El PSOE es el partido que más tiempo ha
estado en el gobierno durante la tercera restauración borbónica. Unos
veintiún años. En ese lapso ha hecho cosas bien, incluso muy bien y
cosas mal, incluso muy mal, desde una perspectiva de izquierdas.
Comprimir veintiún años en unas líneas y un juicio sumario es absurdo e
injusto. Que ese juicio sea todo él positivo, es de papanatas y
tiralevitas; que lo sea todo negativo, de falsarios y envidiosos. En
ambos casos, los responsables debieran avergonzarse, pero eso es difícil
en este país en el que el halago pero sobre todo el infundio, pasan por
sana crítica.
El
juicio negativo, absolutamente negativo. es muy frecuente tanto en la
derecha, que lo hace por obligación laboral, como en las demás
izquierdas que lo hacen por resentimiento. Ambas líneas coinciden en un
punto llamativo: el odio al PSOE, que tiene cultivadores por doquier, a
fuer de competidores políticos y de españoles, dispuestos siempre a no
reconocer a nadie sus méritos. Sobre todo si tiene la desfachatez de
poseerlos en justicia.
Ese
odio al PSOE procedente de la otra izquierda es tanto más
injustificable cuanto que a ella no se le puede acusar de nada dado que
jamás ha gobernado ni ostentado responsabilidad alguna, salvo la de
largar por la boca. En eso de hablar es muy competente, atacando a su
adversario o supuesto adversario y soltando ditirambos sobre sí misma,
llamándose "verdadera" y "transformadora" izquierda con la misma
justificación con que yo puedo considerarme el Marqués de Carabas.
La
deriva del PSOE hacia un partido mayoritariamente conservador,
dinástico y neoliberal se inició en la segunda legislatura de Rodríguez
Zapatero y alcanzó su culminación con la desastrosa secretaría general
de Rubalcaba, cuya actitud de sumisión, cuando no complicidad con todos
los desmanes del gobierno de neofranquistas y presuntos malhechores fue
vergonzosa. Rubalcaba probó en vivo lo cierto del famoso dicho arreglado
por la ironía popular de que el poder corrompe, pero más corrompe no tenerlo. Y esa actitud de servilismo a la derecha más corrupta y autoritaria de este país fue continuada por Pedro Sánchez, alter ego de
Rubalcaba. Ninguno de los dos se atrevió a presentar una moción de
censura a un gobierno prepotente y antidemocrático que la estaba
pidiendo a gritos, probablemente porque, con la corrupción que el PSOE
ha acumulado en Andalucía, no se sentía con fuerza moral para hacerlo.
Ahora
bien, ese partido socialista, con sus 137 años de historia es casi una
institución en España y conserva una militancia fiel, básicamente de
izquierda que no puede confundirse con la orientación monárquica,
centralista, en buena medida clerical y neoliberal que se ha apoderado
de la organización. Hacerlo es también injusto y estúpido porque divide a
la izquierda y no conduce a nada positivo, al menos mientras el PSOE
conserve un suelo respetable en intención de voto.
Ahora,
después del fracaso de la izquierda en la constitución de un gobierno y
cuando se afrontan unas nuevas elecciones que solo una mezcla de
oportunismo e ignorancia puede llamar "segunda vuelta", conviene ver en
qué circunstancias nos hallamos por si podemos hacer alguna propuesta
que ayude a tener un gobierno de izquierdas a partir del 26 de junio. De
entrada conviene echar llave a las pendencias sobre los meses de
negociaciones, y no buscar culpables. Culpables han -hemos- sido todos.
Vayamos ahora a ver si cabe aprovechar la nueva situación y sacar de
ella el mayor rendimiento posible cuyo objetivo esencial, primordial y
fundamental debe ser echar a la derecha expoliadora, autoritaria,
antipopular y anticatalana.
IU y Podemos sellaron el jueves un acuerdo saludado con alharacas por todo el mundo y criticado por Palinuro (Un pacto para menos que nada)
por entender que se trata de un pacto en contra del PSOE y que, en
consecuencia solo conseguirá dividir a la izquierda y que siga
gobernando esta derecha impresentable. ¿Que no es así? ¿Que la presencia
de Anguita en el cartel del pacto no significa que este seguirá por su
odio al PSOE y podrá llegarse a algún acuerdo con este? Perfecto:
pruébenlo y pruébenlo del único modo posible, esto es, llegando a un
acuerdo con el PSOE.
IU
y Podemos han incluido en su pacto la realización del referéndum en
Cataluña. Eso merece el aplauso de Palinuro. Al mismo tiempo, han
propuesto al PSOE listas conjuntas al Senado en donde sea posible para
desalojar a la derecha. También algo digno de aplauso y de crítica: si
se hace la propuesta para el Senado, ¿por qué no para el Congreso? Ya sé
que las listas son diferentes, como lo son los sistemas electorales de
ambas cámaras, pero, ¿por qué no buscar una fórmula similar como, por
ejemplo, un acuerdo de mínimos entre las dos fuerzas del pacto
Podemos-IU y el PSOE de forma que, cuando el elector de izquierda fuera a
depositar su voto por uno de los tres partidos supiera que estaba
votando un gobierno de izquierdas de Podemos, IU y PSOE?
Tengo
para mí que el resultado electoral de esta oferta sería abrumador y
proporcionaría un gobierno de coalicion de izquierdas con mayoría
absoluta en las Cortes.
Queda
por averiguar qué puede hacer el PSOE. En primer lugar y sin perder
tiempo, mostrar su disposición a este gobierno de coalición de la
izquierda, explicando de paso por qué motivo se opone a las listas
conjuntas en el Senado. Al margen de si su pacto anterior con C's fue
razonable o no, este ya no funciona ni obliga una vez convocadas las
elecciones, por lo tanto, está de más. El PSOE tiene absoluta libertad
de elección y lo razonable es que elija el pacto de izquierdas.
Este
pacto que debe garantizar un gobierno de progreso y cambio cuyo alcance
y profundidad se verá tras las elecciones pero que obtendría una
mayoría aplastante, solo tiene dos cuestiones previas por resolver para
las cuales Palinuro cuenta con dos respuestas, a su vez
interrelacionadas, que somete a otras mas razonables:
1ª) ¿Quién preside el gobierno? El partido que tenga un escaño más.
2ª)
¿Qué sucede con el referéndum (que es el verdadero escollo a la
formación del gobierno)? Exactamente lo mismo. ¿Podemos-IU favorecen el
referéndum y consiguen ser mayoría? Orgánicese la consulta y sin duda
los diputados catalanes de ERC y DiL facilitarán la labor con su
abstención o voto favorable. ¿El PSOE, que se opone al referéndum,
consigue ser mayoría? No habrá referéndum. Me temo que será inútil
advertir a los socialistas de que, aunque se opongan, ese referéndum
acabará haciéndose. Pero, por lo menos, habrá un gobierno de izquierdas
en España. En cuanto a los catalanes, a los que he aprendido a conocer y
valorar, estoy seguro de que tirarán hacia delante, hacia la República
Catalana. Y yo con ellos.
El famoso referéndum
Con
independencia de si se admite o no la existencia del derecho a decidir o
el derecho de autodeterminación, es evidente que el referéndum con que
se pondría en marcha cabe en la Constitución. Bien se utilice la vía
del artículo 92 y lo promueva el gobierno, bien la del 150, 2 y lo
promueva la Generalitat por delegación del Estado, el referéndum es
posible y hasta constitucional ahora mismo.
Las
argucias aducidas acerca del impedimento legal o constitucional son
eso, argucias. Lo que falta no son los medios jurídicos para arbitrar la
consulta sino la voluntad política de hacerlo. En todas las instancias
del poder central, desde el gobierno a las distintas organizaciones de
la oposición (aunque no todas) no hay la menor voluntad para realizar un
referéndum pactado con el Estado en Cataluña. Y las distintas
propuestas de reforma constitucional, con o sin proyección federal, no
son más que intentos de asfixiar la cuestión llevándola a un territorio
yermo.
¿Y
cómo podría propiciarse esa voluntad política? Por dos vías no
necesariamente excluyentes que cabe llamar la de la presión y la de la
redundancia. La de la presión consiste en acumular fuerzas a escala del
Estado para conseguir un cambio en la actitud de las instituciones. La
de la redundancia en seguir con la hoja de ruta hasta hacer ver que el
dicho referéndum pactado ya no es necesario por haberse dado realidades
sobrevenidas que lo hagan innecesario.
La
primera vía, la de la presión entra en un compás de espera con las
nuevas elecciones en el Estado que tiene tanto de forzoso como de
inútil. Forzoso porque, al no haber gobierno hasta que se den los
resultados del 26 de junio, no hay interlocutor cuya voluntad política
quepa mover en un sentido u otro. Es obligado esperar aunque, por cuanto
sabemos, sean escasísimas las esperanzas de que las elecciones
articulen una relación de fuerzas en Madrid que den alguna esperanza de
referéndum pactado. A esta consideración debe añadirse la alta
probabilidad de que tales resultados dejen las cosas en el mismo punto
muerto en que se encuentran ahora y, por tanto, prolonguen la situación
de desgobierno del conjunto del país. En el límite del absurdo podría
este verse obligado a repetir nuevamente las elecciones si los
vaticinios sobre la similitud de los resultados se cumple.
La
segunda vía, la de la redundancia es mucho más segura, aunque de
incierto final, si bien esto es algo que afecta al conjunto del proceso.
Las instituciones catalanas, en uso de su plena legitimidad (cosa que
el Estado central en funciones apenas digiere) continuarán su camino
tanto en la elaboración de políticas públicas como en la legislación. El
gobierno central seguirá impugnándolo todo ante el Tribunal
Constitucional. Hasta que llegue el momento en que el Consejo para la
Transición Nacional presente un proyecto de Constitución de la República
Catalana al Parlamento catalán. Y este, mutado en un órgano
constituyente al margen de la legalidad española, convoque un referéndum
de ratificación del proyecto.
Ese
será el momento formal y material de ruptura con el Estado. Hasta ese
instante muy probablemente, se producirán roces y fricciones en los
órdenes administrativos, a medida que las distintas autoridades
catalanas (municipales, provinciales, autonómicas) puedan entrar en
conflicto con las centrales. Pero la convocatoria de un referéndum de
ratificación de un proyecto de constitución catalana será el elemento
que fuerce la voluntad política del Estado para pactar un referéndum
(ahora, sin embargo, redundante, pues estará en proceso la convocatoria
del catalán propio) o para enfrentarse en abierto conflicto con la
Generalitat prohibiendo la realización del referéndum de ratificación y
valiéndose para ello, como acostumbra, del Tribunal Constitucional.
Desde
el punto de vista formal, la situación será como una repetición de la
consulta del 9 de noviembre. Esta vino amparada por la Ley de Consultas
del Parlament que el gobierno central recurrió ante el Tribunal
Constitucional. A continuación, este órgano prohibió que la Generalitat
realizara la consulta de hecho que había propuesto como forma de
sortear la prohibición la consulta al amparo de la ley impugnada. La
consulta, sin embargo, se realizó en un acto de desobediencia y de
incipiente soberanía de la Generalitat.
El
gobierno central sostuvo que dadas las circunstancias, la consulta del
9N carecería de efectos jurídicos (si bien la fiscalía instó al
procesamiento de Artur Mas y las consejeras Rigau y Ortega), aunque los
ha tenido políticos y muy poderosos. La pregunta es qué efectos tendría
una convocatoria de referéndum de ratificación constitucional en estas
condiciones y qué actitud adoptaría Europa y la comunidad internacional
ante un conflicto de estas dimensiones que, de hecho, está ya
internacionalizado.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
