viernes, 22 de junio de 2018

Carlos Egea Krauel imputado por administración desleal en Caja Murcia por parte del Juzgado de Instrucción nº 7


MADRID.- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, reabrir la causa por un delito de administración desleal contra el ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea Krauel, ahora consejero ejecutivo de Bankia, que está imputado en el procedimiento, según adelanta hoy Vozpópuli.

"Se dirige la presente causa contra Carlos Egea Krauel en su condición de investigado por presunto delito de administración desleal", especifica el auto de 18 de junio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que apunta que el procedimiento podría ser dirigido contra otros posibles "partícipes" en el delito.
Este delito, que el juez considera que presuntamente fue cometido en la gestión de la entidad Caja Murcia, posteriormente BMN, "debe ser imputado inicialmente al investigado Carlos Egea Krauel", reitera el auto.
La Audiencia de Murcia ha reabierto así una causa archivada tras una denuncia de Jesús Plaza Piñeyro, un exempleado despedido de Caja Murcia contra Egea. Le acusa de distintas irregularidades durante su etapa en Caja Murcia y BMN. El juez no vio inicialmente indicios de delito y la archivó, pero el tribunal superior ha considerado que debe investigarse, aunque sin citar de momento a Egea y sí al denunciante.
Consultado por este medio, Egea se mostró ayer "convencido de que su actuación y la de Caja Murcia fue totalmente correcta y reclamó que la causa se instruya a la mayor velocidad posible para que así se demuestre”.
El instructor, que ha citado a declarar como testigo al denunciante de los hechos, también pretende interrogar al responsable legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el organismo público que inyectó 1.645 millones de euros al banco resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra.

El Frob, perjudicado

El juez también ofrece al Frob la posibilidad de ejercer acciones legales contra Egea, como perjudicado. Reclama a este organismo que le informe acerca de las gestiones realizadas tras ser informado de la denuncia.
"Requiérase para que informe [...] de la realidad de los hechos denunciados, identidad de las personas que hubieran tomado decisiones para aquellas actuaciones y sobre cualquiera otras circunstancias que permitan valorar si las actuaciones denunciadas han supuesto un importante beneficio para algunas personas en perjuicio de la entidad Caja Murcia, ahora BMN", especifica en este sentido el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. 
El Frob investigó toda la gestión de la entidad liderada por Egea -como la del resto de grupos que recibieron ayudas públicas- hace ya años sin encontrar irregularidades del expresidente.
Asimismo, el instructor se dirige al Servicio de Inspección del Banco de España para que les informe si ha llevado a cabo alguna investigación en base a los hechos denunciados: "Debiendo remitir informe de lo resuelto en su caso", indica la resolución del juez José Fernández Ayuso.
La causa contra el consejero ejecutivo de Bankia, una de las personas más conocidas en la Región de Murcia por su largo periplo en la presidencia ejecutiva de Caja Murcia, fue inicialmente archivada por el juez de primera instancia murciano.

Audiencia de Murcia

Pero la Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado Francisco Navarro Campillo como ponente, reabrió la causa, tras interponer el abogado José Luis Mazón un recurso, con un auto en el que especificaba: "Los hechos denunciados por la apelante ciertamente pudieran constituir indiciariamente un presunto delito de administración desleal, por lo que no comparte la Sala la inicial decisión instructora de archivo provisional de la causa".
El recurso del abogado Mazón, que ha asesorado al denunciante, empleado de Caja Murcia durante 32 años, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica los hechos presuntamente atribuidos al expresidente de Caja Murcia: "La concesión de prebendas, premios y préstamos personales y anticipos de nómina a empleados (fondos de reptiles) por su adhesión inquebrantable a los designios del 'caudillo' de la entidad, Carlos Egea, y preboste regional que conoce altos jueces, fiscales, delegados y directores generales".
Y los empleados presuntamente beneficiados, según el recurso del letrado Mazón, consiguieron mejorar sus indemnizaciones "camuflándolas" como operaciones "legítimas que paga el erario público que desembolsó 915 millones en el rescate".

Ventas perjudiciales

Además, el denunciante acusa a Egea de despatrimonializar Caja Murcia al vender sus oficinas más representativas en condiciones "escandalosas": "Se vendían a precios perjudiciales para la entidad, se conceden préstamos a los nuevos adquirentes, y pagando acto seguido a los prestatarios unos alquileres muy por encima del tipo de interés de los préstamos". Estos son los conocidos como 'sale and lease back' (venta y posterior alquiler) al que casi todos los bancos recurrieron al comienzo de la crisis.
El denunciante ve la operación así: "La Caja pierde patrimonio y los afortunados compradores ganan no sólo la propiedad, sino que reciben por los conceptos de alquiler un rendimiento equivalente al 8%. Absolutamente impensable para cualquier inversor y absolutamente ruinoso para la Caja".
La denuncia también apunta otras presuntas irregularidades, como por ejemplo la indemnización de 150.000 euros de la que se benefició el ex subdirector general y secretario general de Caja Murcia Federico Ros Pérez tras ser despedido; los préstamos personales y anticipos de nómina que se conceden al ex director de Recursos Humanos Jerónimo García Abellán, que acaban primero en el Departamento de Impagados y después a a la situación de "Fallido Definitivo", con un saldo pendiente de 52.303,93 euros, en fecha 30 de marzo de 2012.
Otras presuntas irregularidades cometidas por Carlos Egea son, según la denuncia, condonaciones "a dedo por favores realizados a ex jefes de zona que también salían por la puerta grande". Como es el caso, siempre según la denuncia, del directivo Joaquín Martínez Asensio, cuyo préstamo de 27.514 euros se resuelve con un movimiento de “condonación contencioso”.

Presidente de Caja Granada

El despido pactado del ex director de la Oficina Principal de Murcia y jefe del Departamento de Clientes Institucionales, Juan Miguel Sánchez Caballero, también está bajo sospecha, ya que el denunciante asegura que también recibió un trato de favor por recibir "una jugosa cantidad", que cifra en más de 250.000 euros, y ser beneficiario de la condonación de dos préstamos de 54.847 euros y 41.523 euros.
Manuel Alonso Martínez, del Departamento de Marketing también solicitó un anticipo de nómina de 20.000 euros, que también pasó a ser considerado por Caja Murcia como "fallido definitivo".
Por su parte, el ex director general de Caja Granada Manuel López Robles recibió con el concepto de "abonos varios", completa el denunciante, más de 469.000 euros para compensar su despido, que la denuncia especifica que fue "voluntario".
La denuncia también alude a otras presuntas irregularidades cometidas desde Caja Murcia: "esta Caja era práctica habitual la condonación de deudas completas o parciales, [...] las cancelaciones de operaciones 'por que sí', y de las que tengo ejemplos que se remontan al año 1988: desde presidentes de Comunidades Autónomas hasta Cofradías de Semana Santa, pasando por Federaciones de Fútbol, o particulares amigos del amo del cortijo".

Bankia no ve razones para apartar a Egea

La imputación de Carlos Egea no afectará a su cargo como consejero ejecutivo de Bankia. El banquero murciano entró en el órgano de gobierno de la entidad nacionalizada a comienzos de año, como representante de la fusionada BMN.
Desde Bankia explican que, entonces, Egea pasó el test de idoneidad que afrontan todos los consejeros de la banca, sin ninguna pega. Incluso, añaden, se examinó la denuncia que ha dado fruto a la imputación.
"Esta denuncia ya se conocía cuando se analizó la idoneidad de Carlos Egea como consejero y superó todos los procedimientos. No obstante, la Comisión de Nombramientos volvería a examinarlo en caso de que procediera”, señalan desde Bankia.
Egea es uno de los cuatro consejeros ejecutivos de Bankia, junto al presidente, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero delegado, José Sevilla; y el director general de Personas, Medios y Tecnología, Antonio Ortega.

Trayectoria

El banquero murciano, de 71 años, comenzó su trayectoria en Caja Murcia en 1976. Siete años después fue nombrado director general y, en 2008, presidente. 
En 2010 lideró la fusión de Caja Murcia con otras tres entidades: Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès, con la inyección de las primeras ayudas públicas. Penedès fue la caja que más problemas aportó al grupo resultante, BMN. 
Durante los años siguientes, y tras una nueva inyección pública en 2012, Egea dirigió BMN para mantenerla en solitario e incluso sacarla a bolsa. Fue imposible, y el Frob decidió que lo mejor para el Estado era unir la entidad a Bankia, hasta ahora.
En todos estos años, y a pesar de la revisión exahustiva del Frob con informes forensic, Egea no se ha visto envuelto en ningún caso de presuntas irregularidades. Al contrario, destapó la causa de las prejubilaciones irregulares en Penedès, por la que hubo condena en la Audiencia Nacional.

domingo, 27 de mayo de 2018

Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir la abolición de la tauromaquia


MADRID.- Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid para pedir la abolición de todos los festejos taurinos, unas 40.000, según las 17 organizaciones animalistas convocantes.

La protesta ha comenzado a las 12.00 horas en la Puerta del Sol con una acción en la que cientos de activistas han realizado una ‘performance’ bajo el lema ‘Tauromaquia Es Violencia’. 
Los participantes han roto banderillas llenas de polvo rojo, formando así una nube de este color, simbolizando la sangre de los más de 20.000 toros, vacas, vaquillas, novillos y becerros que cada año mueren en festejos taurinos en España.
Bajo lemas como “La tortura no es cultura” o “Basta ya de maltrato animal” miles de personas han recorrido las calles de la capital madrileña desde la céntrica Puerta del Sol hasta la Plaza del Museo Reina Sofía, donde ha tenido lugar la lectura de manifiestos.
Según destacan las once organizaciones convocantes, a la manifestación se han adherido más de 170 colectivos procedentes de todo el país y del extranjero, y cuenta con el apoyo del Equo y de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA).
La portavoz de ‘Tauromaquia es violencia’, Laura Gonzalo, ha señalado que “es un atraso que en pleno siglo XXI se sigan torturando animales por diversión y encima financiándolo con dinero público”.
“Estamos demostrando que la sociedad quiere un cambio. Reclamamos a los políticos que sean valientes, que empiecen a escucharnos y a tomar mediadas encaminadas a la abolición de la tauromaquia”, ha remarcado.
En este sentido, el coportavoz de ‘Tauromaquia es violencia’, José Enrique Zaldívar, ha afirmado que él, como veterinario, quiere “hacer saber a la sociedad que el sufrimiento, la tortura y el maltrato a los animales, simplemente por divertimento no tiene cabida en esta sociedad”. 
“La sociedad está cambiando, el movimiento cada día es más grande y tenemos muchos argumentos con los que contrarrestar los argumentos de los taurinos”, ha manifestado.
Algunos de los manifestantes han explicado que su objetivo es “defender a los animales, que se les oiga” ya que ellos “tienen voz” y han reclamado a los políticos que “quiten las subvenciones a la tauromaquia” y las destinen a “educación o sanidad”.
También han expresado su apoyo rostros de la cultura como la escritora Rosa Montero, la cantante Mari de ‘Chambao’, la actriz Emma Ozores, el cantante Niño de Elche y la escritora y periodista Pilar Eyre, entre otros.
Asimismo, han apoyado la concentración representantes políticos como el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que ha señalado que “matar toros ya no es cultura. No toleramos que nadie maltrate a un perro, ¿por qué tenemos que tolerar que alguien maltrate a un toro?” y que el paso inicial para abolir la tauromaquia es “dejar de subvencionar espectáculos taurinos”.

Los funcionarios salen a la calle en Madrid a reclamar un aumento de sueldo

MADRID.- Empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se han concentrado este domingo en Madrid para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y retributivas, como un salario mínimo de 1.200 euros y la homologación de las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario.

Según informan los sindicatos convocantes, CSIF, CCOO y UGT, la Administración General del Estado “ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis”.
Asimismo, proponen un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros para todos los empleados públicos de la AGE, para el establecimiento de la carrera profesional.
La Secretaría de Estado de Función Pública ha convocado para este lunes a los sindicatos más representativos con el objetivo de empezar a desarrollar el acuerdo en materia de jornada, retribuciones y condiciones laborales, según ha avanzado el secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Camarillo.
Tal y como indica Camarillo, los sindicatos esperan cuanto antes que se apliquen los créditos presupuestarios que permitan mejorar los sueldos de la Administración General del Estado, que se encuentran “muy por debajo” de los empleados públicos de las comunidades autónomas.
CSIF, CCOO y UGT reclaman el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento del 100% de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario. Los sindicatos también reclaman el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito de la AGE.
Los sindicatos exigen también el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances significativos, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.
“En estos momentos, hay miles de empleados públicos que no llegan a los 1.000 euros, en contra de lo que siempre se ha dicho de nuestros supuestos privilegios”, ha advertido el secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Camarillo, que ha señalado la necesidad de que “se abra ya la negociación para aplicar mejoras retributivas y eliminar recortes todavía vigentes generados en la crisis económica, como los descuentos por baja médica, así como en materia de jornada laboral”.
Por su parte, el secretario general de CCOO en el sector de AGE, José Manuel Vera, ha criticado que el Gobierno actual “lleva destruidos más de 30.000 puestos de trabajo en la Administración del Estado”, lo que sitúa, a su juicio, a servicios básicos como la Seguridad Social, Agencia Tributaria, DNI, Instituciones Penitenciarias y Defensa, entre otros, “en una situación insostenible”.
“Ahora que la economía crece no vamos a permitir que excluyan a los trabajadores de la AGE“, ha afirmado también el secretario de AGE de la FeSP-UGT, Carlos Álvarez, que incide en que “toca recuperar derechos”. Además, pide acabar con la brecha salarial entre los funcionarios. “Nosotros vamos a trabajar por la homologación de sueldos entre funcionarios y laborales”, ha dicho.
El acto ha contado con las actuaciones de orquestas y coros públicos, como el Coro de la Zarzuela, Coro y Orquesta Nacional de España, Coro y Orquesta de RTVE y Rondalla de Madrid, en defensa de los servicios públicos, así como de empleo y salarios dignos en la AGE.

La corte de Zaplana reniega de su líder

VALENCIA.- Un largo silencio, una respiración profunda y una confesión: «Me pones en un compromiso». La reacción no varía mucho entre la veintena de personalidades de la vida pública valenciana, empresarios y miembros relevantes de la sociedad civil habituales del entorno de Eduardo Zaplana que descolgaban el teléfono a Las Provincias y escuchaban el motivo de la llamada: Usted que tuvo relación con él, ¿cree que puede haber recibido comisiones ilegales? ¿Intuyó algo en aquel momento? ¿Qué piensa ahora del mandato del expresidente y de su figura?

Tras arrebatar la Generalitat a los socialistas y cosechar en la Comunitat Valenciana victoria tras victoria para el Partido Popular desde mediados de los años 90 y hasta su salto a Madrid como ministro de Trabajo en 2002, Zaplana llegó a formar a su alrededor una auténtica corte que se deshacía en aplausos, besos y apretones de manos. Este fenómeno era algo inédito hasta entonces entorno al poder autonómico y contaba entre sus filas con personajes conocidos de la sociedad valenciana del momento, responsables de empresas e instituciones privada, además de profesionales de los ámbitos más diversos.
Aunque el cambio de vientos que se genera con la entrada de un nuevo Molt Honorable mueve a los más veletas, lo cierto es que algunos de los que más buscaron la cercanía con el ahora detenido mantuvieron encendida una llama que llegó a alumbrar su última gran aparición pública, el pasado mes de abril en el Ateneo Mercantil de Valencia.
Allí se dieron cita buena parte de los supervivientes de aquella corte que hoy enfría sus ánimos y, en el mejor de los casos, encomienda sus afectos a la evolución de los acontecimientos. Se trata de mujeres y hombres, en mayor número estos últimos, que mantuvieron una estrecha relación con el expresidente del Consell y exministro de Trabajo, incluso hasta fechas muy próximas a la entrada en escena de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La mayoría de aquellos que buscaban dejarse ver junto al político venido del Ayuntamiento de Benidorm prefieren ahora no figurar. Las excusas son en algunos casos escuetas y revestidas de pragmática sinceridad: «ahora no me conviene», «compréndelo, para mí también es un momento difícil», «prefiero que pase de mí este cáliz», termina la conversación uno de ellos recurriendo a las Sagradas Escrituras.
Por contra, tampoco faltan los que optan por asegurar una poco conocida enemistad o razonamientos de lo más peregrinos para eludir la conversación, como la estancia temporal en un país europeo (sin restricciones conocidas para la conversación telefónica) o la asistencia a unas aparentemente interminables reuniones privadas o actos públicos.
Los que sí aceptan hablar lo hacen casi todos con el compromiso explícito de conservar su anonimato y después de una larga insistencia por parte de quien pregunta y una profunda meditación del que responde. Comparten en muchos casos su sorpresa por la detención, aunque son pocos los que apuestan firmemente por la inocencia de Zaplana, con lo que se conoce de las investigadores que han llevado a la operación Erial.
«No me consta que recibiera ninguna comisión ilegal», asegura un responsable jurídico, que también reitera con educada vehemencia que no le llegó «ningún testimonio» en las décadas que han pasado desde la primera vez que coincidió con él. 
En otros casos se alega que sus contactos fueron estrictamente profesionales o institucionales, que realmente sólo se sentaron tres o cuatro veces con él, que si ellos eran uno más... a pesar de haber hecho gala durante años de mucha mayor proximidad, especialmente cuando mandaba y tras el reciente reverdecer de su liderazgo, ya fuera de los órganos del partido popular. 
«¡Cómo podía saber si había comisiones!», clama una habitual del entorno de Zaplana, «quiero pensar que nadie mantiene comportamientos ilegales».
En todo caso, algunos optan por nadar y guardar la ropa. «Yo no hago juicios paralelos. Son los jueces los que tienen las herramientas. Si el juez y la policía han tomado estas medidas, ellos son los que tienen los instrumentos». 
Aunque otros, a medida que avanza la conversación prefieren que, pase lo que pase, se pase pronto: «espero que se resuelva cuanto antes. No puede ser que la justicia vaya tan lenta».
Es cierto que los que menos pueden negar que estuvieron cerca, son los que más cuestionan las acusaciones que se van conociendo. «Tengo mis dudas de que haya cobrado comisiones. El juez y la policía lo tendrán que demostrar realmente», apunta alguien muy próximo. «Soy muy amigo suyo y estoy sorprendido por todo lo que está pasando y por lo que se dice. Esperemos que salga adelante», comenta otro de los empresarios que dan su opinión ante lo sucedido.
La valoración de su persona y la huella de su paso por el poder valenciano sigue siendo, por contra, positiva para todos ellos con mayor o menor efusividad. «Fue un súper presidente, una bellísima persona y correctísima en todo», asegura el más entregado entre los consultados. 
«Fue un fenómeno. Hizo despegar a Valencia, porque, hasta que no llegó él, no se hizo la carretera a Madrid», apunta otro patrono que encuentra en un responsable social la nómina de éxitos: «fue quien acabó la A-3 e impulsó la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La Comunitat durante su mandato experimentó un crecimiento significativo, pero entre 1997 y 2007 vivimos un periodo muy bueno, fuera el presidente quien fuera», desliza. «Estuvimos a la cabeza de España».
Sobre su escalada al poder, uno de los todavía leales reconoce que le llamó la atención que «ascendió rapidísimamente. Tuvo mucha suerte. Fue muy buen político». 
Sin embargo, no falta quien hace un balance más duro de su valencianía. «Como presidente fue una figura políticamente relevante para la sociedad valenciana, pero cuando se fue a Madrid, se distanció. Quemó sus naves con Valencia y tuvo una actitud muy distante con todo lo valenciano que me sorprendió».

Tres presidents, trece consellers, tres alcaldes... el legado de la corrupción en el PP valenciano


VALENCIA.- Este martes, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detenían en Valencia al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, y otras seis personas, en el contexto de la operación Erial acusados de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. El exdirigente popular valenciano, para quien la jueza decretaba el pasado jueves su ingreso en prisión, se convertía así en el tercer president de la Generalitat imputado en una causa judicial. recuerda www.eldiario.es

Y no sólo jefes del Consell, los populares valencianos cuentan con numerosos representantes públicos encausados, entre ellos también trece exconsellers (dos de ellos también fueron expresidentes de las Corts), tres expresidentes de diputación o tres de los que han sido alcaldes de las principales ciudades de la Comunitat (Valencia y Alicante). Éste es el listado:

Presidents de la Generalitat

Eduardo Zaplana.- Ha sido el último -de momento- en caer. A pesar de las informaciones que le relacionaban con  Lezo o Púnica, finalmente ha sido otra causa por blanqueo -la llamada operación Erial- la que ha provocado la imputación e incluso encarcelación del primer president de la Generalitat que tuvieron los populares, el político que acabó con los gobiernos socialistas y abrió el camino del triunfo electoral a José María Aznar.

José Luis Olivas.- Fue president entre julio de 2002 y mayo de 2003 al relevar a Zaplana, quien fue elegido por José María Aznar para ocupar la cartera de Trabajo en su Gobierno. Olivas  dejó la política para presidir Bancaja y convertirse después en vicepresidente de Bankia como número dos de Rodrigo Rato en el banco resultante de la fusión de la entidad valenciana y Caja Madrid. 
Como su predecesor en el Palau de la Generalitat, también fue detenido y ya ha sido juzgado y  condenado a año y medio de prisión y una multa de 151.800 euros por falsedad y delito contra la Hacienda Publica al falsificar una factura de 500.000 euros a Vicente Cotino.

Francisco Camps.- Está imputado en el caso Valmor, en dos de las tres piezas separadas, por la  celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, y por la visita del Papa a Valencia, un caso en el que está acusado por malversación, prevaricación y falsedad. Camps, quien ya ha declarado en la primera de las causas de Valmor, no está implicado en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano a pesar de que su número dos en el partido, Ricardo Costa, le responsabilizó directamente en su declaración de las irregularidades.

Presidentes de las Corts Valencianes

Milagrosa Martínez.- La expresidenta de la cámara autonómica  ha ingresado este jueves en el centro penitenciario de Villena (Alicante) para cumplir una condena de nueve años de prisión por las contrataciones del 'stand' de la Comunitat Valenciana en Fitur a la trama Gürtel. La sentencia, ratificada por el Supremo, consideró probados los delitos de  malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Juan Cotino.-  El líder del ala democristiana del PP valenciano ha sido imputado esta misma semana por el juez en la operación Erial -el jueves ya declaró ante la Guardia Civil-, aunque no es ésta la primera causa judicial en la que se ve inmerso. El que fue conseller y vicepresidente de Francisco Camps está imputado por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia al ser  sospechoso de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho por facilitar la entrada de 'El Bigotes' en el V Encuentro de las Familias.

Consellers

Luis Fernando Cartagena.- Ingresó en prisión en 2008 para cumplir una pena de cuatro años a la que fue condenado en 2002 por malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil al apropiarse de una donación de 49.000 euros que una congregación religiosa donó al Ayuntamiento de Orihuela, ciudad de la que fue alcalde. 
El exconseller de Obras Públicas con Eduardo Zaplana está también imputado en el caso Metrored, en el que la Fiscalía pide cinco años de prisión por haber defraudado presuntamente siete millones de euros. Está a la espera de otro juicio por un presunto fraude a Hacienda en el que se le piden tres años de cárcel por las primas únicas del Banco Santander.

Rafael Blasco.- El exconseller popular -antes lo fue con el PSPV-  cumple una condena de seis años y medio (inicialmente fue condenado a ocho años de prisión) en la cárcel de Picassent, donde también ha ingresado Eduardo Zaplana, por una de las piezas del caso Cooperación por el desvío de fondos destinados a ayuda al tercer mundo. Tan sólo un 3 por ciento de los 1,6 millones de euros en ayudas llegó a su destino, el resto fue destinado a la adquisición de inmuebles en Valencia. Todavía quedan pendientes de juzgar otras piezas de este caso.

Vicente Rambla.- El que fuera vicepresidente de Francisco Camps (ocupó hasta cuatro carteras distintas)  ha sido juzgado a principios de año en la Audiencia Nacional, junto a otros exdirigentes populares como Ricardo Costa, por una pieza de Gürtel relativa a la presunta financiación ilegal del PP valenciano. La Fiscalía solicita una pena de  seis años y tres meses de prisión para Rambla.

Víctor Campos.-  El también exvicepresidente de la Generalitat con Camps entre 2004 y 2007 fue condenado por cohecho impropio en el caso de los trajes, el mismo en el que fueron declarados no culpables el propio Camps y Ricardo Costa. El tribunal condenó a Campos a pagar una multa de 9.600 euros por haber recibido regalos de la trama Gürtel en forma de trajes, unos trajes que fueron decomisados.

Lola Johnson.- Quien fue mano derecha del exjefe del Consell Alberto Fabra,  abandonó el Consell siendo secretaria autonómica de Comunicación al ser citada como investigada por apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos en su etapa en RTVV. Además, la que fue portavoz de la Generalitat está  imputada en el caso Valmor en su etapa como consellera de Cultura y Deportes por el pufo de la Fórmula 1.

Serafín Castellano.- Conseller de Gobernación en 2007 y 2008, cuando sucedieron los hechos relacionados con el conocido cártel del fuego. Fue detenido en 2015 y desde entonces está imputado por  aceptar sobornos a cambio de adjudicaciones  para las tareas de extinción de incendios en la Comunitat Valenciana. La investigación recae finalmente en la Audiencia Nacional.

Mario Flores.- Conseller de Infraestructuras con Francisco Camps, está imputado en el caso Valmor por los sobrecostes en la construcción del circuito urbano para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia entre 2008 y 2012 y que le ha costado a los valencianos 308 millones de euros. Se investigan supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.

Luis Rosado.- También en el contexto del caso Gürtel, en 2013  resultaba imputado el exconseller de Sanidad -junto a otros tres exaltos cargos de la conselleria- por la contratación supuestamente delictiva de varias empresas de la trama Gürtel para la producción de un vídeo promocional sobre el Hospital Clínico de Valencia.

Manuel Cervera.- Ex conseller de Sanidad. Imputado, en una de las investigaciones abiertas por Gürtel, por la   contratación del vídeo  sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008.

Maria Àngels Ramon-Llin.- Consellera de Agricultura con Eduardo Zaplana como president de la Generalitat, actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Valencia. Está  imputada en el caso Taula junto a ocho de sus nueve compañeros de partido por el presunto caso de blanqueo dentro del grupo municipal popular. Están acusados de haber contribuido a 'lavar' la caja b con la que presuntamente operaba el PP de Rita Barberá.

Alicia de Miguel.- Otra vez el caso Gürtel, en esta ocasión la pieza 5 (de un total de 6). En julio de 2013, De Miguel renunciaba a su escaño en las Corts tras ser imputada por un presunto fraccionamiento de los contratos 'Acto violencia de género, tolerancia cero año 2006', 'Acto balance general 2007', y 'Acto punto final 2007' en su etapa como consellera de Bienestar Social. Las adjudicaciones se produjeron en favor de sociedades vinculadas a la trama Gürtel.

Presidentes de Diputación

José Joaquín Ripoll.- Hasta 16 años de cárcel ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para el expresidente de la Diputación de Alicante, a quien se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias en el caso Brugal. Ripoll, quien también fue vicepresidente del Consell con Eduardo Zaplana, está involucrado en la causa por el presunto amaño de los contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja junto a los empresarios  Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.

Carlos Fabra.- El otrora todopoderoso barón popular castellonense se encuentra  en libertad tras cumplir condena por el caso Naranjax -ingresó en la prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014-. La Audiencia Nacional de Castellón condenó en noviembre de 2013 a  Carlos Fabra a cuatro años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública, aunque fue absuelto de cohecho y tráfico de influencias.

Alfonso Rus.- El hombre más poderoso en el PP valenciano fue detenido en enero de 2016 en la macrorredada contra la corrupción de la operación Taula, el conocido como caso Imelsa, abierta a raíz de una  denuncia de Esquerra Unida y en la que el exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Marcos Benavent, el yonqui del dinero, ha resultado ser una pieza clave. Rus está imputado en diferentes piezas de Taula por blanqueo y cobro de comisiones, malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación.

Alcaldes

Luis Díaz Alperi.- Este mes ha comenzado en Alicante el juicio contra el exalcalde de de la ciudad Luis Díaz Alperi por supuesto un fraude fiscal de 700.000 euros correspondientes a los años 2007, 2008 y 2010 por el que le piden nueve años y nueve meses de prisión. Díaz Alperi también se sentará en el banquillo por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. El juez del caso Brugal le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

Sonia Castedo.- Relevó a Díaz Alperi al frente del Ayuntamiento de Alicante y como su predecesor también está imputada por corrupción en caso Brugal por el supuesto amaño del urbanismo de la ciudad en favor del empresario Enrique Ortiz. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 24 años para la exprimera edil alicantina. Castedo también fue imputada en el caso Rabassa, pero fue exculpada. La Fiscalía recurrió la decisión del juez.

Rita Barberá.- La exalcaldesa de Valencia, " alcaldesa de España" en palabras de Mariano Rajoy, llegó a declarar como  imputada ante el Tribunal Supremo -por su condición de aforada al ser senadora- en relación al caso Taula por la presunta financiación en negro del PP en Valencia. Sólo dos días después, Barberá  fallecía de un infarto a los 68 años en un hotel de Madrid, lo que provocó que la causa quedara archivada de forma automática al darse por extinguida su responsabilidad penal.


Zaplana, calado hasta los huesos

MADRID.- 6,5 millones ocultos de Zaplana. Aquí la historia de Eduardo Zaplana en la semana del gran hundimiento del PP. Cuando el ex ministro, símbolo del 'milagro' de Aznar, ha entrado en la cárcel por blanqueo, y el PP ha sido condenado por lucrarse de la maraña corrupta de la 'trama Gürtel'. Su perdición arranca con cuatro papeles que el ex presidente de Valencia se olvidó en un falso techo de su primer piso de lujo... Un amigo: "No entendemos cómo un tipo tan inteligente como él ha caído tanto tiempo después, y por un despiste", recoge El Mundo.

Una figura con estampa de alero de baloncesto recorre los pasillos de parqué de uno de los centros deportivos más exclusivos de Madrid. Su cuerpo es fibroso y luce calcetines blancos relucientes a la altura de las rodillas como si fuese un jugador de la NBA. Le acompaña uno de los entrenadores personales más veteranos de este gimnasio vip (120 euros al mes) al que también acudían los ex presidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Cristina Cifuentes. Es sábado. Y, como todos los fines de semana, acude disciplinado a su cita. Dos horas y media de levantar pesas con las piernas, machacarse los abdominales en el suelo y hacer bicicleta elíptica.
Siempre fue esclavo de su imagen, pero ahora, a sus 62 años, con una leucemia diagnosticada y tratada que no acaba de abandonarle, tiene otra razón para cuidarse. En el club se refieren a él como «don Eduardo» y cuando alguno de los asiduos le pregunta por su etapa política prefiere cambiar de tema. Responde con evasivas. Aquel sábado parecía aún intocable, a pesar de que las sospechas de corrupción llevaban años persiguiéndole.
La noticia abrió los informativos de este martes: Eduardo Zaplana, símbolo de toda una época en el PP -alcalde de Benidorm, presidente de la Comunidad Valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de Aznar en el 11-M-, detenido. La Guardia Civil le acusa de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación, delito fiscal... por haber enviado dinero a paraísos fiscales procedente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos públicos cuando era presidente de la Generalitat Valenciana.
El jueves a las 1.17 horas de la noche, «don Eduardo», el eterno conseguidor, el businessman de los felices 90, «el encantador de serpientes», como le define un amigo, entró en la cárcel de Picassent, a 21 kilómetros del Palau de la Generalitat que él mismo gobernó.
La caída de Zaplana, aperitivo de la severa condena por el caso Gürtel, ha cogido por sorpresa a su reducido núcleo de amigos, con los que ha solido verse en restaurantes de primer nivel hasta días antes de su detención. «No entendemos que un tipo inteligente como él haya caído tanto tiempo después y por un despiste», asegura uno de ellos.

Primer capítulo

El papel oculto en un falso techo que, en manos del jefe de una mezquita, acabó con su 'trama'
El mandato en la Comunidad Valenciana de Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro (Cartagena, 1956) siempre estuvo bajo la sombra de la sospecha. Terra Mítica, el Instituto Valenciano de la Exportación, los contratos con Julio Iglesias, sus vínculos con la Caja de Ahorros del Mediterráneo... y todo precedido por el caso Naseiro, la trama de financiación irregular del PP que se derrumbó cuando el Tribunal Supremo anuló las escuchas policiales y en la que Zaplana declaraba su intención de hacer dinero. (No fue grabado diciendo aquello de «He venido a la política a forrarme», como siempre se le ha atribuido erróneamente, sino esta otra frase, en 1990: «Me tengo que hacer rico porque estoy arruinado»).
Pero no. Pese a la desconfianza que generaba su figura, nada ni nadie consiguió sentarle en un banquillo. Ni tan siquiera que prestara declaración en calidad de investigado. Sólo ahora, cuando hace 10 años que había aparcado su carrera política, aquellas sospechas le han enviado a prisión.
El principio de su fin fue un curioso hallazgo, fruto quizá de un olvido imperdonable. Un empresario sirio llamado Imad al Naddaf alquiló un piso de lujo en Valencia que en el pasado había pertenecido a Zaplana. Y, realizando supuestamente una reforma en la vivienda, situada en el edificio La Pagoda de la plaza de la Legión, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, encontró tras un falso techo cuatro hojas manuscritas. 
Hace tres años, esas cuatro hojas acabaron en manos de la Fiscalía Anticorrupción gracias a Marcos Benavent, el llamado yonqui del dinero. Según el relato de este comisionista arrepentido del PP (con sus grabaciones desencadenó la operación Taula en torno a la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al ex presidente de la Diputación, Alfonso Rus), Al Naddaf, un habitual de los círculos empresariales valencianos, le había entregado los papeles poco después de instalarse en la antigua residencia de Zaplana.
El aludido, fundador del Consejo Islámico Valenciano y ex responsable de la Gran Mezquita de Valencia, se aferra ahora al secreto de sumario para no comentar su participación en el caso. «Muchos datos que se han publicado son incorrectos», se limita a contestar a preguntas de este suplemento.
¿Y qué ponía en esas cuatro páginas? En ellas, Zaplana habría esbozado el plan para cobrar 6,4 millones de euros en comisiones a través de dos adjudicaciones cocinadas en su etapa al frente del Gobierno valenciano (1995-2002): una relativa a la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y otra vinculada al Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, según el auto de la juez que investiga la denominada operación Erial, María Isabel Rodríguez Guerola, desvelado por El Mundo. Las jugosas mordidas procederían, vía Luxemburgo, del grupo empresarial Sedesa, perteneciente a la familia Cotino.
La investigación sobre las ITV, adjudicadas en 1998 por 37 millones y por un plazo de 25 años, prorrogables a 75, a una unión temporal de empresas (UTE) entre las que figuraba Sedesa, se centra en el cambio normativo que introdujo en 2009 el entonces consejero valenciano Rafael Blasco, condenado a nueve años de prisión por el caso Cooperación
La modificación impuso nuevas cláusulas como la revisión de la sonometría, que elevaron el precio medio por revisión de vehículo de 18,4 a 46,5 euros. Fue entonces cuando muchos de los concesionarios vendieron su participación, con lo que lograron importantes beneficios.
El procedimiento con respecto al Plan Eólico fue similar. En 2002 la Generalitat adjudicó por lotes las zonas de implantación de los molinos de viento. Y Sedesa resultó adjudicataria (en una UTE denominada Proyectos Eólicos Valencianos) de la zona sexta. La firma de Vicente Cotino (sobrino del ex vicepresidente del Gobierno valenciano y ex director de la Policía Nacional Juan Cotino) disponía de una participación del 25% del total de Proyectos Eólicos Valencianos, mientras que Endesa, a través de su filial ECyR, era propietaria del 55% de las acciones y Bancaja, del 20%. 
Siete años y 16 días después, la empresa dirigida por Vicente Cotino salía de Proyectos Eólicos Valencianos vendiendo su participación a Endesa y apuntándose con la operación un beneficio neto de 34,7 millones de euros, según consta en la documentación remitida al Registro Mercantil.
Todo, sin embargo, había quedado tapado hasta la aparición de los papeles en la antigua vivienda de Zaplana. A partir de ahí, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia ha tirado del hilo hasta vincular al ex ministro con un desvío de fondos realizado hace 12 años a través de una sociedad llamada Imison Internacional.
Los ingredientes de película en este caso no se agotan. Porque quien administraba esta sociedad, radicada en Luxemburgo, era nada menos que la sobrina de Francisco Paesa, investigada en su día por dar cobertura con sus empresas a su tío, el célebre espía que ayudó a fugarse de España al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.
En todo caso, el dinero vinculado a Zaplana, siempre según el auto judicial, habría permanecido oculto en Uruguay, Andorra y Paraguay. Hasta que en 2005 y 2006 dio inicio la operación para que esos fondos volvieran, blanqueados, a España.
El ex presidente de la Comunidad Valenciana lo niega todo.

Segundo capítulo

La pista uruguaya y el negocio de limpiar el Mar Menor con Ignacio González
En los documentos que ha investigado la Guardia Civil en la operación Erial, Uruguay ocupa un papel importante. En concreto, aparecen citados dos bufetes de este país: la firma Caputi & Ventura y el abogado Fernando Belhot, socio del despacho South Capital Partners, con sede en Montevideo.
Según la investigación, Belhot podría ser la persona que asesoró a Zaplana para crear un entramado offshore con el fin de ocultar su fortuna. Lo cierto es que no es la primera vez que este abogado aparece en una investigación policial ligada al ex ministro.
El letrado uruguayo formó parte de un trío de negocios que hace poco más de un año emprendió un proyecto cuanto menos llamativo. Lo formaban, según desveló la operación Lezo, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (que en el negocio se hacía llamar Jaime Liberal), Eduardo Zaplana y el propio Belhot.
Su idea: comprar la licencia de un producto químico para el tratamiento de aguas fabricado por la firma alemana Shieer e introducirlo en España. 
En febrero de 2017, según publicó el diario La Verdad, el abogado uruguayo se presentó con un ciudadano alemán y otro chileno ante la Consejería de Agricultura de Murcia (de donde es originario Zaplana) para vender un producto milagroso que acabaría con la contaminación del Mar Menor. Vertiendo su aditivo líquido, llamado Biofish, las aguas quedarían purificadas, sostenían.
La aventura (fallida) salió a la luz cuando estalló el caso Lezo. ¿Era una estrategia para blanquear dinero? Según el juez Eloy Velasco, que instruía la causa, Ignacio González pudo recurrir a la estructura societaria de Belhot para traer a España fondos radicados en el extranjero.
El abogado ha reconocido esta semana a El Confidencial que conoce a Eduardo Zaplana desde hace años, y que el ex ministro fue quien le presentó a Ignacio González.
Los dos ex presidentes autonómicos no han perdido el contacto en los últimos tiempos, por cierto. (Tampoco Zaplana y José María Aznar). «Don Eduardo» vio a González por última vez en la boda de la hija del madrileño a principios de este mes. Su entrada en prisión y posterior excarcelación no los separó.
«Eduardo es muy amigo de sus amigos», dice una fuente cercana a él. «Cuando te dan una hostia o pierdes tu puesto de trabajo, es el primero en llamarte».

Tercer capítulo

Las casas de lujo del ex ministro y su sueldo en Telefónica
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue ahora la pista del dinero ligado a Eduardo Zaplana. Supuestamente, el ex ministro utilizó como testaferros a un matrimonio de toda confianza: su amigo de la infancia Joaquín Barceló Llorens -con el que formó parte de la peña festiva El Picarol en Benidorm, y a quien el ex ministro fue colocando en distintos cargos públicos mientras él ascendía políticamente-, y su mujer, Felisa López González.
Los investigadores sospechan que la pareja ayudó a Zaplana a ocultar parte de su fortuna a través de sus empresas. Los Barceló-López poseen seis sociedades con sede en Alicante que suman unos activos inmobiliarios valorados en 9 millones de euros, según informó El Economista.
Bajo lupa están también los movimientos patrimoniales que Eduardo Zaplana y su familia han llevado a cabo en los últimos meses. Su entorno insiste en que su nivel de vida no era ostentoso y sí muy rutinario.
El ex ministro popular tenía despacho en Telefónica en calidad de asesor en el área de asuntos públicos. La compañía de comunicaciones lo fichó en 2008, en cuanto dejó su escaño en el Congreso de los Diputados, por un sueldo que nunca ha sido revelado, aunque sí estimado en unos 600.000 euros anuales. 
El mismo día de su detención, Telefónica suspendió su relación laboral con él, casi al mismo tiempo en que el PP anunciaba también la suspensión de su militancia. En su entorno subrayan, en todo caso, que no fue el PP quien le colocó en la empresa. «Fue su gran amigo Javier de Paz, mano derecha de [José Luis Rodríguez] Zapatero, el que le ayudó a entrar en Telefónica a pesar de lo que se ha ido contando», asegura uno de los amigos más cercanos de Zaplana.
Desde hace seis años el ex ministro del PP cobraba otro sueldo (99.000 euros en 2017) de la distribuidora de tabaco Logista por su cargo como consejero independiente, además de administrar Decuria Consulting, una consultora especializada en abrir puertas que fundó poco después de fichar por Telefónica y que en ocho años facturó más de 2,3 millones de euros.
¿Y sus inmuebles?
A nombre de Eduardo Zaplana y de su esposa, Rosa Barceló Martorell (hija del rico hotelero Miguel Barceló, ya fallecido), figuran actualmente dos: un chalé con piscina en la Cala de Benidorm y un piso de 290 metros cuadrados en la calle Monte Esquinza, en la selecta zona madrileña de Almagro (barrio de Chamberí), que el ex ministro estaba reformando. Una de las líneas de la investigación tiene que ver con esta casa: Zaplana la compró el pasado marzo por alrededor de 1,8 millones de euros a tocateja, sin hipoteca.
La familia asegura que adquirió el inmueble con el dinero que acababa de ingresar (2,8 millones de euros) gracias a la venta de otro: un imponente piso de 532 metros cuadrados en el número 138 del Paseo de la Castellana, junto al estadio Santiago Bernabéu, donde Zaplana y los suyos se establecieron en noviembre de 2002 cuando le nombraron ministro y tuvo que trasladarse a Madrid.
Aquella adquisición ya generó sospechas en su día: Zaplana pagó 1,62 millones de euros por el piso con un préstamo bastante ventajoso concedido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Según explica el ex periodista de El Mundo Alfredo Grimaldos en su libro de investigación Zaplana. El brazo incorrupto del PP (editorial Foca, 2007), en la fecha de concesión del crédito el secretario de la caja era su amigo Francisco Grau Jornet, quien esta semana ha sido también arrestado como presunto contable de la trama de blanqueo.
«No tiene dinero fuera de España y siempre ha vivido de acuerdo con sus posibilidades», han dicho fuentes familiares a El Mundo
Argumentan que también el piso de Castellana lo compró Zaplana con la venta de otro anterior, la vivienda familiar ubicada en Valencia en la que el empresario sirio encontró los papeles que originaron la operación Erial.
Sin embargo, otro dato cuestiona esta versión. Según la información de Grimaldos, Zaplana y familia no vendieron su casa de Valencia hasta otoño de 2006, cuatro años después de marcharse a la capital.

Cuarto capítulo

Y cómo últimamente se hacía 'el pobre' y pedía dinero a sus amigos
«Sabemos que siempre ha estado en el punto de mira, sobre todo, con los pinchazos de la operación Lezo, pero pensábamos que eran meras sospechas y que no había nada», asegura un amigo de Zaplana. 
«Cuando nos hemos enterado de que supuestamente guarda un montón de millones de euros en Uruguay, no nos lo creíamos. Porque, de hecho, ha llegado hasta a pedir dinero a algún amigo, y no es comprensible si tienes ese dineral. Era una persona que no exhibía su dinero».
Algunos en su entorno creen ahora que si Zaplana les solicitaba ayuda económica era para ocultar que al otro lado del charco guardaba la cantidad suficiente como para asegurar una vida tranquila a varias generaciones.
En los últimos meses el ex ministro vivía de alquiler. Y seguía haciendo negocios. Según las fuentes consultadas, hace unos meses cerró un restaurante que compartía junto a otros socios en los bajos de un hotel de lujo junto a la plaza de Colón en Madrid debido a que las cuentas no iban bien. También intentó comprar un edificio en Alicante para convertirlo en apartamentos, aunque finalmente no lo consiguió.
En sus reuniones con su círculo, en todo caso, las preocupaciones que trasladaba eran su familia (tiene dos hijas; su hijo Eduardo murió en 2011 con tan sólo 22 años a causa de una enfermedad que padecía de nacimiento) y su recuperación de la leucemia. Eso sí, en las últimas fechas había manifestado un especial pesimismo respecto al devenir del Partido Popular.
«Últimamente decía que veía cómo ahora los políticos del PP no tenían empaque, preparación, como los de antaño. Que les faltaba categoría política. Que antes tenían a Álvarez Cascos, que te podía gustar más o menos pero controlaba el partido con mano de hierro y tenía visión», comenta una fuente cercana. 
«Decía que ahora el PP no tiene visión política y que no ha sabido anticipar el asunto de Cataluña, del que él mismo avisó a Rajoy hace años. Pero no es sólo crítico con el PP; también con el resto de partidos, de los que dice que tienen muy poco nivel».
Aunque la inquina la reservaba, según su entorno, para el presidente del Gobierno, a quien le gustaba referirse con calificativos tan poco halagüeños como «el hijo de puta». Esa animadversión ya quedó clara en los pinchazos que posibilitaron que trascendiera una conversación suya con Ignacio González:
-Éste no puede continuar. Este Rajoy es imposible. Esta legislatura no puede durar. Yo jamás voy a hacer nada [por lo] que puedan decir que he jodido el PP. Pero eso sí, cuando llegue el momento [en] que éste caiga, poner claramente cuál es mi posición y que yo con éste no tengo nada que ver. A ver si cuando éste caiga nos va a arrastrar a todos.
«No le perdona que haya tratado de hacer ver que él era el único limpio de aquella generación del PP cuando él estaba metido en el ajo», indica el amigo. 
«El PP antiguamente cuidaba mucho más a los suyos y ahora ve cómo Rajoy se va quitando de encima a amigos como si fueran unos apestados con tal de aguantar en el poder».

El Erial moral del zaplanismo

VALENCIA.- El zaplanismo nació en 1995 para marcar una época en la Comunidad Valenciana. Con él y su equipo se inició la construcción de un proyecto del PP que duró 20 años, pero que se interrumpió con la dimisión de Francisco Camps en 2011, se apagó con la derrota electoral de Alberto Fabra en 2015 y ha acabado siendo enterrado dramáticamente con la condena y el procesamiento del breve José Luis Olivas y el sobresaltado encarcelamiento de Eduardo Zaplana por supuesto cobro de comisiones ilegales, recuerda hoy El Mundo.

El único consuelo que le queda a la fiel pléyade de seguidores zaplanistas es que una de las "almas" de aquel proyecto, el que fuera jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, ha quedado en libertad aunque con cargos y la retirada del pasaporte y la prohibición de viajar.
El ex presidente Zaplana ha ingresado en prisión en medio del silencio de quienes hasta hace muy poco le seguían aclamando con el orgullo personal de pensar que habían hecho historia. 
El zaplanismo llenó hasta reventarlo el salón de actos del Ateneo Mercantil de Valencia el pasado 16 de abril sin saber que aquella reunión sería la última, una especie de epitafio colocado 36 días después a las puertas de la cárcel de Picassent que rezará Aquí comenzó el 'Erial'.
Todavía en estado de shock, los discípulos del zaplanismo sufren ahora la horfandad del eterno "jefe", del faraón moral y político de un grupo que fue pasado a cuchillo en cuanto Francisco Camps se hizo lo suficientemente fuerte como para matar al padre. Camps y Zaplana se despreciaban mutuamente. 
Y ese sentimiento caló entre sus generales, hasta el punto que parte del zaplanismo ha ido celebrando cada una de las operaciones policiales y judiciales que acumulaban las huestes de Camps, numerosas y sucesivas desde que estalló el caso Gürtel.
En los escasos días que han pasado desde la detención de Zaplana, apenas se ha escuchado la voz de los integrantes de aquel grupo. Obviamente, no está el horno para bollos.Sólo una de sus ex conselleras, la benidormí Gema Amor, incondicional entre las incondicionales, se ha atrevido a tomar la palabra. 
Amor ya no milita en el PP. Es la portavoz del grupo Liberales en el Ayuntamiento de Benidorm y este jueves tomó el altavoz para lamentar la reacción del PP, que no tardó ni 21 minutos en dar de baja a Zaplana como militante. La prueba, según ella, de que "el deporte nacional es la envidia y el rencor".
La ex consellera de Turismo, es verdad, lo tiene más fácil que otros para reivindicar la memoria de Zaplana en estos días de plomo. Ya no milita en el partido y sigue en la política, algo que no pueden decir ya la mayoría de los que formaron parte de aquella administración inicial del PP que, bajo la presidencia de Zaplana, siempre hizo gala de buena gestión y de profesionalidad. 
La lista de todos los que han sido progresivamente despachados por (o del) PP es larga. La mayoría de los que fueron consellers, directores generales, subsecretarios o altos cargos de mucho o poco vuelo han vuelto a su actividad privada anterior.
Los zaplanistas siempre marcaron distancias con el campsismo en dos aspectos: la (hasta ahora) nula mancha de corrupción, de un lado; y el empuje de modernidad dado a la Comunidad Valenciana, por el otro.
Ahora, los cimientos que todavía se percibían incorruptos en la administración que construyó el PP, están bajo sospecha. El Gobierno del Botànic ha dado carpetazo al llamado 'modelo Alzira', inaugurado en 1999 por Zaplana aplicando medidas ensayadas por la Tercera Vía de los laboristas Blair y Giddens. 
Y planes como la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos, aparentemente bien diseñados, están bajo sospecha de que se enjuagaron con sobornos. También el famoso 'modelo Cotino' para construir plazas de residencias geriátricas, que realmente fue el modelo del conseller Rafael Blasco, ahora camarada de Zaplana en la prisión, quien lo implantó. Lo que queda del zaplanismo, efectivamente, es un "Erial".
El ingreso en prisión de un presidente de la Generalitat, el primero en la historia, supone el enésimo golpe a la imagen de la Comunidad Valenciana, envuelta desde el estallido de la Gürtel, en febrero de 2009, en una auténtica tormenta de casos de corrupción que ha llevado a la cárcel a nombres muy ilustres, como el del propio Blasco, fichado por Zaplana para ser el «cerebro» en su equipo de Presidencia; Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y uno de los hombres que le ayudaron a consolidar su poder territorial y, este jueves, la ex consellera de Turismo Milagrosa Martínez, que ascendió a los cielos de la política con Camps y ha dado con sus huesos en la cárcel de Villena para cumplir 9 años. O el ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, a quien incluso se le denegó el indulto desde el Gobierno.
La reconstrucción de la verdad del caso Zaplana todavía ofrece sombras, como la participación de la sobrina del ex espía Francisco Paesa en la gestión de las cuentas en Luxemburgo a través de las que se canalizaron las mordidas, de la que informó en exclusiva Esteban Urreiztieta en El Mundo.
 O el alcance de la participación de Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino, ambos puestos en libertad por la juez que instruye el caso para sorpresa de muchos. O incluso el extraño episodio que contamos hoy en El Mundo del funcionario que hurgó en los papeles del Plan Eólico días antes de que los pidiera la GuardiaCivil. Pero la sentencia moral al zaplanismo está dictada.

Un alto cargo espió en las actas del plan eólico ligado a Zaplana días antes que los agentes de la UCO

VALENCIA.- Un jefe de servicio del IVACE, dependiente de la Conselleria de Economía, acudió al archivo del Centro Logístico de la Generalitat y revolvió los documentos que investiga la Guardia Civil. En concreto manipuló la carpeta del área IV que fue adjudicada a los Cotino. Los guardias civiles acudieron al archivo el miércoles 23 a revisar la misma carpeta.

Un alto funcionario de la Conselleria de Economía accedió el pasado 16 de mayo al Centro Logístico de la Generalitat ubicado en Riba-roja y estuvo manipulando los documentos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana que ahora investiga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por su presunta relación con el 'caso Erial', en el que se imputan delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación y prevaricación al ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, según documentos y testimonios a los que ha tenido acceso El Mundo.
Se trata del jefe de servicio de Recursos Humanos y Servicios Generales del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Alfonso Roselló, quien, de momento, no ha dado explicaciones oficiales de su visita al archivo y el motivo por el que removió las carpetas del Plan Eólico justo seis días antes de que los agentes de la Guardia Civil acudieran al mismo lugar con el propósito de hallar pruebas o indicios delictivos del caso que instruye la juez del juzgado de instrucción número ocho de Valencia. 
Los guardias civiles fueron al archivo de Riba-roja el miércoles 23 y revisaron, durante la mañana, la misma documentación que previamente había sido manejada.
Roselló no deparó en que su visita al archivo del Consell iba a quedar reflejada en el registro de entradas que recogen los vigilantes que se encargan de controlar los accesos. En concreto, el jefe del IVACE entró a las 12.33 horas al recinto el día 16 y durante 25 minutos, según ha sabido El Mundo, estuvo obteniendo carpetas y revisando documentación del Plan Eólico que puso en marcha Eduardo Zaplana durante su etapa de presidente del Gobierno valenciano y antes de ser nombrado ministro de Trabajo y Servicios Sociales en 2002.
El empleado de la Conselleria que dirige Rafael Climent, de Compromís, se detuvo en la carpeta que contiene toda la información del área IV del plan eólico, que se corresponde con la adjudicación que recibió Sedesa, la empresa de Vicente Cotino Escrivá -sobrino del ex político Juan Cotino- que disponía de una participación del 25% del total de Proyectos Eólicos Valencianos, mientras que Endesa, a través de su filial ECyR, era propietaria del 55% de las acciones y Bancaja disponía del 20%.
Un proyecto que fue ejecutado en 2006 pero que fue licitado en 2001 con un presupuesto de 450 millones y siete parques previstos en la comarca del Alto Palancia en Castellón.

Zaplana o la leyenda del intocable / Ignacio Camacho *

Quince años antes de que se inventaran las redes sociales, Eduardo Zaplana Hernández-Soro protagonizó de forma involuntaria una de las más veteranas «fakes news» de la política española. La frase «estoy en política para forrarme», que le ha perseguido durante toda su carrera, no es suya, aunque en las cintas del «caso Naseiro» –una primigenia trama de financiación irregular del PP– donde presuntamente figuraba dicha grabación apócrifa, sí se le escuchaba desasosegado por comprarse un coche de alta cilindrada. 

A Zaplana siempre le ha perseguido una fama de gusto por el lujo, por el tren de vida alto, por los trajes caros y los relojes de marca. Y, si las investigaciones de la UCO que esta semana le han conducido a prisión son acertadas, no sólo se lucró con la política sino que constituyó alrededor de ella un grupo de intereses que la juez del caso considera una auténtica trama.

Esa reputación de arribista es la causa de la nula sorpresa que su arresto provocó en su propio partido. Durante años, el expresidente de Valencia y exministro de Aznar ha estado en todas las quinielas de nombres relacionados con la corrupción del PP, si bien hasta ahora había salido ileso de pesquisas y sospechas. A su sucesor en la presidencia valenciana, Francisco Camps, enfrentado con él incluso antes de acceder al cargo, le irritaba sobremanera haber sido procesado –y absuelto–por un presunto regalo de trajes mientras su rival quedaba al margen de cualquier escándalo. 

Durante años circularon dossiers sobre Zaplana en redacciones y círculos políticos; ninguno de ellos, sin embargo, contenía material susceptible de situarlo ante la justicia, ni siquiera de ponerlo en apuros. Durante veinte años de fuerte exposición pública, y mientras muchos de sus colaboradores más inmediatos acababan procesados y condenados, Zaplana caminó indemne sobre las brasas de una nombradía dudosa sin que su honorabilidad quedase salpicada por hechos probados.

Ni silencioso, ni discreto

Y no fue el suyo un paso silencioso ni discreto por la política, en la que comenzó alzándose con la Alcaldía de Benidorm en una ruidosa moción de censura con tránsfuga incluida. Al frente de la autonomía valenciana, a la que dio un indiscutible impulso estructural que la situó al frente de las regiones de crecimiento más dinámico, tomó decisiones de riesgo como la creación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el parque temático Terra Mítica. Como portavoz del último Gabinete de Aznar hizo frente –vestido con una célebre corbata negra–a las horas dramáticas del 11-M. Y como líder parlamentario del PP en la oposición, ya bajo el mando de Mariano Rajoy, dirigió la política de acoso a Zapatero que llevó al marianismo al doloroso fracaso electoral de 2008.


Nunca pasó inadvertido ni quiso hacerlo; se movía con un estilo bizarro, expansivo, que combinaba la agresividad contra los adversarios con unas excepcionales dotes de trato personal sobre las que cimentó curiosas relaciones transversales. Amigo de periodistas, empresarios de fuste, artistas como Julio Iglesias, líderes de opinión, y dirigentes rivales –en especial el socialista José Bono– se especializó en tejer complicidades políticas y mediáticas. 
 Fue capaz de pactar con los sindicatos como titular de la cartera de Trabajo, estableciendo fluidos lazos con el entonces responsable de CC OO José María Fidalgo, y hasta de acordar con Jordi Pujol uno de los asuntos más espinosos de su mandato autonómico: las normativización académica del valenciano, que reconocía mediante una alambicada perífrasis su unidad con el sistema lingüístico catalán. También fichó para su equipo al socialista Rafael Blasco, que acabaría en la cárcel tras haberle servido –a él y a Camps– en la construcción de la larga hegemonía del PP en la comunidad levantina.

Interlocución con Aznar

Ese eficaz entramado de relaciones, entre las que figuró durante bastante tiempo una interlocución de privilegio con Aznar, le permitió imponer de facto a Rajoy la línea estratégica de oposición al zapaterismo, caracterizada por la dureza, las movilizaciones sociales –contra el matrimonio homosexual, la negociación con ETA, etc– y el seguimiento de la teoría de la conspiración en torno al 11-M. Durante su primera etapa al frente del PP, el actual presidente del Gobierno no se sintió con fuerza para embridar la influencia de su portavoz, al que tardó cuatro años en descabalgar, aliado con Camps, para poder desarrollar su propia estrategia. 

Y aun así, Zaplana enredó todo lo que pudo a través de sus terminales en Valencia y Madrid, convirtiendo la presidencia de su sucesor regional en un calvario. Al final, menguadas sus escasas posibilidades de intriga tras la consolidación del liderazgo marianista, abandonó la política para ocupar un puesto de alto nivel en Telefónica, de la mano de César Alierta –otro de sus aliados más poderosos–, y dedicarse a la consultoría de empresas. Una actividad privada que, según la UCO, utilizó para dar salida a los capitales que acumuló durante su paso por la escena pública.

Un paso en el que jamás evitó que se trasluciese su gusto por los signos externos. La ropa impecable, bien cortada; los viajes en aviones privados; los paseos veraniegos en yate, los viajes costeados; los pisos en zonas señoriales de la capital, el vistoso chalé que construyó siendo alcalde de Benidorm. Su eterno bronceado y su tipo fibroso eran parte de un aliño personal impoluto al que otorgaba impronta de estilo con una simpatía personal seductora. 

Era el clásico encantador de serpientes, imbatible en las distancias cortas. Y se movía por la vida con el aire triunfador de lo que Tom Wolfe llamó un «amo del universo»: carismático, audaz, diligente, resuelto. También en el ámbito político, donde combinaba un caudillismo personalista con una enorme habilidad para el tráfico de favores y un toque visionario en la puesta en marcha de proyectos. 

Lo que la operación Erial ha revelado es que esa personalidad arrolladora y decidida también la utilizó –presuntamente– para crearse un patrimonio oculto a través de comisiones y mordidas durante su etapa presidencial. Su entorno sostiene que su afición al lujo, a la vida de alto standing, formaba parte de la construcción de una coraza que le blindaba ante el sinsabor de ciertos episodios personales, entre ellos la larga enfermedad de uno de sus hijos, que acabó falleciendo, y algunos avatares sentimentales. 

Correoso siempre, combativo y duro de pelar, se enfrentó recientemente al cáncer, a una leucemia cuyo riguroso tratamiento no le ha servido para evitar la cárcel. La mayoría de sus antiguos colaboradores –al menos aquellos con los que no acabó rompiendo– conservan de él un recuerdo irreprochable. Lo evocan como un líder indiscutible, con enorme capacidad de trabajo, desenvuelto, sociable. Ideológicamente ecléctico, pragmático, esponjoso, con un don especial para ganarse el favor de la calle.

Escurridizo, hábil...

Su habilidad para salir vivo de emboscadas políticas e indagaciones judiciales le creó una cierta aureola. Zaplana el escurridizo, Zaplana el incombustible, Zaplana el superviviente, Zaplana el hábil. Esta semana, ese halo de intocable acabó en una ruidosa detención celebrada por los enemigos que no habían logrado derribarlo. Su caída es la de uno de los últimos iconos del aznarismo, un paradigma de aquella época de prosperidad creciente, éxitos rápidos y fortunas fáciles. Y deja el doloroso barrunto, reforzado por indicios tan abrumadores como inquietantes, de que en efecto estaba en política –también–para forrarse.


(*) Periodista y ex director de Abc


Memento mori, Zaplana / Antonia Moreno *

La detención de Zaplana ha sorprendido tanto como era esperada. No es necesario recordar la influencia, la capacidad de seducción y el poder que acumuló el cartagenero que consiguió la alcaldía de Benidorm tras una buena boda, un “marujazo”-censura y convenientes amistades de nuevos ricos que le prometieron su sueño: un Opel Vectra de 16 válvulas.

La leyenda sobre su eterno bronceado, las camisas de 200 euros compradas por docenas, su sonrisa blanqueada, sus affaires femeninos, la idolatría de su tropa...ha forjado la imagen del icono de una época que comenzó con él: el nuevo rico, el “puto amo”, el poderoso, el intocable, aquel a quien todos quieren parecerse y quieren acercarse. No hubo nadie que se atreviera a susurrarle memento mori?



En la Vega Baja sabemos mucho de Zaplana. Como un Cesar intocable también aquí estableció un campamento de legionarios segundones que jamas usaron la gomina con tanta gracia. Hace unos meses, se filtró una foto a la prensa en la que Zaplana comía en el restaurante El Chanos de Molins con algunos de sus acólitos territoriales en la Vega Baja. Entre ellos, el ex alcalde de Callosa Javier Pérez Trigueros, el ex alcalde de Dolores, concejales y pedáneos del PP de Orihuela y la ex alcaldesa Monica Lorente.

En la comarca de la Vega Baja, Zaplana era dios y competir con dios en esta comarca tiene mérito. Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, amaños, fraudes, extorsión, son sólo algunos de los delitos que por aquí tiene la soldadesca zaplanista ya en espera de juicio. Ahora que ha caído el águila, los polluelos sentirán el verdadero vacío del banquillo.

Se acaba toda una época pero comienza otra. Decenas de concejales y políticos zaplanistas se han refugiado en las tropas de Ciudadanos como células durmientes a la espera del fruto. La recolección electoral de la siembra planificada por Aznar y Zaplana en el partido de Rivera será su manera de perpetuar su alargada sombra. Lo que no sabe Rivera, si es que si aspira a ser el nuevo Zaplana de la política española, es que ni en el fondo ni en la forma tiene nada que hacer. 

Solo alguien como Eduardo luce con glamour la pulserita de bandera española y luego corretea sus negocios por el extranjero con tanta “soltura”económica. Sólo alguien como Zaplana pacta con Pujol sin que se le descolore el rojigualda de la muñeca. Sólo alguien como Zaplana tiene el cuajo de imponer el requisito lingüístico valenciano para ser profesor y consigue que se señale a los de enfrente. Sólo Zaplana sabe ser Zaplana. 

Sus valientes legionarios están esperando el banquillo o la cárcel. Nada queda de aquellas huestes gloriosas; si acaso, títulos honoríficos y fotos solemnes con fajines purpurados, humillados símbolos en sus gaznates y pompa hortera de serviles palanganeros.

Algunos zaplanistas han logrado, como pulgas parasitarias, saltar de perro, saltar de amo. Podéis reconocerlos con facilidad, de partido en partido, saltaron hasta Ciudadanos. Qué le vamos a hacer. Siempre ha pasado. Espero que Rivera vigile bien su campamento. El Opel Vectra 16 válvulas se ha quedado muy anticuado. A saber qué modelo de coche les representa.

El resto, soledad y tierra saqueada. Una Vega Baja polvorienta de sueños, aletargada por miles de votantes del PP que naufragan estupefactos y cabreados por tanta ilusión traicionada, una Vega Baja que, por fin, ha empezado a disfrutar de gobiernos decentes en sus municipios tras las últimas elecciones. Ha costado mucho desenmascararles. Y hay que seguir señalando a los emboscados, que los hay. Pase lo que pase, por favor, estemos atentos, siguen ahí. Aprendamos.


(*) Periodista