miércoles, 3 de octubre de 2018

El FMI rebaja su previsión para España y alerta del riesgo de revertir reformas

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional rebajó el miércoles en una décima, hasta el 2,7 por ciento, su proyección para el crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB) español en 2018 y advirtió de que se están “acumulando los riesgos a la baja para la economía”, entre ellos “las presiones para derogar las reformas”. 

Una misión del Fondo ha estado durante las dos últimas semanas en España para presentar este informe preliminar. La visita ha tenido lugar en un momento de convulsión política y en plena negociación de los Presupuestos Generales para 2019.
La delegación cree que “la economía mantiene un tono fuerte pero ha superado ya su pico cíclico” y, aunque mantiene la previsión de crecimiento del PIB para 2019 en un 2,2 por ciento, cree que después convergerá en la tasa potencial que sitúa en el 1,75 por ciento.
La economía española ha entrado en fase de desaceleración aunque todavía tiene una de las tasas de crecimiento más altas de la zona del euro. 
El Banco de España acaba de revisar hasta el 2,6 por ciento la previsión de crecimiento de 2018, aunque los analistas apuntan a que se podría quedar incluso en el 2,5 por ciento.
El FMI tenía previsto haber visitado España -en el marco de sus visitas periódicas a países miembro por el Artículo IV- en junio, pero retrasó su misión debido a la inesperada victoria de Pedro Sánchez en una moción de censura el pasado 1 de junio.
El retraso no ha sido suficiente para que el Ejecutivo socialista -que solo tiene 84 diputados- haya culminado las negociaciones presupuestarias para 2019, algo que señala el informe del FMI ya que no puede completar sus conclusiones.
“La misión no puede evaluar si las propuestas preliminares son suficientes para cumplir el objetivo de déficit”, zanja el informe.
Los economistas del Fondo, pilotados por Andrea Schaechter, dicen que “es necesario reconstituir los colchones fiscales, que quedaron agotados durante la crisis” y “reducir el elevado nivel de deuda pública más rápidamente” a la par que aseguran que el saldo fiscal estructural se ha “deteriorado” hasta alcanzar un 2,5 por ciento del PIB.
El informe no apoya ningún plan expansivo y las recomendaciones se centran en ajustes y reformas estructurales, en materia de pensiones y de mercado laboral, donde pide preservar la reforma laboral de 2012.
El Fondo no pone en duda el agujero fiscal para 2018 (previsto en un 2,7 por ciento del PIB) aunque recuerda que “la disminución del déficit nominal a lo largo de los tres últimos años se ha debido íntegramente al fuerte ciclo económico”.
En cuanto a 2019, el FMI ve el objetivo de déficit del 1,8 por ciento, “crucial y apropiado” pero para su consecución cree que las cuentas de 2019 deben incluir “un paquete de medidas creíble”.
Así, creen que “las medidas en materia de ingresos”, esto es, las subidas de impuestos anunciadas por el Gobierno, pueden contribuir “a un ajuste fiscal sostenido a medio plazo” pero piden tener “prudencia” al proyectar el impacto recaudatorio. `
En cuanto a medidas concretas, la misión estaba en España cuando el Pacto de Toledo -una comisión parlamentaria creada hace 23 años para garantizar un sistema de pensiones sostenible-aprobó que las pensiones se volvieran a vincular al IPC para su revalorización.
Los economistas del organismo entienden que la “aceptabilidad social de las reformas está en entredicho” pero pide que haya este aumento de las pensiones vaya acompañado de un “paquete de medidas en materia de pensiones que sea sostenible e integral para aliviar las tensiones que aquejan al sistema”.
Los funcionarios del FMI cifran la vinculación al IPC de las pensiones en un gasto adicional de entre el 3 y el 4 por ciento del PIB hasta 2050, por lo que piden que haya una memoria con medidas de ingresos que contrarresten este efecto.
Entre otras proponen incrementar la cotización mínima de los trabajadores autónomos y destopar, es decir, eliminar el tope de cotización para los salarios más altos.
“A menos que exista una correspondencia plena entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto, no podrá evitarse una futura reducción de las pensiones, aunque sea moderada”, concluye el informe.
Respecto a la reforma laboral, el Fondo defiende que “resulta crucial preservar el espíritu de las reformas, en particular la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales”, precisamente uno de los cambios que ha anunciado que hará el Ejecutivo de Sánchez.
El FMI cree que “incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional” pondrán en peligro oportunidades de empleo de los menos cualificados.
Como viene siendo habitual, el organismo dirigido por Christine Lagarde pide que se adopten más medidas para eliminar el exceso de temporales del mercado laboral español, una de sus principales particularidades ligadas a la alta tasa de desempleo.

La plataforma de Mossos convoca una protesta por el dispositivo del 1-O

BARCELONA.- La plataforma MosS.O.S ha convocado una manifestación para el próximo sábado en Barcelona en protesta por lo que consideran una defectuosa planificación del dispositivo montado el pasado lunes para garantizar la seguridad ante las movilizaciones para conmemorar el referéndum del 1-O.

Según han informado fuentes policiales, los sindicatos con representación en el cuerpo están estudiando sumarse a esa manifestación, convocada en Barcelona para el sábado por la tarde, después de que ayer coincidieran en criticar el diseño del operativo del 1-O y la instrumentalización política de que se sienten objeto.
MoS.O.S es una plataforma de agentes de la policía catalana, paralela a los sindicatos del cuerpo, que ha emprendido una campaña de movilizaciones para exigir mejoras salariales y un aumento de efectivos, con las que el mes pasado lograron reunir a un millar de agentes en una concentración ante el Departamento de Interior.
El movimiento, que funciona a través de grupos de Telegram y lanza sus convocatorias en las redes sociales, ha hecho suyas las protestas que ayer expresaron todos los sindicatos con representación en la policía catalana, después de los incidentes del pasado 1 de octubre, principalmente el intento de ocupación de la sede del Parlament por un grupo de manifestantes.
Los sindicatos del cuerpo (SAP-FEPOL, SME, USPAC y SPC) criticaron ayer de forma unánime la planificación del dispositivo montado para hacer frente a las movilizaciones del 1-O y exigieron a al Govern que no les deje a merced de la batalla política.
A la reivindicación de esos sindicatos de base se unió la del Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra (SICME), que a través de un comunicado denunció la "instrumentalización" de que se sienten víctimas y reclamaron respeto al cuerpo de la policía catalana y a su "profesionalidad".
Los sindicatos consideran un error que se permitiera acceder a los manifestantes al interior del parque de la Ciutadella, cuando los propios Mossos d'Esquadra han recomendado en ésta y en otras protestas similares el cierre del recinto para garantizar la seguridad.
Además, creen que el número de agentes movilizados en el dispositivo diseñado tanto en el parque de la Ciutadella como ante la comisaría de la Policía Nacional en la Via Laietana era claramente insuficiente.

Moral Santín, a un paso de la cárcel tras confirmar el Supremo su condena

MADRID.- El exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín se ha convertido hoy en el segundo condenado en firme por el Tribunal Supremo con la pena más elevada, cuatro años de prisión, como "cooperador" de un delito de apropiación indebida a través de un sistema con el que se benefició de 456.522 euros.

En su sentencia de 456 folios, la sala desestima el recurso interpuesto por el que fuera consejero en representación de IU que, como los otros 64 usuarios, "se retribuían a sí mismos a costa del patrimonio de la entidad, dado que cada uno disponía de lo que se le antojaba dentro de los límites máximos que se le imponían" aún sin contar con apoyo legal o estatutario alguno.
Los magistrados, de forma unánime, admiten que si bien este sistema fue iniciado por el expresidente de la entidad Miguel Blesa, fallecido el pasado año, ello no exime de responsabilidad a Moral Santín, que en su escrito de casación pedía su absolución pues nunca tuvo la posibilidad de oponerse a la decisión de emisión y entrega de las tarjetas.
Un argumento que el Supremo desmonta, tanto para él como para los otros condenados, a los que reprocha que "no tenían la obligación de utilizarla", de modo que al hacerlo, "aceptaban la participación en el plan que se les ofrecía", consumando así el delito con cada desembolso.
Al margen del exvicepresidente de la caja, la sentencia de la que ha sido ponente el juez Miguel Colmenero, desestima los recursos de otros 40 antiguos cargos de la entidad contra el fallo dictado en febrero de 2017 por la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Entre ellos el del expresidente Rodrigo Rato, sobre el que ya pesa una condena firme de cuatro años y medio de prisión por perpetuar de forma consciente un sistema que "estaba pervertido en su origen".
También los de los exconsejeros de Caja Madrid Estanislao Rodríguez Ponga, Antonio Romero Lázaro, Francisco Baquero, y Jorge Gómez, a los que ratifican los tres años y dos meses de prisión por haber mermado el patrimonio de la entidad con cargos que oscilaban entre los 98.000 y los 266.000 euros.
En este sentido, "cabe preguntarse cómo podían entender de forma racional que actuaba lícitamente al realizar constantemente unos gastos, con una tarjeta de la entidad, que se cargaban a una cuenta de ésta".
Se mantienen por encima de los dos años a otros nueve; no obstante, la aplicación de la reparación del daño salva de su ingreso en prisión a otros dos exconsejeros, Antonio Cámara y Francisco José Moure, y al ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, al que los magistrados castigan ahora por un único delito de apropiación indebida en vez de los dos impuestos por la Audiencia.
Atenuante de la que se han beneficiado otros nombres como el del exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella y el exconsejero a propuesta del PSOE Ramón Espinar (un año menos un día de cárcel), así como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el empresario Javier López Madrid (ambos con seis meses menos un día de prisión).

Valerio, a favor de destopar la base máxima de cotización de forma progresiva

MADRID.- La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha mostrado hoy favorable a destopar la base máxima de cotización de forma progresiva y no totalmente, y ha reconocido que este debate está "encima de la mesa" del Pacto de Toledo y del Diálogo Social.

Durante la comparecencia de Valerio en la Comisión de Trabajo del Senado, la ministra ha reflexionado sobre las medidas que pueden aumentar los ingresos del sistema de la Seguridad Social y ha recordado un informe del Ministerio de Trabajo que señala que durante décadas se han pagado cerca de 70.000 millones de euros en complementos a mínimos, tanto con Gobiernos del PP como del PSOE.
Ha planteado la necesidad de buscar fórmulas para financiar el déficit de la Seguridad Social con el fin de que en cinco años, en 2023, el sistema pueda estar saneado y en este sentido se ha referido a las medidas que deben consensuarse tanto en el Pacto de Toledo como en la Mesa de la Seguridad Social del Diálogo Social.
Ha incidido en que la separación de fuentes es fundamental, como pagar reducciones de cuota y tarifas planas a cargo de los Presupuestos y no con las cotizaciones.
También se ha referido a otras medidas como la modificación de la contratación en actividades limitadas, al crecimiento de las bases o a las jubilaciones parciales y los contratos de relevo para sectores industriales como la automoción.
En torno a la propuesta de algunos grupos parlamentarios de destopar las bases máximas de cotización, Valerio ha reconocido que es un tema que está "encima de la mesa", y ha dicho que habrá que estudiar si el destope es total o progresivo, aunque ella ha abogado porque fuera gradual.
"Es difícil paliar en un año los 18.000 millones de déficit del sistema. Lo que se trata es de reorientar este transatlántico (en referencia a la magnitud del ministerio que dirige) en cinco años, de 2019 a 2023, que es cuando se notará la presión demográfica al recibir la pensión la generación del 'baby boom'", ha señalado.
Valerio ha reiterado que el objetivo es sanear el sistema en esos años trabajando en coalición con los grupos parlamentarios, y con los agentes económicos y sociales para dar certidumbre y confianza.
Ha puntualizado que es necesario trabajar juntos para garantizar la sostenibilidad social, con pensiones suficientes, la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad jurídica, respetando las normas internacionales, y para garantizar la sostenibilidad política, ya que "hablamos de muchos millones de personas y o damos salida digna al sistema público de pensiones o nos pasarán factura en las urnas".
La ministra ha recordado que el sistema de pensiones aguantó "bastante bien" hasta 2011 al pagar las prestaciones contributivas con las cotizaciones, y ha recriminado que el sistema empezara a entrar en déficit creciente por los efectos "letales de la reforma laboral de 2012".
El grupo parlamentario popular en el Senado le ha reprochado a Valerio algunos "goles por la escuadra que le han metido" al tener que dimitir la directora general de Trabajo por firmar la autorización de un sindicato de prostitutas.
"No han dirigido nada bien la moción de censura y aunque algún gol me han metido por la escuadra, ustedes han estado 7 años metiendo goles a millones de españoles", le ha contestado.

Garamendi (CEOE): “Imponer por ley cuotas de mujeres puede perjudicar a la competitividad de las empresas”

MADRID.- El presidente de Cepyme y candidato a la Presidencia de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado este miércoles su rechazo a la intención de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de acelerar la ley que hará obligatorio que las empresas tengan determinadas cuotas de mujeres en los consejos de administración.

“A mí me parece un globo sonda”, ha dicho el vicepresidente de la CEOE, quien considera que esta medida podría “perjudicar la competitividad” de las empresas, y se ha mostrado más partidario de promocionar a las mujeres en las empresas, pero no obligar a éstas legalmente a cumplir con unas cuotas.
Garamendi ha dicho que está a favor de la igualdad y que poco a poco se camina hacia ella, estando las mujeres jóvenes de hoy mucho mejor preparadas que los hombres. “En este país se hace mucha demagogia. Hay muchos más problemas y tenemos que trabajar en esa línea, pero no como obligación legal”, ha precisado.
Por otro lado, ha asegurado que gravar más a las empresas por sus beneficios en el extranjero es una “barbaridad” y ha advertido al Gobierno y a Unidos Podemos de que, si esto sale adelante, habrá empresas y bancos que se deslocalicen.
“Los grandes bancos, los beneficios que generan en España son prácticamente el 20% de su negocio y están pagando fuera lo que ganan en cada país. Si les obligas a pagar aquí y allí se van a deslocalizar”, ha subrayado el también vicepresidente de la CEOE en declaraciones a Antena 3.
Garamendi respondía así al ser preguntado por una noticia publicada este miércoles en ‘El País’, en la que se asegura que el Gobierno, a petición de Unidos Podemos, está analizando endurecer la fiscalidad de los beneficios que obtienen las empresas españolas mediante los dividendos de sus filiales extranjeras.
El presidente de Cepyme ha afirmado que en los tratados de doble imposición traerá “problemas” y ha insistido en que esta medida sería una “barbaridad”. 
“Muchas pequeñas y medianas empresas no están fuera de España en los sitios donde hay doble imposición porque no tienen margen para pagar impuestos aquí y allí”, ha dicho.
“Le recomendaría a Unidos Podemos que monten una empresa con doble imposición y se darán cuenta de lo que es”, ha indicado Garamendi respecto a la propuesta de la formación ‘morada’ que está estudiando el Gobierno.

La confianza del consumidor se hunde 11,9 puntos y registra su menor nivel en dos años

MADRID.- La confianza del consumidor bajó 11,9 puntos en septiembre en relación al mes anterior, hasta situarse en 90,6 puntos, su peor dato en dos años, según los datos publicados este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Este fuerte retroceso de la confianza del consumidor en el noveno mes del año se debe, sobre todo, a la peor valoración de la situación actual que hacen los ciudadanos y, en menor medida, a la caída de sus expectativas.
De este modo, la confianza de los consumidores vuelve a bajar de los 100 puntos después de tres meses consecutivos por encima de esta cifra. La percepción de los consumidores se entiende así como negativa, ya que para considerarla positiva debe estar por encima de los 100 puntos.
Dentro de los dos indicadores que componen el índice de la confianza del consumidor, el de situación actual registró un retroceso de 16,3 puntos, hasta los 82,9 puntos, su nivel más bajo desde octubre de 2016.
Por su parte, el indicador de expectativas bajó 7,4 puntos en septiembre, hasta los 98,2 puntos, su peor dato desde septiembre de 2016.
Dentro del indicador de situación actual, la valoración de los consumidores sobre la evolución general de la economía se hundió 22 puntos y la del mercado de trabajo empeoró en 20,1 puntos. También cayó, aunque de forma más moderada, la percepción sobre la situación de los hogares, con una contracción de 6,9 puntos.
Por su lado, el retroceso de las expectativas de los ciudadanos es resultado de la disminución en 12,7 puntos de la valoración sobre la evolución futura de la economía, de la caída en 7 puntos de las expectativas sobre el empleo y del descenso en 2,5 puntos de la valoración sobre la situación futura de los hogares.
Comparando los datos de septiembre de este año con los del mismo mes de 2017, la confianza del consumidor retrocedió 12,6 puntos, tras bajar el índice de situación actual en 12,9 puntos y el de expectativas, en 12,4 puntos.
El ICC recoge mensualmente la valoración de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. El indicador recoge valores de entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa.

El Gobierno estudia que los trabajadores puedan distribuir su jornada laboral

MADRID.- La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles que el Gobierno está estudiando el establecimiento de un registro horario y el reconocimiento expreso del derecho de los trabajadores a la distribución regular o previsible de su jornada de trabajo.

Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Senado, donde ha asegurado que esta actuación se integra dentro de los cinco ejes a realizar por parte de su Ministerio de cara a los próximos meses.
Según la ministra, se debe equilibrar la flexibilidad en la distribución de la jornada de trabajo desde la perspectiva de la empresa con el derecho de los trabajadores a una jornada previsible que permita la conciliación familiar.
Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está estudiando también la situación que se está produciendo en relación con las horas extraordinarias, puesto que, según los datos del segundo trimestre de 2018 de la Encuesta de Población Activa (EPA), más de 825.000 trabajadores asalariados realizan horas extraordinarias, y más del 55% de los mismos no cobran por la realización de dichas horas.
Esta medida se integra dentro del proyecto de actuaciones que el Gobierno va a realizar en los próximos meses para recuperar un mercado de trabajo “más garantista”, con empleos con derechos y más calidad que el actual, ha indicado.
Entre las cinco líneas de actuación del Gobierno, destacan la reducción de la segmentación del mercado de trabajo español entre trabajadores temporales e indefinidos y trasladar la recuperación económica al empleo de calidad, mejorando las condiciones de trabajo y reduciendo la precariedad, sobre todo en lo referente a los salarios, tiempo de trabajo y flexibilidad interna.
Por otro lado, el Ejecutivo también trabajará en la recuperación de la negociación colectiva como elemento vertebrador de las relaciones laborales y en desarrollar medidas específicas en materia de políticas activas de empleo y protección al desempleo dirigidas a parados de larga duración, mujeres y jóvenes.
En esta línea, Valerio ha afirmado que la Secretaría de Estado de Empleo está trabajando en la elaboración de un plan de choque de empleo joven, que se centrará en abordar una nueva regulación de contratos dirigidos a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, en la mejora de la empleabilidad a través de programas de inserción y cualificación y en el acompañamiento en el proceso de formación e inserción laboral.
Este plan, que también abordará una mejora en la gobernanza del sistema de garantía juvenil, se presentará antes de que finalice el año y se realizará igualmente en el marco del diálogo social con sindicatos y empresarios.
Por último, el quinto eje de actuación del Gobierno se centrará en la defensa del valor de la igualdad de género en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo y de protección social.
Valerio también ha señalado que se va a constituir un grupo de trabajo para la realización de un Estatuto de los Trabajadores acorde al siglo XXI, que contará con el asesoramiento de expertos de reconocido prestigio.

El Senado planea que Sánchez comparezca el 23 de octubre por su tesis doctoral

MADRID.- El Senado maneja la fecha del 23 de octubre para la comparecencia ante el pleno del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar de su tesis doctoral, si bien el orden del día de este pleno no se fijará hasta el día 16 y el Ejecutivo aún no ha dicho la última palabra sobre esta petición requerida por el PP.

Y es que el grupo popular, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha logrado sacar adelante dos peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, una que viene del mes de agosto, sobre la política de inmigración del Ejecutivo socialista, y otra más reciente referida a la polémica por la tesis de Pedro Sánchez.
Desde el primer momento el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla Martos, aceptó la posibilidad de que Sánchez acudiera al pleno del Senado, pero para abordar de forma genérica la gestión política del Ejecutivo, una oferta que ha vuelto a hacer este miércoles en la Junta de Portavoces y a la que ya ha puesto una fecha: el pleno del martes 23 de octubre.
Corresponde ahora a la Mesa fijar el orden del día de esa sesión, algo que no hará hasta la semana anterior al pleno, el día 16, según ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz, quien ha dejado claro que se trabaja con la fecha del día 23 “a expensas de lo que puedan plantear desde Moncloa”.
Es decir, que todavía no está cerrada la comparecencia, máxime cuando existen discrepancias respecto a su formato, porque al estar prevista una sesión de control al Gobierno ese mismo a las cuatro de la tarde es necesario hacerla compatible con la comparecencia de Sánchez, que podría celebrarse en primer lugar para después abordar las preguntas orales al presidente y los ministros.
Y además el PP quiere que sea monográfica, no sobre política general, dando prioridad al asunto de la tesis doctoral del presidente ante las “sospechas de plagio” y las “dudas sobre su autoría”, de manera que si hubiera que celebrarla separadamente de la de inmigración, prefiere que hable antes de la tesis.
Algo que ha criticado el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, quien se opone frontalmente a que Sánchez hable de su tesis en sede parlamentaria porque en su opinión el parlamentarismo “no es valorar tesis” de nadie, sino ejercer su función de control al Gobierno, y es la Universidad quien tiene que evaluar sus tesis doctorales.
De hecho, sólo el PP ha votado a favor de que Sánchez informe al Senado sobre esta cuestión.
Caso distinto es la inmigración, que según ha recordado Bildarratz, es un asunto importante sobre el cual la Diputación Permanente ya pidió en agosto la comparecencia urgente de Sánchez.
En todo caso, el pleno monográfico está todavía por cerrar, si bien el vicepresidente Pedro Sanz tiene claro que el jefe del Gobierno tendrá que acudir al senado “exactamente igual que un ministro, un secretario de Estado, o cualquier otro miembro del Gobierno” y ha remarcado: “Estas son las reglas del juego”.
También ha reflexionado sobre el papel de “contrapeso” que el Senado ejerce en una situación política muy peculiar como la actual, y ha explicado que Sánchez deberá comparecer en la Cámara Alta sobre su tesis precisamente porque el Congreso no aprobó que lo hiciera.

Anticorrupción reprocha al juez De Egea el cierre “precipitado” de parte del caso Villarejo

MADRID.- La Fiscalía ha pedido al juez la reapertura de dos piezas del caso Villarejo, la denominada Land -sobre los promotores de la urbanización La Finca de Pozuelo- e Iron -sobre un bufete de abogados-, al haber aparecido "nuevos y sólidos" indicios contra las siete personas para las que se archivaron estas investigaciones.

En un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción asegura que estos nuevos hallazgos permiten seguir “ampliando” las pruebas “sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años”.
Nuevos hallazgos que, según los fiscales, permiten seguir “ampliando” las pruebas en “todas las líneas abiertas” en la investigación del caso Villarejo “sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años”.
Con la intención de seguir profundizando en estas investigaciones, la Fiscalía ha remitido sendos informes al juez del caso, Diego de Egea, reclamando que, a la luz de estas las pruebas, deje sin efecto el archivo decretado en ambas piezas en julio y que Anticorrupción tiene recurrido.
Esos nuevos indicios, según la Fiscalía, han aparecido a raíz del análisis de la documentación en soporte papel y digital intervenida en los registros de la operación Tándem en la que en noviembre fue detenido el excomisario José Villarejo, que aún permanece en prisión y que sigue como investigado en esas dos piezas, por lo que a él no le afectó este archivo parcial.
“Con la solicitud de formación de piezas separadas desde su inicio, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pretende la simplificación y la más adecuada ordenación de la presente macrocausa, constituyendo la solicitud de reapertura de la investigación de ambas piezas separadas Iron y Land una actuación procesal que objetivamente impulsa la misma en aras de posibilitar su rápido enjuiciamiento” expone el comunicado.
En la pieza Iron, De Egea decretó el archivo para Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, como socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados, así como para la también investigada María Ángeles Moreno, como directora del departamento de marcas externas del bufete.
En esa pieza se investiga en encargo del bufete Herrero y Asociados hecho a Villarejo para investigar a un despacho rival, mientras que Land versa sobre la participación de Villarejo en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de La Finca.
Antes de archivar estas piezas para estos 7 investigados por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil, el juez, en contra del criterio de Fiscalía, sobreseyó también las actuaciones contra el excomisario de Barajas Carlos Salamanca y dejó en libertad al comisario Enrique García Castaño, considerado mano derecha de Villarejo.
Ambas decisiones, al igual que los archivos de Lan y Iron, han sido también recurridas en apelación por Anticorrupción ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Valerio respalda al Pacto de Toledo en subir las pensiones según el IPC real

MADRID.- La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha respaldado este miércoles el acuerdo del Pacto de Toledo para revalorizar la pensión según el IPC real y ha afirmado que fue un pacto de "enorme satisfacción".

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado, Valerio ha dicho, no obstante, que todavía quedan más de 20 recomendaciones por debatir y cerrar, entre ellas algunas importantes como la relativa a la separación de fuentes para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
Estas declaraciones de Valerio en defensa del Pacto de Toledo se producen después de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, dijera el martes que en materia de pensiones no puede atenderse a un único parámetro, como su actualización conforme al IPC, sino que debe analizarse su sostenibilidad teniendo en cuenta toda una serie de variables.
“El compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo es inquebrantable”, ha insistido la ministra, que ha venido acompañada por la mayoría de su equipo ministerial, con los secretarios de Estado de Empleo y de Migración, aunque con la ausencia del secretario de Estado de Seguridad Social.
Valerio ha recordado que a principios de 2019 se abonará la paga compensatoria a los pensionistas según se desvíe el IPC real del actual 1,6 % previsto. También ha puesto en valor la importancia de la Mesa de Seguridad Social que se enmarca dentro del diálogo social y que busca medidas para financiar el sistema teniendo en cuenta el mantenimiento de la protección de los colectivos más vulnerables, como mujeres y jóvenes.
“Se debe incidir en medidas por el lado de los ingresos y no del gasto”, ha dicho la ministra tras insistir en que hay que reforzar el equilibrio del sistema “con calidad en el empleo y con una mejor acción protectora”.
Además, ha señalado el compromiso del Gobierno de mantener la estabilidad del sistema de pensiones, pero no actuando de manera unilateral, en referencia al indicador de actualización de las pensiones aprobado por el Gobierno del PP del 0,25 %.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha señalado que se dejaría en manos del Diálogo Social la confección de la norma que recomienda el Pacto de Toledo de subir las pensiones conforme al IPC. “Hay que buscar alternativas en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo”, ha dicho.
Valerio ha puntualizado que la financiación de las prestaciones contributivas deben ir siempre con cotizaciones sociales, pero ha avanzado que también se dejará abierta la puerta a otras fuentes alternativas de financiación a la Seguridad Social, como la vía de los Presupuestos.
En este sentido ha dicho que el debate está abierto tanto en el ámbito parlamentario y político como en el de los interlocutores sociales y ha afirmado que también los ministerios de Economía y Hacienda trabajan en ver las posibilidades de modificar el actual régimen fiscal y tributario para ayudar también a financiar al sistema público de pensiones.
Valerio ha recordado que la Seguridad Social es un pilar fundamental del estado de bienestar y que la administración española es la que mejor funciona “del mundo”. “Es un sistema solidario entre generaciones y estamos interesados en que funcione ahora y tenga un largo y halagüeño futuro”, ha puntualizado.
“Mi enorme satisfacción y la de todo el Gobierno con el acuerdo en marco del Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones conforme al IPC real. Es una buena noticia avanzar en estas recomendaciones pero el otro día por primera vez hubo un acuerdo que habla de la revalorización de la pensión según el IPC real”, ha insistido.

Los Mossos cargan contra antifascistas e independentistas que querían ‘reventar’ una manifestación por la unidad de España

BARCELONA.- Los Mossos d’Esquadra han cargado esta tarde contra manifestantes “antifascistas” e independentistas que intentaban acceder a la plaza Artós de Barcelona, donde se ha llevado a cabo un acto a favor de la unión de España convocado por un colectivo denominado ‘Los de Artós’.

Este grupo unionista había convocado para esta tarde un “pasacalles festivo por Cataluña y España” que debía arrancar a las 18:00 horas en esta plazoleta, en la que se han concentrado unas 200 personas.
Al tener conocimiento de este acto, diversos colectivos antifascistas, así como el CDR de Sarrià, han convocado una manifestación en el barrio para “volver a tomar las calles contra la impunidad fascista”.
En un primer momento, la policía catalana ha mantenido separados a manifestantes de uno y otro signo, impidiendo a los antifascistas su acceso a la plaza Artós, donde los unionistas, muchos de ellos con la cara cubierta, han ondeado banderas españolas y coreado consignas como “Viva España”, “No nos engañan, Cataluña es España” o “Ni olvido ni perdón, golpistas a prisión”.
Por su parte, los manifestantes que han acudido al llamamiento del CDR de Sarrià, muchos de ellos también encapuchados, han mostrado una pancarta con el lema “el fascismo avanza si no se combate” y han intentado acceder por calles laterales a la plaza Artós.
Es entonces cuando los Mossos d’Esquadra han cargado contra varias decenas de manifestantes, haciéndoles retroceder.
Los de Artós han podido iniciar poco después un pasacalles por el barrio, seguidos de cerca por los independentistas y por un amplio dispositivo policial, para “dejar claro que las calles son de todos, tanto de los tabarneses como de los separatistas”.

El Supremo vuelve a rechazar la libertad de Junqueras y otros 8 dirigentes del ‘procés’

MADRID.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de libertad presentada por las defensas de los nueve procesados en la causa del "procés" que están en prisión provisional (Josep Rull, Jordi Turull, Raul Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Jordi Cuixart), basada, como principal argumento, en el impacto que la situación de prisión tiene en el entorno familiar y personal de cada uno de ellos.

La Sala apoya su decisión en que la dignidad con la que esas circunstancias son expuestas por las defensas no es suficiente para neutralizar los riesgos de fuga y de reiteración delictiva que llevaron al instructor y a la Sala de Recursos a acordar la medida cautelar. “Los fines del proceso y, de modo especial, las medidas cautelares que tienden a asegurar esos fines, no se desdibujan por los padecimientos que en el orden familiar puede acarrear la privación de libertad”, subraya el tribunal.
De acuerdo con el criterio del fiscal, afirma que la adopción de medidas cautelares está sometida por la propia ley “a los principios de legalidad, judicialidad, excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y temporalidad, atendiendo a los graves perjuicios personales y familiares que en todos los órdenes supone la privación de libertad, así como sus consecuencias colaterales respecto de otras personas que puedan estar vinculadas al procesado”. 
Cuando el juicio de ponderación sobre la concurrencia de los presupuestos que legitiman la medida restrictiva se hace con el filtro de esos principios, explican los magistrados, “los sentimientos de aflicción de los familiares debilitan su rango axiológico y no pueden operar como razones desencadenantes de la libertad”.
Algunos de los procesados alegaron la vulneración de su derecho a la defensa y a un proceso justo si continúan en prisión durante la celebración del juicio. La Sala señala que “ni el contenido material del derecho a la defensa, ni, por supuesto, el derecho a un proceso con todas las garantías, están afectados por las condiciones que, en su caso, presidirán la celebración de las sesiones del plenario. La dignidad de los procesados, las condiciones de su alimentación y la habitabilidad del lugar de su custodia, serán debidamente garantizadas por esta Sala”.
La Sala rechaza también las alegaciones referidas a la vulneración de los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a un proceso público sin dilaciones indebidas realizadas por los procesados Jordi Turull y Josep Rull en sus respectivas peticiones de libertad. Tampoco admite la alegación de Dolors Bassa relativa a que ha abandonado la política y al clima político actual proclive al diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat. 
En este sentido, la Sala responde que “ni las medidas cautelares vigentes respondieron, en el momento de su adopción, a un determinado clima político, ni su permanencia puede hacerse ahora depender de un contexto político diferente”.

JxCat incumple su acuerdo con ERC: no designará diputados sustitutos tras votarlo en el Parlament

BARCELONA.- JxCat y ERC han reabierto su polémica sobre cómo resolver la situación de los seis diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, al hacer interpretaciones contrapuestas de lo que implica el dictamen aprobado el martes por el Parlament.

En concreto, el pleno del Parlament aprobó un texto que consta de dos puntos: en el primero, se ha acordado rechazar la suspensión de seis diputados procesados por el Supremo -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat), Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC)-, pero en el segundo se avaló que puedan delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario, solución que ya apuntaba el juez Pablo Llarena.
Esta fórmula es fruto de un acuerdo que JxCat y ERC han tardado dos meses en forjar, después de que chocaran públicamente en julio al no encontrar una solución de consenso sobre si acatar o no la suspensión de los diputados procesados por el 1-O.
Cuando ya parecía que la cuestión estaba resuelta -simbólicamente el pleno rechazaba la suspensión pero en la práctica acataba la solución sugerida por Llarena y permitía que los seis afectados delegaran sus funciones parlamentarias en otro miembro de su grupo-, las discrepancias volvieron a aflorar en la tarde del martes.
En consonancia con el dictamen aprobado por el Parlament, Junqueras y Romeva han enviado un escrito para pedir que otro diputado del grupo de ERC pueda votar en su nombre en el pleno.
En cambio, los cuatro afectados de JxCat -Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull- no han hecho lo mismo ya que, según argumentan ahora fuentes de su grupo, al haber sido rechazada la suspensión por parte del pleno, ya no es necesario que soliciten delegar sus funciones, porque no están suspendidos.
Según señala JxCat, antes de que el Supremo dictara las suspensiones, los diputados en prisión preventiva o en el extranjero podían delegar su voto, por lo que ahora, una vez “rechazadas” esas suspensiones, no ven necesario volverlo a solicitar.
La postura de JxCat ha generado gran malestar en las filas de ERC, que acusan a sus socios independentistas de “incumplir” el acuerdo que habían alcanzado y que preveía que los seis diputados aludidos “designaran” a un miembro de su grupo para que ejerciera sus derechos parlamentarios mientras no se resolviera su situación procesal.
En ERC, además, interpretan que JxCat vuelve ahora a poner bajo presión al presidente del Parlament, Roger Torrent, ya que deberá ser la Mesa de la cámara catalana la primera que se pronuncie sobre si permite o no votar a Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull en caso de que no hayan designado a nadie para delegar sus funciones.
Precisamente este jueves el pleno del Parlament deberá votar las propuestas de resolución derivadas del debate de política general que empezó este miércoles.

Arrimadas e Iceta acusan a Torra de jalear a los radicales y le avisan de la ‘inutilidad’ de su chantaje

BARCELONA.- La líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha sido la primera en subir a la tribuna de oradores este jueves en el debate de política general que se celebra en el Parlament de Cataluña. 

Allí, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzó el miércoles un nuevo desafío al Gobierno cuando amenazó con retirarle su apoyo en el Congreso si no pacto un referéndum de autodeterminación antes del próximo mes de noviembre. 
La máxima responsable de Ciudadanos en Cataluña ha despreciado esa propuesta tildando el referéndum de 'neveréndum', aludiendo a que no conduce a nada. El primer secretario del PSC, Miguel Iceta, ha intervenido después para pedir a Torra que rectifique.
Ambos dirigentes, Arrimadas e Iceta, han reprochado a Torra que jaleara a los radicales el mismo día en el que se cumplía el aniversario del 1-O, propiciando un intento de asalto al Parlament que se saldó con graves enfrentamientos entre los manifestantes y los Mossos. “¿Qué animará a hacer a los ‘comandos separatistas’ si hay una sentencia judicial contraria a su voluntad?”, le ha preguntado la líder de Cs y le ha lanzado un aviso: “No es la primera vez que después de jalear le van a pasar por encima”. 
Además, ha enumerado todos los perjuicios que, según ella, ha causado el órdago secesionista en Cataluña y ha llegado a comparar a Torra con Aznar. “Usted tuvo ayer un momento Aznar cuando dijo que Cataluña va bien”, le ha reprochado.
La dirigente del partido naranja se ha referido también a la corrupción: “Los que roban en Catalunya son los corruptos, que han robado a manos llenas en las instituciones catalanas. Ayer no nombró la palabra corrupción, porque el supremacismo nacionalista cree que los catalanes no roban”. 
Al hilo de este asunto, ha criticado la utilización que hace el soberanismo del Parlament, que el martes votó una resolución judicial para hacer posible que los diputados suspendidos por el juez Llarena puedan conservar el acta y a la vez delegar el voto: “¿Van a trae aquí la sentencia del ‘cas Palau’ para decidir si les gusta o no?”. 
Tanto Arrimadas como Iceta han descalificado la insistencia de Torra en pedir un referéndum de autodeterminación y su pretensión de someter a chantaje al Gobierno central, que necesita el apoyo de los nacionalistas catalanes para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. 
Pero mientras que el socialista se ha alineado claramente con la política de mano tendida del Ejecutivo, que se ha declarado dispuesto a mantener abierta la vía del diálogo, la líder de la oposición ha aprovechado para arremeter contra el Ejecutivo. 
Y es que tanto Ciudadanos como el PP están aprovechando los últimos acontecimientos en Cataluña para volver a la carga con lo único que realmente inspira su actuación política: conseguir el adelanto de las elecciones generales.
Arrimadas ha avisado a Torra de que “no cometa el mismo error” que su predecesor, Carles Puigdemont, que en su desafío independentista “pensó que se estaba enfrentando a Mariano Rajoy”, cuando lo hacía a un “Estado de derecho y a una democracia”. 
“No confunda la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez con una debilidad de la democracia” española, le ha aconsejado la líder de Ciutadans, quien además ha acusado al Gobierno del PSOE de ser el “salvavidas” de los independentistas.
Iceta, en un tono más constructivo, ha reflexionado que “cuando Cataluña ha jugado al todo o nada, ha perdido siempre. Si hemos de atender a la historia, y usted es un amante de la historia, cuando hemos jugado así hemos perdido. Le pido que no cometamos de nuevo este error”. 
“Ayer volvió a cometer el error de decir autodeterminación o nada. Acabar con la separación de poderes en el Estado español o nada. Y dice que dejará caer al presidente Sánchez a ver si Albert Rivera (Cs) o Pablo Casado nos lo arreglan… bueno, es una posibilidad”, ha ironizado el líder del PSC. En contraposición con la postura del ‘president’, ha defendido que “el camino es reunirse, dialogar y acordar”. 
“Todos querríamos mucho más y mucho más deprisa, pero nuestra demanda hoy es certificar que este camino da resultados y vale la pena no abandonarlo. No puede haber ningún tipo de duda sobre el camino correcto, que es la cooperación y la lealtad institucional”, ha aseverado.
La portavoz de Catalunya en Comú Podem, Jessica Albiach, se ha dedicado a regañar por igual a los independentistas por volver a la senda de la unilateralidad y a los constitucionalistas por no ofrecer alternativas salvo la del 155, el artículo de la Constitución que tanto el PP como Ciudadanos insisten en volver a aplicar. 
Albiach, en cambio, ha subrayado la necesidad de hacer política para atender a las necesidades reales de la ciudadanía, que asiste estupefacta al espectáculo. 
“No ponga plazos imposibles que solo generan frustración”, le ha pedido al presidente de la Generalitat y ha añadido: “Salga de sus contradicciones, no genere más falsas esperanzas”.
La CUP, por su parte, ha sido completamente fiel a sus esencias y ha defendido sin ambigüedades esa vía unilateral y de desobediencia al Estado. Como es sabido, los anticapitalistas no quieren ni oír hablar de autogobierno, que para ellos es una ‘pantalla’ superada tras el referéndum ilegal de hace un año, y así lo ha dejado claro su portavoz, Carles Riera.
 “La Moncloa ya le ha dicho que no a su ultimátum. ¿Volverá a tirar la pelota para delante o hará ya un acto de soberanía?”, le ha dicho a Torra y le ha avisado de que “este pueblo ganará la independencia con ustedes o contra ustedes”. 
A su juicio, “entre el movimiento republicano y la autodeterminación hay un embudo. Entre el 1-O y la ruptura con el Estado hay una barrera. Y este embudo y esta barrera son ustedes”. Esa barrera, según sus palabras, deberá superarse como se hizo el 1-O y el 3 de octubre de 2017.
El portavoz de la CUP ha vuelto a reclamar la dimisión del conseller de Interior, Miquel Iceta, por las últimas cargas de los Mossos contra los radicales. “Los Mossos no son nuestra policía”, le ha dicho y ha ido todavía más allá en su órdago al Estado y a las leyes con esta sugerencia: “Le recuerdo que ustedes tienen las llaves de las cárceles y quizá algún día el pueblo les pedirá que las abran”.
En el extremo opuesto del arco parlamentario, el portavoz del PP, Alejandro Fernández, ha afirmado que no se dan las condiciones para dialogar entre el Gobierno español y el catalán y le ha recriminado a Miquel Iceta ser un “liante” cuando se pone “equidistante”. 
“Los constitucionalistas nos podemos reprochar que muchos catalanes se han sentido solos”, ha reconocido y se ha dirigido a Torra de esta manera: “No aceptamos sus amenazas. Dimita, dimita”. Fernández ha recriminado al presidente de la Generalitat que apele a la autodeterminación, un derecho reconocido solo para situaciones coloniales: “Es necesario apartar la semilla totalitaria. No somos una colonia. Usted no se aparece en nada a un saltador de pértiga noruego. Es usted tan españolazo como yo”.
ERC, cuyo diputado en el Congreso Gabriel Rufián se ha desmarcado del ultimátum de Torra al Gobierno recordándole que solo Esquerra habla en nombre de su grupo, también ha dirigido algunos reproches al ‘president’ y al resto de las formaciones independentistas. Su portavoz en el Parlament, Sergi Sabriá, le ha pedido “menos gesticulación y más estrategia”. A “los que tienen prisa” les ha advertido que “quien prometa atajos es un ingenuo o nos engaña” y lo que no hará Esquerra “es vender humo”. De todas formas ha hecho un diagnóstico contundente.  
“No tenemos la república que anhelamos y no ver esto nos aleja del objetivo, si bien hemos ido más lejos que nunca, y el proceso es irreversible”, ha recalcado, antes de añadir que “no hay marcha atrás, estamos en un punto de no retorno”.
Según el portavoz republicano, la “represión del Estado” y el hecho de que este último “siga sin querer que el pueblo catalán decida su futuro” comporta que “podamos tardar más tiempo del que quisiéramos y del que habíamos creído” para conseguir la república. 
“Sin embargo -ha puntualizado-, no dejaremos de avanzar hasta conseguir el objetivo” y ha querido dejar claro que los de ERC “no prometemos humo sino hechos, somos los que cumplen sus compromisos, nos comprometimos a organizar un referéndum y lo organizamos”.
Sabriá ha abundado en la tesis del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, quien desde la cárcel ha venido insistiendo en que es necesario ensanchar la base social del independentismo para que el Estado español no tenga más remedio que aceptar la república catalana. 
“ERC no trabaja para los más convencidos sino para todos, porque se trata de hacer realidad un proyecto compartido que cuente con el apoyo de la mayoría de catalanes”, ha explicado y ha propuesto la creación de “una mesa política para hablar entre todos los actores que hicieron posible la huelga general del 3 de octubre para marcar un camino y unos objetivos comunes”. 
“¡Basta de gesticulaciones de cara a la galería o para los más convencidos! No estamos aquí para ganar unos votos más entre los ya independentistas, tenemos el sueño de construir un país con el apoyo de la mayoría y que sea atractivo para todos”, ha reiterado.

Tras su ultimátum, Torra pide hablar "de todo" con Pedro Sánchez y Moncloa responde que "no es el momento"

BARCELONA.- El president de la Generalitat, Quim Torra, ha invitado formalmente al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a una reunión "en las próximas semanas" en la Generalitat para hablar del proyecto de Sánchez para Cataluña pero también "del ejercicio del derecho a la autodeterminación".

La invitación figura en una carta que Torra ha remitido este miércoles a Sánchez Este martes, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, advertía de que éste no era el momento más adecuado para hablar de una posible reunión entre los dos dirigentes, tras el ultimátum de Torra a Sánchez para que presente en un mes una propuesta para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, opción que ha rechazado con rotundidad el Gobierno.
"Apreciado presidente, me pongo en contacto con usted para invitarle a reunirnos en las próximas semanas en el Palau de la Generalitat, según acordamos el pasado mes de julio en nuestro encuentro en la Moncloa", inicia Torra su misiva.
"Es imprescindible que concretemos los términos del diálogo para que realmente tenga una función resolutiva del conflicto político. Debemos hablar de todo en profundidad. De su proyecto para Catalunya, y también del ejercicio del derecho a la autodeterminación", expone Torra.
El president sostiene que la autodeterminación "es la solución que puede resolver el conflicto de forma sostenida y democrática".
 "El pueblo de Catalunya merece una respuesta valiente y distinta a la que ha recibido hasta hoy", prosigue Torra, que señala que "en breve" y a través de su gabinete se pondrán en contacto con el equipo de Sánchez para concretar la firma del encuentro.
Por otro lado, Torra ha pedido a la CUP recuperar la unidad del independentismo, y ha lamentado que el discurso de los cuperos en el Debate de Política General es una impugnación completa a los planes del Govern.
En su intervención ante el Parlament para replicar a la oposición, ha expresado la dificultad que para él supone que los anticapitalistad tengan esta actitud hacia la Generalitat: "Cuando te impugnan de pies a cabeza todo lo que has dicho, se hace difícil contestar".
Torra ha prometido a la CUP que su objetivo siempre ha sido la independencia y lo será hasta el último día de su mandato: "He venido a hacer la república catalana. El día que no pueda hacer esto me iré".
Además, es presidente catalán ha reclamado asimismo una disculpa al Rey por el discurso que pronunció hace un año en defensa de la Constitución tras el 1-O y mientras se llevaba a cabo el 'Paro de país' del 3 de octubre: "Aquella noche no dábamos crédito a lo que escuchábamos".
"Escuchamos un discurso, el discurso del Rey de España, que recuerdo que todavía no se ha disculpado, por un discurso que amparaba la violencia por la que el pueblo se estaba manifestando", ha dicho en su turno de réplica a los grupos durante el Debate de Política General.
También ha recordado las palabras con las que el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont replicó al Monarca -'Así no'- y ha añadido: "Hoy decimos: Así todavía menos".

El FMI alerta de que vincular las pensiones al IPC pone en peligro el sistema

MADRID.-Andrea Schaechter, responsable de la misión del FMI que ha analizado la economía española ha concentrado sus críticas en las pensiones y el intento de revalorizarlas permanentemente con el IPC, así como en el elevado nivel de endeudamiento público, que podría hacerse notar en la economía cuando cambie el ciclo alcista, recoge hoy La Razón.

 Schaechter ha pasado de puntillas por el tema catalán y por la fragmentación parlamentaria, que puede impedir cualquier acuerdo para los próximos presupuestos generales del Estado, eludiendo cualquier respuesta comprometedora. Su discurso ha sido breve: relanzar el ajuste fiscal y preservar las reformas.
Las pensiones han centrado buena parte de su intervención en la presentación de las conclusiones sobre la economía española a los medios de comunicación. Para el FMI, revalorizar las pensiones con el IPC haría que el gasto se disparase entre 3 y 4 puntos de PIB (entre 35.000 y 47.000 millones de euros) de cara a 2050. « Esta medida, por sí sola, haría que las sostenibilidad del sistema corriera peligro».
Para el FMI, es claro que en España hay cada día más personas con más edad y menos cotizantes, que, además pagan menos por el ajuste salarial de la crisis. «Ligar la subida de las pensiones al IPC exclusivamente pondrá en riesgo la viabilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo», dijo Schaechter. 
En su opinión, los autónomos cotizan sobre bases mínimas, situación que podría modificarse, como el actual tope de las cotizaciones o la edad de jubilación, factores que podrían modificarse, jugar con ellos, para combinar sus efectos con los del IPC. «Son opciones que están ahí y pueden mezclarse para afrontar el problema de futuro», añadió.
Sobre la subida de impuestos que estaría preparando el Gobierno, el FMI recomienda cautela a la hora de calcular las ganancias de recaudación. 
De lo puesto en la mesa por el Gobierno, Schaechter dice que algunas de las medidas propuestas son políticas, como elevar el tipo a las rentas más altas ve bien incidir en los impuestos medioambientales y deja caer una vez más una carga de profundidad: España tiene un problema con el IVA, y no en el tipo. «Hay muchos productos con tipos reducidos que tendrían que pagar el tipo general (21% en lugar del 10%). Se recaudaría más y se podría compensar a los más vulnerables».
Sobre el déficit que baraja el Gobierno para el próximo año, el FMI asegura que hay que reducir el déficit más, mediante una senda persistente. El déficit estructural era hoy en el 2,5% del PIB y nuestro objetivo es reducirlo cinco décimas. El objetivo del Gobierno (1,8%) estaría cumpliendo esta reducción. 
« Es crucial que los OGE para 2019 incluyan un paquete creíble de medidas para alcanzar ese objetivo y andarse con pies de plomo con medidas nuevas y sus fueros resultados», alertó.

Borrell rechaza cualquier tipo de ultimátum

ANDORRA LA VELLA.- El ministro español de Asuntos Exteriores, el catalán Josep Borrell, ha asegurado hoy que el Gobierno "no acepta ningún tipo de ultimátum" y que el ejecutivo "quiere seguir negociando" en el marco de la legalidad, tanto de la ley de la Constitución, como de las normas comunitarias e internacionales.

Borrell ha realizado estas declaraciones durante una visita a Andorra, con motivo del 25 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos estados, según informa la Agencia Andorrana de Noticias (ANA).
El titular de Exteriores ha replicado así al presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ayer dio un ultimátum al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que, en un mes, ponga sobre la mesa una propuesta para ejercer "el derecho a la autodeterminación" de Cataluña.
Borrell ha remarcado que "no habrá un referéndum de secesión" y que "el señor Torra no hace falta que dé un mes de plazo porque lo que quiere hacer lo puede hacer mañana mismo, porque la respuesta hoy será la misma que será siempre".
En cuanto a las inversiones en Cataluña, ha recordado que las inversiones futuras dependerán del presupuesto de que dispongan y si se tienen que quedar con el presupuesto "del señor (Mariano) Rajoy" habrá cosas que no se podrán hacer.
Ha reiterado que el Gobierno tiene la voluntad de "resolver los problemas reales" de Cataluña, siempre que haya presupuesto, ya que luego, ha dicho, hay "los problemas imaginarios como los famosos 16.000 millones que según la propaganda independentista España roba a Cataluña".
El ministro de Asuntos Exteriores ha reiterado la voluntad de diálogo, a pesar de que algunas actitudes puedan ser leídas como provocaciones.

La DGT hará un importante cambio del límite de velocidad en las carreteras españolas

MADRID.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado en la Comisión de Interior del Senado la intención de su departamento de rebajar la velocidad máxima permitida de 100 a 90 kilómetros por hora en todas las carreteras secundarias.

«Trataremos de reducir la velocidad máxima autorizada en las carreteras secundarias; no se asusten; el 77% de los fallecidos en carretera son en las vías secundarias con doble sentido compartida», ha señalado este martes en la Comisión de Interior del Senado, donde ha desgranado las líneas generales de la política de su departamento.
Actualmente, el límite en las vías secundarias está establecido en 100 kilómetros por hora, aunque en algunas carreteras es de 90, dependiendo del ancho del arcén. Según ha explicado Marlaska, su departamento tratará de igualar a 90 kilómetros por hora la velocidad en todas estas carreteras.
Para el ministro, esta medida supondría la «homologación» de España con los países de referencia de la UE y serviría para «simplificar el cuadro de velocidades límite» y para «facilitar la comunicación con el conductor».
Precisamente, la reducción de la velocidad ha estado sobre la mesa en la DGT desde hace años, con María Seguí y Gregorio Serrano al frente, pero en este tiempo no se hizo por «miedo», según desveló la exdirectora general del organismo entre los años 2012 y 2016. También Pere Navarro, director de la DGT, ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de reducir la velocidad en este tipo de vías, medida que confirmó en su comparecencia la semana pasada en el Congreso.
Esta es una de las medidas que pretende implantar el Ministerio del Interior en materia de Tráfico y Seguridad Vial. Según ha explicado, su departamento quiere «modificaciones puntuales» de la Ley de tráfico para «resolver problemas concretos», lo que a su juicio es «mucho más adecuado y razonable» que si se hiciera «una reforma integral».
Además de bajar la velocidad, el ministro ha señalado que el Gobierno quiere actualizar el permiso de carné por puntos, una medida que supuso «un antes y un después» en la siniestralidad vial en España pero que fue implantada hace 12 años. 
Por ello, se hará una «revisión» del permiso «en base a la experiencia acumulada», donde se tendrán en cuenta las causas de la siniestralidad, como son las distracciones, primera causa de los accidentes mortales, por delante de la velocidad y del consumo de alcohol.
El Ministerio también tiene en mente una actualización -y en ello está trabajando ya, según ha informado el ministro- del plan de seguridad para motocicletas de 2008, que supuso en aquel año un «referente en Europa».
Asimismo, se está desarrollando una atención especial a los colectivos vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas), un colectivo que, según ha advertido Marlaska, podría superar por primera vez en la historia de España a los fallecidos de cuatro ruedas.
Con respecto a las nuevas tecnologías, el titular de Interior ha manifestado la intención de «ayudar y aprovechar los avances en seguridad de la industria del automóvil», como es el coche conectado, el coche eléctrico y la conducción autónoma, así como seguir participando en los trabajos realizados desde la Comisión Europea.
El objetivo, según Marlaska, es que España sea un «referente mundial» en materia de Seguridad Vial. «La política es Seguridad Vial es un binomio entre educación, formación, información y concienciación por un lado, y de vigilancia y control del cumplimiento de las normas de tráfico por otro», sostiene el ministro, para lo que ha pedido ayuda y colaboración para que se convierta en «política de Estado».
Tal y como ha afirmado, Interior pretende «colocar a las víctimas en el centro de la seguridad vial» adoptando medidas, pues España lleva cuatro años implementando el número de víctimas mortales. En 2017, hubo un incremento del 0,9% fallecidos.

Ximo Puig asegura que Sánchez no contempla un adelanto electoral

MADRID.- El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que no ha visto "ningún tipo de zigzagueo ni de posibilidad de adelanto electoral" en la hoja de ruta de Pedro Sánchez, tras la reunión de dos horas que han mantenido en Moncloa: "No va a ser Torra quien convoque las elecciones en España", ha resumido.

Puig, que ha trasladado a Sánchez su "apoyo claro" a lo que éste está haciendo para afrontar el conflicto de Cataluña, "alejándose de la confrontación, buscando desde una posición proactiva el diálogo y preservando la ley", ha dicho también que le ha visto "muy persuadido" de poder conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, lo que supondría para él un "avance".
Tras una reunión que ha calificado de "intensa" y "productiva", el president de la Generalitat se ha mostrado convencido de que Sánchez tiene el "ánimo" y la "determinación clara" de que su Gobierno sea una "factor decisivo de estabilidad para la sociedad española".
"Le he visto con una hoja de ruta clara de estabilización del país y de aprovechar el momento para avanzar en políticas de progreso y en recuperación de derechos perdidos", ha explicado.
Durante el encuentro, en el que los dios presidentes han hablado, no solo de la agenda valenciana, sino también de política nacional, Puig ha traslado al presidente español su "absoluta lealtad reivindicativa y de cooperación para ayudar a resolver los conflictos territoriales" que tiene planteados.
El presidente valenciano ha defendido que la posición que está manteniendo el Gobierno de Sánchez es la "necesaria", porque combina "legalidad" con "diálogo", mientras que, a su juicio, la vía que abrió ayer Torra -amenazándole con retirarle el apoyo parlamentario sin en un mes no presentaba una propuesta de referéndum de autodeterminación- "no tiene que ver con la sensatez".
También ha criticado a la "derecha española" por ocuparse más de "cultivar las estridencias que de buscar soluciones" y ha lamentado que haya "personas que quieran explotar electoralmente hasta el final" el conflicto soberanista, incluidos "algún expresidente del que sabemos su aportación a la historia del independentismo".
Tras admitir que la situación es complicada, Puig ha insistido en que Sánchez es consciente de que tiene abierta la vía del diálogo para "intentar más pronto que tarde encontrar soluciones" que pasen por una nueva arquitectura constitucional.
A su juicio, la "única solución" para Cataluña es la hoja de ruta que ha diseñado el Gobierno de Sánchez, con la que cual ha dicho sentirse "comprometido" y "vinculado".
Durante el encuentro han hablado también del Brexit y Puig ha tachado de "ridículo que haya quien bromee con la importante actividad internacional" del presidente, después de los "costes" que en su opinión ha tenido para los ciudadanos la ausencia de esa actividad por parte del Gobierno de Mariano Rajoy durante los últimos años.

La Fiscalía pide reabrir dos piezas del caso Villarejo cerradas "precipitadamente"

MADRID.- La Fiscalía ha pedido al juez la reapertura de dos piezas del caso Villarejo, Land -sobre los promotores de la urbanización La Finca de Pozuelo- y Iron -sobre un bufete de abogados-, al haber aparecido "nuevos y sólidos" indicios contra las siete personas para las que se archivaron estas investigaciones.

En un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez haber cerrado estas piezas "precipitadamente" cuando siguen apareciendo nuevos indicios incriminatorios contra estos investigados.
Nuevos hallazgos que, según los fiscales, permiten seguir "ampliando" las pruebas en "todas las líneas abiertas" en la investigación del caso Villarejo "sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente sensibles para la seguridad del Estado, en los últimos quince años".
Con la intención de seguir profundizando en estas investigaciones, la Fiscalía ha remitido sendos informes al juez del caso, Diego de Egea, reclamando que, a la luz de estas las pruebas, deje sin efecto el archivo decretado en ambas piezas en julio y que Anticorrupción tiene recurrido.
Esos nuevos indicios, según la Fiscalía, han aparecido a raíz del análisis de la documentación en soporte papel y digital intervenida en los registros de la operación Tándem, en la que en noviembre fue detenido el excomisario José Villarejo, que aún permanece en prisión y que sigue como investigado en esas dos piezas, por lo que a él no le afectó este archivo parcial.
"Con la solicitud de formación de piezas separadas desde su inicio, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pretende la simplificación y la más adecuada ordenación de la presente macrocausa, constituyendo la solicitud de reapertura de la investigación de ambas piezas separadas, Iron y Land, una actuación procesal que objetivamente impulsa la misma en aras de posibilitar su rápido enjuiciamiento" expone el comunicado.
En la pieza Iron, De Egea decretó el archivo para Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, como socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados, así como para la también investigada María Ángeles Moreno, como directora del departamento de marcas externas del bufete.
En esa pieza se investiga en encargo del bufete Herrero y Asociados hecho a Villarejo para investigar a un despacho rival, mientras que Land versa sobre la participación de Villarejo en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de La Finca.
Antes de archivar estas piezas para estos siete investigados por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil, el juez, en contra del criterio de Fiscalía, sobreseyó también las actuaciones contra el excomisario de Barajas, Carlos Salamanca, y dejó en libertad al comisario Enrique García Castaño, considerado mano derecha de Villarejo.
Ambas decisiones, al igual que los archivos de Lan y Iron, han sido también recurridas en apelación por Anticorrupción ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El Gobierno rechaza la reunión que propone Torra para "hablar de todo"

BARCELONA.- El presidente catalán, Quim Torra, ha enviado una carta al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que, sin hacer mención al ultimátum de ayer, le invita a una reunión "en las próximas semanas" en el Palau de la Generalitat para concretar "los términos del diálogo" y abordar "la autodeterminación".

En la carta, con fecha de hoy, Torra destaca que es "imprescindible" que ambos concreten "los términos del diálogo para que realmente tenga una función resolutiva del conflicto político y le pide una respuesta "valiente" a la propuesta sobre "la autodeterminación" de Cataluña.
El Gobierno ha respondido ya a la carta del presidente catalán, recordando que no es "el momento" para fijar un encuentro entre ambos dirigentes.
Fuentes del Ejecutivo se han remitido a lo que dijo ayer la ministra portavoz, Isabel Celaá, cuando fue preguntada si el Gobierno mantenía su intención de que hubiera un encuentro entre Sánchez y Torra este mes de octubre.
"No parece éste ser el momento más delicado
para decidir una fecha para una reunión eventual", respondió Celaá.
Torra ya anunció ayer que enviaría una misiva a Sánchez en su intervención en la primera jornada del Debate de Política General en el Parlament, en la que lanzó un ultimátum para que, en un mes, el jefe del Gobierno central aportara una respuesta a su demanda de acordar un referéndum de autodeterminación.
Sin embargo, en la carta no aparece ese ultimátum ni se establece ningún plazo concreto, sino que Torra solo invita a Sánchez a reunirse con él en "las próximas semanas" en el Palau de la Generalitat y le informa de que "en breve" su gabinete se pondrá en contacto con el del jefe del Gobierno para concretar la cita.
En la breve carta, de tres párrafos, Torra remarca a Sánchez que deben poder "hablar de todo en profundidad": "De su proyecto para Cataluña y también del ejercicio del derecho a la autodeterminación", añade.
Torra concluye que esa solución es la que puede resolver el conflicto de forma "sostenida y democrática" y recalca a Sánchez que "el pueblo de Cataluña merece una respuesta valiente y distinta a la que ha recibido hasta hoy".

El Congreso acuerda reconocer por ley el derecho a la desconexión digital

MADRID.- La Ley de Protección de Datos que tramita el Congreso ha incorporado a su redacción el reconocimiento del llamado 'derecho a la desconexión digital' a trabajadores y empleados públicos con el fin de garantizar de que estos no tengan que atender a cuestiones relacionados con su empleo en momentos de descanso, permisos y vacaciones.

Concretamente, el artículo recogido en la ley establece que "los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal o familiar".
La ley, además, contempla que el empresario elabore una política interna dirigida a los trabajadores, directivos incluidos, para definir tanto la forma en la que se ejerce este derecho a la desconexión, como acciones de formación y de sensibilización del personal "sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática".
"En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas", apostilla.
Por otro lado, se establece que la forma de ejercer este derecho será conforme a lo acordado en el marco de la negociación colectiva, o entre empresa y representantes de los trabajadores, atenderá a "la naturaleza y objeto de la relación laboral" y "potenciará el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar".
La medida forma parte de un nuevo título de la norma, que añade 21 nuevos artículos bajo el epígrafe de 'Garantía de los derechos digitales'. Un título que, además, acompañará al propio nombre de la ley, inicialmente bautizada como 'Ley de Protección de datos'.
El proyecto de ley ha sido ya aprobado en fase de ponencia y pasará la próxima semana a la Comisión de Justicia.
En palabras de uno de sus ponentes, el diputado socialista Artemi Rallo, la ley incluirá "un catálogo de derechos digitales" y que, concretamente con este artículo se busca "reconocer el derecho de todos trabajadores de no ser molestados fuera de los horarios de trabajo".
"Somos muy conscientes de que hay una realidad social en la que las relaciones personales, familiares, y la necesidad de conciliar vida laboral y familiar, están bastante afectadas por el uso del teléfono y dispositivos digitales que se hace derivado de las obligaciones laborales", subraya.
El reconocimiento del derecho a la desconexión no sólo se recogerá en esta ley, sino que además se llevará, junto con otros derechos digitales reconocidos en la nueva norma, al propio Estatuto de los Trabajadores y al Estatuto Básico del Empleado Público.
Además del derecho a la desconexión digital, ambas normas fundamentales reconocerán el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición en la empresa y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización.
Así, la futura regulación establece autoriza al empresario a acceder a estos dispositivos facilitados al trabajador dentro de unos límites. El empleador únicamente podrá acceder a contenidos derivados del uso de medios digitales "a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos".
Asimismo, subraya que los criterios de utilización de estos dispositivos debe respetar "los estándares mínimos de protección" de la intimidad del trabajador "de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente", y que los trabajadores deben ser informados de los mismos.
En el caso concreto de que haya admitido el uso privado en dispositivos digitales, para acceder a los mismos será necesario especificar "de modo preciso los usos autorizados" y que "se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados".

Arrimadas reivindica la "igualdad y unidad" que representa la bandera española

BARCELONA.- La líder de C's en Catalunya, Inés Arrimadas, ha desplegado una bandera española en el Debate de Política General durante su turno de réplica al presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo que ha generado que JxCat, ERC y PSC-Units la acusen de avivar el conflicto en Catalunya.

 Lo ha hecho en su última intervención en el debate, mientras ha acusado a Torra de insultar y humillar a los catalanes no independentistas, y ha asegurado que las retiradas y quemas de banderas de España se dan "porque esta bandera representa la igualdad, solidaridad y unidad de 47 millones de personas".

"Ni usted ni sus comandos separatistas harán desaparecer esta bandera"

"Un país mucho más fuerte que la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, y ni usted ni sus comandos separatistas van a hacer desaparecer esta bandera", ha asegurado a Torra, a quien ha recriminado que no admite ningún impacto negativo del proceso soberanista en la economía y la sociedad.

Tras su intervención, el líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha replicado a Arrimadas que "para bandera española, ésa que es mucho más grande y bonita", señalando la que preside el hemiciclo junto a la bandera catalana.

El socialista ha criticado que Arrimadas haya aprovechado el Debate de Política General para hablar de otras cuestiones y ha acusado a Cs de no querer resolver la situación política catalana: "Los que han nacido del conflicto y han crecido con él no tienen el menor interés en resolverlo".

El republicano Sergi Sabrià ha lamentado que Cs hable de fuga de empresas y de ralentización de la economía: "Quiere que las empresas se marchen porque, si no, su discurso no le funciona".

El diputado de ERC también ha asegurado que el independentismo busca crear un nuevo Estado en el cual la gente viva mejor, y "esto no va de banderas".

Desde JxCat, Albert Batet ha pedido respeto y ha defendido que su grupo no tiene ningún problema con la bandera española, tras lo que ha recordado que "el mismo presidente Puigdemont le dio un beso" al encontrarse con un ciudadano que le insistía en hacerlo en Copenhague.

"Nosotros respetamos la bandera española. Tenemos mucho respeto a todas las banderas de todas las naciones y estados", ha aseverado el portavoz. Jèssica Albiach (CatECP) ha advertido al Govern de que " cada día están más solos" porque la población ya no cree lo que dicen, y ha reclamado a los grupos independentistas que resuelvan sus tensiones y apuesten por tejer grandes consensos en una mesa de diálogo en Catalunya.

"Hablen entre ustedes. Esta situación de improvisaciones y falta de rumbo es una situación insoportable para el país", y ha insistido en hacer un pacto de claridad entre partidos catalanes para concretar un referéndum y negociarlo con el Estado.

El 'cupaire' Carles Riera ha reprochado a Torra no haber presentado "ninguna propuesta consistente" para resolver la situación de la población bajo el umbral de pobreza, y ha reclamado políticas sociales como aumentar el salario mínimo a los 1.200 euros.

Ha sostenido que la mayoría de la población de Catalunya quiere estas políticas sociales y que son necesarias para hacer efectiva la república: "Los mismos que dicen que estas políticas sociales son imposibles son los mismos que dicen que la independencia es imposible".

El popular Alejandro Fernández ha criticado que Torra haya pedido al Rey que se disculpe por su discurso del 3 de octubre del año pasado, ya que considera que la mitad de la población catalana piensa "que no tiene nada de que disculparse".

Asimismo, ha acusado a Torra de ser el "obstáculo" para que los partidos catalanes se reconcilien y le ha advertido de que hay diputados independentistas que piensan lo mismo.

La URJC recurrirá el archivo parcial del 'caso Máster'

MADRID.- La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha anunciado que recurrirá el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que acuerda el archivo parcial del caso máster para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho.

Según han informado hoy fuentes de la Universidad, la URJC presentará un recurso contra el auto de la jueza Carmen Rodríguez Medel, que el pasado lunes dio carpetazo a toda la investigación, salvo al supuesto delito de falsedad documental, que imputa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a otros cuatro investigados.
"Desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, la URJC no comparte los criterios establecidos en dicha resolución relativos a la interpretación que se efectúa del auto del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018 que ha dado lugar al archivo de una parte sustancial de la causa", señalan la institución.
No obstante, la universidad no ha dado más detalles ni sobre cuándo presentará ese recurso ni sobre el contenido del mismo.
La URJC ejerce la acusación popular junto al sindicato de prisiones Acaip, que según ha informado no va a recurrir la decisión de la magistrada, aunque estudiará los recursos que otras partes presenten para decidir si se adhiere o no a ellos.
En concreto, el sindicato esperará a conocer el recurso de la universidad y también la posición de la Fiscalía, que aun no se ha pronunciado al respecto.
No obstante, la fiscal general del Estado, María Jose Segarra, adelantó ayer que la Fiscalía Provincial de Madrid "está estudiando" el auto de archivo de "cada persona" para "determinar si en su conducta hay indicios de criminalidad".
Tanto es así que diferenció el fallo de la jueza del auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo referente al líder del PP, Pablo Casado.
"No creo que (del auto del Supremo) se desprenda una resolución como la dictada" por la magistrada, aseguró Segarra, lo que deja la puerta abierta a recurrir el archivo parcial del caso máster.
Rodríguez-Medel archivó la causa de prevaricación y cohecho para los 19 investigados, de manera que cierra la pieza C de Casado y reduce la pieza principal únicamente al delito de falsedad.
De esta forma, continuarán como investigados las personas involucradas en relación al trabajo de fin de máster que Cristina Cifuentes defiende haber realizado y presentado ante un tribunal, pero cuyo acta de evaluación fue presuntamente falsificada.
Estos son -además de la expresidenta- el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde -investigado en otro juzgado por supuesta malversación de fondos del Instituto-, dos profesoras del tribunal, Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito.
Para la jueza, el informe del teniente fiscal del Supremo Luis Navajas y el auto del alto tribunal "son determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".