lunes, 17 de septiembre de 2018

Borrell: ‘Utilizaremos el Brexit para lograr las cosas más positivas posibles para Gibraltar’


MADRID.- España utilizará la negociación del Brexit y el futuro estatus de Gibraltar para obtener "las cosas más positivas posibles" para los españoles de la zona y los que trabajan en el Peñón. 

Así lo ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien esta mañana se ha reunido con el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier, quien almuerza con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“Vamos a utilizar la negociación para obtener las cosas más positivas posibles para nuestra gente, para España y para los españoles que trabajan en Gibraltar”, ha asegurado Borrell en declaraciones a la salida del acto de balance de los cien días de Gobierno de Sánchez.
El Brexit será uno de los principales asuntos en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Consejo Europeo previsto para octubre y en la reunión informal que todos ellos mantendrán los próximos 19 y 20 de septiembre en Salzburgo (Austria).
La situación en la que quede Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la UE es uno de los puntos “importantes” que quedan abiertos en la negociación y que el propio Barnier explicó que deben quedar resueltos antes de octubre, cuando Bruselas pretende finalizar la negociación sobre el acuerdo de retirada del Reino Unido.
En su comparecencia del pasado día 13 de septiembre ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Borrell afirmó que España no utilizará las negociaciones para reclamar la soberanía del Peñón, ya que la prioridad es mejorar la situación de la zona del Campo de Gibraltar.
Esta postura no supone “ninguna renuncia” sobre la reivindicación histórica de España de recuperar el control del Peñón, pero el diálogo sobre el Brexit no es el marco adecuado, explicó entonces el ministro.
Según el jefe de la diplomacia española, Gibraltar no puede ser “el último obstáculo en el camino hacia el acuerdo del Brexit, y el objetivo debería ser que fuese “el primer paso” para ese pacto.
Entre sus principales preocupaciones sobre el Peñón, Borrell citó la pesca, la aduana, el contrabando de tabaco, el aeropuerto o la salida y entrada de trabajadores españoles y la convicción de que la colonia británica “no puede ser el tercer territorio con la renta más alta del mundo rodeada de una planicie de subdesarrollo”.
Para evitarlo, el Gobierno prepara un Plan General para el Campo de Gibraltar, con políticas activas de empleo, que dinamice la economía de la zona, explicó Borrell en la reunión de la Comisión Interministerial para el seguimiento del Brexit de finales de julio.
En ella, el ministro de Asuntos Exteriores presentó un informe especial sobre la negociación en el que identificaba tres sectores que revisten una importancia especial en el marco de las negociaciones en curso: los derechos de los ciudadanos, la aviación civil y la pesca.
Según Borrell, en cada uno de los aspectos el Gobierno trabaja con los ministerios implicados “para evaluar la situación y preparar planes de contingencia” y de los que informará a los alcaldes de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, con quienes se reúne mañana en el Ministerio.

Una ONG pide a la RAE que modifique el término ‘negro’

MADRID.- La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha solicitado a la RAE una modificación urgente del término “negro” para evitar que se sigan usando definiciones que puedan provocar discriminación a las personas, como la de “infeliz, infausto y desventurado”, que recoge el diccionario.

Así aparece en el apartado 13, mientras que en el 17 se define como “persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otro, especialmente para lucimiento y provecho de otro, especialmente en trabajos literarios”.
La red ha pedido a la RAE una modificación del término para evitar que pueda seguir usándose a los efectos de estos apartados, así como de otros “que representa dicho término en su actual voz recogida por el diccionario, recogiendo el sentir de numerosas entidades que han manifestado su oposición a términos que galvanizan una imagen negativa y dura contra las personas de color”.
Daniel Méndez, presidente de la Red, ha incidido en la idea de que “construimos con el lenguaje”, de ahí que, en su opinión, “términos que antes eran admisibles ahora deben evolucionar para evitar que el diccionario sea el escudo de quienes, con otros fines, lo usan para discriminar a las personas, caricaturizarlas y seguir apostando por una visión negativa y estigmatizada”.
Por eso, pide a la RAE una reflexión y que avance en el uso del lenguaje como “mecanismo para la igualdad”.

El Prado lanza una campaña de micromecenazgo para adquirir un cuadro de Vouet

MADRID.- El Museo del Prado ha lanzado la primera campaña de micromecenazgo, con motivo de la celebración de su Bicentenario, para que “toda la ciudadanía” pueda participar de la adquisición de ‘Retrato de niña’, de Simon Vouet, con aportaciones de a partir de cinco euros, hasta llegar a los 200.000 euros que cuesta la pieza.

Así lo ha hecho saber el director del museo, Miguel Falomir, en rueda de prensa con motivo de la presentación de la iniciativa, este lunes 17 de septiembre en Madrid. “Queremos abrir cada vez más la base de donantes del museo“, ha aseverado para añadir que “siguen reclamando una ley de micromecenazgo”. Además ha asegurado que si la iniciativa tiene éxito, “habrá mas cuadros”.
Las donaciones se podrán hacer de manera presencial, a través de una hucha situada junto a la obra (expuesta en el espacio adyacente a la Sala de las Musas) y que ha sido estrenada por el propio Falomir, o a través de la página web, mediante pago con tarjeta. 
Los donantes podrán beneficiarse de las deducciones fiscales en este caso, (una deducción de hasta el 80% en la cuota íntegra del IRPF en donaciones iguales o inferiores a 150 euros, y del 35% a partir de dicha cantidad).
“Es la manera de hacer que el Museo del Prado sea de todos, no hace falta ser millonario”, ha señalado. En cualquier caso, ha precisado que no es la primera vez que el Museo “hace partícipe a la ciudadanía” puesto que hace 100 años la institución ya puso en marcha una iniciativa conocida como “suscripción popular” que “enriqueció muchas obras”, aunque ha destacado que “se tienen que actualizar a la realidad de cada momento”.
Además, ha explicado que “todo aquel que participe y lo desee verá su nombre reconocido” en un listado donde aparecerán los nombres de donantes en la página web de la institución. El plazo para la adquisición de la obra estará abierto hasta finales de año.
En cuanto a ‘Retrato de niña’ (1620-1622), se trata de un cuadro, en buen estado de conservación, que posee “un gran interés” por su “sobresaliente calidad” y por la actitud sonriente y desenfadada de la niña, alejada de la seriedad habitual en los retratos de la época, según ha explicado el director de conservación del Museo, Andrés Úbeda.
En este sentido, ha destacado que Vouet es, junto a Claudio de Lorena y Nicolas Poussin, el más importante de todos los artistas franceses activos en Roma durante las primeras décadas del siglo XVII.
Además, ha subrayado que es una obra que “albergó muchos misterios”, primero por que es inédita, y también por que sus propietarios, residentes en España, desconocen su procedencia. 
“Es un cuadro extraño porque los retratos de esa época son más aburridos, de personajes generalmente masculinos y más mayores que ostentan altos cargos”, ha añadido.
Otra de las características en las que ha hecho hincapié es la vinculación de esta pieza con otro cuadro de Vouet que forma parte de la pinacoteca, ‘El tiempo vencido por el amor, la belleza y la esperanza’, en el que también aparece “la niña de la Paloma” que es “una representación alegórica de la belleza”.
“El Museo empezó como la Colección Real que abría sus puertas a los españoles, pero en 200 años ha adquirido una personalidad propia, y muestra de ello es la adquisición de estos dos cuadros”, ha concluido.

La bombona de butano sube casi un 5% hasta los 14,61 euros

MADRID.- El precio medio de la bombona de butano subirá un 4,95% a partir de este martes, hasta los 14,61 euros, frente a los 13,92 euros que cuesta actualmente.

De esta manera, el precio de la bombona de butano registrará su segunda subida consecutiva, tras el repunte del 4,9% que sufrió también en julio. En las anteriores revisiones de marzo y mayo el precio cayó un 4,9%, respectivamente.
Este aumento en el precio se debe, principalmente, al incremento de la cotización de las materias primas internacionales y los fletes durante el periodo de cálculo.
Así, el nuevo precio del butano pasará a ser de 95,1261 céntimos de euro por kilogramo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un incremento de 69 céntimos.
Las caídas del 4,9% en marzo y mayo habían interrumpido la tendencia alcista que mantenía el precio de la bombona de butano, después de que en enero repuntara un 1,6% y en noviembre de 2017 un 2,1%. No obstante, las subidas en el precio se recuperaron el pasado mes de julio.
Igualmente, en septiembre del año pasado el precio había descendido casi un 5%, después de que en las revisiones de julio, mayo, marzo y enero de 2017 se hubiera incrementado un 5%, en la de noviembre de 2016 un 4,7% y en la de septiembre un 4%, acumulando una subida desde julio de ese año de un 32%, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros.
No obstante, este incremento en el precio de la bombona de butano se debió a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, se llegaron a acumular esas seis revisiones bimestrales al alza.
Pese a estas últimas subidas, el butano se encuentra lejos de los 17,5 euros que llegó a registrar en marzo de 2015, que es el tope legal fijado.
El nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de noviembre, cuando se revisará de nuevo.
El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.

La Justicia belga rechaza extraditar a España a Valtonyc

BRUSELAS.- Un juez belga rechazó hoy la euroorden de extradición contra el rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, condenado en España a una pena de tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas.

Según dijo el abogado Gonzalo Boye, que forma parte del equipo de la defensa, el juez rechazó la extradición del rapero “por falta de doble incriminación” en Bélgica, dado que los delitos de los que está acusado en España se consideran en este país “conductas atípicas”. 
En concreto, los letrados del cantante defendían que no existe el delito de enaltecimiento del terrorismo en Bélgica y en cuanto al delito de injurias a la Corona, aunque sí existe, se interpreta de acuerdo a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
“El juez rechaza la extradición en una resolución muy motivada, imaginamos que el fiscal belga la va a recurrir, pero el juez entiende que esto es libertad de expresión y que ninguna de esas frases de sus canciones tenían contenido criminal”, afirmó Boye a la salida del tribunal de Gante, encargado del caso.
Se trata de la cuarta vez que Valtònyc comparece ante la Justicia belga, después de que la vista se aplazara dos veces. “Finalmente nos han dado la razón, creo que es un gran día”, dijo Boye, y consideró que si la Justicia española “aplicara estándares democráticos” no se hubiera producido “esta situación bochornosa”.
El abogado Simon Beckaert confirmó que “el juez ha denegado la extradición y ha descartado las tres condenas. No hay enaltecimiento del terrorismo según la legislación belga; tampoco hay injurias a la corona ni amenazas por lo que no hay lugar para la extradición”. 
El abogado explicó que “ahora hay que esperar” a saber si el fiscal belga recurrirá, algo que puede hacer en un plazo de 30 días.
Sobre Valtònyc pesa aún una condena en España, por lo que “no puede volver”, dijo Boye. “Siempre es tiempo de rectificar, no basta con reducir las penas, basta con que los hechos no sean constitutivos de delito, hablamos de un concepto democrático, la libertad de expresión”, consideró.
El rapero dijo estar “muy contento” y consideró “muy triste por la gente en España que no tiene la suerte de estar ante una Justicia justa”.
“Llegaremos a los tribunales europeos de derechos humanos, crearemos un precedente y demostraremos que en España no hay libertad de expresión”, agregó.
El rapero mallorquín no se presentó ante la Audiencia Nacional el pasado 24 de mayo, cuando concluía el plazo dado por la Justicia española para entrar en prisión, y decidió huir a Bélgica.

Ana Julia Quezada será juzgada por asesinato, pero no por detención ilegal

ALMERÍA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería, Rafael Soriano, ha informado de que Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, será juzgada por un delito de asesinato y contra la integridad moral y no por detención ilegal.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Almería, Soriano ha explicado a los medios que la causa “se ha transformado de diligencias previas a ley del jurado” y ha añadido que “va a ser una comparecencia en la que se va a informar a la investigada de los hechos que se le imputan”.
“A partir de ahí empezará la instrucción de la causa de la ley del jurado, que llevará su tiempo, y esperemos que antes de fin de año esté completada y se pasará a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento”, ha dicho Soriano, que ha eludido detallar por qué Ana julia no será juzgada por detención ilegal.
Soriano ordenó en marzo pasado la prisión provisional de Quezada al considerar que asfixió al niño de 8 años -hijo de su expareja- con las manos siguiendo una “malvada voluntad”.
El caso, ocurrido en una población de la provincia de Almería (sur), despertó un gran interés mediático en España durante los doce días que Gabriel estuvo desaparecido, así como una gran conmoción nacional cuando la mujer reconoció a las fuerzas de seguridad que lo asfixió el 27 de febrero tras golpearle con un hacha.

Un millar de Mossos protestan ante la Conselleria de Interior por la falta de efectivos

BARCELONA.- Un millar de Mossos d’Esquadra se han concentrado este lunes por la mañana en Barcelona a las puertas del Departamento de Interior para protestar por la falta de efectivos y exigir mejoras salariales para el Cuerpo, coincidiendo con la reunión del Consell de la Policía, a la que asiste el conseller, Miquel Buch.

Los agentes, convocados por el movimiento Mossos S.O.S, han rodeado las calles de acceso al Departamento de Interior, situado en el paseo de Sant Joan, vestidos de paisano y con las camisetas de color negro que simbolizan sus reivindicaciones.
Tras una pancarta con el lema “Por nuestro dinero y nuestra dignidad”, los manifestantes han cortado al tráfico en uno de los carriles del paseo de Sant Joan y el tramo de la calle Diputación donde se encuentra la entrada principal a la sede de la Consellería de Interior.
Además de tirar petardos, los agentes hacen sonar silbatos al tiempo que abuchean y reciben a gritos de “fuera, fuera” a los responsables del Departamento de Interior a su llegada a la consellería.
Con esta movilización, Mossos S.O.S pretende llamar la atención sobre la falta de efectivos en el Cuerpo, lo que a su parecer está provocando un aumento de los delitos en Cataluña.
Según los convocantes de la protesta, en siete años la policía catalana no ha incorporado a nuevos agentes, lo que ha provocado una sobrecarga de trabajo en muchas comisarías, ni el Departamento está cumpliendo el acuerdo de 2008 que equiparaba el sueldo de los Mossos d’Esquadra al de otros Cuerpos como el de Bomberos.
Los agentes alertan además de que la Generalitat mantiene una deuda de 4,4 millones de euros con los agentes por el dispositivo ÀGORA, la operación antiterrorista desplegada el año pasado coincidiendo con el referéndum del 1-O que, según los policías, les obligó a hacer turnos de doce horas durante más de un mes.
El movimiento reclama además el cumplimiento del acuerdo de 2008 por el cual se equiparaba el sueldo de Mosso d’Esquadra al de otros Cuerpos, como el de Bomberos, ya que, según Mossos S.O.S., este acuerdo se viene ignorando “sistemáticamente” año tras año, pues el salario de los agentes es un 10 % menor.
En declaraciones a la prensa, un portavoz de este movimiento que no ha querido facilitar su nombre ha afirmado que la protesta supone el “pistoletazo de salida” con el que los agentes de la policía catalana quieren “decir basta” tras haber llegado a una “situación límite”.
“Queremos garantizar la seguridad ciudadana de Cataluña y recuperar nuestros derechos. Esperemos que la consellería y la dirección general hayan entendido el mensaje”, ha añadido el portavoz.

La ministra de Justicia niega la “relación profesional” con Villarejo y la Fiscalía le apoya

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha negado este lunes que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, interviniera en el procedimiento de extradición de un empresario español reclamado por Guatemala que se investiga en el caso Tándem en relación a unas anotaciones halladas al excomisario José Manuel Villarejo. Antes de eso, la propia ministra ha afirmado que no ha tenido “ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado” Villarejo en la Audiencia Nacional mientras ella era fiscal allí y ha asegurado que es “radicalmente falso” que haya mantenido una cita con él.

Delgado ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras participar en la inauguración de un curso en el Centro de Estudios Jurídicos, después de que ‘El Confidencial’ publicara que la Audiencia Nacional investiga si hubo una cita entre Villarejo y la hoy ministra. 
“Puedo decir con absoluta rotundidad que yo no he tenido ninguna participación en el expediente extradicional al que hace referencia esa información. No he tenido ninguna participación en ese expediente ni directa ni indirectamente, ni sustituyendo a un compañero o a ocho compañeros”, ha subrayado antes de recordar que ése es un extremo que se puede comprobar.
Delgado ha señalado que no puede saber a qué se refiere esa anotación de Villarejo y ha recordado que se trata de una pieza que en principio está secreta y cuyo contenido conocen los fiscales y el juez instructor, pero no ella.
La ministra ha recalcado que quería negar cualquier relación profesional con Villarejo en la Audiencia Nacional “de manera absoluta y contundente, porque “no se pueden hacer afirmaciones de este calibre sobre la participación mía en una extradición que es radical, absoluta y completamente falsa”.
Por otro lado, en una nota de prensa firmada por el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, la Fiscalía explica que a raíz de la información del diario digital ha revisado los informes sobre esa extradición y no consta “intervención alguna de la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado”.
Al parecer, dentro del caso Tándem se ha abierto una pieza secreta, bautizada como Pit, en la que se investiga el papel de Villarejo en el procedimiento de extradición del empresario naviero español Ángel Pérez-Maura. 
Según esa información, el juez Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto una anotación de un encuentro dentro del plan del comisario para recabar su apoyo en beneficio de Pérez-Maura, inmerso en un proceso dependiente de este tribunal.
El diario afirma que dentro de esa pieza se investiga si hubo una cita entre Villarejo y Delgado sobre la entrega del naviero español, reclamado por Guatemala y que finalmente no fue extraditado.

Delgado nunca intervino, según la Fiscalía

Con estas explicaciones la Fiscalía señala que trata de disipar las sospechas que esa información ha vertido “sobre la actuación de sus integrantes” en este procedimiento de extradición, que se tramitó en el juzgado del magistrado Ismael Moreno y cuya vista recayó en la sección cuarta de lo penal.
Asegura así que según “la documentación obrante en la causa y las constancias informáticas de Fiscalía”, los informes fiscales de este procedimiento “fueron emitidos únicamente por los fiscales asignados a la misma, no existiendo informe ni intervención alguna de la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado”.
“La intervención de los fiscales en el procedimiento se llevó a cabo con la misma profesionalidad, rigor y competencia que vienen desarrollando todos los fiscales de la Audiencia Nacional en los difíciles, complejos y delicados asuntos que tienen asignados, siempre desde el más absoluto respeto al principio de legalidad”, afirma la nota.
Y destaca que los criterios que mantuvo la Fiscalía respecto a la extradición de Pérez-Maura los asumió el tribunal que resolvió el procedimiento.
Para ilustrar estas afirmaciones y en aras de una “mayor transparencia”, la Fiscalía ha adjuntado a la nota de prensa un relato de las actuaciones realizadas en este procedimiento.
Así, explica que el expediente de extradición se abrió el 27 de abril de 2016 en el juzgado central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que lleva el magistrado Ismael Moreno.
En julio de ese año, afirma, el fiscal encargado del caso solicitó el archivo de las actuaciones porque Guatemala no había remitido a la Audiencia Nacional la documentación extradicional dentro de los plazos legales.
Así, a petición de la Fiscalía, Moreno archivó provisionalmente en agosto de 2016 el expediente de extradición y un año después, en julio de 2017, lo reabrió tras recibirse “una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores” quedando “a la espera de recibir el acuerdo del Gobierno para continuar el procedimiento en vía judicial”.
Según informa la Fiscalía, en vista de que las autoridades de Guatemala seguían sin enviar la documentación explicando los motivos por los que pedía su entrega, en octubre de 2017 se volvió a archivar el expediente.
El siguiente paso que detalla el ministerio público, sin explicar cuándo se volvió a reabrir el expediente, es la comparecencia el pasado febrero del empresario ante el juez, en la que se opuso a ser entregado a Guatemala.
En ese momento, ante la negativa de Pérez-Maura de ser entregado y siguiendo el procedimiento establecido, el magistrado acordó elevar las actuaciones a la Sala de lo Penal y en marzo se dio traslado a la Fiscalía del expediente para que informara a favor o en contra de la entrega, lo que hizo unos días después.
La vista de extradición se celebró el pasado 21 de mayo ante la sección cuarta, tribunal que resolvió el día 31 del mismo mes denegar la entrega de Pérez-Maura a Guatemala, explica la Fiscalía.
Villarejo se encuentra en prisión provisional investigado por una larga lista de delitos, entre los que se encuentran los de cohecho, blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Podemos apoya eliminar los aforamientos, pero pide una reforma más profunda

MADRID.- Podemos ha saludado este lunes la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar la Constitución para eliminar los aforamientos, pero cree que la reforma debe ir más allá y abordar también otros cambios como la “inviolabilidad” del rey, el blindaje de los derechos sociales o la cuestión territorial.

La coportavoz de Podemos, Noelia Vera, ha explicado en rueda de prensa que la Ejecutiva de su formación tendrá aún que debatir sobre el anuncio de Sánchez, pero ya ha anticipado que, si bien tienen una postura clara “en contra de los aforamientos”, creen que la reforma de la Constitución que se aborde tiene que ir “mucho más allá“. 
“Saludamos la medida con alegría”, ha dicho para añadir que si se abre ese debate habría que ser más exigentes.
Vera ha afirmado que “la Constitución tiene que adaptarse a los tiempos que vivimos” y ha avisado de que si se toca la Carta Magna habrá que debatir también el blindaje de los derechos sociales como la sanidad, la vivienda y la educación.
En cualquier caso, no ha querido condicionar su apoyo a la reforma constitucional que propone Sánchez a esas otras medidas. “No queremos privilegios para nadie, todo el mundo tiene que ser juzgado de la misma forma, pero eso implica también ver por qué no se puede juzgar al rey emérito” por supuestos “casos relacionados con corrupción”, ha insistido.
Aunque Vera ha dejado claro que aún tienen que debatir sobre este asunto, no es la primera vez que Podemos se posiciona al respecto. Ya lo hizo cuando Ciudadanos propuso una reforma constitucional para eliminar los aforamientos.
En marzo de 2017 fue la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien admitió su sintonía en la necesidad de suprimir los aforamientos, pero insistió en que todo lo que implique una reforma constitucional debe decidirse en un referéndum.
“Me parecería inaudito que en este país después de lo que ha llovido se pretendiera hurtar a los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre una reforma constitucional”, dijo entonces la portavoz de Unidos Podemos.
Montero explicó que admitirían incluso que ese referéndum fuera únicamente sobre el asunto concreto de los aforamientos, aunque también consideró que si se abordaba una reforma constitucional “quizá sería un buen momento para someter a votación popular la reforma del artículo 135”.

Las ‘lecciones separatistas’ de libros de texto catalanes que ignoraron PP y PSOE

MADRID.- El Ministerio de Educación, a cargo del entonces ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo, pidió el pasado febrero de 2017 a la Alta Inspección del Estado un “informe detallado” para comprobar si algunos libros de texto catalanes de Primaria contenían “planteamientos ideológicos partidistas”. 

El informe, que permanece en un cajón ignorado por los dos ministros de Cultura que España ha tenido desde entonces, subraya los ideales separatistas existentes en ciertas publicaciones, donde apenas menciona al Estado y se olvida de las Cortes Generales, tal y como denuncia este lunes El Mundo.
El entonces secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, anunció los planes de actuación, que se produjeron tras la denuncia del sindicato catalán de profesores Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) sobre “falta de rigor” en algunos de los contenidos de estos libros de texto.
Tras revisar 19 libros de “Conocimiento del medio” de 5º y 6º de Primaria de alumnos catalanes de 10 y 12 años, el informe asegura que “en muchos de ellos se han detectado planteamientos ideológicos que sólo defienden determinados partidos políticos, que lo hacen aunque no sean planteamientos acordes con nuestra Constitución”.
El exministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró entonces que “todos los libros de textos deben cumplir los requisitos de rigor y respeto de valores constitucionales y que la competencia de supervisar los libros es de las comunidades autónomas en su ámbito territorial, mientras que la función de Educación es subsidiaria”.
El Mundo subraya en su edición de este lunes algunos ejemplos extraídos del informe en los que se hace patente los tintes secesionistas de las editoriales. Entre ellos, destaca la editorial catalana ‘Barcanova’, que en uno de sus libros destinados a 5º de Primaria explica los ríos, montañas y clima de Cataluña, obviando el resto de la Península. 
En todo momento, el libro se refiere a la comunidad como ‘país’ y afirma que sus representantes están capacitados para “convocar referéndums para consultar a los ciudadanos sobre la conveniencia o no de aprobar determinadas leyes”.
Las conclusiones del informe son claras, pero ninguno de los dos equipos que han pasado por el ministerio desde su elaboración han publicado las conclusiones de la Alta Inspección del Estado. 
El informe alerta de que existen manuales que “contravienen los derechos, libertades y deberes fundamentales recogidos en la Constitución Española y en las leyes orgánicas educativas”. Libros que “incitan al separatismo” en Primaria, mientras que en la ESO “utilizan todos los elementos del discurso nacionalista soberanista para retorcer la historia”.
La diana, puesta inicialmente en los libros de la ESO, se amplió a Primaria y Bachillerato, con otros 21 libros de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Un total de 16 editoriales de las que no se analizó el adoctrinamiento, sino también si había un adecuado tratamiento en la atención a la diversidad o en igualdad de género.
El informe señala en sus conclusiones el “respeto generalizado” a la Constitución de todos los libros, que respetan “los principios y valores recogidos en la Constitución Española”, salvo en Cataluña, en los que se destaca “la falta de objetividad legislativa se observa en actividades, mapas y textos desarrollados, que aportan un carácter parcial y sesgado o, cuando menos, subjetivo de la realidad de España”.
La Alta Inspección del Estado llega a recomendar que ciertos de los libros (en referencia a dos manuales de Historia de España de 2º de Bachillerato) “no deben ser aplicados en el aula como libros de estudio”, ya que ofrecen una visión sesgada de la realidad histórica.
En uno de ellos, de la editorial Vicens Vives y que utiliza exclusivamente fuentes catalanas,”todas las referencias al catalanismo van acompañadas de adjetivos positivos como democracia, tolerancia, evolución, reivindicación, libertad, soberanía, progreso, autonomía…, mientras que los adjetivos que predominan en la relación de España con Cataluña son opresión, descontento, prohibición, menosprecio, autoritarismo, humillación, protestas, dictadura, ocupación, militar”.
Los libros, alerta el informe, adoctrinan e invitan al alumno a tomar partido, siempre claro está, de los que perfila como los “buenos”. En las publicaciones analizadas, se presta la ‘Guerra de Sucesión’ como un enfrentamiento entre Cataluña y España, se obvia la Carta Magna y se ensalza a formaciones como ANC y Òmnium.
La polémica está ahora en averiguar el motivo por el que el informe no ha sido tomado en cuenta por ninguno de los gobiernos. La actual ministra Isabel Celaá, afirmaba tras una pregunta de la diputada de Cs Marta Martín, que no ha encontrado el informe y que su predecesor no le informó de la existencia del mismo, dejando caer la posibilidad de que no exista. “Si no se lo dieron quizá es porque el trabajo o no está hecho o está hecho de una manera un poco…”

Casado plantea recentralizar la educación si no hay "lealtad"

MADRID.- El presidente del PP, Pablo Casado, ha planteado este lunes una recentralización de competencias educativas en el Estado, si no se consigue que la inspección educativa sea eficaz y si no existe una lealtad por parte de las autonomías que, como Cataluña, practican el "adoctrinamiento".

"Si no hay lealtad por parte de algunas autonomías para evaluar lo que están haciendo con nuestros hijos, el Estado deberá garantizar esas competencias", ha asegurado Casado, quien ha apostado porque la educación siga administrada por las autonomías, pero con una configuración establecida desde el Gobierno central.
Según ha manifestado en un debate organizado por el diario 'La Razón', esta centralización de competencias no supone "centripetar" el Estado autonómico, sino que se trata de hacer lo mismo que con la Administración de Justicia, por lo que las autonomías pueden seguir pagando el sueldo a los profesores y otras cuestiones similares.
Casado ha advertido de que no se puede vivir con la "endogamia" de que cada comunidad "elija a los profesores por su idioma" y es necesario que el Estado garantice la igualdad del sistema educativo en todo el territorio, algo que considera que cabe con el actual texto constitucional.

Los depósitos extranjeros rentan más del doble que los de la banca española

MADRID.- Quien suela consultar los ranking de los mejores depósitos a plazo fijo –que elaboran portales financieros como Rankia, HelpmyCash, Kelisto o Busconómico– se habrá percatado de que cada vez aparecen menos bancos españoles y, además, hace ya tiempo que no ocupan los primeros puestos, recuerda hoy Cinco Días

El progresivo recorte de las rentabilidades en España hasta mínimos históricos cercanos al cero –el tipo medio se sitúa en el 0,06%– ha provocado que apenas cuatro entidades nacionales se cuelen en las listas de los comparadores con ofertas muy por encima de la media que, aun así, están lejos de las remuneraciones que prometen algunos bancos en otros países de Europa. La diferencia en los intereses llega a ser de más del doble.
El que es actualmente el mejor depósito a un año, el que comercializa el banco portugués Haitong al 1,06% TAE, más que duplica el 0,40% TAE que abona el Depósito Open de Openbank a 13 meses o el 0,30% TAE a 12 meses que da Bankinter para aquellos clientes que abran la Cuenta Nómina.
A medio plazo, Wizink, participado por Värde Partners y Banco Santander, renta un 0,50% a 18 meses y un 0,65% TAE a 25 meses frente al 1,24% TAE a 24 meses que oferta el eslovaco Privatbanka, que además entrega un atractivo 1,33% TAE a 36 meses, lo mismo que el italiano Banca Sistema.
Ya a más largo plazo, 60 meses, únicamente el todavía poco conocido EBN Banco, el antiguo banco de inversión de las cajas de ahorros, hace sombra a la banca europea con un rendimiento del 1,46%. El Atlántico Europa (Portugal) paga un 1,64% y Banca Sistema, un 1,79%. Es este último banco italiano el que atesora el depósito más rentable del mercado con un 2,01% TAE pero, eso sí, a diez años.
Hoy por hoy, son los depósitos de bancos europeos que se pueden contratar a través de la plataforma Raisin los que copan las clasificaciones. Raisin ya cuenta con la colaboración de 14 entidades de toda Europa que ofrecen más de 60 productos, los cuales están protegidos por los Fondos de Garantía de Depósitos de los respectivos países, por importes de hasta 100.000 euros por titular y banco. “La rentabilidad del depósito de Privatbanka a un año multiplica por 20 la media de los depósitos en España”, destacan desde Raisin, donde en cuatro años han alcanzado la cifra de 150.000 clientes que han invertido 8.000 millones de euros. “Nuestras rentabilidades harán las delicias de los ahorradores en España ávidos de buenas noticias y alternativas para invertir sus ahorros”, aseguran. Durante el mes de septiembe regalan un bono bienvenida de hasta 200 euros en función del importe destinado a alguno de los depósitos de su plataforma.
Por otro lado, los bancos de origen extranjero que operan en España –como Crédit Agricole Consumer Finance, Banco Finantia Sofinloc o Banca Farmafactoring– buscan captar clientes con rentabilidades más altas que las de los bancos españoles.
La entidad con ficha española de origen ecuatoriano Banco Pichincha remunera un 0,80% TAE a 12 meses sin importe mínimo y la mejor oferta del luso Banca Finantia Sofinloc (BFS) es un 1,25% TAE a 60 meses, al igual que Banca Farmafactoring. La diferencia es que el primero exige cantidades a partir de 50.000 euros y el segundo, desde 10.000 euros. Por su parte, el francés Crédit Argicóle da un 1,25% TAE a 36 meses y un 0,90% a 12 meses.
“Los depósitos extranjeros que actualmente encontramos en el mercado son una de las mejores opciones para invertir”, aseguran en HelpmyCash.com, que incide en que “los tres depósitos más rentables del mercado son de origen europeo y se contratan a través de Raisn”.

Cuentas remuneradas

Tipos medios. Aunque el interés medio de las cuentas remuneradas se redujo al mínimo histórico del 0,03% en julio, según los últimos datos del Banco de España, las mejores ofertas de la banca española alcanzan el 3% TAE y el 5% TAE, lo que sirve de alternativa a los depósitos tradicionales, dado que las cuentas ofrecen la misma seguridad para los ahorros sin asumir riesgos.
Con nómina. Bankinter ofrece una rentabilidad del 5% TAE el primer año y del 2% TAE el segundo año para aquellos clientes que domicilien una nómina desde 1.000 euros al mes. El saldo máximo a remunerar es de 5.000 euros. Por su parte, Banco Santander ofrece en su Cuenta 1, 2, 3 hasta un 3% TAE si se tiene un saldo de entre 3.000 euros y 6.000 euros y se domicilia la nómina de al menos 600 euros al mes y los principales recibos.
Sin nómina. Entre las cuentas de ahorro que no exigen llevar los ingresos recurrentes destacan la que ofrece Wizink al 0,30% TAE o la Cuenta Coinc también al 0,30% sin límite de tiempo y sin permanencia. A partir del próximo 1 de octubre, la plataforma de ahorro de Bankinter rebaja el saldo máximo a remunerar de 35.000 a 10.000 euros.

Las comunidades autónomas deben al Estado 170.000 millones de euros

MADRID.- Los mecanismos extraordinarios de financiación creados en 2012 han convertido al Estado en el mayor acreedor de las autonomías. Con los préstamos concedidos a través del FLA y del resto de fondos de auxilio financiero, la Administración central ha asumido el riesgo crediticio de los gobiernos regionales. 

 Según los últimos datos certificados por el Banco de España -relativos al primer trimestre de 2018-, el Estado tiene en sus manos en torno al 60% de toda la deuda de las comunidades autónomas. Eso supone que éstas le deben a la Administración central unos 170.000 millones de euros, según recoge hoy Abc.
Con esos mecanismos extraordinarios de financiación, las autonomías han ido utilizando el dinero que recibían del Estado para hacer frente a los vencimientos de deuda que habían adquirido tiempo atrás en los mercados ordinarios. Han refinanciado su cartera de deuda; de paso, la han engordado; y su prestamista principal ha pasado a ser el Estado, como demuestran los balances oficiales.
Las comunidades que más dinero le deben al Estado en cifra absoluta son, por este orden, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía: unos 54.000, 37.000 y 26.000 millones de euros respectivamente.
Aunque en términos globales el Estado ya tiene en sus manos aproximadamente el 60% de la deuda autonómica total, hay comunidades en las que es mucho más.
Así, en el caso de la Comunidad Valenciana y Murcia es el 81,3% y el 80,6%, respectivamente.
El Estado tiene en sus manos en torno al 78% de la deuda pública andaluza, y alrededor del 75% del endeudamiento de Baleares y de Castilla-La Mancha.
En el extremo opuesto se sitúan Navarra y el País Vasco: la holgura financiera que les dan sus privilegiados regímenes forales les ha evitado endeudarse con el Estado.

El PP presentará ahora medidas para unificar los libros de texto en España

MADRID.- Los populares actuarán ahora para dar mayor uniformidad a la educación en España, tres meses después de salir del Gobierno por la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, y justo cuando El Mundo ha publicado hoy la existencia de un informe sobre los libros de texto en Primaria y Secundaria, realizado a petición del ex ministro Íñigo Méndez de Vigo, que constata tergiversaciones históricas y un incumplimiento de los principios constitucionales en Cataluña. 

El hecho de que el anterior Gobierno no reaccionara ante el contenido de este informe ha llevado hoy a la nueva dirección del PP a plantear medidas sobre educación en el Congreso para, según ha explicado en rueda de prensa, el secretario general, Teodoro García Egea, que los estudiantes reciban la misma formación, independientemente del lugar donde residan. Se trata de una "ofensiva" para reforzar las competencias del Estado en todas las autonomías sobre materias comunes, una selectividad común y mayor margen de maniobra para la Alta Inspección. En definitiva, que "el Estado esté más presente en el sistema educativo".
García Egea ha atribuido el silencio y la inacción del ex ministro popular ante este informe al hecho de que ocurrió "en unas circunstancias muy concretas", en referencia a que el Gobierno había aplicado el artículo 155 y el propio Méndez de Vigo era el responsable de la educación en Cataluña. Lo cierto es que las renuncias a actuar en el ámbito educativo son unas de las cuestiones que más ha molestado internamente en el PP.
Primero, la renuncia a aplicar la Lomce para intentar llegar a un pacto. Una de las medidas que el ex presidente Mariano Rajoy puso sobre la mesa para facilitar el apoyo del PSOE a su investidura en octubre de 2016. Y después, la promesa de garantizar la educación en castellano en Cataluña que, finalmente, tampoco llegó a materializarse pese a que se aseguró que en la inscripción se habilitaría una casilla específica para pedir la enseñanza en castellano.
"Escándalo". Así define Ciudadanos el hecho de que ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez hayan hecho público el informe de la Alta Inspección Educativa que alerta de que en Cataluña existen manuales escolares que «contravienen los derechos, libertades y deberes fundamentales recogidos en la Constitución Española y en las leyes orgánicas educativas». El Mundo desvela que el texto está en poder del Ministerio de Educación desde febrero.
La dirección de Ciudadanos está estudiando qué acciones parlamentarias va a llevar a cabo para pedir explicaciones al Gobierno. "Vamos a preguntar por qué se oculta este tipo de informe, si tiene que ver con el pacto del señor Sánchez con los separatistas, y qué piensa hacer el Gobierno. Si en esto también van a mirar hacia otro lado", ha criticado José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
El asunto ha sido abordado por el Comité Permanente del partido, el núcleo duro del mismo, y ahora será la dirección del grupo parlamentario la que determine la estrategia a llevar a cabo. "Es escandaloso que este informe estuviera en poder del anterior ministro de Educación (Méndez de Vigo) y de la actual ministra (Isabel Celaá) y que ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez se hayan atrevido a hacerlo público".
Villegas ha recordado que su formación ha preguntado en varias ocasiones al Gobierno por este asunto, "y siempre han negado la existencia del informe. Ahora nos enteramos de que existe y que denuncia situaciones gravísimas".
Precisamente en julio de 2018, Ciudadanos reclamó al Gobierno los resultados del de la Alta Inspección Educativa. Lo hizo tras nuevas denuncias de casos de adoctrinamiento en las escuelas catalanas a través de los libros de texto. Entre otras iniciativas, la portavoz de Educación, Marta Martín, preguntó al respecto a la patronal de editoriales de libros de texto (ANELE), en el marco de las comparecencias del Pacto de Estado de Educación. Por su parte, su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, realizó también una pregunta en la sesión de control del Pleno al entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, que insistió en que el informe estaba solicitado.
Desde Ciudadanos denuncian que el Ministerio de Educación ha hecho referencia a este informe de la Alta Inspección Educativa hasta en cinco ocasiones, y que esperaban el informe, pero que nunca han ofrecido información y detalles sobre el contenido o resultado del mismo.
Por su parte, Podemos se desentiende por completo de las conclusiones del informe de la Alta Inspección del Estado y rechaza cualquier intervención al respecto en aras de "rebajar la tensión en Cataluña". "No vamos a utilizar la escuela pública catalana como arma arrojadiza entre partidos políticos para tensionar el conflicto y empeorar el debate público", ha señalado Pablo Echenique, que ha evitado entrar a valorar las conclusiones sobre los libros de texto para hacer una reflexión más general.
El secretario de Organización de Podemos ha dicho que al contrario de lo que hacen "otros partidos", su formación quiere ser "responsable" y no "echar gasolina al conflicto". "No nos verán hacerlo, hay que dialogar", ha apostillado. En cualquier caso, Echenique ha defendido que el "conflicto territorial" en España sólo se podrá resolver con el reconocimiento de la "plurinacionalidad del país".

Hacienda dice que el tipo del IRPF para rentas superiores a 140.000 euros podría llegar al 52%

MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado hoy que la subida del tipo del IRPF que se está estudiando para rentas a partir de 140.000 o 150.000 euros es de "tres o cuatro puntos", con lo que el tipo máximo subiría al 51 o el 52 %.

En declaraciones a la Cadena COPE, Montero ha explicado que en la actualidad el tipo más alto -que es del 45 % a partir de 60.000 euros de renta- alcanza el 48 % en las comunidades que han llevado el tramo autonómico al máximo, y que es a ese 48 % a lo que se está planteando sumar tres o cuatro puntos.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, también afirmó este lunes que le "parece que si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora".
Montero ha negado que un tipo del 52 % sea confiscatorio y ha recordado que el contribuyente de IRPF no tributa toda la renta ganada por el último tramo, sino que a cada intervalo de renta se le aplica el tipo correspondiente.
De esta forma, ha explicado la ministra, un contribuyente con rentas superiores a 140.000 euros pagaría de media un IRPF de "en torno al 31, al 32 o al 33 %", ya que el tipo máximo del 52% solo se aplicaría a esa parte de la renta que pasa de los 140.000 euros. Es decir, que si el contribuyente tiene una renta de 150.000 euros, el tipo máximo se le aplicaría a 10.000 euros.
No obstante, Montero ha dicho que todavía se están ajustando los detalles de un subida que afectará a "un colectivo que no llega al 0,5 % de los contribuyentes".
"El rango es pequeño y la recaudación no es significativa, no tiene afán recaudatorio está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos (...) para ellos era importante plantear que las grandes rentas también van a contribuir más", ha afirmado.

Las juezas Susana Polo y Carmen Lamela se incorporan al Supremo

MADRID.- Las magistradas Susana Polo y Carmen Lamela, que procesó en la Audiencia Nacional por sedición al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero e instruyó la causa del "procés" antes de que llegara al Tribunal Supremo, se han incorporado este lunes a la Sala de lo Penal del alto tribunal.

Con sus nombramientos, ya son tres las mujeres que integran dicha Sala, cuatro años después de que la jueza Ana Ferrer ascendiese a la misma.
Además de Lamela y Polo, también ha tomado posesión de su cargo como nuevo juez de lo Penal del alto tribunal el que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, en un acto que ha estado presidido por el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
Precisamente, ha sido el presidente de la Sala Segunda de lo Penal, Manuel Marchena, quien ha intervenido en la ceremonia como padrino de Lamela, mientras que a De Porres lo ha apadrinado el juez Antonio del Moral, también de la misma Sala, y a Polo las magistradas María del Pilar Teso (Sala Tercera) y Clara Martínez (Sala Quinta).
Al acto han asistido importantes personalidades del mundo de la Justicia como el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, además de numerosos jueces y fiscales del Supremo y también de la Audiencia Nacional.
La Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Supremo también cuenta con una nueva incorporación. Dimitry Berberoff ha tomado hoy posesión como nuevo juez de esta Sala, apadrinado por los jueces José Bandrés y José Luis Requero.
El último en tomar posesión de su cargo ha sido Fernando Rodríguez Rey, nuevo fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que ha sido apadrinado por el fiscal jefe de la Sala Tercera, Pedro Crespo.

Rivera celebra y se atribuye la propuesta de Sánchez de acabar con los aforados

MADRID.- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado este lunes la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar la Constitución para eliminar los aforamientos, una propuesta que ha atribuido a la fortaleza de Cs y, sobre todo, a la presión de la sociedad, que "está harta de privilegios".

"No les puedo esconder mi satisfacción", ha dicho Rivera a los periodistas en el Congreso y ha destacado que, "después de 40 años, los privilegios de los políticos y la justicia se van a acabar".
Ha saludado que Sánchez haya cambiado de opinión, porque "hasta hoy mismo ha estado bloqueando las votaciones de su partido en diferentes comunidades autónomas", como Andalucía, Madrid o Castilla y León.
"Ya sea por la presión de Ciudadanos (...), ya sea por las encuestas, en las que parece que empieza a flojear el Gobierno y subir Ciudadanos, sea por lo que sea, me alegra que se vea forzado a cambiar de criterio", ha dicho.
Para el presidente de Cs, la votación de mañana en el Congreso de una moción de su grupo sobre la supresión de los aforamientos políticos va a ser "histórica", porque se decidirá si se inicia una reforma constitucional.
Según ha subrayado, "mañana algunos se van a hacer el harakiri judicial, algunos que han tenido el trato de favor en los aforamientos en el Supremo, en tribunales especiales, van a ver cómo pierden ese privilegio".
Y después, ha añadido, el siguiente paso es que el PSOE desbloquee también la Ley electoral para que haya listas abiertas y todos los votos valgan igual, vote a favor de la ley de Cs de limitación de mandatos y no se resista a la supresión de las diputaciones provinciales.
"En una nueva era el bipartidismo se resistía a hacer cambios. La fortaleza de Ciudadanos en la oposición y, sobre todo, la presión de la sociedad española, que no aguanta más, les obliga a rectificar incluso sus programas y sus criterios", ha destacado Rivera.

Sánchez anuncia una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que propondrá al Congreso una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de los cargos públicos.

Según ha explicado, la reforma podría entrar en vigor en solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Parlamento.
El presidente, que ha apelado a la "altura de miras" de los grupos parlamentarios para que apoyen su propuesta, ha hecho este anuncio en un acto de balance de los cien primeros días de gestión de su Ejecutivo, en el que ha estado arropado por casi todos sus ministros y dirigentes del PSOE.
Tras insistir en que la supresión de los aforamientos supondría "seguir avanzando" en la senda de la "ejemplaridad" que demanda en la actualidad la sociedad española, Sánchez ha reivindicado que ese espíritu de ejemplaridad ha caracterizado a su Gobierno desde el primero momento, así como la presentación de su moción de censura contra Mariano Rajoy.

Sociedad Civil


Sánchez, además, ha apelado a la sociedad civil: al mundo de la empresa, la cultura, el tercer sector, la ciencia y la innovación para que le ayuden a "ganar una década perdida" en España por la crisis económica y la gestión que hizo de ella el Gobierno del PP.
En un acto de balance de sus cien días de Gobierno, al que han acudido líderes empresariales, miembros del mundo de la cultura y otros representantes de la sociedad civil, Sánchez ha defendido que a todos ellos les une ese "anhelo por ganar una década tras haberla pedido y por construir un país comprometido con la justicia social y la convivencia".
Al acto han acudido el presidente del Real Madrid y del grupo ACS, Florentino Pérez; el de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; el de Telefónica, José María Álvarez Pallete; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el presidente de Iberia, Luis Gallego, y el presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril-Martorell.

También, la actriz Concha Velasco, el escritor Lorenzo Silva y los polifacéticos "los Javis", además de casi todos los ministros del Gobierno y diputados, senadores y miembros de la Ejecutiva del PSOE.
Sánchez ha reivindicado que "mucho de lo bueno que ha pasado" en España ha sido gracias a la sociedad civil y ha incidido en que "la mejor España se construye desde la suma de voluntades".
Tras declararse "plenamente consciente de los desafíos y las circunstancias" en que desempeña su labor, ha dicho también que no se va a "rendir" en su empeño de hacer que España siga avanzando.
"No me voy a rendir, seguiré apelando al acuerdo necesario para hacer avanzar a nuestro país en un proyecto a medio plazo, que no se quede en la coyuntura", ha afirmado.

Ley Mordaza


Por otro lado, Sánchez ha apostado que "derogarán" la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, la conocida por sus detractores como 'ley Mordaza'. "Vamos a avanzar en derechos, derogando la 'ley Mordaza' porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión", ha dicho.
En su discurso en la Casa de América, Pedro Sánchez no ha especificado plazos ni el alcance de la derogación de una ley de 2015, d aprobada durante la mayoría absoluta del PP, que cuenta con el rechazo frontal de Podemos y de otros partidos de izquierda y nacionalistas, muy críticos con la norma impulsada por el entonces ministro del Interior, el 'popular' Jorge Fernández Díaz.
El pasado 31 de mayo, durante el debate en el Congreso de la moción de censura planteada a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno prometió trabajar para derogar algunos artículos de la 'ley mordaza'. Es la misma tesis que defendió el 26 de junio la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, que insistió en el "compromiso" del Ejecutivo de Pedro Sánchez de avanzar en la derogación de los artículos más lesivos.
Por entonces el Grupo Parlamentario Socialista estaba a la espera de una reunión con los miembros del Gobierno para determinar si el Ministerio del Interior se planteaba reformar esa norma 'motu proprio' o dejaba el trabajo al Congreso. En todo caso, Lastra puntualizó que se haría "de la mano de los grupos".
Existen dos propuestas para reformar o derogar la citada norma: una del PSOE, que propone eliminar toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992; y otra del PNV, que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992. Los sindicatos representativos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil, que vieron reforzado su protección, apoyan la norma aunque aceptando que existe margen de mejora en su articulado.
Al ser una norma orgánica, no basta con recabar más votos a favor que en contra, sino que es imprescindible reunir la mayoría absoluta en ambas cámaras (176 diputados en el Congreso), con la particularidad de que en el Senado es el PP quien dispone de mayoría absoluta.
Si se opta por la vía del proyecto de ley del Gobierno, el proceso podría ralentizarse aún más ya que sería preciso redactar un anteproyecto de ley y someterlo a examen previo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, y luego empezar todo el procedimiento parlamentario desde el principio: toma en consideración, plazos de presentación de enmiendas, prórrogas, ponencia, etcétera.
La aprobación definitiva en marzo de 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana contó con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición. Se puso fin a 16 meses de tramitación parlamentaria en los que el texto sufrió numerosos cambios con respecto al borrador original que presentó Interior en noviembre de 2013, con aspectos en un principio muy polémicos.
La norma establece 44 razones por las que alguien puede ser sancionado con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000. El procedimiento que regula los expedientes sancionadores es una de las cuestiones más polémicas que diferentes plataformas, partidos políticos e inclusos representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado solicitan revisar.

Podemos exigirá a Sánchez paralizar la venta de armas a Arabia Saudí

MADRID.- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado este lunes que su formación exigirá al Gobierno español paralizar la venta de armas a Arabia Saudí y ha recordado al Ejecutivo socialista que no puede gobernar sólo y que los presupuestos dependen del apoyo de la formación morada, que está dispuesta a "arrimar el hombro".

En una entrevista en TVE coincidiendo con el balance que iba a hacer este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Iglesias ha afirmado que ve "sensato" acabar la legislatura y que eso depende de que haya presupuestos, lo que a su vez dependerá de que el Ejecutivo negocie con Unidos Podemos y el resto de fuerzas que apoyaron la moción de censura (PDeCAT, ERC y PNV).
Preguntado por si va exigir paralizar la venta de armas a Arabia Saudí, el secretario general de Podemos ha respondido:
"Es una exigencia nuestra, como le vamos a exigir que considere el reconocimiento del Estado palestino. Por desgracia nosotros no gobernamos. Ahora bien, ¿el Gobierno puede gobernar sólo?, no, si no hay presupuestos el Gobierno no puede gobernar. Vamos a intentar negociar aspectos que tengan que ver con la política económica y con la política internacional también".
Tras apuntar que es "grave" la venta de armas a Arabia Saudí y que en este asunto el Gobierno ha cometido la incoherencia de "decir una cosa y hacer otra", Iglesias ha criticado que el Ejecutivo diga que las bombas "de alta precisión no matan civiles", cuando se ha demostrado que es así.
Ha abogado por un modelo que no haga depender el trabajo en los astilleros de la venta de armas "a una dictadura" y en el caso del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' le ha justificado al señalar que entiende que "tiene que decir cosas que antes no decía" y que, en todo caso, la competencia en este asunto es del Gobierno y su posición es diferente.
De momento, Iglesias está satisfecho de las negociaciones con el Gobierno y de haber logrado acuerdos para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC o que acaben los recortes en educación, pero reclama además justicia fiscal, que se elimine el copago famaceútico, que suba el salario mínimo a mil euros o que se deroguen las reformas laborales.
"Sobre la base de acuerdos que beneficien a la mayor parte de la gente estamos dispuestos a mantener al Gobierno y cogobernar desde el Congreso hasta que haya elecciones" y en ese momento "saldremos a ganarlas" y "mi objetivo es ser presidente del Gobierno", ha dicho.
Iglesias ha añadido: "Ahora, como socios de Gobierno estamos dispuestos a arrimar el hombro para que las cosas sigan cambiando España".
También ha celebrado que los argumentos de Podemos pasen a ser los del Gobierno y que se haya aceptado bajar los impuestos a la clase trabajadora y los autónomos.
Asimismo, ha abogado porque en el impuesto de sociedades los tipos reales pasen a ser nominales y ha defendido una tasa a las transacciones financieras para ayudar a que España tenga un "suelo de ingresos".
Medidas que son "condición de posibilidad" para que haya presupuestos, según Iglesias, quien ha augurado que tras las próximas elecciones habrá un Gobierno de coalición, ya sea entre dos formaciones de derechas o extrema derecha, o dos fuerzas progresistas.

La deuda empieza a ser un serio problema / Primo González *

Esta semana, el Tesoro lanza varias emisiones de Deuda Pública al mercado, una parte este martes, otra el jueves. La  primera se traducirá en la emisión de Letras a corto plazo y la segunda en diversas colocaciones a plazos medios y largos. La primera todavía se beneficiará de los tipos de interés negativos mientras las emisiones a tres años o más están mostrando en las últimas emisiones una cierta tendencia alcista. De hecho, las Obligaciones a 10 años en el mercado secundario se están colocando ya en torno al  1,50% o ligeramente por encima, como posiblemente suceda este jueves en el mercado primario o de emisiones.

La posición de endeudamiento del Estado  no es precisamente confortable en la medida en que ronda o supera el 100% del PIB cuando en el inicio de la crisis  la deuda del sector público representaba menos del 40% del PIB. Estamos ahora en una posición bastante  menos cómoda que hace  diez años y con  la lamentable experiencia de haber dejado transcurrir tres años con la economía en expansión, con avances del 3% del   PIB anual o superiores y sin que ello haya sido aprovechado para recortar  en alguna medida el alto grado de endeudamiento público.

Si en una etapa de crecimiento sólido como la que estamos atravesando todavía (aunque en trance de debilitarse, quizás a corto plazo) y con tipos de interés  sumamente bajos, algunos de ellos incluso negativos,  el  país no consigue domesticar la deuda, el riesgo futuro es bastante  inquietante ya que los costes financieros de la deuda y un menor grado de disponibilidad de recursos debido al menor crecimiento del PIB pueden ocasionar una espiral  de muy difícil gestión, con aumentos adicionales de deuda y crecientes dificultades para afrontar los compromisos del gasto público.

Este es el horizonte al que por desgracia se enfrenta el país en el corto y medio plazo.  Las especulaciones que  circulan estos días en medios económicos señalan que  la economía se está debilitando por diversos motivos, buena parte de ellos llegados del exterior, como la subida de los precios energéticos, los riesgos ya  más que latentes de guerra comercial, la menor actividad económica en la zona euro y, para dentro de unos meses, el  seguro desmontaje de la política monetaria fuertemente expansiva que el BCE ha estado desarrollando durante estos últimos años y que a partir de la mitad del año 2019 quizás se traduzca en las primeras subidas de tipos de interés, a imitación de lo que ya está  haciendo desde hace varios meses la Reserva Federal de Estados Unidos. Todos estos factores van a dificultar la continuidad del crecimiento económico español en el inmediato futuro.

Ante  tal estado de cosas, la política económica que desarrolle el Gobierno español no debería ir orientada a una expansión del gasto y de la fiscalidad, como ya se hizo en etapas anteriores, con  el impacto ya conocido. Lo que pide ahora el manejo de la economía es  estímulo más que  endurecimiento fiscal y, en paralelo, gasto público controlado y a ser posible orientado  hacia una mejora de la competitividad de la economía que permita contrarrestar las señales de debilidad que empiezan a ser cada vez más inquietantes.


(*) Periodista y economista