miércoles, 28 de febrero de 2018

Combatir el franquismo coronado / Agustí Colomines *

Fernando Suárez González, jerarca del franquismo, quiere dar lecciones de democracia a los demócratas sin renunciar a lo que fue en los años de la dictadura. Quien fuera uno de los ministros de Franco que estaban sentados en el Consejo de Ministros que ratificó en septiembre de 1975 la condena a muerte de Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Xosé Humberto Baena Alonso, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y de los acusados de pertenecer a ETA, Ángel Otaegi Etxeberria y Jon Paredes Manot, Txiqui, concedió una entrevista a El Mundo que no tiene desperdicio. 

Para empezar, a la pregunta del entrevistador sobre si, como asegura Pablo Iglesias, hay un ADN franquista en la derecha española, la respuesta de Suárez no puede ser más sincera: "Pero, ¿cómo no lo va a haber? El error es considerar eso como un insulto". Ese es el quid de la cuestión. El orgullo de un franquista frente a la lucha democrática del FRAP -una organización comunista que presidía, sin embargo, el antiguo ministro republicano Julio Álvarez del Vayo y que posteriormente contó con la simpatía del escritor católico José Bergamín, al que apoyó como senador en 1979-, y de ETA, la organización armada que hasta 1975 no era ni mucho menos lo que fue después.

La extrema derecha española va perdiendo ahora el complejo de culpa que tenia en los años de la Transición. Siempre estuvo viva, aunque fuese minoritaria como Fuerza Nueva o se escondiese en el PP. Suárez González, que perteneció a la FET y de las JONS, dirigió el Sindicato Español Universitario (SEU), y fue procurador en Cortes y ministro de la dictadura, no puede presumir de una hoja de servicios a favor del ideal democrático simplemente porque fuese, también, uno de los miembros de la comisión gubernamental que propició el haraquiri controlado del franquismo. 

El instinto de supervivencia logra milagros. La extrema derecha estuvo y está en la herencia que nos dejó el franquismo y que no supimos depurar. Los portugueses, por lo menos, en 1974 mandaron para el exilio a su dictador, Marcelo Caetano, donde murió el 1980, junto a Américo Tomás, el presidente de la República salazarista.

La extrema derecha española va mutando con el tiempo, pero siempre defiende lo mismo. C's, muchos de cuyos promotores son de estirpe franquista, renueva la herida con un discurso pretendidamente liberal. 

Hace unos días, en una conversación privada, expuse esa idea y los comensales se escandalizaron. Para explicárselo mejor y atenuar su estupor, les dije que estaba leyendo Contra el odio (Taurus), de Carolin Emcke, una académica y periodista que organiza y modera un debate mensual en el Teatro Schaubühne de Berlín sobre conflictos, y que en él daba las claves de lo que es hoy la extrema derecha en Europa. 

Afirma Emcke que casi todos los partidos de extrema derecha, sea en una versión nacionalconservadora, sea en la versión populista de derechas —el Partido de la Libertad (PVV) en los Países Bajos, el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Fidesz en Hungría, UKIP en Gran Bretaña, los Demócratas de Suecia, el partido de los Verdaderos Finlandeses, el Partido del Pueblo Danés, el Partido del Pueblo Suizo (SVP) o el partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia— “defienden la idea (o el deseo) de una nación con una cultura y una religión homogéneas o bien de un pueblo homogéneo”.

¿No les parece a ustedes que la derecha nacionalconservadora (PP) y la populista de derechas (C's) españolas defienden lo mismo? ¡Claro que sí! “Libres e iguales”, como dirían los intelectuales que en 2014 crearon esa plataforma chetnik en defensa de la españolidad de Catalunya, pero los catalanes, los valencianos, los baleares, los gallegos o los vascos y los navarros tienen que serlo un poco menos. El pueblo homogéneo habla en castellano, tiene un único sistema de gobernanza y una memoria histórica homogénea, basada en la idea de que los vencedores de la Guerra Civil salvaron a España del comunismo.

No idealizo la República, ni los asesinatos perpetrados en el bando republicano —por eso nunca idealicé a Tarradellas, que fue tan inútil como Companys al intentar parar los desmanes—, pero la racionalidad —y la historia— no me permiten exaltar el régimen franquista, que es lo que viene haciendo el PP desde su fundación como Alianza Popular, o C's cuando, junto al PP, abandonó la sesión del 10 de octubre de 2013 del Parlament de Catalunya para no votar la moción presentada por ICV-EUiA que condenaba de manera solemne “toda declaración o actividad que comporte cualquier clase de enaltecimiento, trivialización, exculpación o negación del nazismo, franquismo y el resto de regímenes fascistas”. 

Jordi Cañas, entonces diputado y portavoz de C's, se encargó de dejar claro en que bando se situaba su partido. El ministro franquista les reclama ahora que sean coherentes y se opongan a la iniciativa presentada por el PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica. La tentación autoritaria siempre está al acecho y C's lleva tiempo empleando un lenguaje y contando la historia del contrato social entre ciudadanos “libres e iguales” que nada tiene que envidiar a los discursos de José Antonio.

La mayor preocupación de Suárez González es, sin embargo, que deslegitimar el franquismo pone en riesgo a la Corona. Dejando a un lado la estupidez tautológica que le lleva a afirmar que la “República en España es contra media España. Siempre. La Monarquía no tiene más preocupación que la de ser de todos”, porque también se podría afirmar lo contrario y simplemente sería una repetición inútil y viciosa del mismo tenor, lo dicho por el ministro franquista es una gran verdad: la restauración de la Monarquía fue “una decisión personalísima de Franco, no cabe la menor duda, y hay que ver qué patrimonio tan importante supone para nosotros en la actualidad”. 

Lo primero es cierto históricamente. Lo segundo es un juicio de valor, en especial porque muchos catalanes sabemos que con el discurso del 3-O Felipe VI se apuntó al “a por ellos” fascista que cantaban los manifestantes que despedían en tierras andaluzas a los guardias civiles destinados a Catalunya para reprimir a los demócratas. Si la Monarquía no estuviese protegida por un artículo de la Constitución que introdujeron los socialistas en el Código Penal en 1995, la República podría defenderse en España sin el temor de acabar con los huesos en la cárcel como el joven rapero mallorquín Valtònyc.

En la España actual, desacomplejada y extremista, dominada por el relato posfranquista que difunden políticos, comentaristas y medios de comunicación, se asciende a general a Pérez de los Cobos, un guardia civil que el 23-F se presentó vestido de falangista para apoyar a Tejero y el 1-O reprimió con saña a los que acudían a votar en el referéndum de autodeterminación, mientras el Gobierno legítimo catalán es perseguido y encarcelado por comprar urnas y ponerlas a disposición de los ciudadanos para que expresasen libremente su opinión. 

Cada día está más claro que la independencia de Catalunya es la única vía para evitar el hedor fascistoide que desprenden PP y C's y también para dejar atrás a la Monarquía. La que impuso Franco o cualquier otra.



 (*) Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona



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