VALENCIA.- La mejora de la calidad
institucional y acabar con la corrupción podrían elevar un 16 % el
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de España en un plazo de quince
años, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas (Ivie).
El informe,
titulado "Los costes económicos del déficit de calidad institucional y
la corrupción en España" y presentado este viernes en Valencia, recoge
las estimaciones de un grupo de investigadores en economía que sitúan la
calidad institucional entre los factores fundamentales para el
desarrollo económico.
El estudio analiza asimismo la voz y rendición de
cuentas (democracia y libertades públicas), la efectividad
gubernamental, la calidad regulatoria, el respeto a ley y los contratos
y, por último, el control de la corrupción.
Según
han explicado el investigador del Ivie Francisco Alcalá y el profesor de
la Universidad de Murcia Fernando Jiménez, codirectores del informe, la
mejora de la calidad institucional y el fin de la corrupción elevarían
el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto
porcentual en un plazo de quince años.
Según Alcalá,
el impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional
sobre el PIB se produciría indirectamente, a través de mecanismos que
aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y
el empleo.
Además, una mayor seguridad jurídica, la
reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas,
una mejor regulación y una mayor competencia "incentivarían la inversión
nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento
y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y
públicos hacia actividades más productivas".
Los
indicadores de calidad institucional, según el Worldwide Governance
Indicators (WGI), elaborados para el Banco Mundial y con información
sobre 154 países, sitúan a España entre el 20 % de los países con una
mejor gobernanza en el mundo, pero no alcanza el nivel que le
correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía, añade el
informe.
España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en
el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media
de Alemania, Francia y Reino Unido, y al 5,8 de la media de Italia y
Grecia.
Los costes económicos de la corrupción y el
déficit de calidad institucional, advierte el informe, "van mucho más
allá del montante de los fondos públicos indebidamente apropiados" y
"frenan el crecimiento económico".
Ello da lugar a
niveles de productividad, salarios y empleo inferiores a los que serían
posibles con el capital humano y la tecnología disponibles, alerta.
El nivel de calidad institucional que se obtiene, según el indicador
combinado de los WGI, sitúa a España en torno al percentil 81 (es decir,
entre el 20 % de países con mejor calidad a nivel mundial).
Sin embargo, "la productividad española figura notablemente más
arriba", en torno al percentil 85 (el país más productivo del mundo
ocupa el percentil 100 y el menos productivo ocupa el percentil 1).
Así, la calidad institucional aparece como una debilidad "relativa" de
la economía española, que según el estudio debe ser compensada por la
fortalezas en otros factores, como su capital humano.
"Si todos los factores productivos de la economía española se situasen
en ese nivel relativo de la calidad institucional (es decir, en el
percentil 81 de su distribución mundial), la productividad de la
economía española sería un 17 % inferior" y "nos dejaría en los niveles,
por ejemplo, de Eslovenia", advierte.
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