Jornada negra para la Justicia española. El Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo ha condenado a España asegurando que el Tribunal
que condenó a Arnaldo Otegui por la recuperación de Batasuna no fue
imparcial.
Lo que además es cierto y debió ser reconocido por el
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, porque la actuación de la
magistrada Ángela Murillo, que presidió el juicio de Otegui en la
Audiencia Nacional, fue lamentable y debió de haber sido recusada.
Y más cosas, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha
decidido dar la razón a la Banca en relación con el pago de los
impuestos sobre los ‘actos jurídicos documentados’ de las hipotecas que
deberán ser pagados por los clientes y no por los Bancos.
Lo que supone un vuelco completo de la sentencia que semanas atrás
dictó la Sección Segunda de esta SalaTercera de lo Contencioso
Administrativo que imputaba a los Bancos el pago del impuesto, con lo
que se recupera la doctrina que ha imperado en los últimos veinte años
en esta Sala Tercera, y también en la Sala Civil del alto Tribunal.
Una rectificación, justa o no, que llega tarde por la impericia del
presidente de la Sala Tercera Luís Diez-Picazo, magistrado que accedió a
tan importante puesto por su relación de amistad con el Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes que
debería dimitir como el mayor responsable que es de todo esto.
Porque este Díaz Picazo era catedrático de Derecho Constitucional y
sin experiencia alguna en los tribunales y menos aún para gestionar el
Pleno de la Sala Tercera del Supremo -donde lo colocó su amigo Lesmes-,
que está integrado por 31 magistrados y que ayer resolvió en favor de la
Banca por 15 votos contra 13 y otras 3 ausencias.
Lo que sin duda va a provocar -ya está en marcha- gran revuelo
político y social que obligará a tomar decisiones paliativas al Gobierno
de Sánchez por la presión de los seis millones de los clientes de las
hipotecas y también de sus socios Podemos que culpan a la Banca de lo
ocurrido.
Ahora bien difícil lo tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con su
ministra de Justicia Dolores Delgado reprobada en el Parlamento y a la
que el día 19 le harán huelga fiscales y magistrados. Y cuando este
Gobierno ni siquiera es capaz de lograr la inhumación de los restos de
Franco y no sabe qué hacer con los Presupuestos de 2019 o si prorroga
los de 2018, lo que no admite Iglesias que en ese caso prefiere
elecciones.
Gobierno a la deriva y el Tribunal Supremo muy salado en su prestigio
en un momento crucial en el que se prepara para abrir el juicio oral
del golpe de Estado catalán, y cuando se mantiene una fuerte polémica
sobre el alcance de las acusaciones y de las penas contra los imputados
en el proceso (y en prisión preventiva) que la Abogacía del Estado y la
Fiscalía general acaban de presentar.
(*) Periodista
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