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martes, 28 de mayo de 2019

OHL abre una investigación a directivos y ex directivos por presunta corrupción

MADRID.- OHL ha encargado al bufete Baker & Mackenzie la investigación a directivos y ex directivos de la compañía por el presunto pago de sobornos para la consecución de contratos y que, a su vez, están siendo investigados en una pieza separada del caso Lezo, han dicho fuentes de la constructora.

Este despacho está llevando a cabo una "exhaustiva" investigación "forensic", según las mismas fuentes, que han recordado que la empresa no es parte investigada en ninguna causa y que ninguno de sus empleados ha sido nunca condenado por corrupción.
Durante su intervención en la Junta de Accionistas este martes, el presidente de la compañía, Juan Villar-Mir de Fuentes, anunció que el grupo había abierto una investigación interna para revisar su modelo de prevención de prácticas de corrupción, a fin de detectar posibles fallos y proponer de forma inmediata las correspondientes mejoras.
"Esta compañía está, ha estado y seguirá estando firmemente comprometida con las buenas prácticas de gobierno corporativo, con la transparencia, ética e integridad como principios irrenunciables", ha dicho el presidente de OHL.
"No pretendo eludir asuntos que la actualidad informativa está reiteradamente llevando a titulares, en mi modesta opinión la mayor parte de las veces poco matizada y con datos incompletos, arrojando dudas sobre los procedimientos de la compañía en materia de buen gobierno cuando éstos son irreprochables", ha señalado Villar-Mir Fuentes.
Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el consejero delegado del grupo, José Antonio Fernández Gallar, ha apuntado que la investigación, en la que también participan los servicios internos de auditoría, se abrió por un caso en concreto, sin que por el momento haya "aparecido nada".
"Estamos colaborando con la justicia. No puedo decir nada más, no tenemos certeza de lo que se está investigando", ha dicho el máximo ejecutivo de OHL, quien ha apuntado que las prácticas investigadas se remontarían a los años 2003 a 2014 y que la compañía se ha puesto a disposición de la UCO para colaborar desde que se pusieron en contacto con ellos.
"Se está analizando si ha habido malas prácticas que chocan con el plan de prevención de la compañía", ha señalado Fernández Gallar, quien ha sido ratificado como ejecutivo por la Junta.
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha llamado a declarar este jueves como investigado a Paulino Hernández, un empleado de OHL, que grabó conversaciones que revelarían el pago "sistemático" de comisiones ilegales a cambio de obra pública en administraciones municipales y autonómicas.
Además del autor de estos audios, esta semana el juez ha citado también como investigado al delegado de obra civil de OHL en Andalucía Oriental, José Manuel Sanjurjo Álvarez.
Las grabaciones fueron encontradas de forma casual en un registro en el marco del caso Lezo cuando se practicaron entradas y registros en las oficinas de OHL, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación de un tren entre Navalcarnero y Móstoles.
El hallazgo dio lugar a la apertura de una nueva pieza, que ha estado hasta ahora secreta, y a la elaboración de un informe por parte de la UCO de la Guardia Civil, que concluye que el importe total pagado por OHL de 2003 a 2014 en concepto de presuntas comisiones ascendería a 38,5 millones de euros.

martes, 29 de enero de 2019

España suspende de nuevo en la lucha contra la corrupción

MADRID.- Transparencia Internacional ha advertido a España que la ligera mejora obtenida en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que sitúa al país en la posición 41 entre 180, frente al 42 del año pasado, demuestra que las reformas "no han funcionado" y que el Gobierno no lanzó la esperada estrategia global.

En rueda de prensa, la recién nombrada presidenta de TI-España, Silvina Bacigalupo, y el profesor Manuel Villoria, del comité de dirección de TI-España, han constatado que la regeneración democrática prometida por Pedro Sánchez en la moción de censura "no ha sido efectiva" y, de hecho, no se han adoptado medidas sustanciales en esos siete meses.
"Esperábamos del Gobierno una estrategia global contra la corrupción, de acuerdo a Naciones Unidas, en la que todos los partidos trabajaran en un gran proyecto nacional, pero nada de esto se ha hecho" ha señalado el profesor Villoria.
Por su parte, la presidenta de TI-España ha aprovechado la rueda de prensa para pedir al Gobierno una "agenda" para luchar contra la corrupción y un plan integral con medidas preventivas porque "focalizar todo en la sanción" y apostar por el Código Penal "es un error" porque "llega tarde y no resuelve el problema".
Mientras, el profesor Villoria ha hecho hincapié en la llegada de partidos extremistas y populistas a los parlamentos autonómicos, algo que, a su juicio, "no ayuda a acabar con la corrupción" ya que para eso haría falta "más democracia, no menos y de más calidad".
Aunque a nivel internacional, España experimenta esa leve mejoría, en la Unión Europea es el país que más ha caído, siete puntos en seis años (entre 2012 y 2018), ocupando actualmente la posición 20 entre los 28 estados miembros.
Villoria ha recordado que los países de la UE "van mejor que España. Todos van mejorando y nosotros no conseguimos estar a la altura, y eso quiere decir algo".
Este profesor ha hecho hincapié en que la corrupción impide la calidad democrática y va deteriorando a un país y aquí ha puesto el ejemplo de "Venezuela y otros, en situación cercana al autoritarismo y la dictadura".
Respecto a España, Villoria ha recordado que la confianza de los españoles en las instituciones ha bajado a "niveles demoledores".
De hecho, la confianza en el Parlamento nacional ha caído un 32 por ciento desde 2008 y en los partidos políticos ha retrocedido hasta el 25 por ciento.
En relación a la inacción del Gobierno en la lucha contra la corrupción, Villoria ha admitido que se necesita "tiempo y energía" y "de un año a otro no se puede cambiar" pero sí había datos "para pensar que se iba a mejorar un poco más".
Villoria ha dicho ser consciente de la "debilidad parlamentaria del Gobierno" y de "los graves problemas" que enfrenta, como la aprobación de los presupuestos o el conflicto catalán, pero aún así, ha reiterado que desde esta ONG se esperaba "más capacidad para tirar hacia adelante con reformas globales y estratégicas y huir del cortoplacismo".
Independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial
Y en este escenario, ha dicho que confía que este año se apruebe alguna norma que proteja a los denunciantes, se refuerce la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial y haya medios suficientes para perseguir esta lacra.
En la misma línea, Bacigalupo ha apostado por un reglamento que acompañe la ley de Transparencia y "una propuesta ambiciosa" recogida en un plan integral de lucha contra la corrupción, "en lugar de pequeñas reformas".
En la rueda de prensa también ha intervenido, Jesús Sánchez Lambán, miembro del comité de dirección de TI-España, que ha puesto el acento en la "dramática" bajada de la calidad democrática y en el importante descenso en la última década de la libertad de expresión.
Sánchez Lambán se ha referido a los múltiples casos de corrupción en España en los últimos años, sobre todo a partir de la burbuja urbanística, que aún sigue aflorando, hasta el reciente "caso Villarejo y sus múltiples ramificaciones".
Casos todos ellos que han provocado que la legitimidad de las instituciones españolas se vea "seriamente dañada", ha añadido.

viernes, 23 de noviembre de 2018

Denuncian que el registrador amigo de Rajoy cobró indebidamente dos sueldos en Santa Pola


MADRID.- La Asociación por la Transparencia del Registro de Santa Pola, representada por el abogado regeneracionista José Luis Mazón, ha reclamado al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Presidencia que inicien un expediente contra el registrador Francisco Riquelme Rubira, que sustituyó a Mariano Rajoy durante 28 años en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), por cobrar indebidamente dos sueldos, según el escrito de 1 de octubre al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El abogado Mazón sostiene que Riquelme Rubira, que como registrador de Elche ya percibía un sueldo, se benefició de otras dos retribuciones incompatibles con su empleo.
El primer sueldo irregular tendría su origen, según el escrito, en la sustitución de Rajoy en el Registro de la Propiedad número 1 de Santa Pola.
El segundo ingreso incompatible con su primer empleo lo habría recibido Riquelme por su gestión de la Oficina Liquidadora de este municipio alicantino, cuyo titular original era también el expresidente del Gobierno del PP.
Y por eso, la Asociación por la Transparencia ha reclamado a los ministerios encabezados por Dolores Delgado y Carmen Calvo que abran un expediente al "amiguísimo" de Mariano Rajoy con la finalidad de que devuelva "los abonos recibidos como sustituto del Registro de la Propiedad número 1 de Santa Pola" al haber transgredido supuestamente la Ley de Incompatibilidades de 1984.
"En el caso de que no se proceda a aplicar el deber de reintegro, nos reservamos el ejercicio de acciones de responsabilidad a que haya lugar en derecho", anuncia Mazón en su escrito dirigido a los ministerios de Justicia y Presidencia.

Una remuneración

La Ley de Incompatibilidades establece que un funcionario público no puede percibir más de una remuneración, incluidos ahí los ingresos que resulten de la aplicación de un arancel, como es el caso de los registradores de la propiedad.
Y por eso, el letrado Mazón pide a las ministras que obliguen al registrador Riquelme que "restituya todos los aranceles" percibidos en Santa Pola en sustitución de Mariano Rajoy, que se reincorporó a su empleo el pasado 20 de junio tras abandonar la política.
"Riquelme, que sepamos, nunca obtuvo la autorización de desempeño del segundo puesto que era competencia del Ministerio de Presidencia como funcionario del Estado que es sometido a la Ley de 1984 que expresamente menciona en su ámbito a los funcionarios retribuidos mediante arancel, por lo que estamos ante una arbitrariedad consentida que puede tener encaje de tipo penal de ilícito cometido por funcionario público", completa el letrado.
Además, el escrito asegura que Rajoy asignó "a dedo" a su sustituto en el Registro de la Propiedad, "saltándose la norma de reparto equitativo de cuadro de sustituciones entre registradores, que es lo que se hace cuando no es Rajoy el afectado, y se hace de forma permanente, lo que huele a prevaricación", se lamente Mazón.

Una jornada de trabajo

Asimismo, el representante de la Asociación de Transparencia de Santa Pola considera que de haber obtenido una autorización para cobrar los tres sueldos, Riquelme nunca podría haber percibido tres sueldos por una misma jornada de trabajo: "Los que han autorizado a Riquelme a estar en tres puestos de trabajo en la misma jornada, dos incompatibles, obviamente están al alcance de la responsabilidad del dictado (u omisión) de resoluciones arbitrarias", destaca el letrado murciano.
Por todo ello, Mazón considera que Riquelme debe reintegrar todo el dinero recibido como sustituto de Mariano Rajoy "al infringir la prohibición de percibir tres sueldos en la misma jornada claramente establecida en la Ley de Incompatibilidades", concluye el escrito.
El abogado José Luis Mazón fue condenado en 2017 por el Tribunal Supremo con el pago de 18.000 euros de indemnización por vulnerar el honor de Francisco Gaspar Riquelme, registrador de la propiedad de Santa Pola que sustituyó en el puesto al presidente Mariano Rajoy.
Según la sentencia, Mazón denunció "sin ningún fundamento una situación gravemente irregular en cuanto al dinero que puede ser repartido entre uno y otro, sustituto y sustituido, de manera ilegal".
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se reincorporó en junio pasado a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola. Un mes después abandonó este registro tras conseguir plaza en el mercantil número cinco de Madrid.

miércoles, 14 de noviembre de 2018

Rienda: "Estoy al corriente de mis obligaciones fiscales"

MADRID.- La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, aclaró que 'está al corriente" de sus obligaciones fiscales ya "no ha habido ninguna evasión de impuestos' por su parte.

"Esa información sale del portal de transparencia del gobierno. No existe ninguna empresa instrumental y no ha habido ninguna evasión de impuestos", dijo Rienda tras presidir un acto contra el abuso infantil en el deporte en la sede del CSD.
La presidenta respondió así a la información publicada este miércoles por el diario El Mundo que afirma que utilizó una sociedad instrumental para cobrar sus derechos de imagen durante los últimos ocho años de su carrera como esquiadora, práctica prohibida por la Agencia Tributaria.
La secretaria de Estado declaró que "no se ha escondido ninguna información" por su parte y que igual que muchos deportistas dejó en manos de una asesoría la gestión de determinadas actuaciones durante su etapa en activo.
"Mi carrera deportiva ha sido bastante activa, estoy orgullosa de ella. Yo estaba fuera compitiendo 200 días al año y como muchos deportistas ponen la gestión de determinadas actuaciones en manos de asesores que me aconsejaron", explicó.
Rienda aclaró que "la parte física de premios y becas" que ha recibido "se ha justificado con el IRPF" y que, a partir de 2004, se creó una empresa de publicidad para gestionar los contratos procedentes de esta.
"A partir de 2004 empecé a ganar competiciones, fui bastante pública y se creó una empresa de publicidad y todos los contratos de publicidad que se pudieran hacer se hicieron a través de ella, igual que cualquier otra empresa que exista hoy en día", explicó.
La secretaria de Estado para el Deporte indicó: "Es una empresa que tiene actividad dentro de la publicidad y, de la gestión que ha podido tener, figuran dos viviendas mías porque están en la declaración. Yo no he escondido nada".
Rienda insistió en que está "al corriente de todas" sus "obligaciones fiscales" y aseguró que está "tranquila" en este sentido, aunque aseveró: "Me da pena por la gente que me quiere y que se ha alarmado por esto. Yo soy la primera sorprendida".
Ante las preguntas de si había hablado con el ministro, Rienda aseguró que está en contacto permanente con él y con los miembros del Gobierno y rechazó pronunciarse sobre cuestiones como una posible investigación o su posible dimisión.

El ministro de Cultura reafirma su confianza en María José Rienda

El ministro de Cultura, José Guirao, ha reafirmado este miércoles por la mañana su confianza en la secretaria de Estado de Deportes, María José Rienda, y se ha remitido a las explicaciones que ella ofrecerá ante las informaciones sobre el supuesto uso de una sociedad instrumental para pagar menos impuestos.
Según distintos medios de comunicación, Rienda utilizó una sociedad instrumental para cobrar sus derechos de imagen durante los últimos ocho años de su etapa como deportista profesional, concretamente esquiadora, una práctica prohibida por la Agencia Tributaria.
En los pasillos del Congreso, Guirao ha comentado que ya había hablado con la secretaria de Estado y ha añadido que ella ofrecerá explicaciones. Además, ha contestado que afirmativamente cuando se le ha preguntado si mantiene su confianza en Rienda.

sábado, 10 de noviembre de 2018

Page ve muy grave que Cospedal contratará a 'Método 3' y pide “consecuencias”

MADRID.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha considerado hoy “muy grave” que su predecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, contratara con dinero público a la agencia Método 3 tras consultar al excomisario José Manuel Villarejo y ha dicho que eso debe tener “consecuencias”.

Page ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada al acto del PSOE que preside en la localidad madrileña Fuenlabrada el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente castellano-manchego ha sido preguntado por la información que publica el diario El País, que apunta que cuando Cospedal era presidenta regional, su Gobierno contrató a la agencia de detectives Método 3 y gastó 16.300 euros con el fin de indagar en los ordenadores de unos funcionarios documentalistas del equipo de su antecesor en el cargo, José María Barreda.
Page ha lamentado que en España pueda considerarse normal una actuación de este tipo y ha considerado que si el “método A del PP eran recortes y más recortes, el método B era este tipo de manejos absolutamente corrompidos en el ámbito político y que debe tener consecuencias”.
“Es la manifestación de la política más sucia desde el punto de vista de los valores democráticos”, ha añadido.
El presidente castellano-manchego ha asegurado que los líderes socialistas de su región y él mismo cuando era alcalde de Toledo se han sentido perseguidos, “a veces -ha añadido- con el descaro de los medios públicos como hacía Nacho Villa con la televisión pública”.
Ante los argumentos del PP de que esas noticias son una cortina de humo, ha señalado que eso llevan diciendo sus dirigentes 30 años, “incluso cuando defendían a Bárcenas”.
Page ha recordado que aún le quedan al PP 56 resoluciones judiciales pendientes y ha considerado que su líder, Pablo Casado, no puede mirar para otro lado y decir que él acaba de llegar.

viernes, 9 de noviembre de 2018

Un sacerdote expulsado de Miami abusó presuntamente durante años de menores en Salamanca

MADRID.- Un sacerdote expulsado en 1981 de la Archidiócesis de Miami (EEUU) residió en Salamanca entre 1981 y 2004, donde presuntamente abusó de menores en parroquias rurales de la provincia salmantina, sin que el Obispado atendiera el aviso lanzado desde Estados Unidos.

Tres víctimas denuncian, en una noticia publicada este viernes por El País, prácticas sexuales mantenidas por el sacerdote, F.C, con menores; y añade que el Obispado de Salamanca ignoró un aviso de la Archidiócesis de Miami -que expulsó a este sacerdote en 1981 tras un caso de abusos-, y además lo mantuvo de 1981 a 2004 en parroquias rurales salmantinas.
En 2011, el Obispado de Salamanca defendió a dicho sacerdote tras conocerse las denuncias contra él en Miami.
Este sería el segundo caso que salpica al Obispado de Salamanca después de que también El País publicara que el actual prelado, Carlos López, quiso comprar el silencio de otra víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote salmantino, aspecto que la diócesis negó posteriormente.

jueves, 8 de noviembre de 2018

El obispo de Salamanca, a las víctimas de abusos en la Iglesia: “¿Por qué se han callado?”

MADRID.- Continúan saliendo a la luz las grabaciones de la conversación en 2013 entre el obispo de Salamanca, Carlos López, y la víctima de abusos sexuales Javier Paz. ‘El País’ ha publicado este jueves otra parte de la charla en la que López señala a las víctimas e intenta que el testimonio de Paz no salga a la luz.

En un momento de la conversación, el obispo pregunta por otras víctimas que conoce Paz, para saber si se quieren unir a su denuncia contra Isidro López, el cura salmantino que fue finalmente condenado por el Vaticano en 2014. 
 El problema es que las víctimas no se fían de la Iglesia por ocultar el caso. Entonces, el obispo reacciona visiblemente enfadado: “Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿por qué no lo han denunciado? Es que es muy fácil decir…¿Estos señores por qué no lo han denunciado a su debido tiempo? Ahora la Iglesia es culpable de haberlo ocultado ¿y ellos por qué lo han ocultado?”.
Entonces, Paz le explica que no es fácil asimilar los abusos y denunciar. El obispo prosigue: “Si en el caso de Isidro no ha habido un castigo es por culpa de todos. Lo que no vale decir es que los obispos no han hecho nada. No, vamos a ver ¿las víctimas por qué se han callado? ¿Por qué todavía las víctimas no quieren decir nada?”.
Según la conversación, Carlos López admite que ya en 2003, cuando llegó a la ciudad, conoció rumores sobre el cura Isidro López en el barrio de Tejares, aunque reconoce que no encontró pruebas concluyentes de los supuestos abusos sexuales. Esto hizo que el sacerdote siguiera ocho años más de párroco.
En cualquier caso, el principal interés del obispo durante las conversaciones fue en todo momento convencer al denunciante de que el asunto debía permanecer en secreto y no trascender a los medios. 
Javier Paz denunció en 2011 ante el Obispado de Salamanca que había sufrido abusos del cura cuando era párroco de la iglesia de San Julián, entre 1982 y 1992, desde que tenía 10 años hasta los 20.
Como consecuencia de esa denuncia, el párroco fue jubilado en un primer momento y después, en 2014, la Congregación de la Doctrina de la Fe condenó al cura con la prohibición de ejercer su ministerio.

Investigan si Interior encargó al chófer de Bárcenas recuperar papeles del PP

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea investiga en una pieza separada del caso Tándem, relativo al excomisario José Manuel Villarejo, un presunto encargo al que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas para recuperar los papeles que este se había llevado de la sede del partido.

Fuentes jurídicas han confirmado la existencia de una pieza separada y secreta relativa a ese encargo en las actuaciones que lleva a cabo el magistrado de la Audiencia Nacional sobre Villarejo, que esta semana ha cumplido un año en prisión preventiva.
En esta pieza, según ha informado Okdiario, investiga si el Ministerio del Interior encargó en 2014 a Villarejo y al comisario Enrique García Castaño que sobornase con fondos reservados al conductor de Bárcenas para recuperar los papeles.
Ese medio añade que, según la unidad de Asuntos Internos de la Policía, Villarejo pagó al conductor 2.000 euros al mes con fondos reservados y guardó los recibí de esas entregas.
El objetivo sería localizar el lugar donde escondía los documentos y recuperarlos y el conductor habría conducido a Villarejo y su socio a una localización donde trabajaba Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas.

lunes, 5 de noviembre de 2018

López del Hierro encargó a Villarejo espiar al hermano de Rubalcaba para atacarle por la 'operación Gürtel'

MADRID.- Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal, encargó al excomisario de Policía José Manuel Villarejo que espiara al hermano del entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, al que achacan la iniciativa política de la operación Gürtel.

Según los últimos audios publicados por 'Moncloa.com', el excomisario señala a Alejandro Pérez Rubalcaba como "el punto débil" que podía utilizar el PP contra el dirigente socialista en medio de la operación contra la trama Gürtel.
En las grabaciones se puede escuchar como Villarejo relata a Cospedal y López del Hierro la supuesta vida "disoluta" del hermano del ministro, al que atribuye una relación sentimental con la dueña de Método 3, agencia de espionaje de Barcelona, que Cospedal y López del Hierro vinculan en el escándalo de espionaje entre dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre.
De acuerdo a Villarejo, Rubalcaba estaba "tremendamente preocupado" por la situación de su hermano y "le acojonaba" que pudiera ser usado en su contra. Es más, el excomisario asegura que la propietaria de Método 3 usa al hermano de Rubalcaba para conseguir favores. En sus palabras "lo va utilizando como si fuera Juan Guerra", en relación al caso de corrupción a principios de los 90 que involucró al hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.
López del Hierro encarga a Villarejo que haga el dossier sobre Alejandro Pérez Rubalcaba, a lo que el excomisario accede aunque avisa de las dificultades que ve para realizar el encargo. El policía apunta que se puede rastrear sus llamadas telefónicas, además de sus movimientos bancarios.
"En la medida de lo posible es la vía que voy a seguir", recalca Villarejo, quien también sugiere que otra opción es contactar con medios de comunicación como 'Época' o 'Intereconomía' para que hagan una investigación con una cámara oculta sobre la vida privada del hermano de Rubalcaba.

miércoles, 31 de octubre de 2018

Cospedal y el excomisario Villarejo pactaron “trabajos puntuales” en favor del PP

MADRID.- Este miércoles una nueva entrega de moncloa.com sitúa de nuevo a la exministra de Defensa como centro de la noticia. La web deja al descubierto con la publicación de nuevos audios el acuerdo de unos “trabajos puntuales” a cambio del “pago de gastos” que se pactaron ese 21 de de junio de 2009 en el cuartel general de los populares.

La reunión versó, según los citados audios, sobre las investigaciones del caso Gürtel, por el que meses antes se habían llevado a cabo ya las primeras detenciones y se investigaba al que fue tesorero del PP Luis Bárcenas.
Durante el encuentro, la que fuera número dos del Partido Popular se interesó por el famoso pendrive interceptado por la UDEF al que fuera contable de Francisco Correa, José Luis Izquierdo. Villarejo confirmó que en el dispositivo “hay mucha chicha”. “Hemos hecho todo lo posible por romper el ‘pen drive”, añadió el comisario durante la conversación. “Ese pendrive, por cierto, es mortal. Porque ahí hay anotaciones y tal…”.
En la tarde del 21 de junio de 2009, poco después de la imputación de Bárcenas y tras el interés de Cospedal y su marido, López del Hierro, por la estrategia procesal del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, Villarejo comenta que el excontable del partido “va por ahí alardeando” de la información que posee, a lo que se suma una aportación peculiar de López del Hierro, que afirma que Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, fue “camello cualificado” y distribuía cocaína por Madrid. 
“Yo la información que tengo es que desde luego lo van a imputar”, aporta Cospedal en relación a Bárcenas, que muestra su interés por que el tema vaya lo más rápido posible y afecte lo menos posible al partido.
Villarejo, actualmente en prisión por el caso Tándem, revela que avisó al exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, El Albondiguilla, del comienzo de las investigaciones, y propone una estrategia ante la imputación -que considera segura- de Bárcenas.
“Él va a declarar mañana, pero si el juez tarda, dice ‘bueno, pues oigo la declaración y ya en septiembre empezaré otra vez y ya veré cuándo pido el suplicatorio’, claro, a nosotros nos alarga la situación, porque objetivamente yo no tengo una situación judicial, porque él no la tiene”, explica Cospedal. Tras lo que el excomisario le aconsejó mantener a Bárcenas en el punto de mira. 
“Hay que procurar entre todos intoxicarlos con que Bárcenas ya está totalmente contaminado y, por tanto, él ya está amortizado y, por lo tanto, tenerlo ahí es, digamos, un pim, pam, pum, que mientras lleguen las tortas a él, no le dan a nadie más”.
El excomisario ofreció todo tipo de detalles sobre la investigación de la trama, llegando a asegurar que “el segundo de a bordo” en la investigación, el entonces jefe de la UDEF José Luis Olivera era “un hombre nuestro”, próximo al PP.
Ya en la despedida, el marido de Cospedal pregunta a Villarejo: “¿Tú estarías en disposición, por ejemplo, de hacer algún trabajo puntual de temas”. 
“No tengo ningún problema. Por lo menos los gastos alguna vez me pagaréis, alguna vez los gastos”, bromea el excomisario, según se escucha en uno de los audios difundidos, a lo que Cospedal responde “la financiación no te preocupes, no te preocupes…”.
La ex secretaria general de los populares dijo ayer sentirse “absolutamente” respaldada por su partido y no estar “nada preocupada” por la publicación de sus conversaciones. “¿Por qué voy a estar preocupada? Yo en este tema siempre he dicho la verdad”, afirmó Cospedal a su llegada al Congreso.

Villarejo denuncia que sus audios los están utilizando quienes los custodian para desestabilizar al Estado

MADRID.- El excomisario José Villarejo cree que las "sesgadas filtraciones" de sus grabaciones sobre "actividades privadas irrelevantes desde el punto de vista penal", tienen la "clara intencionalidad de atacar a contrincantes políticos" y alerta del daño "irreparable al interés nacional" que están provocando.

El abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, expone estas sospechas del excomisario en un comunicado en el que lamenta además que esas filtraciones -las últimas han afectado a la diputada del PP María Dolores de Cospedal- estén coincidiendo "con hitos decisivos" en la evaluación de la concesión de la libertad provisional a Villarejo, en prisión desde hace casi un año.
El letrado culpa de las filtraciones a los "responsables" de custodiar los archivos que le fueron intervenidos en la operación Tándem y señala que puede "conocerse perfectamente" quiénes han accedido a su contenido y quiénes, "previa edición, manipulación y acomodación a sus espurios intereses particulares, los han filtrado".
Por ello, explica el comunicado, la defensa de Villarejo solicitó al juez que lo intervenido fuera enviado "exclusivamente al CNI y que este organismo en exclusiva protegiera la información sensible para la seguridad del Estado y el interés nacional o la ajena a la causa que se investiga".
Advierte de que con la "oleada de filtraciones" se pueda dejar al descubierto la seguridad de informadores, procedimientos o infraestructuras "que deberían mantenerse en secreto a riesgo de causar un daño irreparable al interés nacional", advierte el letrado.
Y asegura que, con similares métodos a los conocidos, Villarejo consiguió "ganarse la confianza de terroristas de ETA, o de yihadistas, o de importantes narcotraficantes y traficantes de armas que fueron detenidos gracias a diversos métodos de infiltración", precisa el abogado.
El portal Moncloa.com ha publicado esta semana diversos audios sobre conversaciones del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y el excomisario, así como grabaciones de la reunión que mantuvieron los tres en el despacho de la ex secretaria general del PP en julio de 2009, en la que trataron del caso Gürtel.

viernes, 26 de octubre de 2018

La calidad institucional y el fin de la corrupción subiría el PIB un 16 % en 15 años

VALENCIA.- La mejora de la calidad institucional y acabar con la corrupción podrían elevar un 16 % el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de España en un plazo de quince años, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El informe, titulado "Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España" y presentado este viernes en Valencia, recoge las estimaciones de un grupo de investigadores en economía que sitúan la calidad institucional entre los factores fundamentales para el desarrollo económico.
El estudio analiza asimismo la voz y rendición de cuentas (democracia y libertades públicas), la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el respeto a ley y los contratos y, por último, el control de la corrupción.
Según han explicado el investigador del Ivie Francisco Alcalá y el profesor de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez, codirectores del informe, la mejora de la calidad institucional y el fin de la corrupción elevarían el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto porcentual en un plazo de quince años.
Según Alcalá, el impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional sobre el PIB se produciría indirectamente, a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y el empleo.
Además, una mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, una mejor regulación y una mayor competencia "incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia actividades más productivas".
Los indicadores de calidad institucional, según el Worldwide Governance Indicators (WGI), elaborados para el Banco Mundial y con información sobre 154 países, sitúan a España entre el 20 % de los países con una mejor gobernanza en el mundo, pero no alcanza el nivel que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía, añade el informe.
España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, y al 5,8 de la media de Italia y Grecia.
Los costes económicos de la corrupción y el déficit de calidad institucional, advierte el informe, "van mucho más allá del montante de los fondos públicos indebidamente apropiados" y "frenan el crecimiento económico".
Ello da lugar a niveles de productividad, salarios y empleo inferiores a los que serían posibles con el capital humano y la tecnología disponibles, alerta.
El nivel de calidad institucional que se obtiene, según el indicador combinado de los WGI, sitúa a España en torno al percentil 81 (es decir, entre el 20 % de países con mejor calidad a nivel mundial).
Sin embargo, "la productividad española figura notablemente más arriba", en torno al percentil 85 (el país más productivo del mundo ocupa el percentil 100 y el menos productivo ocupa el percentil 1).
Así, la calidad institucional aparece como una debilidad "relativa" de la economía española, que según el estudio debe ser compensada por la fortalezas en otros factores, como su capital humano.
"Si todos los factores productivos de la economía española se situasen en ese nivel relativo de la calidad institucional (es decir, en el percentil 81 de su distribución mundial), la productividad de la economía española sería un 17 % inferior" y "nos dejaría en los niveles, por ejemplo, de Eslovenia", advierte.

jueves, 4 de octubre de 2018

Narcís Serra defiende la legalidad de los aumentos de sueldo a la cúpula de 'CatalunyaCaixa'

BARCELONA.- El expresidente de CatalunyaCaixa el socialista Narcís Serra ha defendido este jueves la legalidad de los aumentos de salario aprobados en 2010 a la excúpula de la entidad financiera en el arranque del juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona por los sobresueldos abonados en la antigua caja, que tuvo que ser rescatada por el Estado.

La primera jornada del proceso se ha dedicado a cuestiones previas, en la que las defensas de Serra y del exdirector general Adolf Todó, para los que se piden cuatro años de cárcel, han intentado que el tribunal anule el auto de apertura de juicio oral y al mismo tiempo limitar la cuantía de los sobresueldos otorgados por los cuales se les juzga.
Concretamente, la defensa pide que la fianza retenida a los acusados se rebaje de los 9,5 millones fijados por el juez instructor, tal como solicitaba la acusación popular ejercida por la CUP, a 2,56 millones, que es la cantidad que pedía la Fiscalía Anticorrupción.
Los abogados de Serra y Todó han argumentado que, en realidad, el aumento salarial real que percibió la anterior cúpula de la entidad fue, en concepto de variables, de unos 56.000 euros, muy lejos de las cantidades estimadas por la Fiscalía y la abogacía del Estado, que la elevan a los 2,56 millones mencionados.
Asimismo, la defensa de Serra y Todó ha argumentado que la CUP, como acusación popular, carece de legitimidad para reclamar fianza, porque no resultó perjudicada por los sobresueldos.
Sin embargo, el tribunal ha descartado anular el juicio para no dilatar el proceso y ha avanzado que se pronunciará por escrito sobre las otras demandas planteadas antes del próximo 11 de octubre, cuando está previsto que declaren Serra y Todó.
A pesar de que la jornada de este jueves se ha centrado solo en las cuestiones previas al juicio, tanto a la entrada como a la salida de la Audiencia el exministro Narcís Serra ha asegurado a los periodistas que no se arrepiente de su gestión y ha añadido: "Lo que hice fue lo que debía hacer".
Ha negado que se aprobaran "sueldos escandalosos" para la antigua cúpula de CatalunyaCaixa y ha recordado que él está acusado por el aumento del salario del exdirector general de la entidad Adolf Todó, no del suyo propio, tal y como aprobó el consejo de administración de la entidad financiera, que él presidía.
Según Narcís Serra, las decisiones que tomó fueron "legales y legítimas". 
"Hicimos lo que correspondía, es lo que se demostrará a lo largo del juicio", ha agregado.
El fiscal del caso también ha querido aclarar que se juzgarán los aumentos del salario fijo y del variable aprobados en enero y en octubre de 2010 por el consejo de administración, y no los contratos de la alta dirección de la entidad.
La sección octava de la Audiencia juzga a un total de 41 miembros del consejo de administración, entre ellos Serra y Todó, por autorizar "desproporcionados" sueldos a la cúpula de la antigua caja de ahorros pese a la crítica situación que atravesaba la entidad, que tuvo que ser recapitalizada con una inversión de dinero público de más de 12.000 millones de euros.
El tribunal se ha opuesto a la petición de la CUP de que declararan como testigos el exdiputado de esa misma formación David Fernández y el exdirectivo de Caixa Catalunya Josep Maria Loza.
La sala ha permitido a los acusados ausentarse de las sesiones del juicio posteriores a su declaración, tal y como han solicitado sus defensas, sin la oposición de la Fiscalía.
La Fiscalía atribuye a diecisiete personas, entre ellas Serra y Todó, dos delitos de administración desleal, para los que pide cuatro años de cárcel, mientras que para otros 24 exdirectivos de CatalunyaCaixa pide dos años de prisión por un único delito de administración desleal.

miércoles, 3 de octubre de 2018

Moral Santín, a un paso de la cárcel tras confirmar el Supremo su condena

MADRID.- El exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín se ha convertido hoy en el segundo condenado en firme por el Tribunal Supremo con la pena más elevada, cuatro años de prisión, como "cooperador" de un delito de apropiación indebida a través de un sistema con el que se benefició de 456.522 euros.

En su sentencia de 456 folios, la sala desestima el recurso interpuesto por el que fuera consejero en representación de IU que, como los otros 64 usuarios, "se retribuían a sí mismos a costa del patrimonio de la entidad, dado que cada uno disponía de lo que se le antojaba dentro de los límites máximos que se le imponían" aún sin contar con apoyo legal o estatutario alguno.
Los magistrados, de forma unánime, admiten que si bien este sistema fue iniciado por el expresidente de la entidad Miguel Blesa, fallecido el pasado año, ello no exime de responsabilidad a Moral Santín, que en su escrito de casación pedía su absolución pues nunca tuvo la posibilidad de oponerse a la decisión de emisión y entrega de las tarjetas.
Un argumento que el Supremo desmonta, tanto para él como para los otros condenados, a los que reprocha que "no tenían la obligación de utilizarla", de modo que al hacerlo, "aceptaban la participación en el plan que se les ofrecía", consumando así el delito con cada desembolso.
Al margen del exvicepresidente de la caja, la sentencia de la que ha sido ponente el juez Miguel Colmenero, desestima los recursos de otros 40 antiguos cargos de la entidad contra el fallo dictado en febrero de 2017 por la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Entre ellos el del expresidente Rodrigo Rato, sobre el que ya pesa una condena firme de cuatro años y medio de prisión por perpetuar de forma consciente un sistema que "estaba pervertido en su origen".
También los de los exconsejeros de Caja Madrid Estanislao Rodríguez Ponga, Antonio Romero Lázaro, Francisco Baquero, y Jorge Gómez, a los que ratifican los tres años y dos meses de prisión por haber mermado el patrimonio de la entidad con cargos que oscilaban entre los 98.000 y los 266.000 euros.
En este sentido, "cabe preguntarse cómo podían entender de forma racional que actuaba lícitamente al realizar constantemente unos gastos, con una tarjeta de la entidad, que se cargaban a una cuenta de ésta".
Se mantienen por encima de los dos años a otros nueve; no obstante, la aplicación de la reparación del daño salva de su ingreso en prisión a otros dos exconsejeros, Antonio Cámara y Francisco José Moure, y al ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, al que los magistrados castigan ahora por un único delito de apropiación indebida en vez de los dos impuestos por la Audiencia.
Atenuante de la que se han beneficiado otros nombres como el del exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella y el exconsejero a propuesta del PSOE Ramón Espinar (un año menos un día de cárcel), así como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el empresario Javier López Madrid (ambos con seis meses menos un día de prisión).

martes, 2 de octubre de 2018

Detienen al presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé por presunta corrupción

BARCELONA.- Los Mossos d’Esquadra registran la Diputación de Lleida desde primera hora de este martes en una operación contra la corrupción. Según ha informado la policía catalana, además de la Diputación se realizan registros en otros edificios de la provincia de Lleida.

En la operación, según avanza La Vanguardia, han sido detenidos el presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, además de varios altos cargos de la corporación, de la sección de Conservación de Carreteras de la Generalitat y algunos responsables de empresas investigadas.
La investigación se inició por el presunto cobro de comisiones por parte de Reñé y otros altos cargos de la Diputación y estaría también relacionada con el pago de donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem, a cambio de recibir adjudicaciones en ayuntamientos gobernados este partido o con responsabilidades en organismos públicos de la Generalitat, ha informado el rotativo.

domingo, 30 de septiembre de 2018

Villarejo intentó conseguir todo el censo de rumanos en España para un constructor

MADRID.- El excomisario José Villarejo, en colaboración con los comisarios Enrique García Castaño y Carlos Salamanca, intentó hacerse con todo el censo de ciudadanos rumanos residentes en España para un constructor que quería contactar con ellos para ofrecerles casas en su país natal.

Esa es uno de los negocios para los que Villarejo contactó con García-Castaño y Salamanca, según las conversaciones telefónicas que él mismo grabó y que obran en el sumario de la operación Tándem desde que la Policía las halló en el registro a una de las casas del excomisario cuando lo detuvo.
Villarejo está en prisión preventiva por esa causa, García Castaño está investigado pero en libertad provisional y Salamanca fue puesto en libertad y el juez archivó la causa contra él en contra del criterio de la Fiscalía, que recurrió dicho archivo.
Las grabaciones muestran que Villarejo y García Castaño hablaban sobre multitud de posibles negocios, incluido uno sobre la adquisición de información personal de ciudadanos rumanos que residan en España.
Villarejo se lo pidió a García Castaño y éste le dijo que se podría obtener del área de Extranjería y Documentación, porque “ahí tienen una base de datos de todos los extranjeros rumanos legales”.
La cuestión es que Carlos Salamanca se iba a incorporar próximamente como jefe de una unidad en Extranjería dedicada a expulsiones y repatriaciones, “donde viven como dios”, de modo que los otros dos policías plantean la posibilidad de esperar a su llegada.
“Estaría de puta madre”, afirma Villarejo, en tanto que su interlocutor explica que Salamanca tendrá “noventa tíos” a su cargo, en el aeropuerto de Barajas.
“De puta madre”, reitera el comisario ahora encarcelado, quien pregunta si también se puede ver qué rumanos hay ilegales en España, pero le aclaran que eso es imposible, pero acceder a los datos de los legales “es fácil”.
Los problemas los tuvieron por el volumen de información requerida, según consta en una conversación posterior:
– García Castaño: He hablado con esta gente, y me dice, – ¡Oye, hijo puta, son miles!
– Villarejo: ¡Miles! Claro, serán unos pocos, claro.
– García Castaño ¡Coño!
– Villarejo: Y eso no hay posibilidad de…
– García Castaño: Sí, dice (hablando de su fuente de información) Yo voy mirando poquito a poco te voy sacando… Te sacaré dos mil o tres mil, pero le calcula que de Madrid, solamente unos treinta y cinco mil.
– Villarejo: Ah, amigo…
– García Castaño: Y si es a nivel nacional, ponte que haya unos setenta mil.
– Villarejo: O sea que…
– García Castaño:: Es que con la última regularización… ya los que había, pero con la última regularización… ¡Buffff! ¡De cagarse!
– Villarejo: Pues a ver como se podría hacer… No, incluso…
– García Castaño: Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Díselo. Que son miles, ¿eh? ¡Miles!
– Villarejo: Pues yo se, yo se lo diré…
– García Castaño: Dile que yo le voy sacando… dile que le saco mil, mil quinientos y así. Díselo.
Las grabaciones no revelan cómo terminó el proceso emprendido por Villarejo y sus socios. Salamanca fue detenido en noviembre de 2017 junto a Villarejo bajo la acusación de recibir regalos a cambio de introducir inmigrantes guineanos de forma ilegal, pero quedó en libertad meses después y finalmente el juez archivó la causa en contra del criterio de la Fiscalía, que lo ha recurrido.

La mujer de Villarejo se hizo pasar por cazatalentos para captar a una informante

MADRID.- La mujer del excomisario José Villarejo, Gemma Alcalá, se hizo pasar por una “head hunter” (cazatalentos) para conseguir que una trabajadora de un bufete de abogados se convirtiera en informante de su marido, en una conversación telefónica que fue grabada y de la que ella dice no acordarse.

Alcalá, imputada por cohecho y revelación de secretos en el caso Tándem, fue interrogada el pasado 6 de julio por esta llamada telefónica, cuyo audio se halló dentro de un lápiz de memoria encontrado en un registro a una casa de Boadilla del Monte (Madrid) que usaba Villarejo.
En ese interrogatorio el juez Diego de Egea le advirtió de que esa llamada podía ser constitutiva de delitos de usurpación de identidad y “quizás” coacciones, tras lo que se reprodujo la grabación ante los fiscales y el abogado de la mujer.
La llamada, que los fiscales de Tándem enmarcan en 2012 o 2013, se la hizo Alcalá a Elena T., empleada de un bufete escindido de otro despacho de abogados cuyos dueños sospechaban que les habían quitado clientes contrataron a Villarejo para que les espiara, un encargo que el excomisario bautizó como el proyecto Iron y que da nombre a una pieza de Tándem.
La llamada comienza así:
Elena: ¿Dígame?
Gemma: Sí, buenos días, quisiera hablar con Elena por favor.
Elena: ¿De parte de quién?
Gemma: Eeeh, de parte de Ana Arias.
Elena: Ummm, no me suena nada, pero dime.
A continuación, la mujer de Villarejo, titubeante, explica que le llama para ver si hay posibilidad de reunirse con ella. “Eeeeh, yo soy una profesional, un “head hunter”, es decir, que selecciona a profesionales con un perfil singular, y tengo un encargo para ponerme en contacto con usted para ofrecerle una propuesta laboral”.
“Pero si yo no tengo en ningún sitio mi currículum echado ni nada”, le responde Elena, a lo que Gemma contesta que ella no maneja “esos matices” de cómo le han llegado sus datos, que simplemente se los han proporcionado para ponerse en contacto con ella y exponerle “la oferta”.
“Yo no se si es a través de un currículum, de dónde de vienen esos datos, pero yo los tengo y por eso me estoy poniendo en contacto”, se explica Gemma, y cuando Elena le pide que le diga de qué trata la oferta, responde: “Telefónicamente no estoy autorizada, Elena, me supongo que esta relacionada con el sector en el que usted está”.
Elena se resiste y le comunica que ya tiene trabajo, que está a gusto en él e insiste en que no ha echado el currículum a ningún sitio, y Gemma le insiste en que “merecería la pena por lo menos escuchar” la oferta “porque ya le anticipo que quizás no sería incompatible con lo que está haciendo”.
La conversación acaba con Elena afirmando que ya le llamará si está interesada, y Gemma insiste en que su nombre es Ana Arias y que si quiere ponerse en contacto con ella en relación a la supuesta oferta laboral lo tiene que hacer esa misma semana.
El juez interrogó a la mujer de Villarejo, que figuraba como administradora de numerosas empresas de su marido, acerca de esa comunicación, que dijo no recordar. “Tiene que ser de hace mucho tiempo (…) No recuerdo exactamente ni con qué fines ni nada, simplemente supongo que se me dio una instrucción y la hice”.
Preguntada sobre quién le pudo dar esa instrucción, señaló a su marido o al socio de éste Rafael Redondo. “Yo creo que los únicos que me podrían pedir ese favorcillo son personas cercanas a mí”, argumentó.
En el lápiz de memoria donde se encontró esta grabación se halló otra de Rafael Redondo en la misma línea y relacionada con ese proyecto Iron.
En este audio de 2013, Redondo, que fue detenido en Tándem y está en libertad bajo fianza, habla con los responsables del despacho rival Patricia K. y Miguel A. y se hace pasar por un tal Javier Hidalgo.
Según un informe policial que recoge esta grabación, que se produjo en el despacho de Patricia K., Redondo explica que su empresa, Hidalgo Comunicación, representa a una empresa familiar relacionada con patentes que se quiere introducir en España y que busca un despacho “de referencia” para usarlo como “puente logístico”.
Patricia le contesta que no tienen ningún interés en fusionarse con ninguna empresa, ante lo que Redondo insiste en que pueden colaborar con la rama norteamericana de la empresa, una posibilidad que niegan ambos.
En un último intento de sacar información, el socio de Villarejo les pregunta “cómo andan de financiación”, Miguel le dice que bien e insiste en que el proyecto no les interesa.

Una veintena de diputados tienen casas, oficinas y garajes a nombre de sociedades

MADRID.- Casi una veintena de diputados en el Congreso tienen inmuebles a nombre de sociedades. Tras la polémica sobre el chalé del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que se sirvió de una sociedad para adquirir esta vivienda y su residencia habitual, y a escasas horas de que el Gobierno haga públicas las declaraciones de bienes de sus altos cargos y sus inmediatos predecesores, Público ha cotejado las declaraciones de bienes oficiales de los 350 parlamentarios, recogidas en la web del Congreso.

El ránking de sociedades con inmuebles a su nombre lo lideran las formaciones de derechas: frente a los 12 casos identificados en el PP, tres en Ciudadanos y dos en el PDeCAT, sólo una diputada socialista y otra de En Comú Podem aparecen en esta lista.
En total, 19 de ellos poseen parte o la totalidad de viviendas, locales comerciales, naves industriales o fincas, a través de sociedades. En su mayoría, estas propiedades están vinculadas a actividades empresariales, y una parte importante de ellas están dedicadas a actividades inmobiliarias, a diferencia del caso del ministro Duque, que recurrió al uso de una sociedad patrimonial. "Si se trata de sociedades que realizan una actividad empresarial, es de suponer que no se trata de viviendas particulares, sino de societarias, no para uso particular", explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.
En conversación con Público, Mollinedo critica que en ocasiones este tipo de sociedades permitan a sus propietarios eludir el pago de impuestos. Recuerda que el 80% del IRPF viene de las rentas del trabajo, que más del 96% de los declarantes cobran menos de los 60.000 euros anuales, y que los técnicos de Hacienda siempre han criticado que las sucesivas reformas de los distintos gobiernos hayan mantenido "vías de elusión legales y legalizadas".
También destacan los agujeros en la reforma fiscal que hoy estudia el Gobierno, que afectaría a las rentas de 140.000 euros: "Podría darse la circunstancia de que alguno de esos diputados no alcanzase los 140.000 euros de los que ahora se está hablando, y obtuviera rentas que, si las tuvieran a título personal, sí tributarían. Nosotros no objetaríamos nada a que alguien tuviera a través de sociedades su patrimonio inmobiliario o mobiliario, pero debería existir una cláusula en la Ley del Impuesto de la Renta para atraer al tipo impositivo de la renta personal de cada uno, en función de la participación en esas sociedades de inmuebles".
Mollinedo insiste en que no son partidarios de prohibir las sociedades de tipo inmobiliario -"hay muchos motivos para mantenerlas, como las herencias"-, pero denuncia que, en ocasiones, personas "con gran capacidad contributiva" están contribuyendo al 25%, y no al 45%. "Si hablamos de sociedades de arrendamiento de viviendas se puede llegar a un tipo real del 3,75%: el IRPF pierde el 41,25%", apostilla.
En lo que respecta a las sociedades de los parlamentarios, la Comisión del Estatuto del Diputado es el órgano encargado de supervisar sus actividades y de autorizar las compatibilidades que corresponda. En la mayor parte de los casos, las declaraciones de bienes y rentas fueron cumplimentadas al inicio de la legislatura, aunque algunas han sido actualizadas posteriormente.

Al menos tres exministros de Rajoy controlan inmuebles a través de sociedades

Con 12 diputados, el 63% de los casos documentados -el 9% de sus parlamentarios-, el PP supera holgadamente al resto de formaciones incluidas en esta lista. En ella aparecen tres de los exministros de Mariano Rajoy que hoy son diputados: Isabel García Tejerina (Agricultura), actual vicesecretaria Sectorial del PP; Rafael Catalá Polo (exministro de Justicia) e Íñigo Méndez de Vigo (exportavoz y extitular de Educación).
En concreto, a través de las sociedades Isabel La Católica S.L., Inmobiliaria Relatores S.L. e Inmobiliaria Huerta del Rey S.L. (de las que posee el 20%), Tejerina es dueña de la parte proporcional de un total de 25 pisos y tres locales comerciales en Valladolid, según su última declaración publicada. 
Catalá, propietario del 49,7% de Pocat S.L., es dueño de una vivienda y una plaza de aparcamiento en Alicante; una vivienda en Madrid y una parcela urbana en Pontevedra.
Por su parte, Méndez de Vigo controla Krainem S.U.L., y a través de esta sociedad el 100% de un piso en Madrid (y un vehículo Jaguar). Entre el resto de diputados hay quienes cuentan con plazas de garaje (Arturo García Tizón, con tres de ellas en Chinchón, a través de una sociedad en la que participa al 50%); quienes tienen locales comerciales (Juan Manuel Juncal Rodríguez, con cuatro locales comerciales en Ferrol, a través de Ferrolpyme S.L.), o quienes tienen un patrimonio mucho más extenso.
Es el caso de Javier Ruano García, que participa en un 7,99% en Ruano Urbanas S.L. (19 pisos, 15 oficinas, seis locales, un solar, una finca rústica y dos estaciones de servicio en Murcia y Granada); o un 8,44% de ES La Fuensanta S.L. (con cinco oficinas, 17 plazas de garaje, una estación de servicio y dos locales.
En la lista también aparecen el exministro del Interior José Manuel Zoido y la diputada Ana Zurita. Ambos han incluido en la casilla de "bienes inmuebles propiedad de una sociedad o comunidad" un apartamento en Gran Canaria (1,30%, Zoido) y un "piso, oficina-vivienda" en Santa Cruz de Tenerife (en un 99% propiedad de la declarante).
En respuesta a las dudas planteadas por este diario sobre los casos de Zoido y Zurita, así como a la petición de confirmación del resto de casos recogidos en esta información, fuentes del PP se limitan a aclarar que los parlamentarios conservadores "cumplen con la normativa". 
"Los diputados del Grupo Parlamentario Popular cumplen con la normativa que les marca el congreso en cuanto a bienes y patrimonio, y van actualizando los datos cuando corresponde", zanjan.

Tres disputados de Cs tienen inmuebles en sociedad

Dos diputados de Ciudadanos tienen viviendas a nombre de sociedades, Toni Cantó y Félix Álvarez. En la ficha de Cantó, figura que tiene un piso en Canarias de pleno dominio compra-venta. Fuentes de Ciudadanos explican a Público que "el inmueble nunca ha sido habitado ni alquilado" y que fue "comprado con otra persona hace años, con un mínimo valor catastral (entre 20.000 y 30.000 €)". También aseguran que desde hace años intentan vender el piso, pero que es "difícil debido a su ubicación y deterioro". 
Mientras que en la ficha de Álvarez se indica que tiene una "vivienda habitual" en Cantabria de la que es propietario del 50% adquirida en 2010 y otra "vivienda" de la que es propietario del 33,3% que adquirió en 2011. Respecto a la primera, desde el partido naranja explican que no es "sociedad patrimonial" sino la "sociedad limitada unipersonal que tenía para ejercer su profesión artística".
 También alegan que "se trata de una primera vivienda exenta de IRPF, como la de cualquier ciudadano que posee una vivienda". Respecto a la segunda, aseguran que se trata de una vivienda comprada por una sociedad en la que participaban tres personas y que se dedicaba a la producción artística. Con el beneficio de esta empresa, compraron el piso repartido a tres partes. En las participaciones de sociedades, figura el 33,3% en Participaciones sociales de espectáculos y deportes Trasgo S.L..
La participación del tercer diputado es diferente. En la ficha de Rodrigo Gómez consta un piso y dos plazas de aparcamiento propiedad de Gómez & Gómez Abogados y Economistas S.L. Ciudadanos explica que se trata de un despacho de abogados familiar en el que trabajaba antes de entrar en política, de forma que no adquirió una vivienda de esta forma. "La sociedad no es patrimonial y su objeto es el desarrollo de una actividad profesional", aseguran. Respecto a los tres diputados, insisten que ninguno ha eludido impuestos a través de estas sociedades. 

Una diputada del PSOE y otra de En Comú Podem

En otro orden de cosas, en los dos grupos más grandes tras el PP sólo aparecen dos casos: el de la socialista Carmen Baños y el de la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Lucía Martín.
La primera declara la titularidad de una parcela urbana en Lorquí (Murcia) sin especificar el nombre de la sociedad que la controla. Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista especifican que se trata de una parcela de apenas 170 metros cuadrados, y que la sociedad que ostenta su titularidad inicialmente pretendía dedicarse a "actividades inmobiliarias", aunque con la crisis "cesó la actividad".
El diputado socialista José Enrique Serrano también ha incorporado en la casilla de inmuebles controlados por sociedades "bienes inmuebles rústicos y urbanos" en Tribaldos (Cuenca), y un piso en Madrid. Desde el PSOE no aclaran si efectivamente están en manos de una sociedad, y se remiten a la declaración, en la que Serrano especifica que heredó estos bienes y es propietario del 20% de los mismos.
Mientras que en el grupo de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, sólo aparece Lucía Martín con inmuebles en esta categoría: dos pisos, tres plazas de garaje y un trastero con un dominio del 4% en Lugo. 
La diputada afirma a Público que todos forman parte "de la empresa de un familiar cercano". "Tengo el 4% de sus bienes inmuebles, tal y como consta en la declaración. Ni tengo capacidad de voto en la gestión de la empresa ni cobro nada por estar ahí", aclara. 

Dos diputados del PDeCAT

Los diputados del PDeCAT (grupo Mixto) que aparecen en esta lista son Ferran Bel Accensi y Feliu-Joan Guillaumes i Rafòls; el primero tiene dos pisos, un local y dos plazas de aparcamiento en Tarragona, mientras el segundo cuenta con el 21,03% de una nave industrial en Palleja, Barcelona, y el 25% de otra nave en Sant Esteve Sesrovires.
Cuestionados por Público, ambos diputados recalcan que en ningún caso tienen viviendas, sino inmuebles utilizados para sus actividades profesionales, y Guillaumes aclara que comparte la titularidad con su esposa y sus cuñados. En su caso se trata de las sociedades Sant Esteve Renting S.L. y Top Box Business S.L., mientras que Bel participa en ADEC ASSESSORS SL.

Villarejo asegura que el hoy número dos de Defensa le dio dinero en bolsas para espiar a Aznar

MADRID.- El hoy número dos del Ministerio de Defensa, Ángel Olivares, encargó y pagó personalmente al excomisario José Manuel Villarejo para que pinchara los teléfonos del PP de José María Aznar cuando éste ocupó la presidencia de la Junta de Castilla y León. Eso es, al menos, lo que sostiene Villarejo en unas grabaciones de octubre de 2009, publicadas por Moncloa.com y a las que ha tenido acceso El Español, que incluyen por primera vez el nombre del secretario de Estado de Defensa, de la máxima confianza de la ministra Margarita Robles. 

Los hechos se remontan a la etapa en la que Olivares era un joven concejal en pleno ascenso en el Ayuntamiento de Burgos (ciudad de la que acabaría siendo alcalde) mientras Aznar controlaba el partido y presidía Castilla y León (1987-1989). 
"Yo el hándicap que tenía con Olivares es que cuando él era concejal en Burgos, yo era el que le pinchaba el canuto [teléfono], por orden de ellos, que me pagaban además, a todo el entorno cuando estaba Aznar allí de presidente de la Comunidad", se escucha con claridad en el audio. 

"Olivares iba con una bolsa con la pasta"

"Me dijeron: 'Oye, pica los canutos', no sé cuantos. Y a mí, el Olivares iba con una bolsa de El Corte Inglés con la pasta en crudo [metálico], pues me pagaba", continúa el relato del excomisario, hoy en prisión provisional. 
Las fechas coinciden. Según las actas del Ayuntamiento de Burgos, disponibles en su página web, Olivares era concejal en 1987, cuando José María Aznar fue elegido diputado en las Cortes de Castilla y León y diputado por Alianza Popular, la formación que dos años después alumbró al PP.
Villarejo alude a una operación contra Aznar que, según su relato, pretendió "cazarlo con aquel empresario que luego lo terminaron implutando". Podría referirse a Miguel Méndez Pozo, que ingresó en prisión en 1994 con una condena a siete años de cárcel por falsedad documental en un caso de construcción en Burgos.
El intento no salió bien. "No se podía", relata Villarejo. Por eso lo llamaron a él, siempre según su versión. El excomisario habla de "hándicap" en la grabación de 2009. El motivo es lo que ocurrió años después de que pinchara los "canutos", una actividad que sólo puede hacerse legalmente si es con autorización judicial. 

Olivares, "tronquete" para Villarejo

Olivares fue nombrado en 1994 director general de la Policía durante el intenso mandato de Juan Alberto Belloch como ministro de Interior. Allí trabajó mano a mano con Robles, entonces secretaria de Estado de Interior. Pero entonces, la relación de Villarejo con Olivares ya no sería de tanta confianza.
"Y, claro, llego aquí y ¡me lo encuentro de director, macho! Y digo, oye, pues qué bien, coño, es un tronquete, ¿no? Y claro, el otro sacó el crucifijo y dijo, 'este hijoputa, testigo negativo', y a partir de ahí, ruina. Y claro, yo me quedé alucinado". 
El Olivares que presuntamente lo había contratado y pagado en bolsas de un centro comercial ya no quería saber mucho de él. Había pasado de ser un joven concejal en la oposición del Ayuntamiento de Burgos a dirigir la Policía en años convulsos por el terrorismo y la corrupción. 
Entre medias habían pasado muchas cosas. Olivares había sido antes de compartir Ministerio con Robles delegado del Gobierno en Extremadura y Castilla y León. Después de esa etapa fue de nuevo concejal y alcalde de Burgos (1999-2003), su último cargo relevante según su biografía oficial.
Nada más llegar al Gobierno como ministra de Pedro Sánchez, Robles lo rescató y lo hizo secretario de Estado de Defensa, el único que hay en el departamento, lo que le convierte en su auténtico hombre fuerte.

sábado, 29 de septiembre de 2018

El marido de Elena Valenciano, citado a declarar como investigado por prevaricación en el urbanismo de Alfaz del Pi

ALICANTE.- El arquitecto Javier Udaeta -marido de la eurodiputada socialista Elena Valenciano- ha sido citado a declarar este viernes como investigado en la causa de los «campers» en Alfaz del Pi, un proyecto urbanístico en el que se trata de dilucidar un presunto delito de prevaricación administrativa. También está en el punto de mira el alcalde y diputado autonómico del PSPV, Vicente Arques, según publica hoy Abc.

En calidad de técnico municipal, Udaeta se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular -alegando que la denunciante, la concejal y portavoz del PP alfacino le acosa- y solo respondió a las de su abogado y al juez, asegurando que todo estaba en orden y disponía de la documentación para demostrarlo. No obstante, la Guardia Civil ha realizado varios registros en dependencias municipales durante la investigación en busca de esos papeles.

Recientemente, ha sido desestimada por el juez la solicitud de archivo de la causa por parte de otra funcionaria municipal en el momento en que se produjeron estas posibles irregularidades, Lourdes Caselles, actualmente concejal de Urbanismo en Benidorm.

El caso ha suscitado una amplia investigación de la Guardia Civil que ya dura dos años a raíz de una denuncia de la portavoz del PP en ayuntamiento alfacino, Maite Huerta.

«Por mucho que el alcalde y dirigente de los socialistas en las Cortes Valencianas en áreas como la de Turismo, Vicente Arques, intente dilatarlo en el tiempo, tendrá que sentarse a declarar en sede judicial para rendir cuentas por este escándalo», ha manifestado Huerta.

El proyecto urbanístico está bajo la lupa del juzgado por la concesión de «licencias provisionales para la instalación de «campers» y campings en zonas no permitidas, rústicas e incluso de interés agropecuario», con lo que algunos empresarios pudieron explotar construir «costosas infraestructuras en zonas protegidas», según la denunciante.