Camps apunta a su predecesor: “Zaplana me envió al Bigotes”

MADRID.- El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps ha negado este miércoles en el juicio del caso Gürtel que ordenara una financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas electorales de 2007 y 2008 y ha dicho: “Jamás habría defendido o permitido un sistema de este tipo”.

“Nadie se ha enriquecido nunca jamás ni en mi gobierno ni en los altos cargos ni en el propio partido, imagínense el trago que estamos pasando todos porque de repente ha aparecido todo el follón este de Gürtel de gente de Madrid de una trama de empresas”, ha añadido Camps.
La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de pagos de empresarios que gozaban de adjudicaciones en la Comunidad valenciana para dichas campañas.
Francisco Camps ha asegurado que “es absurdo” que él y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino ordenasen el presunto sistema de financiación ilegal y que “nunca jamás” se reunió con empresarios ni les ordenó que pagasen actos electorales del PP. De esta forma ha negado lo declarado en el juicio por el acusado Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia.
Hoy también ha testificado Juan Cotino, que ha apuntado que “nunca” nadie le dijo que el PP estaba facturando ilegalmente actos electorales y ha dicho que no sabe si algunos empresarios, entre ellos su sobrino Vicente Cotino -acusado en el juicio-, estaban siendo beneficiados con contratos de la Administración pública. “El señor Camps nunca me dio a mí ninguna instrucción de nada en esas materias”, ha asegurado.
Francisco Camps ha negado también lo que dijo el responsable de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, el acusado Álvaro Pérez “El Bigotes”, de que quien les presentó a ambos fue el empresario Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar. Ha señalado que fue en 2002 cuando el entonces presidente del PP en Valencia y de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana se lo envió con ocasión de un evento del partido en Alicante como la persona que se iba a encargar del montaje de los actos de la formación.
En referencia a “El Bigotes” Camps ha indicado: “Cómo no voy a estar enfadadísimo con este señor después de este follón que ha organizado con el partido”. Y ha apostillado: “no ordené que se pusieran en contacto con empresarios para pagar actos y jamás en mi vida tuve reuniones con ninguno de ellos, y me extrañaría que Ricardo Costa lo hiciera aunque luego la vida te da sorpresas”.
“Ricardo Costa no solo no me dio cuenta de ninguna irregularidad, sino que cuando saltó esta cuestión yo le llamé para preguntarle ‘qué es lo que está pasando’ y me dijo: No te preocupes, presidente, esto está perfectamente ordenado. Son falsedades“, ha asegurado Camps.
Y ha añadido: “Alguien tiene que explicarnos por qué ha mentido durante 9 años a un juez del tribunal superior de justicia de Valencia (…) Durante 9 años yo a todo el mundo le escuché exactamente lo mismo: que eso no era verdad”.
En relación a la reunión que, según Costa, éste mantuvo con el extesorero del PP Luis Bárcenas en la sede nacional del partido en la que le transmitió este supuesto sistema irregular de financiación, Camps ha dicho que no es posible que se produjese porque está “completamente convencido” de que el presidente o el secretario general de la formación, que eran “sus interlocutores”, se lo hubiesen contado.
“Sinceramente, no lo sé”, ha dicho a la pregunta sobre quién llevaba los temas económicos en el partido, aunque ha supuesto que era el secretario general, entonces Costa, “como máximo responsable”.
También ha negado lo declarado por Bárcenas de que éste viajó junto con su antecesor Álvaro Lapuerta a Valencia a petición de Camps con un empresario para que ayudase a financiar al partido.
“Por ahí no apareció nadie ni pedí financiación al PP. Solo pedí dinero a José Luis Rodríguez Zapatero -entonces presidente del Gobierno de España- para financiar a la Comunidad Valenciana”, ha zanjado Camps al respecto.
Este miércoles también ha testificado el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, responsable de las grabaciones que destaparon el caso Gürtel, que ha dicho que las empresas de la red “tenían que realizar facturas falsas para poder cobrar de la Comunidad Valenciana” y que la orden partía de “responsables políticos”.
“Te van a matar con lo de Valencia”, le dijo Peñas al presunto número 2 de la trama, el acusado Pablo Crespo, cuando este le contó que debían girar a empresarios facturas falsas procedentes de actos electorales para el PP valenciano en las campañas de 2007 y 2008.

Barcelona, entre las ciudades europeas donde más cocaína se consume

BRUSELAS.- Barcelona es una de las ciudades europeas donde más cocaína se consume, según concluye un novedoso estudio publicado este miércoles que analiza las aguas residuales de 60 urbes del continente, entre ellas Valencia, Santiago de Compostela o Castellón.

Los datos están recogidos en el informe Análisis de las aguas residuales y drogas: un estudio en varias ciudades europeas, elaborado por el grupo europeo Score con la colaboración del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (EMCDDA), con sede en Lisboa.

El documento recoge los resultados del calificado como “mayor proyecto europeo realizado hasta la fecha en relación con la emergente ciencia del análisis de las aguas residuales”, que ha buscado conocer, a través de los rastros de drogas ilícitas expulsados con la orina, los hábitos de consumo de los habitantes.

Se han recogido para ello muestras de 60 ciudades europeas; aunque el estudio no incluye datos, por ejemplo, de grandes capitales como Londres o Madrid, sus responsables sostienen que los resultados “ofrecen una útil instantánea del flujo de drogas en las ciudades analizadas” y “revelan marcadas variaciones geográficas”.

En la tabla final, Barcelona aparece como líder de la clasificación en consumo diario de cocaína (965,2 miligramos por cada 1.000 personas al día), seguida de Zúrich (934,4 miligramos); la ciudad española también es primera en consumo de lunes a viernes, en tanto que los fines de semana la suiza le adelanta.

Los números reflejan una tendencia que subraya el informe: “el consumo de cocaína es más elevado en las ciudades europeas occidentales y meridionales, concretamente en ciudades de Bélgica, España y el Reino Unido”; en cambio, “es entre muy bajo e insignificante en la mayoría de las ciudades de Europa oriental”.

Dentro del análisis sobre cocaína, Valencia es la siguiente ciudad española de la lista, en decimoquinta posición sobre consumo diario (425,8 miligramos); Santiago figura en decimonoveno lugar (342,7 miligramos) y en vigésimo segunda posición se sitúa Castellón (319,5 miligramos).

En cambio, en consumo de anfetamina los niveles máximos se hallan en ciudades del norte de Europa: Eindhoven, Amberes y Saarbrücken son las primeras urbes de esta tabla, que refleja niveles muy bajos en el sur de Europa.

Mientras, el consumo de metanfetamina, “históricamente concentrado en la República Checa y Eslovaquia, parece estar presente también ahora en el este de Alemania y el norte de Europa, sobre todo en ciudades de Finlandia”, apunta el documento, que considera “muy baja o insignificante” su concentración en el resto de urbes.

Por último, el estudio sostiene que las cargas de MDMA más altas “se detectaron en ciudades de Bélgica, los Países Bajos y Noruega”.

El análisis de las aguas residuales, no obstante, no ha podido incluir datos sobre consumo de cannabis -la sustancia ilegal más consumida en Europa, según informes del EMCDDA-, porque en este tipo de estudio “plantea ciertos problemas analíticos y de muestreo”.

El tirón de Ciudadanos en las encuestas se traslada a su militancia: 56 nuevos afiliados al día

BARCELONA.- Ciudadanos está creciendo a un ritmo de 56 nuevos afiliados diarios, según datos facilitados por fuentes del partido, en un despegue que se está produciendo en todos los rincones del país, aseguran, incluidos aquellos territorios en los que no tienen representación autonómica.

Más de 26.000 afiliados en casi doce años de recorrido político han hecho de Ciudadanos una formación que se ve consolidada y lista para entrar a gobernar en el próximo ciclo electoral, espoleada, además, por unas encuestas muy favorables.

Crecen en toda España, de acuerdo con las cifras que manejan, y lo hacen de forma muy notable en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

En Cataluña lo hacen por encima del 22 por ciento, aseguran las mismas fuentes de la dirección, y en Madrid consiguen acercarse a ese porcentaje.

Sube también la afiliación, con una media en torno al 10 por ciento, en aquellas zonas donde el partido de Albert Rivera no tiene ningún agarre institucional, como es el caso de Navarra, o el País Vasco, donde Cs solo tiene un concejal, en Getxo (Vizcaya).

Además de estas dos comunidades, la formación naranja tampoco tiene presencia en los parlamentos autonómicos de Canarias, Castilla La Mancha y Galicia, pero han notado igualmente el empujón en la subida de militantes.

El partido ha acusado este crecimiento sobre todo a partir del verano, en plena crisis catalana y, precisamente, Cs lo atribuye a la forma en que ha gestionado el problema del separatismo, defendiendo una idea clara y coherente de país, como han repetido en muchas ocasiones.

De hecho, afirman que más de 4.550 personas se dieron de alta en Ciudadanos entre el 1 de septiembre pasado y el 1 de enero de 2018, lo que coincide también con la victoria de Ciudadanos en las elecciones catalanas del 21-D, que ha sido otro de los factores que ha repercutido en el incremento de ‘carnés’.

Para la formación naranja, su expansión también está relacionada con el trabajo diario en las instituciones y las medidas que han sacado adelante para mejorar la vida de las personas, como la ley de autónomos, el complemento salarial, el aumento de la baja por paternidad o la supresión del impuesto de sucesiones en Murcia y Andalucía, estimulando así la afiliación.

De todos estos datos hablará el secretario de Organización del partido, Fran Hervías, en el Consejo General de Ciudadanos del sábado, así como de las expectativas de crecimiento, teniendo en cuenta el horizonte de las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Si bien la cifra de militantes de Ciudadanos ha experimentado un subidón en los últimos meses, queda a años luz de la que manejan los partidos más veteranos: más de 865.000 militan en las filas del PP, de acuerdo con las estimaciones de los populares, y más de 190.000 en las de los socialistas.

Podemos es un punto y aparte porque cuenta con 489.358 inscritos, de los cuales la dirección morada solo considera que están activos aquellos que han participado en alguna consulta organizada por la dirección a través de Internet en el último año, con lo que el número se reduce a unos 276.000. En todo caso, a día de hoy no hay que abonar ninguna cuota para estar inscrito en el partido de Pablo Iglesias, algo que no ocurre en el resto de fuerzas políticas.

Para afiliarse a Ciudadanos hay que pagar una cuota mínima de 10 euros mensuales salvo los estudiantes, menores de veinticinco años y desempleados, que pagan cinco euros.

ERC pide que se despenalicen las injurias a la Corona y la quema de banderas

MADRID.- Esquerra Republicana (ERC) defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición de ley para derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa Real y el que establece multa por ofensas o ultrajes a España, sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas.

Los independentistas catalanes han decidido incluir el debate de toma en consideración de esta iniciativa en la sesión plenaria del próximo martes, según el orden del día acordado este martes por la Junta de Portavoces.

La portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, autora de esta propuesta presentada el pasado 10 de noviembre, alega que "la libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas libremente, y por tanto, sin censura", y que así queda recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Estados Unidos como ejemplo

Los independentistas catalanes defienden que una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión y sugiere tomar como ejemplo otros países de larga tradición democrática, como Estados Unidos, donde su derecho constitucional considera que la quema y otros actos de sacralización de la bandera norteamericana están protegidos, "en tanto que se consideran muestras de libertad de expresión".

ERC pone también como ejemplo la portada secuestrada de la revista El Jueves, en julio de 2007, con el entonces heredero de la Corona como protagonista, o la persecución al rapero mallorquín Valtònyc por sus referencias a la monarquía.

IU también lo defiende

El Código Penal contempla que las injurias a la Corona serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son. De su lado el ultraje a la bandera de España o sus comunidades conlleva una pena de multa de siete a doce meses.

Pero ERC no es el único partido que ha planteado despenalizar las injurias a la Corona o el ultraje a España. Recientemente, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, presentó en el Congreso una propuesta de reforma legal para eliminar estos dos artículos, así como los que hacen referencia al enaltecimiento del terrorismo o la vejación de representantes religiosos, por considerar que son "obsoletos" y "ambiguos" y que, además, se están utilizando para restringir la libertad de expresión.

El principal diario económico alemán, sorprendido por el conflicto con Torrent

BARCELONA/FRÁNCFORT.- El encuentro que mantuvo ayer el president del Parlament, Roger Torrent, con los directivos de habla alemana en el Círculo Ecuestre de Barcelona ha llegado a la prensa germana. El principal diario económico alemán, Handelsblatt, que abre la información con el contundente título de que "empresarios alemanes han insultado el presidente del Parlament", ha mostrado sorpresa porque lo que debía ser un encuentro habitual "ha acabado con una conmoción que ha conmovido a toda España".

"Algunos de los empresarios presentes en el encuentro aprovecharon la reunión para expresar abiertamente su descontento con los independentistas catalanes", señala. El diario ha hablado con el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, que ha expresado abiertamente que están desbordados. "La crítica que hicimos ha provocado un alud de reacciones", señala, y ha recordado que en la mañana del miércoles le han llegado 21 peticiones de entrevista.

Handelsblatt apunta que una de las causas de este impacto político de la reunión, es que los empresarios locales nunca hacen una crítica tan directa, y que además muchos de ellos han lanzado la toalla y ya no creen realista intentar frenar a los independentistas "con el argumento de la pérdida de puestos de trabajo o de inversiones".

El diario recuerda que Peters ha pedido disculpas por el "tono agresivo" de algunas intervenciones, pero que al mismo tiempo ha expresado preocupación "por la seguridad jurídica". Y añade que no existe solución a la vista, porque las elecciones catalanas "no han cambiado la situación".

"El severo president del Parlament, Torrent, se mantuvo calmado y respondió a todas las preguntas. No ofreció una solución a la crisis. Y es poco probable que la elección del preso Sànchez como jefe de Govern, que está prevista para el lunes, aclare mucho la cuestión", añade, mientras recuerda que ni siquiera está claro que el candidato a la investidura pueda salir de prisión para comparecer en el legislativo catalán.

Handelsblatt prevé que el independentismo intentará mantener el conflicto con Madrid tanto como pueda, y que por lo tanto deberá aguantar "la tensión con los inversores".

La ANC llama a manifestarse el domingo: "Queremos la República que nos prometieron"

BARCELONA.- Bajo el lema '¡Ahora República!', la Assemblea Nacional Catalana ha convocado nuevamente en las calles para este domingo 11 de marzo. El objetivo: presionar a los partidos para que se pongan de acuerdo y restablezcan la legitimidad anterior al 155 y avancen hacia la constitución de la República Catalana. 

 "Queremos que se empiece a construir la República, que es lo que nos prometieron a todos", ha asegurado Francesc Cara, coordinador de movilizaciones de la ANC. "Este cambio de chip se ha hecho irreversible", ha añadido Agustí Alcoberro, líder accidental de la entidad.

Convocada en solitario por la ANC a las cinco de la tarde, sin otras entidades soberanistas como Òmnium o la AMI, la movilización discurrirá por el Passeig de Colom de Barcelona, entre Drassanes y el Parc de la Ciutadella. El escenario estará situado en Pla de Palau, donde subirán "héroes anónimos" del 1-O. 

"Hay un montón de colectivos afectados y procesados, desde campesinos, bomberos, profesores, alcaldes hasta mecánicos y payasos," ha explicado Alcoberro, sin dar más detalles.

Según ha asegurado el líder de la ANC, el "mensaje" de la manifestación de este domingo es que hay más de dos millones de catalanes movilizados que han votado en varias ocasiones para avanzar hacia la República.

 "Nuestro deber es demostrar que hay una mayoría social que se mantiene fiel a estos principios", ha justificado. La República, ha dicho, se tiene que hacer "desde el Parlament y desde la calle".

Alcoberro ha querido denunciar las "interferencias" de la justicia en la acción parlamentaria. "Todo el proceso político está viciado desde el momento en que se encuentra bajo la losa de la justicia y la policía", ha criticado. Ha defendido que Jordi Sànchez debería tener sus derechos políticos garantizados y, por lo tanto, poder defender un programa en el hemiciclo durante el debate de investidura. Aunque su prioridad era la restitución del Govern anterior al 155, ha sostenido que "si tiene consenso suficiente, será una fórmula a valorar".

Puigdemont explicará a Europa en un libro "lo que hay en juego" a Catalunya

BARCELONA.- Carles Puigdemont publicará en septiembre un libro conversa con el periodista político de 'Vif / L'Express' Olivier Mouton que llevará por título 'La crisis catalana, una oportunidad para Europa' y que tiene como objetivo explicar "lo que hay en juego" en Catalunya.

El libro, editado por Lanoo, será traducido al francés, al neerlandés y al inglés y tiene como objetivo explicar el caso catalán en profundidad y como una "oportunidad para Europa", según la editorial, que también precisa que el cabeza de lista de Junts per Catalunya "quiere informar antes que convencer".

Puigdemont también expondrá su apuesta por una descentralización de los estados en una era de la globalización, caracterizada por el dominio de las nuevas tecnologías por encima de las relaciones humanas y políticas, añade Lanoo.

'Drets' denuncia la investigación de Montoro contra empresas afines al procés

BARCELONA.- La asociación Drets ha denunciado la investigación abierta por Hacienda contra la investigación de medios de comunicación, empresarios y periodistas por las ayudas del Govern. 

Drets denuncia que se trate de una "macroinvestigación fiscal sin exponer el motivo ni decir en qué se basa" y que los"señala" para ser "sospechosos de independentistas". 

"Eso es persecución ideológica y que quede claro; es inconstitucional", ha afirmado la asociación desde su cuenta de Twitter.

Derechos denuncia así que el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, haya requerido a las entidades del sector público de la Generalitat que informen sobre pagos o ayudas otorgadas desde el 2015 a una sesentena de personas, entidades, medios de comunicación y empresas.

El requerimiento, enviado a la interventora general, Rosa Vidal Planella, pide explícitamente que se informe de "la totalidad de los pagos efectuados" por "cualquier concepto". 

Todo apunta que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro continuaría su investigación de indicios que demuestren que el Govern invirtió fondos públicos para financiar el proceso y, de esta manera, poner los fundamentos para la imputación de un posible delito de malversación.

'Politico Europe' cuestiona el relato de que España es el mejor ejemplo del proyecto europeo

BRUSELAS.- Duele desde su mismo título: "Un 'país de ladrones' brega con la corrupción" ('Country of thieves' wrestles with corruption). El país en cuestión es España y el título es el de la "Carta desde Madrid" que escribe Guy Hedgecoe en Politico Europe, el diario más leído y más influyente entre la fauna que se mueve en Bruselas, capital de la Unión Europea. Dos frases resumen el contenido. Una, el subtítulo: "El deficiente sistema judicial y el legado del fascismo aún contaminan los partidos políticos en España". Otra: "Este es un país de chorizos y de una justicia que no funciona", dicha por el dirigente comunista Julio Anguita en el 2009 y que Hedgecoe recuerda, según ElNacional.cat de Barcelona.

La cosa es que la pieza concentra en cuatro o cinco minutos los casos de corrupción más conocidos, simplificados, en frío, tal como los ve un extranjero (el autor, irlandés, trabaja en España desde 2003). Es un puñetazo. Leer, de corrido —no aquí y allí—, que entre julio de 2015 y septiembre de 2016, 1.378 funcionarios o políticos de todos colores fueron juzgados por corrupción; que el PP tiene ahora mismo 50 casos de ídem en los tribunales; que el exsecretario general del PP de Valencia ha aceptado ante el Supremo que financió campañas electorales con dinero negro; que dos ex presidentes de Andalucía están procesados por presunta participación en una estafa con dinero público por importe de 136 millones de euros; que al tesorero de CDC le han condenado por el caso Palau (seis millones en comisiones); que España ocupa la posición 42 en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International, detrás de Costa Rica y Botsuana.... Leyéndolo todo de golpe ¿qué cara se le queda, allende los Pirineos, a un eurócrata, a un diplomático o a un euroquídam cualquiera?

Según la crónica, "los abusos cometidos en la actual España tienen sus raíces en la dictadura de Franco", que "puso en práctica lo que Paul Preston ha llamado 'pillaje institucionalizado'". De aquí a cuestionar el mito de la transición va una micra. Los comentaristas que cita el periodista apuntan en esta dirección. Las democracias surgidas del fascismo heredan las estructuras corruptas, dice uno. Remacha otro: administrar una nueva democracia es muy difícil si no es con los métodos aprendidos durante la dictadura. Añade un tercero: los mismos partidos han gobernado demasiado tiempo, han debilitado los controles y equilibrios del sistema. Se han convertido en mafias, concluye otro más.

"En España, la justicia contribuye al déficit [democrático]", explica Hedgecoe, que cita el Eurobarómetro del año pasado, que muestra que los españoles "tienen menos fe en la independencia del poder judicial que cualquiera de sus vecinos de la UE, excepto Hungría y Polonia". Para acabar de arreglarlo, recuerda la dimisión del nuevo fiscal anticorrupción después de que los papeles de Panamá revelaran que tenía activos escondidos en una empresa offshore. Encima, "la sensación que los medios de comunicación no vigilan a políticos y empresas con rigor adecuado".

No es extraño, concluye uno de los comentaristas, historiador, que los políticos españoles "experimenten la impunidad que los políticos franquistas solían experimentar".

El artículo trata del alcance de la corrupción y de sus raíces. No es un retrato completo de España, ni tampoco una pieza académica. A su tono reprobatorio, entre el regaño y la bronca, contribuye la parcialidad de los citados en la crónica, todos, digamos, "indignados": Darío Adanti y Edu Galán, director y editor del mensual satírico Mongolia; Jaume Muñoz historiador, director de L'Avenç y autor de "La España Corrupta" (prologado por Paul Preston); Joan Coscubiela, exportavoz de CSQP, y Simona Levi, dramaturga, activista y directora del Master en Derechos Civiles, Tecnopolítica y Cultura Digital de la UPF Barcelona School of Management y coautora de "Votar y cobrar - La impunidad como forma de gobierno".

“Me interesa muchísimo por qué hay tantos casos de corrupción en España y quería entenderlo”, explica Hedgecoe a El Nacional. Sobre la selección de fuentes: “no quería hablar con políticos, obviamente. No pensaba que toda la gente con quien hablé me remitiría a Franco como origen de todo. Entiendo que no es la única causa, pero es la raíz”.

El periodista no lo ha pasado muy bien: “es un tema delicado: no quieres hablar de Franco cuando hablas de España”. Otra causa de la corrupción es la concentración de poder en algunos partidos: el PSOE en Andalucía, el PP en Valencia y Madrid, CDC en Catalunya... Y otro factor son los medios, que tienen un papel importante en todo esto”.

Esta crónica, más panorámica que otras recientes, por muy incompleta y tendenciosa que se quiera, contiene hechos que afectan al mismo relato de la UE, que suele presentarse en el mundo como la institución que sostiene el periodo de paz más largo nunca conocido en el continente (Premio Nobel de Paz 2012), y se gusta señalando España como mejor muestra de los beneficios del proyecto europeo. No sólo cuestiona este marco de interpretación. Promueve el contrario. ¿Por ejemplo, como cae, en este contexto, la represión del independentismo, o la noticia de que se ha cambiado el régimen del IVA con efectos retroactivos para los centros catalanes de investigación, algunos de referencia mundial, que ahora tienen que abonar, de golpe, 20 millones de euros a Hacienda? Pues cae, como imagina cualquiera, en el contexto de la corrupción y del abuso. Estas crónicas escuecen.

La defensa de Sànchez estudia llevar la investidura al Tribunal de Derechos Humanos

BARCELONA.- El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, valora presentar una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para proteger los derechos del candidato a la presidencia de la Generalitat.

Pina se ha reunido este miércoles por la tarde con JxCat y, por separado, con el presidente del Parlament, Roger Torrent. Fuentes del grupo parlamentario han explicado a ACN que en un plazo de 24 y 48 horas se espera saber si finalmente se tomará esta medida o no. Pina ha argumentado que la situación con Sànchez es totalmente diferente a la de Carles Puigdemont, ya que el actual presidente del grupo de JxCat está preso en el Estado. En la reunión con el grupo, el abogado ha explicado que está explorando todos las caminos posibles para forzar un pronunciamiento del juez del Supremo, Pablo Llarena, a favor de Sànchez, a fin de que pueda asistir al pleno de investidura del lunes que viene.

A la reunión de JxCat han asistido la portavoz del grupo, Elsa Artadi, y el portavoz adjunto Albert Batet. Pina intentará así que Llarena permita a Sànchez asistir a la sesión de investidura, aunque le deniegue la excarcelación. Esta mañana el juez del Supremo ha dado un máximo de cinco días a las partes (Fiscalia y VOX) para pronunciarse sobre las peticiones de libertad de Sànchez, de Joaquim Forn y Jordi Cuixart.

La decisión se ha notificado este miércoles por la mañana pero el reloj empieza a correr a partir de mañana. En la fase de instrucción los fines de semana son hábiles y, por lo tanto, el plazo concluye el lunes, coincidiendo con la fecha del pleno convocado en el Parlament para investir a Sànchez. Por lo tanto, esta decisión de Llarena puede condicionar el calendario parlamentario si se agota el plazo máximo de los cinco días.
La defensa de Sànchez solicitó el martes a Llarena que lo deje en libertad o que le dé permiso para asistir al pleno de investidura. La abogada de Cuixart también presentó un escrito el martes solicitando su libertad (lo hace después de la declaración que hizo ante el juez el 11 de enero) y el lunes también reiteró la petición la defensa de Forn.

La ONU alerta el Estado que la prisión preventiva tiene que ser "el último recurso"

GINEBRA.- El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha alertado al Estado de que la prisión preventiva tendría que ser "una medida de último recurso". En la presentación del informe anual de las actividades de este órgano de Naciones Unidas, también insta a la resolución del conflicto independentista "mediante el diálogo político".

El Alto Comisionado también se muestra "consternado" por la "violencia" policial durante el 1-O. "Teniendo en cuenta lo que pareció un excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, la descripción de la acción policial el 1 de octubre de 'legal, legítima y necesaria' es cuestionable", ha afirmado Zeid Ra'ad Al Hussein. El mismo Alto Comisionado ya se mostró "perturbado" por la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado el 2 de octubre pasado.

"Uso excesivo de la fuerza"

"Ante lo que parece ser un excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, es cuestionable la caracterización que hizo el Gobierno de la actuación policial como una medida 'legal, legítima y necesaria'", ha recalcado el Alto Comisionado. También recordó a las autoridades que la detención preventiva debe ser considerada como una "medida de último recurso", e instó de nuevo a las partes a resolver la situación en Catalunya "mediante el diálogo político". 

Zeid ya trasladó el pasado 27 de febrero su preocupación acerca del presunto uso excesivo de la fuerza el pasado 1 de octubre al ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, con quien se reunió al margen de la sesión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos, en la que participó el jefe de la diplomacia española. 

En el encuentro, según relató después Dastis, Zeid le preguntó "cómo iban las investigaciones", y el ministro le respondió que "estaba en el marco de un proceso judicial".

Llarena no resolverá la libertad de Sánchez antes del pleno

BARCELONA.- El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el 'procés', ha dictado una resolución este miércoles en la que da traslado a Fiscalía y a la acusación popular, ejercida en representación de Vox, para que en un plazo de máximo de cinco días informen sobre la petición realizada por el expresidente de la ANC y número dos de JxCat, Jordi Sànchez de ser excarcelado y poder acudir el próximo día 12 al Pleno del Parlament de Cataluña convocado para debatir su investidura como president de la Generalitat. 

El plazo elegido parece indicar que Llarena frustrará la convocatoria señalada para el nuevo intento de investidura en Cataluña, fijado para las 10.00 horas del lunes.
En instrucción penal todos los días son hábiles, según han explicado fuentes jurídicas, por lo que el plazo máximo para que las acusaciones den a conocer oficialmente su postura al juez concluye el mismo lunes en el que el Pleno ha sido convocado por el presidente del Parlament, Roger Torrent.
Fuentes de Vox han señalado que tienen previsto contestar a la petición de Llarena hoy mismo o mañana. Si la Fiscalía se da la misma prisa Llarena no tendría impedimento para resolver con tiempo suficiente, si bien fuentes jurídicas consultadas señalan que aunque ya se disponga de los escritos lo habitual es dejar correr los plazos señalados y no resolver hasta que éstos se consumen.

En la misma resolución el magistrado da traslado a la Fiscalía, Vox y todas las defensas de los investigados para que se posicionen también sobre las últimas peticiones de libertad solicitadas por el exconsejero del Interior Joaquim Forn y el presidente de Ómnium Cultural Jordi Sánchez.
En su escrito, remitido a Llarena este martes tras conocer su designación como candidato de Junts per Catalunya (JcCat) a la Presidencia de la Generalitat, Sànchez argumenta que si no se le permite ir al Pleno se estarán vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente que quiere investirle.
Por ello, solicitaba al juez la "inmediata puesta en libertad provisional" y que resuelva el asunto en la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el pleno de investidura se celebrará sólo seis días después de haber sido designado candidato. En caso de no lograr la libertad provisional, Sànchez pide que se le otorguen "permisos extraordinarios para poder acudir al acto de investidura".
El abogado de Sánchez, Jordi Pina, cita en su escrito el antecedente de Juan Carlos Yoldi, que siendo preso preventivo de ETA fue autorizado por un juez en 1987 para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco.
"Desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español de 1987 supondría, con los debidos respetos, una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político", argumenta la defensa en su escrito, en el que también defiende que tal jurisprudencia, evidencia que los derechos políticos no pueden limitarse "hasta el extremo de impedir que un diputado todavía inocente" pueda presentar. 

La defensa del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat), Jordi Pina, ha presentado la tarde de este miércoles un escrito en el Tribunal Supremo para pedir que se pronuncie antes del viernes estrictamente sobre la posibilidad de ser puesto en libertad para acudir al pleno de investidura y, si no se pronuncia o su decisión es negativa, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Según han explicado fuentes jurídicas, en el caso de que el Supremo no se pronuncie sobre esta cuestión en concreto --solamente le piden este punto y no sobre la petición de libertad inmediata reclamada en un escrito anterior que está también pendiente-- o bien le niegue el derecho, acudirán al TEDH para pedir medidas cautelarísimas que decreten su libertad para poder ejercer sus derechos políticos.
Esta decisión se ha tomado después de una reunión esta tarde en el Parlament entre Pina y el presidente de la Cámara, Roger Torrent; el abogado de Jordi Sànchez se ha reunido más tarde con los diputados de JxCat Albert Batet y Elsa Artadi.

Unas 50.000 personas protestan en Madrid para pedir soluciones a la sequía en Levante

MADRID.- Cerca de 50.000 personas, según datos de la organización, se han manifestado hoy en Madrid para pedir soluciones ante la falta de agua y la sequía estructural que padecen los regantes de Alicante, Almería y Murcia, que está mermando sus producciones.

La protesta, que ha transcurrido sin incidentes pero con momentos de tensión entre los propios manifestantes, arrancó a mediodía en la Puerta de Alcalá y ha finalizado con una concentración ante la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en Atocha, donde se ha leído un manifiesto.

La manifestación -en la que ha participado el presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras- ha estado encabezada por el portavoz del Círculo del Agua, Lucas Jiménez, quien ha asegurado en declaraciones a los periodistas que esta "locura" de falta de agua es consecuencia del cese del trasvase Tajo-Segura.

En su intervención, ha recordado que ya le han trasladado al Ministerio sus propuestas y que es a éste al que le corresponde adoptar soluciones.

Ha asegurado que el Círculo del Agua -compuesto por comunidades de regantes, organizaciones agrarias, sindicatos, universidades y patronales empresariales de estas tres provincias- tiene "un compromiso claro" con el sureste español, que está "harto de promesas incumplidas". 

"No vamos a parar, aunque llueva, hasta que tengamos una solución definitiva y justa", ha incidido.

Le ha acompañado en la cabecera de la manifestación el presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), Juan Marín, quien ha calificado de "vital" y "justa" esta movilización para recordar las "muchas peticiones" que han hecho.

Marín ha valorado la respuesta de los regantes y su afluencia masiva, que demuestra la "desesperación e incertidumbre" que viven debido a que "no llegan las medidas necesarias". "Tenemos que reivindicar desde la unidad y pedir soluciones sostenibles" para un sector, el de la agricultura, que mantiene "miles de puestos de trabajo" en el sureste español, ha señalado.

La protesta ha finalizado junto a la sede del Ministerio del ramo, donde varias agricultoras han expuesto sus reivindicaciones antes de dar paso al periodista murciano Manuel Buitrago, quien ha pedido "una política del agua" sin caer en debates partidistas.

Asimismo, ha reclamado un pacto por el agua "duradero, con medidas eficaces" y que permitan mantener "la despensa" hortofrutícola de Europa. 

Según Buitrago, el agua que el sureste español pide es "una miseria" en comparación con los recursos embalsados: "Es una gota si se compara con el agua en los embalses peninsulares".

El exseleccionador español de fútbol José Antonio Camacho -murciano de nacimiento- ha tomado la palabra para recordar las principales reclamaciones del Círculo del Agua: la apertura de todas las baterías de pozos de la cuenca del Segura; admitir el riego de socorro con recursos externos a la cuenca o que las tarifas del trasvase Tajo-Segura se realicen por metro cúbico de agua consumido.

Asimismo, ha repasado las principales propuestas del Manifiesto Levantino por el Agua, que pide garantizar la perdurabilidad del Acueducto Tajo-Segura, ampliar la capacidad de las desaladoras existentes, la ejecución de obras hidráulicas que garanticen el acceso al agua en condiciones de igualdad e implementar una tarifa para regadío y hogares "justa y proporcionada" en toda España.

Con estas intervenciones ha finalizado una jornada que arrancó en Madrid en la plaza de Callao, en Cascorro y Lavapiés con el reparto de casi 30.000 kilogramos de frutas y hortalizas para sensibilizar a la población sobre el problema de falta de agua en Alicante, Almería y Murcia.

Posteriormente ha comenzado la manifestación en la Puerta de Alcalá, donde los asistentes han coreado en numerosas ocasiones la palabra "agua" y consignas como "los campos piden agua a gritos" o "se nota, se siente, el Levante está presente".

Las vuvuzelas, una batucada o los silbatos que llevaban muchos manifestantes han puesto banda sonora al recorrido, mientras que el color lo daban múltiples pancartas que recogían el lema de la concentración: "En el Levante, sin agua: desierto y paro. ¡Defendamos la huerta de Europa!".

Bruselas avisa a España: «La proporción de empleados con contratos temporales todavía es alta»

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha alertado este miércoles sobre el elevado nivel de pobreza y desigualdad en España, así como de la "generalizado" uso de contratos temporales, a pesar de que el crecimiento económico siga una senda positiva y el empleo crezca "a un ritmo sólido". 

"La situación social sigue mejorando con el crecimiento económico y del empleo, pero la desigualdad de ingresos y la proporción de población en riesgo de pobreza continúa siendo alta", afirma el Ejecutivo comunitario en un documento en el que desgrana los principales desequilibrios macroeconómicos.

Bruselas explica en el informe que en 2016 disminuyó el número de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, aunque sigue siendo alto en el caso de los desempleados, de los hogares que sobreviven con los ingresos de un sólo miembro y de los menores de edad. "Además, las políticas de familia y las prestaciones sociales, principalmente esquemas de garantía de renta, tiene una cobertura desigual y baja efectividad. Los altos niveles de desigualdad de ingresos, el abandono escolar temprano y la pobreza infantil pueden afectar negativamente a la igualdad de oportunidades", alerta el texto.

La Comisión Europea ha remarcado que la "fortaleza" de la recuperación del mercado laboral español se debe parcialmente al impacto de las reformas electorales aprobadas durante los últimos años y a la moderación salarial. 

"Ambos ayudaron a incrementar la reacción del empleo al crecimiento económico. No obstante, la tasa de desempleo sigue entre las más altas de la UE", indica Bruselas. El estudio afirma que este hecho es "especialmente cierto" para la población joven, lo que implica un "considerable potencial de capacidades sin explotar". 

El Ejecutivo comunitario también subraya que casi la mitad de los desempleados han estado en esa situación durante más de un año.

Por otro lado, el documento advierte de que el uso "generalizado" de contratos temporales puede afectar también al crecimiento de la productividad y a la desigualdad de ingresos. Asimismo, destaca que los trabajadores temporales tienen un mayor riesgo de pobreza y "tienden a acumular menos derecho a prestaciones sociales".

"Aunque los contratos indefinidos están creciendo entre los nuevos trabajadores, la proporción de empleados con contratos temporales todavía es alta", asegura la Comisión Europea en el texto, en el que justo después indica que esto afecta especialmente a los jóvenes y a los trabajadores de baja cualificación. 

"Esta perspectiva reduce los incentivos de trabajadores y empleados para invertir en formación y educación de por vida, erosionando así la formación de capital humano, lo que impide un crecimiento más rápido de la productividad", añade.

Podemos emula al PSOE y deja el Pacto educativo

MADRID.- Unidos Podemos ha decidido este miércoles abandonar las negociaciones del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que se llevan a cabo en el Congreso desde hace 15 meses, tras consultar la situación de este acuerdo con diferentes sindicatos y asociaciones de la comunidad educativa.

Los morados convocaron de "urgencia" este encuentro para valorar su continuidad en este pacto, después de que el PSOE decidiera abandonarlo este martes al considerar que la oferta de financiación para el sistema educativo propuesta por el PP era insuficiente y no cumplía con sus exigencias, que pasaban por invertir el 5% del PIB en esta materia.

"Hoy la comunidad educativa nos ha dicho que rompamos, nos ha dicho que nos vayamos y nosotros vamos a ir siempre de la mano de la comunidad educativa en todas nuestras propuestas. Así que nosotros no vamos a participar en un Pacto que, desde el principio, la comunidad educativa ha considerado un paripé", ha declarado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en la Cámara Baja, Ione Belarra.

Todos los funcionarios se suman a la equiparación salarial: médicos, profesores, auxiliares...

MADRID.- Policía y Guardia Civil acaban de levantar la veda. El hecho de que ambos cuerpos hayan logrado la equiparación salarial con respecto a los Mossos de Cataluña ha animado a otros muchos funcionarios a reclamar lo mismo. Es decir, igualar por arriba los sueldos que perciben los diferentes empleados públicos a nivel autonómico, según publica www.libremercado.com.

Tras el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada, policías y guardias civiles cobrarán un 25% más en tres años, unos 560 y 720 euros extra al mes, respectivamente, con un coste estimado para las arcas públicas próximo a los 1.100 millones de euros. Pero este colectivo no es el único que registra diferencias de salario en función de la autonomía o la administración para la que trabaje. De hecho, estas divergencias son la regla y no la excepción.

En el caso de los médicos, por ejemplo, las diferencias de retribución en términos netos oscilan entre los 1.033 y los 1.871 euros al mes, en función del puesto y la comunidad en la que trabajen. Según el secretario general de la Confederación Estatal Sindicato Médicos (CESM), Francisco Miralles, la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil constituye "un agravio comparativo clarísimo entre los funcionarios del Estado" y, por ello, reclama lo mismo para su colectivo.

En una entrevista con Redacción Médica, Miralles asegura que el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Salud son los responsables de que no haya "17 Españas" en cuanto al salario de los médicos. "Hay una diferencia brutal pese a que todos los médicos de España hacen el mismo trabajo con las mismas condiciones, la misma preparación, los mismos requisitos y los mismos méritos, por lo que debemos ganar de forma similar", aclara.

El Sindicato de Enfermería (SATSE), por su parte, demanda que "se incrementen los salarios de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia en todas las comunidades autónomas". En concreto, piden que "las enfermeras y enfermeros y fisioterapeutas empiecen a recuperar ya la pérdida de poder adquisitivo que sufren desde 2012", y que cifran en más de un 30%.

Denuncian "discriminación y agravio"

El cuerpo docente se suma, igualmente, a la equiparación de salarios, además de solicitar la recuperación del sueldo perdido desde 2010 como consecuencia de los recortes, que calculan en una caída del 20% de su poder adquisitivo. Desde el sindicato ANPE recuerdan que las diferencias a nivel autonómico pueden rondar hasta los 500 euros al mes o incluso algo más.

 Asimismo, ANPE recuerda que los docentes son un un cuerpo estatal, si bien la competencia ha sido transferida a las CCAA, por lo que solicitan la creación de una Ley del Profesorado con el fin de establecer un marco legal para avanzar hacia la homogenización de condiciones, incluidas las salariales, a nivel nacional. 

Por otro lado, inciden en que los profesores son funcionarios de nivel A, por lo que se les exige ser diplomados o licenciados, mientras que policías y guardias civiles son nivel C o D, de modo que la equiparación pactada genera un agravio comparativo entre los diferentes cuerpos.

Los funcionarios de Prisiones también se han sumado a esta demanda generalizada. El sindicato CSIF ha registrado en el Ministerio del Interior una petición de convocatoria urgente de la Mesa delegada de Instituciones Penitenciaras para que este colectivo también participe de esta equiparación salarial respecto al personal dependiente de la Generalidad de Cataluña.

Además, recuerdan que los funcionarios de Prisiones dependen del Ministerio del Interior y, por tanto, deben beneficiarse de las mejoras en las condiciones económicas que se están negociando con Policía y Guardia Civil, ya que, de lo contrario, el Gobierno "incurrirá en una discriminación hacia un colectivo de más de 23.000 personas". 

En caso de que no se atiendan sus demandas, CSIF prepara movilizaciones a nivel nacional en abril.

Este fenómeno no es nuevo. CSIF ya lanzó una campaña el pasado año para reivindicar la equiparación salarial del personal a cargo de la Administración General del Estado con los empleados públicos de las CCAA debido a que, de media, cobran un 25% menos. "Luchar por esta equiparación supone acabar con una de las mayores discriminaciones dentro de la Función pública en España. 

A lo largo de los años, se ha generado este agravio comparativo y el personal de la AGE (Ministerios, Organismos, Entes, Entidades Gestoras e Instituciones Penitenciarias) tiene hoy unas retribuciones un 25 por ciento inferiores respecto a la media de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales", según denuncia el sindicato. El número de efectivos de la AGE ronda actualmente las 230.000 personas.

Los militares también exigen al Gobierno unas retribuciones "justas y dignas"que se sitúen al nivel del resto de cuerpos de seguridad del Estado después del acuerdo alcanzado con Policía y Guardia Civil. El llamamiento lo hizo la pasada semana la asociación profesional de suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO),que denuncia que forman parte de la única profesión a la que se exige dar su vida por España,pero a cambio están "en el furgón de cola" de las retribuciones a empleados públicos.

Con los sueldos actuales, esta entidad denuncia que un teniente de las Fuerzas Armadas y un teniente de la Guardia Civil tienen más de 4.500 euros anuales de diferencia, pese a que ambos salen de la misma Academia de Zaragoza. En el caso de un cabo primero permanente, la diferencia puede superar los 5.400 euros anuales con sus homólogos de Policía y Guardia Civil.

Por último, algunos cuerpos ya han pasado de las reclamaciones a la acción. Es el caso de los funcionarios de Justicia en Galicia, que llevan casi un mes en huelga para reclamar subidas salariales con el fin de aproximarse a las retribuciones que se perciben en otras CCAA.

El objetivo del PP, «aguantar hasta Navidad»

MADRID.-La petición del líder del PSOE, Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que se someta a una moción de confianza si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha sido recibida en Génova como un «brindis al sol», revela La Razón. 

En el Ejecutivo siguen adelante con su último calendario para presentar los Presupuestos, después de ir aplazándolo a la espera de que haya un nuevo Gobierno de la Generalitat. Pero aunque no hubiera Presupuestos, opción que el discurso oficial continúa descartando, Rajoy no se someterá a una moción de confianza y la respuesta al giro socialista es que se atrevan ellos a presentar una moción de censura.

La dirección popular descarta que vuelva esa pantalla por muy mal que se les pongan las cosas por la presión de la oposición y de las encuestas, y por su soledad parlamentaria. Están convencidos de que ni hay ni habrá acuerdo en la izquierda ni de la izquierda con Ciudadanos (C's). 

La relación del PSOE con C's no se ha hecho más estrecha porque el partido de Albert Rivera haya decidido romper la cuerda con la que sostiene junto con el PP la legislatura. Todos los partidos han empezado ya a mirar a su precampaña y a sus intereses electorales y no son convenientes conjunciones que despisten al electorado, más cuando en el caso de C's su intención es seguir recogiendo votos del PP y también socialistas. 

En ese sentido, en el PP creen que su soledad parlamentaria no va a mejorar en los próximos meses, pero tampoco empeorar hasta forzar a Rajoy a disolver y convocar elecciones.

Ahora bien, es un hecho que los sondeos siguen haciendo sonar alarmas en el PP. Hasta los que manejan internamente confirman la misma tendencia al alza de Ciudadanos, en la línea de los pronósticos de los que se están publicando en distintos medios de comunicación. Aunque sin «sorpasso». 

Pero en Génova insisten en que ellos mantienen su hoja de ruta: las convenciones, los actos del partido y presentar iniciativas parlamentarias aunque las pierdan por no tener suficientes votos para sacarlas adelante.

El PP está viendo las orejas al lobo pero también creen que si aguantan hasta Navidad, incluso sin Presupuestos es probable que Rajoy pueda seguir sosteniendo el Gobierno hasta 2019, hasta agotar prácticamente la legislatura. Como hubo repetición de las que se celebraron en diciembre de 2015, y se votó otra vez en junio de 2016, Rajoy podría apurar hasta 2020, el año de la fecha simbólica de los 20 millones de personas trabajando en España que se marcó en la campaña de esas últimas generales. 

La idea de que la clave está en resistir hasta Navidad la sostienen en el argumento de que a partir de enero del año que viene todos los partidos empezarán a estar más pendientes de la campaña que del Congreso. «Si no hay Presupuestos la cosa será más difícil, dependerá de que haya otras circunstancias que hagan que la opinión pública esté pendiente de otros temas», analizan dentro del partido.

Esta semana está previsto que por fin se resuelva el relevo de Luis de Guindos en el Ministerio de Economía y Competitividad, pero Rajoy ha rebajado tanto las expectativas al respecto que ha dejado de ser tema en los cenáculos de su organización política. 

Sí están pendientes del próximo debate de las pensiones en el Congreso porque los cuadros territoriales comparten la impresión de que en esta cuestión se la están jugando, igual que también les puede penalizar, por el uso que de ello haga Ciudadanos, el problema del castellano en Cataluña.

Son dos temas «sensibles», y sobre los que en el partido están vigilantes de la acción del Gobierno porque creen que las equivocaciones les pueden «salir muy caras». En el caso de las pensiones, el Ejecutivo no tiene previsto tirar de nuevos fondos de momento, si no esperar a que haya más crecimiento económico. 

Desde el entorno de Rajoy precisan que el objetivo de ese debate no es tanto hacer anuncios de nuevas medidas como que cada partido se retrate y que el jefe del Ejecutivo «haga balance de lo que ha hecho por mantener el sistema público de pensiones en un momento económico muy complicado».

El castellano tiene casi peor arreglo una vez que el Gobierno asumió el compromiso de que utilizaría el 155 para hacer que se cumplieran las sentencias judiciales que establecen que en el 25 por ciento de las asignaturas el castellano debe ser lengua vehicular. 

De momento lo que se ha visualizado son pasos atrás por parte de distintos portavoces del Gobierno con el argumento de que quien legisla es el Parlamento catalán y de que todavía hay tiempo porque se ha ampliado el plazo para las preinscripciones escolares del año que viene. 

Pero Ciudadanos está a la espera de que venzan esos plazos e incluso aunque antes haya nuevo Gobierno de la Generalitat, es poco probable que deje pasar esta ocasión sin intentar desgastar también al Ejecutivo de Rajoy con un asunto tan sensible para el electorado tradicional del PP como la defensa de la lengua castellana en todo el territorio nacional.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno no da señales de estar tan preocupado como dentro de su partido por el aire que parece que está cogiendo la formación de Rivera. Al menos así lo trasladan sus colaboradores. No niega la tendencia al alza, pero sostiene que queda demasiado tiempo para las elecciones como para que sea indicativo el termómetro demoscópico.

El Gobierno español amplía hasta 2019 el plazo para que los sefardíes obtengan la nacionalidad

MADRID.- El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes un decreto para ampliar un año el periodo por el que los sefardíes pueden solicitar la nacionalidad española, según ha avanzado la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y han confirmado fuentes del Ministerio a El País. 

Originalmente estaba previsto que el plazo para pedir el DNI español terminara el 1 de octubre de 2018. Ahora lo hará en ese mes de 2019. Más de 6.200 personas han logrado el pasaporte de España gracias a la aprobación en 2015 de la ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, que fue presentada como una reparación histórica a los judíos expulsados de Sefarad (España) hace más de 500 años.

“Para favorecer al máximo la posible concesión de la nacionalidad española, el Gobierno estableció la posibilidad, que parece que va a tomar forma, de prorrogar por un año más el plazo, e incluso de ampliar ese plazo por razones excepcionales, humanitarias”, ha dicho Sánchez-Cortés durante una comparecencia en la comisión de Justicia del Senado. Fuentes ministeriales han confirmado posteriormente a este diario que esa opción cristalizará el viernes en la ampliación del plazo de solicitud hasta octubre de 2019.

Según ha enumerado Sánchez-Cortés, la mayoría de los solicitantes proceden de Israel, México, Colombia, Turquía o Venezuela. Así, entre 2016 y 2017 prosperaron 1.708 de las más de 4.000 peticiones recibidas. 

A estas concesiones de nacionalidad española hay que sumar las 4.302 que se otorgaron por el Real Decreto de 2 de octubre de 2015; y las 220 a los que se dieron por el Real Decreto de 5 de agosto de 2016, cuyos expedientes estaban en distintas fases de tramitación cuando entró en vigor la norma.

Por nacionalidad de origen, en 2016 la mayoría de solicitantes de la nacionalidad española eran de Israel (96), Venezuela (75) y Colombia (60). Mientras, en el año 2017, los tres primeros puestos los ocuparon solicitantes de nacionalidad venezolana (254), israelí (202) y mexicana (146).

Atendiendo a la franja de edad, en 2016 los solicitantes de entre 18 y 44 años procedían en su mayoría de Israel (40), de Venezuela (36) y de Brasil (22). En 2017, las nacionalidades predominantes fueron Venezuela (113), Israel (75) y México (71).

Además de acreditar su condición de sefardíes, los solicitantes deben superar una prueba de evaluación de conocimientos de Lengua, Cultura y Costumbres Españolas, gestionada por el Instituto Cervantes. 

La ley de 2015 ya preveía que los residentes en países de habla hispana estén exentos de esta prueba de idioma. Sin embargo, y con el objetivo de facilitar la tramitación, esa excepción se ha extendido finalmente también a los mayores de 70 años.

Los nuevos radares de Tráfico podrían entrar en servicio antes de la Semana Santa

LA CORUÑA.- Son tan pequeños que van a formar parte de la equipación que llevarán las motos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Y son tan versátiles que pueden ser colocados en casi cualquier sitio, en las propias motos, en trípodes e incluso añadidos a los guardarraíles de la carretera. Los nuevos radares láser portátiles de la DGT, que por su tamaño son más difíciles de localizar por los conductores, se utilizarán principalmente en carreteras convencionales en las que no hay controles fijos de velocidad y en los tramos en los que se considere necesario debido a su elevada siniestralidad, se relata en La Voz de Galicia.

Estos equipos están siendo sometidos ahora a un período de pruebas en la Academia de Tráfico de Mérida, donde guardias civiles de toda España adquieren destreza en su manejo. De hecho, en carreteras de Extremadura ya se han podido ver estos días algunos de estos radares instalados en guardarraíles para comprobar su funcionamiento aunque aún no denuncian.
Algunas fuentes apuntan a la posibilidad de que estos radares estén totalmente operativos este mismo mes, de manera que ya puedan ser distribuidos a las agrupaciones de Tráfico de toda España y entrar en servicio durante la Semana Santa, cuando se produce la operación con mayor número de desplazamientos de vehículos del año.
Está previsto que para Galicia vengan cinco de los 60 radares que adquirió la DGT. Irán incorporados en las nuevas motos estrenadas a principios de este año por los motoristas de Tráfico. La empresa Veloláser, que comercializa estos radares de última generación, destaca que su montaje es sencillo y rápido, y que esa operación puede realizarse en menos de un minuto. Su funcionamiento es sencillo ya que se activa a través de aplicaciones de dispositivos móviles sin cables.
Los radares Veloláser controlan velocidades de hasta 250 km/h en dos carriles y en ambos sentidos de circulación. Otra de sus características destacadas es que distingue entre las velocidades de turismos y de vehículos pesados para poder sancionar en función de los límites fijados para cada tipo de vehículo.
Quienes conocen este tipo de dispositivo láser señalan su tamaño y su versatilidad como dos de sus principales características. Aunque preferiblemente será llevado en las motos de la Guardia Civil, este equipo puede ser transportado en cualquier vehículo patrulla, desde donde podrá ser activado en el tramo de carretera que se considere necesario. 

El equipo de vigilancia de la velocidad puede ser manejado a distancia desde cualquier dispositivo móvil que se encuentre conectado al sistema mediante wifi o a través de redes 3G y 4G.
Los nuevos radares elegidos por la DGT para controlar la velocidad están preparados para funcionar de día y de noche ya que disponen de un sistema infrarrojos que permite su total operatividad en condiciones de poca visibilidad.

Bruselas alerta del alto nivel de desigualdad y pobreza en España pese a la recuperación

BERLÍN.- Berlín y Bruselas decretaron recortes y reformas para salir de la crisis, y España se ha convertido en paradigma del éxito de ese modelo en Europa: el PIB crece a ritmos del 3% y el paro ha caído del 26% al 16%. Pero el informe social de la Comisión Europea alerta de los niveles de desigualdad y del riesgo de pobreza que aquejan a la economía española, que se sitúan "entre los más altos de la UE" pese a la despampanante recuperación. Bruselas critica la temporalidad y una política social "inconsistente", con menor poder de redistribución que en el resto de la UE, tal como recoge El País, de Madrid.

El ministro Luis de Guindos se marchará un día de estos a Fráncfort como vicepresidente del BCE con un relato deslumbrante de la salida de la crisis española. España ha saneado sus bancos. Crece por encima de la media europea. Ha rebajado 10 puntos el desempleo desde máximos. Lleva cinco años acumulando superávits comerciales gracias a las publicitadísimas reformas laborales, de pensiones, de todo tipo. Todo eso es cierto. Pero el informe social de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso este periódico y que se presenta hoy en Bruselas, relata la cara b de esa recuperación. 

Y deja un puñado de cifras mucho menos llamativas: el estudio destaca que España redujo el año pasado mínimamente la desigualdad y los niveles de pobreza, que a pesar de la recuperación siguen "entre los más elevados" de la UE. Y subraya las "vulnerabilidades" de España: básicamente, niveles de deuda pública, privada y exterior estratosféricos, que pueden poner la economía española en terreno pantanoso si suben los tipos de interés.

Bruselas, en fin, alerta de que la recuperación es desigual: no ha llegado a todos los bolsillos en la misma medida. Pero aun así no cambia de recetario: "La fuerte recuperación española es una oportunidad para revitalizar las reformas", arranca el estudio. 

A pesar del fuerte crecimiento del PIB y del empleo, "la productividad crece lentamente, y la fuerte segmentación del mercado laboral [con un incremento continuo de los contratos temporales] y la inconsistente política social dan como resultado un estancamiento de la desigualdad en niveles elevados". 

Esa tendencia puede resumirse con un dato: el 20% más rico gana en España 6,6 veces más que el 20% más pobre, diferencia que se sitúa entre las más abultadas de la Unión Europea.

El estudio ofrece un dato malo por cada dato positivo del que presume el Gobierno. Pero sobre todo deja la impresión de que el Ejecutivo ha hecho sus deberes solo a medias.

Desequilibrios macro: ligera mejoría, pero vulnerabilidad. "La reducción de los desequilibrios macroeconómicos registra progresos, pero los altos niveles de deuda externa, privada y pública suponen que las vulnerabilidades siguen ahí", cita el informe. El desempleo también mejora, pero Bruselas afirma que el insoportablemente alto nivel de contratos temporales (el 26,8%, entre las peores cifras de la UE) tiene "impacto negativo tanto en la productividad como en la cohesión social".

Recomendaciones específicas a España: progresos "limitados". Bruselas hizo recomendaciones a España de índole fiscal, para el mercado laboral y para asegurar la inversión en I+D y la unidad de mercado. Los progresos, en todas las áreas, son "limitados". Se ha mejorado el marco fiscal y los contratos públicos, pero sin alardes: la Comisión no ve "riesgos inmediatos de estrés fiscal", aunque sí "riesgos elevados a medio plazo". 

Bruselas ve algún progreso en la coordinación entre los servicios de empleo, pero critica los escasos avances en los inventivos para los contratos fijos y en la puesta en marcha de los esquemas de renta garantizada, y alerta de los limitados progresos en la implementación de la ley de unidad de mercado y en las inversiones en I+D. Aplaude, eso sí, la reducción de las emisiones de gas y el avance en los objetivos de energías renovables.

Trabajadores pobres. Lo más sabroso del informe es el análisis del mercado laboral y sus consecuencias sobre los indicadores sociales, en los que España sale mal parada. "La situación social mejora pero tanto la desigualdad como el riesgo de pobreza siguen siendo muy elevados", resume, con especial hincapié en las altas tasas de abandono escolar, de pobreza infantil y de paro juvenil. 

"El uso generalizado de contratos temporales afecta negativamente a la productividad y a la desigualdad, particularmente entre los jóvenes y los trabajadores de baja cualificación", que siguen teniendo "alto riesgo de pobreza". Los incentivos para aumentar los contratos fijos no han funcionado, critica Bruselas, que prevé incrementos salariales "modestos" en 2018 y 2019, y en todo caso inferiores a la media europea.

El 27,9% de la población española está en riesgo de pobreza: al arrancar la crisis, allá por 2008, esa cifra era del 23,8%. La renta per cápita ha crecido menos que el PIB desde que empezó la recuperación: la desigualdad experimenta una leve mejoría pero evoluciona con más lentitud que la recuperación y sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Las razones son "las altas tasas de paro y la segmentación del mercado laboral", según Bruselas, que deja un último rejón: el sistema fiscal y los beneficios sociales en España "tienen un poder redistributivo bajo respecto a la media europea": reducen la desigualdad en torno a un 34%, frente a una media europea del 40%.

'Airbus' anuncia una reducción de plantilla que afectará a 850 trabajadores en España

MADRID.- Airbus ha confirmado que los ajustes en la estrategia de producción del A380 y el A400M afectarán a 3.700 puestos de trabajo en las plantas europeas, de los que 850 están en España, según el plan presentado al comité de empresa europeo este miércoles.

Las reducciones de personal en España, Alemania y Reino Unido, ya habían sido anunciadas el pasado mes de septiembre por el presidente de Airbus España, Fernando Alonso.

Según ha anunciado la compañía en un comunicado, Airbus inicia ahora un "proceso de interlocución social con los representantes de los trabajadores, a nivel tanto europeo como nacional, a fin de analizar las posibles implicaciones en el empleo de la compañía y para poner en marcha conjuntamente medidas paliativas".

En cuanto al programa del A400M, la producción se ajustará a ocho unidades al año a partir de 2020 tras una producción de quince A400M en 2018 y once unidades en 2019. Este ajuste se produce a raíz de las conversaciones que se han mantenido con las naciones clientes de lanzamiento del A400M. Por su parte, el programa de producción del A380 se ajustará a seis entregas al año.

El Tribunal Constitucional rechaza excarcelar a Jordi Sànchez para que pueda ser investido

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado excarcelar al que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual diputado electo de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez, mientras estudia el recurso de amparo que éste ha presentado contra la medida cautelar que dictó el pasado 16 de octubre contra él la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, han informado hoy fuentes jurídicas.

La pieza de suspensión de la medida cautelar que se incluyó este miércoles en el Pleno del tribunal de garantías está vinculada al recurso de amparo que presentó Sánchez tras ingresar en la prisión de Soto del Real (Madrid) y que el tribunal de garantías admitió a trámite el pasado 5 de febrero.
En un escrito que remitió al TC este martes, tras ser designado candidato a la Presidencia de la Generalitat, Sánchez solicitaba que en atención a esta nueva circunstancia se reconsidera la posibilidad de suspender la medida acordada por la juez Lamela antes del pleno de investidura fijado en el Parlament para el próximo lunes.
Esta posibilidad ha sido finalmente descartada por los magistrados del Constitucional pese a estar aún pendiente de resolverse si el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerda conceder o no a Sánchez permiso para acudir al Pleno de investidura del próximo día 12.
El magistrado ha dictado además una resolución en la que da traslado a todas las partes en el procedimiento para que informen, en un plazo máximo de cinco días, sobre la petición realizada por Sànchez para ser excarcelado y poder acudir al Pleno del Parlament.
En la misma resolución, según han señalado fuentes jurídicas, el magistrado da traslado a la Fiscalía, Vox y todas las defensas de los investigados para que se posicionen también sobre las últimas peticiones de libertad solicitadas por el exconsejero del Interior Joaquim Forn y el presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.

La brecha salarial en España, dos puntos menos que la media europea

MADRID.- La brecha salarial de género en España se situó en 2016 en el 14,2% tras haber caído más de tres puntos porcentuales desde 2011, mientras que la media de la Unión Europea en el mismo año fue del 16,2%, según los datos publicados este miércoles por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Esto significa que, por cada euro que cobraron los hombres por una hora de trabajo, las mujeres españolas ganaron 85,8 céntimos.
España fue de los países del bloque comunitario en los que más cayó la diferencia salarial entre mujeres y hombres, con una reducción 3,4 puntos porcentuales, al igual que Austria. Sólo se registraron mayores caídas en Rumanía (-4,4 puntos) y Hungría (-4 puntos). Bélgica (-3,3 puntos) y Países Bajos (-3 puntos) también consiguieron disminuciones pronunciadas.
Por contra, la brecha salarial de género creció entre 2011 y 2016 en diez Estados miembros. Portugal, con un incremento de 4,6 puntos, lidera este grupo de países, seguido de Eslovenia (+4,5 puntos), Malta (+3,3 puntos) e Italia (+3 puntos).
En el conjunto de la UE, la diferencia salarial se ha reducido en esos cinco años en apenas 0,6 puntos porcentuales, para situarse en 2016 en un 16,2%.
Los países con menor brecha salarial del bloque comunitario ese año fueron Rumanía (5,2%), Italia (5,3%), Luxemburgo (5,5%), Bélgica (6,1%), Polonia (7,2%), Eslovenia (7,8%) y Croacia (8,7%).
Sin embargo, fue especialmente alta en Estonia (25,3%), República Checa (21,8%), Alemania (21,5%), Reino Unido (21%) y Austria (20,1%).

Las demandas de divorcio bajan un 4,5% en España

MADRID.- Las demandas de disolución matrimonial (separación o divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas) presentadas en los juzgados españoles durante 2017 alcanzaron las 114.491, lo que supone una disminución del 4,5% respecto a las registradas en 2016, según datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De este modo, las cifras dadas a conocer este miércoles 7 de marzo muestran que el descenso afectó tanto al número de demandas de divorcio con un total de 109.043 (un 4,6% menos que el año anterior), como al de demandas de separación que se situaron en 5.448 (un 6,7% menos respecto a 2016).
Asimismo, la estadística del CGPJ indica que, del total de demandas de divorcio presentadas en 2017, 64.024 fueron consensuadas, lo que representa una descenso interanual del 4,7%; y 45.019 contenciosas, un 3,9% menos que el año anterior.
En cuanto a las demandas de separación, 3.687 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo (un 5,8% menos que en 2016) y otras 1.761 no consensuadas, lo que representa una disminución interanual del 8,7%. Además, según los datos aportado por el CGPJ, en 2017 se registraron 142 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 159 del año anterior.
Respecto a los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2017, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, se presentaron en los juzgados españoles 30.503 demandas de disolución matrimonial, un 4,6% menos que en el mismo periodo de 2016.
De ellas, 28.994 fueron demandas de divorcio: 16.901 de mutuo acuerdo, lo que supone un 4,7 % menos que en el cuarto trimestre del año anterior; y 12.093 no consensuadas, con una disminución interanual del 5,5 por ciento.
Las demandas de separación registradas en el cuarto trimestre fueron 1.509, de las que 1.030 eran consensuadas (un descenso interanual del 5,8%) y las otras 479 contenciosas, un 10,5% menos que en el mismo periodo de 2016. En el cuarto trimestre de 2017 se presentaron 30 demandas de nulidad.
Según los datos del órgano estatal, si se relacionan las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2017, el mayor número de demandas por cada 10.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana (28), mientras que en el otro extremo se situó Castilla y León (19,1). La media de demandas en España fue de 24,6 por cada diez mil habitantes.
Por otro lado, los datos revelan que el año pasado se presentaron 10.617 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 3,9% más que en 2016; y 34.099 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, lo que supone un aumento interanual del 0,2%.
En relación con las medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 18.492 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1,5% más que en 2016; y 28.011 de medidas no consensuadas, lo que representa una disminución interanual del 1,4%.
Así, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, se presentaron 2.872 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 4,7% más que en el mismo trimestre del año anterior; y 9.137 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, con un incremento interanual del 1,3%.
Finalmente, se registraron 4.951 procedimientos de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 1,5% más que en el último trimestre de 2016; y otros 7.432 procedimientos sobre medidas no consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 5,5%.

Román Escolano, nuevo ministro de Economía

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto a Román Escolano como nuevo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos.

Escolano tomó posesión en septiembre de 2014 de su cargo como vicepresidente y miembro del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en sustitución de la exministra socialista Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que dimitió después de su imputación definitiva en el caso de los ERE irregulares en Andalucía.

Hasta entonces, Escolano desempeñaba el cargo de presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) tras su nombramiento en enero de 2012, procedente de BBVA, donde era director de relaciones institucionales.
Desde 2000 hasta 2004 fue director del departamento de Economía del Gabinete de José María Aznar. Previamente fue asesor del secretario de Estado para las Comunidades Europeas, consejero de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tailandia y Asesor del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Además, ha sido miembro de los consejos de administración de Correos, FEVE y del ICEX. El nuevo ministro es economista y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con el número uno de su promoción.
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado un programa de alta dirección de empresas del IESE.  

Conocedor de los entresijos de Bruselas


Expresidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y hasta ahora vicepresidente del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano (Zaragoza, 1965), ha sido también directivo de BBVA y es un candidato de perfil técnico y con experiencia en los entresijos de Bruselas. Licenciado en Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid en 1988, entró a trabajar como técnico y economista del Estado en 1989. Fue asesor del Ministerio de Trabajo en la época de Javier Arenas como titular de esta cartera en el primer gabinete Aznar.
En la segunda legislatura de Aznar, mientras dirigía el departamento de Economía del gabinete del presidente del Gobierno, entra a formar parte de consejos de administración de empresas públicas como Correos, Feve o el ICEX.
Tras la llegada al poder del PSOE, Escolano se adentra en la empresa privada y en 2006 se convierte en director de Relaciones Institucionales del BBVA.
Elegido por Rajoy como presidente del Instituto de Crédito Oficial en 2012, dos años después fue nombrado vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones tras la dimisión de Magdalena Álvarez.