MADRID.- "El responsable es Patrimonio. Si la autoridad se lo dice al prior del Valle de los Caídos, el prior no se puede negar a recibir ni a sacar los restos". Con rotundidad, el cardenal de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, dejó claro que Santiago Cantera debe permitir la exhumación de los restos de las víctimas del franquismo enterrados en Cuelgamuros, según Público.
Durante un desayuno junto al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, para
presentar la Semana Santa de la Ciudad, Blázquez fue cuestionado sobre la negativa del prior del Valle a acudir a la Comisión
de Justicia del Senado. "Aquí el que podría responder es el cardenal
Osoro", ya que Cuelgamuros está en la diócesis de Madrid, apuntó el
purpurado, con el arzobispo de Madrid entre los oyentes.
"Pero en la cuestión del Valle de los Caídos hay dos
instituciones que confluyen: Patrimonio Nacional, y la comunidad
monástica de benedictinos", añadió, señalando que la congregación "tiene
competencias que están en relación con el culto, y Patrimonio otras",
entre las que destaca la decisión sobre el futuro de los restos.
"Si la autoridad le dice al prior [lo que tienen que hacer con] estos
restos, el prior no se puede negar, a recibirlos, ni a sacarlos. El responsable en este punto es Patrimonio Nacional", concluyó el presidente del Episcopado, que no aclaró si acudirá o no al Senado como ha pedido el PSOE.
El prior del Valle se ha aferrado a su potestad sobre la basílica, donde reposan los cadáveres de más de 33.000 personas, para incumplir las reiteradas órdenes
de exhumación de estos dos hermanos, Manuel y Ramiro Lapeña, que ha
dado la justicia de manera firme. De hecho, ha llegado a poner un
contencioso administrativo según él mismo ha explicado al Senado,
aduciendo que sacar estos huesos dañaría otros. Asegura que 35 familias
le han mandado cartas pidiendo que no lo haga.
Las fosas
son de competencia estatal al ser considerado un "cementerio público",
según la Ley 52/2007. El resto del Valle es también de titularidad
estatal y está gestionado por Patrimonio Nacional, dependiente del
Ministerio de Presidencia.
Con una excepción: la basílica. Es propiedad de la Iglesia y la abadía
la puede gestionarla como considere. Eso incluye la potestad de a quién
se deja entrar en ella, pese a que en su interior están las criptas con
cadáveres de "carácter público".
Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, con rango de tratado
internacional y por tanto con jerarquía supralegal, aseguran hasta ahora
la "inviolabilidad de la Basílica por parte de la autoridad estatal"
sin permiso de la Iglesia. Es decir, los monjes pueden prohibir la
entrada a las tumbas de titularidad estatal, que es lo que hizo el prior
el pasado octubre con los técnicos que querían meter una microcámara en
la fosa de los Lapeña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario