La Policía desmantela la principal red española de elaboración de cocaína

MADRID.- La Policía Nacional ha desarticulado una red de laboratorios clandestinos y frustrado un sistema de camuflaje de cocaína en plásticos indetectable en cualquier aduana, una operación que ha supuesto el mayor golpe contra las infraestructuras para la manipulación y extracción de cocaína en España. La organización desmantelada, según ha informado la Policía en una nota de prensa, estaba formada por doce miembros, todos ellos detenidos.

Los cabecillas eran los abuelos y los padres de una misma familia y contaban con tres laboratorios situados en Madrid (Valdemorillo y Villaviciosa de Odón) y Toledo (el Viso de San Juan) donde realizaban las operaciones de narcotráfico. Uno de ellos tenía capacidad para extraer y producir 500 kilos de cocaína al mes.

Entre los detalles que han trascendido de esta operación policial destaca el traslado expreso desde Colombia de tres especialistas en la extracción del estupefaciente que estuvieron “trabajando” durante diez días sin salir del laboratorio.

En la operación han sido intervenidos 30 kilos de pasta base de cocaína, un kilo de clorhidrato de cocaína, 600 kilos de pellets impregnados en cocaína, 3.000 litros de productos y todo el utillaje necesario para su manipulación, como prensas hidráulicas, moldes o papel secante.

La investigación se inició a finales del pasado año, cuando los agentes, mientras vigilaban otra organización, detectaron la presencia de unos individuos manipulando garrafas. Su actitud sospechosa hizo que la Policía comenzase a investigarlos, tras lo que comprobó que estaban trasladando garrafas de productos químicos de los que se emplean para la extracción de cocaína.

Tras identificar a los individuos, se localizó un primer laboratorio en el Viso de San Juan (Toledo) y, posteriormente, se consiguió identificar al cabecilla de la organización: un varón de origen colombiano asentado en un chalet de lujo en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón.

Estas averiguaciones permitieron conocer que el grupo criminal se encontraba a la espera de recibir un contenedor en cuyo interior venía impregnado el estupefaciente.

Una vez localizado se comprobó que la organización derivó parte de la carga hasta una nave de Alcorcón, donde separaron la parte que contenía la sustancia para trasladarla a un chalet aislado en el municipio de Valdemorillo (Madrid). A esa vivienda se habían trasladado los tres colombianos especialistas en extracción del estupefaciente.

Cuando estaban a punto de finalizar su cometido tras diez días sin salir del laboratorio, los agentes intervinieron y llevaron a cabo las doce detenciones y once registros, “con lo que se consiguió desarticular plenamente la organización”.

La Policía señala que los tres laboratorios desarticulados tenían la capacidad de “satisfacer cualquier tipo de operación de narcotráfico que se les planteara” y destaca el que estaba ubicado en Valdemorillo que tenía una capacidad para extraer y producir 500 kilos de cocaína al mes.

Otro de los centros se encontraba en el Viso de San Juan y estaba destinado a producciones intermedias de 50 a 100 kilos, y el último en Villaviciosa de Odón destinado al corte y manipulación de cantidades inferiores a 10 kilos.

Además, la Policía localizó una nave a nombre de la organización donde almacenaban cerca de 2.000 sacos con el mismo material.

El PP no descarta a nadie como portavoz del Congreso, incluida Álvarez de Toledo

MADRID.- La dirección del PP asegura que “nadie está descartado” para ocupar la portavocía del grupo popular en el Congreso, entre ellas la diputada por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo, a la que algunos barones regionales no ven con buenos ojos porque consideran que representa la línea más dura del partido.

Otra de las opciones que se baraja es la de la visecretaria de Comunicación Social del PP y coordinadora de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales, Cuca Gamarra, quien representa un perfil más moderado y, de hecho, se incorporó a la dirección como única representante de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

La decisión no se tomará como pronto hasta el mes que viene, cuando podría celebrarse la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congreso, que tiene que dar el visto bueno a los nombramientos en los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado.

Pero la decisión corresponde al líder del PP, Pablo Casado, quien considera que ha salido reforzado de las elecciones del 26 de mayo, tras la debacle de las generales, y no está dispuesto a aceptar las tesis de algunos barones que atribuyeron este lunes el éxito de esta supuesta “remontada” al giro al centro que ellos reclamaron.

Entre ellos, el presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien en la comida posterior de los barones con Casado se mantuvo firme en su análisis de que el partido se había “ensanchado” desde las generales con un giro a la derecha y llegó a discrepar en esta cuestión con líder del partido.

También el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien puso en valor su perfil de moderación al frente de la Junta de Andalucía y descartó que haya que ofrecer a Vox entrar en los gobiernos.

Otros líderes regionales como el del PP vasco, Alfonso Alonso, o la de Valencia, Isabel Bonig, reclamaron igualmente seguir llevando al partido hacia la “centralidad” y advirtieron del peligro de acercarse a Vox.

En esta estrategia más centrista y moderada, la posibilidad de que Álvarez de Toledo sea portavoz en el Congreso no gusta en algunos ámbitos del partido, aunque desde la dirección ven su perfil adecuado para contrarrestar el de la también catalana Inés Arrimadas, que será la portavoz de Ciudadanos.

Las voces críticas han surgido, además, ante la posibilidad de que el portavoz del PP en el Senado siga siendo Ignacio Cosidó, que resultó señalado por la Operación Kitchen.

Si el PP quiere, como ha afirmado Casado en varias ocasiones, desvincularse de los casos de corrupción del pasado y ser contundente frente a este tipo de comportamientos creen que esta no es la línea a seguir.

Cosidó, que es senador por Castilla-La Mancha, sigue de momento como portavoz parlamentario en funciones, pero su puesto no está asegurado una vez que se renueve el Parlamento autonómico, aunque de momento tampoco ha salido ningún otro nombre con opciones para ocupar su puesto en el Senado.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha manifestado este lunes, en una entrevista en Antena 3, respecto a estos nombramientos que “deben de ser por consenso” y ha atribuido las críticas de algunos barones regionales a que hay “sensibilidades diferentes” en el partido.

“En el PP hay muchas voces”, ha explicado Levy, pero todas los dirigentes tiene “objetivos comunes” y “un mismo proyecto”, y ha considerado positivo que se den “distintos puntos de vista” aunque las decisiones importantes, como los nombramientos de los cargos, deben de adoptarse por consenso, ha concluido.

Un candidato de Podemos carga contra Iglesias por sus palabras sobre Amancio Ortega

DENIA.- El candidato por Podemos a la alcaldía de la localidad alicantina de Denia, Alex Rodenkirchen, ha cargado duramente contra Pablo Iglesias tras el varapalo sufrido en las urnas tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España. 

Lo hizo en una comparecencia de prensa en la que atribuyó los malos resultados electorales de la formación morada a la campaña que el líder de Podemos reabrió contra el presidente de Inditex, Amancio Ortega, en la última semana de la campaña y en las que rechazaba que hiciera donaciones a la sanidad pública como las realizadas por el empresario gallego.

En el caso de Denia, Podemos salvó los muebles ‘in extremis’, ya que la formación sólo logró un 4,94% de los votos y estuvo muy cerca de quedarse sin representación en el Ayuntamiento.

Rodenkirchen quiso “dar la cara” y pedir disculpas por los malos resultados logrados en las urnas en una rueda de prensa en la que no se mordió la lengua y fue muy crítico contra Iglesias por tener la “genial idea” de hace un mitin y hablar sobre Amancio Ortega. 

“Estimado Pablo Iglesias, coletas. Denia iba muy bien, como todas las poblaciones, porque estábamos haciendo un trabajo excelente, y no se te ocurre otra genial idea que hacer un mitin y hablar de Amancio Ortega. Hace hace una semana y media, la gente me decía ‘te apoyo’, y después de este comentario me dijeron ”ojalá nunca tuvieras cáncer‘”, aseguró.

“Evidentemente, nosotros no queremos que nos donen, queremos que paguen impuestos, pero si tanto dices que la prensa no te apoya, la noticia ha sido que Podemos no apoya la donación a la gente con cáncer”, dejó claro el candidato de la localidad alicantina.

“A veces, los políticos, en campaña, deberían morderse la lengua y callarse la puta boca”, sentenció Rodenkirchen.

El candidato de Podemos-Denia ha vuelto a dejar clara su postura y se ha reafirmado en sus polémicas declaraciones en el programa Espejo Público, de Antena 3, donde ha asegurado que el comentario de Iglesias sobre Amancio Ortega fue “desafortunado”.

El PNV amenaza con no apoyar la investidura de Sánchez si deja que Navarra caiga en manos de la derecha

PAMPLONA.- Navarra es una de las comunidades que tras la celebración de los comicios autonómicos del pasado domingo depende de los pactos para que se imponga uno u otro color político. 

En concreto, el PSN debe decidir entre apoyar un Gobierno encabezado por Navarra Suma -PP, UPN y C's- o ponerse del lado del bloque de izquierda representado por Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. 

Bildu es el elemanto que distorsiona una decisión que aparentemente no debería revestir mayor problema. 

Tras la reunión de la Ejecutiva socialista del pasado lunes, José Luis Ábalos dejó claro que no pactaría con Bildu y que no apoyaría ninguna fórmula que incluyera a esa formación.

El presidente del PNV de Guipúzca, Joseba Egibar, manifestó ayer en Radio Euskadi que la celebración de las elecciones generales, municipales y autonómicas constituye el punto de partida de una serie de negociaciones en las que, bajo su punto de vista, existen “tres vértices, y la pregunta es quién necesita a quién y donde”. 

El nacionalista apuntó que el primero de ellos es la investidura de Pedro Sánchez, que precisa del apoyo del PNV y de los soberanistas catalanes para volver a ser presidente del Gobierno.

“Nos necesita, y si quiere negociar, ya sabe que deberá hablar directamente con nosotros y qué cuestiones vamos a poner encima de la mesa”, puntualizó Egibar, quien destacó que el segundo vértice se encuentra en Navarra, donde el PSN deberá escoger entre el bloque constitucionalista o el de la izquierda radical.

Su decisión tiene una “enorme importancia” para el PNV, aseguró el presidente de la Ejecutiva guipuzcoana, quien deslizó que el apoyo de su partido a Sánchez en Madrid podría peligrar si finalmente los socialistas navarros se decantan por la opción de los partidos de derecha.

Susana Díaz rechazó una propuesta de Sánchez para ser presidenta del Senado

SEVILLA.- Susana Díaz ha rechazado la presidencia del Senado a propuesta de Pedro Sánchez, según ha adelantado el Diario de Sevilla en una información que no han desmentido las partes y que asegura que la expresidenta andaluza rechazó la posibilidad e convertirse en la cuarta autoridad del Estado porque desea optar a recuperar la presidencia de la Junta.

El presidente del Gobierno consideraba que la situación era propicia para abordar de paso un cambio al frente del PSOE de Andalucía e incluso según estas informaciones Sánchez habría realizado este ofrecimiento antes de que a Iceta. Es decir, que Díaz era la primera opción y esta operación estaba pensada por el líder socialista desde hace varios meses.

Estas informaciones, que han trascendido tras la reunión mantenida el pasado lunes por ambos, llegan después de que varias corrientes del grupo socialista estén tratando de presionar al presidente del Gobierno para que integre a Díaz en algún ministerio, facilitando así la renovación en el partido en Andalucía una vez conocida la negativa de Díaz a la presidencia del Senado. Pero Sánchez no está dispuesto a convertir a Díaz en ministra.

Este miércoles, Díaz ha asegurado que cuenta con “todo el apoyo” de Pedro Sánchez, para “recuperar el Gobierno de Andalucía” cuando ha sido preguntada por los reporteros por los pormenores de la reunión del lunes y acerca de lo tratado el lunes.

“Estoy feliz y contenta, y además sé que vamos a hacer un magnífico trabajo los dos”, ha dicho al ser abordada por los periodistas a la salida de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz.

Aunque solo habían sido convocados los medios gráficos, Díaz, en unas breves declaraciones, ha respondido de esta forma al ser preguntada sobre la reunión celebrada el pasado lunes con Sánchez en Madrid.

“Pedro tiene todo nuestro apoyo para hacer el mejor gobierno y seguir trabajando por nuestro país, y los socialistas andaluces tenemos todo el apoyo de Pedro para recuperar el Gobierno de Andalucía”, ha zanjado.

El Gobierno desacredita el informe de la ONU sobre los presos independentistas

MADRID.- El Gobierno ha desacreditado el informe de un grupo de trabajo de la ONU sobre la prisión de los líderes independentistas, que además ve "especialmente grave" en un momento como éste porque podría ser interpretado "como una interferencia en un proceso penal en marcha".

Fuentes del Ejecutivo han criticado este informe y han cuestionado su imparcialidad por considerar que sus redactores no saben los delitos de los que están acusados los dirigentes independentistas, por creer que en España es legal la convocatoria de un referéndum independentista y porque "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes ni la independencia judicial".
Moncloa reclama a los responsables de este informe, que ha elaborado el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén "alerta" ante los "intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".
El informe del grupo de trabajo de la ONU que se ha conocido este miércoles considera "arbitraria" la privación de libertad de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
El documento entiende que la prisión provisional de los tres imputados vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que proceda a su liberación.
Moncloa ha respondido esta tarde a este trabajo advirtiendo de que los redactores del informe desconocen los delitos de los que están acusados los tres dirigentes en prisión preventiva.
Según el Gobierno, el informe también cree que es legal la convocatoria de un referéndum como el del 1-O "cuando es claramente contraria a la Constitución Española".
Los autores del informe, continúa el Ejecutivo, "dan por hecho que las concentraciones celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales".
Moncloa critica que el documento no tenga en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial, "llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial".
Y reprocha también a los autores del trabajo que den "por cierto" que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, "obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".
"Es especialmente grave que este Grupo de Trabajo haya emitido su informe poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes" subraya el Ejecutivo.
Y añade que esa "lamentable circunstancia podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha".
Por razones como éstas, el Gobierno apunta que este informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria "plantea dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios".
Y hace un llamamiento a los responsables y a los supervisores del sistema en su conjunto para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén alerta ante los intentos de "manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".
Por su parte, la secretaria de Estado para la España Plural, Irene Lozano, ha lamentado que el Grupo de Trabajo haya sido "víctima susceptible a una campaña de desinformación y manipulación".

"El informe está plagado de inexactitudes y medias verdades hasta el punto de que parece que están siendo procesados por convocar una manifestación independentista", ha asegurado Lozano.
Para la secretaria de Estado se trata además de un informe que "roza la injerencia en procesos judiciales en curso y demuestra muy poco respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes, dado que el Gobierno no pone a presos en la calle, si acaso, lo harán los jueces".
Resulta evidente, ha opinado Lozano, que es preciso "reformar y mejorar" los mecanismos de trabajo de este tipo de grupos "para evitar que sean utilizados para fines espurios y acaben deslegitimados ya que hay mucha gente en el mundo que, de verdad, necesita de su trabajo y su defensa".

Un grupo de trabajo de la ONU ve "arbitraria" la prisión de los independentistas catalanes

MADRID.- Un grupo de trabajo de la ONU ha calificado de "arbitraria" la prisión preventiva los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por el 'procés', según la resolución a la que ha tenido acceso RTVE.es. El organismo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, considera en el documento que la prisión provisional de los tres imputados vulnera los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que pide al Gobierno que proceda a su liberación inmediata.

Una resolución criticada por parte del Gobierno español, que duda de la independencia e imparcialidad del organismo y que ha sido aprovechada por el presidente del la Generalitat, Quim Torra, para pedir la liberación inmediata de los presos y la retirada de todas las acusaciones.

El grupo de trabajo ha presentado este miércoles la resolución en una rueda de prensa en Londres, y el abogado Ben Emmerson, letrado de los políticos, ha adelantado a Efe que España puede afrontar una "corriente de condena de la comunidad internacional" si no los libera. 

De hecho, la defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido en pleno juicio del 'procés' su libertad amparándose en este texto. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha solicitado que formule su solicitud por escrito y el abogado lo presentará esta misma tarde. 

En su resolución, el grupo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Cuixart, Sánchez y Junqueras "sin dilación", y considera que el "remedio adecuado" sería poner a estas tres personas "en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación" en virtud del derecho internacional.

Al mismo tiempo, el grupo insta a Moncloa a poner en marcha una "investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en torno a la "privación arbitraria" de la libertad de los imputados y que "adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos". 

En concreto, el grupo solicita al Gobierno que le proporcione "información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas" en el texto.

Da seis meses al Gobierno para responder

El organismo pregunta cuándo se pondrá en libertad a Cuixart, Sánchez y Junqueras; qué indemnizaciones u otras reparaciones se concederán a los afectados y si se ha investigado la violación de los derechos de los tres políticos.

Así, el grupo invita al Gobierno a que le informe de las dificultades que puede haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas y que le indique si necesita asistencia técnica adicional, como puede ser con una visita del grupo de trabajo.

El organismo da al Gobierno un plazo de seis meses para remitirle la documentación solicitada, aunque afirma que se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación sobre el caso. 

El texto recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas "arbitrariamente de libertad".

El informe señala que ni Cuixart, ni Sánchez ni Junqueras "contaron con tiempo suficiente para preparar su defensa, al haber existido un tiempo muy breve entre la notificación y la audiencia, teniendo en cuenta el tamaño del expediente y las distancias". 

Y sostiene que deberían ser juzgados en los tribunales de Cataluña porque tanto "los crímenes presuntamente fueron cometidos en territorio de Cataluña, así como por funcionarios de Gobierno y parlamentarios catalanes".

Según el abogado de Derecho Internacional y Derechos Humanos Ben Emmerson, España es firmante de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde ubica la resolución del grupo.
Por tanto, no poner a los independentistas en libertad supondrá "una violación del derecho internacional" y cree que España "no" cumple: "La marea de condena de la comunidad internacional aumentará muy rápidamente si España no cumple ahora con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional. Esto no es una cuestión de elección, sino de obligaciones legales", ha señalado.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía.
El documento se presenta un día después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara una demanda presentada por el ex presidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.

Ante la denuncia del organismo de la ONU, desde el palacio de La Moncloa han emitido una nota en la que han señalado que los redactores del informe "no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia" y pone de manifiesto que consideran que en España es legal la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es "claramente contraria a la Constitución".
El Gobierno asegura que los firmantes del documento "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial", llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial y critican que "dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".
Moncloa considera "especialmente grave" que el informe se haya publicado poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes.
"Una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha" señala, por lo que plantea "dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios".

Una petición a la que se ha sumado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien en una rueda de prensa sin preguntas ha anunciado que el Govern va a pedir a la Fiscalía Superior de Cataluña que remita un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que solicite la liberación de todos los presos en prisión preventiva por el 'procés' y la retirada de todas las acusaciones.
Torra ha señalado que el referédum es legal en España, "al igual que las llamadas a participar en él" y ha asegurado que el comportamiento del Reino de España "le acabara pasando factura en los tribunales internaciones" y ha explicado que su petición a la Fiscalía Superior de Cataluña se aprobará en un consejo ejecutivo convocado para este viernes y cuyo único punto del día será este asunto.

Sánchez arrancó a Macron el compromiso de echar a C’s del grupo liberal europeo si pacta con Vox

MADRID.- La cena de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron sirvió para mucho más que sellar un simple acuerdo de entendimiento entre ambos en Europa. Sirvió también para que el presidente español arrancara de Macron el compromiso de presionar a Ciudadanos para impedir los pactos con Vox en Gobiernos territoriales e, incluso, en caso de que Rivera insista en formar Gobiernos con la presencia de hombres de Abascal, para echar al partido naranja del grupo de los liberales en Europa, llamado ALDE, según okdiario.

Sánchez quiere que Ciudadanos vire hacia el PSOE en los pactos de gobernabilidad -incluido el pacto del futuro Ejecutivo nacional- y el presidente español aprovechó su encuentro con el responsable francés para atacar las alianzas con Vox y PP en las que podría entrar Ciudadanos tras las elecciones autonómicas y municipales del 26-M. 

Macron compartió el rechazo a una entrada de Ciudadanos en Gobiernos de la mano de Vox y comunicó ante Sánchez su propósito de intentar impedir esas alianzas de Rivera. Es más, en caso de que C´s no acepte frenar esos acuerdos, Macron mostró su disposición a forzar la salida de los naranjas de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

La amenaza es dura. Pero lo cierto es que la capacidad de presión de Pedro Sánchez ha crecido tras las elecciones europeas. Ahora Sánchez es el líder hegemónico y con más sillas en el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 

Y si Macron quiere llegar a acuerdos profundos en el Parlamento Europeo, tendrá que entenderse con los socialistas. Y Macron es, como Sánchez, pero en otro de los grupos europeos: él es el líder hegemónico de los liberales europeos (ALDE).

Ambos líderes abandonaron la cena en El Elíseo reconociendo que existía «un ambiente de excelente sintonía», tal y como hicieron público al término del encuentro. Y ambos admitieron ante la prensa que van a trabajar estrechamente «desde postulados europeístas y progresistas”.

Líderes de sus partidos en Europa

El partido de Macron, La República en Marcha, nació en 2016, por lo que hasta ahora carecía de eurodiputados. Tras este pasado domingo, Macron cuenta con al menos 21 escaños en el Parlamento Europeo, con lo que mantiene una posición de predominio dentro de la familia liberal en la UE. 

O dicho de otra manera, será determinante en la formación de nuevas mayorías europeístas, especialmente porque, por primera vez, el clásico entendimiento entre los Populares y los socialistas ha perdido la mayoría de las últimas cuatro décadas.

El PSOE es, por su parte, el partido con más peso dentro del grupo de los socialistas europeos en la futura Eurocámara, por delante de delegaciones que en otras ocasiones eran de mayor tamaño, como la alemana, la francesa o la italiana. En concreto, los socialistas españoles aportarán 20 eurodiputados al grupo de Socialistas y Demócratas (S&D).

En este contexto de necesidad de entendimiento es en el que Sánchez y Macron mantuvieron ese encuentro. Y en ese mismo es en el que pactaron un comunicado final a la velada con un mensaje único: «Aunque ambos mandatorios pertenecen a familias políticas distintas, socialistas y liberales, comparten el deseo de trabajar estrechamente, desde postulados europeístas y progresistas», así como para tejer «una alianza de claro rechazo a la ultraderecha”. Y ambos consideran a Vox como supuesta parte de esa ultraderecha.

Por el momento, lo que se sabía es que hubo entendimiento entre Sánchez y Macron hasta el punto de que hicieron un «análisis de la renovación institucional y están de acuerdo en que los nuevos cargos deben reflejar la nueva mayoría en el Parlamento Europeo, que ya no es sólo del PPE, sino que ahora, además, incluye a los socialdemócratas y a los liberales».

Ambos dirigentes hablaron también de «las grandes líneas que la UE debe seguir en los próximos años y que, para España, pasan por construir una Europa más social».

Y en esa misma dirección es en la que ambos anunciaron que buscarán una alianza progresista en el Viejo Continente, ante la amenaza de que formaciones eurófobas o de ultraderecha como la Liga, UKIP o Agrupación Nacional de Le Pen lleguen a un acuerdo para agruparse en el mismo grupo. Ambos añadieron a Vox en esa lista a lo largo de la cena.

Marlaska reúne de urgencia a las empresas del recuento electoral por los fallos del 26-M

MADRID.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reunido de urgencia la tarde del miércoles en Madrid a los responsables de Scytl y Vector, las empresas encargadas del recuento provisional de las elecciones del domingo, para analizar los fallos que se produjeron la noche del 26-M y que están saliendo a la luz al realizar el recuento verdadero con las actas en las Juntas Electorales, según El Confidencial. 

Fuentes de la compañía conforman el encuentro y afirman que Interior les ha pedido acabar con el ruido alrededor de las elecciones y arreglar los problemas detectados en la web oficial de resultados provisionales pero restan importancia a estos. La reunión, sin precedentes en otras elecciones, evidencia los problemas de información en un primer momento, que no afectan al recuento oficial posterior.

El recuento provisional de las elecciones locales y europeas del pasado domingo está salpicado de errores. Los recuentos oficiales realizados en las juntas electorales, ya con las actas de la votación, han cambiado de ganador en Ibiza, León, Torrelavega, Chipiona, Villanubla y en muchos municipios los partidos empiezan a mirar con lupa los resultados. Además, al mostrar los datos de voto provinciales, la web oficial de Interior no ofrece todos los votantes sino solo los que sirvieron para obtener escaño, lo que hizo que partidos como la CUP protestaran porque creían que les habían escamoteado 56.000 votos.

El recuento provisional -el que sea realiza la noche de las elecciones sobre la marca y que no es el oficial- lo realizó una unión temporal de empresas entre Scytl y Vector ITC. La primera es una empresa con sede en Barcelona y que ya ganó el recuento de las elecciones generales de 2015 arrebatándoselo a Indra. Scytl ofreció el recuento por 8,7 millones un 20% por debajo de lo que ofreció Indra. La oferta económica pesaba el 70% e Interior se lo adjudicó en enero.

El malestar en Interior por la suma de errores es notable y Marlaska ha citado esta tarde de urgencia en Madrid a los responsables de Scytl y Vector. Por parte de la primera empresa acudió Silvia Caparrós, la consejera delegada. Fuentes de la compañía aseguran que el ministerio les pidió cambiar los fallos detectados en la web y acabar con el ruido alrededor de estas elecciones. Vector no quiso hacer declaraciones.

España presume de tener uno de los sistemas de recuento más rápidos y fiables del mundo y estas elecciones están empañando eso. El martes, el problema técnico pasó a ser político cuando los partidos empezaron a denunciar resultados que no cuadraban. Irónicamente, ha sido el PSOE el que lo ha denunciado en muchos casos. El PSOE salió perjudicado el primer recuento en Ibiza, León y Villanubla.

Fuentes de Scytl aseguran que todo fue correcto y que es normal que haya errores puntuales en unas elecciones tan complicadas, en las que coincidían autonómicas, municipales y europeas. La compañía, con sede en Cataluña, achaca todo a una guerra comercial con Indra, que tradicionalmente se encargaba de estos procesos y que han bajado de precio a la mitad.

La gasolina sube un 0,2 % y el gasóleo un 0,08 % y marca el máximo anual

MADRID.- El precio de la gasolina ha vuelto a subir en la última semana, un 0,22 %, después de dos semanas de descensos, mientras que el gasóleo de automoción, aunque sólo ha repuntado un 0,08 %, encadena un nuevo máximo anual, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

En la última semana, el precio de la gasolina ha alcanzado los 1,357 euros, mientras que el del gasóleo ha marcado un máximo anual de 1,26 euros.

Con estos datos, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta esta semana 74,6 euros y hacerlo con gasóleo 69,3 euros.

Desde comienzos de año, el precio de la gasolina es un 15,10 % superior y el gasóleo cuesta un 11,5 % más.

Con respecto a la misma semana de 2018, el precio de la gasolina se ha encarecido un 1,65 % y el del gasóleo un 1,61 %.

Además, la gasolina es ahora un 2,03 % más cara que hace un mes y el gasóleo, un 1,45 %.

Desde los valores máximos que alcanzaron estos carburantes, la gasolina está un 10,84 % por debajo y el gasóleo, un 12,80 %.

Ambos marcaron su récord la semana del 3 de septiembre de 2012, cuando se situaron en 1,522 y 1,445 euros, respectivamente.

La gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,49 euros el litro en la UE-28 y a 1,54 euros en la zona euro, mientras que el gasóleo cuesta una media de 1,377 euros en la UE-28 y 1,376 euros en la eurozona.

La dirección de Podemos Castilla-La Mancha formaliza su dimisión en bloque

TOLEDO.- La secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, ha remitido una carta a su homólogo nacional, Pablo Echenique, para comunicarle que el Consejo Ciudadano de la formación en la región dimite en bloque tras los malos resultados de las pasadas elecciones autonómicas, en la que perdieron los dos diputados que tenían en las Cortes castellano-manchegas. 

Según la carta, esta decisión fue tomada tras la reunión celebrada ayer martes por parte del Consejo de Coordinación.

"Dados los resultados electorales en Castilla-La Mancha y una vez realizado el análisis pertinente por parte de este órgano, todos los consejeros que lo conforman presentan su dimisión de todos sus cargos y, por lo tanto, solicita que se constituya una Gestora por parte de la dirección estatal que asuma sus funciones", añade la misiva. 

Esta gestora se deberá hacer cargo de los mandos de Podemos hasta la celebración de una nueva Asamblea Ciudadana Autonómica.

El alcalde podemita de La Coruña anuncia que abandona la política

LA CORUÑA.- El alcalde en funciones de La Coruña y líder de la Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, ha anunciado hoy entre lágrimas que abandona la política. Una decisión que toma después de que su partido perdiese, tras los resultados del domingo, la alcaldía de la ciudad. 

"Tengo razones de carácter político y personal. Cuando no se cumplen los objetivos que uno se marca en política hay que ser consecuente. Nuestro objetivo era revalidar la alcaldía y, ahora, lo consecuente es dejar paso a otras personas que puedan situar a la Marea Atlántica de nuevo en la alcaldía", explicó Ferreiro. 

La Marea Atlántica gobernaba desde el año 2015 tras empatar a 10 concejales con el Partido Popular. Pero este domingo vio mermada su representación a 6 ediles, quedando como tercera fuerza después del PP y del PSOE. 

Muy emocionado, con voz entrecortada y rodeado de su equipo en la corporación, ha pedido perdón a los que se han sentido defraudados con su mandato: "Pido disculpas a las personas que se han sentido defraudadas. No lo hicimos bien", explicó.

La Junta Electoral confirma el vuelco en el Ayuntamiento de Ibiza

IBIZA.- La Junta Electoral ha verificado las actas del domingo y se confirma el vuelco en el Ayuntamiento de Ibiza, ya que gana el PSOE y no el PP como se había anunciado.

Casi 1.000 votos más suma el PSOE de lo que se había recontado el domingo, lo que hace que los socialistas ganen, por primera vez, en este consistorio.

Esto se traduce en nueve concejales para el PSOE, en 8 para el PP, dos Ciudadanos y dos Unidas Podemos, con lo que la izquierda podrá revalidar el gobierno en la capital de la isla.

Con este recuento definitivo quedan fuera tres partidos que, en principio, según el recuento del domingo, tendrían representación: Vox, Proposta per Eivissa y Ara Eivissa.

La Fiscalía mantiene la petición de 25 años de cárcel para Junqueras por rebelión

MADRID.- La Fiscalía ha ratificado en el juicio del 'procés' su acusación por rebelión contra los líderes independentistas y ha pedido al tribunal que si son condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitatde Cataluña aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.

El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio no hay duda de que el 'procés' fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).

Tan solo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que establece que "cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta".

Se trata de una cláusula de estilo que se suele poner habitualmente para que el juzgado de vigilancia penitenciaria no conceda el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, es decir, para que no aplique beneficios antes de tiempo.

La clave está en que serviría de cordón sanitario contra una hipotética intervención de la Generalitat para excarcelarlos de las prisiones de Cataluña, donde previsiblemente cumplirán la pena en caso de ser condenados, al tener competencias en materia penitenciaria.

Mantiene así los 25 años de prisión para Junqueras; 17 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos, estos son Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; mientras que para los otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- solicita 7 años de prisión.

Se daba por hecho que la Fiscalía iba a apostar hasta el final por la rebelión como así ha sido y que la sedición no fue una figura penal que contemplarán los cuatro fiscales del caso, quienes entienden que el juicio lejos de cuestionar sus tesis lo que ha hecho no es sino corroborar su acusación contra la cúpula del 'procés'. 

Clima insurreccional

 

Tanto es así que para reforzar su acusación de rebelión, la Fiscalía ha añadido en su escrito la mención al clima "claramente insurrecional" que se vivió del 19 de septiembre al 27 de octubre.
Además, ha dado credibilidad a la versión de la Prefectura de Mossos al añadir en su escrito que, en su reunión con Carles Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn del 28 de septiembre de 2017, advirtieron al Govern de que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas" si "la enorme movilización de personas" se enfrentaba a los agentes y pidieron desconvocar el 1-O.
"Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1-O había violencia declararía la independencia", señala el escrito.
Lo que también han hecho los fiscales es retirar del escrito de conclusiones definitivas las menciones a los cinco miembros de la Mesa del Parlament una vez que la Sala acordó que todos ellos serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Abogacía mantiene su acusación por sedición

Por su parte, la Abogacía del Estado se ha reafirmado en su acusación por sedición para la cúpula del 'procés' y ha mantenido su petición inicial de 12 años de cárcel para Junqueras, a quien también imputa malversación; de 10 para lForcadell, y de 8 para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
No cambia tampoco su petición de 11 años y medio para los exconsellers Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa por sedición y malversación, ni la de 7 años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.
Así lo ha anunciado Rosa Seoane, jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado -dependiente del Gobierno- ante el Tribunal Supremo al elevar sus conclusiones a definitivas, es decir, no ha modificado nada de su escrito en relación a los 12 acusados.
Una vez practicada toda la prueba, la representante de la Abogacía ha decidido seguir adelante con la sedición, un delito que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.
Es decir, a su juicio, no se produjo la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña en otoño de 2017, lo contrario a lo que opina la Fiscalía, que ha confirmado su acusación por rebelión.
Para la Abogacía, el juicio ha servido para ratificar los papeles de los acusados: en el primer lugar de responsabilidad sitúa a Junqueras, seguido de los cinco exconsellers en prisión dado su estatus de "autoridad" al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno" catalán.
Además de la pena de prisión, también pide para los seis la equivalente de inhabilitación, mientras que en el caso de los tres exconsellers en libertad, que no están acusados de sedición, la inhabilitación sería de 10 años.
También confiere condición de autoridad a Carme Forcadell, para quien pide 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación por sedición al comprender que la Mesa del Parlament "debía haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional", si bien "votaron sistemáticamente a favor".
Un escalón por debajo estarían el exlíder de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a quienes no atribuye el estatus de autoridad aunque sí considera que incurrieron en sedición y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.
Su papel, según la tesis de la Abogacía, habría sido el de liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales". 

Vox retira la acusación a Santi Vila por 

malversación y organización criminal

Mientras tanto, la acusación popular que ejerce Vox ha decidido elevar a definitivas sus conclusiones provisionales salvo en lo que concierne a Santi Vila, a quien ya no ve responsable de delitos de organización criminal y malversación y tan solo lo acusa de desobediencia.
De este modo, el partido que acusa en el juicio no solicita penas de prisión para Vila, dado que la desobediencia no está castigada con cárcel.
Vox quiere que el tribunal condene a Junqueras y a los exconsellers Forn, Turull, Romeva, Bassa y Rull a 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.
Para los exconsellers Borràs y Mundó solicita 24 años de prisión y multa de 108.000 euros, como autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos. Era la misma condena que reclamaba inicialmente para Vila.
Pide que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Forcadell sean condenados a 52 años de prisión por dos delitos de rebelión o, alternativamente, de sedición, y un delito de organización criminal.

Zapatero ofreció a ETA no detener a sus miembros y acabar con la 'Doctrina Parot'

MADRID.- El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA durante las negociaciones con la banda la creación de un órgano común para Euskadi y Navarra, la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a De Juana Chaos y otros presos enfermos, acabar con la Doctrina Parot y solucionar el problema financiero de la banda terrorista a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión.

Así consta en las actas de la banda después de que fuera levantado, por parte de la Audiencia Nacional, el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre el Ejecutivo socialista y la banda terrorista ETA.
Esta documentación le fue incautada al etarra Francisco Javier López Peña 'Thierry', tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos. Ahí se relata desde el primer encuentro mantenido por Josu Ternera y Jesús Eguiguren, junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, el PSE y Batasuna tras el atentado de la T-4. Las actas incluyen las reuniones de Oslo y las nueve previas de Ginebra.
Según estas actas, en las negociaciones que se produjeron entre los días 18 y 21 de mayo de 2007, unos meses después del atentado de la T-4 -30 de diciembre de 2006- que costó la vida a dos personas, el Ejecutivo de Zapatero puso sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que preveía la creación de un órgano común con atribuciones ejecutivas para Euskadi y Navarra.
 Lo hizo en la ronda de contactos que se celebraron esos días en los que se establecieron dos mesas, una de partidos y otra técnica entre Gobierno y ETA y en las que participaron: 2 miembros de Batasuna; dos de ETA; dos del PSOE; 2 del Sinn Fein, dos del Gobierno de Irlanda y uno del Gobierno de Noruega.
Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política -de PSOE y la izquierda abertzale- la petición de un Estatuto de Autonomía para las 'cuatro provincias', lo que incluía Navarra. En esa ronda de encuentros, exigían al PSOE que tomara el compromiso de reconocer el derecho de autodeterminación y un referéndum para decidir sobre un estatuto 'a cuatro'.Los representantes socialistas lo rechazaron pero a cambio, pusieron sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que fue pactado a finales de 2006 -tras dos años de negociaciones secretas- entre el PNV, Batasuna y el PSE. En el apartado 4 de ese acuerdo, los firmantes se comprometieron a "promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos (País Vasco y Navarra)".
Pero no se logró el acuerdo y ETA afirmó que habían llegado a un punto de ruptura en el proceso de negociación al no haber acuerdo político. Pocos días después, el 5 de junio de 2007, ETA rompía la tregua.
No obstante, en las citadas actas se hace constar que en noviembre de ese mismo año, dos policías "con carnet y membrete 'presidencia del Gobierno'" se dirigieron a Santiago Orue, amigo y chófer de Otegi, para darle el mensaje de la "necesidad de hablar" y "llegar a un acuerdo antes de enero".Sin embargo, antes de esta fase final, Eguiguren y Josu Ternera habían tenido multitud de encuentros que dieron comienzo en el hotel Wilson de Ginebra en junio de 2005 y habían continuado en Oslo en noviembre del mismo año, en los que habían pactado desde los tiempos de los comunicados hasta la declaración de Zapatero cuando se produjera el anuncio del "alto el fuego permanente", que tuvo lugar el 22 de marzo de 2006.
Tras la declaración de tregua por parte de ETA, el presidente del Gobierno anunció el inicio del diálogo con la banda. Dio para ello un plazo de 6 meses y comenzó una serie de reuniones ese mismo mes.
Según las actas de Thierry, en el primer encuentro de esa fase, el 22 de junio de 2006 -las actas apuntan a la presencia de Javier Moscoso-, el Gobierno anunció que estaban trabajando para que Batasuna fuera legal en septiembre-octubre de ese mismo año y comunicó a la banda que habían pedido a la Guardia Civil, a la Policía y a la Policía francesa que no hicieran detenciones.
 "Ha sido muy difícil hacerlo", admitieron tras reconocer que la Guardia Civil "solo obedece al Duque de Ahumada". Justificaron también la labor de los jueces alegando que son "instrumento del PP".
Sin embargo, afirmaron que la Fiscalía había tenido una "actuación positiva" salvo en una ocasión y recordaron que el Gobierno había cambiado al Fiscal General -nombró a Cándido Conde-Pumpido-.
Los enviados del Gobierno admitieron también que habían sido un "accidente grave" las detenciones del Faisán -bar en el que había una base de extorsión de ETA y cuyas detenciones dieron lugar a una investigación por un chivatazo policial a la citada red- y reconocieron que el ministro, en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía un montón de cartas de extorsión que no se habían hecho públicas y que además, desde el Gobierno, estaban diciendo que no les constaba que la banda estuviera pidiendo dinero.

La Mesa del Senado suspende a Raül Romeva

MADRID.- La Mesa del Senado ha acordado este miércoles suspender al senador de ERC Raül Romeva en sus derechos y deberes parlamentarios en aplicación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé esta medida para aquellos cargos públicos procesados por rebelión y en prisión preventiva.

La decisión, anunciada por la vicepresidenta primera de la Cámara Alta, Cristina Narbona, supone que ERC pierde a uno de sus 13 senadores, de los cuales había cedido cuatro a Junts per Catalunya (JxCat) para que pudiera formar grupo parlamentario propio.

Aunque el número mínimo de senadores exigido por el Reglamento para conformar grupo es de diez representantes, ERC conseguía en principio llegar a este umbral al sumar a los nueve restantes el senador de EH-Bildu Gorka Elejabarrieta.

Abascal advierte: "Sin Vox no habrá gobiernos alternativos a la izquierda"

MADRID.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles de que su partido es absolutamente imprescindible para que haya gobiernos alternativos a la izquierda en comunidades como Madrid y Murcia, y ha subrayado que si PP y Cs no dialogan con ellos, esos gobierno serán imposibles.

"No será difícil llegar a acuerdos con quienes se sienten con nosotros, pero sí lo será apoyar gobiernos con quien ni siquiera se quiere sentar con Vox", ha recalcado en su primera rueda de prensa tras las elecciones del 26M.
Esa será la primera línea roja de Vox para las negociación: sentarse a negociar "como personas normales", ha insistido Abascal, que ya ha iniciado contactos con el presidente del PP, Pablo Casado, pero no con el de Ciudadanos, Albert Rivera.

Torra busca "la unidad estratégica" del soberanismo ante el previsible fallo del juicio del 'procés'

BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles que iniciará próximamente una "ronda de conversaciones" con todos los partidos y entidades sociales, económicas y civiles catalanas comprometidas con el derecho de autodeterminación de Cataluña.

En la sesión de control al Govern en el Parlament, ha explicado que el objetivo será buscar una "unidad estratégica" del soberanismo sobre cómo afrontar los próximos meses, que ve decisivos porque se prevé que el Tribunal Supremo falle sobre la causa del 1-O.

Torra, que ha insistido en que su plan es implementar la república catalana, ha advertido de que cualquier fallo del Alto Tribunal que no se absolutorio lo entenderá como un "ataque directo a todos los demócratas" y actuará en consecuencia, aunque no ha precisado cómo.

El presidente catalán ha dicho que busca "recuperar el espíritu" del 1-O, ya que considera que fue la unidad del soberanismo la que permitió que se celebrara aquella votación pese a todos los obstáculos que puso el Estado, incluidas las cargas policiales.

Torra no ha desvelado nunca qué piensa hacer ante unas sentencias condenatorias y ha dicho que toda decisión la someterá al debate en el Parlament, y este miércoles se ha limitado a pedir que todos los soberanistas sean conscientes del "momento histórico" que se avecina.

Fuentes de la Generalitat han explicado que el presidente Torra prevé citar a todos los partidos y entidades "uno por uno", es decir, a través de reuniones personalizadas y no de un único encuentro conjunto.

El presidente de la Generalitat también ha valorado por primera vez el resultado de los comicios del fin semana y ha asegurado que tanto él como el Govern se sienten "reforzados" por los resultados, ya que en Cataluña han ganado fuerzas independentistas.

"La mejor manera de objetivar lo que ha hecho el Govern son los resultados electorales. El independentismo tiene la mayoría social y política del país y como Govern nos sentimos afianzados en los hemos hecho hasta ahora", ha zanjado.

A pocos días de cumplir un año al frente del Govern, ha prometido "estabilidad, rigor y seguir gobernando", por lo que ha descartado un adelanto electoral de unos comicios al Parlament, que solo él tiene competencia exclusiva en convocar --si es que no lo hace el Estado mediante el 155, como en las últimas--.

Torra se ha comprometido a que, tras el verano, se celebre en el Parlament el Debate de Política General de Cataluña, lo que confirmaría que no tiene previsto convocar elecciones al menos hasta pasado otoño de este año.

En su turno de palabra, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho un diagnóstico opuesto: ha dicho que el de Torra es un Ejecutivo que se caracteriza por "la ineficacia y el mal gobierno" y le ha recordado que no pudo ni tan siquiera aprobar los Presupuestos de este año por falta de apoyos.

Ha citado varias de las que considera carencias del Govern: en renta garantizada de ciudadanía; en la gestión de los menores no acompañados; en tasa universitarias; en inversión en guarderías; en escuela inclusiva y en investigación universitaria, entre otras cuestiones.

"La sociedad catalana merece un gobierno que gobierne y el suyo creemos que no lo hace", ha concluido el líder socialista, cuyo grupo parlamentario pidió a Torra antes del ciclo electoral que convocara elecciones catalanas o se sometiera a una cuestión de confianza.

Valls se ofrece a Colau y Collboni para evitar una alcaldía independentista en Barcelona

BARCELONA.-El alcaldable de Barcelona Manuel Valls se ha ofrecido este miércoles a la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, y al candidato del PSC, Jaume Collboni, a contribuir a una "solución positiva para Barcelona", en una confluencia que deje fuera de la alcaldía al independentismo y sin pedir "nada a cambio".

"Es la hora de la responsabilidad y hacer gestos de responsabilidad: Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros", ha afirmado Valls en su primera rueda prensa tras las elecciones del domingo en las que consiguió seis concejales, un resultado que ha reconocido es "decepcionante".

"Me comprometo a asumir la parte que me toca", ha apuntado Valls, que ha recordado a Colau y Collboni que "a menudo en la política hay que saber escoger la opción menos mala" y que, en esta ocasión, lo más importante es contener la llegada del alcaldable ERC, Ernest Maragall, a la alcaldía de la capital catalana.

"No pedimos nada a cambio", ha insistido Valls sobre la falta de condiciones para su apoyo si Colau y Collboni quieren aprovechar la alternativa "posible" a Maragall.

El alcaldable, apoyado por Ciudadanos, negó que desde la formación naranja se le haya "impuesto" ninguna "línea roja", a pesar de que el presidente del grupo en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha explicado que la plataforma de Valls y la formación liberal propondrán juntos los acuerdos de gobierno en el Ayuntamiento en Barcelona a través de un órgano paritario.

"No va a haber ningún problema", ha señalado Valls sobre su relación con Ciudadanos, quien no ha querido sin embargo explicar el contenido de su reunión este martes con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

"Para nosotros, no es momento ahora de plantear exigencias ni de impulsar negociaciones. No es momento de establecer condiciones previas ni ultimátums. No nos corresponde", ha explicado Valls, que ha dejado entrever que no dará él primeros pasos de aproximación entre el tripartito alternativo a Maragall porque: "Ahora le toca a Colau".

El alcaldable ha afirmado que los seis concejales están de acuerdo en que la ciudad no puede "entregarse" al separatismo, aunque no ha querido hablar de "pactos" ni de "negociaciones" todavía.

Para Valls, la prioridad en este "momento histórico" es hacer todo por evitar "que Barcelona se convierta en palanca" del independentismo o de la "república imaginaria".

Por último, preguntado sobre si preferiría que Collboni fuera el alcalde a Colau, de confirmarse la confluencia, ha señalado no querer hablar "de nombres" ni tener intención de "excluir a una persona u otra".

La candidatura de Manuel Valls obtuvo en las elecciones del 26M seis concejales, de los cuales tres son independientes que se han sumado a su plataforma y tres de Ciudadanos.

Tanto el alcaldable de ERC, Ernest Margall, como la propia Colau, están empatados a 10 ediles, a falta del recuento final, por lo que en los próximos días serán clave los pactos poselectorales antes del pleno constitutivo del 15 de junio.