Una situación que afecta también a los que han sufrido reacciones adversas por las vacunas contra la covid.
Así, desde UGT se explica a Público que "los trabajadores daban un servicio público y recibieron la recomendación por parte de la administración de inocularse. Hubo muchas presiones, incluso con listas de vacunados y no vacunados. Es una cuestión de justicia y coherencia protegerlos", confirma José de las Morenas de Toro, coordinador de la Secretaria Confederal de Salud Laboral de UGT.
Desde la Unión Sindical Obrera (USO) también defienden esta línea: "Cuando la asociación de trabajadores esenciales afectados por la vacuna AstraZeneca (ATEAVA) se reunió con nosotros para pedirnos ayuda, entendimos perfectamente el problema", cuenta a Público Sara García de las Heras, su secretaria de Acción Sindical y Empleo a nivel confederal.
"No era una cosa sorprendente que hubiera salido de la nada. Ya llevábamos tiempo viéndolo entre los afiliados y los trabajadores, desde que empezaron las inoculaciones", explica.
García de las Heras nos habla de "situaciones extremas de trabajadores que están tratando de obtener el reconocimiento de incapacidad, porque no pueden trabajar, en otros casos se ha pedido la adaptación del puesto de trabajo a su nueva situación, otros no han podido recuperarse y siguen de baja".
Unos meses antes, el 31 de marzo de 2022, la Comisión de Investigación de las Vacunas Covid-19 aprobó, por mayoría de votos en el Congreso de los Diputados, sus conclusiones, con algunas recomendaciones.
En ellas, puede leerse que, "a la luz de las reacciones adversas que las vacunas anticovid han podido causar, recomendamos evaluar la necesidad de medidas de acompañamiento a las personas afectadas, como asistencia médica y psicológica, prestación farmacéutica y servicios de rehabilitación".
Sin embargo, "desde entonces, a mí nadie me ha llamado", nos dice el presidente de ATEAVA, Pedro García, que compareció ante la comisión en febrero de 2022.
El mismo documento recoge la necesidad de "promover estudios sobre potenciales reacciones adversas a las vacunas frente a las consecuencias a largo plazo de la salud de las personas afectadas".
En el punto de mira de ATEAVA está AstraZeneca, que fue retirada del mercado español de forma definitiva en julio de 2021, debido a ciertos efectos graves relacionados con un tipo específico de trombosis.
No obstante, García de las Heras se queja de que "la Administración está tirando balones fuera, diciendo que esa incapacidad no tiene un origen laboral. Esgrimen que la vacunación fue voluntaria". Pero los sindicatos no están de acuerdo.
"Hubo muchas presiones en los centros de trabajo, incluso con listas de vacunados y no vacunados y otros medios coercitivos. Estamos hablando de un colectivo que daba un servicio público y tuvo la recomendación del Estado de vacunarse. Es una cuestión de justicia y coherencia protegerlos", señala a Público José de las Morenas, coordinador de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT.
Contingencia laboral
El procedimiento de averiguación de causa para el reconocimiento de baja por contigencia laboral es un trámite complejo, largo y farragoso. Por eso, García de las Heras recomienda no embarcarse en esta aventura en solitario, "que el afectado siempre tenga una asesoría jurídica a la hora de presentar una reclamación, preferiblemente con una organización sindical".
Según advierte esta experta en contingecias laborales, "el tema de reconocimiento laboral de cualquier dolencia exige mucha paciencia y entereza porque el proceso está pensado para que te desanimes".
Con el mismo muro, se encuentran otras personas que padecen secuelas postvacunales y no pertenecen al grupo de los trabajadores esenciales.
"Las demandas a la Administración se amparan en el principio de solidaridad: eso implica que yo me vacuno por el bien de la sociedad pero, si a mí me ocurre algo, esa solidaridad debe ser recíproca", dice a Público Francesc Feliu, abogado experto en responsabilidad civil sanitaria y profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Lo habitual con cualquier medicamento que produjera un daño a algún paciente, sería dirigirse a la farmacéutica. Pero, en este caso, antes de sacar las vacunas, el Gobierno español anunció que había firmado un contrato con ellas por el que las eximía de cualquier responsabilidad por posible efectos adversos de las vacunas en la población.
"La Unión Europea sacó una norma que marcaba una excepción sobre la Directiva europea de Responsabilidad de Productos –que obliga a todos los fabricantes a responder por los daños que sus productos pudieran causar–", recuerda a Público Alfonso Atela, abogado especializado en Derecho Sanitario y Profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco UPV/EHU.
Por eso, este experto entiende que la opción que tienen los afectados es hacer una reclamación por responsabilidad patrimonial al Estado.
"Lo más complicado es acreditar la vinculación con la vacuna", reconoce Atela. En su opinión, los facultativos son reacios a establecer diagnósticos de síndrome postvacunal porque "conocen lo empírico, la fase de observación, pero desconocen el mecanismo. Es necesario investigar más", recalca.
En la misma línea, Federico Zurita, profesor de Genética en la Facultad de Biología de la Universidad de Granada, indica a nuestro medio que "la ciencia se basa en demostrar que una hipótesis es falsa y, si no lo puedes demostrar, la mantiene hasta que surja una hipótesis que la explica mejor".
En relación a los síntomas postvacunales, Zurita dice que "si alguien se vacunó primero y luego tuvo ciertas reacciones, eso no se puede negar. Lo que es difícil de asegurar es la relación causal". Aquí es donde entra el papel del perito, cuando se trata de analizar un caso individual en concreto.
"Somos profesionales imparciales, ajenos al conflicto, que nos encargamos de buscar los criterios causales, es decir, valorar las secuelas, el tiempo, lo que ha sucedido durante ese periodo de tiempo y si las secuelas pueden tener relación o no con las vacunas y con los efectos adversos. Cogemos la parte técnica del caso y emitimos un informe dirigido al órgano juzgador", nos explica el doctor Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, perito forense y judicial.
Recomendaciones para personas afectadas
Los pasos a seguir comienzan por recabar todos los informes médicos y pruebas relativas a su caso. "Si no los tiene, debe pedirlos a los centros sanitarios donde le atendieron. Hay que saber el número de lote o, en su defecto, el documento donde aparece la vacuna que le pusieron y la fecha", asesora Lorena Montesinos, presidenta de APAVaC19, Asociación de Personas Afectadas por las Vacunas COVID-19.
Por otra parte, "médico y paciente deben notificarlo a farmacovigilancia, para que pueda procederse al registro y validación posterior del caso, así como comprobar si esos síntomas aparecen en la última actualización de la ficha técnica del medicamento", añade Montesinos.
"Es un paso fundamental para ver el alcance de esto, de qué enfermedades hablamos. Si todos los casos estuvieran notificados, se podrían ver las alertas y se incluirían enfermedades que aún no están, como la encefalomielitis miálgica", observa.
Además, Pedro García aconseja "preguntar a su médico especialista qué pruebas específicas hay que hacer para probar la relación causa-efecto con la vacuna".
Por ejemplo, el anticuerpo anti-PF4 permite detectar si el paciente ha sufrido potencialmente un tipo muy específico de trombosis que está documentado en casos de inoculación con AstraZeneca, tal y como recogen las recomendaciones de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME).
