MADRID.- Abogados y asociaciones de
consumidores han lamentado hoy la decisión del Tribunal Supremo de
cargar al cliente con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD)
en una hipoteca en contra del criterio conocido el pasado 18 de octubre
que se lo atribuía a la banca.
Tras hacerse pública
la decisión adoptada esta tarde por el pleno de la sala de lo
Contencioso-Administrativo, algunas agrupaciones han mostrado su
oposición ante el "aberrante" paso atrás de los magistrados, aunque
mantienen su esperanza en que sea la justicia europea la que de nuevo dé
un espaldarazo a España en materia hipotecaria.
Así lo sostiene el portavoz de Adicae, Fernando
Herrero, que ha calificado la decisión de "extraña y anómala", si bien
ha matizado que no cierra la batalla judicial ni la posibilidad de que
los hipotecados reclamen la totalidad de los gastos.
Y es que, ha apuntado, el Tribunal Supremo ya declaró nula una cláusula
abusiva que atribuía al cliente, sin negociación previa, el pago de
todos los gastos inherentes a la firma de una hipoteca.
Herrero ha explicado que, una vez se conozca íntegramente el contenido
de la sentencia, lo que ocurrirá en unos días, Adicae impugnará su
contenido "en España y en Europa", porque "hay que seguir discutiendo
esta decisión".
Por ello, "no se ha perdido la
batalla", ya que todos los que tengan una cláusula declarada nula pueden
seguir reclamando; además, ha indicado que ahora será la sala de lo
Civil la que se tenga que pronunciar, "y veremos también lo que dice
Europa".
Facua ha afirmado que el Supremo no les ha
sorprendido, pero remite al triunfo de los afectados por la
comercialización de cláusulas suelo abusivas a los que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció en diciembre de 2016 la
total retroactividad y su derecho a percibir las cantidades abonadas de
más desde la firma del contrato.
También ha
lamentado el "bochorno" la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU), que ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la sala de
lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, por su "gestión
pésima" en una decisión "sin precedentes" que, aseguran, va en contra de
la jurisprudencia del propio tribunal y que socava los cimientos de la
justicia en España.
Sobre la polémica se han
pronunciado además despachos de abogados como Navas & Cusí, que
aunque "acata" el resultado de la votación, que ha finalizado con 15
votos a favor y 13 en contra, no lo comparte, pues "el interesado en la
garantía hipotecaria" es la banca, la cual ha sido "invitada de piedra"
en este problema "generado por los legisladores".
Al
respecto, lamenta que "todo este embrollo", iniciado a partir de que se
sometiera a revisión la modificación del criterio sobre el sujeto
pasivo de esta tasa apenas 24 horas después de trascender, sólo ha
servido para debilitar la imagen pública de la justicia.
En la misma línea se expresa la socia fundadora de Pelegrí Abogados,
Amor Pelegrí, que reprocha que esta "barbaridad
jurídica", la cual "no es conforme a derecho y va en contra de los
consumidores", marque un "momento histórico en sentido muy negativo"; no
obstante, entiende que Europa aún puede obligar al Supremo a volver a
rectificar.
"Gana la banca y pierde la ciudadanía y
la confianza en la justicia", sentencia el abogado de Sanahuja Miranda,
Fernando Sanahuja, que manifiesta su "estupefacción" ante un "súbito
cambio radical" que "como letrado resulta difícil de explicar
jurídicamente".
Por su parte, UGT ha afeado, en una
nota de prensa, un fallo que "genera incertidumbre" y supone un
retroceso "en la consideración social de la vivienda como un valor
social", reforzando "el carácter especulativo de un bien que debería
tener una consideración social".
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