lunes, 12 de noviembre de 2018

Hacienda asegura que no quiere aplazar la reforma de la financiación autonómica


MADRID.- La secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, ha asegurado hoy que su departamento no quiere "bajo ningún concepto aplazar" la reforma de la financiación autonómica sobre la que se sigue trabajando en la comisión específica con las comunidades autónomas.

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, Bardón ha recordado que la Comisión de Financiación Autonómica se reunión el pasado 26 de octubre y ha dado por finalizado el debate técnico sobre esta cuestión.

Ahora el proceso se encuentra en un "momento político" con todas las cuestiones "críticas" planteadas por los expertos ya encima de la mesa, ha indicado.
Bardón ha destacado que se trata de un trabajo "arduo y complejo" por lo que ve "complicado" que pueda terminarse en esta legislatura.
Entre las cuestiones críticas, ha situado el problema de insuficiencia financiera de las comunidades que "no es una cuestión menor", ha advertido, así como la nivelación de recursos, el mantenimiento del 'statu quo' o la necesidad de simplificar el modelo y reducir el número de fondos existentes.
Se trata de varias cuestiones en las que el Ministerio está trabajando "de forma sistemática y profunda" y con la mayor rapidez posible en la medida en que la complejidad lo permite, según Bardón.
Con esta objetivo, el Gobierno está teniendo un papel "proactivo" en la comisión y no dejará el debate sobre la insuficiencia en manos de las comunidades autónomas para que no haya riesgo de "retrasos innecesarios" mientras se ponen de acuerdo sobre las necesidades de recursos de cada una.
También ha garantizado que Hacienda no olvidará la reforma de la financiación local para que los ayuntamientos puedan recuperar el nivel de servicios a los ciudadanos.

El abogado de las hipotecas cree que se podrán reclamar las indemnizaciones

MADRID.- El abogado que presentó el recurso que ha llevado a la modificación de la ley sobre el impuesto de las hipotecas, Ramón Casero, ha defendido hoy que sí hay lugar para reclamar al Estado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial a los titulares de hipotecas.

"Si el Reglamento (del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de 1995) ha sido declarado nulo de pleno derecho, esto va a dar lugar a la retroactividad famosa", ha defendido hoy el profesor de Derecho Financiero y Tributario de Icade.
En su opinión, una vez que el reglamento fue declarado nulo por la sala segunda del Supremo "automáticamente supone que existe recorrido para iniciar un procedimiento de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado".
Casero es el abogado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, que ha logrado que el Supremo diera inicialmente un vuelco a la doctrina que mantenía desde hacía 23 años sobre quién ha de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
En octubre la sala segunda del Supremo emitió una sentencia que establecía que debían ser los bancos los que pagaran ese impuesto, y no los suscriptores de hipotecas.
Sin embargo, a primeros de noviembre la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rectificó y consideró que debía seguir recayendo sobre los clientes.
En cualquier caso, al día siguiente el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley para que finalmente sean los bancos los que asuman a partir de hoy el pago de ese impuesto.
Aunque el letrado ve posible reclamar indemnizaciones al Estado por mala regulación para los clientes que han pagado este impuesto, reconoce que los recursos podrían ser desestimados si se aplica la última doctrina expresada por el Supremo, que considera que el cliente es el sujeto pasivo del impuesto.
"Habrá que leer primero la sentencia del 6 de noviembre (que aún no se ha hecho pública), pero el daño ya está hecho. Desde el momento en que declaró nulo el reglamento, se dio lugar a indemnizaciones por daños y perjuicios", ha defendido durante su intervención en la mesa redonda.
Casero, que cuenta con tres sentencias a favor de sus argumentos y otras tres en contra, considera que hay que seguir intentando "por vías extraordinarias" y pese al "estrecho recorrido judicial" aún disponible, que estas últimas sean corregidas.
Al respecto, considera que ha sido cuestión de "suerte" que la sala segunda le diera la razón y argumenta que en parte se debe a que la mayoría de los magistrados eran nuevos y no se contradecían a sí mismos si modificaban la doctrina histórica del Supremo, lo que permitió que emitieran una sentencia a su juicio "correctísima".
Aquella sentencia es "acertada y nada populista", en su opinión, porque restablecen correctamente la doctrina sobre quién debe pagar el impuesto, ya que en España se llevan "23 años con una doctrina cogida por los pelos que no era correcta".
En su opinión no hay duda alguna de que los bancos van a trasladar a los clientes el coste de este impuesto, lo que explica en parte que el Gobierno haya decidido también determinar que no se pueda deducir del impuesto de sociedades.
"El Gobierno está intentando que no haya traslación sancionando o agravando la deducibilidad del impuesto; pero traslación seguro que va a haber, en mayor o menor medida en función de las fuerzas del mercado", ha dicho.
Además, ha recordado que hasta que no se firma ante el notario el banco siempre puede modificar las condiciones de la hipoteca, siempre que haya transparencia y negociación entre las partes.
Para quienes vayan a negociar a partir de ahora una hipoteca considera que "va a ser difícil" saber si el banco les ha repercutido de alguna manera ese coste.

Cataluña pide que las regiones gestionen los fondos y los planes en el ámbito agrícola

BRUSELAS.- La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat catalana, Teresa Jordà, pidió hoy que las regiones puedan gestionar los fondos y planes de la futura Política Agrícola Común (PAC) para mejorar su eficiencia.

Jordà se reunió hoy con la delegada de la Generalitat de Cataluña en Bruselas, Meritxell Serret, para abordar la posición de esa comunidad en relación con la futura PAC, que se aplicará entre 2021 y 2027.
Sobre la misma, Jordà explicó que la Generalitat trabaja en una posición consensuada con el sector, que aprobará en las próximas semanas.
Según Jordà, "es imprescindible que sea el sector, el territorio, quien decida cuáles son las prioridades y las demandas que más preocupan en relación con la agricultura en Cataluña" cuestiones que, indicó, pueden no ser las mismas que en Extremadura o Andalucía.
Por otra parte, la consejera lamentó la pérdida de fondos de desarrollo y cohesión, prevista en el periodo presupuestario 2021-2027, un asunto que aseguró que ha trasladado al ministro de Agricultura, Luis Planas.
En relación con la política pesquera, Teresa Jordà dijo que la Generalitat "intenta promover las políticas estructurales dirigidas al sector, para ayudarles en la transición hacia la pesca sostenible".
Por su parte, Serret opinó que "estamos en un momento trascendental en la construcción europea, ya que se está negociando el nuevo marco financiero plurianual" y los fondos de las futuras políticas.
Acompañaron a Teresa Jordà en su visita a Bruselas el director general de Desarrollo Rural de Cataluña, Oriol Anson, y el director de Pesca y Asuntos Marítimos, Sergi Tudela.

Navarra y País Vasco, autonomías que más crecen, mientras bajan las turísticas

MADRID.- El País Vasco y Navarra serán las comunidades con mayor crecimiento este año y en 2019, con aumentos en 2018 todavía por encima del 3 %, mientras que las autonomías con mayor peso del turismo serán las que más frenen sus economías, según las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha presentado hoy en Bilbao sus previsiones económicas por comunidades autónomas para 2019-2020.
El año próximo, según Funcas, crecerán por encima de la media siete regiones: Euskadi, Navarra, Cantabria, Murcia, Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, mientras que las otras diez lo harán por debajo de la media. La ralentización del turismo afecta sobre todo a Baleares, Canarias, Cataluña, Valencia y, en menor medida, Andalucía.
Funcas considera que en España el crecimiento "se mantiene en positivo y por encima de Europa, pero pierde fuerza". La fundación prevé un 2,6 por ciento de subida general para este año y un 2,2 por ciento el que viene, "gracias a una demanda interna que se mantiene por tres factores: la favorable evolución de la inversión en las empresas, un gasto público expansivo y sobre todo, el consumo".
A pesar de este crecimiento "relativamente fuerte", Funcas ha advertido de que hay "una evidente debilidad: el creciente peso de la demanda interna y el decreciente peso del sector exterior no son sostenibles, particularmente en un país con una deuda pública tan elevada".
Según el informe de Funcas, las previsiones para 2019 por comunidades son las siguientes:

- ANDALUCÍA: La economía crecerá este año un 2,5 por ciento y se desacelerará hasta el 2,1 % en 2019, debido a la relativa debilidad de la industria y los peores resultados del sector servicios, aunque la ralentización en la llegada de turistas no ha sido tan acusada.
Es positiva la construcción, tanto en residencial como en obra pública. La tasa de paro descenderá este año al 23 % y el próximo al 21,2 %.
- ARAGÓN: Es una de las comunidades más afectadas por la desaceleración, en especial por la negativa evolución del automóvil; aún así, subirá el PIB este año el 2,8 por ciento por el sector servicios y la obra pública. En 2019 Funcas prevé que crezca el 2,2 por ciento y el paro baje al 10,4 % este año y al 8,5 % el que viene.
-ASTURIAS: crecerá este año un 2,5 por ciento y un 1,9 el que viene. Es además la región donde menos ha crecido el empleo en lo que va de año, con un frenazo de la actividad industrial. El paro será del 13,8 este año y del 11,8 en 2019.
- BALEARES: Ha sufrido una ralentización de todos los sectores, no solo en el turismo, así que su crecimiento se desacelerará hasta el 2,2 % de este año y al 2 % del próximo, y la tasa de desempleo pasará al 11,9 % este año y lo mismo el que viene.
- CANARIAS: el turismo también es el responsable de la moderación en el crecimiento canario, que este año será del 2,1 y del 2 por ciento el que viene. A favor, la intensa construcción residencial y el mayor superávit en las cuentas públicas de todas las autonomías. El paro bajará al 20,1 % y al 19,5 % el año próximo.
- CANTABRIA: será una de las la que más crezca este año, al 3,1%, y al 2,6 % el que viene. Todos los sectores están en positivo. La tasa de paro se reducirá al 11 % este año y al 8,9 % el que viene.
- CASTILLA Y LEÓN: Será la que más crezca respecto al 2017, un año pasado con mala climatología para la agricultura y bajada de ventas de automóviles, dos factores que este año se han superado y van a permitir crecer el PIB un 2,7 % este año y un 2 % en 2019. La tasa de paro descenderá al 12,2 % este año y al 10 % el próximo, una de las que menos paro tendrán.
- CASTILLA-LA MANCHA: La ligera desaceleración de la industria se ha compensado con los servicios. Apunta a un crecimiento del PIB del 2,6 % este año, que bajará tres décimas el próximo, y el paro bajará hasta el 18,5 % este año y al 17 % el próximo.
- CATALUÑA: El crecimiento del PIB será del 2,4 % este año y del 2 % en 2019, una desaceleración más acusada que la media nacional, por la pérdida de impulso de la industria y de turistas. Funcas ha advertido de que las tensiones políticas hacen que Cataluña haya perdido el liderazgo en España, un riesgo que "corre peligro de cronificarse, aunque también de desaparecer si el horizonte se despeja". La tasa de paro bajaría este año al 11,3 % y por debajo del 10 % al acabar el 2019.
- COMUNIDAD VALENCIANA: junto a Cataluña, la que más se desacelerará con respecto a 2017. El responsable es el sector servicios, donde pesa la menor entrada de turistas. A favor, la industria evoluciona favorablemente. El PIB crecerá un 2,3 % y un 2,1, el año próximo. La previsión es de reducción del paro del 15,8 % este año al 14,5 % el próximo.
- EXTREMADURA: Crecerá un 2,4 % este año debido a la buena evolución de los servicios, la cifra de negocios y, en menor medida, la industria. Sufre la tasa de paro más alta de España, que quedará en el 23,8 % este año y el 22,5 el que viene, también la más alta del país.
- GALICIA: Repetirá un 3,1 % de subida este año, en el grupo de las regiones más fuertes, por el empuje del textil y derivados del petróleo, a los que se ha sumado el automóvil. El año que viene se espera que baje al 2,4 % el PIB, y que el paro se reduzca hasta el 13,5 % este año y al 11,7 % el que viene.
- MADRID: Se mantiene entre las regiones con mayor crecimiento, aunque en desaceleración. El PIB crecerá este año un 3 % y un 2,5 % en el 2019, con un débil tono de la industria. Es la región con peor registro en las exportaciones. Mantiene la construcción por la mayor obra pública, y un buen crecimiento de empleo, lo que reducirá el paro al 12,4 este año y al 11,2 % el próximo.
- MURCIA: Crecerá un 2,8 % este año, por la pérdida de impulso de la industria, pero los servicios mantienen un buen rimo y la construcción mejora. En el 2019 el PIB se moderará hasta el 2,5 %, y una tasa de paro del 16,8 % este año y del 15,3 % el próximo.
- NAVARRA: la de mayor crecimiento junto al País Vasco, un 3,3 % este año, gracias a la industria, con la ayuda de un mayor gasto público. En 2019 su PIB crecerá un 2,8 %, y la tasa de paro será la menor de España, con la previsión de reducirla hasta el 9,6 % este año y al 8,5 % el próximo ejercicio.
- PAÍS VASCO: igual que Navarra, crecerá un 3,3 %, el más alto de España, con un intenso ritmo en crecimiento de exportaciones y un superávit en las cuentas públicas. El turismo, aunque con menor peso en la economía, sube. Con ello, Euskadi, según Funcas, crecerá el año que viene el 2,7 %, el paro bajará al 9,8 por ciento este año y al 8,3 % en 2019.
-LA RIOJA: el peor registro de todas las comunidades, con un crecimiento del 1,9 este año y un 1,8 el próximo. La debilidad de la industria, con una caída de las exportaciones, y de la construcción, ralentiza su crecimiento. No obstante, la tasa de paro es baja, y caerá al 10,4 % este año y al 9,5 % el próximo.

El juez pide 1.438 millones de fianza para exdirectivos de Banco de Valencia

MADRID.- La Audiencia Nacional ha solicitado 1.438 millones de euros de fianza para los expresidentes de Bancaja Jose Luis Olivas y Banco de Valencia Antonio Tirado y a otras 46 personas por una supuesta operativa de desfalco a través de préstamos al proyecto Grand Coral en México.

En el auto, el titular del juzgado central de instrucción nº 3, Diego de Egea, abre juicio oral contra 48 personas por supuesta administración desleal y blanqueo, lo que habría causado un perjuicio de 750 millones de euros.
Según consta en el documento, la Fiscalía solicita seis años de prisión para Olivas por apropiación indebida, y dos para Tirado; por su parte, el ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, se enfrenta a una pena de doce años de cárcel acusado además de un delito de blanqueo de capitales, la misma que pide para el ex director financiero de Bancaja Aurelio Izquierdo
La investigación de Grand Coral nació a raíz de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales de 2013 por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre 2005 y 2009, que le pudieron ocasionar un "menoscabo patrimonial" al tener que provisionar "una parte muy importante" de esos préstamos.
Además de la Fiscalía, figuran como acusación la Abogacía del Estado, Bankia Habitat y Banco de Valencia (hoy parte de Caixabank).
La abogacía del Estado pide para Olivas siete años y medio de prisión por administración desleal y apropiación indebida, idéntica pena que solicita para Domingo Parra, mientras que para Tirado baja a tres años de cárcel y reclama que los acusados indemnicen al FROB con 294,27 millones de euros.
Bankia Habitat acusa de apropiación indebida y rebaja las penas para Olivas y Parra a tres años, y pide que reparen los daños y perjuicios tanto para la propia Bankia Habitat (100,35 millones) como a Bankia (204,27 millones).
Caixabank pide para Domingo Parra quince años por apropiación indebida y blanqueo y, de forma subsidiaria, cinco años por administración desleal, los mismos que para Aurelio Izquierdo, mientras que para Olivas solicita siete años y medio únicamente por apropiación indebida.
Asimismo, pide que se indemnice de forma conjunta al FROB y a Bankia por un importe de 479,5 millones de euros.
Entre 2005 y 2009, los exdirectivos habrían favorecido económicamente, de modo sistemático e injustificado, a los empresarios Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch -para los que la Fiscalía pide doce años de prisión como autores-.
Entre las operaciones sospechosas, el auto de procesamiento resaltaba el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que los tres empresarios obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares sufragados por Bancaja y Banco de Valencia, que fueron trasferidos a sus cuentas en Andorra en una maniobra que podría ser constitutiva de blanqueo y en la que estarían envueltos tanto Izquierdo como Parra.
De este modo, Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer Daudí, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez Toral, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt han de presentar de forma conjunta y solidaria antes de 24 horas 639,2 millones de euros.
A José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí el juez les requiere 406,1 millones de euros, en tanto para el resto de resto de acusados la fianza queda fijada en 392,3.

El uso de vuelos internos crece un 9 % en septiembre y un 3,3 por ciento el del AVE

MADRID.- El número de pasajeros de vuelos domésticos creció un 9 % en septiembre en comparación con el mismo mes de 2017, mientras que el uso del AVE mejoró un 3,3 %, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de pasajeros en los trayectos internos por avión encadenó así 52 meses al alza, desde mayo de 2014.

En septiembre usaron el transporte público más de 406,2 millones de viajeros, un 1,8 % más que en el mismo mes del año pasado.
Tanto el transporte urbano como el interurbano aumentaron en este mes un 1,1 % y un 3,2 %, respectivamente. Mientras, el metro se incrementó de media un 2,1 % y el autobús, un 0,5 %.
En los nueve primeros meses del año el número de usuarios del transporte urbano aumentó un 2 % de media.
El transporte de cercanías entre ciudades aumentó un 3 % en el autobús y un 4,2 % en el ferrocarril, en tanto que la media distancia creció un 0,3 % en autobús y un 2,8 % en el transporte ferroviario.
El transporte especial y discrecional subió en septiembre un 2,2 % en tasa anual, con mejoras del 0,7 % en el escolar, del 0,5 % en el laboral y del 4,4 % en el discrecional.

Aeropuertos

Más de 24,3 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos de la red de Aena en octubre, lo que supone un 6,5 % más que en el mismo mes de 2017, ha comunicado hoy el operador aeroportuario.
Del total de pasajeros, más de 17 millones viajaron en vuelos internacionales, un 5,1 % más que en octubre del año pasado, y poco más de 7 millones volaron en trayectos nacionales, un aumento del 10,2 %.
Con respecto al número de operaciones, en octubre se registraron 208.355 movimientos de aeronaves, un 5,3 % más que en el mismo mes del año anterior.
En los diez primeros meses del año el número de pasajeros superó los 228,4 millones, un 5,6 % más que entre enero y octubre de 2017, y las operaciones sumaron más de 1,97 millones, con un incremento del 5,7 %.
Solo en octubre, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que registró un mayor número de viajeros, con 5.188.971, un 9,8 % más; seguido por Barcelona-El Prat, con 4.542.389 pasajeros, un 8,8 % más; y Palma de Mallorca, con 2.987.793 (3,8 % más).
En el capítulo de mercancías, en octubre se transportaron cerca de 100.104 toneladas, una cifra un 8,8 % superior a la del mismo mes de 2017.
Los aeropuertos que en octubre registraron un mayor tráfico de mercancías fueron Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con cerca de 48.859 toneladas (5,8 % superior), y Zaragoza, con 19.541 toneladas (13,8 % más).
Entre enero y octubre se transportaron 835.330 toneladas de carga, un 10,7 % más que en los mismos meses de 2017.

Podemos rechaza a Marchena para presidir el CGPJ y exige elegir a una mujer para el cargo

MADRID.- La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, ha confirmado que su formación está manteniendo conversaciones con el Gobierno para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que han puesto sobre la mesa dos exigencias, que no tienen que ver con nombres ni cupos: que la presidenta sea una mujer, que el órgano tenga un sesgo feminista y que los miembros sean profesionales solventes.

De este modo, Vera ha rechazado el acuerdo alcanzando entre el Gobierno y el PP para que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena, sea el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, según han informado fuentes gubernamentales.
“Si en el 2018 a estas alturas no se ha entendido que el 8 de marzo marcó que tiene que ser una mujer la que coordine un órgano tan importante de decisión como es el CGPJ, es que no se han enterado de lo que ha pasado en este país. La única exigencia que hemos hecho es que el CGPJ sea un Consejo feminista”, ha asegurado en la rueda de prensa tras la Ejecutiva de Podemos.
En este sentido, Vera ha asegurado que “ese no debe ser el camino” y que, por ello, su “única exigencia en este acuerdo, que todavía no está cerrado, tiene que ver con que haya una mujer al frente del poder judicial”.
 “Es la única exigencia clara que le hemos hecho”, ha afirmado, para añadir después que también han pedido que los candidatos tengan “un currículum que le avale”.
Así, la dirigente ‘morada’ ha negado que estén negociando ya nombres y cupos, de los candidatos que les correspondería proponer a cambio de apoyar un acuerdo global. “Nombres no se han negociado y cupos tampoco. El PSOE y el Gobierno tendrán que negociar también con el resto de fuerzas. Esto todavía está abierto”, ha asegurado.
Asimismo, ha criticado los “acuerdos de despacho” entre el PP y PSOE” y ha asegurado que evitar eso es precisamente el motivo por el que han entrado en la negociación y quieren participar en la conformación del CGPJ, aunque sigan rechazando el sistema por el que actualmente se eligen sus miembros.
A este respecto, ha asegurado que “por supuesto que hay conversaciones”, porque es algo que “hay que normalizar” y porque aunque el sistema de elección no les gusta, mientras no cambie, Podemos tiene que “formar parte de esa elección”.
“Mientras no gobernemos y podamos combatir ese sistema, no vamos a permitir que se sigan tomando decisiones en contra de la gente. Estamos actuando con responsabilidad. Mientras estemos aquí, formaremos parte de todas las instituciones para intentar que sean más justas y más plurales”, ha ahondado.

Rivera ataca a PP y PSOE por el reparto del poder judicial: ‘Esto no es un supermercado’

MADRID.- El presidente de Cs, Albert Rivera, ha calificado de "escándalo y vergüenza" que el PP y el PSOE hayan negociado "a dedo" el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

 "El Poder Judicial no es un supermercado", ha dicho. Rivera, en una entrevista en Tele 5, ha cargado contra el acuerdo entre el Gobierno y el PP para el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del CGPJ, que, según han informado fuentes del Ejecutivo, contará con once miembros progresistas de los veinte que lo conforman.
El líder de Ciudadanos ve además “sorprendente” y “un pacto contra natura para muchos votantes” que el PP, según él, dé la mayoría a Podemos y que los que se manifiestan ante los jueces para pedir la independencia del Poder Judicial, como hizo el sábado Pablo Iglesias, sean ahora quienes los elijan.
Ha lamentado que PP y PSOE no consigan ponerse de acuerdo en temas como un pacto de Estado para la educación o para reformar la Administración, pero sí para que cada uno coloque a sus magistrados o para taparse en la corrupción como han hecho durante años.
Si lo que querían era recuperar la credibilidad de la Justicia tras la polémica por el fallo de la hipotecas, se ha hecho “justo lo contrario a lo que había que hacer”, ha subrayado Rivera.
Cs, ha explicado su líder, podría haber participado también en esta negociación porque por escaños le corresponde, pero ha declinado hacerlo porque no cree en un modelo en el que los partidos son los que eligen a los jueces.
Por el contrario, ha defendido la propuesta de reforma de Cs para que sean los jueces los que escojan a los jueces.

El Gobierno sacará 3.000 millones de euros del Fondo de Reserva para la extra de las pensiones

MADRID.- El Gobierno prevé sacar 3.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de Navidad de las pensiones, lo que dejará la llamada “hucha de las pensiones” en unos 5.000 millones de euros.

Así lo ha asegurado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en una entrevista en El País, donde ha explicado que sumará a este importe los 6.300 millones de euros que sobran del préstamo del Tesoro que el Estado concedió a la Seguridad Social en los presupuestos generales para 2018.
Valerio ha acusado al anterior gobierno del PP de “mirar para otro lado” durante los últimos años en los que ha tirado del Fondo de Reserva, que llegó a estar dotado con 67.000 millones, y ha mostrado las dificultades a las que se enfrenta para “dar un giro ‘copernicano’ al transatlántico que es la Seguridad Social”.
Ha descartado que el Gobierno esté pensando en ampliar la edad de jubilación o el cómputo de años para el cálculo de la pensión, pero se ha mostrado a favor de revisar las prestaciones que se pagan con cargo a la Seguridad Social, y ha apuntado que las de paternidad y maternidad “tienen que ver con la política de Estado”.

La URJC cancela un centenar de másteres y cursos de expertos

MADRID.- La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ha decidido eliminar de su oferta académica más de un centenar de títulos, entre másteres y cursos de expertos no oficiales, que impartía hasta este curso a través de diferentes empresas privadas con las que tenía un convenio.

Según ha adelantado la Cadena Ser, la URJC ha revisado los convenios que mantenía con 28 empresas privadas, cuya identidad no han querido desvelar, para la realización de hasta 106 títulos, entre másteres de posgrado -títulos propios- y cursos de expertos -títulos no oficiales-.
Fuentes de la URJC han señalado que esta revisión de los convenios se enmarca en el “proceso de regeneración interna” puesto en marcha por el rector, Javier Ramos, a raíz de las irregularidades detectadas en los cursos de máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, de la exministra Carmen Montón o el presidente del PP, Pablo Casado.
“Nos hemos puesto más estrictos con los requisitos para la realización de este tipo de titulaciones”, han añadido estas mismas fuentes, las cuales insisten que todo ello entra dentro de un proceso de revisión de “lo que no es formación de grado” y que pretenden que “la mayor parte de los títulos pasen a ser de gestión interna”.
La Universidad de momento mantendrá 23 convenios con otras tantas empresas para este tipo de titulaciones, sobre las cuales habrá mayores medidas de control y seguimiento.

La lista de morosos a la Seguridad Social incluirá a más 1.000 empresas con deudas de más de un millón de euros

MADRID.- El Gobierno prevé elaborar una lista de deudores con la Seguridad Social, que incluya a las empresas o autónomos que deban más de un millón de euros a la citada administración, para lo que necesita una modificación legislativa que quiere que esté incluida en los presupuestos de 2019.

Así lo ha explicado el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Javier Aibar, quien ha asegurado que, de no salir adelante los presupuestos para 2019, “cabe la posibilidad de que se adopte esta modificación por real decreto“.
“En base a últimos datos detectados internamente”, ha explicado Aibar, habría 1.100 deudores con una deuda de mas de un millón de euros, fundamentalmente empresas, porque apenas hay deudores de ese importe que sean autónomos.
Este año, el importe total adeudado asciende a 1.800 millones de euros que, sumados a las deudas impagadas de los últimos 4 años (lo anterior prescribe), asciende a un total de 4.477 millones de euros, ha puntualizado Aibar.
La publicación del listado requiere cambios en la Ley General de la Seguridad Social, mediante una modificación que debe tener rango legal y que tendrá también que experimentar un desarrollo reglamentario.
Una vez detectada la deuda, la Seguridad Social exigirá al deudor su pago una vez terminado el periodo voluntario, detectando así a los morosos que tengan deuda en vía de apremio, a los que se les comunicará la posibilidad de incluirles en el listado una vez hagan alegaciones y, posteriormente, se publicará el listado.
Aibar ha explicado que la lista de morosos con la Seguridad Social estará homologada con la que elabora la Agencia Tributaria y que también tendrá “regularidad en el tiempo”, puesto que se trata de “una medida ejemplarizante”.
Este año, la tasa de morosidad económica, que mide el grado de cumplimiento del pago en vía voluntaria, se situará en el 1 %, la más baja de la última década, lo que supone que “por cada 100 euros ingresados, sólo un euro hay que pedirlo en vía de apremio”.
Ha detallado que hasta el mes de septiembre, la Seguridad Social ha recaudado más 1.084 millones de euros, lo que representa un descenso del 5,53 % respecto al mismo periodo del año anterior, si bien su peso sobre el total de recaudación se ha reducido 10 puntos porcentuales debido al incremento del pago en vía voluntaria.
Además, Aibar ha puntualizado que, “por primera vez respecto a pasados ejercicios, vamos a conseguir una ejecución presupuestara del 100 %, cumpliendo el objetivo previsto en los presupuestos de 2018″.
El número de aplazamientos del pago concedidos hasta septiembre asciende a 68.578, lo que representa un incremento del 4,85 %, si bien el importe total de la deuda aplazada ha disminuido un 18,8 % en estos nueve meses, hasta un total de 616,9 millones de euros.
Esto se debe a que aunque “las empresas necesitan aplazar menos cantidades, debido al control de los incumplimientos en los aplazamientos, se ven obligadas a renegociarlos, lo que deriva en un incremento de su número”, ha explicado Aibar.
En total, la deuda vigente con aplazamiento alcanza los 1.162,7 millones de euros, lo que representa un descenso del 9,8 %, y la mayor parte de este importe aplazado corresponde a deuda del sector privado (99,9 %).
Hasta el mes de septiembre, la Seguridad Social ha iniciado 2.811 procedimientos concursales -respecto a los 4.051 comenzados en todo el año pasado-, por un importe adeudado total de 127,4 millones, la mitad que en 2017.

La OCDE advierte de que el crecimiento de España pierde impulso

PARÍS.- El ritmo de crecimiento de la economía española se está debilitando, según ha advertido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea con las perspectivas de desaceleración detectadas para el resto de las principales economías de la zona euro, así como para el conjunto de países del ‘Club de países desarrollados’.

“El indicador para España apunta a una moderación del impulso de crecimiento”, confirmó  un portavoz de la OCDE en referencia a la última lectura del índice compuesto de indicadores líderes (CLI), que en el caso de España bajó a 98,87 puntos en septiembre desde los 99,19 del mes anterior.
De este modo, este indicador diseñado para anticipar los puntos de inflexión de la tendencia de la actividad económica en una periodo de seis a nueve meses acumula ocho caídas mensuales consecutivas en el caso de España, situándose en su nivel más bajo desde agosto de 2013.
En línea con los síntomas de debilitamiento del crecimiento de España, el dato correspondiente al conjunto de la eurozona, que se deterioró a 99,6 puntos desde los 99,7 del mes anterior, anticipa la desaceleración del crecimiento económico de la región, mientras que en la OCDE bajó a 99,5 puntos desde los 99,6 de agosto, lo que sugiere una pérdida de impulso económico y supone su peor lectura desde mayo de 2016.
Entre las principales economías de la zona euro, además de la moderación del crecimiento español, se registraba también una pérdida de impulso en el crecimiento de Italia, donde el dato caía a 99,8 puntos desde los 99,9 del mes anterior, así como en Francia, donde el dato se situaba en 99,4 enteros, frente a los 99,6 de agosto.
En el caso de Alemania, el indicador adelantado bajaba a 99,9 desde los 100 puntos del mes anterior, lo que implica “síntomas de moderación del impulso de crecimiento”.
De hecho, dentro de las principales economías de la OCDE únicamente EEUU, Canadá y Japón escapan al debilitamiento generalizado de la tendencia, ya que sus respectivos indicadores líderes reflejan “un impulso de crecimiento estable”.

El comercio y la construcción lideran la actividad emprendedora

MADRID.- Los sectores de comercio y construcción lideraron la actividad emprendedora, con 220.479 y 155.091 nuevas empresas creadas, respectivamente, entre 2008 y octubre de este año, según datos analizados por el Gabinete de Estudios Económicos de la agencia de rating Axesor.

Seguidamente, entre los sectores líderes del emprendimiento se encuentran actividades profesionales, científicas y técnicas, con 115.023 nuevas compañías, y hostelería, con 87.989 nuevos registros.
En términos geográficos, Madrid ha liderado el emprendimiento a lo largo de estos diez años, con 210.310 sociedades mercantiles, seguida de Cataluña, con 190.197 empresas, Andalucía, con 162.847 inscripciones y Valencia, donde el número de registros es de 114.929.
De acuerdo a los datos analizados por Axesor, al menos 394.314 de las nuevas compañías han cerrado o atraviesan serias dificultades, lo cual se corresponde con el 39,34% de todas las sociedades mercantiles dadas de alta entre 2008 y 2018.
Asimismo, el informe revela que la mayoría de las compañías nunca llegaron a comunicar el cierre oficial. En este sentido, de las empresas creadas desde 2008, el número de cierres oficiales es de 122.650, solo un 12,2% del total de sociedades creadas en dicho periodo, pero a esta cifra se suman aquellas cuya hoja registral demuestra que llevan al menos tres años sin anotar ninguna actividad en el Registro Mercantil.
Por último, la estadística se cierra con el número de empresas con un nivel de riesgo extremo, con un ‘scoring’ de solvencia de cero a dos puntos sobre 10, que se eleva a un total de 249.785 empresas.

La hostelería, difícil emprendimiento

Entre los sectores donde el emprendimiento pasa por más dificultades sobresale la hostelería. Así, entre 2008 y octubre de 2018 se han creado 87.989 empresas, pero de ellas, al menos 53.266 han cerrado oficialmente o atraviesan una situación de gran dificultad, un 60,54% de total del emprendimiento en el sector.
En la misma situación, ocupando el segundo lugar, se sitúa la construcción, con un porcentaje del 53,15%. En estos diez años se han creado 155.091 empresas de la construcción, de las que al menos 82.436 están en una mala situación o han clausurado su actividad.
En el resto de actividades, la tasa de mortalidad y problemas de las empresas creadas desde 2008 cae por debajo del 50%, donde el porcentaje más elevado es en transporte y almacenamiento, un 42,8%, con 13.395 empresas cerradas o en dificultades de un total de 31.296 sociedades constituidas.

Bajan el emprendimiento y los concursos

Por otra parte, Axesor también ha analizado la evolución de la creación de empresas en octubre. El mes pasado se dieron de alta 6.860 nuevas sociedades en España, un 4,7% menos que en el mismo mes de 2017. En el conjunto del año, se han creado 80.348 empresas, un 0,1% menos que en el mismo periodo del ejercicio pasado.
A este respecto, el sector del comercio lidera el emprendimiento, tanto en el mes de octubre, con 1.415 altas y un descenso del 7,8% interanual, como en los 10 primeros meses del año, con 16.174 nuevos registros y una bajada del 7,3% sobre 2017.
En cuanto a los concursos de acreedores, en octubre pasado se iniciaron 407 procesos formales de insolvencia, un 7,3% menos en tasa interanual, mientras que, en el conjunto del año, el número de concursos de acreedores es de 3.404, con un descenso del 2,8% en la comparativa con 2017.
Al igual que en el caso del emprendimiento, el comercio es el sector con más concursos en octubre, presentando 102 incidencias, un 15% menos que hace 12 meses, y en el acumulado desde enero 816 insolvencias judiciales, con un retroceso del 3,3% interanual.

Sánchez impulsará la jubilación forzosa por edad

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado hoy que el Ejecutivo impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos.

Sánchez ha citado estas decisiones entre la serie de medidas que incluye en su "agenda de cambio" y que, según ha asegurado en su intervención en un acto organizado por Expansión, prevé que se conviertan en realidad en los próximos meses.
Ante un auditorio entre los que se encontraban varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado, ha enumerado decisiones futuras en varios ámbitos, entre ellos el laboral y con el objetivo de reducir la precariedad.
Ha sido entonces cuando ha mostrado su determinación de recuperar las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y fijar un registro obligatorio de los horarios de los trabajadores.
La primera de esas decisiones la ha considerado una política que puede facilitar el empleo y la segunda ha dicho que puede evitar abusos de las empresas y facilitar la resolución de discrepancias.
También ha citado en este contexto su intención de recuperar el valor de la negociación colectiva y reforzar la causalidad de la contratación temporal, así como el anunciado deseo del Gobierno de reducir el número de contrataciones.
En concreto, según ha recordado Sánchez, serían esencialmente tres los tipos de contratos: uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo.
De la misma forma ha apostado por reducir sustancialmente el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados.
Su "agenda del cambio" incluye también para antes de fin de año un plan de choque por el empleo joven, poniendo el énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera.
De la misma forma ha ratificado una próxima ley de Formación Profesional para desarrollar el modelo de FP dual, incorporando a las empresas mediante fórmulas flexibles y creando consorcios en todo el territorio nacional.
En el terreno de las instituciones del sector financiero, ha recordado que se reforzará la arquitectura institucional de los organismos de regulación y supervisión mediante la creación de una autoridad que llevará por nombre Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, y una Autoridad Independiente para la Protección del Cliente Financiero.
Una ley de cambio climático y transición energética y una estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas han sido otras de las iniciativas que ha resaltado el presidente del Gobierno.
Sánchez ha ratificado su determinación de seguir gobernando con "ambición reformista" y ha considerado que los presupuestos son una herramienta importante para llevarla a cabo.
Al hilo de ello ha recordado que el texto presupuestario se encuentra en periodo de negociación, que no tira la toalla y por eso tiende la mano al resto de partidos.
Pero ha advertido de que el Gobierno cuenta con más herramientas, y si no hay mayoría suficiente para unos nuevos presupuestos hará "modificaciones" en las actuales cuentas del estado y "serán otros los que tengan que dar las explicaciones".
Sánchez, que se ha mostrado convencido de que el actual ciclo expansivo de la economía española aún tiene "años de bonanza por delante, ha considerado que los ciclos económicos no mueren de viejos.
A su juicio se agotan por acumulación de desequilibrios fundamentales como endeudamiento privado, deuda pública, balanza por cuenta corriente y tasa de paro, y eso ha dicho que es justamente lo contrario de lo que ocurre actualmente en la economía española.

Justicia retraerá del salario de jueces y fiscales la jornada de huelga

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha informado este lunes a las asociaciones de jueces y fiscales de su intención de detraer de su salario la jornada de huelga prevista para el 19 de noviembre a quienes se sumen al paro, paso que no se había dado hasta ahora porque estos colectivos no tienen regulado el derecho a la huelga.

Para hacerlo, será necesario establecer un sistema de recuento de todos los miembros de ambas carreras que vayan a secundar el paro, explica el Ministerio en un comunicado tras la reunión que han mantenido este lunes las asociaciones con la titular del departamento, Dolores Delgado.
En cuanto a los servicios mínimos, el Ministerio explica que no le corresponde fijarlos, ya que no es "la autoridad laboral de ambos colectivos, sino un mero pagador", pero anuncia que esta misma tarde enviará una comunicación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado para que los establezcan.
La del 19 de noviembre será la segunda huelga conjunta de jueces y fiscales tras la celebrada el 22 de mayo, cuando fueron las propias organizaciones profesionales las que organizaron los servicios mínimos.
Como en anteriores protestas en el sector, el CGPJ no los estableció al no estar regulado el derecho a la huelga de los jueces, quienes, por el mismo motivo, tampoco vieron mermado su salario de mayo por el paro.
En la reunión de hoy, según fuentes de las asociaciones consultadas no se han registrado nuevos avances en torno a sus reivindicaciones laborales y salariales, con lo que la convocatoria de huelga sigue adelante.
El comunicado emitido por Justicia destaca que las asociaciones de jueces y fiscales han trasladado a Delgado que su protestas "no es contra el actual equipo ministerial", afirmación que matizan algunos de los asistentes al encuentro.
La huelga es contra el Ministerio ante la falta de avances, con el anterior equipo y con éste, precisan las fuentes consultadas, que lamentan que Justicia haya indicado que si se mantiene la protesta se darán por rotas las negociaciones en la Mesa de retribuciones.
No ponen reparos al anuncio de que se retraerá de sus salarios la jornada de huelga, pero piden también que se regule ese derecho en el sector.

Pedro Sánchez se reúne con Iglesias en Moncloa para informarle del acuerdo con PP

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido hoy en el Palacio de la Moncloa con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para informarle personalmente del acuerdo al que el Ejecutivo ha llegado con el PP sobre la composición y presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El propio Sánchez ha confirmado su reunión con Iglesias al asentir a la pregunta que al respecto le han formulado los periodistas a su llegada a un acto organizado por "Expansión".
Fuentes del Gobierno han informado de que Sánchez quería trasladar en persona a Iglesias los detalles del acuerdo con el PP y la importancia de que el órgano de gobierno de los jueces vaya a contar con una mayoría progresista.
De los veinte integrantes del CGPJ, once serán propuestas por los partidos de ese espectro ideológico y nueve por parte de los conservadores.
A cambio, el Consejo General del Poder Judicial estará presidido por Manuel Marchena, hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Marchena era el candidato preferido por el PP para presidir el nuevo poder judicial.

Casado almuerza con Rajoy cinco días después de la marcha de Cospedal

MADRID.- El líder del Partido Popular, Pablo Casado ha almorzado este lunes con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, un encuentro que la dirección nacional del PP enmarca en "la normalidad de su relación", según han señalado fuentes de la formación.

Esta comida entre Casado y Rajoy se produce apenas cinco días después de la renuncia a su escaño de la exsecretaria general de la formación María Dolores de Cospedal, tras la polémica generada por la difusión de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo.
La marcha de Cospedal se precipitó después de publicarse una grabación en la que su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, afirmaba ante Villarejo que "el jefe" estaba al tanto de los trabajos que se le iban a encargar.
Fuentes próximas al exjefe del Ejecutivo admitieron hace una semana que Rajoy estaba sorprendido y molesto por esas informaciones.
El propio Casado dijo públicamente entonces --desde Helsinki (Finlandia) que tenía "plena confianza" en Rajoy y que está seguro de que no toleraría una práctica que se aparte de "la ejemplaridad".
Además, en los últimos días ha marcado distancias con ese pasado del partido recalcado que su compromiso con la "ejemplaridad, la transparencia y la rendición de cuentas es absoluto".
Además, este almuerzo entre Casado y Rajoy se produce en medio de las negociaciones entre Gobierno y PSOE para la renovación de los veinte vocales del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). De acuerdo con ese pacto, el PP queda en minoría (nueve frente a 11) pero a cambio ostentará la presidencia del órgano de gobierno de los jueces.
Fuentes de la dirección nacional del PP han confirmado ese almuerzo con Rajoy y lo han enmarcado "dentro de la normalidad de su relación".
El propio Pablo Casado desveló públicamente la semana pasada que conversa con "mucha regularidad" con el expresidente del Gobierno sobre temas de Estado y asuntos europeos.
Pocos días después de ser elegido presidente del PP en el congreso extraordinario celebrado el 21 de julio, Casado recibió a sus tres antecesores en su despacho de 'Génova': Rajoy, José María Aznar y Antonio Hernández-Mancha.
Casado quiere que tanto Rajoy como Aznar acudan a la Convención Nacional del PP que la formación celebrará en enero en Madrid, un asunto que podría haber surgido durante el almuerzo que se ha celebrado este lunes.
Precisamente, Casado ha estado "coordinando" este lunes temas y asuntos relativos a ese cónclave con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la fundación Concordia y Libertad, Adolfo Súarez Illana.
La foto entre ellos la han podido captar los fotógrafos al término de la conferencia que el candidato del PP-A, Juanma Moreno, ha pronunciado en el Club Siglo XXI.

Ciudadanos recuerda a Sánchez cuando en 2014 prometió un CGPJ "verdaderamente independiente del Gobierno"

MADRID.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y otros dirigentes del partido han recordado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que en 2014 se comprometió a promover que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuera "verdaderamente independiente del Gobierno".

"Mi compromiso: regenerar la vida democrática es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter el 9 de diciembre de 2014, cuando gobernaba Mariano Rajoy y él era el líder de la oposición.

Dos días después, en una entrevista en Telecinco, Sánchez denunció "injerencias y presiones por parte del Gobierno de España" al CGPJ en la decisión sobre la continuidad del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional y abogó por cambiar el sistema de elección de los miembros de este órgano porque "no puede seguir negociándose entre los partidos políticos".

El secretario general del PSOE afirmó que había que "despolitizar esta institución" y aseguró que trataría de reformarla cuando llegase al poder. Dos años después, tras la firma del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Cs, Sánchez señaló en su discurso de investidura en el Congreso que uno de los puntos era modificar el sistema de nombramiento.  

El método acordado por ambos partidos consistía en que los candidatos a entrar en el CGPJ debían participar en una convocatoria pública y someterse a un comité de expertos y a audiencias parlamentarias que evaluarían su competencia e idoneidad antes de ser elegidos por la mayoría de las Cámaras. 

Finalmente, la investidura de Sánchez no fue aprobada y esta reforma nunca llegó a aplicarse, pero es la que sigue defendiendo C's, que la ha promovido a través de una proposición de ley.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado el compromiso incumplido de Sánchez y le ha afeado que se haya "repartido los jueces con (Pablo) Casado a dedo" y le haya "dado a Podemos la llave del Consejo General del Poder Judicial". 

"Así es justamente como el bipartidismo ha degradado durante décadas la confianza en la política y como siguen salpicando a la Justicia", ha lamentado.

También el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha criticado al "Doctor Sánchez y su obsolescencia programada". Por su parte, el responsable de Economía y Empleo en la Ejecutiva de C's, Luis Garicano, ha bromeado al respecto recordando las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "Esto tampoco lo dijo nunca jamás el Presidente del Gobierno, sino aquel ser llamado Pedro Sánchez que dejó de existir un 2 de junio de 2018".

El presidente de Perú recibe a los Reyes de España con una bienvenida oficial en Lima

LIMA.- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz, han recibido este lunes a los Reyes de España con una ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno de Lima, donde los dos jefes de Estado mantendrán un primer encuentro y presidirán una firma de acuerdos bilaterales.

Felipe VI llegó esta madrugada a Lima procedente de París, tras participar en la ceremonia internacional conmemorativa del armisticio de la Primera Guerra Mundial y asistir a un almuerzo ofrecido en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, mientras que la Reina Letizia viajó a la capital peruana horas antes en un vuelo comercial desde Madrid.
El programa de la primera visita de Estado a Perú de don Felipe y doña Letizia comenzó en el Panteón Nacional de los Próceres con un saludo a la bandera de Perú y una ofrenda floral en el monumento que homenajea a los precursores de la independencia del país, de la que se celebrará el centenario en 2021.
Desde allí, se trasladaron al Palacio de Gobierno que, junto a la catedral, domina el histórico espacio de la Plaza de Armas limeña, donde tuvo lugar la tradicional ceremonia de bienvenida en la que Felipe VI pasó revista a las tropas que le rendían honores y se interpretaron los himnos nacionales de ambos países.
Tras recibir los Reyes el saludo de sus anfitriones en las escaleras -en el caso de la Reina y la primera dama, con los tradicionales dos besos-, los cuatro accedieron al vestíbulo del palacio, en el que los dos jefes de Estado presentaron a sus respectivas delegaciones oficiales.
A continuación, el Rey y el presidente peruano mantuvieron una reunión en el Salón de Embajadores mientras la Reina y la primera dama conversaron en el Salón Cáceres, tras lo que anfitriones e invitados se dirigieron al Salón Dorado, donde Felipe VI ha sido condecorado con la Gran Cruz al Mérito por Servicios Distinguidos y presidió, junto a Vizcarra, la firma de cuatro documentos.
Entre ellos destacan un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación "en armamento y material de defensa" y otro para fomentar la investigación "en materia antártica", a los que se suman una declaración conjunta con motivo del bicentenario de la independencia y un acuerdo de colaboración entre Radiotelevisión Española (RTVE) y el Instituto Nacional de Radio y Televisión de Perú (IRTP).
Después de un almuerzo oficial en el que Felipe VI y Vizcarra tomaron la palabra, los Reyes abandonaron el Palacio de Gobierno y se desplazaron a pie por la Plaza de Armas hasta la sede de la Municipalidad Metropolitana, donde el alcalde les hizo entrega de la Llave de la Ciudad y los declaró huéspedes ilustres de la capital.
Acto seguido, el monarca se reunió en el Congreso de la República con el presidente de la Cámara, Daniel Salaverry, y más tarde visitó la sede del Poder Judicial, mientras que doña Letizia acudió al Ministerio de la Mujer para conocer el trabajo de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que prestan atención psicológica, social, legal y jurídica a víctimas de violencia machista.


Relaciones excelentes


El Rey Felipe VI ha manifestado desde la ciudad de Lima el deseo de España de seguir potenciando las "excelentes" relaciones bilaterales entre España y Perú aprovechando una visita en la que ha sido galardonado con la Gran Cruz de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos que le ha concedido el presidente peruano, Martín Vizcarra.
"Hemos hecho repaso, en primer lugar, de nuestras relaciones bilaterales, que continúan atravesando un momento excelente, que no es ni mucho menos puntual, sino todo lo contrario. Hemos constatado que compartimos el deseo de continuar potenciándolas", ha afirmado el monarca durante su intervención tras la entrevista mantenida con Vizcarra en el Palacio de Gobierno de Lima.
Felipe VI ha destacado además los "muchos avances logrados en todos los ámbitos" por Perú en los ocho años que separan esta visita de su anterior visita oficial, aún como Príncipe de Asturias.
Más tarde, en su intervención durante el almuerzo ofrecido por Vizcarra al rey, Felipe VI ha insistido en que "las relaciones bilaterales entre nuestros dos países no han dejado de fortalecerse" sobre la base del "vínculo tan especial de afecto y complicidad que une a nuestros pueblos".
El Rey ha respaldado así la solicitud de ingreso de Perú en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). "Esta política de Estado ha contado desde el primer momento, y seguirá haciéndolo en el futuro, con todo el apoyo español", ha subrayado.
Felipe VI ha apuntado además a la importancia de la presencia del sector empresarial español en Perú que abarca "desde las grandes corporaciones a las PYME, más de 300 según los estudios más recientes" y ha mencionado en particular sectores como infraestructuras, redes energéticas, telecomunicaciones y nuevas tecnologías.
Igualmente ha destacado el sector de la cooperación y la especial vinculación derivada de la presencia de numerosos peruanos residentes en España y de españoles llegados a Perú "especialmente en los últimos años".
"Fruto de este nexo tan humano e incluso familiar, los españoles no sólo han podido conocer de cerca y más ampliamente las delicias de la mundialmente famosa gastronomía peruana -aprender qué es la cocina "chifa"-, sino que han sentido también, como en parte suya, la presencia de la "Blanquirroja" en el último Mundial de fútbol", ha argumentado.
Por último, el Rey ha recordado que España fue país invitado de la reciente Feria Internacional del Libro de Lima y que Perú será invitada de honor de la próxima edición de la Feria de Arte Contemporáneo ARCO.

Imputados tres guardias civiles por esposar a un joven que se resistía el 1-O

BARCELONA.- La Audiencia de Barcelona ha ordenado interrogar como investigados a tres guardias civiles acusados de un delito de detención ilegal por haber retenido, esposado, a un joven de Fonollosa (Barcelona) que se resistía a los agentes que fueron a impedir el referéndum el 1-O en la población.

En un auto, la sección quinta de la Audiencia de Barcelona revoca la decisión del juzgado de instrucción de Manresa que denegó las declaraciones y le ordena interrogar a los tres guardias civiles como investigados por un delito de detención ilegal.
La investigación deriva de la denuncia presentada por el joven, que relató haber sido esposado y apartado a un lado, mientras los guardias civiles intervenían para impedir la votación en la sede del Ayuntamiento, y posteriormente liberado "sin haber sido informado de los motivos de una posible detención", sostiene el auto.
Según mantiene la Audiencia de Barcelona, que ha visionado los vídeos aportados por el denunciante sobre lo sucedido, el joven se "abalanzó" sobre un grupo de agentes que estaban reduciendo a otra persona, lo que en opinión del tribunal "podría llegar a justificar, inicialmente, una detención".
Sin embargo, el tribunal precisa que se desconoce si el hecho de que el joven fuera apartado a un lateral de la plaza y custodiado por los agentes "fue consecuencia de la presunta perpetración de un delito o en todo caso de una mera retención cuya justificación pudiera resultar cuestionable", especialmente teniendo en cuenta "el lapso temporal en que permaneció en dicha situación".
Para la sala, ante esas circunstancias resulta "idónea" la declaración de los agentes, "quienes podrán ofrecer la información adicional que se necesita para el esclarecimiento de los hechos".
La Audiencia, por el contrario, ha rechazado el resto de diligencias que proponían los denunciantes para que se investigara a los agentes que intervinieron para impedir el 1-O en Fonollosa por los delitos de lesiones, contra la inviolabilidad domiciliaria y contra los derechos de las personas, entre otros.
El motivo es que la sala descarta que la actuación de la Guardia Civil en ese municipio fuera "desproporcionada" o "dirigida a menoscabar, intencionadamente, la integridad física de los denunciantes", puesto que los agentes no usaron su defensa en momento alguno y se limitaron a "retirar a las personas que impedían el acceso al Ayuntamiento".
Según el tribunal, la mayoría de personas concentradas "fueron apartadas, sin mostrar especial resistencia", y algunas de las que mostraron mayor oposición "debieron ser arrastradas de pies y manos", en una intervención que, añade el auto, se saldó con lesiones leves en tres de los congregados.
Para la Audiencia, ninguna de las imágenes de las grabaciones sobre la intervención policial "refleja un exceso policial, susceptible de imputación", dado que la mayoría de guardias civiles que intervinieron se limitaron a formar cordones policiales para impedir el acceso a las urnas.
El tribunal descarta asimismo que los hechos sean investigados por un delito contra la inviolabilidad domiciliaria, porque existía una "resolución judicial habilitante", el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenaba a los agentes de la autoridad "intervenir todo el material relacionado con el referéndum no autorizado y que era objeto de investigación penal".

Competencia controlará que los bancos no se coordinen para subir las hipotecas

MADRID.- Los principales bancos españoles mantienen las condiciones de sus hipotecas coincidiendo con la entrada en vigor de su obligación de asumir el pago del impuesto que grava la constitución, y las asociaciones de consumidores vigilarán para que no concierten subidas que compensen el impacto impositivo.

Hoy ha entrado en vigor el real decreto ley publicado el viernes pasado en el BOE, que hace recaer el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los bancos para que dejen de pagarlo los clientes y que, además, estipula que no podrán deducirlo en el Impuesto de Sociedades.
Las entidades coinciden en afirmar que mantienen las condiciones de sus préstamos hipotecarios pero muchas de ellas no descartan llevar a cabo cambios próximamente, según han dicho hoy portavoces de los distintos bancos.
Hoy las sucursales de las entidades financieras operan con normalidad y no han registrado ningún "pico" de peticiones de información por parte de los clientes.
Las asociaciones de consumidores -que valoran la decisión del Gobierno de cambiar el sujeto pasivo del impuesto- siguen cautelosas porque están convencidas de que el asunto terminará en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al igual que ha sucedido en los últimos años con otros conflictos en materia hipotecaria.
Es el caso de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), partidaria de suprimir esta tasa para evitar que repercuta, "tarde o temprano", en los clientes.
La agrupación ha denunciado hoy ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) indicios de "posibles prácticas colusorias" de los bancos a fin de cargar el coste de este impuesto en el hipotecado.
Para su presidenta, Patricia Suárez, "el anuncio coordinado de las entidades financieras de que repercutirán, incluso de forma indirecta, el pago del impuesto aumentado el precio final del préstamo hipotecario, puede constituir una práctica abusiva" contraria a los derechos de los consumidores.
En la misma línea se ha manifestado Facua, que ha pedido a la CNMC que vigile las "más que previsibles" subidas de las hipotecas, y recuerda que aunque el sector tiene "bastante libertad, no se pueden alcanzar pactos entre entidades para llevarlas a cabo de la misma manera".
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que ha criticado la precipitación legislativa, se muestra convencida de que los bancos trasladarán a los clientes el coste que les supondrá el impuesto y afirma que se están paralizando muchas operaciones de crédito hipotecario.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilará hipotéticos acuerdos entre los bancos sobre la repercusión del impuesto que grava las hipotecas, según ha explicado hoy a Radio Nacional su presidente, José María Marín Quemada.
La CNMC analizará la actuación de las entidades en esta dirección, pero "lo que no vamos a permitir", ha dicho, conductas coordinadas en una misma dirección.
"Los mercados funcionan mejor sin acuerdos, sin conductas coordinadas y sin recomendaciones colectivas", ha añadido.
Los notarios, por su lado, seguirán con su labor de informar a las partes en la firma de las hipotecas, y desde ahora explicarán que son las entidades quienes deben pagar el impuesto de AJD. "Es solo una labor de información", han asegurado desde el Consejo General del Notariado.
Por su parte, el abogado que presentó el recurso que ha llevado a la modificación de la ley sobre el impuesto de las hipotecas, Ramón Casero, ha defendido que sí hay lugar para que los titulares de hipotecas reclamen al Estado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.
En su opinión, si el reglamento (del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de 1995) ha sido declarado nulo de pleno derecho, "esto va a dar lugar a la retroactividad famosa".

La defensa de Manuel Chaves ve "imposible" que conociera las irregularidades de los ERE

SEVILLA.- El abogado Pablo Jiménez de Parga, que ejerce la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha alegado este lunes que es "imposible" que el que fuera líder del Ejecutivo andaluz hasta 2009 conociera las irregularidades en la gestión de estas ayudas, así como que no pudo detectar "las alarmas que hicieran saltar las luces rojas".

Con la evacuación del trámite de informe final del abogado de Chaves, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación, ha comenzado el turno de las defensas. Así, Jiménez de Parga, que ha empezado su intervención agradeciendo a la Sala y a los funcionarios su labor para el buen desarrollo del juicio, ha asegurado que del resultado de la prueba practicada y de la pericial ratificada es "imposible" pretender que Chaves tuviera conocimiento de las irregularidades en la gestión de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el programa presupuestario del 31L.
Sobre todo en base a la afirmación del Ministerio Fiscal de que el expresidente tuvo conocimiento de estas irregularidades por las memorias que realizaba el interventor general de la Junta para los acuerdos anuales de Control Financiero Permanente, en relación a los años 2005, 2006 y 2007, y en las que, según la Fiscalía, se recogían irregularidades y problemas del uso de las transferencias de financiación para pagar subvenciones, precisando el letrado que a la sesión del Consejo de Gobierno que aprobó este último no asistió Chaves.
A este respecto, el abogado defensor dijo en su declaración ante el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña que "nadie le advirtió de las irregularidades y que el interventor general tampoco consideró oportuno realizar un informe de actuación", algo que, según el letrado, "no ha quedado desvirtuado en el juicio oral".
El Consejo de Gobierno "aprobó" de forma "íntegra y sin modificar nada" las propuestas planteadas por la Intervención General de la Junta para los planes de Control Financiero Permanente de estos años, "sólo faltaba poner la firma y la fecha". "El Consejo de Gobierno actuó como debía, con diligencia y adoptando las propuestas de la Intervención General", ha añadido.
Chaves, según el abogado, declaró que "no había leído las memorias", añadiendo que "leídas hoy creo que no me hubiese permitido detectar señales de alarma". Como dice el Tribunal Supremo, en su auto sobre la causa especial de los ERE, "no hay nada reprochable en la no lectura de las memorias".
"Pretender que el presidente de la Junta, antes de aprobar el plan anual de Control Financiero Permanente, estudie el expediente administrativo de la propuesta de la Intervención General, me parece que se opone a las reglas de lo lógico y linda con lo absurdo". Además, ha añadido que dicha lectura "no permite detectar las alarmas que hicieran saltar las luces rojas".
En este sentido y en referencia al acuerdo de 2007, a cuya sesión del Consejo de Gobierno que lo aprobó no asistió Chaves, el abogado ha dicho: "Si no se le puede pedir que se los lea antes, pensar que lo va a hacer después de ser aprobados es esperpéntico". Por todo ello, "difícilmente se puede concluir que Chaves conoció las irregularidades por las memorias".
Por la decisión del interventor general de no realizar informe de actuación ante las irregularidades en las ayudas de los ERE, el abogado de Chaves ha señalado que "al no hacerlo no usó el mecanismo legalmente establecido para hacer llegar las irregularidades al Consejo de Gobierno, por tanto, nada hay en la causa sobre que el expresidente tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención General de la Junta".
Con respecto a las intervenciones de Chaves en la tramitación de las ayudas que expuso el Ministerio Fiscal en su informe final, sobre todo con respecto a las ayudas de Bilore, A Novo o Faja Pirítica, el abogado ha reprochado a la Fiscalía que "si todos lo indicios que ha encontrado el Ministerio Público tras bucear en decenas y decenas de expedientes sólo son faxes y cartas --a las que aludió la Fiscalía de trabajadores y comités de empresas--, me temo que poco tiene para incriminar a Chaves sobre el conocimiento de la gestión de las ayudas".
Una de esas cartas fue la entregada a Chaves por los trabajadores de Bilore en una visita a Osuna (Sevilla) en la que pedían una solución a su situación laboral tras el cierre de la empresa a finales de 2003.
"Tampoco pudo afirmar con esos faxes y cartas que Chaves conocía las ayudas, sino que dijo la Fiscalía que no se creía la tesis del 'cortafuegos' del gabinete de Presidencia", ha afirmado el abogado, que ha expuesto que la declaración del testigo Antonio Jesús Mena Calvente, director del Área de Planificación y Seguimiento en la Consejería de Presidencia entre los años 2003 y 2008, dejó "claro" la mecánica del gabinete de Presidencia. "Cada carta que llegaba se remitía a la Consejería competente en razón de la materia", ha subrayado.
Además, ha apostillado que la fórmula "por indicación del presidente" es una fórmula de estilo. "Si ningún elemento incriminatorio cabe extraer de la declaración de Mena Calvente, menos aún de los extrabajadores de Bilore que testificaron en el juicio", ha asegurado el letrado, que pide la libre absolución para el expresidente.
Sobre el uso de las transferencias de financiación para allegar fondos del 31L desde la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el abogado de Chaves ha defendido que las anuales leyes de Presupuestos de la Junta contemplaban el uso de estas transferencias a IFA/IDEA para el pago de las subvenciones sociolaborales, frente a las tesis de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), asumidas por la Fiscalía, de que el artículo 18 de la Ley 15/2001 (Ley de acompañamiento del Presupuesto de 2002), recoge que "sólo y exclusivamente" se pueden usar para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa pública.
Ante esta "antinomia, dos normas de carácter contradictorio". Pues bien, según el abogado y acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el principio de especialidad supone que el precepto específico prevalece sobre el precepto general.

Martínez Arrieta presidirá el tribunal del juicio por el 'procés'

MADRID.- El magistrado de mayor antigüedad en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, será previsiblemente el presidente del tribunal en el juicio contra el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y otros 17 líderes del 'procés', según han informado hoy fuentes jurídicas. 

Esto ocurrirá si el actual presidente de dicha Sala, Manuel Marchena, es finalmente nombrado el máximo responsable del Poder Judicial, tal y como han pactado el PP y el PSOE.
Hasta ahora, el magistrado Manuel Marchena era el encargado de presidir el tribunal compuesto por siete magistrados que juzgarán en los próximos meses a los procesados por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. No obstante, si éste es nombrado como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no podrá continuar con las atribuciones que tenía ya encomendadas, pues es "incompatible", han apuntado las mismas fuentes.
Según las fuentes jurídicas consultadas, si bien la legislación permitiría a Marchena seguir al frente de este tribunal, se trataría de una anomalía, dado que "lo normal y deseable" es que quien preside el órgano de gobierno de los jueces se aparte de la función puramente jurisdiccional. No se contempla, por tanto, esta posibilidad.
Con la marcha de Marchena al CGPJ, la composición del tribunal se vería modificado. Según apuntan las fuentes jurídicas, es el magistrado de mayor antigüedad en la Sala y en el propio tribunal contra los responsables del 'procés' el que debería presidirlo.
Por tanto, corresponde a Martínez Arrieta, un magistrado experimentado, moderado y perteneciente a la asociación Francisco de Vitoria, quién previsiblemente también redactará la posterior sentencia.

También se debe designar a un nuevo miembro que acompañe a los otros seis magistrados --Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo-- en dicho tribunal, para lo que se postula Susana Polo, que se incorporó a esta Sala el pasado mes de julio.
De todos los magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Polo es la más veterana que puede incorporarse al tribunal, incluso más que Eduardo de Porres, que tomó posesión el mismo día que ella. Otros de los candidatos es el actual vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, indican las fuentes consultadas.
Por otro lado, todos estos cambios pueden afectar al calendario de la vista oral por el proceso independentista en Cataluña, pues según indican estas fuentes, cabe la posibilidad de que se retrase la celebración del artículo de previo pronunciamiento y ello afecte también al propio juicio. Eso sí, si Marchena aún no ha tomado posesión como presidente del CGPJ --la renovación del órgano de gobierno de los jueces expira el próximo 4 de diciembre-- podría estar al frente de esta fase previa.
Otras de las cuestiones que se tendrá que resolver una vez que Marchena sea nombrado presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo es quién le sustituirá en la Sala de lo Penal del Supremo. Para ello, será el órgano de gobierno de los jueces el que anuncie oficialmente la convocatoria para asumir este cargo y para el que algunas fuentes consultadas señalan a Ana Ferrer.
Martínez Arrieta lleva desarrollando su labor en la Sala Segunda del Tribunal Supremo 20 años, pues fue nombrado en 1998, con 43 años, convirtiéndose en el juez más joven en acceder al alto tribunal.
Tiene una reconocida experiencia en esta Sala pues formó parte del tribunal que condenó al exjuez Baltasar Garzón por prevaricación debido a las escuchas a los líderes de la trama 'Gürtel' y del que le absolvió, por otro lado, por investigar las fosas del franquismo.
Además, hace casi un año fue nombrado por el CGPJ como magistrado para conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en caso de ausencia del designado en primer lugar para ejercer dichas funciones.

El Tribunal de Cuentas condena a Mas a devolver 4,9 millones gastados en la consulta del 9N

MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a otros ex altos cargos autonómicos a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat de Cataluña en organizar y celebrar la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre 2014.

Según la sentencia han sido condenados Mas, los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega y seis personas más por los gastos originados por la consulta del 9N, cifrados en 4.946.788,16 euros.
El Tribunal de Cuentas considera responsables contables directos a los citados, así como a Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.
Se les condena a reintegrar a la Generalitat la suma en que se cifra el alcance de sus respectivas responsabilidades. Así, por ejemplo, a Mas se le hace responsable del total de los 4,9 millones de euros y, al resto, se les van imputando importes en función de su papel en el 9N.
Por ejemplo, Francesc Homs debe responder por casi 3,5 millones por diversos conceptos; Irene Rigau, de 2,8 millones por la compra de los 7.000 ordenadores empleados en las mesas de votación, y Joana Ortega, por algo más de 1,7 millones de euros.
En los casos en los que concurre la responsabilidad de varios demandados respecto a un mismo concepto, la responsabilidad de todos ellos es solidaria en relación con los daños causados, dice la sentencia.
Para el Tribunal de Cuentas, no cabe duda de que tanto Mas como los demás miembros de su Gobierno demandados no sólo no eran ajenos a las decisiones de gasto público de la Generalitat, sino que eran los "máximos responsables" de estas decisiones.
El año pasado, este Tribunal ordenó el embargo preventivo de la vivienda que Artur Mas puso para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9N.
Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el 23 de noviembre del año pasado varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza.
El expresidente Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau han advertido hoy de que "no aceptan en ningún caso" la sentencia, en su opinión "aberrante", del Tribunal de Cuentas, en la que se les condena por la consulta del 9N, y han anunciado que presentarán recurso.
El Tribunal de Cuentas ha condenado a Mas, Homs, Ortega y Rigau a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat en organizar y celebrar unilateralmente la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
En un comunicado, los cuatro condenados han afirmado que la sentencia es "una aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas".

El juez más duro en el 'caso Gürtel', entre los vocales pactados por PP y PSOE

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional a quien se atribuyen las frases más duras de la sentencia del 'caso Gürtel', José Ricardo de Prada, y Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena se encuentran en la lista de futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactados por el PP y el PSOE, que tendrá mayoría progresista. El mandato del actual órgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, concluye el próximo 4 de diciembre.

Según han confirmado hoy fuentes conocedoras del acuerdo -en el que el PP ha cedido la mayoría a cambio de que el presidente del órgano, y por lo tanto del Tribunal Supremo sea Manuel Marchena, actual presidente de lo Penal del alto tribunal y quien iba a ser ponente de la sentencia contra los exdirigentes independentista- en la parte progresista estarán también Ángel Ramón Arozamena, y José María del Riego, ambos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo.
También entraría como propuesta progresista en el Consejo José María Fernández Seijo, actualmente en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Suena igualmente el instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional y actual magistrado de su Sala de lo Penal Fernando Andreu, la que ya fuera anteriormente vocal y actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán y la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra Esther Erice, de Jueces para la Democracia (JpD).
La que no se da por segura en este momento es a la juez en Canarias y exdiputada de Podemos Vicky Rosell, que de entrar finalmente sería la vocal del partido morado en el futuro Consejo del Poder Judicial.
Por lo que respecta a José Ricardo de Prada se encuentra actualmente en servicios especiales en el tribunal internacional que debe revisar la condena de Radovan Karadzic, razón por la que quedó fuera de la lista de 50 jueces entre los que se elegirán a los doce de este origen en el nuevo órgano de gobierno de los jueces que se renovará a principios de diciembre.
Este magistrado, a quien se atribuyen las frases más contundentes de la sentencia que propició la moción de censura contra Mariano Rajoy, entraría según las mismas fuentes dentro cuota de ocho juristas de reconocido prestigio que también deben conformar el nuevo Consejo del Poder Judicial.
En esta cota de juristas por parte del PSOE también entraran en el CGPJ dos juristas procedentes de la universidad: Carmen Sáez Lara, que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba desde julio de 2000, y fue letrada en el Tribunal Constitucional; y Bernardo Fernández Pérez, profesor Asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo y exalto cargo del PSOE en Asturias.
A ellos se unirán la fiscal Pilar Fernández Pérez, actualmente en Santiago de Compostela y experta en violencia de género, y Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia que fue secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional y doctor en derecho procesal.
En la parte conservadora, fuentes conocedoras del acuerdo han señalado que además de Espinosa estarán en el Consejo magistrado también de la Sala de lo Contencioso del Supremo José Antonio Montero. Suena también para este sector la nueva juez de la Audiencia Nacional y exconcejal del PP María Tardón.