SEVILLA.- El fiscal considera que en el juicio del caso de los ERE "ha sido plenamente acreditado" que el expresidente andaluz José Antonio Griñán, como consejero de Hacienda del 2004 al 2009, era destinatario de los informes del interventor y ante sus avisos de irregularidades "pudo y debió" parar las ayudas investigadas.
El
fiscal Manuel Fernández Guerra ha continuado este martes exponiendo su
informe final, concretando la participación en los hechos investigados
de cada uno de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados, en los que
basa su acusación.
En el caso de Griñán, para el que pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por
prevaricación y malversación, ha señalado que "no cabe la menor duda"
de que como consejero de Hacienda era uno de los destinatarios previstos
en la norma de los informes de control financiero permanente de la
agencia pública IDEA, encargada de pagar las ayudas.
En esos informes el interventor alertó del "uso inadecuado" de las transferencias de
financiación de Empleo a IDEA para abonarlas y de que la Dirección
General de Trabajo estaba dando ayudas "prescindiendo del procedimiento
legalmente establecido".
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