Un grupo de trabajo de la ONU ve "arbitraria" la prisión de los independentistas catalanes

MADRID.- Un grupo de trabajo de la ONU ha calificado de "arbitraria" la prisión preventiva los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por el 'procés', según la resolución a la que ha tenido acceso RTVE.es. El organismo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, considera en el documento que la prisión provisional de los tres imputados vulnera los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que pide al Gobierno que proceda a su liberación inmediata.

Una resolución criticada por parte del Gobierno español, que duda de la independencia e imparcialidad del organismo y que ha sido aprovechada por el presidente del la Generalitat, Quim Torra, para pedir la liberación inmediata de los presos y la retirada de todas las acusaciones.

El grupo de trabajo ha presentado este miércoles la resolución en una rueda de prensa en Londres, y el abogado Ben Emmerson, letrado de los políticos, ha adelantado a Efe que España puede afrontar una "corriente de condena de la comunidad internacional" si no los libera. 

De hecho, la defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido en pleno juicio del 'procés' su libertad amparándose en este texto. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha solicitado que formule su solicitud por escrito y el abogado lo presentará esta misma tarde. 

En su resolución, el grupo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Cuixart, Sánchez y Junqueras "sin dilación", y considera que el "remedio adecuado" sería poner a estas tres personas "en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación" en virtud del derecho internacional.

Al mismo tiempo, el grupo insta a Moncloa a poner en marcha una "investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en torno a la "privación arbitraria" de la libertad de los imputados y que "adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos". 

En concreto, el grupo solicita al Gobierno que le proporcione "información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas" en el texto.

Da seis meses al Gobierno para responder

El organismo pregunta cuándo se pondrá en libertad a Cuixart, Sánchez y Junqueras; qué indemnizaciones u otras reparaciones se concederán a los afectados y si se ha investigado la violación de los derechos de los tres políticos.

Así, el grupo invita al Gobierno a que le informe de las dificultades que puede haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas y que le indique si necesita asistencia técnica adicional, como puede ser con una visita del grupo de trabajo.

El organismo da al Gobierno un plazo de seis meses para remitirle la documentación solicitada, aunque afirma que se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación sobre el caso. 

El texto recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas "arbitrariamente de libertad".

El informe señala que ni Cuixart, ni Sánchez ni Junqueras "contaron con tiempo suficiente para preparar su defensa, al haber existido un tiempo muy breve entre la notificación y la audiencia, teniendo en cuenta el tamaño del expediente y las distancias". 

Y sostiene que deberían ser juzgados en los tribunales de Cataluña porque tanto "los crímenes presuntamente fueron cometidos en territorio de Cataluña, así como por funcionarios de Gobierno y parlamentarios catalanes".

Según el abogado de Derecho Internacional y Derechos Humanos Ben Emmerson, España es firmante de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde ubica la resolución del grupo.
Por tanto, no poner a los independentistas en libertad supondrá "una violación del derecho internacional" y cree que España "no" cumple: "La marea de condena de la comunidad internacional aumentará muy rápidamente si España no cumple ahora con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional. Esto no es una cuestión de elección, sino de obligaciones legales", ha señalado.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía.
El documento se presenta un día después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara una demanda presentada por el ex presidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.

Ante la denuncia del organismo de la ONU, desde el palacio de La Moncloa han emitido una nota en la que han señalado que los redactores del informe "no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia" y pone de manifiesto que consideran que en España es legal la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es "claramente contraria a la Constitución".
El Gobierno asegura que los firmantes del documento "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial", llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial y critican que "dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".
Moncloa considera "especialmente grave" que el informe se haya publicado poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes.
"Una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha" señala, por lo que plantea "dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios".

Una petición a la que se ha sumado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien en una rueda de prensa sin preguntas ha anunciado que el Govern va a pedir a la Fiscalía Superior de Cataluña que remita un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que solicite la liberación de todos los presos en prisión preventiva por el 'procés' y la retirada de todas las acusaciones.
Torra ha señalado que el referédum es legal en España, "al igual que las llamadas a participar en él" y ha asegurado que el comportamiento del Reino de España "le acabara pasando factura en los tribunales internaciones" y ha explicado que su petición a la Fiscalía Superior de Cataluña se aprobará en un consejo ejecutivo convocado para este viernes y cuyo único punto del día será este asunto.