MADRID.- La reforma educativa que prepara el Gobierno prevé eliminar la regulación estatal del uso de la lengua cooficial
y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación
corresponda a las Comunidades Autónomas en las que hay lengua cooficial.
Esta supresión, afectará, entre otros aspectos a la regulación de la
exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial.
Así
consta en un documento remitido por el Ministerio de Educación a las
principales organizaciones educativas. El Gobierno ha sometido a
consulta pública otro documento sobre los principios generales de la
reforma, pero más escueto que el remitido a las organizaciones
educativas.
El nuevo texto lleva por título 'Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación',
y va acompañado de una carta del secretario de Estado Alejandro Tiana,
en la que asegura que el Ministerio quiere que la nueva norma cuente con
el "mayor consenso posible".
Eliminar
la regulación estatal de la lengua cooficial es una medida enmarcada en
el objetivo de llevar a cabo "una regulación de las competencias entre
el Estado y las CC.AA respetuosa con el marco constitucional y basada en
la cooperación y la lealtad institucional".
Por ello, también plantea
llevar a cabo una regulación acorde con la sentencia del Tribunal
Constitucional que anula el sistema establecido por la LOMCE para garantizar la escolarización en Castellano en Cataluña
y que obligaba a la Generalitat catalana a sufragar un colegio privado a
aquellos padres que solicitasen la escolarización en castellano cuando
no pudieran obtenerla en el sistema público.
Educación también plantea retomar la distribución de competencias entre
el Estado y las CCAA para la determinación del currículo de las
materias, asignado el 55/65% al Estado.
Priorizar la coeducación en los conciertos
Por otro lado, las modificaciones también plantean reforzar el principio de no discriminación por género en
el régimen de conciertos. En particular, planea eliminar la referencia a
que la educación diferenciada no se considera discriminación por género
y reforzar la prioridad en el régimen de conciertos para los centros
que se organicen bajo el principio de coeducación.
En materia de conciertos, como ya había anunciado la ministra, se eliminará a la demanda social,
recuperando una formulación no restrictiva de los poderes públicos en
la programación general de la enseñanza y se recuperará el papel del
Consejo Escolar y la administración educativa en los procedimientos de
selección y despido del profesorado.
La
reforma también prevé eliminar la posibilidad de contratar expertos
extranjeros nativos para la enseñanza de las diferentes materias del
currículo por procedimientos diferentes de los ordinarios. Además,
plantea evitar cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de
programas de enseñanzas plurilingües.
En cuanto a la asignatura de Religión,
como ya se había anunciado, no computará para la nota media en los
procesos de acceso a la universidad ni las becas, no existirá
alternativa y se dejará de considerar materia específica en Bachillerato.
Además, Educación plantea establecer un plan de repetición personalizado
para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen de esta medida y
adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición.
Propone,
igualmente, eliminar los itinerarios en la ESO, así como las reválidas
(que actualmente están suspendidas), establecer una asignatura de
valores cívicos y éticos y volver a las pruebas de acceso a la
Universidad desvinculadas y posteriores a la obtención del título de
Bachiller.
