martes, 2 de octubre de 2018

El consumo de agua de los españoles desciende 7 litros por habitante y día



MADRID.- El consumo medio de agua en los hogares españoles ha disminuido durante 2018 hasta los 132 litros por habitante y día, frente a los 139 de 2016, según un informe sobre la situación del sector de suministro y saneamiento presentado hoy.

La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) han elaborado el 'XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España' que, por primera vez, incluye indicadores relacionados con la energía y el cambio climático.
El consumo medio doméstico está considerado según este documento "entre los más bajos de Europa" y registra una "homogeneidad de los datos" en ciudades con menos de 100.000 habitantes, donde se gasta 144 litros -por persona y día- frente a los 127 litros en las urbes con mayor población, así como en las áreas metropolitanas.
Durante 2018, el precio medio del agua para uso doméstico es de 1,84 euros por metro cúbico -sin el IVA-, lo que implica que la factura del agua supone el 8,89 % del presupuesto familiar.
El estudio de AEAS y AGA advierte de que esa factura está igualmente entre "las más bajas de Europa", porque no cubre costes reales y por ello el presidente de la primera de estas organizaciones, Fernando Morcillo, ha abogado hoy por "acercar el precio de este bien escaso al de otras potencias europeas, más desarrolladas y con mayor concienciación sobre el medioambiente".
"No se trata de cobrar 8 euros por metro cúbico como en Dinamarca, porque nuestro PIB es más bajo, pero sí de aproximarse al precio real del agua", ha explicado Morcillo, "para lo cual necesitamos un cambio de forma de pensar sobre este recurso en España".
Los recursos financieros son necesarios, además, para paliar el actual déficit en la inversión y el envejecimiento "progresivo" de las infraestructuras del agua: cerca del 40 % de los 225.000 kilómetros de redes de distribución y un 58 % de las de alcantarillado tienen más de 30 años, tal y como certifica el estudio.
El déficit se concreta, sobre todo, en las infraestructuras de saneamiento, pues aún quedan pequeños y medianos municipios que no disponen de instalaciones para la depuración de aguas residuales, incumpliendo así la Directiva europea 271/91.
El origen del agua para abastecimiento corresponde a aguas superficiales (67 %), subterráneas y de manantial (28 %) y desaladas (5 %) y sus condiciones sanitarias permiten asegurar que "el agua de grifo es de absoluta confianza".
La generación de energía por parte de los servicios de agua urbana se sitúa en torno a los 456 gigavatios/hora al año, lo que equivale al suministro eléctrico anual de una población de 150.000 habitantes.
Esta energía "renovable y verde" se produce fundamentalmente a partir del biogás presente en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y el potencial hidroeléctrico de los saltos de agua de los caudales empleados.
Además, en España se ha reutilizado este año más de 268 hectómetros cúbicos del agua, alrededor de un 7 % de todo el agua residual depurada y regenerada, empleada posteriormente sobre todo en agricultura, riego de jardines y zonas de ocio e industria.
El estudio indica igualmente que cerca del 63 % de los operadores de los servicios de agua urbana calcula su huella de carbono, cuya emisión de CO2 asciende a 30 kilogramos al año.
Un 62 % de estas entidades dispone de planes de mitigación, lo que denota la "alta concienciación del sector para reducir los efectos del cambio climático", ha concluido Morcillo.

Las CCAA decidirán mañana el reparto de 870 millones para reindustrialización

MADRID.- La ministra Reyes Maroto presidirá mañana una reunión de la Conferencia Sectorial de Industria en la que las comunidades autónomas decidirán sobre el reparto de 870 millones de euros para reindustrialización y abrirán un grupo de trabajo que debatirá las prioridades.

En una comparecencia en comisión en el Senado esta tarde, la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha avanzado que la partida presupuestaria para reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial ha sido "desbloqueada" por el nuevo Gobierno "en solo tres meses".
Además, Maroto ha destacado que "las priorizaciones" serán decididas contando con la opinión de los gobiernos autonómicos "de forma inédita", ya que hasta ahora era el ministerio el que dictaba los usos.
"Queremos hacer de la política industrial también una política territorial", ha subrayado Maroto.
La mesa de trabajo será creada mañana y tendrá un plazo de "muy poco tiempo", para que puedan ejecutarse los fondos "antes de que acabe el año", ha dicho la ministra.
Asimismo, se ha mostrado convencida de que "todas las comunidades autónomas van a estar de acuerdo en que será mejor ejecutarlo que no ejecutarlo".
En la Sectorial de mañana Maroto se verá también con el viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Javier Zarraonandia, en la víspera de un encuentro de la ministra con el comité de empresa de La Naval, el astillero de Sestao (Bizkaia).
Durante su comparecencia en el Senado, Maroto ha indicado que tratan "los problemas" de La Naval, que "ya eran bien conocidos" desde hace meses, "de forma coordinada" con el Gobierno Vasco, y ha expuesto a los senadores que la intención de su Ministerio es "ser valientes y ante cualquier crisis no mirar hacia otro lado".
En su primera comparecencia en el Senado ha dicho que su departamento prepara una nueva ley de industria, cuyo proyecto el Gobierno pretende elevar al Parlamento "en los próximos meses", para sustituir a la vigente desde 1992 y alinear al sector con "el marco 2030 y las agendas sectoriales".

La prima de riesgo española sube a 112 puntos básicos contagiada por Italia

MADRID.- La prima de riesgo española ha cerrado hoy en 112 puntos básicos, seis más que en la víspera, debido a la caída del rendimiento del bono alemán a diez años, en una jornada en la que los inversores han estado pendientes de las tensiones políticas entre Italia y la Unión Europea (UE).

Los inversores han optado por la venta de deuda pública italiana después de que el Ejecutivo haya sugerido que el país podría resolver sus problemas fuera del euro, lo que ha provocado que la prima de riesgo transalpina subiera de 283 a 303 puntos básicos, máximos desde mediados de 2013.
Por su parte, la rentabilidad del bono alemán a diez años -cuya diferencia con el resto de bonos europeos determina la prima de riesgo- ha bajado del 0,471 % al 0,422 % por la demanda de los inversores que buscan refugiarse en él, mientras que el interés del bono español ha aumentado del 1,530 % al 1,539 %.
En la agenda de hoy, los precios de producción industrial crecieron un 0,3 % tanto en la zona euro como en la UE en agosto, así como que la inflación interanual en la OCDE se mantuvo estable en el 2,9 % en agosto, sin cambios respecto al mes anterior.
En clave nacional, el paro subió en 20.441 personas en septiembre, hasta 3,2 millones de desempleados, lo que supone la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2014.
En cuanto al resto de países considerados periféricos, la prima de riesgo de Grecia ha subido trece puntos básicos, hasta 388, después de que el Gobierno heleno haya anunciado que presentará a la Comisión Europea (CE) un borrador de sus presupuestos que incluye dos escenarios, en función de si recorta las pensiones, como acordó con los acreedores, o no.
El riesgo país luso ha cerrado en 148 puntos básicos, frente a los 143 de ayer.
En cuanto al importe de los seguros de impago de deuda ("credit default swaps"), que se deben pagar para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, ha subido para España a 107.680 dólares (105.110 la jornada anterior) y para Italia ha aumentado a 301.130 dólares (289.540 el lunes).

El IBEX baja un 1,08 % y pone en peligro los 9.300 puntos afectado por Italia

MADRID.- El principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, ha bajado hoy un 1,08 % y pone en peligro los 9.300 puntos, arrastrado por los grandes valores, la banca y las bolsas europeas, en una jornada marcada por las tensiones entre Italia y la Unión Europea (UE) a cuenta del presupuesto de 2019 y el déficit.

En la segunda sesión de octubre, el índice ha restado 101,50 unidades, el 1,08 %, hasta 9.305,50 puntos, con lo que las pérdidas anuales suben al 7,35 %, mientras que la prima de riesgo se sitúa en 112 puntos básicos.
La Bolsa española, que comenzó la sesión con caídas del 0,75 %, se ha decantado por las pérdidas afectada por la situación en Italia, después de que el ministro de Economía, Giovanni Tria, ratificara la voluntad del Gobierno de elevar el déficit por encima de la tasa pactada con Bruselas.
Ante estas tensiones, la prima de riesgo italiana se ha disparado a 303 puntos básicos -máximos desde mediados de 2013- debido al alza del rendimiento del bono a diez años, que se ha situado en 3,45 %.
En este contexto, las bolsas europeas han cerrado a la baja, con un descenso del 0,71 % en París; del 0,42 % en Fráncfort; del 0,28 % en Londres; y del 0,23 % en Milán. El euro se ha depreciado hasta 1,156 dólares.
Además de Italia, el mercado ha estado atento al precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, que se ha encarecido hasta 85,15 dólares, casi 20 dólares más que a principios de año y en máximos desde octubre de 2014.
También se ha conocido que la inflación en la OCDE se mantuvo estable en el 2,9 % en agosto.
Los parqués asiáticos también cerraron dispares, ya que el CSI 300 de China sumó un 1,04 % y el Nikkei un 0,10 %, mientras que la Bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 2,38 %, en una jornada en la que la disputa comercial entre China y EEUU continúa sin resolverse.
Por su parte, Wall Street, siguió la tónica de la víspera y abrió sin resultados claros tras los avisos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la desaceleración del crecimiento mundial.
De vuelta a España, a mediodía, el índice nacional caía un 1,01 % hasta los 9.312,20 puntos, después de publicarse que el número de parados subió en agosto en 20.441, hasta sumar 3,2 millones de personas.
Los principales valores han cerrado con caídas, salvo Iberdrola que avanza un 0,31 %. Inditex pierde un 3,55 %, el mayor descenso del selectivo -que algunos expertos relacionan con la depreciación del euro-, BBVA pierde un 2,65 %, Telefónica un 1,10 %, Santander un 0,75 % y Repsol un 0,20 %.
En el lado de las pérdidas, Mapfre se ha situado por detrás de Inditex al caer un 3,17 %, mientras que en el lado de las ganancias, Naturgy ha avanzado un 1,88 % y Mediaset un 0,95 %.
El sector bancario también ha cerrado a la baja, liderado por Sabadell, que ha retrocedido un 2,37 %, seguido de CaixaBank, con un 0,88 %, Bankinter un 0,62 % y Bankia un 0,15 %.
En el mercado continuo ha terminado con ganancias Nextil (8,55 %), Bodegas Riojanas (7,83 %) e Inipsa (6,70 %) mientras que Rovi ha perdido un 5,06 %, Abengoa A, 4,88 % y Almirall (4,72 %).
En el mercado de la renta variable español se han negociado más de 3.300 millones de euros.

Interior fijará el límite de velocidad en todas las carreteras secundarias en 90 km/h

MADRID.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo el martes que el Gobierno fijará en 90 kilómetros por hora el límite de velocidad en todas las carreteras secundarias de España. 

En una comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, el ministro anunció cuáles serían las líneas generales de su política, entre las que esbozó algunas referentes al tráfico.
“Vamos a colocar a las víctimas en el centro de la seguridad vial. Con 1.830 muertos al año y más de 9.500 heridos graves en 2017, hay que adoptar medidas”, señaló con respecto a la normativa de tráfico.
La medida principal será la reducción de la velocidad máxima autorizada en las carreteras secundarias, que actualmente es de 100 km o 90 km, en función de la anchura del arcén.
“Queremos igualarla a 90 km para homologarnos con los países de referencia de la Unión, para simplificar el cuadro de velocidades límites y para facilitar la comunicación al conductor”, afirmó.
También se llevará a cabo una actualización del permiso por puntos, doce años después de su puesta en marcha, que marcó “un antes y un después” en el país, dijo.
El 77 por ciento de las muertes en carretera en España ocurre en vías secundarias con doble sentido compartido, aunque la primera causa de accidentes de tráfico es la distracción al volante, por delante de la velocidad y el alcohol.

El Congreso busca un acuerdo para dejar clara la dación en pago en la Ley Hipotecaria

MADRID.- Los partidos políticos buscan mañana el consenso para dejar claras las reglas de la dación en pago en la nueva Ley Hipotecaria, que protegerá más al usuario y podría dar mayor protagonismo a las Comunidades Autónomas y al Banco de España.

La Comisión de Economía de Congreso estudia la ponencia del proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario proveniente de una directiva europea que debía haber sido traspuesta el 26 de marzo de 2016 y va con casi dos años de retraso.
La nueva Ley Hipotecaria, redactada por el Gobierno del PP y que será tramitada durante el Ejecutivo socialista, busca abaratar las comisiones por cancelación anticipada, reducir las comisiones por conversión de préstamos de tipo variable a fijo y reforzar el control sancionador para notarios y registradores.
También persigue flexibilizar las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos y dar mayor transparencia a los usuarios con la creación de una Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) en la que el consumidor podrá comparar las condiciones hipotecarias que le ofrezca cada entidad financiera.
El proyecto de Ley ha recibido 238 enmiendas y el PSOE ha propuesto a todos los grupos parlamentarios transaccionar cerca de 50 sobre un total de unas 180 iniciativas, entre las que destaca crear una Autoridad Independiente para velar por la protección y transparencia en la contratación inmobiliaria.
También, establecer un Registro de Sanciones en el Banco de España por incumplimiento de la Ley y permitir que las Comunidades Autónomas determinen el órgano competente para sancionar a prestamistas, intermediarios y tasadores que operen dentro de esa comunidad.
Se establecería como criterio para la sanción que se perjudique a personas en situación de vulnerabilidad social.
Algunas de estas propuestas son la que el PSOE intenta pactar con Unidos Podemos aunque también pide revisar el actual Código de Buenas Prácticas bancarias para que sea obligatorio y que la nueva Ley Hipotecaria establezca la posibilidad de que las partes pacten la dación en pago.
El portavoz socialista en la Comisión, Gonzalo Palacín, ha señalado a EFE que intentará buscar un amplio consenso para que el proyecto de Ley sea aprobado cuanto antes y ha puntualizado que el objetivo es dar mayor protección al consumidor sin poner en riesgo el sistema hipotecario del país.
Incide que la dación en pago no debe ser la única solución para afrontar una hipoteca que no se puede pagar y apunta a otros mecanismos como dejar claro el criterio de disolución de contratos o contratos nulos.
Todos los partidos políticos están de acuerdo en que hay que buscar el consenso y que "a grandes rasgos" las negociaciones van bien.
Parece haber coincidencia en que el plazo de información antes de firmar el contrato hipotecario debe establecerse en 10 días, y en que los intereses de demora del préstamo no pueden ser superior al interés legal del dinero más el 3 %, además de que varias formaciones apoyarían que sea el Banco de España el que supervise los procedimientos internos de evaluación de solvencia de los prestamistas.
También que pueda ser posible solicitar la nulidad de las cláusulas que resulten perjudiciales para el usuario cuando no quede suficientemente recogida la información relativa a las mismas con el fin de mejorar su protección.
Otros aspectos que podría recoger la Ley es que pueda extenderse la evaluación de solvencia a los fiadores o garantes y no sólo al deudor.
Dejar claro que la tasación debe ser más independiente, dar mas relevancia a la figura del notario a la hora de firmar la hipoteca, fijar el reparto de los gastos entre el banco y el comprador así como apoyar la educación financiera por parte de las Comunidades Autónomas, son otros aspectos que los partidos deben consensuar.
Asimismo, las comisiones por reembolso anticipado total o parcial del préstamo, que el PDeCAT pide reducir al 2 % durante los 10 primeros años del crédito y al 1,5 % a partir de los 10 años de vida del préstamo.
Por otra parte, también analizarán si puede entenderse como inmuebles de uso residencial, los trasteros, garajes u otros elementos que sin constituir vivienda como tal cumplen una función doméstica.

Celaá anuncia una reforma de los “aspectos más lesivos” de la LOMCE antes de Navidad

MADRID.- La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros una reforma de los “aspectos más lesivos” de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular, antes de Navidad.

“Ahora mismo estamos ajustando redacciones alternativas de aquellos aspectos que nos parecieron que más vulneraban la igualdad de oportunidades y cuando lo tengamos nos pondremos a hablar con los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas y con otros agentes sociales”, ha detallado Celaá en el desayuno informativo organizado por Europa Press este martes 2 de octubre en el Hotel Villa Magna de Madrid.
Entre los artículos de la también conocida ‘ley Wert’ que el Gobierno pretende modificar se encuentra el 109.2, que introdujo el concepto de “demanda social” para el diseño de la escolarización en los nuevos desarrollos urbanísticos. 
“Vamos a buscar una reformulación de ese artículo”, ha detallado Celaá, desmintiendo que el cambio de este artículo pueda perjudicar a la educación concertada. “La escuela concertada quedará como está”, ha asegurado la ministra.
Por otro lado, la ministra ha anunciado que el Gobierno va a llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas cinco nuevas titulaciones de Formación Profesional (FP) de grado superior.
Serán titulaciones sobre aeronáutica, salud ambiental, prevención de riesgos profesionales, cuidados sanitarios y cultivos celulares.
Celaá ha aprovechado la presencia de empresarios en el desayuno informativo para decirles que cuentan con ellos para dar un “impulso estratégico” a la FP pues tenemos la mitad de alumnos matriculados en estos estudios que en la OCDE.
Se van a crear títulos “útiles para las empresas, atractivos para los alumnos y catalizadores de la economía española”, ha explicado la ministra, que ha calificado estos estudios de “opción de primera” y “opción de prestigio”. Asimismo, ha pedido a los empresarios que hagan buenos contratos a los titulados de FP.
Por otra parte, Celaá ha especificado que se va a alinear el marco español de cualificaciones de niveles no universitarios con el marco europeo y que este martes se presenta en Bruselas “la hoja de ruta” para dicho “alineamiento”, que completa el ya hecho con los estudios universitarios.

Los Franco piden honores militares para el entierro del dictador en La Almudena

MADRID.- La familia Francisco Franco confirmó hace unos días que enterraría al dictador en la cripta de la catedral de La Almudena si el Gobierno exhuma sus restos del Valle de los Caídos, según se desprende de las alegaciones presentadas al Real Decreto del Ejecutivo, aprobado por el Congreso de los Diputados. 

En el escrito de alegaciones que la familia Franco registró este viernes en el Ministerio de Justicia plantean hasta doce motivos que, a su juicio, justifican la paralización de la exhumación. Ahora, además de pedir que los restos de Franco (en caso de que se exhumen) se entierren en una cripta de la catedral de La Almudena, la familia del dictador ha pedido que el entierro se produzca con honores militares, con una gran ceremonia. 
 En cualquier caso, al Ejecutivo de Sánchez, la idea de que el dictador esté enterrado en la catedral de Madrid le horroriza porque teme que el templo se convierta en una atracción para los franquistas y también los turistas, dándole un lugar privilegiado que quiere evitar a toda costa.
Los nietos de Franco, según informa ‘El País’, citan un decreto de 2010 por el que se aprobó el reglamento de honores militares, que recoge la interpretación del “himno nacional completo, con arma presentada, una descarga de fusilería y la salva de cañonazos que corresponda” cuando se trate de honores fúnebres al Rey y su familia y los infantes de España, al presidente del Gobierno, al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y a los oficiales generales.
Al hilo de este asunto, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, manifestó este lunes que no puede oponerse a que los restos de Franco sean enterrados en la cripta de la catedral, al tiempo que ha subrayado que la Iglesia “acoge a todas las personas”.
“No tenemos inconveniente en acoger a nadie. La Iglesia ha sabido acoger siempre a todas las personas”, subrayó preguntado por la intención de la familia.
En este sentido, ha recordado que la familia tiene una propiedad en la cripta y ha especificado que la cripta es una parroquia y no la catedral. “Hay una propiedad de Franco y, naturalmente, como cualquier cristiano, tiene derecho a poder enterrarse donde ellos crean conveniente”, ha subrayado para añadir que, en cualquier caso, “no es un problema del Arzobispo ni de la Iglesia”.
Preguntado por la posibilidad de que su entierro en este lugar convierta la Catedral en un lugar de peregrinaje para visitar los restos de Franco, ha insistido en que eso en una cuestión entre el Gobierno y la familia.
Aparte de la familia Franco, la Fundación Nacional que lleva su nombre presentó también este lunes un escrito de alegaciones al proceso iniciado por el Gobierno para exhumar el cuerpo del dictador.
Fuentes de la fundación han señalado que se consideran “parte” y que desean “ejercer su derecho de petición”. No obstante, desconocen si finalmente podrán personarse ya que, como explican, en esta vía “prima la arbitrariedad política y no el derecho”.
Eso sí, avisan de que, de producirse una “denegación”, la fundación llevaría su acción a la vía contenciosa “contra el órgano gubernamental que se encarga de la tramitación” del real decreto ley que permitiría sacar los restos de Franco del Valle.

Detienen al presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé por presunta corrupción

BARCELONA.- Los Mossos d’Esquadra registran la Diputación de Lleida desde primera hora de este martes en una operación contra la corrupción. Según ha informado la policía catalana, además de la Diputación se realizan registros en otros edificios de la provincia de Lleida.

En la operación, según avanza La Vanguardia, han sido detenidos el presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, además de varios altos cargos de la corporación, de la sección de Conservación de Carreteras de la Generalitat y algunos responsables de empresas investigadas.
La investigación se inició por el presunto cobro de comisiones por parte de Reñé y otros altos cargos de la Diputación y estaría también relacionada con el pago de donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem, a cambio de recibir adjudicaciones en ayuntamientos gobernados este partido o con responsabilidades en organismos públicos de la Generalitat, ha informado el rotativo.

España recibe 10,2 millones de turistas, un 1,9% menos

MADRID.- España superó los 57,3 millones de turistas internacionales en los ocho primeros meses del año, lo que supone un aumento del 0,1% con respecto al mismo periodo de 2017, según los datos provisionales de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De enero agosto, el gasto de los turistas internacionales alcanzó los 62.230 millones de euros, con un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo de 2017, de acuerdo con la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) publicada también este martes por Estadística.
En agosto, España recibió 10,2 millones de visitantes internacionales, un 1,9% menos que el mismo mes de 2017, que realizaron un gasto total de 11.539 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,8% respecto al mismo mes de 2017.
El gasto medio por turista en agosto fue de 1.131 euros, con un repunte anual del 3,7%, mientras que el gasto medio diario creció un 10,7%, hasta los 139 euros. La duración media de los viajes de los turistas internacionales fue de 8,1 días, lo que supone un descenso de 0,6 días respecto a la media de agosto de 2017.
En lo que va de año, Reino Unido (con 12,9 millones de turistas extranjeros) se mantuvo como el primer mercado emisor pero registró un descenso del 2,9% respecto a los ocho primeros meses de 2017; le siguió Francia con cerca de 8,3 millones de turistas internacionales, prácticamente los mismos, y Alemania, con más de 7,7 millones de visitantes, un 5,8% menos.
Cataluña es el primer destino principal de los turistas extranjeros llegados a España en los ocho primeros meses del año, con más de 13,4 millones, un 2,7% menos que en el mismo periodo de 2017, seguida de Baleares, con casi 10,2 millones de visitantes (-0,8%), y de Canarias, con más de 9 millones (-3%).

El Gobierno llevará “por la vía urgente” la ley que obliga a las empresas a tener jefas

MADRID.- El Gobierno está dispuesto a llevar por la vía urgente su proposición de Ley de Igualdad laboral, registrada en febrero en el Congreso cuando el PSOE estaba en la oposición, para obligar a las empresas a "compartir y repartir el poder de decisión con las mujeres" de dichas empresas.

Así lo ha asegurado este martes 2 de octubre la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, durante el Forbes Summit Women, que ha inaugurado en Madrid.
Según indica Calvo, en España hay una ley de este tipo que “invita pero no obliga” a las empresas a exigir la presencia femenina en los lugares de poder y liderazgo. Además, ha recordado que este mismo lunes el Estado de California (Estados Unidos) tomó la decisión de exigir por ley la presencia de mujeres en los puestos de dirección, “siguiendo la estela de algunos países europeos”.
En el caso de España, Calvo ha señalado que, una vez aprobada esta ley, se pretende dar un periodo transitorio a las empresas para que se adapten a esta obligación.
En general, esta proposición de Ley –que según Calvo empezará “pronto” a tramitarse–, está dirigida a “afrontar de manera global todos los problemas de discriminación laboral de las mujeres”, como es el acceso al trabajo, la compatibilidad de la maternidad y el empleo o la corresponsabilidad de la vida personal y laboral, así como para resolver el “problema” de la brecha salarial.
“Esto no puede ser un asunto de debate, tiene que serlo de hechos y, por tanto, de soluciones normales en una sociedad democrática donde las mujeres trabajadoras necesitamos que las respuestas justas sean eficientes”, ha dicho.
La vicepresidenta del Gobierno justifica esta proposición de ley en que “la autorregulación funciona regular” en el caso de “ceder espacios de poder de influencia y de protagonismo por las buenas”, por lo que recalca la importancia de transformar las aspiraciones de la sociedad “en norma de obligado cumplimiento”.
En ese sentido, Calvo considera importante el liderazgo femenino en el ámbito empresarial, ya que las mujeres así “transforman imágenes que ayudan mucho a todas y que educan a todos, particularmente a los varones que en el siglo presente siguen pensando, por razones de comodidad, que las cosas pueden continuar así, que no hay nada que hacer ni decisiones que tomar”, cuando estas personas piensan que esta cuestión “lo resolverá el desarrollo natural de los acontecimientos”.
Además, considera que la toma de decisiones con presencia femenina son “mucho más inteligentes porque son mucho más realistas”, pues la realidad es que, según ha puesto de manifiesto, que más de la mitad de la población son mujeres.
Por ello, ha agradecido a las empresas que están dando “un giro de pensamiento radical” al plantearse la promoción y el trato equilibrado y justo del capital humano femenino que tienen y que ayuda a la igualdad entre hombres y mujeres. “Las empresas pueden ser más eficientes en su actividad si cuentan con la aportación de sus mujeres”, ha recalcado Calvo, que dice que se trata de una cuestión de “justicia” y “eficiencia”.
“El mundo está necesitado de la mirada de las mujeres. Necesitamos un mundo más equilibrado con nuestra aportación porque es nuestro, tenemos derecho a sentirlo como parte de nuestra genealogía histórica, de lo que hemos vivido las mujeres, de la experiencia vital distinta que tenemos de los hombres y porque tenemos derecho a aportar y tenemos derecho a que las sociedades democráticas se formateen en dirección, también, a lo que forma parte de nuestra manera de vivir la vida, de exigir que las cosas ocurran como a nosotras nos parece que son”, ha relatado.
Por otro lado, Calvo ha destacado el “dilema” que tienen las mujeres de tener que elegir entre dedicarse a una profesión con la intensidad que se requiere para alcanzar la satisfacción laboral o ser madre. “Es un dilema que las mujeres no tenemos por qué aceptar”, ha recriminado la vicepresidenta.
A su juicio, la maternidad no es un asunto privado sino “un asunto de capital mayúsculo para una sociedad” que ha de tratarse “con dimensión política, con responsabilidad democrática y con respuestas” que permitan a las mujeres tener unas condiciones de desarrollo personal que dejen de ser “tan difíciles, injustas e insoportables”.

Calviño pide tener en cuenta otros factores además del IPC para actualizar las pensiones

MADRID.- La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha defendido este martes la necesidad de tener en cuenta otros parámetros además del IPC para actualizar las pensiones y, entre ellos, ha enumerado la evolución demográfica, el nivel salarial de los trabajadores o la tasa de reposición, entre otros.

“Sobre el asunto concreto de las pensiones, yo siempre he dicho, y es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos sólo en un parámetro, como por ejemplo la actualización de las pensiones al IPC”, indicó la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).
En su opinión, es necesario analizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta “toda una serie de variables”, entre las que ha citado la evolución demográfica, el empleo, el nivel salarial, el número de años de cotización y las características y la tasa de reposición de las pensiones.
Así, ha subrayado que esta aproximación “holística” o “más amplia” es la que tiene el Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria que además de la de vincular la actualización de las pensiones al IPC, ha aprobado “otra serie de recomendaciones” que tiene en cuenta su sostenibilidad a medio y largo plazo.
“Es un terreno en el que es imprescindible garantizar unas pensiones dignas ahora, pero también garantizar que seguirán siendo dignas dentro de 20 o 40 años, y ese es el objetivo del Gobierno”, ha zanjado.

El paro sube en 20.441 personas con el fin del verano

MADRID.- La Seguridad Social ganó en septiembre una media de 22.899 afiliados (+0,1%), su tercer mejor dato en este mes desde el año 2000, hasta situarse el total de ocupados en 18.862.713 cotizantes, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Por su parte, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en septiembre en 20.441 desempleados respecto al mes anterior (+0,6%), su menor alza en este mes desde el ejercicio 2014.

En el último año, el número de cotizantes ha aumentado en 526.551 afiliados, a un ritmo del 2,87%, impulsados principalmente por el Régimen General, que ha sumado 489.743 trabajadores desde septiembre de 2017 (+3,2%), y por el Régimen de Autónomos, que ha ganado en el último año 37.398 afiliados (+1,1%), su mayor repunte de los tres últimos ejercicios.
Como suele ser habitual tras el fin de la temporada estival y el comienzo de la actividad escolar, la educación fue el sector donde más creció la afiliación en septiembre, con 53.308 ocupados, mientras que hostelería y comercio protagonizaron los mayores descensos al perder 39.227 y 31.963 ocupados, respectivamente.
En el noveno mes del año el Régimen General ganó 20.135 afiliados, un 0,1% más que en agosto, hasta un total de 15.539.604 cotizantes.
Por su parte, el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 4.395 ocupados en septiembre (+0,1%), su mayor repunte en este mes desde 2007, situándose el total de afiliados a este régimen en 3.253.670 trabajadores.
El Régimen del Mar registró 1.613 bajas en septiembre (-2,3%) y el Régimen del Carbón perdió 18 afiliados (-0,8%).
En el sistema especial agrario se ganaron 19.281 afiliados en septiembre (+2,7%), mientras que en el sistema especial del hogar se registraron 2.349 cotizantes menos (-0,57%).
En el último año, el número de cotizantes ha aumentado en 526.551 afiliados, a un ritmo del 2,87%, impulsados principalmente por el Régimen General, que ha sumado 489.743 trabajadores desde septiembre de 2017 (+3,2%), y por el Régimen de Autónomos, que ha ganado en el último año 37.398 afiliados (+1,1%), su mayor repunte de los tres últimos ejercicios.
Según los datos del Ministerio, las Administraciones Públicas ganaron 87.620 cotizantes de media el pasado mes de agosto (último dato disponible) en relación al mismo mes de 2017 (+3,6%), especialmente la Administración Autonómica (63.033 nuevos afiliados, +4,6%), seguida de la Estatal (+15.328, +4,8%) y de la Local (+9.259, +1,3%).

El paro sube, pero el dato es el mejor desde 2014

Por otro lado, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en septiembre en 20.441 desempleados respecto a agosto (+0,6%), su menor alza en este mes desde el ejercicio 2014.
Con este repunte, habitual tras el fin de la temporada estival, el volumen total de parados alcanzó a finales de septiembre la cifra de 3.202.509 desempleados, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de septiembre suele ser al alza, salvo en el periodo 2005-2007, cuando se registraron descensos. Así, en 20 de los 23 septiembres de la serie se registran aumentos del desempleo, frente a tres meses de retrocesos.
La subida de septiembre de este año, con la que se encadenan dos meses de aumentos consecutivos, es inferior a la registrada en 2017 (+27.858 desempleados), en 2016 (+22.801 parados) y en 2015 (+26.087 desempleados), pero supera ligeramente la experimentada en 2014, cuando el paro se incrementó en 19.720 desempleados.
En términos desestacionalizados, el paro bajó en septiembre en 19.398 personas.
En los últimos doce meses, el desempleo se ha reducido en España en 207.673 desempleados (-6,09%).
El paro se redujo en septiembre en agricultura (-8.437 desempleados), en construcción (-7.427 parados) y en industria (-2.415 desempleados), pero estos descensos no fueron suficientes para compensar la subida del desempleo en los servicios (+28.945 parados) y en el colectivo sin empleo anterior (+9.775), al que pertenecen muchos jóvenes que finalizan sus estudios.
El paro subió en septiembre en ambos sexos, aunque en mayor medida entre las mujeres. Así, el desempleo masculino se incrementó en 6.157 desempleados (+0,4%) y el femenino en 14.284 paradas (+0,7%), situándose el total de mujeres en paro en 1.889.358 y el de varones, en 1.313.151.
El desempleo subió en septiembre en once comunidades autónomas, lideradas por Andalucía (+12.021 parados), Extremadura (+3.640) y Asturias (+2.269), y bajó en seis, principalmente en Castilla-La Mancha (-5.196 desempleados), Canarias (-1.587) y La Rioja (-912 desempleados).
Por provincias, el paro bajó en 19 de ellas, encabezadas por Barcelona (-4.547 desempleados), Ciudad Real (-3.087) y Toledo (-1.662), y subió en 33, especialmente en Cádiz (+6.860 parados) y Málaga (+2.780 desempleados).
Por su parte, el número de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.952.397, cifra un 2% inferior a la del mismo mes de 2017.
En septiembre de 2018 se registraron 232.768 contratos de carácter indefinido, el 11,9% del total y la mayor cifra en este mes de la serie histórica, con un incremento del 20,8% sobre igual mes del ejercicio anterior. De este modo, la contratación indefinida acumula 56 meses consecutivos de alzas, según ha destacado Trabajo.
Dentro de los contratos fijos, 125.592 fueron a tiempo completo, un 19,8% más que en septiembre de 2017, y 107.176 fueron a tiempo parcial (+21,9%).
En el noveno mes del año se realizaron más de 1,7 millones de contratos de carácter temporal, de los que el 26,2% eran de obra o servicio a tiempo completo y el 23,8% eventuales por circunstancias de la producción, también con jornada completa. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial supusieron el 32,7%.

La Fiscalía no descarta actuar contra Quim Torra por instigar a los CDR a “apretar” más

MADRID.- La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este martes que el Ministerio Público actuará "con la contundencia debida" contra los autores de los actos violentos que tuvieron lugar este lunes en Cataluña durante el aniversario del referéndum ilegal del 1-O pero ha advertido de que es "prematuro hablar" de si se acusará al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por sus manifestaciones alentando a los CDR.

Así lo ha dicho a los medios de comunicación tras su intervención en la Apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar, que se ha celebrado en la sede del Tribunal Militar Central, que ha sido presidido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al ser preguntada si la Fiscalía prevé actuar en contra los actos que –según ha dicho– “desgraciadamente quebrantaron la convivencia de todos los catalanes”.
Asimismo con respecto a Torra, Segarra ha descartado entrar a valorar sus declaraciones y ha explicado que “es muy prematuro hablar de ninguna acusación” y comparar con los hechos por los que el Tribunal Supremo ha procesado a los líderes independentistas por el delito de rebelión, ya que aún no se ha formulado el escrito de acusación contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los otros 24 procesados.
En ambos casos, la fiscal general del Estado ha insistido en que hay que esperar a que los Mossos d’ Esquadra elaboren los atestados sobre lo ocurrido en Barcelona y Gerona para valorar si estos sucesos encajan en el Código Penal. “La Fiscalía actuará por supuesto con la contundencia debida”, ha subrayado.
En caso de que la Fiscalía abriera una investigación a Torra por sus manifestaciones alentando a los CDR, el Código Penal contempla en su artículo 557 penas de seis meses a tres años de prisión por incitar a realizar actos de violencia, aunque no haya resultado. 
Así lo recoge el mencionado artículo:
Art. 557.2.– Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.
Art. 557.1.– Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión.
La fiscal general se ha pronunciado en la misma línea sobre la votación que ha tenido lugar en el Parlament de Cataluña para que los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo tras su procesamiento por el ‘procés’ puedan designar un sustituto. Aunque ha admitido que no ha tenido “ocasión de conocer todavía las actuaciones que se están desarrollando”, ha advertido de que se “reaccionará si es necesario”.
“Evidentemente lo hemos hecho a lo largo de todo el año pasado y reaccionaremos si es necesario cuando se produzcan resoluciones que quebranten el orden constitucional y estatutario”, ha dicho Segarra.

Exteriores convoca otra vez al embajador belga por las críticas a España

MADRID.- El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación convocó la semana pasada, por segunda vez en pocos días, al embajador de Bélgica en España, Marc Calcoen, para protestar de nuevo después de que el presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, se ratificase en sus críticas a España, según fuentes diplomáticas.

Exteriores había convocado al diplomático belga el jueves 20 de septiembre para protestar por una carta que Peumans escribió a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la que afirmaba que el Gobierno español no cumple "las condiciones para ser parte de una Unión Europea democrática".
En esa ocasión, Calcoen trasladó a las autoridades españolas que "la política exterior de Bélgica la decide el Gobierno federal y no el señor Peumans".
 Sin embargo, cuando esta noticia se conoció, el 26 de septiembre, el presidente de la Cámara flamenca se ratificó en sus críticas. De hecho, difundió un comunicado en el que decía que su carta era "a título personal" pero que el contenido estaba respaldado por una resolución sobre Cataluña adoptada en 2017 por el Parlamento flamenco.
Eso motivó una segunda convocatoria del embajador Calcoen por parte del departamento que dirige Josep Borrell.
Fuentes del Ministerio de Exteriores belga consultadas hoy se han limitado a recordar las palabras de hace una semana, en el sentido de que la política exterior la fija el Gobierno federal y no el presidente del Parlamento de Flandes.
En su carta a Forcadell, Peumans afirmaba que en el último año, "las cosas han ido a peor para la democracia en Cataluña".
 "La violencia usada durante las elecciones fue solo la expresión más atroz de la política antidemocrática", decía, y añadía que mantener detenidos a políticos independentistas es "un acto todavía más insidioso".
La respuesta del Gobierno español, también por carta del encargado de negocios de la Embajada española en Bélgica, fue tajante: "Que un responsable político de una región de un país de la UE se manifieste desde su puesto institucional insultando a un país amigo y aliado como es España al afirmar que no cumple los requisitos para formar parte de la UE y --sobre todo-- faltando a la verdad, es no ya un gesto inamistoso, sino francamente hostil".

Felipe González: "Hay que saber si hay un diálogo que conduzca a algo"

ZARAGOZA.- El expresidente del Gobierno Felipe González se ha preguntado este martes si el diálogo con los independentistas conduce a algo cuando sólo les interesa hablar de la autodeterminación "sí o sí" y de la destrucción de la integridad territorial de España.

De visita en Zaragoza, Gonzáles ha señalado que ve al Ejecutivo de Pedro Sánchez intentando "distender, hacer un esfuerzo de diálogo". Y aunque piensa que es "mejor" el diálogo por el diálogo que el enfrentamiento por el enfrentamiento, ha advertido de que también "hay que saber si hay un diálogo que conduzca a algo".
González opina que los independentistas catalanes, "encabezados por Torra", se hallan en "una especie de posición binaria" en la que "es difícil que haya una negociación". Y percibe que sólo quieren hablar de la "autodestrucción" de la integridad territorial de España y de autodeterminación "sí o sí", sin interesarles lo demás, partiendo de la base de que "nadie va a tocar las competencias".
El exlíder socialista ha manifestado su "preocupación" tras haber visto, este lunes, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, como si fuera "el presidente de los CDR, contra su obligación, que es presidir a la Policía Autonómica y mantener el orden público".
"Era más el líder de los CDR que el presidente de los catalanes, incluyendo a los Mossos d'Esquadra, que están a sus órdenes", ha señalado.
Sobre el posible apoyo de los independentistas catalanes a los Presupuestos Generales del Estado de 2019, Felipe González ha dicho que no tiene "ni idea" de cuáles son las motivaciones que pueden llevarles a apoyar o rechazar los PGE, pero sí ha opinado que hay "cosas que son imposibles o disparatadas", como es "ligar el voto a los PGE con interferir en el poder judicial".

Apoyo a Llarena

Por otra parte, ha manifestado todo su apoyo "al esfuerzo que hace el juez Pablo Llarena", instructor de la causa del 'procés', porque sobre sus hombros, y no le corresponde, pesa nada más y nada menos que la defensa del Estado democrático de Derecho y la integridad" territorial de España, lamentando que "una cierta dejación, durante un año, de la política le ha colocado en esa situación".
González ha apuntado que ahora se siente "más solidario con él, independientemente de que tenga criterios distintos respecto de los delitos de rebelión y sedición", ha continuado el expresidente, quien ha aseverado que Llarena es "un gran magistrado y un gran instructor" que ha sido "indecentemente atacado por los que no respetan ni la independencia del poder judicial ni la jefatura del Estado y a la vez piden respeto para ellos", para los políticos independentistas encarcelados.

Artículo 155

A González le llama la atención que "antes nadie quería aplicar" el artículo 155 de la Constitución "y ahora todos creen que hay que aplicarlo". Ha considerado que "tienen que dialogar más entre las fuerzas políticas y reflexionar seriamente", observando que "hace un año y medio, cuando el Gobierno de Rajoy llamó a un PSOE muy enfrentado políticamente con el Gobierno, cuando se trató de una cuestión de Estado, se sentó a hablar y llegaron a acuerdos".

Ha sugerido "que la posición no cambie, se esté en el Gobierno o en la oposición, para hablar de este tema" y "si es posible llegar a acuerdos en cómo se trata".
Ha afirmado que "difícilmente se podría afirmar categóricamente" que fuera necesario aplicar hoy el 155. Al tiempo, ha manifestado que a su juicio "hubiera sido oportuno, después de haber intentando lo que no se intentó, avanzar políticamente, aplicar el 155 cuando el entonces presidente Artur Mas convocó un referéndum o una consulta hace muchos años".
Ha opinado que "si entonces se hubiera hecho, algunas de las derivadas que estamos viviendo se hubieran evitado porque hubiera sido la última razón para evitar una evidente deslealtad institucional como la que estamos viendo".
González ha argumentado lo siguiente: "Yo era el que era siempre condenado a las penas del infierno cuando decía que el 155 era un artículo tan constitucional como los demás y llamaba a la responsabilidad política, no a ampararse debajo de las togas para resolver problemas políticos".
"Nadie quería entenderme durante años", pero "antes hubiera sido más oportuno aplicarlo" porque "garantiza que la descentralización política propia de un Estado autonómico federal no se transforma en una desagregación o centrifugación del poder creando reinos de taifas".
Este artículo garantiza, ha referido, "que el juego de la descentralización política tiene un elemento de compensación, que es la lealtad institucional, para mantener esa cohesión entre todos los ciudadanos".
Respecto a las líneas rojas traspasadas, el expresidente ha expresado que no sabe cuáles son todas y que las más graves de las traspasadas en este periodo histórico son las del 6 y 7 de septiembre del año pasado, cuando la mayoría simple nacionalista aprobó en el Parlamento catalán las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, "saltándose absolutamente el Estatuto de Autonomía y la Constitución".
Ha hecho notar que "cambiar una ley electoral en Cataluña era imposible porque exigía dos tercios y cambiar un artículo del Estatuto de Autonomía era difícil porque necesitaba dos tercios, pero derogar la Constitución y el Estatuto en un solo acto se hizo el 6 y 7 de septiembre".
"Digamos que esas fueron todas las líneas rojas traspasadas de una vez y lo demás son consecuencias".
Felipe González ha expuesto que "tenemos un debate político muy a ras de suelo, por el nivel, y problemas institucionales importantes, serios, y también estructurales del futuro de nuestra economía".
Y ha apostado por superar, aunque le parece "imposible", la costumbre según la cual "cuando las cosas van bien la responsabilidad es nuestra y cuando van mal es de otros".

El porcentaje de mujeres directivas se congela en España en el 27%

MADRID.- El número de mujeres directivas en España se ha congelado en 2018 en el 27 %, el mismo dato que en 2017, con lo que se pone freno al lento avance registrado en los últimos siete años.

No obstante, el porcentaje de empresas que no tienen ninguna mujer al mando se ha reducido del 22 al 20 %.
Estas son las dos principales conclusiones del informe de Grant Thornton 'Women in Business: ¿cumplir o liderar?', presentado este martes en Madrid en el marco de la jornada 'Liderazgo femenino en la empresa española', organizada por Forbes.
Entre los 35 países analizados, el informe sitúa a España en el puesto 23 de los más avanzados en liderazgo femenino y concluye que "en comparación con la evolución europea y global en este tema España no puede considerarse como un rezagado, pero el clima de estancamiento y lenta evolución es claramente preocupante".
En el mundo, la proporción de empresas sin participación de mujeres en la alta dirección ha descendido del 34 al 25 %, mientras que el porcentaje de puestos directivos ocupados por mujeres ha pasado del 25 al 24 % en el último año.
El presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez, ha destacado que el avance de la mujer en puestos directivos registrado en los últimos siete años -5 puntos- no está dando "los resultados esperados".
Por ello, se ha planteado "otros escenarios" de solución, como la posibilidad de introducir cambios legales que obliguen a las empresas porque en ocasiones "la norma va por delante de la sociedad".
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido que la presencia de mujeres en puestos de liderazgo de las empresas no sea un asunto de "debate", sino una exigencia que vendrá plasmada en la ley de igualdad laboral que ya se ha registrado en el Congreso.
En esta proposición de ley se establece, según ha indicado Calvo, la obligación legal de las empresas a repartir el poder de decisión con las mujeres, para lo cual se dará un periodo transitorio de adaptación.
"España se va a incorporar a los países del mundo que deciden que esto no puede ser un asunto de debate, sino de hechos, de soluciones normales en una sociedad democrática donde la mujeres necesitamos que las respuestas justas sean también respuestas eficientes", ha agregado.
La ley busca además afrontar "de manera global" los problemas de discriminación laboral y la corresponsabilidad de la vida laboral y personal.
La ministra de Igualdad ha remarcado que hay que resolver el problema de la brecha en el salario y ha recordado que España está en una estadística media de discriminación salarial de las mujeres en relación a Europa, de entre el 15 y el 27 %.
Los altos puestos de dirección "no se escapan" de esta brecha, ha indicado Calvo, quien ha indicado que en estos cargos es incluso mayor.

El Gobierno censura a Torra por alentar a "los radicales"

MADRID.- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este martes su actitud al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por alentar a los radicales a asediar las instituciones y le ha advertido de que "la violencia no es el camino".Sánchez se ha referido de esta forma en un mensaje en su cuenta de Twitter a las palabras de Torra este lunes apoyando a los CDR con motivo del aniversario del 1-O y a los incidentes ocurridos en las calles.

"La política catalana tiene que volver al Parlament. El president Torra debe cumplir con sus responsabilidades y no poner en riesgo la normalización política alentando a radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes. La violencia no es el camino", ha escrito el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha dicho que no le parece que el presidente catalán, Quim Torra, "llamara a la violencia", pero le ha responsabilizado de haber agitado a la calle con su arenga a los CDR para que siguieran "apretando" por la independencia.

"No parece que haya llamado a la violencia, pero al llamar para seguir con la causa, tuvimos personas muy agitadas en la calle, que recibieron la represión debida", ha señalado Celaá, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, sobre los disturbios de ayer en Barcelona en el primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

Celaá, que ha admitido que Torra alentó a los violentos, ha recordado que los "sucesos más graves ocurrieron por la noche, cuando los cuando mossos tuvieron que parapetarse en el Parlament".

Tras afirmar que esa agitación en la calle tiene que "calmarse" y que las fuerzas independentistas "no tienen la solución para Cataluña", ha defendido que la solución pasa por "encontrar un territorio común de autogobierno, donde podamos reunir fuerzas nacionalistas y no nacionalistas". 

A su juicio, en el mundo independentista hay "personas razonables" y "capaces de percatarse de que la Cataluña cosmopolita y libre dentro de una España autonómica bien acomodada es la que puede progresar más".

Convencida de que la situación en Cataluña está "mejor que hace un año", ha abogado por "hacer política lo suficientemente inteligente como para incorporar contradicciones dentro del corpus independentista".

En esa línea, ha constatado que existe una "fractura" entre las fuerzas independentistas catalanas y esto es lo que puede permitir que esas "personas razonables" del independentismo se incorporen a la búsqueda de "soluciones políticas".

El Govern se desmarca


La consellera y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha dejado claro este martes que no avalan los actos violentos de anoche en Cataluña en el primer aniversario del 1 de octubre y ha admitido que esas acciones no ayudan "en absoluto" al movimiento soberanista, aunque ha puntualizado que son minoritarias.

En una entrevista en TV3, Artadi ha afirmado que la "mayoría" de acciones de conmemoración del 1-O fueron "pacíficas y familiares", pero que hubieron "acciones puntuales" en tres puntos, dos en Barcelona y uno en Gerona, según ha dicho, que "acabaron con más o menos tensión".

Pese a que "la mayoría del movimiento independentista" no es violento, ha admitido que esas acciones "minoritarias" que sí lo son "desvirtúan un movimiento pacífico", aunque tampoco hay que "magnificarlas".

En todo caso, " lo que vimos este lunes es nuevo y no ayuda en absoluto", ha remachado la consellera, en alusión a los altercados de anoche que obligaron a los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra a actuar.

Preguntada por las palabras de este martes por la mañana del presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentado a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) a seguir "apretando", Artadi ha dejado claro que el presidente catalán "no avala" la violencia acaecida durante el aniversario. 

En este sentido, ha matizado que cuando el presidente catalán anima a "apretar" significa que quiere que los ciudadanos estén "movilizados" y sean "exigentes", pero sin uso de la violencia.

"Una cosa es apretar y la otra es ser violento. La gente -en referencia al movimiento independentista- aprieta desde 2012 y no es violenta", ha añadido.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern ha dejado claro que "en absoluto" se plantea la dimisión del conseller del Interior, Miquel Buch, y ha defendido el dispositivo policial, ya que "aguantó bien y no se desbordó". 


El Gobierno rechaza el ultimátum de Torra: "No tiene que esperar a noviembre"

MADRID.- La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado este martes que el Ejecutivo "no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo" en Cataluña, y ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "distensión y calma".

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Celaá ha respondido así a la advertencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha avisado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no presenta antes de un mes una propuesta para un referéndum, el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso".
El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta, se la damos ahora mismo, y es: "Autogobierno y no independencia, convivencia y no independencia".

Torra retirará su apoyo en el Congreso a Sánchez en un mes si no propone un referéndum

BARCELONA.- El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de que si no presenta "antes de noviembre" una propuesta para "facilitar el derecho de autodeterminación" de Cataluña, el independentismo "no podrá garantizarle ninguna estabilidad en el Congreso".

El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no presenta antes de un mes una propuesta para "un referéndum pactado, vinculante y reconocido internacionalmente", el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso".
Durante su intervención ante el pleno en el inicio del debate de política general en el Parlament, Torra ha dicho que "la paciencia de Cataluña no es infinita y el margen de Pedro Sánchez se ha acabado", por lo que hoy enviará al jefe del Ejecutivo central una carta pidiéndole una reunión "lo antes posible" para "negociar".
En este sentido, ha retado al presidente español a tomar "compromisos concretos y valientes" y a dejar las "amenazas y las vaguedades", y ha subrayado que si no ofrece "antes de noviembre" una propuesta sobre "cómo quiere facilitar el ejercicio de autodeterminación", el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso de los Diputados".
"Ofrecemos negociación al Estado, y a la comunidad internacional directamente una mediación, por si la propuesta de un referéndum pactado, vinculante y reconocido internacionalmente abre la vía de solución a la gravísima crisis actual", ha afirmado.
Pero, al mismo tiempo, ha recalcado que no quiere "volver a escuchar a Sánchez hablar de diálogo si no se ejerce y tampoco si no se concreta con claridad".
El presidente catalán ha lamentado que Sánchez le haya acusado de "poner en riesgo la normalización política animando a los radicales a asediar a las instituciones democráticas": "Quiero recordarle -ha respondido Torra- que quien pone en riesgo la normalización política es su Gobierno manteniendo presos políticos y exiliados e impidiendo el derecho de autodeterminación de Cataluña. Pues basta".
Para el mandatario catalán, el gobierno de Cataluña ha sido "muy paciente con el tripartito del 155" y "más paciente de lo que exigía la ciudadanía que hace un año defendió la democracia".
De hecho, ha considerado que el Estado y su "deriva autoritaria y represiva" son los "máximos responsables de la tensión en las calles", por lo que ha opinado que "a todos nos interesa resolver un conflicto político que no se debería haber producido nunca en estos términos de cárcel y exilio, persecución judicial y violencia policial".
"Quien se piense que todo esto nos hará retroceder es que no conoce la determinación y la fuerza que nos hace saber que siempre estaremos al lado de la democracia, la libertad y la paz", ha dicho.
Por otro lado, Torra ha instado al presidente del Gobierno a retirar las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional sobre leyes sociales catalanas -la gran mayoría interpuestas por el anterior Ejecutivo del PP- y ha avisado de que, si no lo hace, comenzará el proceso para volver a aprobar esa normativas en el Parlament.
Ha recalcado a Sánchez que "la solución no es un nuevo Estatut" y ha recordado así la experiencia de la anterior reforma estatutaria y el "apoyaré" que pronunció en su momento en Cataluña el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
En este sentido, ha subrayado que no renunciará "nunca al mandato del 1-O": "El derecho a la autodeterminación no me pertenece a mí, sino al pueblo y es un derecho inalienable que tiene".

Los Mossos justifican las cargas del 1-O por la "violencia de una minoría"

BARCELONA.- El director general de los Mossos, Andreu Martínez, ha justificado este martes las cargas que protagonizaron este lunes los Mossos d'Esquadra contra algunos "grupos radicales" de independentistas porque se habían "agotado las vías de mediación" y se tenía que garantizar la seguridad ante "actuaciones violentas".

"Si no hay actuación violenta, la policía no actúa. Esa es nuestra máxima", ha asegurado en rueda de prensa en la comisaría de Les Corts de Barcelona, donde ha subrayado que la intervención del "orden público" durante el aniversario del referéndum del 1 de octubre fue "operativa y no política", además de "ajustada" a cada caso.
Por otra parte, Martínez ha desvinculado a los Comités de Defensa de la República (CDR) de los intentos de asaltar el Parlament al término de una manifestación en Barcelona para conmemorar el 1-O, porque estos desconvocaron la concentración a las 21.38 horas a través de Twitter, y las actuaciones violentas se produjeron después.
El director de la Policía catalana ha comparecido después de que en los últimos días el cuerpo haya sido objeto de críticas por varias cargas contra independentistas, las últimas ayer cuando dispersaron a concentrados en Girona, frente a la Jefatura Superior de Policía en la Via Laietana de Barcelona y frente al Parlament, al que grupos de independentistas querían acceder por la fuerza.
Martínez ha sostenido que desde el pasado sábado día 29, cuando grupos de independentistas intentaron impedir una manifestación de Jusapol y ya se enfrentaron a los Mossos, han detectado "un cambio de actitud" en una "minoría" de manifestantes y, en este sentido, ha apuntado que ayer se "identificaron claramente grupos radicales que buscaban la confrontación" y que alteraron el "pacífico desarrollo" de las manifestaciones.
"En este fin de semana se ha producido esta alteración. Durante muchos años, pero sobre todo en el último, desde el 1-O, no se habían producido manifestaciones con estos grupos que intentan alterar el normal transcurso de la manifestación", ha indicado.
El director de los Mossos ha negado "improvisación" a la hora de planificar el despliegue policial de la jornada del 1-O, como han denunciado los sindicales policiales, y ha asegurado que, por el contrario, se movilizó al triple de equipos de orden público de los que se activan en un acto de "alto riesgo" como un partido de Champions.
Pese a descartar dimisiones "hacia abajo" por lo sucedido, Martínez ha precisado que esta misma mañana se está celebrando una "reunión operativa" donde se analizará lo sucedido para dirimir responsabilidades si hace falta.
Parte de su comparecencia se ha centrado en el dispositivo que se desplegó ayer con motivo de la manifestación que culminó frente al Parlament.
El director de la Policía ha sostenido que la marcha tenía sentido desde el punto de vista "reivindicativo" y ha subrayado que en otras ocasiones ha habido concentraciones en frente de la cámara catalana que han transcurrido de forma "pacífica y democrática".
En el caso de la manifestación de este lunes, ha continuado, siguió este patrón pacífico hasta el final, cuando se decidió "dispersar" a un grupo "minoritario" de manifestantes tras constatar que "tenían la voluntad de superar la confrontación y acceder al Parlament", que es "la casa de todos", y después de reiterados avisos.
Asimismo, ha rehusado valorar si las palabras que pronunció ayer por la mañana el presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentando a los CDR a "apretar" pudieron incidir en lo que pasó por la noche.
El director de los Mossos también ha justificado la presencia de agentes de seguridad ciudadana con cascos frente al Parlament porque eran unidades de "apoyo" a las que se ordenó que se situaran "pegados a la fachada" del edificio por "prevención" cuando se empezó a detectar la intención de los manifestantes de forzar el retroceso del cordón policial.
Durante las cargas de este lunes se produjeron 43 heridos y no se practicó ninguna detención.

La Fiscalía del Supremo estudia una querella del ultraderechista 'Vox' sobre la tesis de Pedro Sánchez

MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo estudia ya la querella del partido ultraderechista Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pronunciarse sobre si procede o no abrir una investigación penal por un posible delito de falsedad documental por su tesis doctoral.

Fuentes jurídicas han informado hoy que el Ministerio Público ha recibido ya la querella del partido, una vez que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio traslado de la misma para que emita un informe que, sin embargo, no es vinculante para la Sala.
Una vez que reciba el informe, la sala de admisión tendrá que decidir si abre causa o no contra el presidente del Gobierno.
Vox presentó hace dos semanas una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno por un posible delito de falsedad documental por su tesis doctoral, así como por prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias por "promocionar" profesionalmente a su mujer, Begoña Gómez.
Según señaló el partido en un comunicado, la formación quiere que se esclarezca en sede judicial si la tesis de Sánchez "es o no fraudulenta" y la querella se fundamenta en las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación que indican "claros indicios de falsedad documental" en este trabajo doctoral.
Y también la supuesta responsabilidad de Sánchez ante los "indicios" de que el presidente del Gobierno ha usado su poder político e institucional para conseguirle a su mujer un puesto de trabajo en la Fundación Instituto de Empresa, una vez firmado con la Casa Árabe un convenio de colaboración junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Vox justificó la querella porque "no resulta admisible que el mismo presidente del Gobierno dedique el poder político e institucional que ostenta para promocionarse él mismo y promocionar a otras personas cercanas".

El Parlament no suspende a los diputados procesados pero avala que deleguen

BARCELONA.- El pleno del Parlament de Cataluña ha rechazado este martes la suspensión de seis diputados procesados por el Tribunal Supremo -pese a las protestas de Ciudadanos, PSC y PPC-, aunque, en cambio, ha avalado que puedan delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario, solución que ya apuntaba el juez Pablo Llarena.

Tras resolver unos problemas técnicos con el nuevo sistema de votación desde los escaños, JxCat, ERC, los comunes y la CUP han unido sus votos en el primer punto del dictamen elevado al pleno por la comisión del Estatuto de los Diputados, para rechazar por mayoría absoluta la suspensión como diputados de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva.
En cambio, el segundo punto del dictamen, que permitía a los diputados suspendidos por el Supremo ceder temporalmente sus funciones mientras no se resuelva su situación procesal, se ha aprobado por mayoría simple sólo con los votos de JxCat, ERC y los comunes, ya que la CUP ha votado en contra, mientras que Ciudadanos, el PSC y el PPC no han querido participar en la votación.
Para evitar conflictos jurídicos, JxCat y ERC habían renunciado a que los diputados procesados ejercieran este martes el voto por delegación.
Este hecho era intrascendente en el caso del primer punto, porque los comunes y la CUP han unido sus votos a JxCat y ERC para rechazar por mayoría absoluta la suspensión de los seis diputados independentistas, un rechazo más simbólico que efectivo, porque en la práctica, con el segundo punto aprobado, estos diputados no ejercerán a partir de ahora sus funciones sino que las delegarán.
La votación de este segundo punto había generado controversia, ya que no podía alcanzarse la mayoría absoluta -68 votos-, puesto que la CUP no estaba dispuesta a aceptar que el Parlament avale que los diputados suspendidos por el Supremo cedan temporalmente sus funciones a otro miembro de su grupo parlamentario, porque eso implica acatar de facto la vía propuesta por el juez Pablo Llarena.
Sin embargo, justo antes del pleno se ha reunido la Mesa del Parlament -donde JxCat y ERC disponen de cuatro de los siete miembros- y ha avalado que el pleno pudiese aprobar por mayoría simple que los diputados suspendidos por el Supremo cediesen sus funciones mientras no se resuelva su situación judicial.
Así, en esta votación, JxCat, ERC y Catalunya en Comú Podem han sumado 66 votos a favor, frente a los 4 en contra de la CUP, lo que ha permitido aprobar este punto por mayoría simple, de manera que Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull (JxCat), Junqueras y Romeva (ERC) mantienen su acta de diputado aunque a partir de ahora delegarán su voto y sus derechos parlamentarios en un miembro de su grupo.
La votación se ha desarrollado en un hemiciclo con bancadas vacías, ya que los 36 diputados de Ciudadanos y los 4 del PPC se han ausentado en señal de protesta, mientras que los 17 del PSC han permanecido en sus escaños pero no han votado.
Tanto el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, como el portavoz adjunto del PSC, Ferran Pedret, y el diputado del PPC Santi Rodríguez han recriminado a las fuerzas independentistas sus "contradicciones".
Más allá de alertar de que el Parlament no puede votar si acepta o no una suspensión de diputados, que es "automática" porque ha sido decidida por un juez, Carrizosa ha argumentado que si la cámara rechaza suspenderlos, luego no los puede "sustituir" a través de una delegación de funciones.
Una argumentación parecida ha utilizado Pedret, que ha considerado "incongruente" aprobar la sustitución de los seis diputados procesados sin reconocer antes su suspensión.
Presenciando el pleno desde la tribuna de invitados se encontraba Marcela Topor, la esposa de Carles Puigdemont, a quien posteriormente el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha invitado a su despacho.
Esta tarde, Torra intervendrá ante el pleno en el inicio del Debate de Política General que tendrá lugar desde hoy y hasta el jueves en el Parlament.

El Consejo Escolar pide un máximo de horas lectivas del profesorado

MADRID.- El Pleno del Consejo Escolar del Estado ha aprobado hoy por mayoría un informe en el que recomienda al Gobierno que establezca un máximo de 23 horas lectivas para los docentes de los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial de toda España y de 18 horas para Secundaria.

Es uno de los puntos recogidos por el máximo órgano consultivo del Estado en materia educativa en su informe al anteproyecto del Gobierno por el que quieren revertir los recortes aprobados por el PP en 2012.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asistido al comienzo del acto para defender el anteproyecto y, según portavoces de varios sindicatos de docentes, ha dado la mano uno a uno a los más de 70 asistentes, algo que "no es habitual" en estas reuniones.
El Gobierno quiere revertir las medidas que permitían aumentar las ratios de alumno por aula y el número de horas lectivas de los docentes así como esperar diez días para poder sustituir a los docentes funcionarios de baja.
Su anteproyecto de ley de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que ahora cuenta con el informe preceptivo del Consejo Escolar (no es vinculante), será llevado de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley y después al Congreso para su debate.
El Pleno del Consejo Escolar sugiere también en su informe que haya "una homogeneización" en el número de horas de clase de los docentes para evitar desigualdades entre el profesorado.
"Siendo la carga lectiva del profesorado un criterio que determina la calidad de la enseñanza que se quiere dar al aplicar el currículo establecido en la legislación vigente, esta carga lectiva ha de ser la misma para todos los docentes", según este órgano.
El establecimiento de "un máximo" de horas lectivas no está recogido en el anteproyecto del Gobierno, que deja en manos de las comunidades la reversión de los incrementos de la jornada lectiva en los centros públicos.
Asimismo, el Consejo quiere que en el texto del Gobierno se fije que la sustitución del profesorado de baja se realice de "manera inmediata" una vez surja la necesidad.
En la votación de las enmiendas al texto del Consejo, solo ha salido adelante hoy la defendida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y referida a que en casos de profesores de Educación Especial la sustitución inmediata se haga con personal especializado.

Torra dinamita el diálogo y Sánchez debe convocar elecciones / Pablo Sebastián *

El presidente de la Generalitat Quim Torra ha dado un ultimátum al Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez para que convoque en Cataluña un referéndum de autodeterminación antes del mes de noviembre. 

Lo que él sabe que es absolutamente imposible por lo que se pone punto final al diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. El que sorprendido por el anuncio de Torra insiste en reanudar el diálogo a fin de ganar tiempo y evitar el adelanto de unas elecciones generales que parecen imparables.

Torra, que el lunes animó a los CDR a ‘apretar’ en sus revueltas callejeras contra el orden público, donde ya se habían producido actos de violencia que luego llegaron hasta las mismas puertas del Parlament, ha incurrido en un presunto delito de desorden público (artículo 557 del Código Penal), y ha promovido en el Parlament (con ERC y PDeCAT) la desobediencia al Tribunal Supremo en contra de la suspensión inmediata de los diputados procesados según el auto del juez Llarena del Supremo.

Estamos en la reanudación del golpe de Estado catalán de 2017 y ante un fracaso estrepitoso del presidente Sánchez que apostó por el diálogo con los golpistas y su primer dirigente, el fascista Torra. Fracaso que le obliga a Sánchez a la convocatoria urgente de elecciones generales tal y como lo anunció días atrás desde Nueva York cuando -temeroso de lo que urdía Torra- declaró que en caso de reanudarse el conflicto catalán él convocaría elecciones.

El presidente Sánchez ha hecho un ridículo espantoso al apostar por el diálogo con los golpistas, y con él fracasan Iglesias desde Podemos y Urkullu del PNV que se sumaron a la estrategia del ‘diálogo’ en la creencia de que el PDeCAT y ERC iban abrir un tiempo de diálogo y normalización en Cataluña. Lo que dinamitó Torra, como fácilmente era previsible y de acuerdo con Puigdemont que es quien dirige la orquesta golpista y que, tras engañar a Sánchez, ha conseguido desestabilizar al Gobierno español.

Y lo ha hecho Puigdemont después de conseguir que varios ministros del Gobierno de Sánchez criticaran a fiscales y jueces por proponer y decidir la prisión preventiva de los golpistas catalanes procesados por la gravedad de los delitos y el claro riesgo de fuga. 

Además, desde el PSOE, se prometió indultos a los golpistas si son condenados -que lo serán-, y también desde el Gobierno de Sánchez se criticó la actuación de las fuerzas de seguridad que durante el pasado referéndum ilegal del 1-O y siguiendo órdenes del juez intentaron impedir la celebración del referéndum.

Es decir Sánchez y su Gobierno han actuado de una manera lamentable contra la Justicia, la democracia y a favor del golpismo catalán con el solo objetivo de intentar que Sánchez permaneciera en el Gobierno hasta 2020 sin adelantar las elecciones generales que ahora debe convocar. Y además en medio del escándalo de varios ministros de su Gobierno (dos cesados y dos por caer), con la economía decreciendo y sin Presupuestos para 2019, máxime después de la última declaración de Torra.

Pero Sánchez se ha encerrado en el búnker de la Moncloa y desde allí ha enviado a su inefable portavoz Celaá a decir, fuera de la realidad y sin querer escuchar él ultimátum de Torra, que el diálogo con la Generalitat se puede reconducir. Cuando la verdad es otra y nos acerca a la necesidad de volver a aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución que solicitan PP y C's, y que por ahora excluye y demoniza la portavoz Celaá.

Situación toda esta que nos recuerda el discurso del rey Felipe VI de hace un año exigiendo la restauración en España del orden constitucional. Un tiempo en el que los partidos constitucionales españoles estaban unidos y que ahora Sánchez ha conseguido romper en su empeño de diálogo y pacto con el golpismo lo que Torra y Puigdemont acaban de dinamitar.


(*) Periodista y editor de www.republica.com