MADRID.- La Fiscalía General del Estado ha pedido a Interior que consulte a Suiza
sobre la posibilidad de detener y extraditar a Carles Puigdemont, cuyo
pasaporte pide al Supremo que le sea "limitado", todo ello ante el
anuncio del expresident y la exconsellera Meritxell Serret de viajar a
este país el domingo.
El fiscal ha pedido a Interior que, en
colaboración con Interpol, haga "las gestiones necesarias ante las
autoridades competentes de Suiza a los fines de determinar la viabilidad
de la detención de los fugados y de su reclamación a efectos de
extradición".
Lo primero que pide el Ministerio Público es que el Ministerio de
Asuntos Exteriores informe en relación a las gestiones realizadas por el
expresidente catalán y la exresponsable de la Consejería de Agricultura
ante los representantes diplomáticos de España en Suiza para su
participación en el Festival de Cine de Derechos Humanos (FIFDH) y en un
acto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Además pide que la Oficina de Cooperación Internacional del
Ministerio del Interior, en colaboración con Interpol, realice las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes de Suiza a los
fines de determinar la viabilidad de la detención de Puigdemont y Serret
y su reclamación a efectos de extradición.
En tercer lugar, interesa que se tramite en el Tribunal Supremo la
adopción de medidas cautelares complementarias consistentes en la
“limitación de la validez del pasaporte” para Puigdemont y Serret,
quienes se encuentran en Bélgica desde finales de octubre de pasado año
cuando dejaron España junto con los otros tres exmiembros del gobierno
catalán Clara Ponsatí, Antoni Comín y Lluís Puig.
De momento, no se pide al juez Llarena que active las órdenes de
detenciónl Las medidas mencionadas en el escrito que se ha dado a
conocer este jueves responden al deseo de la Fiscalía de no permanecer
impasible mientras unos presuntos delincuentes se mueven libremente de
un país a otro anunciándolo por anticipado y sin que se haga nada para
detenerlos.
Sobre Puigdemont y los exconsejeros prófugos se mantiene vigente la
orden de detención nacional dictada por la magistrada de la Audiencia
Nacional Carmen Lamela, que comenzó investigando esta causa. Sin
embargo, el propio Llarena les retiró las órdenes europeas e
internacionales de detención dictadas por la juez para evitar que las
autoridades belgas les entregaran por los delitos menos graves que pesan
sobre ellos, que son los que contempla su legislación, y se vieran
beneficiados respecto del resto de imputados en esta causa.
La propia Fiscalía manifestó el pasado lunes que solo pedirá orden
internacional de detención contra el expresident Carles Puigdemont, los
cuatro consellers que le acompañan en Bélgica y la dirigente de la CUP
Anna Gabriel “una vez se haya dictado auto de procesamiento” contra
ellos. La previsión es que, en ese momento, la instrucción esté lo
suficientemente avanzada como para que la solidez de los argumentos y
las pruebas presentadas a los responsables belgas y suizos garanticen el
éxito de su solicitud.
El juez Pablo Llarena investiga a un total de 28 personas por el
delito de rebelión en relación con los hechos encaminados a conseguir la
independencia de Cataluña. De todas ellas están huidas los cinco
exmiembros del gobierno catalán además de la exdiputada de la CUP Anna
Gabriel, que viajó a Suiza días antes de su declaración prevista en el
alto tribunal y que tiene previsto acudir este domingo al acto del FIFDH
junto con Puigdemont y Serret.
Si finalmente Puigdemont viaja a Ginebra este fin de semana, se
tratará de la segunda ocasión que abandona el país belga ya que el
pasado mes de enero se trasladó a Dinamarca para participar en un acto
universitario. En ese momento, Puigdemont todavía era candidato a la
presidencia de la Generalitat y el magistrado evitó pedir su detención
convencido de que el viaje a Copenhague era una treta con la que buscaba
ser arrestado para poder justificar su ausencia en el debate de
investidura y la imposibilidad de defender su programa ante el
Parlament. De esa manera, podría haber mantenido su candidatura sin
retorcer el reglamento y votarse a sí mismo con un voto delegado. “Que
el comportamiento (de Puigdemont) pueda buscar la detención (….) es algo
que no se escapa al instructor”, avisó el juez en el auto con el que
denegaba la petición de la Fiscalía de activar la euroorden contra el
expresidente en Dinamarca.
En el caso de que ahora se hubiera vuelto a solicitar la detención,
el instructor habría podido considerar que Puigdemont está buscando de
nuevo su detención para delegar el voto como diputado, toda vez que al
no haber entregado su acta los independentistas corren el riesgo de
perder la mayoría que necesitan para investir a Jordi Sànchez o, en su
defecto -el Supremo ha avalado este jueves que Llarena no le autorice a
abandonar temporalmente la prisión para acudir al Parlament- a Jordi
Turull. Tanto el juez como los letrados de la Cámara autonómica dieron
el visto bueno a la delegación del voto de los diputados que permanecen
en prisión y el Gobierno optó por no recurrir esta decisión. En cambio,
se opusieron a que los prófugos pudieran acogerse a esa fórmula.
En el programa del festival de este próximo domingo está prevista la
emisión del documental francés ‘Catalogne, l’Espagne au bord de la crise
de nerfs’, (‘Cataluña: España al borde de un ataque de nervios’)
firmado por Sylvain Louvet, Gary Grabli y Julie Peyrard y que, en otros
asuntos, aborda el referéndum del 1 de octubre y la cargas policiales.
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