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MADRID.- Ciudadanos se consolida como el partido con más apoyo en España y agranda su distancia frente a sus rivales, según la última encuesta elaborada por Metroscopia para ‘El País’ y que sitúa en el 28,9% los votos que obtendría si hoy se celebrasen elecciones generales.
El partido liderado por Albert Rivera repite, por tercer mes
consecutivo, como el partido favorito por los votantes españoles y
mantiene su ascenso en detrimento de PP y PSOE, que pierden cuatro y siete décimas frente al sondeo anterior,
hasta situarse en el 21,5% y en el 19,4% respectivamente. Unidos
Podemos se queda en el 17% y sube dos décimas en el último mes.
Desde el mes de julio, el partido naranja asciende de forma continuada en paralelo al descenso de los votantes del PP. La crisis
catalana y la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones autonómicas
de diciembre contribuyeron a apuntalar esa tendencia. En enero se situó como primera fuerza política de España y ha mejorado en seis décimas y saca ya 7,4 puntos al PP.
Los datos del sondeo reflejan que los populares perderían un tercio de los apoyos recibidos en las elecciones generales de junio de 2016,
mientras que Ciudadanos duplicaría ampliamente sus resultados. Los dos
partidos juntos suman hoy el 50,5% del electorado frente al 46,1% de
hace dos años.
En la batalla de la izquierda, Podemos mantiene su tendencia al alza desde noviembre,
con un incremento de dos décimas en el último mes. El PSOE, por su
parte, desciende en paralelo y se sitúa por debajo del umbral del 20%,
algo que no sucedía desde los tiempos de la gestora liderada por Javier Fernández.
La distancia entre ambos partidos viene recortándose en los últimos
meses. En enero era de 6,5 puntos, pero ahora ya es de solo 2,4. Y en
intención de voto declarada hay más encuestados que afirman apoyar a
Podemos (11,9%) que los que lo hacen por el PSOE (11,2%).
La encuesta confirma que Ciudadanos está creciendo a costa del PP, pero también del PSOE. Así, el 20% de los que votaron a Mariano Rajoy hace dos años se declara hoy dispuesto a apoyar a Albert Rivera.
Por su parte, el trasvase de voto entre el PSOE y Ciudadanos es del 12%
de los apoyos recibidos por Pedro Sánchez en las últimas elecciones
generales.
Pese a ello, Metroscopia detecta que la tensión electoral de los españoles está menguando en los últimos meses, ya que si hoy se celebrasen elecciones sólo votaría el 66%, cuatro puntos menos que hace 30 días.
Otro de los datos que confirma el liderazgo de Ciudadanos es el
porcentaje de los que aprueban la actuación política de cada partido en
el parlamento. Así, el 48% de los entrevistados da un aprobado al partido de Rivera, mientras que PSOE y Podemos apenas consiguen un 25% de aprobación y el PP, un 24%.
Entre los que votaron al PP en 2016 hay un 66% que aprueba la actuación de Ciudadanos,
solo un punto por debajo de lo que le dan a su propio partido. Y en el
caso de los votantes del PSOE son justo la mitad los que aprueban a
Rivera frente al 56% que dan el visto bueno a la actuación de los
socialistas.
La encuesta subraya que el 86% de los españoles considera que la situación política es mala,
frente al 81% del mes anterior, y que el 71% de los encuestados también
ven de forma negativa la situación económica del país. Solo entre los
votantes del PP existe una percepción mayoritaria de que la economía va
bien.
MADRID.- Realia, inmobiliaria controlada por Carlos Slim, se ha hecho con un suelo en Alcalá de Henares (Madrid), propiedad del Ministerio de Defensa y con una edificabilidad de 44.755 metros cuadrados, por un importe de 27,5 millones de euros.
Se trata de la primera adquisición de terrenos que realiza la compañía desde que el magnate mexicano tomó su control,
con la que se suma así a la oleada de inversiones que las compañías del
ramo están realizando en suelo ante la reactivación del sector.
En el caso de Realia, la compra del terreno se enmarca en la reactivación de su actividad de construcción y venta de viviendas,
que tenía paralizada primero por la crisis y, posteriormente, por el
proceso de reestructuración y saneamiento acometido por la empresa.
Así, la compañía destinará este suelo a acometer una de sus primeras tres nuevas promociones de viviendas. Las
otras dos, que levantarán sobre la cartera de suelos con la que ya
cuenta la empresa, se localizan en Sabadell (Barcelona) y en Palma de
Mallorca.
La estrategia de Realia para retomar su división de promoción pasa por analizar proyectos de construcción de nuevas viviendas
en “zonas donde la demanda es consistente y la oferta es muy baja o
nueva”, como son determinadas zonas de Madrid y Barcelona, “y alguna otra con las mismas características del mercado”, según indica la firma en su memoria anual de 2017.
Este es uno de los principales objetivos de la inmobiliaria para 2018, junto con la mejora de los márgenes mediante la racionalización y optimización de los gastos, y la recuperación de precios.
Realia se lanza de nuevo a construir viviendas mientras aún cuenta con ‘stock’ de 387 unidades (entre viviendas, locales y oficinas) terminadas y sin entregar, de las que sólo 19 están prevendidas.
Además, la inmobiliaria dispone de una cartera de suelo de 5,74 millones de metros cuadrados y 1,85 millones de metros cuadrados edificables,
si bien sólo un 25% tienen la consideración de finalistas. Además, el
49% de esta cartera está localizada en Madrid y la zona centro.
Atento a oportunidades
Realia reactiva su negocio promotor mientras sopesa también volver a invertir en activos patrimoniales
para reforzar su actual cartera de edificios en renta, integrada por
oficinas y centros comerciales que suman unos 534.000 metros cuadrados y
a cierre de 2017 estaba valorada en 1.448 millones de euros.
En esta cartera figura una de las ‘Torres Kio’ de la Plaza de Castilla de Madrid y una torre de oficinas de Barcelona y, en cuanto a centros comerciales, el ‘Jardín de Serrano’, en la ‘milla de oro’ comercial de la capital y ‘As Cancelas’ de Santiago de Compostela, entre otros.
En este sentido, la estrategia de la inmobiliaria pasa por “continuar optimizando los ingresos y gastos de todos los activos en renta”, y acometer actuaciones de mejora en los inmuebles, “sobre todo en los centros comerciales”, para mejorar su ocupación.
BARCELONA.- El juez suspendido Santiago Vidal califica de
“humillante” la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
que deniega su reincorporación porque, porque solo le deja la opción de
regresar en un futuro a la carrera judicial si se “retracta
públicamente” de sus principios políticos.
Pese a
cerrarle ahora la puerta a su reincorporación a la carrera judicial, el
CGPJ le indica que podrá solicitar de nuevo el reingreso cuando “mantenga
desde este momento y en lo sucesivo, así como las acciones claras y
terminantes que lleve a cabo y que permitan apreciar que su
comportamiento futuro será conforme con el juramento de lealtad a la
Constitución que tiene prestado, al que, por el momento, ha faltado de manera abierta y terminante”.
Tras
esta decisión de la Comisión Permanente del CGPJ, el juez Santiago
Vidal afirmaba en en una entrevista en RAC1, que esa puerta abierta es
lo más “humillante”, porque a su juicio el CGPJ le está diciendo: “O reniegas de tus principios e ideas, te retractas públicamente y te vuelves el más españolista de los jueces o olvídate”.
Vidal
ha dicho que ya esperaba que el CGJP “no se lo pondría fácil” y que
auguraba que le destinaría fuera de Cataluña, pero no pensaba que le
denegaría su reincorporación.
El exsenador de ERC ha cuestionado
la separación de poderes, pues si bien los “jueces de base” sí cree que
trabajan con independencia, la “cúpula judicial”, en referencia “al
Tribunal Constitucional, al Supremo y al CGPJ”, está a su entender
“absolutamente colapsada por decisiones y afinidades políticas”.
En
concreto, sobre el magistrado del Supremo Pablo Llarena ha dicho que lo
conoce y que “nunca le había visto escribir con ese sesgo ideológico y
político”, y al ser preguntado por si está actuando más como político
que como juez, ha respondido: “Actualmente sí”.
Vidal lamenta no poder volver a la carrera judicial y asegura que podría
“hacer perfectamente” de nuevo su trabajo con total imparcialidad y sin
que su ideología independentista influyera en los veredictos.
Recuerda
que antes de ser suspendido era magistrado de sala de una audiencia
penal, lo que significa que los temas que juzgaba eran asesinatos,
homicidios y violaciones y, además, no lo hacía solo, sino que formaba
parte de un tribunal colegiado con otros dos magistrados.
“Mi trabajo de juzgar lo hago con dos colegas más. No puedo hacer lo que me da la gana. Tenemos que consensuar el veredicto.
Lo podría hacer perfectamente. Juzgamos asesinatos, homicidios,
agresiones sexuales… ¿Qué tiene esto que ver con la ideología de una
persona?”, ha resumido.
Durante la entrevista, Santiago Vidal ha explicado que está
en el paro sin cobrar prestaciones y que se ha dado de alta a la
Seguridad Social para hacer algunos trabajos académicos para la
Fundación Josep Irla, vinculada a ERC.
Pero ha descartado
regresar a la política, porque ha admitido que ya salió
“suficientemente escarmentado” después de dimitir como senador por sus
“errores” al explicar en algunas conferencias que la Generalitat tenía
todos los datos fiscales de los catalanes, cuando solo tenía “los que
podía tener, que no eran todos”.
“Yo no diría que era engañar. Asumo el error de haber exagerado algunas
de las cosas. La política ya es un poco eso”, ha valorado Vidal.
MADRID.- Vox, la formación creada por el ex diputado del PP Santiago Abascal,
ha recuperado pulso vital tras la crisis institucional catalana. El
partido ha sumado casi 2.000 nuevas afiliaciones en los últimos meses.
De 3.400 a 5.300 militantes, según los datos proporcionados por la
organización a El Mundo.
Vox afrontó una nueva asamblea este fín de semana para renovar cargos, desde su
constitución a finales de 2013, con Abascal (en la imagen) como único candidato y la
incorporación de un alto cargo de Faes a la nueva Ejecutiva. Rafael Bardají, que trabajó en el área internacional de la Fundación de José María Aznar, se integrará en el Comité Ejecutivo. Javier Ortega continuará como secretario general.
En el acto intervino uno de sus fundadores, el ex funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, junto a Rocío Monasterio, Ortega, Abascal y Bardají.
Pero además participaron representantes de la sociedad civil. Entre ellos la ex diputada del PP Lourdes Méndez, destacada antiabortista y que preside la asociación Familia y Dignidad Humana. También estaba prevista la asistencia, según fuentes de la formación, de otra ex parlamentaria popular, la asturiana Alicia Castro.
Al calor de la actuación del Gobierno en Cataluña,
que para algunos votantes de derecha no ha sido lo suficientemente
firme, Vox ha recuperado cierta presencia mediática. Personado en causas
contra líderes del independentismo, algunas encuestas han empezado a
otorgarles representación en el Congreso por Madrid.
Su propósito inmediata es concurrir a las europeas, como ya hicieron en 2014 con Alejo Vidal Quadras (que posteriormente abandonó el partido) como cabeza de cartel. Y a las elecciones autonómicas y municipales. Vox busca atraer al voto conservador del PP, desencantado con Mariano Rajoy
por no haber suprimido la ley del aborto vigente, aprobada por el
Gobierno socialista, o haber orillado del debate político el terrorismo
de ETA y la situación
de las víctimas. A estos dos asuntos se ha unido ahora el desgaste del
Gobierno por la crisis catalana y la aplicación del artículo 155 que está favoreciendo también el trasvase de votos a Ciudadanos.
El
entorno del centro derecha español, las organizaciones y asociaciones
en esta órbita ideológica, viven en los últimos años un auténtico
despertar, similar al que siempre ha existido en el centro izquierda.
Fundaciones, plataformas, proyectos de nuevos partidos como Avanza, dan fe de la efervescencia política y social en este ámbito.
BARCELONA.- El choque entre las fuerzas independentistas y las instancias judiciales
españolas se ha trasladado al campo de juego internacional. Y es que si
Puigdemont anunciaba hace poco más de una semana que denunciaría a
España ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, este viernes era
la defensa de Jordi Sànchez quien informaba que elevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la negativa del juez del Tribunal Pablo Llarena de permitir su excarcelación para asistir al pleno de investidura
del que es candidato. Una petición que, sin embargo, tiene pocos visos
de prosperar si se atiende a los precedentes del TEDH y la normativa
descrita en su propio reglamento, tal como dice La Vanguardia.
La defensa del expresidente de la ANC presentará el próximo lunes a las
8.00 horas de la mañana su recurso ante el TEDH para pedir medidas cautelares
que den luz verde a la sesión de investidura. Lo hará el lunes dado que
el auto del juez Llarena llegó este viernes a las 16.35 horas, cinco
minutos después de que la oficina de tramitación de demandas del TEDH
bajara la persiana hasta el lunes.
Tan pronto abra la oficina de tramitación de demandas, la defensa de
Sànchez tramitará su recurso ante el TEDH. Un tribunal con sede en
Estrasburgo que, ante ello, decidirá si admite a trámite y si toma medidas cautelares en un plazo de como máximo 48 horas. El artículo 39 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos rige
unas medidas cautelares que, especifica, “son medidas de urgencia que,
de acuerdo con la práctica constante del TEDH, sólo se aplican cuando
hay un riesgo inminente de daño irreparable”.
Unas medidas que, según subraya el Tribunal de Estrasburgo en su reglamento, no presuponen el sentido final de su juicio sobre el asunto:
“ Se trata de medidas adoptadas en el marco del desarrollo del
procedimiento ante el TEDH y que no prejuzgan sus decisiones futuras
sobre la admisibilidad o sobre el fondo de los asuntos en cuestión”.
Una vez entrado en el fondo de la cuestión, el TEDH, admite que “no es
posible indicar un tiempo de duración del procedimiento”, aunque el
tribunal “se esfuerza en que las demandas sean tratadas en el plazo
máximo de tres años desde su presentación”.
En todo caso, cabe destacar que el TEDH sólo aplica medidas
cautelares de forma muy excepcional y “en ámbitos muy limitados, la
mayoría atañen a casos de expulsión y extradición”, según reza su
propio reglamento. De hecho, los casos más típicos en que se aceptan las
medidas cautelares son los que permiten frenar una extradición por
riesgo para la vida de la persona afectada (Artículo 2, derecho a la
vida) o porque podría ser maltratada (Artículo 3, prohibición de la
tortura o el trato degradante). Pero el TEDH también ha aceptado, “más
excepcionalmente” casos en que se pretende frenar una extradición por
preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo (Artículo 6) o el
respecto a la vida privada y familiar (Artículo 8).
En números, y según datos del propio tribunal, el TEDH sólo ha
aceptado aplicar medidas cautelares en 8 de los 177 casos (6,84%) en que
se le ha requerido desde España en los últimos tres años. Abriendo el
foco al resto de países miembro, las estadísticas del TEDH marcan que en 2017 el tribunal aceptó aplicar medidas cautelares en 117 casos de un total de 1.552 peticiones (7,54%).
De estas, rechazó 533 y tumbó directamente otras 1.019 porque no se
consideraba que entraran en las competencias del artículo 39 del
reglamento. De las aceptadas, un 70% hacían referencia, precisamente, a casos de inmigración o expulsiones.
Un extremo que ha confirmado la portavoz de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, Montserrat Comas, que ha explicado que el TEDH “sólo toma medidas cautelares en casos en los que peligra la vida de una personas”.
Compuesto por el mismo número de jueces que estados miembro del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
–actualmente 47–, el examen de las demandas conoce dos etapas: la
admisibilidad y la decisión sobre el fondo del asunto. Para que la
demanda sea admitida, el reglamento del TEDH apunta que “el demandante
ha de haber agotado todas las vías de recurso internas (...) ante los
tribunales nacionales del país respectivo”. Consumida esta etapa, ya se
puede recurrir al TEDH, como hará el próximo lunes la defensa de Jordi
Sànchez. A principios de la próxima semana, el Tribunal de Estrasburgo
emitirá un primer pronunciamiento sobre el caso del expresidente de la
ANC, paso que espera el presidente del Parlament, Roger Torrent, para fijar una nueva fecha para la sesión de investidura después de suspender el pleno previsto para el lunes.
BARCELONA.- Miles de personas han salido a la calle en Barcelona, convocadas en
solitario por la ANC, para pedir a los partidos secesionistas que dejen
de pelearse y formen un gobierno de manera urgente, para implementar ya
la República proclamada el pasado 27 de octubre. En este caso Ómnium no
quiso participar en la organización, lo que sirve como ejemplo de cómo
está de desconcertado el secesionismo de base, menos unido que nunca.
La protesta, que ha recorrido el centro de Barcelona, ha
servido para presionar a las fuerzas secesionistas para que se pongan de
acuerdo. Según, la Guardia Urbana, han participado unas 45.000
personas.
“Ya no somos, ni nos sentimos ciudadanos del Reino de España,
somos y nos sentimos de la República catalana”, afirmó el vicepresidente
de la ANC, Agustí Alcoberro. La movilización exigió a los partidos que
se “pongan las pilas” y “se la jueguen” por la independencia y acabó
abroncando a los tres grupos políticos secesionistas con representación
parlamentaria, que sumaron la mayoría absoluta el 21-D. “¿Qué coño está
pasando?, ¿qué no se nos está diciendo?”, se preguntó la Asamblea, sobre
la falta de un pacto casi tres meses después de las elecciones, tras
las rectificaciones ante el juez de los dirigentes secesionistas y las
continuas peleas internas entre las formaciones.
A la
protesta han acudido dirigentes de los tres partidos interpelados,
JxCat, ERC y la CUP, aunque quien más presión soportará en los próximos
días serán los anticapitalistas, pues son de momento quienes no avalan
el principio de acuerdo propuesto por sus socios y de ellos depende el
resultado de la votación en el pleno de investidura.
La ANC es próxima a
Junts per Catalunya y no ha disimulado esta posición, pues en los
discursos tras la manifestación hubo reproches directos hacia los
republicanos. "¿Un candidato efectivo?”, preguntó el miembro del
secretariado nacional de la ANC, Jordi Pairó sobre las dudas que ha
expresado Esquerra sobre la conveniencia de que Carles Puigdemont o
Jordi Sànchez fueran los candidatos a la presidencia. ¿Efectivo es uno
aprobado por el Estado español?", disparó Pairó.
La ANC,
principal actor movilizador del independentismo, quiso presentar la
manifestación de ayer como una Diada del 11-S en plenas negociaciones
para la investidura, pero el secesionismo civil, el que ha abarrotado
las plazas en los últimos años en Cataluña, ya no está en su mejor
momento de forma. Unas 45.000 personas es casi su peor registro en una
protesta, convocada con días de antelación.
El
independentismo está en caída libre. Así lo reflejó al menos el último
CEO de la Generalitat, de hace dos semanas, que concluyó que por primera
vez desde el inicio del proceso, la opción preferida por los catalanes
en el debate territorial es el autonomismo, por delante del Estado
independiente, un botón de muestra del nivel de desmovilización del
movimiento soberanista.
La ANC buscaba ayer un acto de fuerza, de
reafirmación independentista en pleno bloqueo institucional, y no pudo
lanzar un mensaje todo lo contundente que quería. Faltó unidad, porque
Ómnium se desmarcó de la convocatoria, aunque sus líderes sí acudieron a
la protesta. Pero sí fue significativo que el día que la ANC apretó a
los partidos para no dar pasos atrás en el camino hacia la República,
trascendió que Ómnium ha tenido encuentros con el PSC y los comunes,
pues apuesta por ensanchar la base.
BARCELONA.- La defensa de Jordi Sánchez ha decidido finalmente no
presentar este lunes la la demanda con petición de cautelares que tenía
prevista ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en defensa
de su derecho a poder asistir al pleno de investidura, y presentará un
recurso de apelación ante el Supremo. Fuentes jurídicas han asegurado que "por ahora" no se presentará mañana esta petición de cautelares
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En
cambio, la defensa de Sánchez, que ha insistido en que contempla "varios
escenarios e instancias", sí presentará recurso de apelación ante la
Sala Segunda del Tribunal Supremo.
De esta forma, Sánchez trata de defender su derecho a acudir
al pleno de investidura como presidente de la Generalitat después de la
negativa a esta opción por parte del juez del Supremo Pablo Llarena.
El
presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió el viernes aplazar
indefinidamente el pleno de investidura, previsto en un principio para
mañana, a la espera de que se resolvieran las medidas cautelares que
Jordi Sànchez tenía previsto pedir mañana ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, una opción que ahora se ha
pospuesto.
La semana pasada, la defensa de Sánchez pidió
al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que pusiera fin a su
situación de prisión preventiva y también que le concediera un permiso
para acudir al pleno de investidura.
Sin embargo, Llarena
denegó a Sànchez, candidato propuesto por JxCat para ser investido
president, el permiso para acudir al Parlament al pleno convocado por
Torrent y también rechazó que saliera en libertad.
MADRID.- La historia de las infraestructuras en España se ha escrito demasiadas veces
con renglones torcidos como este. Los puertos, por ejemplo, acaban de
terminar un año récord en transporte de mercancías, con 15,9 millones de
TEU (unidad de carga que equivale a contenedores de 20 pies), pero
tienen capacidad instalada para gestionar más de 30 millones, casi el
doble, recuerda El País.
La han conseguido a golpe de inversiones multimillonarias y a
algunas obras inútiles o dañinas desde el punto de vista medioambiental,
ideadas por políticos a la caza del voto. Solo así se explica, por
ejemplo, que en Galicia haya dos puertos exteriores separados por seis millas
(11,2 kilómetros) de distancia, que han costado más de mil millones; o
que las dos terminales de carga del puerto de Barcelona gestionen
mercancías que caben en una sola.
En este reino de la improvisación hubo aeropuertos sin aviones, como el archiconocido de Castellón, pero faltan depuradoras. Por las carencias en saneamiento de 17 ciudades
el Estado tendrá que pagar una multa de la UE de 47 millones de euros y
espera otra sanción este año. Será porque las cañerías no se ven y las
torres de control sí.
Además, dentro de cada modo de transporte conviven
la aristocracia con el pueblo llano. En el ferrocarril, por ejemplo, la
larga distancia ha crecido más de un 75% en los últimos diez años en
detrimento de la inversión en cercanías, que sin embargo mueve 400
millones de viajeros con una intensidad de paso que llega a ser de un
tren cada minuto en las horas punta.
¿Qué falla? “El no planificar. No debemos convertir las
infraestructuras en una discusión política, sino en una cuestión de
Estado para mantener la competitividad en un país que tiene sus dos
mayores activos en el turismo y las exportaciones”, analiza Julián
Núñez, presidente de la patronal Seopan.
El diputado del PSOE César
Ramos también reconoce que las obras han sido “utilizadas de forma
partidista por parte de todos los Gobiernos”, incluidos los de su
formación. Núñez recuerda que se han elaborado hasta tres planes
directores en obras públicas en 12 años “que además no han fijado todas
las prioridades”.
El documento que define la estrategia vigente en la
actualidad, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024,
destaca en su análisis que el territorio tiene “un reparto modal
desequilibrado, con un claro predominio del transporte por carretera y
elevados costes externos y medioambientales”, y que hay una insuficiente
coordinación en la planificación y el desarrollo de las
infraestructuras logísticas. Eso hace que, por ejemplo, el traslado de
mercancías esté monopolizado por los camiones frente al resto de los
medios de transporte.
Pero algo tiene que cambiar cuando se avecinan decisiones muy
importantes derivadas de los presupuestos públicos y de las directrices
de Bruselas. Por una parte, los ciudadanos van a tragarse el sapo de
rescatar las autopistas radiales con una factura por ahora indeterminada
que conlleva una compensación para las concesionarias cuyo cálculo más
moderado no baja de 2.000 millones de euros. El monopolio público del
transporte de viajeros por ferrocarril de Renfe toca a su fin.
A partir de 2021 quienes se hayan constituido como empresa ferroviaria,
tengan un certificado de seguridad y hayan solicitado slots a Adif
estarán en condiciones de operar. En 2024 se extenderá esa
liberalización del tren a las llamadas “obligaciones de servicio
público”, donde las empresas competirán por el mercado en régimen de
exclusividad en servicios de pasajeros que son deficitarios pero
necesarios.
Aena, por su parte, está revisando 30 planes directores de
los aeropuertos y anunciará un plan inmobiliario y comercial para las
terminales que promete “despertar mucho interés”, según fuentes de
Fomento.
Asfalto caliente
Aunque el debate del momento está en el asfalto.
Un tercio de la red de autopistas de primera generación, construidas a
mediados de los años sesenta del siglo pasado (unos 1.100 kilómetros)
que recaudan la mitad de los peajes (unos 900 millones de un total de
1.700, en estimaciones de 2014) finalizarán su periodo de concesión
entre este año y el 2021, a caballo de dos legislaturas.
La primera vía
que será recuperada, el tramo de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava)
gestionado por Itinere, volverá al Estado en noviembre. Por él pasan
diariamente unos 17.500 vehículos.
El ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, ha anunciado que estas autopistas no volverán a salir al mercado, pero
no ha aclarado si serán gratuitas o qué hará con ellas. En cualquier
caso, cree que el escenario para el sector es “bastante atractivo este
año”, según reconocía en un desayuno de redacción celebrado hace un par
de semanas en El País.
A medio plazo no todo el mundo es tan positivo. “En 2018 está
previsto que se incremente en 11.000 millones el gasto público en
educación, protección social y sanidad. Como esto es una tendencia que
va a continuar, porque la población envejece, las inversiones públicas
no van a subir, por mucho que crezca la economía”, argumenta Julián
Núñez. Cree que es el fin del modelo “todo gratis”, que juzga como “el
más insolidario que hay. Quien usa y contamina tiene que pagar”.
El
presidente de Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan
Lazcano, coincide en que los costes sociales son prioritarios y van en
aumento, así que el reto está en cómo se va a sufragar todo lo demás.
“La conservación de las carreteras va a tener que apoyarse en el pago
por uso, porque no puede ser que la abonen todos los contribuyentes. De
cara al vencimiento de las autopistas, si levantamos las barreras y las
convertimos en gratuitas estaremos castigando la financiación de
carácter social. El Estado tiene que apoyarse en la colaboración público
privada”, pronostica. El gobierno actual, al menos, está muy abierto a
estas fórmulas.
Ante todos estos retos,
De la Serna ha propuesto al resto de partidos una reflexión conjunta
para definir las prioridades del país. Un pacto que también incluye a
los agentes sociales y que el ministro ha lanzado a mitad de mandato y
en una situación de debilidad parlamentaria.
De forma casi paralela,
Mariano Rajoy anunció en noviembre la inversión de 5.000 millones en un
plan de carreteras que se pagará en diferido, a partir de 2021, para
sortear la previsible ausencia de nuevos presupuestos, y que se basa en
una fórmula que parece casi mágica: el pago por disponibilidad.
Con ella
un Gobierno puede inaugurar obras sin que se incremente su déficit
público: las empresas construyen las carreteras y el Estado las compensa
abonando su mantenimiento durante las siguientes décadas. En este caso
serán 30 años de canon, según el esquema anunciado.
La oposición no está por la labor de coger el guante del acuerdo. En
Ciudadanos recuerdan que el PP les pasó un borrador de esa iniciativa
hace tiempo.
“Fue para cubrir el expediente. Es un documento absurdo,
según el cual habría reuniones con partidos, administraciones y
empresarios para acabar llegando al Pitvi, que es el actual plan del PP.
Les hemos trasladado nuestra negativa porque lo que queremos no es un
plan de partido, sino un plan consensuado para alejar las
infraestructuras del debate partidista”.
En el PSOE la respuesta es
parecida: “No creemos que este debate se tenga que dar este año, habría
mucha demagogia y pocas conclusiones. Si querían un acuerdo debían haber
empezado por consensuar el Plan de Carreteras, pero nos contestan que
decidir las inversiones es potestad subjetiva del Gobierno. El ministro
no quiere un gran debate, quiere compartir un problema [la decisión
sobre las autopistas]”, cree Ramos.
Podemos, por su parte, tiene un
planteamiento radicalmente opuesto al del PP.
Falta racionalidad
El tiempo corre y sigue sin despejarse una primera cuestión: cómo
determinar las prioridades sin las interferencias políticas del momento.
José Manuel Vassallo, catedrático de la Universidad Politécnica de
Madrid, echa en falta “decisiones con más racionalidad”. En otros
países, recuerda, “son comisiones técnicas elaboran las que elaboran las
prioridades fundamentales de los Estados”.
Como la red de saneamiento,
juzga que las obras menos visibles políticamente son las más necesarias
en España. “Pasa con el transporte de mercancías; las conexiones a los
puertos; la conexión transfronteriza con Francia; inversiones en agua y
algunos ámbitos de equipamiento público. En las ciudades vemos que crece
la congestión. La peatonalización por sí sola no soluciona la
movilidad, requiere inversión”. Juan Lazcano, por su parte, se felicita
del desbloqueo de los planes hidrológicos, pero pide acabar con el
abanico tan variado de fórmulas de pago en las carreteras.
En materia de puertos, José Luis Almazán, vicepresidente de la
Plataforma de Inversores en Puertos Españoles, recuerda que, tras los
excesos en la construcción, la red está ocupada “al 40% de su capacidad”
y que “hasta el presidente de Puertos reconoce que no hay necesidad de
invertir en los próximos 20 años”.
Sus demandas tienen que ver más con
nuevos servicios y formas de adaptarse al mundo que viene: “Las cadenas
logísticas integradas son muy importantes, porque operadores como Amazon
van a entrar en el sector portuario. Hace falta abrir un debate para
ver cómo nos posicionamos”.
En ferrocarriles las necesidades son otras, enumera el director de la
Asociación Ferroviaria Española, Pedro Fortea. “Para poder competir
tienes que posicionarte en tu país y mantener equilibrio en exportación y
mercado doméstico. Encontrar el equilibrio es fundamental”. Habla de
soluciones que permitan una mayor capacidad de transporte, de eficiencia
energética, conexión con otros modos de transporte y sostenibilidad.
La segunda cuestión está en cómo abordar las nuevas obras en medio
ambiente y la movilidad en las grandes ciudades sin hipotecar los
presupuestos para las próximas décadas. Cada año desde 2012, según
reconoce el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar,
el grupo Fomento (que incluye el ministerio y todas las empresas
dependientes) invierte entre 9.000 y 10.000 millones de euros.
“La mitad
se dedica a la política ferroviaria, casi un 25% a carreteras, un 11% a
puertos, el 9% a aeropuertos y un 5% a los planes de vivienda”. Ese es
el mapa de prioridades actual, porque el autobús no cuesta un euro a las
arcas públicas, ya que se articula mediante concesiones. Pero como
explican los economistas, ningún modo de transporte cubre con el precio
de los billetes la inversión de toda la obra, a menos que se incluyan
otros impactos, como los beneficios sociales, la cohesión o el
desarrollo de una población.
Y en ese punto el debate se empantana con
los eufemismos tan queridos en política.
El ministerio se decanta claramente por las llamadas fórmulas de
colaboración público privadas. Ahora tiene un amplio abanico de
posibilidades a su alcance: peajes en la sombra (las citadas autopistas
de los años sesenta), “peajes al sol”, que pagan directamente los
usuarios o el citado pago por disponibilidad, como ocurre con el tramo
Benavente-Zamora.
“Desgraciadamente, este último mecanismo no es la mejor manera de
acometer este tipo de inversiones, por mucho que se esté utilizando en
otros países (generalmente con una calidad institucional mejor que la
nuestra, por cierto)”, considera el investigador Gerard Llobet en un
elocuente artículo escrito en el blog Nadaesgratis y titulado: “De los
creadores de las radiales llegan… los pagos por disponibilidad”.
Existen
varios motivos. “Primero y más importante, ¿a quién le puede parecer
que falsear la contabilidad pública comprometiendo ingresos durante los
siguientes 30 años para reflejar un endeudamiento menor es una ventaja
para un país?”, se pregunta. Explica que una concesión que incluya en el
mismo paquete la construcción y el mantenimiento de una infraestructura
solo tiene sentido si existen sinergias entre las dos fases del
proyecto, “algo que no parece muy relevante en el caso de las
carreteras”.
Y además, recuerda, el endeudamiento privado suele ser más caro que
el público y que nadie se ha hecho la pregunta del millón: si son
carreteras necesarias. “De hecho es sintomático que el gobierno anuncie
que va a invertir 5.000 millones pero que los proyectos que se van a
llevar a cabo se determinarán más adelante”.
Por ahora se han anunciado
tres actuaciones: la circunvalación de Murcia, la autovía del
Mediterráneo entre Crevillente (Alicante) y Alhama (Murcia) y nuevos
tramos de la A-7 a su paso por Castellón. Quedan 17 actuaciones más por
definir, que estarán amparados por el plan Juncker y se pagarán, en
buena parte, con recursos del Banco Europeo de Inversiones. “Los
operadores privados solo tendrán que aportar un 20%”, anuncian en
Fomento. Fuentes del sector coinciden en que “va a levantar un gran
interés”.
Las constructoras también han fijado su mirada en la entrada en
vigor, esta misma semana, de la Ley de Contratos en el sector público,
que supuestamente nace para derribar el dominio de las grandes empresas
en las adjudicaciones. Ya no será así. Como explican en un despacho de
abogados, “la Administración ya no buscará la oferta económicamente más
ventajosa, sino la que tenga la mejor relación calidad precio”.
En este
matiz pueden viajar muchos millones de euros, ya que se primarán
aspectos que no solo tengan que ver con el precio, sino con la capacidad
técnica y la innovación. Pero lo más importante de la norma es que abre
el abanico de juego a muchas pymes ya que los contratos se dividirán en
lotes más pequeños para que haya más adjudicatarios y se estimule la
competencia.
Además, recoge por primera vez el mandato a todas las
administraciones para que incorporen criterios sociales y
medioambientales que guarden relación con el contrato. En las
concesiones, la norma define que el derecho a explotar la
infraestructura incluye que el concesionario corre con el riesgo de la
operación cuando no esté claro que el concesionario vaya a recuperar su
inversión.
Bajas temerarias
¿Y qué ocurrirá con las bajas temerarias? El valor de los contratos
deberá incluir los costes derivados de la aplicación de la normativa
laboral vigente, los de la ejecución material y los gastos generales de
estructura. Eso quiere decir que la oferta más ventajosa ya no podrá
apoyarse en salarios de miseria para los trabajadores. Sin embargo, y
aunque no se ven los recortes del hasta el 50% que se daban durante la
crisis, el secretario de Estado Gómez-Pomar reconocía esta semana que
las bajas rondan el 30%.
ALMERÍA.- Ana Julia Quezada, la dominicana pareja del padre de Gabriel Cruz, ha sido detenida esta tarde en La Puebla de Vícar como presunta autora de la muerte del niño
Gabriel Cruz después de hallarse el cuerpo del pequeño en el maletero de su coche.
Al parecer trataba de trasladar el cadáver temerosa de que pudieran encontrarlo en los numerosos rastreos que se estaban realizando.
La mujer, de origen dominicano, se convirtió en la principal sospechosa para la Guardia Civil cuando encontró una camiseta de Gabriel de forma casual cuando paseaba con el padre. Los agentes retrasaron su detención pensando que el niño podía seguir con vida.
Ana
Julia se mudó de Burgos a Las Negras, una pedanía de Níjar,
hace cinco años con su anterior pareja, un burgalés con el que montó una
cafetería en un pequeño centro comercial de Las Negras.
El
negocio llevaba abierto poco más de un año cuando la pareja rompió y
ella inició una relación con Ángel Cruz, padre de Gabriel. Hace unos
meses, la dominicana traspasó el local.
Dispositivo en torno a ella
El
arresto de la mujer se ha producido doce días después de que se
perdiera el rastro de Gabriel en el camino que une las casas de sus
abuelos y sus tíos en Las Hortichuelas de Níjar, que se convirtió el
pasado 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía, en el 'punto cero'
de la investigación de la Guardia Civil.
Tras
unas primeras horas de confusión, las pruebas de ADN confirmaron que la
camiseta hallada por Ana Julia pertenecía a Gabriel. Se trataba de la primera pista concreta sobre el niño. Los investigadores de la Guardia Civil guardaron silencio sobre las dudas que rodeaban a este hallazgo al tiempo que recababan datos sobre la posible implicación de Ana Julia en la desaparición.
No
se explicaban que la prenda encontrada por la pareja del padre hubiera
aparecido en una zona que había sido inspeccionada por voluntarios y
especialistas por encontrarse a tan solo cuatro kilómetros de Las
Hortichuelas.
La camiseta interior no figuraba entre el listado
pormenorizado que dieron los padres para ayudar en el rastreo y tampoco
parecía haber sufrido especialmente el deterioro tras días de lluvias y
mal tiempo en la zona.
Hasta su detención, Ana Julia Quezada había participado en las numerosas batidas para
buscar a Gabriel. Publicó en su perfil de redes sociales varios
mensajes e incluso hizo declaraciones a los numerosos medios de
comunicación que se desplazaron a la zona. El 1 de marzo explicó a una
reportera de 'La Mañana' de TVE que habían enseñado al niño que gritara
si se le acercaba un desconocido.
"Esa misma mañana estuvimos desayunando y salió la conversación. La abuela y yo le dijimos: 'Tú si ves un desconocido corre, eh, no te pares'. Y
mira por donde, ese mismo día desapareció el niño", aseguró a este
programa de televisión tras interrumpir unas declaraciones de Ángel
Cruz, el padre de Gabriel.
Al igual que Ángel y Patricia Ramírez,
los padres de Gabriel (ambos se separaron aunque reconocieron desde el
primer momento que tienen una buena relación), Ana Julia daba detalles
sobre la personalidad del menor, negando la posibilidad de que se
hubiera ido solo por su propia voluntad. "Gabriel sólo no se iría. No se alejaba, se marchaba de casa media hora y volvía. Le decías una hora y volvía", apuntó.
Detención en La Puebla de Vícar
Varios
coches la han seguido este domingo hasta La Puebla de Vícar, a unos 80
kilómetros al oeste de Las Hortichuelas. Cuando se encontraba a punto de
entrar en un garaje de un bloque de pisos la han sacado del turismo y
esposada. En el maletero del turismo llevaba el cuerpo sin vida de
Gabriel. Ahora se trata de determinar si en el secuestro y muerte del
pequeño Gabriel participó esta mujer o hay otras personas implicadas.
La Guardia Civil ha tomado declaración a
numerosos familiares y vecinos, entre ellos a Diego Miguel F.Z., que
fue detenido el miércoles 28 de febrero e interrogado en dependencias
policiales. Llevaba dos años acosando a la madre del niño, Patricia Ramírez, que siempre lo desvinculó de la desaparición.
Este
hombre permaneció casi 72 horas detenido y el juez lo envió a prisión
por saltarse la orden de alejamiento. El propio Ministerio del Interior
explicó que había "manipulado" la pulsera telemática que controlaba que no se acercara a Patricia.
BARCELONA.-
El presidente del Parlament, Roger
Torrent, ha criticado este domingo que las decisiones judiciales puedan
condicionar quién puede ser investido como presidente de la Generalitat
de Cataluña: "No permitiremos que quien decida quién es el presidente sean los tribunales".
"No
permitiremos que quien decida las mayorías en el Parlament, que quien
decida a quién se inviste, que quien decide quién es el presidente de la
Generalitat de Cataluña sean los tribunales, sean los jueces, y no la ciudadanía", ha avisado en una intervención durante un concierto benéfico en Vic (Barcelona).
También ha exigido que los jueces tengan "respeto institucional", después de que el juez Tribunal Supremo Pablo Llarena denegara el permiso
para que el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat,
Jordi Sànchez, acuda al pleno del Parlament para ser investido.
