MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado hoy en un máximo de 5.000 millones de euros las devoluciones que los contribuyentes podrán solicitar si el Tribunal Supremo
(TS) dictamina a su favor el impuesto de las hipotecas, lo que podría
poner en riesgo el fin del procedimiento de déficit excesivo.
El
Supremo aborda hoy, por segundo día consecutivo, su análisis sobre la
doctrina de la reciente sentencia que considera que la banca debe asumir
el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y no el cliente.
Si
concluyera que la banca debe abonar este impuesto con carácter
retroactivo para los casos no prescritos -es decir, los últimos cuatro
años-, los contribuyentes podrían reclamar hasta 5.000 millones de euros
a las haciendas autonómicas, ya que este tributo está cedido a las
regiones, que después lo reclamarán a la banca.
Para afrontar esta situación, Hacienda ya tiene un "plan",
ha explicado la ministra en el Foro Cinco Días, que coordinaría las
actuaciones de las comunidades autónomas (CCAA), las entidades
financieras y la Unión Europea (UE).
Montero
ha subrayado que es importante hacer "compatible" las eventuales
devoluciones a los contribuyentes con las reclamaciones a las entidades
financieras, ya que, de lo contrario, ese desfase recaería sobre las
cuentas públicas y afectaría al déficit.
La ministra ha cifrado en "cuatro o cinco décimas" de
producto interior bruto (PIB) el posible impacto, lo que pondría
incluso "en riesgo" la salida del procedimiento de déficit excesivo que
España prevé abandonar este año, al bajar su déficit público del 3 % del
PIB -el Gobierno estima que terminará el año en el 2,7 %-.
También en materia judicial, Montero ha señalado que el procedimiento para reclamar la devolución del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) de las prestaciones de maternidad no
prescritas, después de que el Supremo las declarara exentas, "estará disponible en unos días".
La
herramienta para realizar esas reclamaciones, que según la ministra
rondarán los 1.100 o 1.200 millones de euros, será lo más sencilla
posible.
En su intervención, Montero ha anunciado que el Gobierno va a mantener en los términos actuales las condiciones de acceso al sistema de tributación simplificada o de módulos de los autónomos, que según la legislación actual debería endurecerse el próximo año.
La
ley prevé que a partir de 2019 sólo puedan acogerse al sistema de
módulos los autónomos con rendimientos íntegros de más de 150.000 euros,
que facturen a otros profesionales más de 75.000 euros o cuyas compras
superen los 150.000 euros.
Sin
embargo, para beneficiar a medio millón de autónomos, el Gobierno
mantendrá los umbrales actuales, con los que pueden acogerse los
autónomos con rendimientos íntegros de hasta 250.000 euros, que facturen a otros profesionales hasta 125.000 euros o cuyas compras no superen los 250.000 euros.
La
ministra también ha aludido al proyecto presupuestario para el próximo
año, que prevé presentar a principios de diciembre, de manera que, si se
habilitara el mes de enero en las Cortes, las cuentas podrían estar aprobadas de manera definitiva en febrero.
Hacienda "no contempla la prórroga presupuestaria",
ha subrayado la ministra, que actualmente negocia "con alguna formación
política" para, a partir de ahí, buscar el apoyo de otras.
Se
ha mostrado confiada en la capacidad de acordar las cuentas porque, en
su opinión, "no hay ningún motivo" para que las formaciones catalanas,
PDeCat y ERC, no apoyen un Presupuesto que considera que beneficia a la
ciudadanía, aunque ha subrayado que sólo hablará de "cuentas públicas".
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