"El Gobierno, por vía administrativa y sin control judicial, quiere
censurar una información en base a una falsedad que el propio Gobierno
determina. Eso es un campo minado que va en contra de los derechos
fundamentales", denunció el PSOE.
Pese a la aversión
socialista, no es la primera vez que un gobierno quiere decidir
administrativamente sobre los contenidos que se publican en Internet,
sin pasar por un juez. En 2009, un anteproyecto de ley del Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero propuso que un organismo nombrado también
desde Moncloa cerrara por vía administrativa cualquier página web
acusada de violar derechos de autor. Promovido por la entonces ministra
de Cultura Ángeles González-Sinde, terminó conociéndose como Ley Sinde.
Rosalía Lloret era entonces la directora de medios
interactivos de RTVE. Los portales digitales de los grandes medios de
comunicación estaban lejos de ser su principal cara ante su audiencia.
Tenían un público muy específico, que parecía residual en comparación
con el de la televisión o las aún vivas ediciones impresas de los
periódicos. Lloret fue una de las promotoras del manifiesto
En defensa de los derechos fundamentales en Internet,
que articuló la potente oposición de los internautas a la Ley Sinde y
decenas de miles de personas suscribieron en pocas horas.
El texto fue redactado colaborativamente por decenas de profesionales y
usuarios y apareció en todas las cadenas de televisión, radios y
periódicos impresos. En menos de 24 horas, la ministra citó a Lloret y
otros trece profesionales de las redes a una reunión. El éxito del
manifiesto demostró la gran capacidad de las redes para generar un
movimiento de repulsa descentralizado, sin caras, capaz de organizarse y
llamar a la acción de forma instantánea.
Nueve años
después Lloret no comparte la denuncia de "censura" contra la medida
anti-noticias falsas del PP pero cree que, de nuevo, el gobierno arroga "
a un órgano administrativo, a un 'organismo público' como dicen ellos,
no independiente, la posibilidad de calificar contenidos ante los
ciudadanos".
"El comité de propiedad
intelectual que quería crear la Ley Sinde tampoco era independiente. En
eso ambas propuestas se parecen. Supone dar las riendas al Gobierno para
decidir qué es malo y qué es bueno, qué es fake y qué no es fake. Es
inconcebible y por tanto imposible de aceptar", denuncia la periodista.
Tras la reunión de los internautas con la ministra, la Ley Sinde
continuó en marcha hasta que la indignación que provocaba confluyó con
otras en el movimiento 15M. La experiencia de los activistas digitales
que se habían opuesto a Sinde fue vital para que todo el movimiento
comunicara sus principios a través de las redes y más gente se acercara a
él.
Aquello ocurrió en 2011. En 2018,
una movilización así tendría serias consecuencias legales para aquellos
que la promovieran y los que la apoyaran a través de las redes.
La mordaza cae sobre las redes
Este sábado tendrán lugar manifestaciones contra las leyes mordaza en
toda España. Coincidirán con el tercer aniversario de su aprobación.
Aunque normalmente se las denomina en singular, realmente esa mordaza se
forma a través de tres normas: la Ley de Seguridad Ciudadana, la
reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A través
de ellas España ha hecho un "uso abusivo" de la legislación con el
objetivo de recortar la libertad de expresión, como han denunciado
organizaciones
como Amnistía Internacional.
El Gobierno "no ha dado puntada sin hilo", avisa Yolanda
Quintana, secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad
de Información (PDLI), una de las convocantes de las concentraciones. El
paquete legislativo de las leyes mordaza "se orienta de manera precisa a
combatir las nuevas formas de protesta", precisa. El análisis jurídico
de la organización revela que los cambios normativos se han dirigido a
ilegalizar todo aquello que hizo posible el 15M y las mareas
posteriores.
Llamar a la movilización a través de
cualquier medio, tuiteando la consigna de una manifestación como hacían
los activistas en 2011,
es ahora
un delito que puede acarrear un año de prisión. Ocupar una plaza,
rodear el Congreso o cualquier otra institución pública, terrorismo. La
práctica de los yayoflautas de irrumpir por sorpresa en edificios
públicos o privados como los bancos está penada con hasta seis meses de
prisión. También quedó prohibido difundir fotos de agentes de policía
para denunciar violencia policial.
"No hay ningún
motivo jurídico que aconseje penalizar como agravante el uso de una red
social", expone Isabel Elbal, abogada de uno de los primeros
damnificados de la mordaza, el cantante de Def Con Dos César Strawberry.
Señala que el objetivo real del poder legislativo no ha sido impedir
una mayor difusión de determinados delitos gracias a la red, sino
controlar la información que circula por ellas: "El poder
de convocatoria por medio de una red social es sumamente peligroso para
el poder. No tiene la capacidad de frenarla, reprimirla o manipularla
con mensajes alternativos, porque va demasiado rápido".
El escarmiento del "Pásalo"
¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las
18h. Sede PP, c/Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad.
¡Pásalo!
El 15M no supuso la primera manifestación espontánea gracias a dispositivos digitales. El PP lo sufrió en primera persona
el 13 de marzo de 2004,
cuando la indignación por la versión oficial falsa sobre los atentados
del 11M estalló frente a su sede gracias a una cadena de mensajes como
el anterior que comenzó un ciudadano anónimo. Aún no existían las redes
sociales, pero en Génova estaban las unidades móviles de las
televisiones preparadas para cubrir la jornada electoral, incluso de
medios internacionales. La protesta, espontánea, sin responsables
directos, fue retransmitida a todo el mundo.
"El
delegado de Gobierno recibió la instrucción concreta de no cargar contra
la gente, porque podía ser una catástrofe. Aquello desbordó. Ahí se
dieron cuenta del poder de convocatoria de instrumentos que no tenían
controlados", recuerda Elbal. Para ella, asesora del Centro Europeo por
los Derechos Constitucionales y Humanos, la campaña para controlar las
fake news es el último movimiento de la estrategia para "controlar la
información" en Internet e imponer la versión oficial cuando sea
necesario.
"Pretenden introducir un mecanismo
corrector a los medios de comunicación", esgrime la letrada, poniendo
como ejemplo las imágenes de brutalidad policial del referéndum del 1 de
octubre, que para el Gobierno han pasado a ser "fake news". "[El
ministro de Exteriores, Alfonso]
Dastis fue entrevistado en directo por la BBCy
allí mismo les dijo en su cara que esas imágenes son
falsas. Afortunadamente, la BBC tenía sus propias tomas de las cargas y
le pudo confrontar".
Las posibles medidas contra las
noticias falsas se están debatiendo actualmente en la comisión mixta
Congreso-Senado de Seguridad Nacional. La fiscal del Tribunal Supremo y
coordinadora nacional contra la criminalidad informática, Elvira Tejada,
compareció recientemente para explicar los mecanismos jurídicos
españoles en la materia. Expresó "con orgullo" que tras la reforma de
2015 estos "están muy adaptados a las necesidades reales de la lucha
contra la ciberdelincuencia". Ante las preguntas del PSOE sobre la
posibilidad de perseguir las fake news, Tejada tuvo que explicar a sus
señorías que "no todo lo reprobable que ocurre en la red es delito".
La fiscal les informó de que el Ministerio Público puede actuar de
oficio en un buen número de situaciones, que la legislación española
tiene mecanismos de protección suficientes para derechos individuales
como el honor, así como varios delitos tipificados para perseguir las
verdaderas noticias falsas.
"Desinformar para alterar las cotizaciones
del mercado de valores es un delito contra el mercado y los
consumidores. Desinformar para decir que ha habido un atentado y que
salga toda la policía, los bomberos y las ambulancias, también es un
delito, de desórdenes públicos", expuso Tejada. De momento, no hay
ningún delito que prohíba las noticias incómodas para el poder político,
parecía sugerir la fiscal.
