miércoles, 28 de febrero de 2018

Policía y Guardia Civil alcanzan con Interior una “propuesta de acuerdo” sobre la equiparación salarial

MADRID.- Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles someterán a votación de sus bases la nueva oferta del Ministerio del Interior de 1.100 millones en tres años para la equiparación salarial con las policías autonómicas y que supone una dotación para este año de 500 millones.

Según los cálculos que han plasmado estas organizaciones en un comunicado, la nueva oferta supondría que al final de esos tres años, es decir, en 2020, un policía nacional cobraría 561 euros brutos más al mes que ahora (en doce nóminas) y un guardia civil 720 euros.
Tras más de cinco horas de reunión con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, los representantes de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) han aceptado un preacuerdo, que someterán a votación, basado en la nueva propuesta de Interior, que les ha dado un plazo de siete días para responder.
Fuentes sindicales y de las asociaciones han señalado que el Ministerio ya ha dejado claro que es su última oferta y, aunque dista de los 1.500 millones en el periodo 2018-2020 que los agentes reivindicaban, se acerca algo más que la expuesta en la última reunión (807 millones) tras la que se rompieron las negociaciones.
Para el Ministerio, se trata de una oferta que supondrá el fin de la “brecha salarial” existente ahora entre los agentes de las FSE y cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra.
Según un comunicado del Ministerio, la reunión ha servido para alcanzar una “propuesta de acuerdo” sobre equiparación salarial que permitiría a policías y guardias civiles percibir en 2020 “el mismo sueldo que un mosso d’esquadra en un puesto y categoría similar”.
El Ministerio del Interior “valora la disposición, el compromiso y el esfuerzo de los representantes de los policías y guardias civiles durante estos meses de negociación”, subraya el comunicado.
Si la propuesta culmina, “se corregiría en sólo tres años la ‘brecha salarial’ que se había producido en las últimas décadas con respecto a la policía autonómica catalana, el cuerpo policial que más cobra en España“, añade Interior.
Con este esta propuesta de acuerdo, se garantizaría que en este año 2018 el Gobierno incluiría en los Presupuestos Generales del Estado un total de 500 millones de euros para incrementar las nóminas de policías y guardias civiles.
Asimismo, el Ejecutivo se compromete a que en los dos próximos años (2019 y 2020) se incorporarían las cantidades necesarias para implementar la equiparación salarial.
Una consultoría externa fijaría los criterios objetivos de análisis para garantizar que la equiparación salarial sea una realidad en el plazo previsto de tres años.
En esta última reunión, la séptima celebrada desde la constitución de mesas técnicas, se ha respetado la cifra de 807 millones de euros que se pactó para aplicar el método de costes medios de cada uno de los puestos de trabajo entre los cuerpos policiales y que supuso determinar una diferencia salarial de 476,7 millones en el caso de la Guardia Civil y de 331 millones en el caso de la Policía Nacional.
No obstante, el documento negociado no contabiliza en esa cifra las cantidades que, negociadas en la Mesa General de la Función Pública, recibirían todos los funcionarios, incluidos los Mossos d’Esquadra, lo que elevaría la cifra de la equiparación salarial a un montante de 1.100 millones de euros.
En esta propuesta de acuerdo, que tiene que ser refrendado por las bases sindicales, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se compromete a tramitar una ley que garantice “para siempre” la “equiparación justa” entre los distintos cuerpos y que contemple la máxima de que a iguales circunstancias, trabajo y funciones deberá siempre corresponder un mismo sueldo.
Igualmente, el Ministerio abordaría la elaboración de los nuevos catálogos en ambos cuerpos, la determinación de criterios de compensación por territorialidad y la simplificación de los complementos específicos singulares para evitar agravios en el seno de cada uno de los cuerpos policiales.

Combatir el franquismo coronado / Agustí Colomines *

Fernando Suárez González, jerarca del franquismo, quiere dar lecciones de democracia a los demócratas sin renunciar a lo que fue en los años de la dictadura. Quien fuera uno de los ministros de Franco que estaban sentados en el Consejo de Ministros que ratificó en septiembre de 1975 la condena a muerte de Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Xosé Humberto Baena Alonso, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y de los acusados de pertenecer a ETA, Ángel Otaegi Etxeberria y Jon Paredes Manot, Txiqui, concedió una entrevista a El Mundo que no tiene desperdicio. 

Para empezar, a la pregunta del entrevistador sobre si, como asegura Pablo Iglesias, hay un ADN franquista en la derecha española, la respuesta de Suárez no puede ser más sincera: "Pero, ¿cómo no lo va a haber? El error es considerar eso como un insulto". Ese es el quid de la cuestión. El orgullo de un franquista frente a la lucha democrática del FRAP -una organización comunista que presidía, sin embargo, el antiguo ministro republicano Julio Álvarez del Vayo y que posteriormente contó con la simpatía del escritor católico José Bergamín, al que apoyó como senador en 1979-, y de ETA, la organización armada que hasta 1975 no era ni mucho menos lo que fue después.

La extrema derecha española va perdiendo ahora el complejo de culpa que tenia en los años de la Transición. Siempre estuvo viva, aunque fuese minoritaria como Fuerza Nueva o se escondiese en el PP. Suárez González, que perteneció a la FET y de las JONS, dirigió el Sindicato Español Universitario (SEU), y fue procurador en Cortes y ministro de la dictadura, no puede presumir de una hoja de servicios a favor del ideal democrático simplemente porque fuese, también, uno de los miembros de la comisión gubernamental que propició el haraquiri controlado del franquismo. 

El instinto de supervivencia logra milagros. La extrema derecha estuvo y está en la herencia que nos dejó el franquismo y que no supimos depurar. Los portugueses, por lo menos, en 1974 mandaron para el exilio a su dictador, Marcelo Caetano, donde murió el 1980, junto a Américo Tomás, el presidente de la República salazarista.

La extrema derecha española va mutando con el tiempo, pero siempre defiende lo mismo. C's, muchos de cuyos promotores son de estirpe franquista, renueva la herida con un discurso pretendidamente liberal. 

Hace unos días, en una conversación privada, expuse esa idea y los comensales se escandalizaron. Para explicárselo mejor y atenuar su estupor, les dije que estaba leyendo Contra el odio (Taurus), de Carolin Emcke, una académica y periodista que organiza y modera un debate mensual en el Teatro Schaubühne de Berlín sobre conflictos, y que en él daba las claves de lo que es hoy la extrema derecha en Europa. 

Afirma Emcke que casi todos los partidos de extrema derecha, sea en una versión nacionalconservadora, sea en la versión populista de derechas —el Partido de la Libertad (PVV) en los Países Bajos, el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Fidesz en Hungría, UKIP en Gran Bretaña, los Demócratas de Suecia, el partido de los Verdaderos Finlandeses, el Partido del Pueblo Danés, el Partido del Pueblo Suizo (SVP) o el partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia— “defienden la idea (o el deseo) de una nación con una cultura y una religión homogéneas o bien de un pueblo homogéneo”.

¿No les parece a ustedes que la derecha nacionalconservadora (PP) y la populista de derechas (C's) españolas defienden lo mismo? ¡Claro que sí! “Libres e iguales”, como dirían los intelectuales que en 2014 crearon esa plataforma chetnik en defensa de la españolidad de Catalunya, pero los catalanes, los valencianos, los baleares, los gallegos o los vascos y los navarros tienen que serlo un poco menos. El pueblo homogéneo habla en castellano, tiene un único sistema de gobernanza y una memoria histórica homogénea, basada en la idea de que los vencedores de la Guerra Civil salvaron a España del comunismo.

No idealizo la República, ni los asesinatos perpetrados en el bando republicano —por eso nunca idealicé a Tarradellas, que fue tan inútil como Companys al intentar parar los desmanes—, pero la racionalidad —y la historia— no me permiten exaltar el régimen franquista, que es lo que viene haciendo el PP desde su fundación como Alianza Popular, o C's cuando, junto al PP, abandonó la sesión del 10 de octubre de 2013 del Parlament de Catalunya para no votar la moción presentada por ICV-EUiA que condenaba de manera solemne “toda declaración o actividad que comporte cualquier clase de enaltecimiento, trivialización, exculpación o negación del nazismo, franquismo y el resto de regímenes fascistas”. 

Jordi Cañas, entonces diputado y portavoz de C's, se encargó de dejar claro en que bando se situaba su partido. El ministro franquista les reclama ahora que sean coherentes y se opongan a la iniciativa presentada por el PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica. La tentación autoritaria siempre está al acecho y C's lleva tiempo empleando un lenguaje y contando la historia del contrato social entre ciudadanos “libres e iguales” que nada tiene que envidiar a los discursos de José Antonio.

La mayor preocupación de Suárez González es, sin embargo, que deslegitimar el franquismo pone en riesgo a la Corona. Dejando a un lado la estupidez tautológica que le lleva a afirmar que la “República en España es contra media España. Siempre. La Monarquía no tiene más preocupación que la de ser de todos”, porque también se podría afirmar lo contrario y simplemente sería una repetición inútil y viciosa del mismo tenor, lo dicho por el ministro franquista es una gran verdad: la restauración de la Monarquía fue “una decisión personalísima de Franco, no cabe la menor duda, y hay que ver qué patrimonio tan importante supone para nosotros en la actualidad”. 

Lo primero es cierto históricamente. Lo segundo es un juicio de valor, en especial porque muchos catalanes sabemos que con el discurso del 3-O Felipe VI se apuntó al “a por ellos” fascista que cantaban los manifestantes que despedían en tierras andaluzas a los guardias civiles destinados a Catalunya para reprimir a los demócratas. Si la Monarquía no estuviese protegida por un artículo de la Constitución que introdujeron los socialistas en el Código Penal en 1995, la República podría defenderse en España sin el temor de acabar con los huesos en la cárcel como el joven rapero mallorquín Valtònyc.

En la España actual, desacomplejada y extremista, dominada por el relato posfranquista que difunden políticos, comentaristas y medios de comunicación, se asciende a general a Pérez de los Cobos, un guardia civil que el 23-F se presentó vestido de falangista para apoyar a Tejero y el 1-O reprimió con saña a los que acudían a votar en el referéndum de autodeterminación, mientras el Gobierno legítimo catalán es perseguido y encarcelado por comprar urnas y ponerlas a disposición de los ciudadanos para que expresasen libremente su opinión. 

Cada día está más claro que la independencia de Catalunya es la única vía para evitar el hedor fascistoide que desprenden PP y C's y también para dejar atrás a la Monarquía. La que impuso Franco o cualquier otra.



 (*) Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona



JxCat y ERC pactan "una asamblea y un consejo" que pilote Puigdemont en Bélgica

BARCELONA.- El acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgica tres órganos para internacionalizar la República y difundir un proceso constituyente: una Assamblea de Representants de la República, una Presidència del Consell de la República y un Consell per la República, afirma un documento interno de la CUP.

Según ha publicado el diario Ara, es una estrategia para dar una estructura que permita a Carles Puigdemont (JxCat) mantener su actividad desde Bruselas, mientras que en Cataluña se investiría a un presidente que no fuera él, y se formaría un Govern de acuerdo con la legislación actual.
El documento recoge, por primera vez por escrito, que el candidato elegido para ser investido en la Cámara sea Jordi Sànchez (JxCat), en un pleno del Parlament que podría celebrarse entre el martes 6 y el miércoles 7 de marzo --las fechas no están cerradas--.
Los tres órganos a crear en Bruselas se asemejan a lo que puede considerarse un Parlament, un presidente y un Govern en el exilio, y que participen tanto miembros de JxCat, la CUP y ERC como representantes de la sociedad civil.
Bajo la etiqueta Espai Lliure de Brussel·les, se prevé que los tres órganos actúen para defender la república, y que el Govern formado en Cataluña trabaje con la premisa "legalidad autonómica, obediencia republicana", constata el documento.
Según la propuesta, la Assamblea de Representants de la República estaría formada por diputados, representantes del mundo local y de la sociedad civil, y sus funciones serían elegir a la Presidència del Consell de la República, definir la metodología de un proceso constituyente y "debatir y promover las actuaciones para avanzar hacia el restablecimiento de la República" y su internacionalización.
En segundo lugar, Puigdemont asumiría la Presidència del Consell de la República y como funciones tendría asumir la representación internacional, convocar la Assamblea e "impulsar políticas concretas y los consensos necesarios para materializar la República".
En tercer lugar, el Consell per la República estaría nombrado por Puigdemont atendiendo a criterios de excelencia y reconocimiento profesional, y, aparte del presidente, estaría formado por tres miembros propuestos por JxCat, tres por ERC y uno por la CUP: sus funciones serían "impulsar el debate constituyente, asesorar al presidente y fomentar acciones para avanzar hacia la República".
 
El Espai Lliure de Brussel·les arrancaría --si el acuerdo se cierra-- de "forma solemne con un acto celebrado en Bruselas donde participarían los grupos parlamentarios republicanos" e invitados del mundo local, de la sociedad civil, eurodiputados y expresidentes de la Generalitat.
El acto sería el lunes 5 de marzo y, a la práctica, también serviría para visualizar que JxCat renuncia a investir a Puigdemont en el pleno del Parlament; luego, el 6 ó 7 de marzo, se investiría a Jordi Sànchez (JxCat) en la Cámara catalana --si obtiene permiso del juez para salir de la cárcel--.
 
En paralelo a estos tres órganos, en Cataluña se formaría un Govern que trabaje para "la restauración democrática, la internacionalización, un frente común contra la represión, políticas de prosperidad y políticas para contrarrestar el intento de fractura social".
Los 'cupaires' explican que ERC y JxCat negocian por su cuenta el reparto de áreas del futuro Govern, y lamenta que no les han hecho llegar "concreciones" del plan de gobierno.
La CUP recoge en el documento el mecanismo interno para decidir si apoya el pacto de investidura de JxCat y ERC, y establece tres posibles escenarios: apoyar la propuesta aunque no haya acuerdo programático sobre las políticas del futuro Govern; o apoyar el pacto siempre que haya acuerdo sobre el programa; o rechazar la oferta de ERC y JxCat.
La CUP tiene cuatro diputados en el Parlament y plantea varias posibilidades: dar sus cuatro votos e investir en primera vuelta al candidato de JxCat; o dar cuatro abstenciones --eso obligaría a investir al candidato en segunda vuelta--; o dar cuatro votos negativos.
En este último escenario, la legislatura no se desencallaría y obligaría a JxCat y a ERC a mover ficha: o hacer nuevas ofertas a la CUP para llegar a un acuerdo, o renunciar a seguir negociando y conducir a Cataluña a unas nuevas elecciones en primavera.

Pedro Sánchez pide a Rajoy que «apruebe ya los presupuestos o convoque a las urnas»

SEVILLA/BARCELONA.- El líder del PSOE Pedro Sánchez ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a pasar ya a la acción y salir del "letargo y parálisis" en la que se encuentra, instándole a "presentar los presupuestos generales ya o convocar elecciones para buscar una nueva mayoría alternativa" que permita sacar adelante una respuesta a los problemas que arrastra el país. 

Acompañado de varios miembros de la dirección federal, Sánchez aprovechó su asistencia a los actos institucionales del Día de Andalucía para lanzar su reto al jefe del ejecutivo central, justificando su petición en que el actual Gobierno del PP sólo está "prolongando y postergando muchos de los problemas" que sufre la sociedad española, entre los que citó "la precariedad, la desigualdad y la necesidad de regenerar la vida democrática del país".
Por ello, el secretario general de los socialistas recordó a Rajoy que "ya estuvo un año en funciones, y no puede aspirar a estar cuatro años más". 
"España tiene muchos problemas", insistió, subrayando que "gobernar no es conservar el poder a cualquier precio". Y como ya hiciera en el último comité federal de los socialistas, justificó esa inacción en la "guerra fría" que mantienen las formaciones de la derecha, PP y Ciudadanos, cuya preocupación en sus intereses electorales no hace sino "detener España".
"Le exijo que presente los Presupuestos ya, y si no puede contar con una mayoría parlamentaria suficiente, debería convocar a las urnas", lanzó Sánchez, para permitir que haya una "mayoría distinta que pueda sacar adelante una respuesta a muchos de los problemas que tiene nuestro país y que no son atendidos por el gobierno de España". 
No obstante, el ministro de Hacienda Cristobal Montoro anunció hace unos días que están ya ultimando el anteproyecto de ley y que en breve presentarán las nuevas cuentas generales para 2018.
Por otra parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado a Sánchez a no repetir el error que ya le costó la cabeza en su partido y cumplir su promesa de echar del Gobierno a Mariano Rajoy con una moción de censura que, según ha dicho, tendría el apoyo de ERC y del PDeCAT "a cambio de nada".
Iglesias, en una entrevista en La Sexta, ha insistido en que la única salida para "sacar a los corruptos del Gobierno" es una moción de censura que evitaría además que el Ejecutivo mantenga "secuestrado al Parlamento" y vetando iniciativas de la oposición. 
Según ha asegurado, se intercambia regularmente mensajes con Sánchez y le gustaría que el PSOE fuera "más coherente" y cumpliera sus promesas electorales, como "echar a Rajoy".
Asimismo, ha confiado en poder alcanzar acuerdos con los socialistas en materia de pensiones y espera convencer al PSOE y a los sindicatos de la necesidad de revalorizar esas prestaciones conforme al IPC y suprimir el factor de sostenibilidad que liga las pensiones a la esperanza de vida.
Iglesias ha insistido a los socialistas en que están ante la oportunidad de cambiar las cosas, "escuchar lo que está diciendo la calle" e incluso preguntar a sus bases "si quieren echar a Rajoy". 
"Nos gustaría que el PSOE rectifique en esto y nos pongamos de acuerdo. Esto no va de ponerse medallas: los únicos que merecen una medalla son los miles de pensionistas que salieron a la calle", ha dicho.

España, entre los países de UE con menor disparidad entre CCAA ricas y pobres

LUXEMBURGO.- España fue uno de los países de la Unión Europea que menor diferencia registró en 2016 entre el PIB de su región más rica (Comunidad de Madrid) y la más pobre (Extremadura) frente a la media europea, una distancia de 62 puntos porcentuales que es inferior a la registrada en Francia, Italia o Alemania.

Así se desprende de una serie de datos publicados hoy por la oficina estadística comunitaria, Eurostat, en los que se recogen los niveles de PIB per cápita de todas las regiones de la Unión Europea y se comparan frente al PIB medio de la UE.
En España, el PIB de cuatro comunidades autónomas se situó por encima de la media europea: Madrid (125% de la media), País Vasco (121%), Navarra (114%) y Cataluña (110%).
Las más pobres fueron Extremadura (63%), Melilla (67%), Andalucía (68%), Castilla-La Mancha (72%) y Ceuta (73%).
Así, la diferencia entre el 125% de la media europea que registra la Comunidad de Madrid y el 63% de Extremadura, de 62 puntos porcentuales, fue una de las más reducidas de la UE y la más baja entre las principales economías del bloque comunitario.
La mayor diferencia entre zonas en un mismo país se dio en 2016 en el Reino Unido, donde Inner London (centro de Londres) tiene un PIB equivalente al 611 % de la media regional europea, y la más pobre, East Wales & The Valleys, se queda en un 68%.
También Francia cuenta con una de las regiones más ricas de la UE, Île-de-France (en la que se encuentra París), donde el PIB fue del 175% de la media de los Estados comunitarios, y a la vez una de las más pobres, la ultraperiférica Mayotte, que con un PIB equivalente al 33% del promedio europeo es el segundo territorio con menos riqueza de la UE, tras la búlgara Severozapaden (29%).
Otros Estados miembros con disparidades regionales superiores a la española fueron Alemania, con 116 puntos porcentuales de diferencia entre Hamburgo (200%) y Mecklenburg-Vorpommern (84%), o Bélgica, con 125 puntos entre Bruselas (200%) y la región valona de Luxemburgo (75%).
En el extremo contrario, entre los Estados miembros con menores diferencias de PIB entre sus regiones se encontraban países como Portugal, con 37 puntos porcentuales de diferencia entre el área metropolitana de Lisboa (102%) y la región norte (65%), o Grecia, con 46 puntos entre Attiki, donde está Atenas, (92%) y Anatoliki Makedonia (46%).
Algunos países, como Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo o Malta son considerados regiones únicas a efectos de este tipo de estadísticas.

Tampoco hubo malversación / José Antich *

Un reciente informe enviado por el gobierno español al juzgado número 13 de Barcelona asegura que no ha habido malversación de dinero público en la organización y celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. Aunque el documento ha tenido que ser elaborado por cargos de la Generalitat tutelada por Madrid, a la hora de la verdad el remitente no ha sido otro que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro. 

 La noticia es relevante, ya que si los presuntos delitos que les imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en diferente grado de participación a los miembros del Govern son los de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, habrá que ver cómo construye un alegato acusatorio a medida que esos hipotéticos delitos van cayendo. 

Y no solo cómo lo formula en el escrito acusatorio final, sino también en la euroorden que dirija a Bruselas para pedir la extradición del president Puigdemont y también en el caso de los cuatro consellers que le acompañan en la capital comunitaria, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.

El retraso del gobierno español en el envío del informe ha permitido dar por sentado durante mucho tiempo que la partida de cinco millones que se habilitó en los presupuestos de la Generalitat con el epígrafe de "consultas electorales" había sido destinada por parte de la Generalitat a organizar el 1-O. 

Los altos cargos del Govern lo habían ido negando por activa y por pasiva, pero el documento del Ministerio es en este sentido taxativo. Ni desvío de dinero ni, por lo tanto, malversación de fondos públicos. Veremos qué uso acaba haciendo el juez Llarena de este informe, pero este hipotético delito tiene a partir de ahora un grado de dificultad probatorio mucho más complicado.

De los otros cuatro presuntos delitos, diferentes juristas han venido sosteniendo que los de rebelión y sedición no se daban. El primero lo ha cuestionado incluso el expresidente Felipe González y los otros dos, personalidades del mundo judicial tan poco sospechosas de sintonía con el independentismo como el exfiscal José María Mena o el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. 

Mena y Pallín no son los únicos pero en cualquier caso simbolizan un punto de vista concluyente desde una mirada muy distante ideológicamente. Ello da una idea del arduo camino que le espera a Llarena en Bruselas si acaba impulsando la euroorden por todos los delitos que maneja o en el caso de la dirigente de la CUP y exdiputada Anna Gabriel exiliada en Suiza y sobre la que también ha señalado que emitirá una orden de detención y extradición llegado el momento.

Y es que, al final, cuesta ver algo más que desobediencia en el caso que nos ocupa y eso es muy poco para todo el aparato político y judicial que se ha puesto en marcha para actuar contra el independentismo catalán. Y eso cada vez hay más gente que lo ve. Dentro y, sobre todo, fuera de España: en esa Europa en la que un día sus tribunales tendrán que juzgar también este caso.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia



Duelos y quebrantos de lujo / Ramón Cotarelo *

En días pasados Palinuro advertía de que los Borbones, generalmente poco leídos y este en concreto, que aun parece serlo menos, no conocen los Espejos de príncipes. Tampoco parecen conocer otras fuentes de información, como los periódicos, las televisiones o las redes y dan la impresión de contar con gabinetes de información y asesoría poblados por pollinos.
 ¿A quién se le ocurrió la idea de enviar al rey a Barcelona estando los ánimos como están? ¿Qué se pretendía? ¿Humillar, provocar más a los catalanes en medio de una revolución? Menuda metedura de pata por la que, como siempre, no dimitirá nadie (ni falta ya que hace) porque para gente tan obtusa la rebelión ciudadana de Barcelona contra el rey no ha existido. 
Como no existieron la consulta del 9N, el referéndum del 1-O, la declaración de independencia ni la reforma protestante. Además, si leen sus pasquines, miran sus televisiones o escuchan sus radios, sabrán que la inauguración del Mobile ha sido un éxito punteado por muestras populares de adhesión a la Corona y hasta una manifestación de españoles monárquicos que convocó una decena de personas.

Para el resto del planeta, la visita del Borbón ha sido un sondeo demográfico sobre el cerrado rechazo que la Monarquía despierta en Cataluña y que ahora, gracias a los corresponsales extranjeros, ya conoce todo el mundo.

La huida del Borbón a la noche en un lamentable pies para qué os quiero, dejó flotando en el aire barcelonés el himno de Riego y en las calles la realidad de una república imparable.

Aquí la versión castellana, que trata de eso:

El amargo día del Borbón

La visita de Felipe VI a Barcelona para la inauguración del Congreso de Móviles fue un visto y no visto. Pero sí muy oído. Durante todo el accidentado recorrido del Rey, la ciudad vivió en un tumulto de segundo plano, continuo, a veces visible, a veces invisible.  Nadie salió a recibirlo con vítores y palmas.
 Los recorridos reales transcurrieron por plazas y calles vacías, cortadas y desalojadas por la policía y los mossos d’esquadra que se emplearon a fondo en varia ocasiones, cargando contra la gente que estaba haciendo lo que suele hacer la gente: estorbar a los poderosos que quieren pasear por donde no los quieren. El centro de Barcelona parecía en estado de sitio.

Los efectos sonoros fueron constantes. Si no de vista, los barceloneses obligaron al Borbón a tragarse su presencia auditiva. Durante toda la jornada repiquetearon las cazuelas y sartenes, los pitos y matracas, se oyeron gritos contrarios a la Monarquía y favorables a la República, un sordo y encrespado rumor que llegaba hasta los salones y comedores en que trascurrieron los desagradables actos de la inauguración, como si fuera un cuadro de Umberto Boccioni, Llegan los ruidos de la ciudad
 De una ciudad, de un país republicanos que quisieron hacer patente este sentimiento al rey de España, de visita ingrata al territorio en el que sus fuerzas del orden, habían dejado más de mil heridos unos meses antes por querer vivir en democracia. En una sola jornada, se ha visto que el Borbón es tan rey de Cataluña como lo es de Jerusalén, título que también ostenta con la misma eficacia aproximadamente.

El valor simbólico de este acto de desacato y rechazo masivo, generalizado, es inmenso. Es como un anuncio de un nuevo Delenda est Monarchia! orteguiano. El Rey se volvió por donde había venido, dejando tras de sí una docena más de heridos (tradición borbónica de entrar a saco en tierras catalanas) y un desprecio y rechazo colectivos en el que se aunaban las manifestaciones callejeras más ruidosas con los desplantes más gallardos de las autoridades barcelonesas y catalanas que se negaron a rendirle pleitesía. Nadie de relieve fue a besarle la mano excepto alguna alcaldesa socialista reciclada en cortesana periférica.

Los rostros, los gestos, las miradas que echaban fuego constituyeron la mímica, bastante ridícula a ratos, de este acto protocolario y provocador que solo pretendía aplastar la naciente República Catalana con la presencia de un monarca nada bienquisto. ¿Qué cómo se sabe? Porque el CIS ha dejado de preguntar por la valoración ciudadana de la Corona  en sus sondeos y barómetros. Al Borbón no lo quiere casi nadie en España y, menos aun en Cataluña. Es el último representante de una dinastía de trayectoria tan triste como ridícula, reestablecida por un dictador genocida y del que toda la sociedad espera que sea eso, el último y, a ser posible, breve.

Ahora que la familia del dictador anda de mudanza, tratando de colocar en el mercado el Pazo de Meirás, una de las propiedades que pillaron en el pasado, sería bueno que metiera en el lote la corona, el trono y el armiño de un rey que no tiene ni idea del país que pisa, empezando por ignorar que no es uno, sino dos. Una monarquía que hiede a franquismo, como recuerda uno de esos exministros semizombies del dictador cuando dice con perfecta sinceridad y exactitud que si se deslegitima el franquismo, se deslegitima la Monarquía. Pura lógica cartesiana, dado que el monarca español lleva el estigma del terror y la barbarie franquistas hasta en la Corona.

Por algo ni él, ni su padre (que se educó como edecán de Franco), ni el gobierno de turno, ni su partido (que es también y sin disimulo el partido del rey) han condenado jamás el franquismo. Sería como condenarse a sí mismos, que son hechura del dictador delincuente. Ni lo harán. Desaparecerán irredentos por el escotillón de la historia  a partir de la ya imparable revolución catalana. Si no en el Estado español, en el que los republicanos siguen refugiados en los cenáculos literarios, sí en Catalunya, cuyo espíritu y condición republicanas quedaron bien claros en la infausta jornada barcelonesa del Borbón humillado.

Cada vez más clara la distancia, la cesura, la separación, el cleavage entre la España monárquica y la Cataluña republicana. Suele decirse que a la República Catalana le pasa lo que al caballo de Orlando, que tenía todas las virtudes excepto la de la existencia. Con mayor razón del Rey de España que no es que vaya desnudo por Cataluña sino que, simplemente, no va o, si va, ha de volverse con el rabo o la corona entre piernas.

A monarquía vacante, República triunfante. A Rey ausente, República presente. El monarca y sus cortesanos del 155 (PP, PSOE, C’s y, en menor medida pero pujando, Podemos) harán los planes que quieran para sus dominios, reformas constitucionales, reformas electorales, apaños aquí o allá, remiendos y zurcidos en el andrajo español para ver si tira hasta las próximas elecciones y se puede seguir engañando a la gente, haciendo pasar una dictadura personal de un personaje inepto por un Estado de derecho . 
En Catalunya se ha abierto una era que los franquistas en el gobierno y en la oposición en España son incapaces no ya de detener sino simplemente de entender. Igual que la virreina catalana y su cipayo delegado no entendían nada de lo que pasó en Cataluña en un eco lamentable de la “noche triste” de Cortés, cuando los españoles se vieron obligados a retirarse de Tenochtitlán.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El Tribunal Supremo avala que los bancos carguen al cliente los impuestos de constitución de las hipotecas

MADRID.- El Tribunal Supremo ha dictaminado este miércoles que son los clientes quienes deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que da la razón a los bancos.

En concreto, la sentencia del Supremo sólo estima en parte los dos recursos presentados y establece que por la constitución del préstamo, el pago incumbe al titular de la hipoteca, pero en cambio por el timbre de los documentos notariales, el impuesto corresponde a la matriz, que se abonará "por partes iguales" entre el prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.
De esta forma, el Tribunal falla a favor de las entidades bancarias, dado que suele ser práctica habitual que los hipotecados paguen los impuestos relacionados con la constitución de las hipotecas, el grueso de los gastos relacionados con la suscripción de un préstamo hipotecario.
Sin embargo, en su sentencia de diciembre de 2015 el Supremo sí dictaminó la "abusividad" de una cláusula que, "sin negociación y de manera indiscriminada", atribuye todo el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley hace una distribución de los mismos, y por tanto declaró nulas todas las cláusulas que imponían al cliente todos los costes de concertación del contrato y del pago de todos los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco.
En aquella ocasión, la sentencia del Supremo se derivó de una acción colectiva de la OCU, que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas de varios contratos bancarios del BBVA y del Popular.
Por eso, la sentencia de este miércoles del alto tribunal se refería únicamente a quién debía pagar el ITP y AJD, y ha estimado sólo parcialmente los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados, dado que ha determinado que el grueso de estos impuestos, relativo a la constitución del préstamo, debe pagarlo el cliente.
De esta forma, a los bancos sólo les corresponde pagar la mitad del impuesto sobre el timbre de los documentos notariales y las copias, a quien las solicite. El Supremo indica que el fallo ya ha sido comunicado a los procuradores de las partes y que el texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.
El ITP y AJD es un impuesto autonómico, que varía en función de cada comunidad autónoma, y que representa el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formalice la hipoteca. Según los datos aportados por varios despachos de abogados, el pago de este impuesto se sitúa de media entre los 3.000 y 4.000 euros.

Bruselas hace campaña para convencer a los bancos sobre la conveniencia de los corralitos

BRUSELAS.- Las negociaciones a nivel europeo para aprobar una herramienta legal que permita a las autoridades supervisoras y de resolución aplicar corralitos temporales a los depósitos (y otros pasivos) de las entidades en problemas siguen adelante a pesar de las discrepancias entre los distintos grupos parlamentarios y el rechazo frontal mostrado por las principales organizaciones que agrupan el sector financiero internacional, según publica hoy Expansión.

Las autoridades europeas dan por hecho que, pese a las dificultades, se aprobará algún tipo de moratoria que en el futuro pueda evitar los riesgos en los que sí se incurrieron durante la pasada crisis de Banco Popular, que tuvo que ser resuelto y vendido a Santander en la noche del 7 de junio, sin disponer apenas de alternativas ante el hecho de que la entidad no podía abrir sus puertas al día siguiente.
Pero además de vencer, las autoridades aspiran a convencer de la conveniencia de los corralitos a un sector bancario que desde un primer momento se ha mostrado frontalmente contrario a una medida como esta, argumentando para ello que entre otros perjuicios provocaría huidas masivas de depositantes en cualquier entidad de la que se tuvieran sospechas de estar en problemas, así como efectos negativos para la economía en su conjunto.
En los últimos meses, los sectores bancario y financiero han celebrado distintos encuentros a nivel europeo y español en los que se ha abordado, entre otros aspectos, la cuestión de las moratorias a los depósitos. En los mismos, según explican a Expansión Directo Banca fuentes presentes en las mismas, las autoridades (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Junta Única de Resolución...) están tratando de mandar un mensaje de tranquilidad al sector y están aprovechando distintos encuentros y jornadas del sector para lanzar sus argumentos.
«En el caso de Popular, aunque todo funcionó, hubiera estado bien tener unos días más para trabajar con más tiempo. La moratoria, en este sentido, dará a los inversores más confianza que el marco actual. ¿Por qué? Porque es una medida que ha de pasar por los legisladores y esto dará certidumbre a los mercados», explica una fuente próxima a una de las autoridades de resolución europeas. Esta herramienta, añade, sería más predecible de lo que es ahora y ayudaría a unificar criterios en la zona euro, ya que actualmente hay países como Alemania que sí disponen de ella, mientras otros como España no.
«Es menos probable que haya salidas masivas de depósitos [como ocurrió en Popular] si todos los actores del mercado saben que la moratoria es por un tiempo limitado máximo», advierte esta misma fuente. En el caso de España, es el Tesoro quien está actuando como interlocutor con el sector para convencerles de lo apropiado de una medida como esta para evitar posibles salidas masivas de depósitos en entidades que puedan entrar en fase de resolución (o en prerresolución).
Madrid, el pasado 9 de febrero, fue sede de una de las últimas jornadas del sector, centrada en la resolución bancaria, y uno de los encuentros aprovechados por las autoridades para defender la idoneidad de una medida como los corralitos temporales a los depósitos. Con la presencia de representantes del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), de la JUR y del Frob (la autoridad española de resolución), entre otros organismos, fuentes presentes en este encuentro señalan que el asunto de las moratorias fue uno de los que más atención y desencuentros concitó.
La falta de acuerdo respecto a los pormenores (duración, pasivos afectados...) de estos hipotéticos corralitos no solo se sitúa en el sector privado. Fuentes conocedoras del reciente encuentro celebrado en Madrid indican que, mientras que desde el Frob se abogaba por desarrollar una herramienta de moratoria que le otorgara unos poderes específicos lo más amplios posibles (es decir, afectando también a los depósitos garantizados), desde el Banco de España, en cambio, la posición no sería tan favorable, aunque el BCE, sin embargo, es un entusiasta defensor.
El desencuentro entre autoridades deja entrever, según distintas fuentes financieras, que la tramitación de esta moratoria para los depósitos no será precisamente rápida. La falta de acuerdo entre los grupos del propio Parlamento Europeo tampoco es una señal positiva. Este martes se debate en la Eurocámara una propuesta por parte del ponente (Gunnar Horkmark), aunque la división existente incluso de forma interna entre las propias formaciones (socialistas y populares, por ejemplo) hace prácticamente imposible que haya un acuerdo.
La propuesta que se debate este martes contempla, entre otras características, que la herramienta de moratoria se pueda aplicar a todo tipo de pasivos, incluidos los depósitos garantizados, con excepción de las obligaciones de pago de los distintos operadores interbancarios. Estos corralitos, de aprobarse, tendrían una duración máxima de dos días laborales y solo se podrían aplicar por parte de las autoridades de resolución tras consultarlo con la autoridad supervisora competente (BCE o Banco de España, por ejemplo).
Además, los distintos países de la zona euro deberán comprometerse a aprobar una normativa nacional para poder aplicar este mismo tipo de moratoria (o superiores) en aquellas entidades que en vez de resolución se vean sometidas a procedimientos de insolvencia ordinarios.

Unidos Podemos pide que los ayuntamientos puedan izar la bandera de la II República en sus fachadas

MADRID.- Unidos Podemos, a iniciativa de Izquierda Unida, ha registrado este martes en el Congreso una proposición para reformar la Ley de Banderas y permitir que las administraciones puedan colocar enseñas no oficiales, como la de la II República, de manera temporal, en sus fachadas.

En la propuesta presentada en la Cámara Baja por el diputado Ricardo Sixto piden que, "respetando la ubicación y preeminencia establecida en la ley para la bandera de España y el resto de banderas oficiales, y sin alterarlas de forma alguna, las administraciones podrán colocar de forma temporal enseñas, banderas, símbolos históricos, distintivos y cualquier otra manifestación gráfica de la libertad de expresión sin mayor limitación que la que sea de aplicación a cualquier espacio público y la establecida en la legislación sobre el respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos y memoria histórica".
En concreto, desde Unidos Podemos apuestan por modificar el artículo 6 de la Ley de Banderas en una propuesta que ha sido elaborada después de que la Justicia haya fallado contra dos ayuntamientos valencianos, el de en Buñol y Barxeta, que colocaron la bandera republicana para conmemorar el día 14 de abril el año pasado.
Si se aprobase esta proposición, se podrían colocar banderas de clubes de fútbol, de todo tipo de festejos... pero también generaría un problema. Por ejemplo, un ayuntamiento catalán se podría acoger a esta propuesta para exhibir la estelada durante un tiempo en su fachada.
El diputado de IU Ricardo Sixto ha desviado las preguntas sobre este tema asegurando que sólo estarían vetadas las enseñas que incitaran al odio y no estuvieran amparadas por la libertad de conciencia