillo ha ironizado que este es el camino para que el PSOE se mantenga en la oposición. Las víctimas avisan de que van a seguir dando batalla legal y política para que no solo no se derogue la medida, sino que se endurezca. y, para ello, han anunciado convocatorias de manifestaciones para este mismo domingo.

La Fiscalía pide que se intente detener a Puigdemont cuando viaje a Suiza este fin de semana

MADRID.- La Fiscalía General del Estado ha pedido a Interior que consulte a Suiza sobre la posibilidad de detener y extraditar a Carles Puigdemont, cuyo pasaporte pide al Supremo que le sea "limitado", todo ello ante el anuncio del expresident y la exconsellera Meritxell Serret de viajar a este país el domingo. 

El fiscal ha pedido a Interior que, en colaboración con Interpol, haga "las gestiones necesarias ante las autoridades competentes de Suiza a los fines de determinar la viabilidad de la detención de los fugados y de su reclamación a efectos de extradición".
Lo primero que pide el Ministerio Público es que el Ministerio de Asuntos Exteriores informe en relación a las gestiones realizadas por el expresidente catalán y la exresponsable de la Consejería de Agricultura ante los representantes diplomáticos de España en Suiza para su participación en el Festival de Cine de Derechos Humanos (FIFDH) y en un acto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Además pide que la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, en colaboración con Interpol, realice las gestiones necesarias ante las autoridades competentes de Suiza a los fines de determinar la viabilidad de la detención de Puigdemont y Serret y su reclamación a efectos de extradición.
En tercer lugar, interesa que se tramite en el Tribunal Supremo la adopción de medidas cautelares complementarias consistentes en la “limitación de la validez del pasaporte” para Puigdemont y Serret, quienes se encuentran en Bélgica desde finales de octubre de pasado año cuando dejaron España junto con los otros tres exmiembros del gobierno catalán Clara Ponsatí, Antoni Comín y Lluís Puig.
De momento, no se pide al juez Llarena que active las órdenes de detenciónl Las medidas mencionadas en el escrito que se ha dado a conocer este jueves responden al deseo de la Fiscalía de no permanecer impasible mientras unos presuntos delincuentes se mueven libremente de un país a otro anunciándolo por anticipado y sin que se haga nada para detenerlos.
Sobre Puigdemont y los exconsejeros prófugos se mantiene vigente la orden de detención nacional dictada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que comenzó investigando esta causa. Sin embargo, el propio Llarena les retiró las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas por la juez para evitar que las autoridades belgas les entregaran por los delitos menos graves que pesan sobre ellos, que son los que contempla su legislación, y se vieran beneficiados respecto del resto de imputados en esta causa.
La propia Fiscalía manifestó el pasado lunes que solo pedirá orden internacional de detención contra el expresident Carles Puigdemont, los cuatro consellers que le acompañan en Bélgica y la dirigente de la CUP Anna Gabriel “una vez se haya dictado auto de procesamiento” contra ellos. La previsión es que, en ese momento, la instrucción esté lo suficientemente avanzada como para que la solidez de los argumentos y las pruebas presentadas a los responsables belgas y suizos garanticen el éxito de su solicitud.
El juez Pablo Llarena investiga a un total de 28 personas por el delito de rebelión en relación con los hechos encaminados a conseguir la independencia de Cataluña. De todas ellas están huidas los cinco exmiembros del gobierno catalán además de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que viajó a Suiza días antes de su declaración prevista en el alto tribunal y que tiene previsto acudir este domingo al acto del FIFDH junto con Puigdemont y Serret.
Si finalmente Puigdemont viaja a Ginebra este fin de semana, se tratará de la segunda ocasión que abandona el país belga ya que el pasado mes de enero se trasladó a Dinamarca para participar en un acto universitario. En ese momento, Puigdemont todavía era candidato a la presidencia de la Generalitat y el magistrado evitó pedir su detención convencido de que el viaje a Copenhague era una treta con la que buscaba ser arrestado para poder justificar su ausencia en el debate de investidura y la imposibilidad de defender su programa ante el Parlament. De esa manera, podría haber mantenido su candidatura sin retorcer el reglamento y votarse a sí mismo con un voto delegado. “Que el comportamiento (de Puigdemont) pueda buscar la detención (….) es algo que no se escapa al instructor”, avisó el juez en el auto con el que denegaba la petición de la Fiscalía de activar la euroorden contra el expresidente en Dinamarca.
En el caso de que ahora se hubiera vuelto a solicitar la detención, el instructor habría podido considerar que Puigdemont está buscando de nuevo su detención para delegar el voto como diputado, toda vez que al no haber entregado su acta los independentistas corren el riesgo de perder la mayoría que necesitan para investir a Jordi Sànchez o, en su defecto -el Supremo ha avalado este jueves que Llarena no le autorice a abandonar temporalmente la prisión para acudir al Parlament- a Jordi Turull. Tanto el juez como los letrados de la Cámara autonómica dieron el visto bueno a la delegación del voto de los diputados que permanecen en prisión y el Gobierno optó por no recurrir esta decisión. En cambio, se opusieron a que los prófugos pudieran acogerse a esa fórmula.
En el programa del festival de este próximo domingo está prevista la emisión del documental francés ‘Catalogne, l’Espagne au bord de la crise de nerfs’, (‘Cataluña: España al borde de un ataque de nervios’) firmado por Sylvain Louvet, Gary Grabli y Julie Peyrard y que, en otros asuntos, aborda el referéndum del 1 de octubre y la cargas policiales.

La Guardia Civil busca documentos sobre el coste del 1-O en las sedes de la Generalitat y Òmnium

BARCELONA.- El titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha ordenado este jueves que se registre la sede de Òmnium Cultural y el domicilio y despacho en el departamento de Presidencia, en el Palau de la Generalitat, de uno de los investigados por posibles pagos relacionados con el referéndum del 1 de octubre. 

En el marco de estas diligencias, el juez ha ordenado la detención como investigado de Antoni Molons, el que fuera secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat con el expresidente fugado Carles Puigdemont. En el curso de la tarde, ha quedado libre acusado de malversación y desobediencia.
Los registros se enmarcan en las investigaciones, en una pieza secreta, del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa relativa a la organización del referéndum, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Molons es un alto cargo del Govern que ya declaró anteriormente sobre las campañas de publicidad para animar a participar en el referéndum que había sido suspendido. En concreto, fue el encargado de concertar la publicidad del 1-O, cuyo concurso fue declarado desierto tras la renuncia de las dos firmas que optaban a la concesión, Carat España y Focus Media.
Ante los agentes de la Guardia Civil, Molons afirmó entonces que fue Jordi Turull, como conseller de Presidència, quien autorizó el contrato marco de la campaña “Civisme”, que tenía un presupuesto global de 2,7 millones de euros y que finalmente no se llevó a cabo, aunque el anuncio sobre las vías y el referéndum sí se emitió en los medios públicos de la Generalitat. Según la Guardia Civil, este anuncio sobre las vías supuso un coste de 277.804 euros.
Sobre el anuncio, Molons alegó durante el interrogatorio que desconocía quién lo creó, aunque detalló que le llegó desde la Consellería de Presidencia y que la persona que le dio el mensaje de la campaña de “Civisme” fue Turull, aunque no le entregó ningún documento digital sobre la campaña ni instrucciones de cómo llevarla a cabo, ya que esas instrucciones “fueron verbales”, según las fuentes.
En total, las campañas de publicidad en medios de comunicación sobre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre tuvieron un coste 502.639 euros, según la investigación preliminar de la Guardia Civil. El Instituto Armado ha analizado facturas y tomado diversas declaraciones de altos cargos y empresarios para rastrear el dinero público usado con tal fin tanto en el anuncio emitido por TV3 como para la campaña previa sobre el registro de catalanes en el extranjero.
El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer abrió una causa a raíz de las conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el ejecutivo catalán disponía de una partida “camuflada” de 400 millones de euros para organizar la consulta.
Fuentes de Òmnium, mientras tanto, han explicado que los agentes “están secuestrando” en su sede “el correo electrónico de los trabajadores y cambiando contraseñas”, además de mantener retenidos en una sala a siete trabajadores.

La primavera llegará acompañada de un frente de frío siberiano

MADRID.- Un frente frío de origen siberiano llegará el lunes a la Península como antesala de la primavera, que comenzará el próximo 20 de marzo, y conllevará frío, heladas y algo de nieve y temperaturas hasta 12 grados centígrados por debajo de las normales para estas fechas, según el portal meteorológico ‘eltiempo.es’.

Según la predicción, el aire frío siberiano se extenderá desde el lunes a España, donde se notará un desplome térmico y se producirán nevadas. Hasta entonces, el fin de semana se notarán temperaturas más bajas de lo normal pero no estará asociado a la entrada de aire frío siberiano sino a una masa de aire marítima.
Desde el lunes, las temperaturas serán hasta 12 grados centígrados por debajo de las normales. ‘Eltiempo.es’ asegura que esta entrada de aire frío siberiano “tan cerca de la primavera no es normal aunque se ha dado en alguna ocasión”.
El aire frío comenzará a avanzar desde Rusia hacia Polonia y Alemania el sábado, llegará a Francia el domingo y el lunes a la mitad norte de la Península y a Baleares.
El martes podría extenderse a más zonas de España, con temperaturas en valores por debajo de la media y así se mantendrán “en casi todo el país” por debajo de lo normal durante toda la semana que viene aunque las máximas podrían jueves y viernes.
Además, esta situación conllevará nevadas el lunes en cotas bajas en el norte y en el centro de la Península, aunque eltiempo.es espera que las más importantes se producirán en zonas de montaña, donde también se esperan heladas fuertes

Casi 5 millones de contribuyentes podrán presentar su declaración de la Renta en el móvil

MADRID.- La Agencia Tributaria ha puesto desde este jueves a disposición de los contribuyentes la nueva aplicación móvil, que ya se han descargado más de 46.800 usuarios y que permitirá, a partir del próximo 4 de abril, a 4,85 millones de contribuyentes presentar sus declaraciones de la Renta 2017 en un solo clic.

Durante la presentación de la nueva aplicación móvil para la Campaña de IRPF 2017, el director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, ha avanzado que 46.800 contribuyentes se han descargado la ‘app’ en las primeras horas de su disponibilidad a través de los ‘markets’ oficiales de Google y Apple, en lo que constituye una de las novedades de la campaña de este año.
Además, un total de 93.050 contribuyentes habían solicitado también hasta las 11.00 horas de la mañana de este jueves sus datos fiscales a través de la propia aplicación y de la página web de la AEAT.
De la Rosa ha destacado que el procedimiento es “extremadamente sencillo”, y ha explicado que la nueva aplicación móvil permite solicitar ya y almacenar el número de referencia, así como consultar los datos fiscales y, desde el 4 de abril, cuando se inicia la Campaña de la Renta 2017, presentar las declaraciones más sencillas.
En concreto, se estima que un colectivo de beneficiarios de al menos 4,85 millones de contribuyentes podrán presentar su declaración con un solo clic, sin realizar cambios, si bien hasta 30 millones de contribuyentes podrán descargarse la ‘app’ en más de 44 millones de dispositivos móviles, el 98% del total.
Los contribuyentes podrán presentar las declaraciones más sencillas en la ‘app’, que servirá también como herramienta de asistencia para el resto de declarantes, al facilitar la obtención del número de referencia, la visualización de los datos fiscales y la recepción de mensajes ‘push’ con información de interés como el momento de la emisión de su devolución.
Por ahora se podrán consultar los datos fiscales, pero no se podrá acceder al borrador de la declaración hasta el inicio de la Campaña de la Renta 2017, el próximo 4 de abril.
Así, los contribuyentes que el año pasado confirmaron sin cambios su Renta en una oficina de la AEAT, unos 850.000, recibirán desde este jueves una carta con los datos fiscales, la casilla 450 para obtener el número de referencia e información sobre el plan ‘Le llamamos’ de confección telefónica de declaraciones mediante llamadas al contribuyentes.
Fuentes de la AEAT han explicado que no hay un objetivo definido para bajar la asistencia a los contribuyentes a las oficinas, aunque señalan que ésta se reducirá en función de la demanda.

Presentar la declaración ‘en un clic’

En cuanto al funcionamiento de la ‘app’, una vez descargada la aplicación, para acceder a los servicios personalizados el contribuyente deberá identificarse mediante el número de referencia, que se podrá obtener por tres vías: con la casilla 450 de la declaración del año anterior, el NIF y su fecha de validez, o bien mediante ‘Clave PIN’ o certificado electrónico.
A continuación, aparecerá el número de referencia, que quedará almacenado en la aplicación para usos posteriores, y podrá aceptar la recepción de mensajes ‘push’ en la ‘app’.
En el caso de las declaraciones más sencillas, aquellas en las que la AEAT dispone de información suficiente para su presentación directa, los contribuyentes podrán presentar la Renta en un solo clic una vez que verifiquen los datos. Para realizar alguna modificación o incorporar algún dato adicional, la ‘app’ ofrece la opción en el propio terminal accediendo a Renta Web. Seguidamente, se puede finalizar el proceso en el propio móvil, dado que la aplicación se mantendrá en segundo plano para que el contribuyente pueda volver y presentar la declaración.

Acceso a Renta Web

Al resto de perfiles de contribuyentes que necesariamente tienen que aportar información para poder presentar la declaración, la aplicación les derivará desde un principio a Renta Web, y les recuerda el número de referencia que le permitirá completar su declaración y presentarla.
Mientras se incorpora la información necesaria para cumplimentar la declaración, que se puede presentar por Renta Web o la propia ‘app’, la aplicación se puede mantener en segundo plano.
En detalle, la ‘app’ admite hasta 20 perfiles de usuarios, cada uno con su número de referencia, lo que permitirá la confección y presentación de declaraciones de familiares y allegados, y también el cálculo de la opción más favorable entre declaraciones individuales y conjuntas.
Una vez finalizada la descarga y la identificación del contribuyente, se ofrece la opción de suscribirse a los mensajes personalizados de la AEAT, de forma que, si se acepta esa opción, se podrá recibir un mensaje ‘push’ cuando su devolución haya sido emitida.
En el apartado de ‘avisos personalizados’ se podrá acceder a los avisos de rentas o a información sobre la devolución, mientras que en ‘avisos de novedades’ la AEAT informa de noticias y novedades, como estadísticas tributarias, novedades informativas o informes de recaudación.
En cuanto a la gestión de identidades, muestra los usuarios que se han identificado correctamente y permite seleccionar el perfil con el que se desea trabajar. Así, permite añadir nuevos usuarios, con un máximo de 20, mediante sus respectivos números de referencia, a obtener através de la casilla 450, Clave Pin o certificado electrónico.

Adelanto de servicios de asistencia

Junto a la puesta en marcha de la nueva ‘app’ se combina con el adelanto, también de otros servicios de asistencia que la Agencia Tributaria ha anticipado para que el contribuyente disponga de más tiempo y elija poder estar en disposición de presentar su declaración desde el primer día a través de Internet, opción que el pasado año ya utilizaron el 88% de los contribuyentes.
Desde este mismo jueves todos los contribuyentes pueden solicitar su número de referencia y visualizar en la página web de la AEAT y en la ‘app’ sus datos fiscales, y comienzan los envíos postales. Los contribuyentes que acudieron el año pasado a la AEAT y se limitaron a confirmar sus declaraciones sin realizar ninguna modificación (860.000 contribuyentes) será el primer colectivo al que se remitirá los datos fiscales, con el número de referencia y la información de los servicios de asistencia.
A estos contribuyentes se les indicará también la posibilidad de aprovechar, al igual que todos los que cuenten con perfil de asistencia telefónica, el denominado plan ‘Le llamamos’, la otra gran novedad de la campaña.
El año pasado ya tuvo un antecedente en forma de plan piloto, que se extiende ahora y se abre el primer día de campaña, mediante un sistema de cita previa que puede solicitarse a partir del primer día de la Campaña.
Las citas se facilitarán en tramos de 15 minutos, entre las 9 y las 20.30 horas, según la disponibilidad del contribuyente, que deberá tener a disposición de información necesaria para realizar la declaración en el momento acordado para recibir la llamada de la AEAT.

El Congreso tumba las ‘recetas’ de Podemos para proteger la contratación temporal

MADRID.- El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las propuestas de Unidos Podemos para mejorar la protección de los contratos temporales y a tiempo parcial, y para aumentar el control sobre este tipo de contrataciones a través de la Inspección de Trabajo.

Esta proposición no de ley, debatida en la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara Baja, ha sido respaldada por PSOE y ERC, mientras que PP, Ciudadanos y Foro Asturias han votado en contra, y PNV y PDeCAT han optado por abstenerse.
La iniciativa reclamaba al Gobierno unificar todas las figuras de contratación temporal en una única que refuerce la causalidad, para acabar con “el abuso y extendido fraude” que, a juicio del portavoz grupo confederal, Alberto Rodríguez, se está produciendo tras las sucesivas reformas laborales.
Como medidas complementarias, Unidos Podemos proponía establecer penalizaciones a empresas que abusen de la contratación a tiempo parcial y temporal, convertir en indefinido todo contrato temporal a partir de un año de trabajo, prohibir el encadenamiento de contratos para la cobertura de un mismo puesto de trabajo e incrementar la indemnización para temporales hasta los 20 días al extinguirse el contrato.
Además, entre las medidas de control planteaban que la ausencia de una causa habilitante se considere fraude de ley y la extinción de contrato como despido nulo, así como elevar las sanciones administrativas en este ámbito.
Pero la propuesta de Unidos Podemos se ha topado con el rechazo del PP y de Ciudadanos. El representante ‘popular, Joaquín Albaladejo, considera que las medidas planteadas implicarían “un aumento potencial de la tasa de paro” al “impedir la entrada de nuevos trabajadores” y una “mayor rigidez” para que las empresas pudieran definir sus decisiones.
“¿No le suena a nadie aquí lo que ha pasado hace una serie de años? ¿No lo recuerda a nadie?”, se ha preguntado, incidiendo en que “la finalidad” de este tipo de iniciativas es, sencillamente, “la demolición de una legislación que ha creado empleo”.
En nombre de Ciudadanos, José Cano ha dicho que comparte con los de Pablo Iglesias “el enfoque y el diagnóstico” pero difiere de las soluciones, pues cree que supone “matar moscas a cañonazos”, por lo que les ha invitado a apoyar la proposición de ley de su grupo para introducir reformas en el mercado de trabajo.
Por su parte, Íñigo Barandiaran, del PNV, ha rechazado la idea de penalizar a las empresas a través de una nueva imposición tributaria, como sería el recargo en el abono de cotizaciones, y ha calificado como “reiterativas” las disposiciones como una mayor actuación de la Inspección de Trabajo, pues esta función de control ya es ejercida.
Quien sí se ha pronunciado a favor es la diputada socialista María Jesús Serrano, recordando que la legislación laboral “siempre ha dado prioridad al principio de estabilidad en el empleo”, de la mano del contrato indefinido, y ha lamentado que la desregulación laboral esté provocando una “enorme rotación”. Como ejemplo, ha dicho que “cada año se sustituyen 650.000 empleos fijos por empleo temporal”.

La mayoría del Congreso insta a Gobierno a derogar el factor de sostenibilidad

MADRID.- La Comisión de Empleo del Congreso ha instado este jueves al Gobierno a derogar de forma inmediata el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida que entrará en vigor en 2019 por considerarlo "injusto", ya que rebajará la cuantía inicial de la pensión, y ha pedido alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo.

El PDeCAT ha sacado adelante una proposición no de ley pactada con el PSOE y Unidos Podemos que también pide revalorizar las pensiones en 2018 el 1,6 % y establecer una cláusula de desviación de inflación para el supuesto de que el IPC sea superior al previsto. La iniciativa ha sido rechazada por el PP y ha recibido la abstención de Ciudadanos y PNV.
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha señalado que esta aprobación representa la “votación que ayer no se pudo producir en el pleno del Congreso” ante un debate de pensiones con el presidente del Gobierno en el que no se aceptó votar propuestas de resolución.
“Evidencia que hay una mayoría de la Cámara que quiere reformas que garanticen la suficiencia de las pensiones y hoy el mandato es muy claro: no permitir que entre en vigor el factor de sostenibilidad tal como está formulado”, ha dicho Campuzano tras incidir en que el Gobierno debe atender a los requirimientos del Congreso.
El diputado catalán ha señalado que está de acuerdo con que la esperanza de vida sea un parámetro a tener en cuenta en el sistema de pensiones, pero no con un modelo como el actual.
Durante su intervención en la Comisión de Empleo, Campuzano ha recordado que hay países que adoptan factores de sostenibilidad que no son injustos y ha recalcado que el aprobado en la reforma de 2013 supone un “sacrificio cierto para el pensionista pero con un beneficio incierto” ya que “no todas las personas tienen la misma esperanza de vida”. Ha explicado que la esperanza de vida de un trabajador depende no sólo de su edad, sino también del sector en el que ha desempeñado su labor o de las posibilidades económicas que tiene.
El diputado del PP Gerardo Camps se ha opuesto a la derogación de la reforma de 2013 mientras que el portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha argumentado la abstención en que no se debe “derogar” las reformas sino “revisarlas”.
La diputada del PSOE Mercè Perea ha exigido al Gobierno que no espere a los Presupuestos Generales del Estado y que apruebe un Decreto Ley que permita ya revalorizar las pensiones en 2018 según el IPC.
También la diputada de En Marea Yolanda Díaz ha lamentado que el factor de sostenibilidad no haya recibido -en su opinión- el respaldo del Consejo Económico y Social (CES) y sea determinante y “no reversible” en cuanto entre en vigor el 1 de enero de 2019.
Sobre una subida de las pensiones mínimas ligadas al IPC Campuzano ha insistido en que debería existir un sistema flexible, que en tiempos de crecimiento haya beneficios para el conjunto de los pensionistas y en tiempos de recesión proteja a las pensiones más modestas.
El presidente del Gobierno asumió el miércoles dos propuestas que le hizo el diputado de UPN Íñigo Alli para que se ampliaran las exenciones en el IRPF a las a las rentas con pensiones más bajas y para que el incremento de la recaudación impositiva prevista fuera directamente al Fondo de Reserva.
Rajoy aseguró que mejoraría las pensiones mínimas y de viudedad si había Presupuestos en 2018, pero no detalló si esta mejora se refería a aumentar la base reguladora de la pensión de viudedad hasta el 60 % o se refería a una subida concreta decidida por el Ejecutivo.

El fiscal pide al Supremo que archive la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro

MADRID.- La Fiscalía ante el Supremo ha pedido al tribunal el archivo de la causa abierta por delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho contra la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro, ante la falta de indicios contra ella.

El sobreseimiento provisional se pide “al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron la formación de la causa”, ha informado la Fiscalía.
El Supremo acordó el pasado mes de octubre abrir un procedimiento a la senadora del PP por un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Se investiga si en esos dos contratos pactó labores en beneficio de su imagen personal a costa del erario público.
En su escrito, la Fiscalía reconoce la dificultad de “separar la promoción institucional del prestigio personal del político” y señala que los hechos no presentan un perfil delictivo suficiente como para poder actuar contra la persona aforada.
La imputada declaró ante la magistrada del Supremo Ana Ferrer que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del Ayuntamiento. Así, negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro -considerado el conseguidor de la trama Púnica-.
Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que “se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo”, según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.
El expresidente del PP de Cartagena (Murcia) Francisco Celdrán confirmó el pasado 5 de febrero ante el Supremo las afirmaciones que hizo la senadora Pilar Barreiro en su defensa, en el sentido de que era el partido, y no la Comunidad de Murcia, el que iba a pagar los trabajos de mejora de su imagen que se investigan en esta causa.

Cada día se registran 58 agresiones y amenazas en hospitales y centros de salud españoles

MADRID.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) calcula que cada día se producen de media unas 58 agresiones, amenazas y coacciones en hospitales y centros de salud de toda España, según alertan con motivo del Día Nacional contra las agresiones en este ámbito que se celebra este viernes, 16 de marzo.

Este sindicato lanza la voz de alarma ante estos datos, ya que además cada vez son mayores en todas las comunidades autónomas y porque “son solo la punta del iceberg”, dado que la mayoría de incidentes no se registran.
“De hecho, CSIF estima que se producen centenares de situaciones violentas al día, pero por diferentes motivos (miedo, falta de apoyo, tiempo, desprotección, falta de protocolos efectivos) no se registran”, han denunciado en un comunicado.
Además, el sindicato admite que la incidencia de estos actos violentos es mayor en mujeres que en hombres y, por grupo profesional, el personal de Enfermería seguido del personal médico son los que más sufren estas situaciones.
Por todo ello, piden la creación de un Sistema de Información de Agresiones del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que se diseñen e implanten protocolos para garantizar el ejercicio de estos profesionales en un entorno de seguridad en todas las comunidades.
De igual modo, ven necesaria la aplicación de baremo indemnizatorio para los daños y perjuicios derivados de la actividad sanitaria, y dar mayor seguridad jurídica a los profesionales y a los pacientes.
Además, CSIF también propugna medidas reales y eficaces para la seguridad de los profesionales en el ámbito sanitario, formación a la totalidad de la plantilla para desarrollar habilidades comunicativas y sociales para prevenir y afrontar situaciones de hostilidad, y aumento y mejora de la eficacia de las medidas de seguridad en los centros de trabajo.

La Audiencia Nacional investigará a Camps en el sumario del 'caso Bárcenas'

MADRID.- El juez que investiga la presunta caja B del PP en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido incorporar a esta causa la declaración que hizo el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en el juicio de la trama Gürtel de esa comunidad implicando a Francisco Camps.

En un auto el magistrado también acuerda pedir al juzgado de la Audiencia Nacional que enjuicia esta pieza de la Gürtel que le remita las declaraciones que hicieron el cabecilla de la trama, Francisco Correa, su número dos Pablo Crespo y Álvaro Pérez Alonso, ‘El Bigotes’.
Estos cuatro acusados en la rama valenciana de Gürtel implicaron de diferentes formas al expresidente valenciano Camps en la financiación irregular del PP de esa comunidad, principalmente Costa, que señaló que fue quien ideó ese sistema, que consistía en girar facturas falsas a empresarios para pagar actos de 2007 y 2008.
El juez ha pedido asimismo al tribunal que juzgó la primera época de la trama Gürtel que le remita la declaración que hizo Correa en su turno de última palabra, cuando afirmó que se cometieron irregularidades en la facturación de actos del PP y confesó que pagó comisiones a alcaldes a cambio de adjudicaciones.
El juez ha accedido así a la petición que le hizo la acusación representada por IU, pero ha rechazado llamar a declarar como testigo a la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre, pues “carece de utilidad”, y citar de nuevo como investigado al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, quien ya fue imputado en esta causa pero se le levantó esa condición.
Sí ha citado a declarar el 3 de abril como testigo al exdelegado del Gobierno de Ceuta Luis Vicente Moro, imputado en el caso Lezo. La acusación pidió su declaración porque en una conversación pinchada en esta causa con el expresidente madrileño Ignacio González habla de “dinero negro” que el constructor arrepentido en Gürtel Alfonso García Pozuelo obtenía de sus gasolineras.
A este respecto, ha enviado esta información a la Agencia Tributaria para que, de creerlo oportuno, investigue ese supuesto dinero negro.
El mismo día irá como testigo el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, acusado en el caso Gürtel y que declaró en el juicio de la primera época que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le llamó para favorecer al empresario Joaquín Molpeceres. De la Mata ha pedido asimismo su declaración en el juicio.
Un día antes tendrá que acudir a la Audiencia Nacional el ex director general Calidad Ambiental de la Comunidad de Madrid Ignacio López-Galiacho, imputada en Lezo y cuya citación la pidió IU porque la exviceconsejera de Medio Ambiente María Paz González declaró ante De la Mata el pasado diciembre que él era quien recibía a los empresarios.
El 2 de abril también está citado como testigo Pedro Catalina, que aparece en una conversación pinchada en Lezo en la que el expresidente de Dregemont Rafael Palencia (quien afirmó en una grabación que había pagado comisiones ilegales al PP) explicó que María Paz González le había dicho que se reuniese con “un tal Ignacio” (presuntamente López-Galiacho) y con “Pedro Catalina”.
Ese mismo día el juez ha emplazado asimismo a un periodista de Intereconomía que investigó la grabación a Palencia en la que este empresario supuestamente reconoce las comisiones al PP.
Presuntamente, el presidente del Grupo Intereconomía Julio Ariza, que declaró como testigo en el caso Bárcenas, llevó esta grabación al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para chantajearle, según dijo González en un pinchazo con el exministro Eduardo Zaplana.
El magistrado pide ahora al juez del caso Lezo que le remita la declaración como investigado del exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, quien admitió que grabó a Palencia confesando esas comisiones.

Urdangarin podría acogerse a una irregularidad del perito para evitar el ingreso en prisión

PALMA.- Iñaki Urdangarin guarda esperanzas para evitar ingresar en prisión a pocos días de que el Tribunal Supremo celebre la vista pública de los recursos presentados contra las condenas que impuso la Audiencia de Palma en el caso Nóos, entre ellos el del exduque.

Los abogados de los principales implicados en el caso están analizando una irregularidad de uno de los peritos, el arquitecto Rafael Balaguer, en uno de los juicios de su matriz, el caso Palma Arena. Según informa el diario ‘El Mundo’, que ha accedido al vídeo de su declaración en sede judicial, reconoció abiertamente que había empezado a trabajar con el juez José Castro antes del inicio del caso. 
Más tarde, éste fue utilizado por el instructor para investigar las irregularidades del velódromo construido por el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, revelando que trabajó junto a Castro antes de que Anticorrupción interpusiera la querella relativa al recinto deportivo en agosto de 2008. “Trabajé con Castro en los prolegómenos de la querella“, aseguró en sede judicial.
Una vez puesta la querella, el procedimiento pasó del Juzgado de Instrucción Número 8 de Palma al Juzgado nº 3 que dirigía el juez Castro, en tan solo 24 horas, pese a que este trámite suele tardar cerca de diez días.
En su declaración judicial, Balaguer hizo referencia a las reuniones previas con Castro calificándolas de “informales”, aunque aseguró que no hubo “designación como perito propiamente” porque “no se firmó nada por escrito”. No obstante, el perito llegó a elaborar un primer informe sobre las irregularidades del velódromo antes de que fuera investigado el caso judicialmente.
Esta posible irregularidad fue descartada, pese a que ya había sido planteada por el abogado de Matas como cuestión previa en el último juicio del velódromo, donde se llegó a pedir la nulidad de las actuaciones del caso.

Vista pública del día 21

En la sentencia del caso Nóos, la Audiencia de Palma condenó a 7 de los 18 acusados. Sin embargo, únicamente tres de ellos recibieron penas que implicarían el ingreso en prisión, en el caso de confirmarse: Urdangarin fue castigado con 6 años y 3 meses de cárcel; su exsocio Diego Torres con 8 años y 6 meses, y el expresidente Matas con 3 años y 8 meses. Es decir, que del resultado de la vista del próximo 21 de marzo depende que entren o no en prisión los tres citados.
Esto es aún más claro si tenemos en cuenta el recurso del fiscal, que de ser asumido por el alto tribunal haría aún más duras las condenas. Así, para Urangarín la Fiscalía del Tribunal Supremo pide incrementar la pena a 10 años de prisión.
Por su parte, la Abogacía del Estado pidió al Supremo un incremento de 10 meses en la condena de prisión a Iñaki Urdangarin por delitos fiscales en el caso Nóos. Urdangarin fue condenado en total a 6 años y 3 meses, de los que 2 años eran por dos delitos fiscales. Además, fue condenado por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

El juez ve una "malvada voluntad en el plan criminal" de Ana Julia Quezada

ALMERÍA.- El juez instructor considera que Ana Julia Quezada, la mujer de 43 años en prisión provisional desde este jueves como presunta autora material de la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz, actuó guiada por "una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar" la comisión de su "macabro plan criminal".

El magistrado Rafael Soriano destaca, asimismo, la existencia de "abrumadoras pruebas contra ella" y se refiere no solo "a que ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también a las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
"Resulta presuntamente incuestionable la participación de la detenida Ana Julia Quezada en la muerte del menor y se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen", recoge la motivación del auto de ingreso en prisión que señala que este extremo es lo que ha motivado que el Ministerio Público califique los hechos como asesinato con alevosía.
El juez indica que, como parte de ese "macabro plan criminal", se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar, y resalta cómo "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño", al que se llevó "mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar".
"Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", subraya, lo que achaca a su deseo de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".
El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ana Julia Quezada en el marco de unas diligencias previas que se siguen por los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.
En la comparecencia de medidas cautelares, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión para la detenida por los delitos de asesinato con alevosía y detención ilegal. Quezada volvió a declarar este jueves ante el juez después de que se acordase la prórroga de la detención durante 24 horas.
El magistrado, que mantiene las actuaciones bajo secreto, considera necesaria la medida de prisión por la gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga.

Las agresiones a menores por parte de las parejas de los padres aumentan un 7,8%

MADRID.- La Fundación ANAR ha alertado del aumento de los casos de violencia ejercida contra los menores en España entre 2009 y 2016 por parte de las parejas de los padres del niño hasta un 7,8% en 2016, cinco puntos más que en 2009. Así se desprende del informe Evolución de la Violencia a la Infancia en España según las Víctimas presentado este jueves 15 de marzo por esta fundación en el Congreso de los Diputados.

En estos ocho años, la Fundación ANAR ha atendido a través de sus teléfonos -de Ayuda a Niños y Adolescentes 900202010, del Adulto y la Familia 600505152 y el de Niños Desaparecidos 116000- un total de 2,4 millones de llamadas que dieron lugar a un total de 25.312 casos de violencia ejercida hacia un menor de edad. Además, el estudio revela que el número de casos se ha multiplicado por cuatro, pasando de 1.487 casos en 2009 a 5.930 en 2016.
De los datos también se desprende que en el 58,6% de los casos de violencia contra menores, la propia familia fue la que agredió al niño o adolescente. Este porcentaje aumenta hasta un 67,8% si se incluye a las nuevas parejas de los padres biológicos del menor que en 2016 fueron las agresoras en un 7,8% de los casos, cinco puntos más que en 2009 (cuando representaban un 2,2% del total).
El principal agresor, según muestra el informe, es el padre biológico que es el responsable de la violencia en uno de cada tres casos (34,4%). Mientras, desciende el número de casos de madres agresoras, pasando del 37,6% en 2009 al 24,2% en 2016 (uno de cada cuatro casos). Más de la mitad de las víctimas son agredidas por ambos padres biológicos (53,1 por ciento).
Del total de 25.312 casos de violencia ejercida hacia un menor de edad registrados por la Fundación ANAR, 3.605 eran casos de situación de riesgo o desamparo que presentaban una gravedad de urgencia alta y requirieron una intervención urgente por parte del Teléfono ANAR con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios sanitarios de emergencias.
"Necesitamos poner freno a este ascenso alarmante de la violencia que padecen los niños, por eso necesitamos una Ley que los visualice, que les apoye, proteja y les de asistencia y tratamiento para prevenir que se produzca en el futuro", ha subrayado el director de Programas de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, quien ha puesto de manifiesto que cada hora detectan un caso grave de violencia contra menores.
Dentro de la violencia que sufren los menores, la Fundación ANAR ha observado un "alarmante" aumento de la violencia de género (682%), maltrato psicológico (604%), violencia escolar (584%), ciberacoso y grooming (410%), maltrato físico (304%), expulsión de casa (180%), abuso sexual (178%), violencia de un adulto a un menor en la escuela (171%), problemas de conducta (136%), agresiones extrafamiliares (93%) y abandono (73%).
Además, el informe revela que la edad media de los niños, niñas y adolescentes que sufren cualquier forma de violencia ha disminuido hasta los 11,5 años -antes se situaba en 12,3-. También ha descendido la edad a la que comienzan las agresiones hasta los 9,6 años, frente a los 10,4 de 2009. Asimismo, ha aumentado el número de casos entre los 5 y los 12 años, que han pasado de representar el 14,5 al 22 por ciento del total.
Atendiendo al género, de las cifras se desprende que en los últimos ocho años han aumentado tres puntos los casos de niñas víctimas de violencia, del 54,1 al 57,3%, frente al 42,7% de niños. Esto es debido, según explica ANAR, a que en el 75 por ciento de los casos de abuso sexual las víctimas son niñas.
Asimismo, ANAR muestra su "especial preocupación" por el hecho de que los menores tardan de media dos años en contar lo que les está ocurriendo. "La soledad acompaña al niño maltratado porque muchos de ellos se enfrentan solos a situaciones de maltrato y lo reciben en un entorno íntimo y sin testigos, pero también, porque no hay quién escuche", precisa la directora del Teléfono ANAR, Diana Díaz.

Más frecuentes y más graves

Por otro lado, el informe pone de manifiesto un incremento de la frecuencia de la violencia -en el 62,2% de los casos las agresiones fueron diarias-, la duración -en el 58,6 por ciento se prolongaron más de un año- y la gravedad -el 98,5% fueron de gravedad alta o media-.
ANAR alerta de que se ha incrementado de forma notable la violencia física fuerte -que ha pasado del 22,4 al 27,1 por ciento- y los insultos -del 31,6 al 44,8 por ciento-. Si bien, las formas de violencia que más han aumentado entre 2009 y 2016 son el acoso (16,8 por ciento), el control (28,9 por ciento), maltrato psicológico (25,4 por ciento) y ciberacoso (12,9 por ciento).
Además, de los datos se desprende que en uno de cada tres casos se producen lesiones físicas, golpes, bofetadas, puñetazos, patadas y amenazas graves, coacciones y gritos. El 6,7% de los casos presentaron traumatismos, huesos rotos y contusiones fuertes.
"Un niño que crece a base de golpes, sacudidas y puñetazos o es víctima de abusos, aprenderá que la violencia es el instrumento para resolver los conflictos en su vida y podrá repetir esa violencia con otras personas, o por el contrario vivirá temeroso y aislado", avisa la responsable del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR, Sonsoles Bartolomé.
ANAR señala que al disminuir la edad de las víctimas y al aumentar la frecuencia, la duración y la gravedad de la violencia, los problemas psicológicos causados también se agravan y aumentan en la mayoría de los casos: ansiedad, miedo, síntomas depresivos, trastornos psicológicos, agresividad, aislamiento y soledad.
Por otro lado, los casos de ideación suicida e intentos de suicidio se han multiplicado por seis, mientras que las autolesiones se han multiplicado por 14 hasta estar presentes en un 11,7 por ciento de los casos y, en ocasiones, termina también en suicidio, casos que han pasado de representar el 0,8 al 5,4 por ciento del total en los ocho años analizados.
La Fundación ANAR ha puesto en marcha la campaña #ObjetivoANAR, Cero Violencia Contra la Infancia, con la que pretende recoger 250.000 firmas para pedir al Gobierno y a las Administraciones Públicas que pongan en marcha las medidas legales y sociales necesarias para acabar con la violencia contra la infancia, y específicamente la tramitación de urgencia de la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Los interesados pueden firmar en su web.

Granados aporta al juez facturas "falsas" sobre la financiación del PP de Madrid

MADRID.- El ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados ha aportado este jueves al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que le investiga por la trama Púnica facturas presuntamente falsas de la Consejería de Justicia que dirigía Alfredo Prada -que le precedió en el cargo- y que él cree que servían para pagar los gastos de esa "campaña paralela" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en las elecciones 2007.

Fuentes presentes en la declaración han señalado que Granados está dando a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción nuevos detalles sobre la financiación irregular del PP de Madrid apuntando a Esperanza Aguirre y otros altos cargos del partido como Ignacio González, Cristina Cifuentes y la que fuera jefa de prensa de la expresidenta Isabel Gallego.
Entre la documentación aportada este jueves a la Audiencia Nacional Granados ha incluido según las mismas fuentes facturas que implicarían en la trama de corrupción al expresidente de Telemadrid Álvaro Renedo y al fallecido periodista Germán Yanke.
Sobre este último punto, Granados ha denunciado que tanto Aguirre como González habrían contratado gastos electorales extra sin control del PP que eran abonados mediante contrataciones falsas de periodistas de la cadena autonómica.

Un químico y una «heroína griega»: Así es la familia de Gabriel Cruz

ALMERÍA.- Puebla de Vícar es un pueblo pequeño, rodeado de ese mar de plástico que caracteriza Almería. Los vecinos coinciden en la tranquilidad del lugar. «Nunca pasa nada. De tranquilo, es aburrido», dicen. Y así, tranquila, era como se sentía Ana Julia, la asesina confesa de Gabriel, según cuentan quienes la frecuentaban. «Llevaba unos meses en paro y deseaba encontrar trabajo», relata una de las dependientas del Mercado de Vícar, en el que ella solía comprar pavo para el pequeño Gabriel, según relata Abc

La definen como una persona cariñosa y amigable: «Venía siempre y pedía lo mismo que Ángel, pavo para el niño», repiten. Desde que el niño desapareció ninguno ha vuelto a acudir a esas tiendas.
La pareja vivía cerca del mercado, de la Comisaría, del teatro... En el centro del pueblo. Hoy la puerta de cristal de su portal tiene pegado un dibujo de un pez que recuerda a Gabriel. Tenían una vida normal. Ángel Cruz es químico y trabajó durante más de 10 años en Hormigones Domingo Giménez, a diez minutos de su casa. Los trabajadores de la empresa le definen como un excelente compañero, un buen padre y, sobre todo, una maravillosa persona. Recuerdan cómo muchas veces le acompañaba Gabriel a la oficina y mientras él trabajaba, el pequeño se quedaba pintando.
«Un niño adorable, que nunca dio ningún problema», recuerda Diego Plaza, el director del colegio al que asistía, Virgen de Loreto, en Almería. El docente solo tiene halagos para Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel; una «heroína griega», como dicen algunos, una madre coraje como creen muchos.
Durante todo el trágico suceso, ella ha dado una lección de humanidad, pero compañeras de la Diputación de Almería, donde ella trabajaba, dicen que no ha sido una excepción en su forma de ser. Patricia es Técnico de Actividades deportivas en la Diputación, lo que le llevó a ejercer de «speaker» en el circuito provincial de carreras populares donde conoció al hombre que la acosaba y del que en un primer momento se sospechó como autor de la desaparición de Gabriel.
Ángel y Patricia están separados desde hace años, poco después de que el pequeño naciera. Gabriel vivía con ella, pero ambos mantenían una relación muy positiva y estaban de acuerdo en la educación del niño. Hoy todo su entorno se vuelca para arroparles en estos duros momentos.