miércoles, 28 de febrero de 2018

Policía y Guardia Civil alcanzan con Interior una “propuesta de acuerdo” sobre la equiparación salarial

MADRID.- Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles someterán a votación de sus bases la nueva oferta del Ministerio del Interior de 1.100 millones en tres años para la equiparación salarial con las policías autonómicas y que supone una dotación para este año de 500 millones.

Según los cálculos que han plasmado estas organizaciones en un comunicado, la nueva oferta supondría que al final de esos tres años, es decir, en 2020, un policía nacional cobraría 561 euros brutos más al mes que ahora (en doce nóminas) y un guardia civil 720 euros.
Tras más de cinco horas de reunión con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, los representantes de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) han aceptado un preacuerdo, que someterán a votación, basado en la nueva propuesta de Interior, que les ha dado un plazo de siete días para responder.
Fuentes sindicales y de las asociaciones han señalado que el Ministerio ya ha dejado claro que es su última oferta y, aunque dista de los 1.500 millones en el periodo 2018-2020 que los agentes reivindicaban, se acerca algo más que la expuesta en la última reunión (807 millones) tras la que se rompieron las negociaciones.
Para el Ministerio, se trata de una oferta que supondrá el fin de la “brecha salarial” existente ahora entre los agentes de las FSE y cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra.
Según un comunicado del Ministerio, la reunión ha servido para alcanzar una “propuesta de acuerdo” sobre equiparación salarial que permitiría a policías y guardias civiles percibir en 2020 “el mismo sueldo que un mosso d’esquadra en un puesto y categoría similar”.
El Ministerio del Interior “valora la disposición, el compromiso y el esfuerzo de los representantes de los policías y guardias civiles durante estos meses de negociación”, subraya el comunicado.
Si la propuesta culmina, “se corregiría en sólo tres años la ‘brecha salarial’ que se había producido en las últimas décadas con respecto a la policía autonómica catalana, el cuerpo policial que más cobra en España“, añade Interior.
Con este esta propuesta de acuerdo, se garantizaría que en este año 2018 el Gobierno incluiría en los Presupuestos Generales del Estado un total de 500 millones de euros para incrementar las nóminas de policías y guardias civiles.
Asimismo, el Ejecutivo se compromete a que en los dos próximos años (2019 y 2020) se incorporarían las cantidades necesarias para implementar la equiparación salarial.
Una consultoría externa fijaría los criterios objetivos de análisis para garantizar que la equiparación salarial sea una realidad en el plazo previsto de tres años.
En esta última reunión, la séptima celebrada desde la constitución de mesas técnicas, se ha respetado la cifra de 807 millones de euros que se pactó para aplicar el método de costes medios de cada uno de los puestos de trabajo entre los cuerpos policiales y que supuso determinar una diferencia salarial de 476,7 millones en el caso de la Guardia Civil y de 331 millones en el caso de la Policía Nacional.
No obstante, el documento negociado no contabiliza en esa cifra las cantidades que, negociadas en la Mesa General de la Función Pública, recibirían todos los funcionarios, incluidos los Mossos d’Esquadra, lo que elevaría la cifra de la equiparación salarial a un montante de 1.100 millones de euros.
En esta propuesta de acuerdo, que tiene que ser refrendado por las bases sindicales, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se compromete a tramitar una ley que garantice “para siempre” la “equiparación justa” entre los distintos cuerpos y que contemple la máxima de que a iguales circunstancias, trabajo y funciones deberá siempre corresponder un mismo sueldo.
Igualmente, el Ministerio abordaría la elaboración de los nuevos catálogos en ambos cuerpos, la determinación de criterios de compensación por territorialidad y la simplificación de los complementos específicos singulares para evitar agravios en el seno de cada uno de los cuerpos policiales.

Combatir el franquismo coronado / Agustí Colomines *

Fernando Suárez González, jerarca del franquismo, quiere dar lecciones de democracia a los demócratas sin renunciar a lo que fue en los años de la dictadura. Quien fuera uno de los ministros de Franco que estaban sentados en el Consejo de Ministros que ratificó en septiembre de 1975 la condena a muerte de Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Xosé Humberto Baena Alonso, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y de los acusados de pertenecer a ETA, Ángel Otaegi Etxeberria y Jon Paredes Manot, Txiqui, concedió una entrevista a El Mundo que no tiene desperdicio. 

Para empezar, a la pregunta del entrevistador sobre si, como asegura Pablo Iglesias, hay un ADN franquista en la derecha española, la respuesta de Suárez no puede ser más sincera: "Pero, ¿cómo no lo va a haber? El error es considerar eso como un insulto". Ese es el quid de la cuestión. El orgullo de un franquista frente a la lucha democrática del FRAP -una organización comunista que presidía, sin embargo, el antiguo ministro republicano Julio Álvarez del Vayo y que posteriormente contó con la simpatía del escritor católico José Bergamín, al que apoyó como senador en 1979-, y de ETA, la organización armada que hasta 1975 no era ni mucho menos lo que fue después.

La extrema derecha española va perdiendo ahora el complejo de culpa que tenia en los años de la Transición. Siempre estuvo viva, aunque fuese minoritaria como Fuerza Nueva o se escondiese en el PP. Suárez González, que perteneció a la FET y de las JONS, dirigió el Sindicato Español Universitario (SEU), y fue procurador en Cortes y ministro de la dictadura, no puede presumir de una hoja de servicios a favor del ideal democrático simplemente porque fuese, también, uno de los miembros de la comisión gubernamental que propició el haraquiri controlado del franquismo. 

El instinto de supervivencia logra milagros. La extrema derecha estuvo y está en la herencia que nos dejó el franquismo y que no supimos depurar. Los portugueses, por lo menos, en 1974 mandaron para el exilio a su dictador, Marcelo Caetano, donde murió el 1980, junto a Américo Tomás, el presidente de la República salazarista.

La extrema derecha española va mutando con el tiempo, pero siempre defiende lo mismo. C's, muchos de cuyos promotores son de estirpe franquista, renueva la herida con un discurso pretendidamente liberal. 

Hace unos días, en una conversación privada, expuse esa idea y los comensales se escandalizaron. Para explicárselo mejor y atenuar su estupor, les dije que estaba leyendo Contra el odio (Taurus), de Carolin Emcke, una académica y periodista que organiza y modera un debate mensual en el Teatro Schaubühne de Berlín sobre conflictos, y que en él daba las claves de lo que es hoy la extrema derecha en Europa. 

Afirma Emcke que casi todos los partidos de extrema derecha, sea en una versión nacionalconservadora, sea en la versión populista de derechas —el Partido de la Libertad (PVV) en los Países Bajos, el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Fidesz en Hungría, UKIP en Gran Bretaña, los Demócratas de Suecia, el partido de los Verdaderos Finlandeses, el Partido del Pueblo Danés, el Partido del Pueblo Suizo (SVP) o el partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia— “defienden la idea (o el deseo) de una nación con una cultura y una religión homogéneas o bien de un pueblo homogéneo”.

¿No les parece a ustedes que la derecha nacionalconservadora (PP) y la populista de derechas (C's) españolas defienden lo mismo? ¡Claro que sí! “Libres e iguales”, como dirían los intelectuales que en 2014 crearon esa plataforma chetnik en defensa de la españolidad de Catalunya, pero los catalanes, los valencianos, los baleares, los gallegos o los vascos y los navarros tienen que serlo un poco menos. El pueblo homogéneo habla en castellano, tiene un único sistema de gobernanza y una memoria histórica homogénea, basada en la idea de que los vencedores de la Guerra Civil salvaron a España del comunismo.

No idealizo la República, ni los asesinatos perpetrados en el bando republicano —por eso nunca idealicé a Tarradellas, que fue tan inútil como Companys al intentar parar los desmanes—, pero la racionalidad —y la historia— no me permiten exaltar el régimen franquista, que es lo que viene haciendo el PP desde su fundación como Alianza Popular, o C's cuando, junto al PP, abandonó la sesión del 10 de octubre de 2013 del Parlament de Catalunya para no votar la moción presentada por ICV-EUiA que condenaba de manera solemne “toda declaración o actividad que comporte cualquier clase de enaltecimiento, trivialización, exculpación o negación del nazismo, franquismo y el resto de regímenes fascistas”. 

Jordi Cañas, entonces diputado y portavoz de C's, se encargó de dejar claro en que bando se situaba su partido. El ministro franquista les reclama ahora que sean coherentes y se opongan a la iniciativa presentada por el PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica. La tentación autoritaria siempre está al acecho y C's lleva tiempo empleando un lenguaje y contando la historia del contrato social entre ciudadanos “libres e iguales” que nada tiene que envidiar a los discursos de José Antonio.

La mayor preocupación de Suárez González es, sin embargo, que deslegitimar el franquismo pone en riesgo a la Corona. Dejando a un lado la estupidez tautológica que le lleva a afirmar que la “República en España es contra media España. Siempre. La Monarquía no tiene más preocupación que la de ser de todos”, porque también se podría afirmar lo contrario y simplemente sería una repetición inútil y viciosa del mismo tenor, lo dicho por el ministro franquista es una gran verdad: la restauración de la Monarquía fue “una decisión personalísima de Franco, no cabe la menor duda, y hay que ver qué patrimonio tan importante supone para nosotros en la actualidad”. 

Lo primero es cierto históricamente. Lo segundo es un juicio de valor, en especial porque muchos catalanes sabemos que con el discurso del 3-O Felipe VI se apuntó al “a por ellos” fascista que cantaban los manifestantes que despedían en tierras andaluzas a los guardias civiles destinados a Catalunya para reprimir a los demócratas. Si la Monarquía no estuviese protegida por un artículo de la Constitución que introdujeron los socialistas en el Código Penal en 1995, la República podría defenderse en España sin el temor de acabar con los huesos en la cárcel como el joven rapero mallorquín Valtònyc.

En la España actual, desacomplejada y extremista, dominada por el relato posfranquista que difunden políticos, comentaristas y medios de comunicación, se asciende a general a Pérez de los Cobos, un guardia civil que el 23-F se presentó vestido de falangista para apoyar a Tejero y el 1-O reprimió con saña a los que acudían a votar en el referéndum de autodeterminación, mientras el Gobierno legítimo catalán es perseguido y encarcelado por comprar urnas y ponerlas a disposición de los ciudadanos para que expresasen libremente su opinión. 

Cada día está más claro que la independencia de Catalunya es la única vía para evitar el hedor fascistoide que desprenden PP y C's y también para dejar atrás a la Monarquía. La que impuso Franco o cualquier otra.



 (*) Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona



JxCat y ERC pactan "una asamblea y un consejo" que pilote Puigdemont en Bélgica

BARCELONA.- El acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgica tres órganos para internacionalizar la República y difundir un proceso constituyente: una Assamblea de Representants de la República, una Presidència del Consell de la República y un Consell per la República, afirma un documento interno de la CUP.

Según ha publicado el diario Ara, es una estrategia para dar una estructura que permita a Carles Puigdemont (JxCat) mantener su actividad desde Bruselas, mientras que en Cataluña se investiría a un presidente que no fuera él, y se formaría un Govern de acuerdo con la legislación actual.
El documento recoge, por primera vez por escrito, que el candidato elegido para ser investido en la Cámara sea Jordi Sànchez (JxCat), en un pleno del Parlament que podría celebrarse entre el martes 6 y el miércoles 7 de marzo --las fechas no están cerradas--.
Los tres órganos a crear en Bruselas se asemejan a lo que puede considerarse un Parlament, un presidente y un Govern en el exilio, y que participen tanto miembros de JxCat, la CUP y ERC como representantes de la sociedad civil.
Bajo la etiqueta Espai Lliure de Brussel·les, se prevé que los tres órganos actúen para defender la república, y que el Govern formado en Cataluña trabaje con la premisa "legalidad autonómica, obediencia republicana", constata el documento.
Según la propuesta, la Assamblea de Representants de la República estaría formada por diputados, representantes del mundo local y de la sociedad civil, y sus funciones serían elegir a la Presidència del Consell de la República, definir la metodología de un proceso constituyente y "debatir y promover las actuaciones para avanzar hacia el restablecimiento de la República" y su internacionalización.
En segundo lugar, Puigdemont asumiría la Presidència del Consell de la República y como funciones tendría asumir la representación internacional, convocar la Assamblea e "impulsar políticas concretas y los consensos necesarios para materializar la República".
En tercer lugar, el Consell per la República estaría nombrado por Puigdemont atendiendo a criterios de excelencia y reconocimiento profesional, y, aparte del presidente, estaría formado por tres miembros propuestos por JxCat, tres por ERC y uno por la CUP: sus funciones serían "impulsar el debate constituyente, asesorar al presidente y fomentar acciones para avanzar hacia la República".
 
El Espai Lliure de Brussel·les arrancaría --si el acuerdo se cierra-- de "forma solemne con un acto celebrado en Bruselas donde participarían los grupos parlamentarios republicanos" e invitados del mundo local, de la sociedad civil, eurodiputados y expresidentes de la Generalitat.
El acto sería el lunes 5 de marzo y, a la práctica, también serviría para visualizar que JxCat renuncia a investir a Puigdemont en el pleno del Parlament; luego, el 6 ó 7 de marzo, se investiría a Jordi Sànchez (JxCat) en la Cámara catalana --si obtiene permiso del juez para salir de la cárcel--.
 
En paralelo a estos tres órganos, en Cataluña se formaría un Govern que trabaje para "la restauración democrática, la internacionalización, un frente común contra la represión, políticas de prosperidad y políticas para contrarrestar el intento de fractura social".
Los 'cupaires' explican que ERC y JxCat negocian por su cuenta el reparto de áreas del futuro Govern, y lamenta que no les han hecho llegar "concreciones" del plan de gobierno.
La CUP recoge en el documento el mecanismo interno para decidir si apoya el pacto de investidura de JxCat y ERC, y establece tres posibles escenarios: apoyar la propuesta aunque no haya acuerdo programático sobre las políticas del futuro Govern; o apoyar el pacto siempre que haya acuerdo sobre el programa; o rechazar la oferta de ERC y JxCat.
La CUP tiene cuatro diputados en el Parlament y plantea varias posibilidades: dar sus cuatro votos e investir en primera vuelta al candidato de JxCat; o dar cuatro abstenciones --eso obligaría a investir al candidato en segunda vuelta--; o dar cuatro votos negativos.
En este último escenario, la legislatura no se desencallaría y obligaría a JxCat y a ERC a mover ficha: o hacer nuevas ofertas a la CUP para llegar a un acuerdo, o renunciar a seguir negociando y conducir a Cataluña a unas nuevas elecciones en primavera.

Pedro Sánchez pide a Rajoy que «apruebe ya los presupuestos o convoque a las urnas»

SEVILLA/BARCELONA.- El líder del PSOE Pedro Sánchez ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a pasar ya a la acción y salir del "letargo y parálisis" en la que se encuentra, instándole a "presentar los presupuestos generales ya o convocar elecciones para buscar una nueva mayoría alternativa" que permita sacar adelante una respuesta a los problemas que arrastra el país. 

Acompañado de varios miembros de la dirección federal, Sánchez aprovechó su asistencia a los actos institucionales del Día de Andalucía para lanzar su reto al jefe del ejecutivo central, justificando su petición en que el actual Gobierno del PP sólo está "prolongando y postergando muchos de los problemas" que sufre la sociedad española, entre los que citó "la precariedad, la desigualdad y la necesidad de regenerar la vida democrática del país".
Por ello, el secretario general de los socialistas recordó a Rajoy que "ya estuvo un año en funciones, y no puede aspirar a estar cuatro años más". 
"España tiene muchos problemas", insistió, subrayando que "gobernar no es conservar el poder a cualquier precio". Y como ya hiciera en el último comité federal de los socialistas, justificó esa inacción en la "guerra fría" que mantienen las formaciones de la derecha, PP y Ciudadanos, cuya preocupación en sus intereses electorales no hace sino "detener España".
"Le exijo que presente los Presupuestos ya, y si no puede contar con una mayoría parlamentaria suficiente, debería convocar a las urnas", lanzó Sánchez, para permitir que haya una "mayoría distinta que pueda sacar adelante una respuesta a muchos de los problemas que tiene nuestro país y que no son atendidos por el gobierno de España". 
No obstante, el ministro de Hacienda Cristobal Montoro anunció hace unos días que están ya ultimando el anteproyecto de ley y que en breve presentarán las nuevas cuentas generales para 2018.
Por otra parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado a Sánchez a no repetir el error que ya le costó la cabeza en su partido y cumplir su promesa de echar del Gobierno a Mariano Rajoy con una moción de censura que, según ha dicho, tendría el apoyo de ERC y del PDeCAT "a cambio de nada".
Iglesias, en una entrevista en La Sexta, ha insistido en que la única salida para "sacar a los corruptos del Gobierno" es una moción de censura que evitaría además que el Ejecutivo mantenga "secuestrado al Parlamento" y vetando iniciativas de la oposición. 
Según ha asegurado, se intercambia regularmente mensajes con Sánchez y le gustaría que el PSOE fuera "más coherente" y cumpliera sus promesas electorales, como "echar a Rajoy".
Asimismo, ha confiado en poder alcanzar acuerdos con los socialistas en materia de pensiones y espera convencer al PSOE y a los sindicatos de la necesidad de revalorizar esas prestaciones conforme al IPC y suprimir el factor de sostenibilidad que liga las pensiones a la esperanza de vida.
Iglesias ha insistido a los socialistas en que están ante la oportunidad de cambiar las cosas, "escuchar lo que está diciendo la calle" e incluso preguntar a sus bases "si quieren echar a Rajoy". 
"Nos gustaría que el PSOE rectifique en esto y nos pongamos de acuerdo. Esto no va de ponerse medallas: los únicos que merecen una medalla son los miles de pensionistas que salieron a la calle", ha dicho.

España, entre los países de UE con menor disparidad entre CCAA ricas y pobres

LUXEMBURGO.- España fue uno de los países de la Unión Europea que menor diferencia registró en 2016 entre el PIB de su región más rica (Comunidad de Madrid) y la más pobre (Extremadura) frente a la media europea, una distancia de 62 puntos porcentuales que es inferior a la registrada en Francia, Italia o Alemania.

Así se desprende de una serie de datos publicados hoy por la oficina estadística comunitaria, Eurostat, en los que se recogen los niveles de PIB per cápita de todas las regiones de la Unión Europea y se comparan frente al PIB medio de la UE.
En España, el PIB de cuatro comunidades autónomas se situó por encima de la media europea: Madrid (125% de la media), País Vasco (121%), Navarra (114%) y Cataluña (110%).
Las más pobres fueron Extremadura (63%), Melilla (67%), Andalucía (68%), Castilla-La Mancha (72%) y Ceuta (73%).
Así, la diferencia entre el 125% de la media europea que registra la Comunidad de Madrid y el 63% de Extremadura, de 62 puntos porcentuales, fue una de las más reducidas de la UE y la más baja entre las principales economías del bloque comunitario.
La mayor diferencia entre zonas en un mismo país se dio en 2016 en el Reino Unido, donde Inner London (centro de Londres) tiene un PIB equivalente al 611 % de la media regional europea, y la más pobre, East Wales & The Valleys, se queda en un 68%.
También Francia cuenta con una de las regiones más ricas de la UE, Île-de-France (en la que se encuentra París), donde el PIB fue del 175% de la media de los Estados comunitarios, y a la vez una de las más pobres, la ultraperiférica Mayotte, que con un PIB equivalente al 33% del promedio europeo es el segundo territorio con menos riqueza de la UE, tras la búlgara Severozapaden (29%).
Otros Estados miembros con disparidades regionales superiores a la española fueron Alemania, con 116 puntos porcentuales de diferencia entre Hamburgo (200%) y Mecklenburg-Vorpommern (84%), o Bélgica, con 125 puntos entre Bruselas (200%) y la región valona de Luxemburgo (75%).
En el extremo contrario, entre los Estados miembros con menores diferencias de PIB entre sus regiones se encontraban países como Portugal, con 37 puntos porcentuales de diferencia entre el área metropolitana de Lisboa (102%) y la región norte (65%), o Grecia, con 46 puntos entre Attiki, donde está Atenas, (92%) y Anatoliki Makedonia (46%).
Algunos países, como Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo o Malta son considerados regiones únicas a efectos de este tipo de estadísticas.

Tampoco hubo malversación / José Antich *

Un reciente informe enviado por el gobierno español al juzgado número 13 de Barcelona asegura que no ha habido malversación de dinero público en la organización y celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. Aunque el documento ha tenido que ser elaborado por cargos de la Generalitat tutelada por Madrid, a la hora de la verdad el remitente no ha sido otro que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro. 

 La noticia es relevante, ya que si los presuntos delitos que les imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en diferente grado de participación a los miembros del Govern son los de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, habrá que ver cómo construye un alegato acusatorio a medida que esos hipotéticos delitos van cayendo. 

Y no solo cómo lo formula en el escrito acusatorio final, sino también en la euroorden que dirija a Bruselas para pedir la extradición del president Puigdemont y también en el caso de los cuatro consellers que le acompañan en la capital comunitaria, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.

El retraso del gobierno español en el envío del informe ha permitido dar por sentado durante mucho tiempo que la partida de cinco millones que se habilitó en los presupuestos de la Generalitat con el epígrafe de "consultas electorales" había sido destinada por parte de la Generalitat a organizar el 1-O. 

Los altos cargos del Govern lo habían ido negando por activa y por pasiva, pero el documento del Ministerio es en este sentido taxativo. Ni desvío de dinero ni, por lo tanto, malversación de fondos públicos. Veremos qué uso acaba haciendo el juez Llarena de este informe, pero este hipotético delito tiene a partir de ahora un grado de dificultad probatorio mucho más complicado.

De los otros cuatro presuntos delitos, diferentes juristas han venido sosteniendo que los de rebelión y sedición no se daban. El primero lo ha cuestionado incluso el expresidente Felipe González y los otros dos, personalidades del mundo judicial tan poco sospechosas de sintonía con el independentismo como el exfiscal José María Mena o el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. 

Mena y Pallín no son los únicos pero en cualquier caso simbolizan un punto de vista concluyente desde una mirada muy distante ideológicamente. Ello da una idea del arduo camino que le espera a Llarena en Bruselas si acaba impulsando la euroorden por todos los delitos que maneja o en el caso de la dirigente de la CUP y exdiputada Anna Gabriel exiliada en Suiza y sobre la que también ha señalado que emitirá una orden de detención y extradición llegado el momento.

Y es que, al final, cuesta ver algo más que desobediencia en el caso que nos ocupa y eso es muy poco para todo el aparato político y judicial que se ha puesto en marcha para actuar contra el independentismo catalán. Y eso cada vez hay más gente que lo ve. Dentro y, sobre todo, fuera de España: en esa Europa en la que un día sus tribunales tendrán que juzgar también este caso.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia



Duelos y quebrantos de lujo / Ramón Cotarelo *

En días pasados Palinuro advertía de que los Borbones, generalmente poco leídos y este en concreto, que aun parece serlo menos, no conocen los Espejos de príncipes. Tampoco parecen conocer otras fuentes de información, como los periódicos, las televisiones o las redes y dan la impresión de contar con gabinetes de información y asesoría poblados por pollinos.
 ¿A quién se le ocurrió la idea de enviar al rey a Barcelona estando los ánimos como están? ¿Qué se pretendía? ¿Humillar, provocar más a los catalanes en medio de una revolución? Menuda metedura de pata por la que, como siempre, no dimitirá nadie (ni falta ya que hace) porque para gente tan obtusa la rebelión ciudadana de Barcelona contra el rey no ha existido. 
Como no existieron la consulta del 9N, el referéndum del 1-O, la declaración de independencia ni la reforma protestante. Además, si leen sus pasquines, miran sus televisiones o escuchan sus radios, sabrán que la inauguración del Mobile ha sido un éxito punteado por muestras populares de adhesión a la Corona y hasta una manifestación de españoles monárquicos que convocó una decena de personas.

Para el resto del planeta, la visita del Borbón ha sido un sondeo demográfico sobre el cerrado rechazo que la Monarquía despierta en Cataluña y que ahora, gracias a los corresponsales extranjeros, ya conoce todo el mundo.

La huida del Borbón a la noche en un lamentable pies para qué os quiero, dejó flotando en el aire barcelonés el himno de Riego y en las calles la realidad de una república imparable.

Aquí la versión castellana, que trata de eso:

El amargo día del Borbón

La visita de Felipe VI a Barcelona para la inauguración del Congreso de Móviles fue un visto y no visto. Pero sí muy oído. Durante todo el accidentado recorrido del Rey, la ciudad vivió en un tumulto de segundo plano, continuo, a veces visible, a veces invisible.  Nadie salió a recibirlo con vítores y palmas.
 Los recorridos reales transcurrieron por plazas y calles vacías, cortadas y desalojadas por la policía y los mossos d’esquadra que se emplearon a fondo en varia ocasiones, cargando contra la gente que estaba haciendo lo que suele hacer la gente: estorbar a los poderosos que quieren pasear por donde no los quieren. El centro de Barcelona parecía en estado de sitio.

Los efectos sonoros fueron constantes. Si no de vista, los barceloneses obligaron al Borbón a tragarse su presencia auditiva. Durante toda la jornada repiquetearon las cazuelas y sartenes, los pitos y matracas, se oyeron gritos contrarios a la Monarquía y favorables a la República, un sordo y encrespado rumor que llegaba hasta los salones y comedores en que trascurrieron los desagradables actos de la inauguración, como si fuera un cuadro de Umberto Boccioni, Llegan los ruidos de la ciudad
 De una ciudad, de un país republicanos que quisieron hacer patente este sentimiento al rey de España, de visita ingrata al territorio en el que sus fuerzas del orden, habían dejado más de mil heridos unos meses antes por querer vivir en democracia. En una sola jornada, se ha visto que el Borbón es tan rey de Cataluña como lo es de Jerusalén, título que también ostenta con la misma eficacia aproximadamente.

El valor simbólico de este acto de desacato y rechazo masivo, generalizado, es inmenso. Es como un anuncio de un nuevo Delenda est Monarchia! orteguiano. El Rey se volvió por donde había venido, dejando tras de sí una docena más de heridos (tradición borbónica de entrar a saco en tierras catalanas) y un desprecio y rechazo colectivos en el que se aunaban las manifestaciones callejeras más ruidosas con los desplantes más gallardos de las autoridades barcelonesas y catalanas que se negaron a rendirle pleitesía. Nadie de relieve fue a besarle la mano excepto alguna alcaldesa socialista reciclada en cortesana periférica.

Los rostros, los gestos, las miradas que echaban fuego constituyeron la mímica, bastante ridícula a ratos, de este acto protocolario y provocador que solo pretendía aplastar la naciente República Catalana con la presencia de un monarca nada bienquisto. ¿Qué cómo se sabe? Porque el CIS ha dejado de preguntar por la valoración ciudadana de la Corona  en sus sondeos y barómetros. Al Borbón no lo quiere casi nadie en España y, menos aun en Cataluña. Es el último representante de una dinastía de trayectoria tan triste como ridícula, reestablecida por un dictador genocida y del que toda la sociedad espera que sea eso, el último y, a ser posible, breve.

Ahora que la familia del dictador anda de mudanza, tratando de colocar en el mercado el Pazo de Meirás, una de las propiedades que pillaron en el pasado, sería bueno que metiera en el lote la corona, el trono y el armiño de un rey que no tiene ni idea del país que pisa, empezando por ignorar que no es uno, sino dos. Una monarquía que hiede a franquismo, como recuerda uno de esos exministros semizombies del dictador cuando dice con perfecta sinceridad y exactitud que si se deslegitima el franquismo, se deslegitima la Monarquía. Pura lógica cartesiana, dado que el monarca español lleva el estigma del terror y la barbarie franquistas hasta en la Corona.

Por algo ni él, ni su padre (que se educó como edecán de Franco), ni el gobierno de turno, ni su partido (que es también y sin disimulo el partido del rey) han condenado jamás el franquismo. Sería como condenarse a sí mismos, que son hechura del dictador delincuente. Ni lo harán. Desaparecerán irredentos por el escotillón de la historia  a partir de la ya imparable revolución catalana. Si no en el Estado español, en el que los republicanos siguen refugiados en los cenáculos literarios, sí en Catalunya, cuyo espíritu y condición republicanas quedaron bien claros en la infausta jornada barcelonesa del Borbón humillado.

Cada vez más clara la distancia, la cesura, la separación, el cleavage entre la España monárquica y la Cataluña republicana. Suele decirse que a la República Catalana le pasa lo que al caballo de Orlando, que tenía todas las virtudes excepto la de la existencia. Con mayor razón del Rey de España que no es que vaya desnudo por Cataluña sino que, simplemente, no va o, si va, ha de volverse con el rabo o la corona entre piernas.

A monarquía vacante, República triunfante. A Rey ausente, República presente. El monarca y sus cortesanos del 155 (PP, PSOE, C’s y, en menor medida pero pujando, Podemos) harán los planes que quieran para sus dominios, reformas constitucionales, reformas electorales, apaños aquí o allá, remiendos y zurcidos en el andrajo español para ver si tira hasta las próximas elecciones y se puede seguir engañando a la gente, haciendo pasar una dictadura personal de un personaje inepto por un Estado de derecho . 
En Catalunya se ha abierto una era que los franquistas en el gobierno y en la oposición en España son incapaces no ya de detener sino simplemente de entender. Igual que la virreina catalana y su cipayo delegado no entendían nada de lo que pasó en Cataluña en un eco lamentable de la “noche triste” de Cortés, cuando los españoles se vieron obligados a retirarse de Tenochtitlán.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El Tribunal Supremo avala que los bancos carguen al cliente los impuestos de constitución de las hipotecas

MADRID.- El Tribunal Supremo ha dictaminado este miércoles que son los clientes quienes deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que da la razón a los bancos.

En concreto, la sentencia del Supremo sólo estima en parte los dos recursos presentados y establece que por la constitución del préstamo, el pago incumbe al titular de la hipoteca, pero en cambio por el timbre de los documentos notariales, el impuesto corresponde a la matriz, que se abonará "por partes iguales" entre el prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.
De esta forma, el Tribunal falla a favor de las entidades bancarias, dado que suele ser práctica habitual que los hipotecados paguen los impuestos relacionados con la constitución de las hipotecas, el grueso de los gastos relacionados con la suscripción de un préstamo hipotecario.
Sin embargo, en su sentencia de diciembre de 2015 el Supremo sí dictaminó la "abusividad" de una cláusula que, "sin negociación y de manera indiscriminada", atribuye todo el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley hace una distribución de los mismos, y por tanto declaró nulas todas las cláusulas que imponían al cliente todos los costes de concertación del contrato y del pago de todos los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco.
En aquella ocasión, la sentencia del Supremo se derivó de una acción colectiva de la OCU, que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas de varios contratos bancarios del BBVA y del Popular.
Por eso, la sentencia de este miércoles del alto tribunal se refería únicamente a quién debía pagar el ITP y AJD, y ha estimado sólo parcialmente los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados, dado que ha determinado que el grueso de estos impuestos, relativo a la constitución del préstamo, debe pagarlo el cliente.
De esta forma, a los bancos sólo les corresponde pagar la mitad del impuesto sobre el timbre de los documentos notariales y las copias, a quien las solicite. El Supremo indica que el fallo ya ha sido comunicado a los procuradores de las partes y que el texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.
El ITP y AJD es un impuesto autonómico, que varía en función de cada comunidad autónoma, y que representa el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formalice la hipoteca. Según los datos aportados por varios despachos de abogados, el pago de este impuesto se sitúa de media entre los 3.000 y 4.000 euros.

Bruselas hace campaña para convencer a los bancos sobre la conveniencia de los corralitos

BRUSELAS.- Las negociaciones a nivel europeo para aprobar una herramienta legal que permita a las autoridades supervisoras y de resolución aplicar corralitos temporales a los depósitos (y otros pasivos) de las entidades en problemas siguen adelante a pesar de las discrepancias entre los distintos grupos parlamentarios y el rechazo frontal mostrado por las principales organizaciones que agrupan el sector financiero internacional, según publica hoy Expansión.

Las autoridades europeas dan por hecho que, pese a las dificultades, se aprobará algún tipo de moratoria que en el futuro pueda evitar los riesgos en los que sí se incurrieron durante la pasada crisis de Banco Popular, que tuvo que ser resuelto y vendido a Santander en la noche del 7 de junio, sin disponer apenas de alternativas ante el hecho de que la entidad no podía abrir sus puertas al día siguiente.
Pero además de vencer, las autoridades aspiran a convencer de la conveniencia de los corralitos a un sector bancario que desde un primer momento se ha mostrado frontalmente contrario a una medida como esta, argumentando para ello que entre otros perjuicios provocaría huidas masivas de depositantes en cualquier entidad de la que se tuvieran sospechas de estar en problemas, así como efectos negativos para la economía en su conjunto.
En los últimos meses, los sectores bancario y financiero han celebrado distintos encuentros a nivel europeo y español en los que se ha abordado, entre otros aspectos, la cuestión de las moratorias a los depósitos. En los mismos, según explican a Expansión Directo Banca fuentes presentes en las mismas, las autoridades (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Junta Única de Resolución...) están tratando de mandar un mensaje de tranquilidad al sector y están aprovechando distintos encuentros y jornadas del sector para lanzar sus argumentos.
«En el caso de Popular, aunque todo funcionó, hubiera estado bien tener unos días más para trabajar con más tiempo. La moratoria, en este sentido, dará a los inversores más confianza que el marco actual. ¿Por qué? Porque es una medida que ha de pasar por los legisladores y esto dará certidumbre a los mercados», explica una fuente próxima a una de las autoridades de resolución europeas. Esta herramienta, añade, sería más predecible de lo que es ahora y ayudaría a unificar criterios en la zona euro, ya que actualmente hay países como Alemania que sí disponen de ella, mientras otros como España no.
«Es menos probable que haya salidas masivas de depósitos [como ocurrió en Popular] si todos los actores del mercado saben que la moratoria es por un tiempo limitado máximo», advierte esta misma fuente. En el caso de España, es el Tesoro quien está actuando como interlocutor con el sector para convencerles de lo apropiado de una medida como esta para evitar posibles salidas masivas de depósitos en entidades que puedan entrar en fase de resolución (o en prerresolución).
Madrid, el pasado 9 de febrero, fue sede de una de las últimas jornadas del sector, centrada en la resolución bancaria, y uno de los encuentros aprovechados por las autoridades para defender la idoneidad de una medida como los corralitos temporales a los depósitos. Con la presencia de representantes del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), de la JUR y del Frob (la autoridad española de resolución), entre otros organismos, fuentes presentes en este encuentro señalan que el asunto de las moratorias fue uno de los que más atención y desencuentros concitó.
La falta de acuerdo respecto a los pormenores (duración, pasivos afectados...) de estos hipotéticos corralitos no solo se sitúa en el sector privado. Fuentes conocedoras del reciente encuentro celebrado en Madrid indican que, mientras que desde el Frob se abogaba por desarrollar una herramienta de moratoria que le otorgara unos poderes específicos lo más amplios posibles (es decir, afectando también a los depósitos garantizados), desde el Banco de España, en cambio, la posición no sería tan favorable, aunque el BCE, sin embargo, es un entusiasta defensor.
El desencuentro entre autoridades deja entrever, según distintas fuentes financieras, que la tramitación de esta moratoria para los depósitos no será precisamente rápida. La falta de acuerdo entre los grupos del propio Parlamento Europeo tampoco es una señal positiva. Este martes se debate en la Eurocámara una propuesta por parte del ponente (Gunnar Horkmark), aunque la división existente incluso de forma interna entre las propias formaciones (socialistas y populares, por ejemplo) hace prácticamente imposible que haya un acuerdo.
La propuesta que se debate este martes contempla, entre otras características, que la herramienta de moratoria se pueda aplicar a todo tipo de pasivos, incluidos los depósitos garantizados, con excepción de las obligaciones de pago de los distintos operadores interbancarios. Estos corralitos, de aprobarse, tendrían una duración máxima de dos días laborales y solo se podrían aplicar por parte de las autoridades de resolución tras consultarlo con la autoridad supervisora competente (BCE o Banco de España, por ejemplo).
Además, los distintos países de la zona euro deberán comprometerse a aprobar una normativa nacional para poder aplicar este mismo tipo de moratoria (o superiores) en aquellas entidades que en vez de resolución se vean sometidas a procedimientos de insolvencia ordinarios.

Unidos Podemos pide que los ayuntamientos puedan izar la bandera de la II República en sus fachadas

MADRID.- Unidos Podemos, a iniciativa de Izquierda Unida, ha registrado este martes en el Congreso una proposición para reformar la Ley de Banderas y permitir que las administraciones puedan colocar enseñas no oficiales, como la de la II República, de manera temporal, en sus fachadas.

En la propuesta presentada en la Cámara Baja por el diputado Ricardo Sixto piden que, "respetando la ubicación y preeminencia establecida en la ley para la bandera de España y el resto de banderas oficiales, y sin alterarlas de forma alguna, las administraciones podrán colocar de forma temporal enseñas, banderas, símbolos históricos, distintivos y cualquier otra manifestación gráfica de la libertad de expresión sin mayor limitación que la que sea de aplicación a cualquier espacio público y la establecida en la legislación sobre el respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos y memoria histórica".
En concreto, desde Unidos Podemos apuestan por modificar el artículo 6 de la Ley de Banderas en una propuesta que ha sido elaborada después de que la Justicia haya fallado contra dos ayuntamientos valencianos, el de en Buñol y Barxeta, que colocaron la bandera republicana para conmemorar el día 14 de abril el año pasado.
Si se aprobase esta proposición, se podrían colocar banderas de clubes de fútbol, de todo tipo de festejos... pero también generaría un problema. Por ejemplo, un ayuntamiento catalán se podría acoger a esta propuesta para exhibir la estelada durante un tiempo en su fachada.
El diputado de IU Ricardo Sixto ha desviado las preguntas sobre este tema asegurando que sólo estarían vetadas las enseñas que incitaran al odio y no estuvieran amparadas por la libertad de conciencia

martes, 27 de febrero de 2018

La prensa española victimiza a Felipe VI por los lazos amarillos

BARCELONA.- Como si de delincuentes se tratara, la prensa española vuelve a dedicar hoy gran parte de su información política a cargar contra los líderes del procés, mientras se llena —de nuevo— de elogios para el rey Felipe VI por su papel en la cuestión catalana, sobretodo desde su discurso del paro de país del 3 de octubre, que ignoraba por completo a los heridos por la policía española durante la jornada del referéndum del 1-O, como ha hecho desde entonces con todo lo relacionado con los ataques a la democracia sufridos por la política catalana, así como por la ciudadanía de Catalunya, según un análisis de www.elnacional.cat

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelve a ser el centro de las miradas de los diarios de Madrid, que la critican con fuerza por, a su juicio, ponerse al lado del soberanismo y "actuar en contra de los intereses de los ciudadanos". También aparece la posibilidad de que Jordi Sànchez sea el candidato de JxCat para presidir la Generalitat, cosa que acabará guiando a Catalunya "por los cauces de la autodestrucción", al mismo tiempo que vuelve a salir la figura del Monarca por haber sido recibido con lazos amarillos por parte de algunas personalidades catalanas en el pabellón del Mobile World Congress (MWC) de Catalunya.

Fijándose, como ya viene siendo habitual, solamente en los beneficios que el Estado español puede sacar del MWC, vuelven a lanzar la advertencia de que la situación política que vive Catalunya puede desplazarlo a otro país del mundo. Y lo hacen sin tener en cuenta que, por ejemplo, Telefónica defendió ayer Barcelona como "el mejor lugar del mundo" para el Mobile, que el director de Fira de Barcelona dejó claro que no ve peligro en el futuro del Mobile o que el propio director del Mobile Barcelona Capital ya aseguró el domingo que "el plantón al Rey no nos afecta".

Sectarismo y populismo

"El separatismo pacta hacer presidente al preso Sànchez". Este es el título con el que El País abre su portada de la edición en papel, que va aún más allá en su editorial bautizado como "Sectarismo intolerable", donde emplazan a las instituciones catalanas a "hacer su trabajo y no populismo", mientras les atribuyen la capacidad de ser los únicos que pueden "cerrar las heridas", así como de "recuperar la normalidad democrática" y la "convivencia armónica y civilizada que cimente el bienestar de los ciudadanos".

Convencidos de que España "vive en un estado de derecho desde la Transición", el diario citado vuelve a llenarse de elogios hacia el rey Felipe VI por "no solo haber sabido cumplir con su cometido, sino además explicárselo didácticamente a quien ignora el suyo". Pero eso no es todo. Tienen claro que si aún no hay Govern formado no es por culpa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, sino por "las divisiones entre las formaciones independentistas que suman mayoría en el Parlament", pero también por "la obstinación de Puigdemont en su empeño de ser investido president a pesar de haber huido de la justicia".

Por todo ello consideran que tanto el presidente del Parlament, Roger Torrent, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han "equivocado de ventanilla" porque "en lugar de reclamar en donde corresponde, han elegido al Rey como blanco de sus reproches, en una actitud cargada de sectarismo, populismo, pésima educación y, sobre todo, incapacidad para distinguir sus ideas particulares del cargo institucional que ambos ocupan". Justamente en este punto, vuelven a insistir, como ya hacían ayer, que Colau "actúa en contra de los propios intereses de los ciudadanos a los que debe representar" poniendo en riesgo, por ejemplo, la continuidad del Mobile World Congress.

A su juicio, tanto Torrent como la alcaldesa de la capital catalana están "liderados" por Puigdemont "en sintonía con las escaramuzas en las calles y el bloqueo político" y cargan contra ellos por no tener la fuerza política suficiente como para "generar un nuevo conflicto que ni Catalunya ni Barcelona merecen". Y es en ese momento que vuelven a felicitar a Felipe VI por su discurso del 3 de octubre cuando, siempre según su punto de vista, "tuvo que trasladar un mensaje de firmeza y confianza a todos los españoles para atajar cualquier tentación de imponer la independencia".

La tribu de la autodestrucción

Destacando que "La Generalitat se burla del 155 y recibe al Rey con lazos amarillos", El Mundo critica a la edil de la Ciudad Condal en su editorial titulado "Colau o el regreso de la tribu", donde ponen de relieve que "la responsabilidad a veces consiste en ignorar las provocaciones, pero en la mayoría de los casos exige tomarlas en serio y darles respuesta firme".

Como el diario anterior, este también se llena de alabanzas a Felipe VI por, "en aras del interés general de Catalunya y de toda España", haber "defendido su permanencia en Barcelona al precio de recibimientos hostiles y desplantes bochornosos del nacionalpopulismo, actitud que retrata a la vez la mediocridad de sus correligionarios y la dignidad del jefe del Estado".

Con estos argumentos bajo el brazo, aseguran que "el soberanismo discurre por los cauces de la autodestrucción, lo que obliga al constitucionalismo a proteger Catalunya primeramente de aquellos que más dicen amarla" y aprovechan la ocasión para cargar contra el Gobierno de Mariano Rajoy por no haber aplicado con suficiente fuerza la norma suprema y no haber destituido al secretario catalán de Telecomunicaciones, Jordi Puigneró, "cuando anunció su desafiante plantón al Rey".

Pero esta vez, y según su visión de las cosas, Colau "merece un capítulo a parte". Y lo merece por "sus desaires al Estado con demagógica cuquería, entre el electoralismo ostentoso y la docilidad privada", pero también porque "su sentido institucional, si alguna vez lo tuvo, fue ahogado por el sectarismo". Un "sectarismo" que, aseguran, demuestra cómo "ha renunciado a la representación de todos los barceloneses en beneficio de la minoría que aplaude su repertorio gamberro". ¿Su conclusión? La tienen clara: "El comercio y las instituciones se inventaron para superar a la tribu. Pero hay quien añora el primitivismo".

Pulso al Estado

La Razón, de su lado, que publica hoy que el Supremo prohibirá a Jordi Sànchez salir de la prisión para su investidura, reclama "un presidente serio" para Catalunya. En su editorial, se lamentan de que "el único avance producido es que alguien que está encausado por sedición y rebelión se ponga al frente de la Generalitat" y, precisamente por eso, cargan contra Sànchez porque, a su parecer, "todo indica que persisten en mantener el pulso al Estado, seguir con el plan de ruptura y situar a las instituciones de autogobierno en la inestabilidad permanente".

En este sentido, instan a Sànchez a "no seguir comparándose con un miembro de ETA que tuvo el permiso del TSJ de Navarra para salir de la cárcel, en 1987, para pronunciar su discurso de investidura como candidato a lehendakari", en referencia a Juan Carlos Yoldi, que fue candidato de Herri Batasuna mientras estaba en prisión preventiva.

Por todo ello aconsejan que "si lo que se busca es apaciguar un enfrentamiento que se extiende demasiado en el tiempo", no sigan por este camino porque, subrayan, "desde el punto de vista legal no hay salida". Así pues, advierten, la posible candidatura de Sànchez "sobre el que recaen graves acusaciones, supondría apostar por la inestabilidad".

Si la opción para la presidencia de la Generalitat es hacer a Sànchez president efectivo y a Puigdemont president simbólico, los de Francisco Marhuenda tienen claro que "está claro que Catalunya seguirá en una situación de bloqueo, sin un gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos".

650 juristas de toda España denuncian en Europa la vulneración de derechos en Catalunya

BARCELONA.- Nueva denuncia al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa contra la vulneración de derechos humanos en Catalunya por parte del Estado español durante la jornada del referéndum del 1-O, impulsada por el Colectivo Praga y que suscriben 650 juristas de toda España.

El informe enumera todos los palos en las ruedas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido poniendo a Catalunya, a sus instituciones y a sus ciudadanos, como, por ejemplo, usar la vía de la judicialización para evitar dialogar con los representantes catalanes, la represión "con serias vulneraciones de derechos y libertades" o la suspensión de la autonomía, entre muchísimas otras cosas.
Tras repasar la jornada del referéndum, el cómo se llegó hasta allí y lo que pasó luego, el Colectivo Praga recuerda que el Ejecutivo convocó elecciones en Catalunya bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución española, y que, aún así, no se ha tenido en cuenta el resultado de la voluntad de los millones de catalanes que votaron ese 21-D.

Derechos reconocidos

Precisamente por todo ello piden al comisario "una investigación independiente y completa" de la vulneración, sobretodo, de los derechos de libertad de expresión y de reunión, de ser elegido y de no ser discriminado por opiniones políticas, el derecho a la libertad, al juez imparcial, a la doble instancia en el ámbito penal y a la preparación de la defensa. Derechos que están contemplados por el mismo Consejo de Europa de Derechos Humanos (CEDH).
Y no solo eso. También exigen "la prohibición de tratos degradantes" y reclaman el principio de legalidad penal, uno de los más importantes en derecho penal y que predica que no hay delito ni pena sin ley previa y, en este caso, no la hay.
En este sentido apuntan al hecho de que la imputación por los delitos de rebelión, sedición y malversación "no es sostenible a la luz del tenor literal de la ley penal y de la consolidada jurisprudencia sobre tales delitos" porque, aseguran, "no se cumple con el estándar de 'previsibilidad' y de interpretación 'estricta' en materia penal que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".
El informe detalla punto por punto cada actuación que constata la vulneración de estos derechos y lo justifica con los artículos correspondientes de las distintas leyes en las que aparecen.

Dastis habla con su homólogo suizo sobre "temas que puedan afectar" sus relaciones

GINEBRA.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy que ha hablado por teléfono con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, sobre "todos los temas que puedan afectar" las relaciones bilaterales, entre los que se encuentra la reciente huida a Suiza de la dirigente de la CUP Anna Gabriel.

"He hablado por teléfono con él, porque habíamos tratado de tener una cena, pero no fue posible porque yo ayer llegué tarde", señaló Dastis en declaraciones tras reunirse con la directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Laura Thompson. "Y hemos hablado de nuestras relaciones y de todos los temas que puedan afectarlas", recalcó.

Preguntado específicamente si esta conversación incluía la presencia de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel en Ginebra, Dastis no mencionó a la política independentista pero enfatizó que habló con Cassis "de todas las cuestiones que pueden afectar nuestras relaciones". 
"Hemos quedado en que nos vamos a ver pronto", dijo el ministro español.

Hace pocos días en Teherán Dastis afirmó que "ya veremos" si la decisión de Gabriel de no comparecer como investigada por rebelión en el proceso separatista catalán ante el Tribunal Supremo (TS) español y de quedarse en Suiza acaba afectando a las relaciones entre los dos países.

Entonces el ministro aseguró que no había tenido ocasión de hablar con su homólogo suizo, pero que en cualquier caso era partidario de esperar a ver "cómo se desarrolla la acción de la Justicia".

¿Qué piensan los catalanes de la monarquía? / Sergi Alcàzar *

La cacerolada y el plantón institucional al Rey en la cena de inauguración del Mobile World Congress evidenció el rechazo que genera el Monarca en la sociedad catalana. El clima de enorme tensión por la llegada del Monarca a Barcelona no resulta extraño si se observa la baja popularidad de la Corona, que recibe un suspenso mayoritario por parte de los catalanes.

El último barómetro de opinión pública del Centre de Estudis d'Opinió (CEO), que recogía el clima político posterior al 1-O, evidenciaba el malestar de la sociedad catalana con el monarca español, que en su discurso posterior al referéndum no hizo ninguna mención —ni condena— respecto de la violencia policial en la jornada del referéndum, que dejó un balance de más de 900 heridos.

Una amplia mayoría, seis de cada diez catalanes (60,3%), no tiene ningún tipo de confianza con la Monarquía y le da a un 0 sobre 10, lo que confirma la tesis del rechazo masivo a la Corona. Pero es más: prácticamente cuatro de cada cinco (77,9%) la suspenden, es decir, le dan una puntuación de cuatro o inferior. De hecho, en cómputo global, los catalanes otorgan a la institución un paupérrimo 1,82, medio punto menos que en el barómetro anterior (2,36).

Comparar estas cifras con la popularidad en el conjunto de España es hoy por hoy muy complicado. Y es que el CIS —el equivalente del CEO para el conjunto del Estado— no pregunta sobre la Monarquía desde hace prácticamente dos años [en abril del 2015], diez meses después del nombramiento del rey Felipe. Quizás tiene que ver con que la última vez en que se va pregunta la Corona, el indicador 'ninguna confianza' (0) llega al 21,7% de los españoles. Un rechazo histórico a España.

Sin apoyos 

El Rey y su familia ni siquiera aprueban entre los catalanes a más veteranos, que son más conservadores. De hecho, un 58,6% de los ciudadanos mayores de 65 años lo suspenden (un 45,9% le otorgan un 0). La puntuación de confianza en esta franja de edad ni siquiera llega a un 3: se queda en un 2,82 de media. Por el contrario, la franja de 25 a 34 años es la más beligerante con el Monarca.

La monarquía es, gracias a este bajo apoyo, la institución menos valorada a Catalunya. Y después de la intervención policial y la represión de las instituciones, la Corona no consigue superar otras instituciones rechazadas por el sector soberanista como el gobierno español (2,03), el Tribunal Constitucional (2,76) o la Policía Nacional y la Guardia Civil (3,40).


(*) Periodista



Carta al rey de España / Jordi Galves *

Señor, que vuestra augusta majestad tiene una particular predilección por la ciencia política y por la buena gobernanza de vuestro reino, de acuerdo con los principios ilustrados, es bien notorio. 

No en vano, apenas proclamado monarca constitucional, hicisteis cambiar de vuestro despacho de gobierno el retrato de vuestro antepasado Felipe V por otro más significativo, el del rey Carlos III, el rey alcalde de Madrid, el monarca partidario del fomento económico y del avance permanente de las ciencias, aunque, cabe decir también, que su sincera preocupación por el pueblo fue la misma de todos los ilustrados. La de la máxima preocupación por el pueblo pero sin contar para nada con el pueblo. 

En este sentido, siendo como sois conocedor de las limitaciones del sistema democrático parlamentario actualmente vigente, el cual, tiene el peligro de desentenderse de la sociedad, de recluirse y aislarse en sí mismo, como durante los reinados de vuestros antepasados Alfonso XII y Alfonso XIII, formalmente y ceremonialmente democráticos pero que, en realidad, sólo perpetuaron el dominio de las oligarquías económicas y de los intereses de las sociedades anónimas por encima de las necesidades de la sociedad española en su conjunto.

Tampoco ignora vuestra real persona que el pueblo catalán, actualmente incluido dentro del conjunto de los pueblos de España, ni pertenece ni ha pertenecido jamás a la cultura castellana, abusivamente y tradicionalmente llamada española y que, por lo tanto, más allá de la legítima reivindicación política de independencia por parte de muchos de vuestros actuales súbditos, Catalunya constituye nítidamente una sociedad diferenciada y perfectamente identificable. 

Los catalanes, Señor, no somos ni mejores ni peores que otros pueblos de vuestro reino, pero tenemos rasgos diferenciales bastante importantes para subrayar una vez más que la distinción entre catalanes y no catalanes es política y socialmente útil y que, además, concuerda plenamente con la realidad de las cosas. El hecho vivo de Catalunya, tal como lo denominó Francesc Cambó ante vuestro antepasado el rey Alfonso XIII, no es una idea reciente ni espuria. No apareció al calor del malvado nacionalismo catalán del XIX, ni tampoco fue una perversa invención de unas determinadas oligarquías egoístas para romper una hipotética nación natural y milenaria llamada España.

Si nos remontamos, por ejemplo, hasta la Edad Media, origen de vuestros derechos dinásticos, veremos que las identidades colectivas e individuales eran fenómenos muy diferentes a los que hoy podemos constatar, pero ciertamente tan vivos como hoy. Dignos también de atención y de interés. Y podemos ver claramente que la cultura política de Catalunya era ya entonces muy diferente de la de Castilla, como testimonia una conocida anécdota recogida en la Crónica de vuestro antepasado catalán, el rey Pedro el Ceremonioso.

 Su padre y también antepasado vuestro, Alfonso el Benigno, habíase desposado en segundas nupcias con Leonor de Castilla, reina dominante y autoritaria, incapaz también como tantos antepasados vuestros, de comprender y de aceptar la diferente cultura política de la nación catalana. El caso es que, con motivo de las donaciones hechas a la nueva reina por parte del rey Alfonso, estalló una feroz revuelta en Valencia, comandada por Guillermo de Vinatea. Y mientras que el rey se esforzaba por encontrar una solución de compromiso, la reina irritóse enormemente reclamando a su marido que la rebelión debía abordarse de manera contundente y sanguinaria, sin contemplaciones. 

Sus palabras, según la Crónica fueron estas: “Señor, esto no lo consentiría el rey don Alfonso de Castilla, nuestro hermano, que él no los degollara a todos.” Inmediatamente se escuchó la respuesta del monarca catalán:Reina, reina, el nostre poble és franc (lliure) e no és així subjugat com és lo poble de Castella; car ells tenen a Nós com a senyor, e Nós a ells com a bons vassalls e companyons. 

El derecho a la palabra libre e incluso a la confrontación política con el monarca forman parte de una manera de entender la jerarquía y la administración legítima del poder muy catalana. Sería bueno, Señor, para vuestro buen hacer y benéfico reinado que no menospreciarais en nada la moral del episodio.



(*) Medievalista



Puigdemont pide un acuerdo para desplegar la República y gestionar la autonomía

GANTE.- El president, Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que no tiene "vocación de símbolo", a la vez que ha instado a encontrar un acuerdo entre las fuerzas independentistas que permita "seguir desplegando la República catalana y seguir gestionando un gobierno autónomo".

"Tenemos que encontrar una solución para seguir desarrollando la República catalana y seguir gestionando un gobierno autónomo", ha expresado en un acto en Gante (Bélgica) organizado por la sección juvenil del partido liberal flamenco Open VLD al cual han asistido un centenar de jóvenes.
De esta manera, Puigdemont ha defendido su apuesta por encontrar una solución que permita un gobierno bicéfalo con una dirección en Bruselas, dedicada a desarrollar la República, y otra en el Palau de la Generalitat, para gestionar la autonomía. El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, es el nombre que las negociaciones han situado encima de la mesa como posible candidato a liderar el Govern desde Catalunya.
Puigdemont ha hecho estas declaraciones después de ser preguntado por si ser considerado como un líder "simbólico" puede ser una solución para desencallar la situación política a Catalunya. "No tengo vocación de símbolo", ha contestado.
Ha argumentado que su "autoridad" proviene del Parlament y ha continuado su explicación afirmando que si la Cámara toma la decisión de no investirle como president acabará su mandato. No obstante, ha advertido que "la única autoridad que puede tomar esta decisión es el Parlament".
Además, preguntado por cuáles son los próximos pasos dos meses después de las elecciones del 21 de diciembre, Puigdemont ha asegurado que las fuerzas independentistas están "cerca" de conseguir un acuerdo para formar un gobierno en Catalunya.

Draghi, gé­lido con Guindos / Carlos Segovia *

La relación entre el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y el que será su vicepresidente en la recta final de su mandato, Luis de Guindos, no va a ser fácil. El italiano habló con el ministro muy amablemente en privado cuando éste fue nombrado por el Eurogrupo, pero se cuida muy mucho de elogiarlo en público.

De hecho, ayer se produjo la primera fricción. El italiano no hizo la más mínima mención a la cualificación de Guindos para ser vicepresidente del BCE y, al contrario, dejó claro implícitamente que no le parece bien que un ministro del Eurogrupo desembarque en su institución por aquello de que debe ser independiente del poder político.

Aprovechó una pregunta de la socialista francesa Pervenche Berès en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo sobre el aterrizaje del español en Fráncfort para proclamar que "la independencia del BCE está asegurada en el tratado y que será protegida por el tratado más allá de cualquier perfil personal". En vez de decir que conoce a Guindos y que está seguro de que defenderá la independencia del banco, soltó ese argumento defensivo.

Su frialdad coincide con la actitud del Gobierno italiano, que fue el último en dar su visto bueno al nombramiento del español. Es un reflejo del malestar que existe en la cúpula del BCE con la candidatura de Guindos, como ya publicó este diario durante la reunión de Davos el pasado enero. 

En la trastienda está que Draghi maneja el comité ejecutivo del BCE a su antojo ante la falta de vocales con personalidad. Ni el actual vicepresidente, el portugués Vitor Constancio, ni miembros como el belga Peter Praet o el francés Benoît Coeuré tosen al italiano. Guindos, de fuerte personalidad, sí puede replicar a Draghi en el último año de mandato de éste.

El ministro español ya apuntó durante su discurso ante la misma instancia parlamentaria que lo que él podía aportar al BCE es "visión de conjunto", como si Draghi y el resto de tecnócratas del comité ejecutivo carecieran de ella. Guindos argumentó que la política monetaria del BCE "no es todopoderosa" y remarcó que no habría tenido éxito si los ministros del Eurogrupo no hubieran diseñado la Unión Económica y Monetaria.

El español también se revolvió cuando el eurodiputado Ernest Urtasun le sacó el tema de la independencia del BCE. Dijo que defenderla no estaba reservada a Draghi y compañía, sino a todos los europeístas que creen en ella, ya sean eurodiputados o ministros. 

Una de las grandes paradojas del nombramiento de Guindos es que la izquierda española, con tal de atacarlo, dice ahora que los políticos no deben ir al BCE, cuando es lo que han defendido tradicionalmente como bien recuerdan estos días los ex ministros socialistas José Borrell o Valeriano Gómez. 

También tiene su ironía para ex ministros del PP como Elvira Rodríguez que Guindos defienda pasar del Gobierno a órganos reguladores cuando fue reacio en el caso de ella en la CNMV.

Pero el problema de Guindos no es el Parlamento Europeo. Tampoco la opinión del BCE que, aunque no será entusiasta, no le será negativa. Además, no es vinculante. Lo importante es su función futura en Fráncfort y su capacidad de adaptación. Draghi mostró ayer que no se lo va a poner fácil.


(*) Periodista



http://www.elmundo.es/economia/2018/02/27/5a94656ce2704ee6638b4631.html

Podemos e IU coinciden en despegarse de la marca Unidos Podemos para las autonómicas

MADRID.- Podemos e IU llevan semanas manteniendo contactos informales para negociar la confluencia con la que competirán en las elecciones de 2019 y, aunque aún no han bajado aún al detalle de nombres o candidaturas, coinciden en el objetivo de buscar una marca “que sume” e identifique a todos.

La decisión va a corresponder a los inscritos en cada uno de los territorios, según recuerdan fuentes de la formación morada, que niegan que IU les haya trasladado que la “marca Podemos” pueda ser un lastre en las próximas citas electorales.
Insisten en que, a día de hoy, la marca y las candidaturas no son un asunto que esté sobre la mesa, aunque son conscientes de que hay voces en la formación de izquierdas que apuestan por despegarse del nombre de Unidos Podemos, con el que concurrieron a las generales del 26J.
Aquella fue únicamente una alianza nacional, ya que en los comicios municipales de 2015 el partido de Pablo Iglesias no concurrió con su propia marca, sino con otras formaciones en candidaturas de unidad popular; y en las autonómicas, IU y Podemos se presentaron por separado.
De tal forma que ahora, de cara a las municipales, autonómicas y europeas de 2019, lo tienen todo por explorar, y eso ha acrecentado el debate sobre la marca que imprimirán en las papeletas, asunto que la dirección morada recalca que no ha empezado ni a plantearse.
IU ya alertó a principios de año del “desgaste” preocupante de Podemos en los sondeos y urgió al partido de Pablo Iglesias a redefinir antes de Semana Santa los términos de su confluencia para diseñar una alianza en la que Alberto Garzón pide más visibilidad.

Podemos cae en Andalucía e IU sube

El Estudio General de Opinión Pública de Andalucía conocido este lunes, en el que Podemos cae en esa comunidad 6 puntos y medio hasta el 10’5 por ciento, mientras que IU sube 2’6 hasta el 8,3, ha reforzado a quienes creen que hay sectores de la izquierda “desmovilizados”, y ese debe ser el objetivo en los próximos meses.
De momento, los contactos que Podemos ha mantenido con sus aliados de IU y otras fuerzas como Equo se han centrado en poner en común y pensar juntos cómo afrontar una “operación de alta complejidad”, que implicará a más de ocho mil municipios, además de coincidir con las elecciones autonómicas y europeas.
Lo único que tienen totalmente claro en ambos lados es “la voluntad política” de confluir y pueden quedar meses para que empiecen a hablar de nombres y candidatos.
A esto hay que sumar que en último término serán los inscritos en cada territorio los que tomen esa decisión, y eso puede dar lugar a que no en todas las localidades se presenten con el mismo nombre, que en algunas decidan apostar por otra marca, como ya hicieron en otras convocatorias, o que incluso haya pueblos o ciudades donde no descarten concurrir como Unidos Podemos. Y luego están las particularidades de las confluencias en cada territorio.
No es lo mismo la relación que mantienen en Andalucía la alianza entre la coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, y el líder de IU, Antonio Maillo, que las confluencias que pueda construir en Madrid el potencial candidato de la formación morada, Íñigo Errejón.
Errejón no ha oficializado aún su candidatura, pero tiene claro el beneficio de formar tándem desde la Asamblea de Madrid con Manuela Carmena en el ayuntamiento de la capital.
Hay otras incógnitas por resolver, como si se repetirá la alianza con Compromìs en la Comunidad Valencia, que no parece que tenga ya tantos partidarios; o qué pasará en Baleares, donde fuentes de la dirección de Podemos reconocen que un buen perfil como candidato puede ser el del juez y diputado Juan Pedro Yllanes.
Para la formación morada, además, será la primera vez que se enfrente al reto de unas elecciones municipales y eso les hace querer atar las cosas bien y despacio, porque queda más de un año para los comicios.
Aunque Iglesias recientemente insistía en que el nombre no va a ser el problema: “A mí la cuestión de los nombres me parece secundario. Si hay que cambiar las cosas, se cambian, eso no va a ser ningún problema“, decía el 9 de febrero en una entrevista en TVE.

Montoro avisa a las CC AA sobre la desaparición del FLA

MADRID.- Sobre la reestructuración de la deuda autonómica, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado hoy que se está empezando a abordar y ha reiterado que no tiene sentido que el Estado se financie de aquí a futuro a través de la amortización del principal de la deuda o con intereses que vienen de la deuda contraída con el propio Estado.

Por ello, el Ejecutivo pretende eliminar "progresivamente" los mecanismos excepcionales de financiación, como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y entonces reestructurar la deuda y negociar los plazos de vencimiento y los tipos de interés de esa deuda frente al Estado.
Preguntado sobre si el Gobierno espera aprobar la reforma de la financiación autonómica este año, Montoro ha respondido que "en eso se está trabajando", y ha puesto como ejemplo la "total coincidencia" de los partidos en la nueva Ley de Contratación del Sector Público, lo que supone una "expresión" de que "se puede y debe coincidir en leyes fundamentales", como financiación autonómica y local. "Aspiramos a que exista esa coincidencia, vamos a seguir trabajando estos días para buscarlo", ha añadido.
Asimismo, Montoro ha explicado que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahora llevarla adelante ante la falta de unas nuevas cuentas públicas.
Tras reunirse ayer con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro ha indicado que el objetivo es conseguir que el concepto de "inversión financieramente sostenible" sea "más amplia" del aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos.
"La intención del Gobierno es que las corporaciones locales utilicen la totalidad de la inversión financieramente sostenible que ponemos a su disposición", ya que la actual no ha sido plenamente utilizada, ha señalado.

La FEMP "vigilará" a Montoro para que cumpla su compromiso sobre el superávit


MADRID.- El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha dicho hoy que la cesión del Gobierno para que los ayuntamientos usen su superávit se debe a la unidad del movimiento municipalista, y ha indicado al ministro Cristóbal Montoro que estarán vigilantes y en 20 días "revisarán" que esté aprobado el decreto comprometido.

En rueda de prensa al término de la cumbre local que ha reunido en Madrid a cerca de 300 alcaldes, presidentes de Diputación y cargos electos, Caballero ha insistido en que los alcaldes "se creen" la palabra del ministro pero "por si las moscas" van a estar muy atentos para que se garantice su cumplimiento.
Caballero ha asegurado que esta es la primera vez que se hace una reunión de estas características en la FEMP, "y la primera vez que habrá un decreto ley de forma exclusiva para necesidades de ciudadanos de los 8.125 ayuntamientos de España".
El presidente de la FEMP se ha mostrado convencido de que la cesión del Gobierno de España se debió a que eran conscientes de "la fortaleza" de la cumbre, que reunió a cientos de alcaldes y electos, pero también al hecho de que los ayuntamientos son la única administración que lleva "cinco años con superávit estructural".
Caballero también ha informado de que en la cumbre se ha acordado remitir hoy al Ministerio de Hacienda el listado de las actividades que los ayuntamientos proponen para invertir los 5.000 millones de remanente de 2017, y que son: infraestructuras educativas, sociales, culturales, deportivas, de seguridad y protección civil y vehículos para servicios de seguridad y protección civil.
El responsable de la FEMP ha explicado que el margen de tiempo que manejan los ayuntamientos para realizar estas inversiones acaba en abril de 2019, cuando se convoquen las elecciones autonómicas y municipales.
Ha remarcado al respecto que "esa es la razón del decreto" ya que los ayuntamientos no pueden esperar al presupuesto del mes de junio "porque es tarde y porque estamos fuera de espacio y tiempo, y eso es algo que el Ministerio de Hacienda ha entendido".
En la comparecencia de prensa, Caballero ha valorado que ayer, en la reunión con Montoro, se acordase "por primera vez en la historia de la democracia" que la financiación local entrase en la agenda de la financiación autonómica y se negociase en paralelo.
Caballero, que ha insistido en constatar la "unidad de opinión" y la "casi unanimidad" de los alcaldes, ha hecho hincapié en la negociación para un techo de gasto eficiente y ha lamentado que el actual "fomente el gasto y penalice el ahorro" y eso, ha dicho, "es una estupidez política".
Ha añadido que otro de los mandatos de la cumbre local es negociar con el Ministerio de Hacienda un techo de gasto "eficaz, que limite y deje un tope pero de forma eficiente".
También ha explicado que en el foro de alcaldes se ha acordado dedicar recursos a los pequeños ayuntamientos para asegurar la permanencia de la población en el territorio.
Y si no se hace, ha advertido, "después de la desertización humana vendrá la ambiental".
En la reunión se ha abordado también pedir al Gobierno que se "respete la autonomía" de los consistorios para "tomar decisiones y contratar los efectivos que necesiten" para cumplir las tasas de reposición y, por ejemplo, "no tener cola en las mesas de contratación".