domingo, 9 de septiembre de 2018

Un centenar de personas se manifiesta en Bruselas por la república catalana


BRUSELAS.- Un centenar de personas se concentró hoy junto al Atomium de Bruselas para pedir la independencia de Cataluña y exigir la libertad de los políticos independentistas encarcelados, dos días antes de la Diada del 11 de septiembre.

Entre los asistentes se encontraban los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret; el rapero Valtònyc y el miembro de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) Adrià Carrasco, todos ellos residentes en Bélgica tras huir de la Justicia española.
"Debemos tener claro que ante juicios ilegítimos e injustos de nuestros líderes políticos y civiles, la mejor defensa será no renunciar a nuestros objetivos. Solo haciendo efectiva la república catalana, garantizaremos que nuestros derechos civiles y políticos nunca más sean violados", reza el manifiesto de la convocatoria, leído este domingo en catalán y en una versión reducida en inglés.
"Tenemos la mayoría parlamentaria para hacer efectiva la república catalana", recalca el escrito, en el que también se destaca el "éxito" del referendo ilegal de independencia celebrado el 1 de octubre del año pasado, prohibido por el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el exconsejero de Sanidad, Toni Comín, preguntó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, si está dispuesto a dialogar y pactar la celebración de un referendo o "si va a optar por la represión como hizo el señor Rajoy" ante la "movilización" del independentismo.
El exconsejero de Cultura, Lluis Puig, señaló que ni el 27 de octubre de 2017 con la declaración unilateral de independencia, ni el 1 de octubre con la convocatoria del referendo ni el 6 de septiembre de ese mismo año con la aprobación en el Parlamento catalán de las leyes del referéndum y de transitoriedad se cometieron delitos.

Cerca de 400.000 personas se han inscrito para participar en la manifestación del 11-S

BARCELONA.- Cerca de 400.000 personas se han inscrito hasta hoy para participar en la manifestación de la Diada Nacional de Catalunya el próximo martes, 11 de septiembre, ha informado la Assamblea Nacional Catalana (ANC), que organiza el acto junto a Òmnium Cultural.

Según la entidad independentista, el número de inscritos es superior a la de años anteriores, como también el número de autocares contratados, que ya ascienden a 1.300, para que ciudadanos de todas las comarcas de Cataluña asistan a la manifestación de Barcelona.
De hecho, según las mismas fuentes, ya no queda ningún autocar disponible en Cataluña para el 11 de septiembre, por lo que han empezado a difundir mensajes para compartir coches particulares para poder desplazarse a Barcelona el próximo martes.
La asociación soberanista, que ha repartido la Diagonal de Barcelona -donde está convocada la manifestación- en tramos destinados a cada comarca o colectivos, ha asegurado que el ritmo de inscripciones se ha acelerado durante los últimos días y ya sobrepasa a los que se apuntaron el año pasado con esta misma antelación.
Además, ANC y Òmnium han vendido hasta hoy 260.000 camisetas diseñadas para la Diada, impresas con la emblemática montaña del Pedraforca, una cifra que también supera las ventas de años anteriores.

Torra cree en el diálogo con Sánchez y en un intercambio: "Pacto quiere decir transacción"

BARCELONA.- En una entrevista en El Periódico, Torra ha pedido al Gobierno que le diga cuál es su punto de partida y ha reconocido que ya ha escuchado algunas concreciones, como que en Cataluña "no tenemos el Estatut que votamos y que eso se resuelve votando".

Además, ha indicado que si el Gobierno no negocia "seguiremos adelante con el mandato democrático del 1 de octubre", y ha afirmado que su propuesta es intercambiar el 1-O y el 27-O por un referéndum acordado, legal y vinculante, en sus palabras.
El presidente de la Generalitat ha anunciado que el programa de gobierno se centrará en las personas: "El auténtico motor de cambio republicano se encuentra en las políticas sociales" y ha querido mandar un mensaje de tranquilidad al mundo económico.
"No tiraremos adelante hasta que no tengamos todos los recursos que este país genera. El estado de bienestar exige tener un Estado", ha destacado Torra, quien se ha preguntado cómo conseguirlo si cada año parte con un 8% menos de riqueza, según él.
En cuanto a la invitación que le hizo la presidenta del Congreso, Ana Pastor, Torra ha reiterado que irá a donde haga falta para explicar su proyecto de república catalana si se trata de un debate "respetuoso y con normas claras".
Preguntado por los presupuestos, ha señalado que cree posible un acuerdo con los comuns ya que la CUP ha anunciado que no les apoyará, y ha defendido que harán "todos los esfuerzos posibles" y que hay muchos puntos en común.

Torra asegura que "el mandato del 1-O" irá adelante si el Gobierno no negocia

BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado que propone al Gobierno "intercambiar" el 1-O y la "declaración de independencia" del 27-O por un "referéndum acordado" y advierte de que si el Ejecutivo no lo considera negociable tirarán adelante porque tienen "un mandato democrático".

En un adelanto de una entrevista que publica mañana de forma completa el Periódico de Cataluña, el presidente catalán afirma que parte del 1-O y del 27-O y que su propuesta es "intercambiar el 1-O y el 27-O por un referéndum acordado, legal, vinculante y reconocido internacionalmente".
Torra defiende que el 1-O hubo "un mandato democrático" y advierte: "Si al Gobierno de España no le parece una posición negociable, tiraremos adelante porque tenemos el mandato democrático.
Está convencido de que en Cataluña hay una mayoría social a favor de la independencia, en base a los resultados del referéndum del 1 de octubre del año pasado y de los resultados de las dos últimas elecciones autonómicas.
Explica que estaría dispuesto a aceptar la invitación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para comparecer en la Cámara Baja si recibe una invitación oficial y hay "un debate respetuoso y unas normas claras".
El presidente de la Generalitat cree posible conciliar su estrategia con la vía "unilateral", que promueven entidades como la CUP, porque comparten el objetivo de "hacer efectiva la república".
Reconoce que han tardado "unos meses en volver a recuperar la voz" porque el encarcelamiento de los líderes independentistas supone "una fuerte sacudida e impacto emocional" pero cree que ahora tienen la oportunidad de encontrar un camino conjunto "desde el exilio, las prisiones, el Govern y las organizaciones".
A pesar de las dificultades para lograr su objetivo de autodeterminación, Torra no renuncia a negociar al afirmar: "Nadie nos quitará la bandera del diálogo".
El presidente catalán defiende el proyecto de la Crida que impulsa su antecesor Carles Puigdemont, que ha sido rechazado por ERC y la CUP, del que asegura "tiene una ambición de acoger muchos matices, acentos y corrientes, y además un objetivo muy claro: alcanzada la república, este partido se disuelve".
Sobre la decisión de Puigdemont y otros exconsellers de optar por marcharse al extranjero para evitar su detención, asegura que hicieron bien, ya que "no han sido acogidos como fugitivos sino como unos líderes demócratas".
Cada día que los líderes independentistas están en prisión es para él "un acto de venganza" y reitera que no pueden aceptar "otra sentencia que la absolución", aunque no avanza qué supondrá esta determinación.
"No quiero poner el acento en los meses que vendrán, sino en la concienciación colectiva sobre lo que nos estamos jugando", indica.

El negocio del grifo: uno de cada cinco euros del recibo municipal va a beneficios de las empresas

ZARAGOZA.- Uno de cada cinco euros que los ciudadanos pagan en el recibo del agua en las principales ciudades de España acaba en la cuenta de beneficios de las empresas que gestionan el suministro, con unas rentabilidades netamente superiores cuando esos servicios de suministro y depuración han sido privatizados que mientras se mantienen públicos, según revela una ponencia presentada por los profesores del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Alicante, Martín Sevilla y Teresa Torregrosa en el Congreso Ibérico de Gestión del Agua celebrado esta semana en Coimbra (Portugal) y recoge Público.

Los profesores han estudiado las cuentas oficiales de diez empresas públicas y siete privadas que gestionan el suministro de agua de boca y la depuración de las residuales en algunas de las principales ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Málaga, que suman 15,8 millones de habitantes.
Esas 17 sociedades “representan el 34% del total de la población, el 39% del total de los hectómetros cúbicos consumidos y solo el 13% de los kilómetros de las redes de abastecimiento siendo su cifra de negocios el 57% del total”, datos indicativos de que el negocio del grifo se concentra en las aglomeraciones urbanas, donde el cliente está concentrado y la infraestructura necesaria es mucho menor que en las zonas rurales.
La cifra de negocio conjunta de esas 17 empresas en 2016 sumó 2.041,9 millones de euros con los que obtuvieron un resultado de explotación o beneficio bruto de 392,6 millones; es decir, que prácticamente uno de cada cinco euros ingresados (el 19,2%) fueron ganancias brutas.
Sin embargo, esos resultados no fueron homogéneos sino que se observan grandes diferencias entre algunos de los capítulos de ingresos y de gastos según se trate de empresas públicas o de sociedades privadas: las segundas obtienen mayores rentabilidades que las primeras tanto por habitante atendido como por caudal suministrado, mientras que sus costes declarados de aprovisionamiento son claramente superiores.

Diferentes tarifas, distinto negocio

Así, resulta significativo que de las siete empresas privadas analizadas (Agbar en Barcelona, Emaem en Alicante, Emuasa en Murcia, Aigües d’Elx en Elche, Ematsa en Tarragona, Aguas de Albacete y Emagrasa de Granada), únicamente las dos últimas obtengan rendimientos de menos de dos millones de euros por hectómetro cúbico suministrado, lo que supone dos euros por metro cúbico, mientras que, por el contrario, y con la excepción de Emaya en Palma, que supera los 2,5 por las peculiares condiciones de abastecimiento de la isla y por gestionar también las basuras, ninguna de las sociedades públicas o mixtas del ciclo del agua analizadas alcanza los dos millones por hectómetro cúbico.
Así, el Canal de Isabel II madrileño se acerca con 1,75, mientras la sevillana Emasesa, el consorcio de Bilbao y la malagueña Emasa superan el millón; no alcanzan esa cifra las empresas de aguas de Gijón, Burgos y La Coruña y se quedan por debajo de los 500.000 euros las de Cuenca y Vitoria.
Esas diferencias, apunta el estudio, pueden indicar “que las tarifas aplicadas por las empresas públicas son, por media, inferiores a las privadas. En los casos de Gijón, La Coruña y Cuenca, bastante inferiores. Por el contrario, las de Tarragona y Murcia son muy superiores al resto”.
Las diferencias son también notables en los ingresos por habitante, en los que el nivel de las privadas comienza en 120 euros anuales y llega a 160, salvo en Granada por la escasa eficiencia y las elevadas fugas que registra la red, mientras el de las públicas va de 20 a 120 con las excepciones de Palma (más de 180) y Madrid (138).

Los costes de aprovisionamiento

También llama la atención la diferencia entre los costes de aprovisionamiento, compra de agua y consumo de energía para bombearla y transportarla que anotan unas y otras en sus cuentas. Esta partida consume entre el 30% y el 70% del volumen de negocio de los servicios privatizados, de nuevo con la excepción de Granada, mientras, entre las públicas, solo en Gijón (38%) se supera esa cota. 
Ese gasto resulta testimonial en Cuenca, Sevilla y Vizcaya, en este último caso a pesar de recibir parte del suministro a través de un trasvase del Ebro.
“En este apartado sería muy conveniente conocer cuáles de estos costes se deben a las compras mayoristas de agua”, anotan, y a “los importantes costes de electricidad para elevar o impulsar el agua en sus distintas fases”.
Sin embargo, “prácticamente ninguna empresa diferencia estos costes en los documentos presentados en el Registro Mercantil, por lo que no podemos saber cómo influye cada uno de estos apartados en los costes totales”. 
En cualquier caso, apuntan que “los mayores costes agregados de las empresas privadas pueden también deberse a estar estas situadas con mayores precios del agua (zona de la Mancomunidad de Canales del Taibilla) o con mayores accidentes geográficos que exigen mayores consumos eléctricos”.

Ajustar el nivel de costes con las tarifas dadas

No obstante, y pese a las limitaciones de su investigación, Sevilla y Torregrosa reseñan cómo “los resultados de explotación presentan también datos reseñables que marcan la diferencia entre lo público y lo privado”.
Así, “la cierta homogeneidad” de beneficios finales entre el 8% y el 15% de las segundas, aunque los mejores resultados los obtiene el Canal de Isabel II con un 27%, parece indicar, “en comparación de las oscilaciones en otros parámetros, que ha habido un ánimo de ajustar previamente la cuenta de resultados a un propósito definido (…), como si lo hubiesen configurado de antemano”.
“Con estas cifras, podemos considerar que sus cuentas se hacen al contrario, es decir, con las tarifas dadas, ajustar un nivel de costes que den como media, unos resultados de explotación alrededor del 8%”, indican.
Una táctica de ese tipo explicaría “que existan mayores o menores contrataciones externas de servicios en función de la situación de cada una de las empresas” privadas, aunque “difícilmente podemos saber con estos resultados si ellos son debidos a una buena gestión o a que no se han llevado a cabo las inversiones necesarias en las redes de suministro o alcantarillado para de esta forma no lastrar las cifras de resultados finales”.
También resultan netamente superiores las partidas que las sociedades privadas anotan como amortizaciones de material en relación con su cifra de negocios, aunque eso puede deberse a las exigencias contables, mientras que las de personal resultan claramente inferiores, lo que indica una productividad más elevada.

Un auténtico desbarajuste

Los profesores critican la dificultad para acceder a información sobre los costes de la gestión del ciclo del agua en España. “Nos encontramos con un auténtico desbarajuste que no permite tener una idea adecuada del funcionamiento económico de un sector que, aunque considerado clave, el agua, deja mucho que desear respecto a su trasparencia informativa y responsabilidad pública”.
En este sentido, destacan que preguntas como cuáles son los costes de suministro a las ciudades cuál es la eficiencia económica de las distintas empresas “están lejos de poder ser contestadas de una forma consistente con el consenso de investigadores y responsables de estos servicios”.
Esas limitaciones, añaden, “ponen en evidencia la necesidad de realizar cambios legales que nos permitan tener una información seria sobre un sector público tan relevante como es la gestión del agua en nuestras ciudades”.

Rajoy y sus ministros desaparecen del mapa desde que perdieron el poder

MADRID.- Al Gobierno de Rajoy se lo tragó la tierra el 1 de junio de 2018. Los miembros del Ejecutivo que ha dirigido España durante los últimos siete años y ha afrontado algunas de las reformas más polémicas en décadas están desaparecidos. No es que hayan sido relegados a una segunda fila tras la llegada de Pablo Casado, es que directamente se han borrado del mapa: ni entrevistas, ni actividad en redes sociales, nada, analiza www.eldiario.es.

Empezando por el propio presidente que ya ni siquiera acude a los actos de partido y se ha retirado a su plaza de registrador de la propiedad. Su número dos, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se está pensando lo de seguir en su escaño. La ministra de Defensa y secretaria general, María Dolores de Cospedal, también se echa a un lado, después de lograr que Santamaría, su enemiga interna, no se hiciese con las riendas del PP. 
El escenario donde se hace palpable que todo lo que era sólido en el PP hace solo tres meses se ha evaporado ahora es el Congreso de los Diputados. Sus pasillos y el patio bullían este jueves en el primer pleno que se celebraba a la vuelta de las vacaciones. Los diputados cruzaban saludos y comentaban en corrillos cómo habían pasado el verano. Entre los que iban y venían, pocos ministros de Mariano Rajoy. La mayoría han permanecido desaparecidos desde que triunfó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. 

El silencio casi sepulcral de los exministros

Ninguno se ha prodigado en público tras las convulsas primarias que han resquebrajado al PP. Su actividad política en estos últimos meses ha sido prácticamente nula. Sobre todo la de quienes no apoyaron a Pablo Casado que han preferido mantener un prudente silencio. El más inquietante, el de la vicepresidenta Soraya Sánz de Santamaría, rival del nuevo y flamante presidente del Partido Popular 
El jueves, en el estreno del curso político, Casado se reunía con su grupo parlamentario. Y más que todas las caras nuevas de la dirección, llamó la atención la ausencia de Soraya -como la llama todo el mundo-. El partido estaba pendientes de su reaparición. "Vendrá luego a votar, seguro", especulaba una diputada del grupo, tras ver los primeros titulares en la prensa. La víspera, el PP había solicitado un cambio de asignación en los bancos del Congreso para alejarla de los escaños con poder. 
Al filo de los dos de la tarde la exvicepresidenta apareció sonriente, escoltada por otros ex:  la exministra de Empleo,Fátima Báñez, y el exjefe de Gabinete de la Presidencia, José Luis Ayllón.
Los tres forman una piña y conforman el último reducto del "rajoyismo", un sector de fieles al anterior Jefe del Ejecutivo que según sentenciaba en conversación con este diario un veterano diputado, " se ha acabado,  no existe. No queda nada de él... salvo Soraya, evidentemente". Su pronóstico es que la exvicepresidenta, una de las mujeres que más poder ha tenido en España estos últimos años, dará pronto la espantada y seguirá los pasos de su mentor. 
En el patio, Santamaría se vio pronto rodeada de periodistas y de preguntas que elucubraban sobre su futuro político, una vez que había rechazado todos los ofrecimientos que hasta ahora le ha hecho Casado.  "Yo acabo de llegar. Voy a hablar con Pablo tranquilamente. A mí estas cosas me gusta hacerlas a mi manera", afirmaba, dejando abierta la puerta a una retirada. 
Santamaría ha pasado en este escaso lapso de ser la todopoderosa número dos del Gobierno de Rajoy a diputada rasa por Madrid. La exvicepresidenta se negó a incorporarse al Comité Ejecutivo Nacional del PP y tampoco ha aceptado otros destinos que le ha propuesto el nuevo líder en la Cámara. Entre los pronósticos internos, además de su retirada, se baraja la posibilidad de que Casado le ofrezca ser cabeza de cartel en Madrid o incluso liderar la lista de las europeas. 

Santamaría, relegada a una esquina de la bancada

La relación entre Casado y Santamaría es fría, casi inexistente. La decisión del nuevo líder del PP de situarla en una esquina de la segunda fila de la bancada popular, en el pasillo opuesto al a los asientos de los diputados más cercanos a la nueva dirección del grupo parlamentario, tampoco le ha hecho mucha gracia. 
La expectación levantada por el corrillo que protagonizaba Santamaría picó la curiosidad de algunas de sus compañeras de filas. "¿Quién quiere marcharse?. De aquí no se va nadie", preguntaban, respondiéndose ellas mismas de inmediato a la cuestión.
La número 3 de facto, María Dolores de Cospedal, secretaria general y ministra de Defensa también manda señales de que está de salida. De momento, se refugiará en la presidencia de la Comisión de Exteriores en el Congreso. No ha querido ningún puesto en la dirección de Casado y "por lealtad" ella misma ha anunciado que abre el proceso de su sucesión en  Castilla-La Mancha  donde dejará el cargo el próximo 7 de octubre tras 12 años como líder regional.
El PP regional celebrará un Congreso Extraordinario para buscarle sucesor o sucesora y, como ocurrió para la presidencia nacional, se convocarán primarias en el caso de que haya más de un aspirante a hacerse con las riendas del partido.
Salvo las dos mujeres con más poder, el resto de miembros del gabinete de Rajoy no han dado titulares en ningún sentido. En las redes sociales la mayoría enmudeció el mismo día en que Sánchez entraba en La Moncloa. Tampoco han concedido entrevistas. 
El hecho de que no haya habido actividad parlamentaria también ha facilitado la 'desaparición del mapa' de los que hasta hace apenas unos meses se sentaban en los bancos azules del hemiciclo, mandaban, y acudían al Parlamento en coches oficiales. 
Ahora llegan a pie y pasan desapercibidos. La escena siempre se repite cuando algún político deja de 'pisar moqueta'. Salen de espantada y los que son diputados acuden poco al Congreso, si acaso a votar, para que no se diga. 
"Es duro y al principio cuesta acostumbrarse", reconocía a este diario un experto fontanero socialista que ahora vuelve a entrar  como pedro por su casa en el área de Gobierno de la Cámara. "Pero así es la vida", resumía con una sonrisa.
En el Grupo Popular también empiezan a asimilar los cambios. Aunque las heridas que han dejado las primarias han sido profundas, los exministros -que se dividieron en dos 'bandos- empiezan a adaptarse a su nueva vida "mucho más relajada"y "sin estar todo el día pendientes del teléfono", según reconocen en sus conversaciones privadas. Casi todos se han autoimpuesto el silencio, incluso quienes eran más activos en las redes sociales.
A finales de julio, Casado empezó la labor de pacificar el grupo y decidió recolocar en cargos institucionales de la Cámara a la mayoría de ellos, porque no todos eran diputados. Y prácticamente todos han aceptado, incluso los que no le apoyaron en el proceso interno.
Entre los que ascienden en el partido está Dolors Montserrat. La exministra de Sanidad, que fue una de las principales valedoras de Cospedal, ahora ocupa la portavocía parlamentaria en el Congreso, un cargo de gran responsabilidad política. A  Isabel García Tejerina, que ocupó la cartera de Agricultura y también apoyo a la exsecretaria general del partido, Casado la ha nombrado vicesecretaria de Acción Sectorial.  
Al exportavoz y extitular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, va a la comisión de Educación. Por su parte, Rafael Catalá, exministro de Justicia -que apoyó a Casado en la segunda vuelta-, ocupará la presidencia de la Comisión de Interior. Incluso el extitular de Hacienda, Cristóbal Montoro, uno de los más afines a la vicepresidenta, ha aceptado presidir la  comisión de Economía y Empresa del Congreso. 
También Álvaro Nadal, exministro de Energía y Turismo, que fue otro de los apoyos de Santamaría, ocupará la presidencia de la comisión del Estatuto del Diputado, cuya actividad es escasa. 
Tampoco ha puesto peros Luis Luis Ayllón, que aunque no llegó a ocupar una cartera ministerial estuvo al frente de la secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes y fue luego Director del Gabinete de la Presidencia y sigue siendo 'sorayista'. A partir de ahora será el vicepresidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea, un cargo que hasta ahora ostentaba el propio Casado. 
"Ninguno se ha resistido. Lógico. Son cargos que además llevan aparejados un sustancioso complemento económico", razonaba un diputado que ahora forma parte del núcleo duro de Casado. Todos son destinos con  escasa proyección mediática.
El exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, además de ser premiado por Casado con el puesto de presidente del Comité Electoral del Partido Popular, presidirá la Comisión de Política Territorial y Función Pública, de nueva creación en esta legislatura.

La presidencia del Pacto de Toledo fue ofrecida a Báñez

Por lo que respecta a Fátima Báñez, íntima de Soraya, Casado, según ha podido saber eldiario.es, la ofreció ocupar la presidencia de la Comisión del Pacto de Toledo que ahora está en manos de Celia Villalobos, que no va a dar facilidades para que la releguen del cargo. "Celia es su amiga y Fátima no está dispuesta a presentar contra ella ninguna batalla", según afirman fuentes conocedoras de este ofrecimiento. 
Algunos diputados ironizan: "Celia está indignada porque Pablo la ha sacado de la Diputación Permanente. Van a tener que hacerle una moción de censura para quitarla este cargo". Su marido, el sociólogo Pedro Arriola, estrecho colaborador de Rajoy en Génova, ha sido siempre su gran valedor, pero según adelantaba la periodista Lucía Méndez en El Mundo, su etapa en el PP también ha acabado
El ambiente, pasadas las vacaciones de verano, no es tan tenso como los días posteriores a la celebración del cónclave. Según dijo después Casado, "el Congreso [del Partido Popular] fue ejemplar y la integración se ha producido de verdad".
En cuanto al anterior portavoz parlamentario, Rafael Hernando - que no se decantó públicamente por nadie-, se mantiene en la dirección del grupo popular aunque deje de ser el líder en la Cámara Baja. 
¿Y que ha sido de Rajoy?. "Él ha elegido su carrera profesional como registrador de la propiedad en Madrid, pero creo que como expresidente del Gobierno tendrá una agenda como hicieron sus predecesores", afirmó Casado tras enterarse de que el expresidente volvía a su profesión. 
Uno de los diputados, y también exministro, que mantiene una relación de amistad con Rajoy es Jesús Posada. El expresidente del Congreso asegura en conversación informal con el diario.es, que le ve "muy bien", "tranquilo". "Tiene un carácter un poco parecido al mío, que nos tomamos todo con cierta distancia. Sin agobiarnos demasiado", confiesa.
En el último acto del pasado fin de semana en Galicia, Rajoy fue protagonista porque no apareció. Algunas fuentes aseguran que Casado se lo había pedido. El lunes el líder del PP ofreció a su antecesor un despacho en Génova. No hay noticia de que Rajoy vaya a aceptarlo.

Retiran la nacionalidad a un hombre que no pudo jurar la Constitución al no saber español

MADRID.- La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha anulado la concesión de la nacionalidad española a un hombre de nacionalidad marroquí a quien se le había concedido mediante una resolución del Ministerio de Justicia después de que no pudiera jurar la Constitución ya que desconocía el idioma castellano.

En su sentencia, la Sala estima el recurso por lesividad presentado por la Abogacía del Estado contra la resolución que se dictó en marzo de 2016, por la que se concedía la nacionalidad, y que fue propiciado tras recibir un oficio por parte de la jueza encargada del Registro Civil de Vera (Almería).
En su escrito, la jueza comunicaba que con ocasión del acto de juramento y de inscripción del interesado, este "no pudo jurar la Constitución Española ya que no entendía el idioma español", lo que obligó a "suspender el acto de juramento".
El hombre había solicitado dos años antes la nacionalidad, para lo que presentó una solicitud de concesión por residencia ante el Registro Civil, de modo que el expediente fue calificado y "se consideró que el interesado reunía los requisitos" para su obtención, por lo que le fue concedida.

Conocimiento del idioma e integración

El tribunal señala que, en este caso, el examen del expediente revela que la primera comparecencia ante el juez encargado del Registro Civil "no fue seguida de un examen de integración que permitiera verificar este", sino que "más bien fue una entrevista personal" lo que "no impidió la concesión de la nacionalidad".
Así, posteriormente, al formular el juramento y renuncia, el juez encargado "constató un importante déficit de la posibilidad de comprender el alcance y trascendencia del acto que se iba a realizar, lo que motivó la decisión de suspender el acto de juramento de la Constitución Española".
Según el artículo 22.4 del Código Civil, los que deseen obtener la nacionalidad española han de justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española, en el expediente seguido al efecto conforme a las normas reguladoras del Registro Civil.
Así, la Abogacía del Estado consideró "lesiva" para los intereses públicos la concesión de la nacionalidad con el desconocimiento, puesto que la acreditación de un suficiente grado de integración en la sociedad española es uno de los requisitos para la obtención de la nacionalidad, según comparte la Sala.
En sus fundamentos, la Audiencia Nacional detalla que el conocimiento de la lengua española "es un componente del requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española que la parte interesada debe justificar, sin perjuicio de que pueda modularse el nivel de exigencia de aquel conocimiento en función del grado de instrucción del interesado y de las demás circunstancias que concurran en el mismo".
En este sentido, apunta el tribunal que es "irrelevante" la "actitud positiva" en las relaciones sociales y la "falta de incidentes" en las mismas que pudiera invocar el solicitante, pues "no acreditan por sí solas el suficiente grado de integración", que debe justificarse "mediante la constatación del conocimiento de la lengua, la sociedad y las instituciones que conforman nuestro sistema socio-político".
"El conocimiento adecuado del idioma español es un dato de singular relevancia a la hora de valorar el suficiente grado de integración en la sociedad española que se exige para la obtención de la nacionalidad de nuestro país, aunque no suficiente 'per se' para acreditarlo", añade la Audiencia Nacional, para la que "la integración no se deduce sin más de la más o menos prolongada residencia en España, sino de la comprobación de que durante ese periodo de tiempo la actitud del residente se ha dirigido realmente a formar parte de la sociedad", lo que "difícilmente puede conseguirse si no se conoce el medio de expresión utilizado" por sus miembros.

Los votantes del PSOE rechazan el plan de Pedro Sánchez para Cataluña

BARCELONA.- Dos de cada tres electores del PSOE desaprueban la relación de Pedro Sánchez con Quim Torra y los planes del Gobierno para Cataluña. La propuesta de celebrar un referéndum sobre el autogobierno catalán no gusta a los independentistas ni a la derecha, y sólo el 34% de los votantes socialistas ven positiva la medida.

En lo único en lo que coincide la mayoría de los socialistas es en la importancia de la "operación diálogo" del Gobierno con la Generalitat: seis de cada diez electores del PSOE aprueban la apuesta de Sánchez por la comunicación y negociación con Torra. Así se desprende del barómetro de GAD3 que publica el ABC hoy domingo.
La presentación de la encuesta asegura que la política de Sánchez que recibe más críticas por parte de los ciudadanos es la relacionada con Cataluña y el desafío del independentismo. Y en algunos casos estas políticas tienen mayor aprobación de los votantes de Podemos que del mismo PSOE. Por su parte, Sánchez, al valorar sus 100 días en la Moncloa, olvidó hacer mención de Cataluña.
En términos generales, el 70% de los españoles consultados desaprueban las relaciones con Torra, mientras que el 64% de los electores del partido de Pablo Iglesias y el 67% de los nacionalistas se suscriben al referéndum de autogobierno (que, a su vez, es rechazado por más del 90% de los votantes del PP y Ciudadanos).

Desaprobación del 60% al Gobierno de Sánchez

Quitando la lupa de Cataluña, el rechazo al Ejecutivo que suplantó a Mariano Rajoy hace un centenar de días se mantiene presente en la mayoría de los consultados. Seis de cada diez españoles desaprueban sus políticas en materia de empleo, economía y migración. El 32,7% de los españoles cree que el cambio de Gobierno ha sido positivo, el 45,5% opina lo contrario y el 15,8% es indiferente.
La actuación de Sánchez para tratar de reducir el déficit es impugnada por casi el 50% de los votantes, mientras que su política exterior es aprobada por apenas el 34,1%. La carrera para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es interpretada por el 59,4% del electorado como una acción "con fines electoralistas".
En cambio, lejos de los restos de Franco, los principales problemas que acusan los españoles son el paro (el 42%), el clima político (el 11,8%), la corrupción (el 11,7%), la situación económica (el 6,7%), la crisis catalana (el 5,6%), la inmigración (el 3,9%), la crispación política (el 3,4%), las pensiones (el 2%) y la sanidad (el 1,9%).

Pedro Sánchez asegura que su Gobierno no es un "accidente"

OVIEDO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el crecimiento económico de España seguirá siendo robusto y que su Ejecutivo no es un mero "accidente", sino que en esta legislatura va a sentar las bases para "la gran transformación" que exige España hasta el año 2030.

Sánchez ha lanzado este mensaje en el acto del PSOE que ha presidido en Oviedo coincidiendo con sus primeros cien días en el Gobierno y que ha sido el primero de partido al que acude desde que accedió al Palacio de la Moncloa.

El jefe del Ejecutivo se ha comprometido a continuar su labor con "coherencia, diálogo, realismo y ambición" y ha recalcado que todas sus actuaciones seguirán regidas por el principio de "justicia social".

Ha asumido que mucha gente quiera que se haga todo lo que está pendiente en dos años, pero ha reconocido que no tiene mayoría suficiente para adoptar decisiones como la derogación de la reforma laboral y aprobar un nuevo modelo de financiación.

No obstante, sí ha dicho que hay mayoría para eliminar muchos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y para mejorar la financiación autonómica.

A renglón seguido es cuando se ha dirigido a los que dicen que su Gobierno es un "accidente" y que los conservadores volverán a gobernar tras las próximas elecciones.

"Les digo -ha explicado- que en esta legislatura lo que vamos a hacer es sentar las bases de la gran transformación que necesita y exige España hasta el año 2030".

Y ha insistido: "Nuestro objetivo es la justicia social, y nuestro horizonte el 2030".

Para esa transformación ha citado cinco ejes: educación, empleo, sanidad, medio ambiente y pensiones.

Respecto a este último eje ha dicho que su Gobierno debe dedicarse a resolver el "agujero" que ha dejado el Ejecutivo anterior en la Seguridad Social.

"Es posible tener una Seguridad Social con superávit y unas pensiones dignas conformes al IPC, y la única formación política que lo puede garantizar es el PSOE", ha resaltado.

En su intervención no ha habido ninguna referencia a la situación que vive Cataluña y sólo ha resaltado de forma general que su Gobierno está comprometido con la cohesión territorial.

Sánchez, quien ha pedido una movilización a su partido ante las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo mes de mayo, ha dibujado el panorama del que cree que venía España antes de acceder al Gobierno.

Así, ha señalado que existía un jefe del Ejecutivo que decía que no es asunto suyo la desigualdad salarial, había una RTVE "manipuladora", recortes "indiscriminados", una "parálisis parlamentaria, y una "asociación tóxica de la corrupción con la política".

"Hace cien días, del Gobierno salió la resignación y entró la esperanza, y gracias a ello el cambio ya no es una posibilidad, sino que ha empezado a ser una realidad", ha asegurado.
  
Se ha comprometido igualmente con políticas económicas que permitan crecer de manera robusta, momento en el que ha garantizado que ese tipo de crecimiento se va a mantener en los próximos meses.

También ha ratificado que su Ejecutivo presentará próximamente un plan de choque contra el desempleo juvenil y en los presupuestos de 2019 se garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas.

En su intervención ha hecho un repaso de las medidas sociales que se han aprobado en poco más de tres meses, entre ellas la recuperación de la sanidad universal y que, a su juicio, es una de las mejores formas de reivindicar la Transición española.

Sánchez ha reiterado igualmente que revertirá los recortes en materia de educación y desarrollará una transición energética justa.

Además, ha sacado pecho por tener el Gobierno con más mujeres que hay en el mundo y ha defendido su decisión de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

"Después de 40 años ya iba siendo hora de que se aprobara un real decreto ley para exhumar al dictador", ha recalcado entre aplausos de los más de mil asistentes al acto.

El líder del PSOE ha subrayado que su Gobierno está comprometido con Europa y ha considerado que es ahí donde tiene que resolverse el problema de la inmigración, un problema que dice afrontar con una máxima: "política migratoria sí, con derechos humanos".

En el acto ha intervenido también la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, a quien Sánchez ha agradecido que haya estado junto a él en los momentos más duros difíciles que tuvo que vivir en el partido.

Lastra ha acusado al PP y Ciudadanos, a los que se ha referido respectivamente como la derecha "azul y naranja", de haber alentado en los cien días de Pedro Sánchez como presidente un discurso "xenófobo y populista" y haber intentado utilizar a las víctimas de ETA.
 

Momentos de tensión en una marcha minoritaria en Barcelona por la unidad de España

BARCELONA.- Miles de personas -unas 2.000 según la Guardia Urbana, y medio millón según los organizadores- se han manifestado por la avenida del Paralelo de Barcelona a favor de la unidad de España y contra la independencia de Cataluña, bajo el lema "Recuperemos la dignidad".

La manifestación, convocada por el empresario vasco José Manuel Opazo y a la que se han sumado 65 asociaciones, entre ellas el partido VOX, ha comenzado en la avenida del Paralelo, calle que ha recorrido hasta acabar en la plaza de Espanya.
La manifestación ha vivido momentos de fuerte tensión cuando los asistentes han pasado frente a la avenida Mistral, donde se concentraban unas doscientas personas convocadas por movimientos antifacistas.
Un cordón policial de los Mossos d'Esquadra ha impedido que ambos grupos se enfrentasen y que los insultos que se han intercambiado llegaran a mayores.
Mientras unos gritaban "Cataluña es antifascista", los contrarios a la independencia han respondido con gritos de "nazis, nazis".
Las manifestación a favor de la unidad de España la ha abierto una pancarta con el lema "Recuperemos la dignidad" y otra con la inscripción "No queremos gente así en España. Cataluña 100 % española. Torra 155 prisión".
Los participantes, algunos de los cuales han lucido lazos con la bandera española, han coreado gritos como "bote, bote, bote, separata el que no bote", llevaban banderas españolas y algunas "senyeres".
También se han oído gritos de "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida" o "Fuera los Mossos" y "Viva la Policía Nacional y la Guardia Civil".
La manifestación ha sido organizada por José Manuel Opazo, un empresario afincado en Suiza que quiere "frenar la deriva de un gobierno que ha pasado las líneas rojas de lo que es digno" porque considera que no es digno pactar con quienes "quieren destruir una nación o hacer daño a las personas", ha explicado.
El empresario considera que los españoles no son conscientes de lo que está pasando con la política y cree necesario que la "ciudadanía dé un paso al frente" porque el Estado "ya llega tarde en Cataluña".
Opazo, que tiene una empresa en Cataluña y fue Guardia Civil durante siete años, ha asegurado que organizará más acciones, tanto en España como en el extranjero, en contra del independentismo.
A la protesta han asistido autocares desde 30 ciudades españolas, como Alicante, Málaga, Tarragona, Bilbao, Tortosa, Reus o Valladolid.
La manifestación ha acabado con varios parlamentos en la avenida María Cristina, muchos de ellos han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones y "no negocie con terroristas ni separatistas", como ha dicho el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas.
También ha participado la directora de un instituto en L'Hospitalet que se negó a dejar las llaves de su centro para la consulta del 1 de octubre, Dolores Ajenjo, que ha denunciado la "opresión nacionalista" y ha dicho: "Han apretado tanto la soga que ya solo podemos cortarla".
El empresario alemán Karl Jacobi, que se enfrentó al presidente del Parlament, Roger Torrent, en el Círculo Ecuestre, ha criticado a Pedro Sánchez, "un presidente que no fue elegido" y que "vendió su alma a Torra y Pablo Iglesias".
Diferentes personas han explicado su testimonio y han denunciado insultos, agresiones y amenazas por quitar lazos amarillos.

La subida de la luz reabre el debate sobre la factura eléctrica

MADRID.- El crecimiento ininterrumpido del precio de la luz en los últimos cuatro meses y los altos precios fijados en el mercado mayorista al inicio de septiembre han vuelto a reabrir el debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica.

En agosto el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva anual y alcanzó su precio más alto en todo el año, al encarecerse casi un 11 % respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 6,15 euros más en la factura que un año antes.
No parece que septiembre vaya a ser mejor, pues, según datos obtenidos del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros siete días de este mes el coste del recibo es un 21,3 % más caro que un año antes.
En agosto el recibo de la luz para un consumidor tipo acogido al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada por el Gobierno -con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (250 KWh al mes)- alcanzó los 62,51 euros, frente a los 56,36 euros de hace un año y los 60,94 euros a los que llegó en julio pasado.
A pesar de que al comenzar 2018 las circunstancias meteorológicas fueron más favorables para la producción de energía hidráulica y eólica (las fuentes de generación más baratas) que en 2017, marcado por la escasez de lluvia y viento, tan sólo en los primeros meses de este año la factura eléctrica bajó, para luego empezar en mayo a encadenar subidas.
La actual subida, según expertos del sector, se debe al encarecimiento de los derechos de emisiones de carbono, cuyo precio se triplicó entre mayo y agosto frente a 2017, y de los precios del gas y el carbón, que se emplean para producir electricidad en centrales de ciclo combinado y térmicas.
Hasta agosto, el precio del mercado eléctrico español se incrementó en 2,8 euros el megavatio hora (MWh), debido a esos factores, lo que supone un aumento de 0,7 euros al mes para los once millones de clientes acogidos a la tarifa PVPC.
En agosto el precio medio en el mercado mayorista fue de 64,33 euros, el más alto en un mes este año, y en septiembre se ha situado varios días por encima de los 70, alcanzando un máximo diario de 74,58 euros el día 5, el precio diario más elevado.
Las subidas del CO2 y del gas han elevado en 21 euros/MWh el coste del ciclo combinado y en 12 euros/MWh el del carbón, unas subidas que se han unido en los últimos meses a la menor producción hidráulica y eólica en verano, que obliga a usar más la centrales de gas y carbón.
El incremento de los precios en el mercado mayorista, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al PVPC, al suponer un 35 % del total de su factura, de la que el resto son peajes fijados por el Gobierno e impuestos.
En España hay once millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW) y a la que deben estar acogidos los beneficiarios del bono social eléctrico (el descuento sobre la factura de la luz para colectivos definidos como vulnerables), mientras que más de 16 millones (cerca del 60 % del total de los consumidores eléctricos) tienen contratos en el mercado libre.
Estos, a diferencia de los acogidos a la PVPC, tienen garantizado el precio de la electricidad durante al menos un año y, por tanto, en ese tiempo están libres de las variaciones de su valor en el mercado mayorista.
Generadores y comercializadores fijan en este mercado el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente y funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra.
Las compañías eléctricas afirman que no se están beneficiando de estas últimas subidas y han recordado que la mayor parte de la factura regulada no lo constituye el coste de la electricidad, sino los peajes y los impuestos.
El grupo de expertos que hizo el informe de cara a la elaboración de la de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya planteó trasladar los costes actuales de la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado, financiándolos con nuevos impuestos medioambientales.
Según sus cálculos, con esas medidas la luz bajaría un 6,8 % pero subirían el gasóleo (un 28,6 %), la gasolina (un 1,8 %) y el gas natural (5,8 %).
El recibo de la luz soporta ahora un 21 % de IVA y el impuesto especial de electricidad, del 5 %, a lo que hay que sumar los peajes, que el gobierno del PP mantuvo congelados durante cuatro años, aunque no consideró conveniente tocar los impuestos.

La verdad a medias de la monarquía parlamentaria / Javier Pérez Royo *

“La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, dice lapidariamente el artículo 1.3 de la Constitución. No debería, en consecuencia, poderse poner en cuestión que es así.

Y sin embargo, nos enteramos, por ejemplo, en información de eldiario.es publicada el pasado miércoles, que la amante del Rey Juan Carlos, Corinna, acompañada del embajador de España en Arabia Saudí, se había reunido con uno de los príncipes de la Casa Real de aquel país, en representación del Rey de España, para entablar negociaciones de naturaleza económica, en las que no queda claro dónde empiezan y acaban los intereses del Rey y los intereses del país.


Esto no es que sea imposible, sino que es inimaginable en una Monarquía Parlamentaria. Una reunión del amante de la Reina de Inglaterra o de la amante del Rey de Bélgica, acompañados del embajador correspondiente, con un príncipe saudí para hablar de negocios en representación de cualquiera de ambos monarcas, no es posible ni en una obra de ficción, porque carecería de la verosimilitud mínima para que pudiera ser efectiva.

La relevancia de la información publicada en eldiario.es, así como las informaciones que van apareciendo en este y otros medios de comunicación sobre las andanzas del Rey Juan Carlos I y Corinna, no es tanto de naturaleza penal como constitucional. Se podrá discutir si las conductas que figuran reflejadas en esas informaciones son constitutivas o no de delito y, si en el caso de que lo fueran, estarían o no protegidas por el principio de inviolabilidad del monarca, pero lo que no se puede discutir es que constitucionalmente son inaceptables, que son incompatibles con el artículo 1.3 de la Constitución.

Las conductas de las que estas publicaciones nos informan, que se refieren temporalmente a los últimos años de la ejecutoria del Rey Juan Carlos I, pero que nadie duda de que son conductas que se han venido sucediendo a lo largo de toda ella, se aproximan a la conducta de su abuelo Alfonso XIII y, en cierta medida, a la de su tatarabuela Isabel II. Son episodios propios de una Monarquía Constitucional, pero predemocrática, y no de una Monarquía parlamentaria.

Obviamente estos episodios no han sido la norma de la conducta del Rey Juan Carlos I. La Monarquía definida como “parlamentaria” en la Constitución de 1978, no es la Monarquía definida como “española” en las Constituciones de 1845 y 1876. Con la Constitución de 1978 la Monarquía ha convivido con el principio de legitimación democrática formulado en el artículo 1.2 CE. Y con un principio de legitimación democrática que ha operado como principio dominante en el sistema político. Desde esta perspectiva, la diferencia entre la Monarquía “parlamentaria” del 78 y la Monarquía “española” del 45 y del 76 es una diferencia real, no cosmética.

Por eso hablo de “verdad a medias”. En mi opinión, no cabe duda de que los elementos propios de la Monarquía parlamentaria han estado presentes durante el reinado del Rey Juan Carlos I. No cabe duda de que han estado, además, de manera dominante. Pero no de manera exclusiva y excluyente. No se ha producido la negación del principio monárquico como un principio de legitimidad, que es lo que ha ocurrido en todas las Monarquías parlamentarias sin excepción.

El Estado Constitucional democrático es compatible con una magistratura de carácter hereditario en la Jefatura del Estado. No es compatible con un principio de legitimidad monárquico que haga competencia de manera subrepticia al principio de legitimidad democrático. Esto es lo decisivo. La Democracia como forma política no puede tolerar la existencia de algún principio de legitimidad alternativo al principio democrático.

Esto es lo que no ha ocurrido nunca en la historia de España, con la excepción, obviamente, de la Segunda República. Jamás se ha extendido el poder constituyente del pueblo español a la institución monárquica. De una manera inequívoca en la Primera Restauración. Y de una manera “encubierta”, pero también inequívoca en la Segunda.  La Monarquía siempre ha sido previa e indisponible para el poder constituyente del pueblo español. 

En la Primera Restauración el Título de la Monarquía de la Constitución no se sometió siquiera a la discusión de las Cortes Constituyentes de 1876. En la Segunda no se llegó a tanto, pero el Rey Juan Carlos I, que había jurado lealtad a las Leyes Fundamentales del Régimen del general Franco, no juró nunca lealtad a la Constitución de 1978. No es ella la que me ha traído a mí, sino que soy yo el que la ha traído a ella. Con esta ambigüedad se ha organizado política y jurídicamente la democracia española.

En España tuvimos una Primera Restauración acompañada de una fórmula constitucional liberal, predemocrática, que se podía en cierta medida homologar con lo que ocurría en el constitucionalismo europeo anterior a la Primera Guerra Mundial, pero que no podía serlo después de la Gran Guerra. Su incapacidad para transitar de la Monarquía Constitucional a la Monarquía Parlamentaria la condenó de manera inexorable. De ahí que, aunque la Monarquía no desapareciera hasta 1931, desde 1917 no hizo más que vivir en un estado de agonía. 

Hemos tenido una Segunda Restauración acompañada de una fórmula constitucional democrática, que se puede homologar con lo que ocurre en el constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero contaminada por restos del pasado, que vienen en parte de la vieja “Monarquía Española” y en parte de las Leyes Fundamentales del Régimen anterior. Los efectos de dicha contaminación han sido tolerables durante los primeros cuarenta años de vigencia de la Constitución, pero han dejado de serlo.

Sin un referéndum sobre la Monarquía no es posible salir de la situación a la que hemos llegado. Una democracia no puede operar con ambigüedades sobre el principio de legitimidad en el que descansa su sistema político. Las dudas tienen que ser despejadas y solamente hay una forma de hacerlo. Argumentar que, puesto que la Constitución de 1978 fue sometida a referéndum y en ella figuraba la Monarquía definida como parlamentaria, la Monarquía ya se ha sometido a referéndum, es una parte de esa verdad a medias en que nos hemos instalado.

Cuanto más tiempo se tarde en entenderlo, peor. 


(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla