El cliente solo pagará los gastos de tasación en las hipotecas

MADRID.- Los partidos políticos han acordado hoy por mayoría que la nueva Ley Hipotecaria establezca que los gastos notariales vinculados a la firma de la hipoteca sean pagados por la banca y que los de tasación sean abonados por el cliente.

Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario.
La ponencia de la Ley Hipotecaria ha vuelto a reunirse hoy en la Comisión de Economía del Congreso una vez que el Gobierno ha aprobado un real decreto ley que estipula que el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) sea pagado por la banca y no por el cliente.

La nueva Ley Hipotecaria recoge esta decisión y deja claro que la entidad financiera pagará la primera copia de escrituras del notario y el cliente las que solicite, mientras que los gastos registrales también correrán a cargo del banco y el prestatario abonará los gastos de tasación ya que lo podrá elegir libremente.
No obstante, quedan por acordar otros asuntos de relevancia como las comisiones por amortización anticipada, los intereses de demora o la cláusula de vencimiento anticipado de una hipoteca y que permite ejecutar la vivienda según la deuda que haya adquirido el prestatario.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Gonzalo Palacín, ha confiado a los medios del Congreso que pueda llegarse la próxima semana a un acuerdo en este ámbito, aunque el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral sigue advirtiendo de que debería eliminarse una disposición adicional transitoria que aparece en la ley y que es contraria a los tribunales europeos.

Mayoral incide en que en caso de que se mantenga esta disposición transitoria podrían desbloquearse muchas ejecuciones hipotecarias que están ahora paralizadas.

Al respecto, el PSOE propone que la cláusula de vencimiento anticipada vinculada a determinados pagos de cuotas sólo afecten a sentencias judiciales ya firmes y no a las que pudieran estar en proceso.

Unidos Podemos propone que sólo se pueda ejecutar una vivienda cuando el capital deudor es del 10 % del préstamo hipotecario.

El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua ha valorado que en la ponencia se haya incluido la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy de garantizar la presunción de veracidad del notario para que sea más transparente la información al cliente y ha señalado que algunas formaciones han propuesto también un código sancionador en caso de incumplimiento de la nueva ley.

Por otra parte, los partidos políticos también tendrán que decidir sobre la entrada en vigor de la norma, ya que el sector financiero pide que haya un margen de 6 meses frente a los 15 días que plantea el proyecto de ley.

La Ley Hipotecaria, que es una trasposición de una directiva europea, persigue dar mayor protección al consumidor e impulsar la transparencia en la concesión de hipotecas, por eso los partidos políticos han consensuado que los tasadores puedan ser independientes, personas físicas y jurídicas.

El portavoz del PSOE ha señalado, asimismo, que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de AJD ha ralentizado los trabajos de esta comisión ya que la nueva Ley Hipotecaria debía definir el reparto de gastos, aunque ha confiado en que pueda entrar en vigor en enero de 2019.

"La ley debe dar seguridad jurídica a todas las partes y evitar la litigiosidad que hasta ahora ha tenido el mercado hipotecario", ha puntualizado al tiempo que ha recordado la importancia de aprobar esta norma cuanto antes ante la amenaza de sanción de la Unión Europea de pagar una multa de 105.000 euros diarios.

El abogado de las hipotecas cree que se podrán reclamar las indemnizaciones

MADRID.- El abogado que presentó el recurso que ha llevado a la modificación de la ley sobre el impuesto de las hipotecas, Ramón Casero, ha defendido hoy que sí hay lugar para reclamar al Estado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial a los titulares de hipotecas.

"Si el Reglamento (del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de 1995) ha sido declarado nulo de pleno derecho, esto va a dar lugar a la retroactividad famosa", ha defendido hoy el profesor de Derecho Financiero y Tributario de Icade.

En su opinión, una vez que el reglamento fue declarado nulo por la sala segunda del Supremo "automáticamente supone que existe recorrido para iniciar un procedimiento de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado".

Casero es el abogado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, que ha logrado que el Supremo diera inicialmente un vuelco a la doctrina que mantenía desde hacía 23 años sobre quién ha de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

En octubre la sala segunda del Supremo emitió una sentencia que establecía que debían ser los bancos los que pagaran ese impuesto, y no los suscriptores de hipotecas.

Sin embargo, a primeros de noviembre la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rectificó y consideró que debía seguir recayendo sobre los clientes.

En cualquier caso, al día siguiente el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley para que finalmente sean los bancos los que asuman a partir de hoy el pago de ese impuesto.

Aunque el letrado ve posible reclamar indemnizaciones al Estado por mala regulación para los clientes que han pagado este impuesto, reconoce que los recursos podrían ser desestimados si se aplica la última doctrina expresada por el Supremo, que considera que el cliente es el sujeto pasivo del impuesto.

"Habrá que leer primero la sentencia del 6 de noviembre (que aún no se ha hecho pública), pero el daño ya está hecho. Desde el momento en que declaró nulo el reglamento, se dio lugar a indemnizaciones por daños y perjuicios", ha defendido durante su intervención en la mesa redonda.

Casero, que cuenta con tres sentencias a favor de sus argumentos y otras tres en contra, considera que hay que seguir intentando "por vías extraordinarias" y pese al "estrecho recorrido judicial" aún disponible, que estas últimas sean corregidas.

Al respecto, considera que ha sido cuestión de "suerte" que la sala segunda le diera la razón y argumenta que en parte se debe a que la mayoría de los magistrados eran nuevos y no se contradecían a sí mismos si modificaban la doctrina histórica del Supremo, lo que permitió que emitieran una sentencia a su juicio "correctísima".

Aquella sentencia es "acertada y nada populista", en su opinión, porque restablecen correctamente la doctrina sobre quién debe pagar el impuesto, ya que en España se llevan "23 años con una doctrina cogida por los pelos que no era correcta".

En su opinión no hay duda alguna de que los bancos van a trasladar a los clientes el coste de este impuesto, lo que explica en parte que el Gobierno haya decidido también determinar que no se pueda deducir del impuesto de sociedades.

"El Gobierno está intentando que no haya traslación sancionando o agravando la deducibilidad del impuesto; pero traslación seguro que va a haber, en mayor o menor medida en función de las fuerzas del mercado", ha dicho.

Además, ha recordado que hasta que no se firma ante el notario el banco siempre puede modificar las condiciones de la hipoteca, siempre que haya transparencia y negociación entre las partes.

Para quienes vayan a negociar a partir de ahora una hipoteca considera que "va a ser difícil" saber si el banco les ha repercutido de alguna manera ese coste.

Competencia controlará que los bancos no se coordinen para subir las hipotecas

MADRID.- Los principales bancos españoles mantienen las condiciones de sus hipotecas coincidiendo con la entrada en vigor de su obligación de asumir el pago del impuesto que grava la constitución, y las asociaciones de consumidores vigilarán para que no concierten subidas que compensen el impacto impositivo.

Hoy ha entrado en vigor el real decreto ley publicado el viernes pasado en el BOE, que hace recaer el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los bancos para que dejen de pagarlo los clientes y que, además, estipula que no podrán deducirlo en el Impuesto de Sociedades.

Las entidades coinciden en afirmar que mantienen las condiciones de sus préstamos hipotecarios pero muchas de ellas no descartan llevar a cabo cambios próximamente, según han dicho hoy portavoces de los distintos bancos.

Hoy las sucursales de las entidades financieras operan con normalidad y no han registrado ningún "pico" de peticiones de información por parte de los clientes.

Las asociaciones de consumidores -que valoran la decisión del Gobierno de cambiar el sujeto pasivo del impuesto- siguen cautelosas porque están convencidas de que el asunto terminará en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al igual que ha sucedido en los últimos años con otros conflictos en materia hipotecaria.

Es el caso de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), partidaria de suprimir esta tasa para evitar que repercuta, "tarde o temprano", en los clientes.

La agrupación ha denunciado hoy ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) indicios de "posibles prácticas colusorias" de los bancos a fin de cargar el coste de este impuesto en el hipotecado.

Para su presidenta, Patricia Suárez, "el anuncio coordinado de las entidades financieras de que repercutirán, incluso de forma indirecta, el pago del impuesto aumentado el precio final del préstamo hipotecario, puede constituir una práctica abusiva" contraria a los derechos de los consumidores.

En la misma línea se ha manifestado Facua, que ha pedido a la CNMC que vigile las "más que previsibles" subidas de las hipotecas, y recuerda que aunque el sector tiene "bastante libertad, no se pueden alcanzar pactos entre entidades para llevarlas a cabo de la misma manera".

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que ha criticado la precipitación legislativa, se muestra convencida de que los bancos trasladarán a los clientes el coste que les supondrá el impuesto y afirma que se están paralizando muchas operaciones de crédito hipotecario.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilará hipotéticos acuerdos entre los bancos sobre la repercusión del impuesto que grava las hipotecas, según ha explicado hoy a Radio Nacional su presidente, José María Marín Quemada.

La CNMC analizará la actuación de las entidades en esta dirección, pero "lo que no vamos a permitir", ha dicho, conductas coordinadas en una misma dirección.

"Los mercados funcionan mejor sin acuerdos, sin conductas coordinadas y sin recomendaciones colectivas", ha añadido.

Los notarios, por su lado, seguirán con su labor de informar a las partes en la firma de las hipotecas, y desde ahora explicarán que son las entidades quienes deben pagar el impuesto de AJD. "Es solo una labor de información", han asegurado desde el Consejo General del Notariado.

Por su parte, el abogado que presentó el recurso que ha llevado a la modificación de la ley sobre el impuesto de las hipotecas, Ramón Casero, ha defendido que sí hay lugar para que los titulares de hipotecas reclamen al Estado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

En su opinión, si el reglamento (del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de 1995) ha sido declarado nulo de pleno derecho, "esto va a dar lugar a la retroactividad famosa".

La banca pagará el impuesto de las hipotecas desde mañana y no podrá deducirlo

MADRID.- El Gobierno ha aprobado este jueves un real decreto para que sea la banca y no el cliente la que asuma el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, tasa que las entidades no podrán deducirse ya que también se ha modificado el impuesto de sociedades.

El decreto, que entrará en vigor el sábado tras su publicación este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica el artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que la banca asuma el impuesto.
Y viene acompañado por un cambio en el artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, para dejar claro que el gasto no será deducible por el prestamista.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, indicó que con este real decreto el Gobierno afirma "con toda contundencia y toda claridad" que este impuesto lo pagará el banco. 

"El Gobierno muestra una vez más su responsabilidad y la rapidez en su actuación y en el momento de estar junto a la resolución de problemas de los ciudadanos, ya que es un tema que afecta a millones de personas (...). El Gobierno ha demostrado su responsabilidad y su rapidez en su respuesta actuando en 24 horas", subrayó la ministra.
Además de la modificación del artículo 29 de la ley del ITP y AJD, en el que se incluye un párrafo que aclara que cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista, el real decreto también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer que las entidades financieras no podrán deducirse este pago en el Impuesto sobre Sociedades.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el objetivo del decreto es asegurar que los ciudadanos "no tengan que pagar más" este impuesto a la hora de escriturar una hipoteca, después de la "alarma social y la inseguridad jurídica" que creó la sentencia del Tribunal Supremo.
"Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos y por garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, que quedaron en entredicho en estas semanas", subrayó la ministra, tras admitir que la rectificación del alto tribunal provocó una "cierta paralización" en la suscripción de hipotecas.
Montero, que justificó la urgencia de la aprobación de los cambios a través de un real decreto por la "confusión generada" por la sentencia y por la necesidad de clarificar la normativa para que no haya dudas acerca del sujeto pasivo, afirmó que en paralelo a esta medida el Ministerio de Economía está trabajando en la creación de una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros, que estará lista en las próximas semanas.

Esta autoridad, añadió, velará para prevenir que las entidades financieras puedan trasladar a las hipotecas el coste del pago del impuesto o que se introduzcan "cláusulas abusivas" al respecto. Además, rechazó el "mantra" de que cada vez que se introducen impuestos para las empresas o entidades financieras, se hable de repercusión de costes y de que "o paga el ciudadano o paga el ciudadano".
"Este Gobierno no cree en esa afirmación, las entidades financieras son responsables y hay competencia a la hora de ofrecer hipotecas", indicó la ministra, quien afirmó que la "elevada competencia" en el mercado hipotecario hace que las condiciones que ofrecen las entidades financieras sean "decisivas" a la hora de elegir con qué banco suscribe la hipoteca.

El Gobierno confía en que la banca no traslade el impuesto al cliente

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado hoy a la responsabilidad de la banca para que no traslade al cliente el coste del impuesto por formalizar las hipotecas, que a partir de ahora recaerá en el sector financiero. 

El líder del Ejecutivo confía en que la banca española no acabe trasladando ese mayor coste de las hipotecas al cliente con el argumento de que el mercado hipotecario es "bastante competitivo", según ha explicado en rueda de prensa.

Sin embargo, en las últimas semanas la banca había trasladado públicamente la idea de que si tenía que hacerse cargo de este impuesto tendría que revisar su oferta hipotecaria, lo que se entendía como un posible encarecimiento de las hipotecas.

Además, el impuesto de actos jurídicos documentados, que recaudan las autonomías y que Moody's cifra en unos 640 millones de euros anuales, sólo se cobra en algunos países de la Unión Europea y en España es el más elevado, con una horquilla entre el 0,5 y el 1,5 %.

Pedro Sánchez pide al Supremo que haga "autocrítica" sobre las últimas semanas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al Tribunal Supremo que haga "autocrítica" sobre lo ocurrido en las últimas semanas con la rectificación de su sentencia sobre el impuesto de las hipotecas.

"Creo que se tiene que hacer esa autocrítica por parte del Tribunal Supremo", ha dicho Sánchez en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa para anunciar medidas al respecto.

El presidente, que ha recordado al Supremo que ha "tenido pendiente a todo el sector financiero y a la mayoría de los ciudadanos" las dos últimas semanas, ha dicho, no obstante, que no cree que este asunto vaya a "minar la credibilidad" de este tribunal, porque "nada tiene que ver una cosa con otra".

Carmena ve "mala práctica" en la actuación del Supremo con el impuesto hipotecario

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha considerado hoy un "error enorme" y una "mala práctica" que el Tribunal Supremo decidiese ayer rectificar el criterio de la sala especializada sobre que la banca abonase el impuesto bancario, convocando para ello a magistrados no especializados en tributos.

En opinión de la exjueza esta forma de proceder es "una mala práctica por parte del Tribunal Supremo", del que ha destacado que "ha roto además la manera habitual de funcionar", y una "equivocación desde la estructura de la dirección del Supremo", a quien ha recordado "la independencia judicial".

El Tribunal Supremo acordó ayer, tras dos días de debate, que los clientes continúen asumiendo el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, pese a que el pasado 16 de octubre tres sentencias establecieron que tenía que ser la banca quien se hiciera cargo.

En declaraciones a los periodistas tras la apertura del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales en Madrid, la regidora madrileña ha asegurado que "se ha llegado a la peor de las soluciones, que la sala especializada, que ha profundizado el tema, que ha tenido la capacidad para intentar cambiar la jurisprudencia como era necesario" haya perdido la votación.

Para Carmena es "sorprendente" que no se diese "validez" a la sala especializada mientras a su juicio la decisión tomada ayer "exterioriza una división muy irreal" porque "la sala que realmente es la que conoce el tema tenía mayoría suficiente para elaborar las sentencias que elaboró".

IU urge la dimisión "inmediata" de Lesmes y Díez-Picazo ante una sentencia "anómala"

MADRID.- IU ha exigido hoy la dimisión “inmediata" del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, así como la del presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, por su actuación “anómala e irregular” en la crisis de las hipotecas.

La dirección de IU ha afirmado, en un comunicado, que el "poder judicial ha traspasado todas las líneas rojas" y ha urgido a una reforma en profundidad de la Justicia.

Ha criticado que tras dos días de “vergonzosos debates”, los 28 magistrados que componen el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo enmienden una doctrina "consolidada precisamente por la sección del tribunal experta en materia tributaria”.

IU ha considerado que Carlos Lesmes, también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y Díez-Picazo se han "saltado" las normas establecidas por el alto tribunal y han "favorecido los intereses económicos de la banca".

"Esa misma banca que paga habituales y cuantiosos honorarios a determinados jueces en concepto de conferencias y cursos en sus escuelas de élite", ha aseverado.

Para IU el “vergonzoso resultado de esta burda maniobra sin precedentes y contraria a lo establecido en la ley, al dictado de la banca y de la desmesurada campaña publicitaria desatada por los poderes económicos”, consigue “anular de un plumazo la doctrina jurisprudencial que se creía firme.

La dirección de la formación que coordina Alberto Garzón ha denunciado que con esta nueva actuación del Supremo “digna de corsarios" la justicia pierde la poca legitimidad que le quedaba" y ha animado a acudir a las concentraciones del próximo sábado ante el Tribunal Supremo y las sedes judiciales de cada provincia.

Adriana Lastra critica la "nefasta" gestión de Lesmes en el fallo sobre las hipotecas

MADRID.- La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha criticado la "nefasta" gestión que ha hecho en los últimos quince días el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, respecto al fallo sobre el impuesto de las hipotecas.

Lastra, en una entrevista en RNE, ha pedido al Poder Judicial que sea consciente de que el cambio de criterio que ha tenido el Supremo "ha debilitado mucho la imagen de la justicia española" y ha dicho que corresponde al CGPJ adoptar las "decisiones oportunas" respecto a la petición de dimisión de Lesmes que ya han hecho las asociaciones de jueces.

Tras asegurar que los socialistas están "desconcertados, como toda España", con la sentencia de ayer, la número dos del PSOE ha llamado al CGPJ a "valorar en qué lugar han dejado a la justicia de cara a la ciudadanía" y a pensar "si ahora los ciudadanos pueden sentir que todos somos iguales ante la justicia".

Lastra ha señalado que confía "plenamente" en las decisiones que adopte mañana el Consejo de Ministros: "Estoy convencida de que mañana habrá buenas noticias", ha señalado, y ha hecho hincapié en que ahora le toca actuar al Gobierno y al Parlamento.

Ha recordado además que el lunes tienen que registrarse las propuestas de los partidos para la renovación del CGPJ y ha explicado que el PSOE lo que quiere, y lo que está hablando con los otros grupos parlamentarios, es que en el órgano de gobierno de los jueces estén reflejadas todas las sensibilidades "no políticas o ideológicas, sino sociales".

Para los socialistas esto supone que haya en el CGPJ "expertos en violencia de género, en lucha anticorrupción y en distintas materias judiciales".

Respecto a la protesta convocada por Podemos para el próximo sábado a las puertas del Supremo, ha opinado que "más allá de que se convoquen manifestaciones es hora de ser ejecutivos y de tomar decisiones".

El Gobierno tendrá mayoría para convalidar el Decreto del impuesto hipotecario

MADRID.- El Gobierno tendrá mayoría absoluta en el Pleno del Congreso para convalidar el real decreto que garantiza que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) lo pagará la banca y no el cliente, ya que tiene asegurados los votos favorables del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PDeCAT, entre otros.

El Decreto que aprobará este jueves el Consejo de Ministros modificará la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que el impuesto de AJD vinculado al préstamo hipotecario sea abonado por el banco.

La modificación de la Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque posteriormente deba ser convalidado en el Pleno del Congreso e incluso pueda ser tramitado como proyecto de Ley para ser modificado vía enmiendas.

El Ejecutivo cuenta ya con el apoyo de al menos 194 diputados, mayoría absoluta para sacarlo adelante, ya que tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han avanzado que lo apoyarán así como el PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias.

No obstante, queda pendiente la decisión del PP, ya que aunque su líder, Pablo Casado, ha defendido la idea de suprimir totalmente este tributo, ha señalado que esperará a leer el decreto ley para confirmar que su partido rechaza su convalidación.

PNV, ERC y Compromís todavía no han confirmado si apoyarán la convalidación, aunque los republicanos catalanes han defendido en los últimos días que este impuesto lo pague la banca.

Aunque se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas para su recaudación, el cambio en la Ley no afectaría a Euskadi y Navarra, ya que en sus regímenes forales tienen su propia ley que, en el caso de Navarra, dicta que el tributo lo pague el cliente. 

En este sentido ni PNV ni UPN se han posicionado pese a que el diputado navarro, Íñigo Alli, ha señalado que la “música” del Real Decreto “suena bien”, aunque ha advertido de que al día siguiente de la convalidación “los bancos ya tendrán preparados sus sistemas operativos para repercutir el coste en los clientes”.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, también han indicado que convalidarán el texto a expensas de leer detenidamente los detalles, mientras el PDeCAT ha advertido de que se queda “corto”, pero que lo apoyará.

EH Bildu parece inclinarse por la convalidación aunque la diputada Marian Beitialarrangoitia ha lamentado que el Gobierno actúe en favor de los consumidores “a regañadientes, tarde y mal, para cambiar lo mínimo posible”.

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral ha avanzado en rueda de prensa en el Congreso que “obviamente no vamos a dejar de apoyar el Real Decreto si plantea claramente que sean los bancos los que deben pagar”, pero ha avisado de que es insuficiente y de que el Gobierno debe impulsar una nueva Ley Hipotecaria que dé por nulas las cláusulas abusivas y proteja más al deudor.

“Que miren la Ley Hipotecaria porque ahí se juegan los intereses de la mayoría de los consumidores hipotecarios”, ha aseverado al tiempo que ha recordado que si no se implementan las sentencias de los tribunales europeos podrían activarse miles de procedimientos judiciales de desahucios que ahora están paralizados.

Mayoral ha urgido a que la ponencia de la Ley Hipotecaria, que volverá a reunirse la próxima semana en el Congreso, recoja la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional para los colectivos vulnerables y establezca la obligatoriedad de la dación en pago.

La banca mantiene sus alzas pese al anuncio de Sánchez sobre las hipotecas

MADRID.- Los seis bancos cotizados continuaban liderando las ganancias del Ibex 35, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el Ejecutivo aprobará mañana un real decreto ley de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sean las entidades finalmente el sujeto pasivo que debe asumir este gravamen.

CaixaBank subía cerca de un 3,5%. Le seguían de cerca Banco Sabadell, con un alza del 2,8%, Banco Santander (+2,7%), Bankinter (+2,6%), Bankia (+2,1%) y BBVA (+2%).

De esta forma, los bancos recuperaban parte de los casi 6.000 millones de euros de capitalización que perdieron el pasado 18 de octubre, cuando se hizo pública la sentencia inicial del Alto Tribunal sobre el im.puesto hipotecario.

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez hacía este anuncio tan sólo unas horas después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fallara ayer que son los clientes quienes tienen que asumir el pago del impuesto sobre hipotecas, corrigiendo de esta forma a la sección del alto tribunal que innovó la doctrina a mediados de octubre y decidió volver a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.

La decisión se tomó tras dos jornadas de deliberaciones sin que se superara la fractura existente en la Sala. El fallo salió por 15 votos frente a 13.

Ante las críticas que este nuevo cambio del Supremo ha suscitado entre la práctica totalidad de los partidos políticos y las asociaciones de consumidores, el Gobierno ha decidido introducir cambios normativos para que a partir de ahora sean los bancos quienes paguen este impuesto, por lo que no se contempla retroactividad alguna.

De hecho, el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pedía este mismo miércoles al Gobierno que acometiera una reforma de la legislación hipotecaria para "clarificar" quién debe pagar el impuesto sobre las hipotecas, ya que en su opinión, "se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras".

Pablo Iglesias dice que "no basta" y pide la devolución del dinero

MADRID.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles que las medidas anunciadas por el Gobierno para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas no son suficientes. A su juicio, no se pueden limitar a que se apliquen a partir de ahora, sino que los bancos tienen que "devolver" el dinero de ese impuesto a los usuarios que ya lo han pagado.

"La propuesta del Gobierno es "a partir de mañana paga la banca". Está bien pero no basta", ha escrito Iglesias en Twitter.
"Hay que legislar para hacer lo que dijo la sección II de la sala III del TS: devolver a las familias su dinero y que los bancos paguen lo que deben. Así lo propondremos en el Congreso", ha apostillado en un tuit.

"Exigir eso es de sentido común", ha afirmado igualmente en declaraciones en Telecinco, para añadir que, además volverán a pedir que se cree un impuesto a la banca para recuperar el dinero del rescate del que se beneficiaron algunas entidades.
Asimismo, ha defendido la necesidad de que los magistrados del Tribunal Supremo publiquen su declaración de bienes y expliquen en qué bancos tienen acciones y participaciones". 

"Los altos cargos de la judicatura de elección discrecional por el CGPJ deben incluirse en la ley de altos cargos y de transparencia, para que los ciudadanos tengamos claro que no tienen otro interés que hacer justicia", ha matizado después en un mensaje en Twitter. 

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado los "cambios de criterio" del Tribunal Supremo (TS) y su decisión final sobre el impuesto de las hipotecas, un "espectáculo" que a su juicio requiere las "disculpas" de sus responsables. 

Y para que no se vuelva a repetir, ha pedido a los demás partidos que apoyen la reforma de Cs que modifica el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que "no parezca que los jueces actúan al dictado" de nadie.
Así se ha pronunciado Rivera, en rueda de prensa en el Congreso, un día después de que el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fallara que deben ser los clientes, y no los bancos, quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, corrigiendo así a la Sección que innovó la doctrina. 

Sánchez anuncia un decreto ley para que los clientes no paguen "nunca más" el impuesto de las hipotecas

MADRID.- El Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros un real decreto para asegurar que sean los bancos, y no los clientes, los que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, ha adelantado hoy el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El anuncio se producía pocas horas después de que el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un agrio debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias de mediados de octubre.
En rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez adelantaba lo que mañana abordará el Consejo de Ministros, un real decreto para que "nunca más los españoles paguen este impuesto", minutos después de que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, hubiera instado al legislativo a reformar la ley hipotecaria, a la que ha achacado falta de claridad.
Lesmes había defendido la libertad e independencia de criterio de los magistrados del Supremo, y había señalado al Ejecutivo la "magnífica oportunidad" para clarificar quién es el sujeto pasivo en un contrato hipotecario.
No se trata, ha explicado Pedro Sánchez, de eliminar el impuesto, ya que al tratarse de un gravamen transferido a las comunidades autónomas son éstas las que deben abordarlo, sino que su intención es atribuir los actos jurídicos documentados al sector bancario.
El decreto anunciado es independiente de la tramitación de la ley hipotecaria en el Congreso de los Diputados, redactada por el PP y que será tramitada por el actual Ejecutivo, de acuerdo con la directiva europea y para ampliar la protección de los usuarios.
La voluntad del Gobierno, ha explicado, es garantizar la seguridad jurídica "en pos de la ciudadanía", motivo por el que ha destacado su compromiso por "garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados", y ha anticipado la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes.
Tras una reunión con la vicepresidenta Carmen Calvo y los ministros de Economía, Nadia Calviño, Hacienda, María Jesús Montero, y Fomento, José Luis Ábalos, Sánchez señalaba que "ayer habló el poder judicial y hoy y mañana el poder ejecutivo".
Si bien Moncloa "respeta la labor y la independencia" de la magistratura, ha lamentado la situación generada por la rectificación del Supremo, al no ser positiva ni para la banca, ni para los jueces ni para los ciudadanos.
No obstante, se ha dirigido a Unidos Podemos, que ha convocado una manifestación ante el alto tribunal el próximo sábado, y ha recordado que aunque cada partido es libre de hacer su oposición como considere, debe hacerse en las instituciones.

Sobre la posibilidad de los hipotecados de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado como fórmula para intentar recuperar el dinero pagado en el pasado por este gravamen, Sánchez ha concluido que desconoce "si tienen capacidad o no" al tratarse de un tema fuera de su competencia.
Antes de conocer las intenciones del Gobierno, asociaciones de consumidores y abogados se apresuraron a criticar con dureza el fallo del Supremo, y mientras Facua acusaba al sector financiero de difundir mensajes "engañosos y alarmistas" para no tener que asumir el impuesto, Adicae calificaba la decisión de "anómala y extraña", y avanzaba su intención de impugnarla "en España y en Europa".
También los asesores fiscales miembros de AEDAF habían mostrado su sorpresa e indignación ante el fallo del Supremo, "correcta desde un punto de vista técnico pero que desprestigia al alto tribunal".

Hacienda cifra en 5.000 millones el impacto de las reclamaciones por las hipotecas

MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado hoy en un máximo de 5.000 millones de euros las devoluciones que los contribuyentes podrán solicitar si el Tribunal Supremo (TS) dictamina a su favor el impuesto de las hipotecas, lo que podría poner en riesgo el fin del procedimiento de déficit excesivo.

El Supremo aborda hoy, por segundo día consecutivo, su análisis sobre la doctrina de la reciente sentencia que considera que la banca debe asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y no el cliente.

Si concluyera que la banca debe abonar este impuesto con carácter retroactivo para los casos no prescritos -es decir, los últimos cuatro años-, los contribuyentes podrían reclamar hasta 5.000 millones de euros a las haciendas autonómicas, ya que este tributo está cedido a las regiones, que después lo reclamarán a la banca.

Para afrontar esta situación, Hacienda ya tiene un "plan", ha explicado la ministra en el Foro Cinco Días, que coordinaría las actuaciones de las comunidades autónomas (CCAA), las entidades financieras y la Unión Europea (UE).

Montero ha subrayado que es importante hacer "compatible" las eventuales devoluciones a los contribuyentes con las reclamaciones a las entidades financieras, ya que, de lo contrario, ese desfase recaería sobre las cuentas públicas y afectaría al déficit.

La ministra ha cifrado en "cuatro o cinco décimas" de producto interior bruto (PIB) el posible impacto, lo que pondría incluso "en riesgo" la salida del procedimiento de déficit excesivo que España prevé abandonar este año, al bajar su déficit público del 3 % del PIB -el Gobierno estima que terminará el año en el 2,7 %-.

También en materia judicial, Montero ha señalado que el procedimiento para reclamar la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las prestaciones de maternidad no prescritas, después de que el Supremo las declarara exentas, "estará disponible en unos días".

La herramienta para realizar esas reclamaciones, que según la ministra rondarán los 1.100 o 1.200 millones de euros, será lo más sencilla posible.

En su intervención, Montero ha anunciado que el Gobierno va a mantener en los términos actuales las condiciones de acceso al sistema de tributación simplificada o de módulos de los autónomos, que según la legislación actual debería endurecerse el próximo año.

La ley prevé que a partir de 2019 sólo puedan acogerse al sistema de módulos los autónomos con rendimientos íntegros de más de 150.000 euros, que facturen a otros profesionales más de 75.000 euros o cuyas compras superen los 150.000 euros.

Sin embargo, para beneficiar a medio millón de autónomos, el Gobierno mantendrá los umbrales actuales, con los que pueden acogerse los autónomos con rendimientos íntegros de hasta 250.000 euros, que facturen a otros profesionales hasta 125.000 euros o cuyas compras no superen los 250.000 euros.

La ministra también ha aludido al proyecto presupuestario para el próximo año, que prevé presentar a principios de diciembre, de manera que, si se habilitara el mes de enero en las Cortes, las cuentas podrían estar aprobadas de manera definitiva en febrero.

Hacienda "no contempla la prórroga presupuestaria", ha subrayado la ministra, que actualmente negocia "con alguna formación política" para, a partir de ahí, buscar el apoyo de otras.

Se ha mostrado confiada en la capacidad de acordar las cuentas porque, en su opinión, "no hay ningún motivo" para que las formaciones catalanas, PDeCat y ERC, no apoyen un Presupuesto que considera que beneficia a la ciudadanía, aunque ha subrayado que sólo hablará de "cuentas públicas".

El Supremo acumula jurisprudencia hipotecaria a favor del cliente

MADRID.- El Tribunal Supremo ha abordado en numerosas ocasiones demandas sobre los gastos y trámites que lleva aparejada la firma de una hipoteca, y en prácticamente todos los casos ha fallado a favor de los clientes y en contra de las entidades financieras.

Ya en 2013, el Pleno de la Sala de lo Civil declaró la nulidad de las cláusulas suelo en los casos en que se produjera una falta de transparencia, decisión que no tenía efectos retroactivos y no suponía la devolución de las cantidades que ya hayan sido satisfechas.

La decisión llegaba una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara que el régimen procesal español sobre desahucios era contrario a la normativa europea, y establecía que no se anulaban las cláusulas suelo en los casos en los se cumplan los requisitos de transparencia respecto a los consumidores.

Sin embargo, tres años más tarde, la justicia comunitaria volvía a resolver a favor de los clientes y obligaba al Supremo a reconocer la plena retroactividad en materia de "suelos", lo que suponía reintegrar al cliente las cantidades íntegras abonadas de más desde el momento en el que suscribió el crédito.

Ello forzó al Gobierno a adoptar un plan de urgencia que evitara el colapso judicial y que preveía la creación de juzgados especializados en conflictos de contratación hipotecaria, vigentes hasta la fecha y cuyo funcionamiento continúa siendo cuestionado.

Pero la avalancha de demandas de particulares y asociaciones de consumidores se extendió también a otros gastos inherentes a la firma de una hipoteca como la notaría, el registro de la propiedad, la tasación y la gestoría, intereses de demora, comisiones de vencimiento anticipado o de apertura, así como al controvertido impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) que hoy examina el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En marzo de este año, el Supremo consideró abusivo que las entidades impusieran el pago de todos los impuestos y gastos derivados de la formalización de una hipoteca "sin negociación alguna" al consumidor.

En aquel momento se declaró nula la cláusula que atribuía "indiscriminadamente y sin distinción" todos los gastos e impuestos al cliente, al que acordaba mantener el gravamen respecto de la constitución del préstamo -el AJD-, razón por la que, explicaba, "no cabe devolución alguna de las cantidades".

La Justicia europea ha avalado además en distintas ocasiones la doctrina del Tribunal Supremo español, y en agosto de este año el TJUE avaló la jurisprudencia que considera abusivas las cláusulas "no negociadas" de un préstamo que impliquen aumentar en más de dos puntos el tipo de interés de ese crédito.

Es decir, el rechazo a los intereses de demora abusivos.

Una vez que el Supremo aclare definitivamente quién debe abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, la nueva Ley Hipotecaria cuya ponencia estudia la Comisión de Economía del Congreso, fijará qué gastos debe pagar el banco y cuáles el comprador al adquirir un inmueble, al tiempo que establecerá que la dación en pago sea voluntaria.

Consecuencia de la trasposición de una directiva europea, el Congreso tiene previsto cerrar su dictamen mañana, una vez se conozca la decisión del Supremo sobre si es la banca o el cliente quien debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados.

Ábalos dice que el Gobierno velará por las personas que contrataron hipotecas

MADRID.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho que el Gobierno quiere que haya "un criterio definido" para determinar el pago del impuesto de las hipotecas y que les preocupa que se aplique la Justicia "con rigor", para que los intereses de las personas que las firmaron estén "amparados y defendidos".

Ábalos ha hecho estas afirmaciones esta noche en el programa El Objetivo de La Sexta, en el día antes de que el pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo se reúna para analizar la doctrina de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas.

El ministro, que se ha mostrado cauto hasta conocer la resolución del Supremo, ha recordado que no hay que olvidar que se trata de un impuesto transferido a las comunidades autónomas y que, en todo caso, al Gobierno le interesa "proteger a las personas" y se colocará de su lado.

Ha anunciado también que su intención es llevar adelante este mes una iniciativa legislativa en materia de vivienda que, entre otros aspectos, incluya modificar la ley de arrendamiento urbano y dé más seguridad a los inquilinos.

Esa iniciativa, ha explicado, incluirá medidas para evitar la privatización de viviendas sociales "sin comunicarlo a los inquilinos", promocionará el alquiler dando más competencias a los ayuntamientos en la materia y calificará la vivienda vacía y la ocupada.

Ábalos ha recordado que su departamento trabaja en el próximo plan para que la oferta de alquiler crezca un 40% y en la promoción de 20.000 viviendas sociales en régimen de arrendamiento mediante un plan que el Ministerio gestiona con entidades financieras y con el SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo).

También ha anunciado que está a punto de firmar un contrato "antes de final de año" para la adquisición de material rodante para trenes de media y larga distancia de Renfe, por una inversión aproximada de 3.000 millones de euros.

Sobre las autovías de peaje, ha indicado que el Gobierno ya anticipó que no renovaría las concesiones y que ahora están "en la fase de evaluar la responsabilidad patrimonial a la que nos enfrentamos", teniendo en cuenta que la solución que se tome no afecte a los usuarios de esas vías ni sea "discriminatoria" para ninguna región.

En relación con otros temas de actualidad, ha señalado que el Gobierno quiere presentar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso antes de que acabe el año y que no se plantea convocar elecciones anticipadas "como efecto inmediato" a no sacar adelante las Cuentas.

Ha confiado en que los partidos que apoyaron la moción de censura al Gobierno del PP "sean consecuentes" y apoyen los Presupuestos, y ha confesado que "le incomodó" la visita del líder del Podemos, Pablo Iglesias, al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras en prisión para recabar el apoyo de los independentistas a las cuentas del Estado.

Asimismo ha confesado que tiene "dudas" de que los líderes soberanistas catalanes deban ser juzgados por rebelión, por la connotación que tiene una violencia que, en su opinión, "no se consumó".

Sobre la posibilidad de concederles indultos, ha afirmado que el Gobierno no debe "tratar de anticiparse" a la decisión de la Justicia porque eso "no sería bueno ni siquiera para los presos".

Con respecto al acto convocado por España Ciudadana hoy en Alsasua (Navarra) para respaldar a la Guardia Civil, se ha preguntado cuál era el propósito de hacerlo en un lugar donde "todos sabíamos que iban a encontrar una reacción de los extremistas".

Ábalos ha asegurado tajante que "nunca" ha estado con el excomisario José Manuel Villarejo, y ha diferenciado los encuentros que mantuvo ese expolicía con la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y con la titular de Justicia, Dolores Delgado, pues esta última, ha recalcado, "no estaba en la actividad política" cuando se entrevistó con él.

Por otra parte, ha afirmado que "el Gobierno quiere exhumar los restos de Francisco Franco lo antes posible", y ha añadido que "a nadie", ni a la Iglesia católica ni a la familia del dictador "le interesa que estén en la Catedral de La Almudena".

El Supremo analiza mañana la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas

MADRID.- El pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo se reúne mañana para analizar la doctrina de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas.

En una controvertida sentencia, el Supremo modificaba su jurisprudencia anterior e interpretaba el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, concluyendo que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.

El "negocio inscribible", aclaraba la sentencia, es la hipoteca, y el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

Sólo un día después del fallo conocido el pasado 18 de octubre, el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, anunció que dado el "giro radical" en la jurisprudencia y la "enorme repercusión económica y social" provocados por la sentencia se convocaba un pleno para aclarar los cabos sueltos.

Fuentes jurídicas han explicado que el pleno, que no tiene necesariamente que anunciar sus conclusiones mañana, no va a revocar la sentencia, sino a perfilar cuál es su alcance, si se aplica a las hipotecas que se firmen a partir de ahora o se retrotrae cuatro años atrás.

Y es que, dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.

La repercusión suscitada por la decisión del 18 de octubre, a la que se sumaron otras dos sentencias pendientes de notificar que también cargaban a la banca el pago del impuesto, y la prontitud con la que el presidente de la sala intentó matizar el fallo obligaron al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a disculparse.

En la inauguración de una jornada de puertas abiertas en la institución, Lesmes pidió perdón "a los ciudadanos que se hubieran sentido perjudicados" por la "deficiente gestión" de la sentencia.

La noticia provocó un desplome de la cotización bursátil de los bancos cotizados, que en conjunto perdieron ese día más de 5.000 millones de euros; el sector se apresuró a recordar que jamás ha cobrado cantidad alguna en concepto de AJD y a reclamar a los poderes públicos "mayor seguridad jurídica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario".

Y eso que las entidades financieras no se esperaban la noticia, ya que en febrero de este año el propio Tribunal Supremo dictaminó que quien debía hacer frente a esta tasa era el cliente y no las entidades con las que se suscribe el préstamo.

Su impacto real para el sector es difícil de cuantificar, si bien la agencia de medición de riesgos Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora, y no con efectos retroactivos.

Si se aplica una retroactividad de cuatro años, explica Moody's, la factura ascendería a unos 2.300 millones de euros, pero si finalmente la banca tiene que pagar el citado impuesto en la contratación de las nuevas hipotecas, pero no de las que ya están en vigor, ello le supondría al sector un gasto de 640 millones de euros anuales.

Las asociaciones de consumidores, por su parte, valoraron la decisión de que sea el banco el que se haga cargo del impuesto y criticaron con dureza después el aparente cambio de postura de os magistrados.

De momento, el alto tribunal ha suspendido sus deliberaciones sobre distintos recursos presentados sobre el impuesto, a la espera de que mañana los 31 jueces que integran el pleno decidan si conlleva una total retroactividad o su efecto se limita a los últimos cuatro ejercicios.

La banca espera con cautela la decisión

La banca espera con cautela la decisión del Tribunal Supremo, que este lunes reúne a los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para fijar doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).

Los consejeros delegados de los bancos y la patronal bancaria coinciden en que no se contempla la posiblidad de la retroactividad, ya que "las entidades actuaron de acuerdo a la ley" y es "cuestión de seguridad jurídica.

A pesar de ello, algunos juristas opinan que al tratarse de una sentencia de "nulidad absoluta de pleno derecho" por la abusividad, su acción no prescribe, tal y como señaló a Europa Press el director del bufete Arriaga Asociados, Jesús María Ruiz de Arriaga.

Por lo tanto, se plantean diversos escenarios. Por un lado, el alto Tribunal podría tomar una decisión contradictoria y revocar la jurisprudencia del 18 de octubre por la que se determinó que no es el prestatario el sujeto pasivo del impuesto en las escrituras y no aplicarlo a la doctrina.

Este primer supuesto,daría la razón a los bancos e impediría cualquier tipo de reclamación ya que los clientes se seguirían haciendo cargo del AJD, como hasta ahora, con un coste medio de unos 2.500 euros.

En el lado contrario, los integrantes de la Sala Contencioso-Adminstrativa podrían mantener la última sentencia y aplicar la doctrina del Tribunal Supremo de que sean los bancos y no los clientes quienes se hagan cargo del pago del AJD en la inscripción de las escrituras.

En este sentido, se satisfacerían las reclamaciones de la patronal bancaria que ha argumentado que en el caso de que la nueva sentencia anule la norma vigente hasta la fecha, se respete la seguridad jurídica y no se aplique retroactividad.

En caso de que no hubiera retroactividad, los bancos deberían hacerse cargo del AJD a partir de la fecha de la sentencia, por lo que aquellos que formalizaran sus escrituras antes del 18 de octubre de 2018 no podrían reclamar la devolución.

Sin embargo, se baraja la opción de que el Supremo apueste por una retroactividad limitada, solo aquellos que pagaron el impuesto desde octubre de 2014 --en torno a 1,5 millones de contribuyentes según Gestha-- podrían reclamar su devolución a la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

En este supuesto, al tratarse de un pago indebido y al no haber prescrito, las comunidades autónomas devolverían automáticamente el importe pagado, y lo harían sin coste para sus arcas, ya que lo cargarían directamente a los bancos. En este caso, el coste para los bancos podría ascender a unos 3.631 millones de euros, a lo que habría que añadir los intereses de demora, según Gestha.

En tercer lugar, el peor escenario para la banca sería la ratificación de que los bancos deben pagar el AJD sin límite de retroactividad. Esto sería un duro golpe para el sector financiero, ya que permitiría reclamar a Hacienda a aquellos que firmaron en los últimos cuatro años, y daría la opción al resto de acudir a los tribunales para reclamárselo a los bancos sin plazo, mediante la acción de nulidad.

En este escenario, al menos los ocho millones de españoles que tienen una hipoteca activa en la actualidad podrían reclamar a los bancos estos costes y pleitar por su devolución en los juzgados especializados. Sin embargo, lo habitual es que solo reclamen entre "un 10% y un 20% de los afectados", según la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin.

Una última opción sería que el conflicto se alargue ante la discrepancia de la Sala Civil y Contenciosa, por lo que el asunto acabaría en la Sala de Conflictos de Jurisdicción o llegaría incluso al Tribunal de Justicia europeo.

La firma de hipotecas para vivienda suma en agosto cinco meses al alza

MADRID.- La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda volvió a crecer en agosto, un 6,8 % interanual, y pese a retroceder un 1,8 % en comparación con el mes anterior, hasta alcanzar los 28.755 contratos, suma ya cinco meses consecutivos al alza.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 40,2 % de los contratos se firmaron con referencia a un tipo de interés fijo.

El director de Estudios de pisos.com, Ferrán Font, destaca que son ya cinco los meses con crecimiento interanual positivo, si bien "en el octavo mes del año se modera el incremento respecto al mes anterior y se sitúa por debajo de los dos dígitos".

Las cifras de este mes, prosigue Font, tanto en cantidad de hipotecas como en capital prestado e importe medio, muestran un mercado hipotecario en una senda "positiva y estable", que es previsible que mantenga en septiembre la misma línea y que corrija en octubre y noviembre.

La clave, aclara Font, está en el efecto de la sentencia del Tribunal Supremo que atribuía a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, y su posterior debate, el próximo lunes, en el Pleno.

En el mismo sentido se pronuncia el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, que advierte de la necesidad de "dotar al mercado de seguridad jurídica, normas claras y predecibles, para seguir preservando el buen funcionamiento del sector hipotecario".

No obstante, la AEB valora la estadística conocida hoy, que confirma las favorables condiciones de financiación para la compra de una vivienda con un préstamo hipotecario.

La directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, apunta que si bien los efectos de la sentencia del Supremo sobre las hipotecas tardarán en reflejarse en las estadísticas del INE, "esperemos que éstos sean mínimos, y el mercado hipotecario continúe con su tendencia hacia la normalización", ya que la financiación es clave para la buena marcha del sector inmobiliario, "y sin ella no habrá recuperación".

Los datos del INE de agosto indican que el importe medio de una hipoteca para la adquisición de una vivienda era de 122.424 euros, lo que implica un incremento del 9,8 % comparado con agosto de 2017, pero un descenso del 2,2 % respecto al mes anterior.

En total, el capital que las entidades prestaron en agosto para comprar una vivienda en España alcanzó los 3.520 millones de euros, un 17,3 % más que un año antes y un 3,9 % menos que en julio.

Para la adquisición de todo tipo de fincas -rústicas, urbanas y viviendas-, las entidades financieras prestaron 5.630 millones de euros, un 10,3 % más que un año antes y apenas un 0,9 % más que un mes antes.

Si se tiene en cuenta la naturaleza de la finca, las hipotecas constituidas sobre viviendas concentraban el 62,5 % del capital total prestado en agosto.

En cuanto al tipo de interés empleado, un 61,9 % de las hipotecas fueron a tipo de interés variable, y un 38,1 % a tipo fijo.

En las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio era del 2,62 %, un 4,3 % inferior al de agosto de 2017, y el plazo medio de 24 años; un 59,8 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, y un 40,2 % a tipo fijo, que experimentaron un aumento del 3,9 % en tasa anual.

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad fue de 6.113, un 4,9 % menos que en agosto de 2017; en viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones bajó un 10,9 %.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, las que tenían mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en agosto eran Andalucía (5.984), Madrid (5.000) y Cataluña (4.432).

Las comunidades que presentaban las mayores tasas de variación anual son Extremadura (31 %), Canarias (19,6 %) y Cantabria (16,4 %), y aquellas en las que se presta más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas son Madrid (879,8 millones de euros), Andalucía (645,3 millones) y Cataluña (593 millones).

Las mayores tasas de variación mensuales en el número de hipotecas sobre viviendas corresponden a Extremadura (32,2 %), Canarias (25,8 %) y Navarra (25,2 %), y las tasas negativas más elevadas a La Rioja (32,2 %), Cataluña (13,4 %) y Madrid (12,5 %).

Sánchez insta a respetar el trabajo del Supremo y esperar su fallo sobre hipotecas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado hoy a respetar el trabajo del Tribunal Supremo y esperar a su decisión, prevista para el próximo 5 de noviembre, sobre el controvertido criterio que atribuye el impuesto de las hipotecas a la banca.

En respuesta a una pregunta del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, hoy en el pleno del Congreso, Sánchez ha asegurado que será a partir de ahí cuando el Gobierno "tomará nota, como no puede ser de otra manera".

Baldoví ha apuntado que el Gobierno tiene en sus manos solucionar este dilema del TS con una reforma del Real Decreto 828/1995 para que establezca que será sujeto pasivo el prestamista, es decir, el banco, en lugar del adquiriente del bien, y con eso "fin del problema", ha aseverado.

Sánchez ha asegurado que "empatiza" con la aproximación realizada por Baldoví al problema pero hay que esperar y será después de que se pronuncie el alto tribunal cuando el Gobierno "tomará nota". Hasta entonces "es importante que respetemos el trabajo del TS", ha concluido.

El Gobierno pide "prudencia" hasta que el Supremo se aclare con las hipotecas

MADRID.- El Gobierno ha pedido hoy "prudencia" y esperar a que el pleno del Tribunal Supremo se reúna el próximo 5 de noviembre y aclare quién debe pagar finalmente el impuesto de actos jurídicos documentados por la firma de una hipoteca.

"Lo prudente es esperar" hasta que el alto tribunal se pronuncie, ha insistido la ministra de Economía, Nadia Calviño, en respuesta a la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Lucía Martín, que pedía modificar ya el marco legal para dejar claro que los gastos de la constitución de una hipoteca debe pagarlos el banco.

Pero la titular de Economía ha recordado que la sentencia conocida la pasada semana y que ahora ha quedado en el aire supuso un cambio en la interpretación de la propia justicia y por ello es "muy importante" ver qué decide finalmente el pleno del Supremo.

"Puede ser muy atractivo y fácil contraponer el interés de los ciudadanos y los bancos", ha afeado la ministra a la diputada después de que le retara a actuar y dijera que "el Gobierno está con la ciudadanía o está con los bancos".

Calviño, sin embargo, ha explicado que el Gobierno está analizando las implicaciones y el efecto tanto para los ciudadanos, como para la banca y las arcas públicas.