MADRID.- Los principales bancos españoles mantienen las condiciones de sus hipotecas coincidiendo con la entrada en vigor de su obligación de asumir el pago del impuesto que
grava la constitución, y las asociaciones de consumidores vigilarán
para que no concierten subidas que compensen el impacto impositivo.
Hoy ha entrado en vigor el real decreto ley publicado el viernes pasado en el BOE, que hace recaer el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
(AJD) en los bancos para que dejen de pagarlo los clientes y que,
además, estipula que no podrán deducirlo en el Impuesto de Sociedades.
Las
entidades coinciden en afirmar que mantienen las condiciones de sus
préstamos hipotecarios pero muchas de ellas no descartan llevar a cabo
cambios próximamente, según han dicho hoy portavoces de los distintos
bancos.
Hoy las sucursales de las entidades financieras operan con normalidad y no han registrado ningún "pico" de peticiones de información por parte de los clientes.
Las
asociaciones de consumidores -que valoran la decisión del Gobierno de
cambiar el sujeto pasivo del impuesto- siguen cautelosas porque están
convencidas de que el asunto terminará en manos del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE), al igual que ha sucedido en los últimos
años con otros conflictos en materia hipotecaria.
Es el caso de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), partidaria de suprimir esta tasa para evitar que repercuta, "tarde o temprano", en los clientes.
La agrupación ha denunciado hoy ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) indicios de "posibles prácticas colusorias" de los bancos a fin de cargar el coste de este impuesto en el hipotecado.
Para
su presidenta, Patricia Suárez, "el anuncio coordinado de las entidades
financieras de que repercutirán, incluso de forma indirecta, el pago
del impuesto aumentado el precio final del préstamo hipotecario, puede
constituir una práctica abusiva" contraria a los derechos de los
consumidores.
En la misma línea se ha manifestado Facua, que ha pedido a la CNMC que vigile las "más que previsibles" subidas de las hipotecas,
y recuerda que aunque el sector tiene "bastante libertad, no se pueden
alcanzar pactos entre entidades para llevarlas a cabo de la misma
manera".
La Asociación Española
de Asesores Fiscales (Aedaf), que ha criticado la precipitación
legislativa, se muestra convencida de que los bancos trasladarán a los
clientes el coste que les supondrá el impuesto y afirma que se están
paralizando muchas operaciones de crédito hipotecario.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilará hipotéticos acuerdos entre
los bancos sobre la repercusión del impuesto que grava las hipotecas,
según ha explicado hoy a Radio Nacional su presidente, José María Marín
Quemada.
La CNMC analizará la
actuación de las entidades en esta dirección, pero "lo que no vamos a
permitir", ha dicho, conductas coordinadas en una misma dirección.
"Los
mercados funcionan mejor sin acuerdos, sin conductas coordinadas y sin
recomendaciones colectivas", ha añadido.
Los notarios, por su lado, seguirán con su labor de informar a las partes en la firma de las hipotecas,
y desde ahora explicarán que son las entidades quienes deben pagar el
impuesto de AJD. "Es solo una labor de información", han asegurado
desde el Consejo General del Notariado.
Por
su parte, el abogado que presentó el recurso que ha llevado a la
modificación de la ley sobre el impuesto de las hipotecas, Ramón Casero,
ha defendido que sí hay lugar para que los titulares de hipotecas
reclamen al Estado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.
En su opinión, si el reglamento (del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de 1995) ha sido declarado nulo de pleno derecho, "esto va a dar lugar a la retroactividad famosa".
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