lunes, 22 de octubre de 2018

"Es inaudito y aberrante que el Supremo revise el fallo sobre los gastos de la hipoteca", dice la OCU



MADRID.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado de "inaudita y aberrante" la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia de la Sala de lo Contencioso que establece que la banca, y no sus clientes, deben pagar el impuesto de actos jurídicos al firmar una hipoteca.

Mientras se aclara la situación, la OCU recomienda en un comunicado a los que han pagado el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) desde el 23 de octubre de 2014, y antes de que se cumplen cuatro años de este pago, que reclamen la devolución de estos gastos.

Además, expresa su preocupación porque la incertidumbre creada "por la marcha atrás del Tribunal Supremo" (en la imagen) afecte a los que están pensando en suscribir una hipoteca en la actualidad y advierte a los usuarios que no firmen contratos de arras vinculados a la concesión de hipotecas y que prolonguen el plazo pactado con el vendedor para la firma de la escritura.
A juicio de la Organización, con estos "inaceptables vaivenes judiciales" se corre el riesgo de desacreditar el prestigio de nuestro país por la falta de seguridad jurídica y recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha corregido al Tribunal Supremo en ocasiones anteriores y que es posible que vuelva a hacerlo si se dictan sentencias contrarias a principios generales básicos.
Por ello, pide al Consejo General del Poder Judicial que abra una investigación sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender la sentencia del pasado 16 de octubre para rendir cuentas a los ciudadanos.

ERC ve el estado de derecho "tocado de muerte" por el caso de las hipotecas

BARCELONA.- La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido hoy sobre la polémica abierta en torno al Tribunal Supremo por su sentencia sobre las hipotecas, que "el estado de derecho está tocado de muerte" en España, y se ha preguntado "quién manda realmente" y si los jueces recibieron alguna llamada de los bancos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, su portavoz, Marta Vilalta, ha cuestionado "la salud democrática del Estado español" con un aparato judicial "capaz de transformar una sentencia trascendente como la de los impuestos de las hipotecas en un sólo día".
"¿Quién manda realmente en el Estado español?", se ha preguntado la portavoz republicana. Porque "lo ocurrido con esta sentencia es un ejemplo de la falta de libertad de los jueces, pero hay muchos más, y la causa contra el independentismo es el más flagrante de todos", con "una persecución judicial de líderes políticos".
Después de recordar "decisiones judiciales totalmente desafortunadas y contrarias al sentido común, como la de 'la manada', o las cláusulas suelo, con una gran repercusión social, Vilalta ha lamentado que "se están cargando el estado de derecho y los derechos fundamentales".
En su opinión, se puede llegar al extremo de que los tribunales dicten sentencias a medida, y de que "los bancos hayan sido capaces de interceder para hacer variar" una de ellas.

Los notarios creen que es mejor seguir adelante con la firma de hipotecas

MADRID.- El Consejo General del Notariado ha aconsejado hoy a estos profesionales y a sus clientes que sigan adelante con la firma de hipotecas, pero dejando constancia de que aún no está claro quién tendrá que hacer frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

A la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se reúna de nuevo el próximo 5 de noviembre para decidir si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del citado impuesto, desde el Consejo General del Notariado explican que este aviso se incluye en una nota remitida hoy a los cerca de 3.000 notarios que ejercen en toda España.
Los notarios deben informar a sus clientes del contenido de la sentencia conocida el pasado jueves, pero también deben advertirles claramente de que hasta que no se conozca la decisión definitiva del Supremo, "no es posible determinar" quién debe ser el sujeto pasivo del impuesto, es decir, si es el banco o el cliente el que debe pagarlo.
Por lo tanto, explican las fuentes, "es lógico" que los notarios sigan autorizando las escrituras que ya estaban previstas, teniendo en cuenta la citada advertencia, aunque recuerda que quienes tienen que tomar la decisión final son las partes, es decir, la entidad y el cliente.
Asimismo, el Consejo General del Notariado recuerda que quienes vayan a firmar una hipoteca disponen de un plazo de 30 días para pagar el impuesto.

Unidades móviles de control de fronteras refuerzan los puertos de Santander y Bilbao


SANTANDER.- Dos unidades móviles de control de fronteras de la Brigada de Respuesta contra la Inmigración Clandestina (BRIC) van a intensificar la seguridad de los puertos de Bilbao y Santander, infraestructura esta última en la que también se instalará una valla de cuatro metros de altura.

El jefe superior de Policía de Cantabria, Héctor Moreno, ha presentado hoy las dos unidades móviles que trabajarán conjuntamente en los puertos de Santander y Bilbao; mientras que el presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González, ha explicado en declaraciones a los periodistas que el proyecto de instalar la valla es una medida de seguridad que sigue en pié, con independencia de que se vaya a reforzar la protección policial.
Héctor Moreno ha explicado que para contrarrestar la presión migratoria que están sufriendo los puertos de Santander y Bilbao se han incorporado "a la zona Norte" dos de las diez unidades móviles con que cuenta la BRIC en España; y Jaime González ha indicado que la valla de cuatro metros es "de difícil escalabilidad y tiene cierta opacidad", dejando claro que "no tiene ninguna concertina".
"Compartimos los recursos porque la problemática es la misma en ambos puertos", ha declarado Héctor Moreno, subrayando que aunque Bilbao y Santander sean "dos escenarios diferentes", tienen "las mismas estructuras detrás".

La PAH ve una "vergüenza suprema" que el TS revise el fallo sobre impuestos a la hipoteca

BARCELONA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que "provoca vergüenza suprema" la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia de la Sala de lo Contencioso que establece que la banca, y no sus clientes, deben pagar el impuesto de actos jurídicos al firmar una hipoteca.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se reunirá hoy con los magistrados que dictaron la sentencia en un encuentro de carácter interno para analizar la situación creada tras el fallo y confirmar o no la jurisprudencia creada, por su fuerte impacto económico y social.

El pasado jueves, una sentencia de la Sala de lo Contencioso determinó que debe ser la entidad financiera, y no el cliente, quien se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra del criterio de otra sentencia del Supremo, de febrero de este año, que consideró que el pago debe recaer en el cliente.
Ante la avalancha de críticas y el desplome de la cotización de los bancos, el alto tribunal anunció el viernes que paralizaba con carácter urgente todos los recursos planteados y que la decisión definitiva se tomaría en el Pleno del tribunal, formado por una treintena de magistrados.
En un comunicado, la PAH ha asegurado hoy que "la legitimidad del Tribunal Supremo está en entredicho una vez".
"No es la primera vez que el TS opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen", ha criticado la PAH, que ha recordado que cuando la Sala de lo Civil en mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2016 el que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma de la hipoteca.
Según la PAH, la Sala de lo Contencioso-Administrativo "ha venido dictando últimamente sentencias progresistas, a diferencia de la de lo Civil", como la de diciembre de 2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio o la de julio de este año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos.
"Los poderes económicos han debido hartarse ya y han decidido presionarla para impedir que hagan Justicia, y conseguir que sigan haciendo su justicia", ha opinado la PAH, que ha denunciado "esta decisión sin precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el criterio de los de la Sección Segunda".
"Para nosotros -añade la nota de la PAH- no es nuevo tener que sufrir a una Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e inflexible con los débiles".

'Gestha' cree que pueden reclamarse 3.631 millones por el impuesto de hipotecas

MADRID.- Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes por el impuesto asociado a las hipotecas en los últimos cuatro años, que es el periodo no prescrito, una cantidad que podrían reclamar si finalmente el Tribunal supremo decide que son los bancos quienes tienen que abonarlo.

En un comunicado, Gestha detalla que las hipotecas firmadas entre octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal y por tanto aquellas en las que es posible el recurso ante las haciendas autonómicas por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.
Además, otros 13,4 millones de hipotecados -los que firmaron sus contratos entre enero de 2003 y septiembre de 2014- podrían reclamar a los bancos por la vía judicial otros 25.657 millones de euros abonados por este concepto.
El presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, se reunirá hoy con los magistrados que el pasado jueves dictaron la sentencia que establecía que la banca, y no sus clientes, debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.
Gestha explica en el comunicado que si finalmente el Supremo mantiene que los bancos paguen este impuesto, las reclamaciones de los últimos cuatro años deben dirigirse a las haciendas autonómicas, ya que se trata de un impuesto cedido.
A partir de ese momento, las haciendas autonómicas realizarán un procedimiento de comprobación tributaria y notificarán una liquidación espejo a la entidad financiera correspondiente, a la que exigirán el mismo importe y los intereses de demora.
En el caso de las hipotecas firmadas hace más de cuatro años, los técnicos han solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear, lo que constituye un proceso "más farragoso, largo y costoso".

Las ventas de la industria suben el 5,9 % en agosto y los pedidos el 7,7%

MADRID.- La industria española facturó en agosto el 5,9 % más que en el mismo mes de 2017, mientras la entrada de pedidos creció el 7,7 %, con lo que ambos indicadores encadenaron cinco meses en positivo.

En el octavo mes del año, el crecimiento de la cifra de negocios bajó casi 4 puntos respecto a julio (9,8 %), en tanto que la entrada de pedidos avanzó 2 puntos (5,7 %), según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Corregidos los efectos estacionales y del calendario (diferencia de días hábiles), la facturación de la industria subió el 5,8 % en España (23 meses al alza) y los pedidos lo hicieron en el 7,5 % (25 meses en positivo).
De vuelta al índice original, en el acumulado de los ocho primeros meses del año las ventas han aumentado el 6 % y las nuevas comandas el 5 %.
Por sectores, en el mes de agosto elevaron sus ventas los de energía (36,6 %), bienes de equipo (5,6 %) y bienes intermedios (5 %), mientras que la facturación de los fabricantes de bienes de consumo descendió el 0,7 %.
Por destino geográfico, las exportaciones a países de fuera de la zona euro despuntaron el 5,3 % y las dirigidas a mercados que comparten la moneda única, el 4,6 %. En el mercado nacional, el incremento de la facturación fue del 6,6 %.
Por comunidades autónomas, la cifra de negocios aumentó en todas, salvo en Canarias (-5,1 %), La Rioja (-3,3 %), Cantabria (-0,7 %) y Baleares (-0,6 %).
Los incrementos más abultados fueron para Navarra (28,3 %), Murcia (14,3 %) y Comunidad Valenciana (9,8 %).
En cuanto a la entrada de pedidos, en bienes de consumo retrocedió el 0,1 %, mientras que en bienes de equipo subió el 14 %, en bienes intermedios el 4,5 % y en energía el 36,5 %.
Los pedidos procedentes de fuera de la zona euro prácticamente se mantuvieron, con un avance de sólo el 0,3 %. Por contra, los correspondientes a países del euro aumentaron el 11,3 % y los del mercado interior el 8,2 %.
Por comunidades, la entrada de nuevas comandas repuntó en trece y bajó en cuatro.
Los mayores crecimientos se dieron en Navarra, con una subida del 41,8 %, y Murcia, con un avance del 15,8 %. El otro lado de la tabla lo ocuparon Canarias (-8,8 %), Galicia (-1,8 %), Baleares (-0,7 %) y La Rioja (-0,6 %).

Estrasburgo publica este martes un fallo que podría liberar a decenas de presos etarras

ESTRASBURGO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) publica el próximo martes un fallo que podría dejar en libertad a varios presos de ETA si estima que a sus condenas se les debe restar el tiempo de pena que ya cumplieron en Francia. Los demandantes son Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros -en libertad desde el pasado agosto-; Alberto Plazaola Anduaga; y Francisco Múgica Garmendia, Pakito.

Según informaron hoy fuentes de la Corte europea, hay más de 30 casos pendientes con demandas similares de presos de ETA que han cumplido condena en Francia y ahora lo hacen en España.
Santi Potros, condenado en Francia a 10 años de cárcel, fue entregado en 2010 a España, donde fue sentenciado a más de 3.000 años de prisión por once procedimientos penales, entre ellos el atentado contra el Hipercor en 1987.
Tras el fallo del TEDH en el caso de la etarra Inés Del Río Prada, que derogó la llamada “doctrina Parot”, Arróspide pidió contabilizar su pena francesa en España.
La Audiencia Nacional de España, que había fijado en 30 años la duración máxima de su pena, lo aceptó y ordenó su puesta en libertad, pero la Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo, que sentenció que no había que tener en cuenta la pena cumplida en el país vecino.
Plazaola y Pakito también cumplieron condena en Francia y fueron extraditados a España. El primero fue juzgado por un atentado cometidos en 1987 y el segundo, por varios atentados y asesinatos perpetrados entre 1987 y 1993.
Ambos siguieron los pasos de Santi Potros: primero la Audiencia Nacional aceptó que la pena en Francia contabilizara en la condena máxima en España, pero el Tribunal Supremo anuló esa decisión y el Constitucional rechazó sus recursos de amparo.
Los tres demandantes recurrieron a la Corte europea en 2016 y alegaron el derecho de acceso a un tribunal, ya que la inadmisión de sus recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional “les privó de ese derecho”.
También denunciaron “la aplicación retroactiva de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo y de una ley que entró en vigor años después de su condena” y que prolongaba la duración efectiva de sus penas.
En su demanda invocaron los artículos 6.1 (Derecho de acceso a un tribunal), 7 (No hay pena sin ley) y 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia de Sala del martes próximo será dictada por 7 jueces y no será firme, ya que las partes podrán solicitar al Tribunal de Estrasburgo la revisión del caso por la Gran Sala de 17 jueces.

El PP quiere reprobar a Zapatero en el Senado por su papel en Venezuela

MADRID.- El PP del Senado ha planteado una moción para reprobar las gestiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela en los últimos años, porque a su juicio sólo han servido para "fortalecer al régimen totalitario de Maduro", pero el PSOE va a solicitar a la Mesa de la Cámara que no la admita a trámite porque es "ajena a las funciones" del Senado la reprobación del un expresidente.

Los ‘populares’ han llevado la iniciativa a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, donde tiene asegurada la aprobación dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. En la moción se reprueban las gestiones de Zapatero, se le “exhorta” a abandonarlas y se insta al Gobierno a sumarse a las pronunciamientos del Parlamento Europeo, de la Organización de Estados Americanos, del Grupo de Lima y otros contra la “represión, violación de derechos humanos, supresión de libertades y ocupación de instituciones” del Estado que han llevado a Venezuela a la grave crisis que vive.
Los socialistas por su parte entienden que la reprobación del expresidente no entra dentro de las finalidades que pueden tener las mociones del Senado, según el artículo 174 del Reglamento de la Cámara, por lo que han presentado un escrito para que la Mesa del Senado reconsidere la admisión a trámite de la iniciativa.
“A día de hoy, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero no ejerce cargo público alguno: es un ciudadano que, en pleno ejercicio de la autonomía de su voluntad, está intentando ayudar a resolver una situación crítica por la que pasa un país amigo, función que realiza en nombre propio, no en representación de ninguna institución del Estado”, dicen los socialistas en el escrito.
El portavoz del PSOE, Ander Gil, ha dicho por su parte que la solución a Venezuela no es “la reprobación improcedente” de Zapatero y ha añadido que cada vez son más las voces que admiten que hay que negociar “con el chavismo gobernante y el no gobernante también, para buscar una salida desde el perdón y la concordia”.

España registró el mayor déficit y la sexta deuda pública más elevada de la UE en 2017

LUXEMBURGO.- España registró el mayor déficit público (3,1 % de su PIB) y la sexta mayor deuda pública (98,1 % del PIB) entre los países de la Unión Europea (UE) en 2017, informó este lunes Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, a partir de la segunda provisión de datos facilitada en 2017 por los países.

Solo dos Estados miembros de la Unión, Portugal (3%) y España, anotaron un déficit público igual o superior al 3% del PIB en 2017, mientras que trece países marcaron superávit en el mismo ejercicio.
Eurostat no realizó ajustes a la cifra de déficit española de 2017 que publicó el pasado mes de abril, por lo que reconfirma el cumplimiento del objetivo, pues el indicador se situó en el 3,1 % del PIB, la cifra pactada con Bruselas para el pasado ejercicio.
En cuanto a la deuda pública, hasta quince Estados miembros superaron la tasa del 60 % del PIB, por lo que situaron este indicador por encima de la marca fijada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de los Veintiocho.
Únicamente Grecia (176,1 % de su PIB), Italia (131,2 %), Portugal (124,8 %), Bélgica (103,4 %) y Francia (98,5 %) registraron una deuda pública superior a la española (98,1 %), que Eurostat revisó a la baja frente a los datos publicados en su primera notificación de 2017 (dos décimas porcentuales menos frente al 98,3 %).
Por contra, las tasas de deuda pública más bajas de la UE se registraron en Estonia (8,7 %), Luxemburgo (23 %), Bulgaria (25,6 %) y República Checa (34,7 %).
En comparación con 2016, el déficit público de los Veintiocho cayó del 1,7 % al 1 % y la deuda descendió del 83,3 % al 81,6 %, mientras que en la zona euro las bajas fueron del 1,6 % al 1 % en el caso del déficit y del 89,1 % al 86,8 % para la deuda.

El sector servicios encadena 60 meses al alza en facturaciones

MADRID.- El sector servicios registró un aumento de su facturación del 8,1% el pasado mes de agosto en relación al mismo mes de 2017, su mayor alza desde mayo del año pasado, según datos provisionales publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa, con la que los servicios encadenan ya 60 meses de ascensos interanuales, es dos décimas superior a la registrada en julio (7,9%).
Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios aumentó un 7,6% en tasa interanual en agosto, seis décimas más que en julio y también su valor más elevado desde mayo de 2017.
Los datos del INE reflejan que el empleo en el sector servicios creció en el octavo mes del año un 2,2% en tasa interanual, la misma tasa que en julio. Con este repunte, el sector suma ya 53 meses de crecimiento interanual de la ocupación.
En términos mensuales (agosto sobre julio) y eliminado el efecto de calendario y la estacionalidad, la facturación del sector servicios aumentó un 1,3%, frente al recorte del 0,1% del mes anterior y el repunte del 0,8% experimentado un año antes.

Las ventas del comercio suben

El comercio presentó el pasado mes de agosto un aumento interanual de su facturación del 9,7%, mientras que los otros servicios avanzaron un 5,2%.
El incremento de la facturación del comercio se debió al avance en un 26,5% de la venta y reparación de vehículos, al incremento en un 10,4% de las ventas del comercio mayorista y a la subida en un 3,3% de la facturación del comercio minorista.
Dentro de los otros servicios, las ventas aumentaron en todos los sectores. El mayor repunte correspondió a actividades profesionales, científicas y técnicas (+12,7%), seguidas de transporte y almacenamiento (+6,4%); información y comunicaciones (+3,7%); actividades administrativas y servicios auxiliares (+3%), y hostelería (+1,4%).
En cuanto a la ocupación, el empleo en el sector servicios registró el pasado mes de agosto un crecimiento interanual del 2,2%, gracias, sobre todo, a los avances de la ocupación en las actividades administrativas (+3,9%); información y comunicaciones (+3,6%), y transporte y almacenamiento y venta y reparación de vehículos, donde el empleo creció un 2,7% en ambos casos.
En tasa mensual, el empleo en los servicios retrocedió un 0,5%, tras descender la ocupación en los otros servicios un 0,6% y la del comercio, un 0,3%.

Tasas positivas en todas las CCAA

El pasado mes de agosto todas las comunidades autónomas presentaron avances interanuales en la cifra de negocios del sector servicios.
Los aumentos más importantes se registraron en Madrid (+14,4%), Aragón (+12,4%) y País Vasco (+9,9%), mientras que los menores se dieron en Baleares (+1,9%), Andalucía (+4,3%) y Murcia (+4,4%).
En cuanto al empleo, también todas las comunidades presentaron en el octavo mes del año tasas interanuales positivas respecto al mismo mes de 2017. Aragón y Baleares fueron las regiones donde más aumentó la ocupación, con tasas del 3% y del 2,9%, respectivamente, mientras que la que menos empleo creó fue Asturias (+0,7%).

El Constitucional avala que el Estado fije cuotas en la enseñanza de las lenguas

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha desestimado un conflicto de competencias entre comunidades y Gobierno central planteado por el Ejecutivo vasco respecto a lo que consideraba una “injerencia” del Estado en varias cuestiones del desarrollo curricular de Primaria de la Lomce, entre ellas el tratamiento que recibe la asignatura de euskera en esta etapa educativa. 

Según informa este lunes ‘El Mundo’, el Alto Tribunal ha rechazado las alegaciones del Gobierno vasco y concluye que, aunque son las comunidades las que tienen las competencias educativas, la demanda “parte de una premisa que no puede sostenerse, conforme a la doctrina constitucional, como es que la comunidad autónoma es la única competente para regular la enseñanza de la lengua cooficial”. 
Así, en cualquier caso, el Estado está autorizado a fijar unos mínimos, incluso aunque se trate del euskera u otro idioma.
El Ejecutivo vasco alegaba que no estaba de acuerdo con el real decreto de de 2014 que contemplaba lo que se estudia en Primaria y que señalaba que “la lengua cooficial recibirá un tratamiento análogo al de la lengua castellana” porque cree que es la comunidad la que regula la presencia del euskera y es el Estado el que se limita a garantizar el cumplimiento del castellano.
La otra frase impugnada señalaba que la prueba de euskera en sexto de Primaria “se realizará de forma simultánea al resto de las pruebas que componen las evaluaciones finales” de esta etapa educativa, pero el Ejecutivo autonómico consideraba que el Estado también se extralimitaba porque “es a la comunidad autónoma a la que corresponde determinar si la evaluación se realiza mediante una prueba final de la asignatura, una evaluación de configuración mixta, o una evaluación transversal”. 
En pocas palabras, el Gobierno vasco no era partidario de hacer una evaluación externa o reválida como lo determina la Lomce.
El Constitucional no le da la razón al Gobierno vasco en nada. Respecto a la primera cuestión, concluye que el currículo estatal “no incurre en la vulneración competencial” porque “contiene una previsión mínima” acerca del tratamiento de Lengua Cooficial y Literatura en relación con Lengua Castellana y Literatura.
En la segunda cuestión, el Constitucional razona que el redactado es correcto porque “se trata de una regulación que forma parte de la competencia estatal en relación con esta prueba en tanto que pretende garantizar su carácter único, esto es, la evaluación final individualizada”.
El pasado febrero, el Alto Tribunal tumbó el mecanismo contemplado en la Lomce para estudiar en castellano en Cataluña por invasión competencial. En concreto, anuló los artículos por los que el Gobierno obligaba a la Generalitat a pagar ayudas para garantizar a las familias que lo solicitasen los estudios en castellano.

Alemania pide a España y a sus socios europeos que dejen de vender armas a Arabia Saudí

BERLÍN/MADRID.- El ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, ha dicho este lunes que su Gobierno quiere que sus socios europeos, entre ellos España, también suspendan la venta de armas a Arabia Saudí en protesta por la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado saudí en Estambul. 

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez evita adoptar por ahora la línea dura de Berlín y no cuestiona las diferentes versiones oficiales de Riad, distanciándose así de Francia, Alemania y Reino Unido. Esa posición se debe, entre otras cosas, a la venta de armamento de España a Arabia Saudí, asunto que se debatirá este martes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Al día siguiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparecerá en el hemiciclo para explicar el polémico contrato de armas con la monarquía saudí.
Las autoridades saudíes han dado diferentes y contradictorias versiones sobre lo que le sucedió al periodista Khashoggi desde que accedió al Consulado el 2 de octubre hasta que han admitido que el reportero murió dentro de la legación diplomática. Este domingo, el ministro de Exteriores saudí, Adel al Jubeir, aseguró que el asesinato del periodista fue “un grave y enorme error” y trató de desvincularlo del príncipe heredero, Mohamed Bin Salman.
También el domingo, la canciller alemana, Angela Merkel, anunció que su Ejecutivo dejará de vender armamento a Arabia Saudí mientras se mantenga la incertidumbre sobre la muerte del periodista saudí crítico con el régimen.
Altmaier, un cercano aliado de Merkel, ha dicho que las explicaciones de las autoridades saudíes sobre el caso no han sido hasta el momento suficientes. “El Gobierno está de acuerdo en que no aprobaremos más exportaciones de armas por el momento porque queremos saber qué pasó”, ha afirmado el titular de Economía, en declaraciones a la cadena de televisión ZDF.
Hasta 2018, el Ejecutivo alemán había aprobado exportaciones de armas por valor de más de 400 millones de euros destinadas a Arabia Saudí, lo que convertía al país en su segundo mayor comprador tras Argelia. Ante la pregunta de si Alemania dará marcha atrás en los contratos de armas ya firmados con las autoridades saudíes, el ministro de Economía alemán ha afirmado que se tomará una decisión al respecto “muy pronto”.
“Porque solo si todos los países europeos están de acuerdo se logrará causar impresión en el Gobierno en Riad. No tendrá ninguna consecuencia positiva si nosotros paramos las importaciones de armas pero otros países al mismo tiempo llenan ese vacío”, ha explicado.
Destacados líderes políticos alemanes emplazaron este fin de semana al consejero delegado de Siemens, Joe Kaeser, para que no asista esta semana a una conferencia de inversores convocada en Arabia Saudí.

La postura de España

España se desmarcó pronto, el sábado, de la línea más dura de sus socios europeos. El Ejecutivo de Sánchez habló de consternación y se unió al llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que los responsables de “estos gravísimos hechos” respondan ante la justicia tras “una investigación exhaustiva y transparente”, pero optó por renunciar a la contundencia y a la condena más enérgica contra el país árabe.
Este lunes, el Gobierno de Sánchez ha apelado a la prudencia y a esperar al resultado de la investigación sobre la muerte del periodista para tomar cualquier decisión al respecto. Fuentes del Ejecutivo remiten a la comparecencia que tendrá el próximo miércoles en el Congreso el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que informe en ella de si se prevé mantener la venta de armas a Arabia Saudí tras el asesinato de Khashoggi.
El jefe del Ejecutivo dará cuenta el miércoles ante el pleno del Congreso de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado la pasada semana en Bruselas y comparecerá a petición de Podemos y ERC para que dé explicaciones sobre la autorización de exportación de armas a Riad. Una petición realizada después de que el Gobierno decidiera seguir adelante con la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser pese a que el Ministerio de Defensa había avanzado que se cancelaría. Este asunto recobra actualidad ante la polémica por la respuesta de la comunidad internacional después del asesinato de Khashoggi’.
Y es que, Moncloa, pese a la evidencia de los hechos, no quiere dar un paso en falso. La venta de material de defensa y las exportaciones a Arabia Saudí son un problema. Y aún está muy presente el frustrado anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de paralizar un contrato de venta de 400 bombas láser de precisión por el riesgo de que fueran usadas en la guerra de Yemen y la posterior rectificación ante el miedo a una crisis diplomática y otra interna. Porque cancelar la operación ponía también en peligro el contrato de Arabia Saudí para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia, cuyos trabajadores protagonizaron una oleada de protestas.
En la posición de España también influye por ejemplo, entre otros intereses comerciales, que fuese un consorcio hispanosaudí el que se adjudicase el contrato del AVE a la Meca por 6.736 millones de euros en 2011 y cuya obra fue inaugurada este mes.
Antes del anuncio de Merkel, Alemania, Reino Unido y Francia ya habían coincidido en señalar en una nota conjunta que la versión que había aportado Arabia Saudí sobre la muerte del periodista requería estar respaldada por “hechos” para ser considerada “creíble”.
En un primer momento, Riad afirmó que el periodista había abandonado vivo la oficina diplomática en Estambul, rechazando las acusaciones de que fue asesinado allí.
Sin embargo, hace dos días la Fiscalía de Arabia Saudí señaló que Khashoggi murió en una pelea accidental dentro del consulado, aunque no especificó qué ocurrió con su cuerpo.
El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Adel Al Jubeir, calificó este domingo la muerte del periodista como “un terrible error” pero insistió en que su gobierno no conoce los detalles y sigue investigando lo sucedido.
“Desafortunadamente, se cometió un grave error y les aseguro que los responsables pagarán por ello”, agregó el ministro, en la primera intervención pública de un alto cargo saudí desde que el reino reconoció la muerte del periodista, de quien no se tiene ninguna noticia desde que el pasado día 2 entró al consulado de su país en Estambul para hacer unos trámites. “Lo mataron en el consulado. No sabemos los detalles de cómo. No sabemos dónde está el cuerpo“. Estamos decididos a descubrir cada detalle… Estamos decididos a castigar a los responsables de este asesinato”, aseveró.
Además, calificó el asesinato del periodista como una “operación encubierta” y una “aberración”, y negó que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, haya estado involucrado de algún modo o tuviese información al respecto.

PSOE, PP y C's cierran filas con el Gobierno para mantener la venta de armas a Riad

MADRID.- El Gobierno, así como PP, PSOE y C's rechazan incumplir los acuerdos con Riad y apelan a la prudencia a la espera de que se aclare en los próximos días el asesinato del periodista en el consulado saudí en Estambul. Moncloa asegura que el Gobierno fijará su postura en la comparecencia de Sánchez este miércoles en el pleno del Congreso respecto a vender o no vender armas a Arabia Saudí. 

El Gobierno español se mostró el fin de semana "consternado" por las informaciones de la Fiscalía de Arabia Saudí sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, en Turquía, y dio "su más sincero pésame" a sus familiares y allegados. Sin embargo, más allá de eso, evitó adoptar una línea dura contra el país y no cuestiona las diferentes versiones oficiales de Riad, distanciándose así de Francia, Alemania y Reino Unido. 
Esa posición se debe, entre otras cosas, a la venta de armamento de España a Arabia Saudí, asunto que se debatirá este martes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. 
Al día siguiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparecerá en el hemiciclo para explicar el polémico contrato de armas con la monarquía saudí. Mientras, PSOE, PP y Ciudadanos (C's) apuestan por mantener los acuerdos con Riad hasta que se aclare el caso Khashoggi, Podemos ha exigido al Gobierno este lunes que España deje de vender armas a la teocracia asesina de Arabia Saudí.
Al igual que Iglesias, otros dirigentes de Podemos ha incrementado su presión al Gobierno para que cese la venta de armas. “Las instituciones de nuestro país no pueden ser amigas de presuntos asesinos de periodistas”, ha asegurado el secretario de Organización ‘morado’, Pablo Echenique, en otro mensaje publicado en Twitter. Echenique ha aprovechado además su mensaje para pedir al Rey que solicite “a sus íntimos amigos” de este país “que permitan una investigación a fondo” sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Jashogi.
En este sentido, ha afirmado después, en declaraciones a TVE, que “no se entiende” que la Casa Real tenga “una relación de estrecha amistad con este tipo de regímenes”, al que se ha referido como una “teocracia asesina”. 
“No le hace bien a la democracia de nuestro país y a la Corona tener una relación tan estrecha con este tipo de dictaduras teocráticas”, ha apostillado el secretario de Organización de Podemos.
El PSOE, por su parte, ha expresado su apoyo a la “prudencia” del Gobierno, en su decisión de esperar al resultado de la investigación sobre la muerte de Khashoggi para tomar cualquier decisión al respecto, incluida una eventual paralización de la venta de armas. 
Tras subrayar que dicha investigación debe producirse de manera “urgente”, la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo de Sánchez, una vez que conozca las conclusiones, actuará “en beneficio de los intereses de España”.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que el PP cumpliría los acuerdos adquiridos en materia de venta de armas con Arabia Saudí, a la espera de ver cómo evoluciona la crisis por la muerte de Khashoggi. “Cumpliría los compromisos adquiridos, sobre todo en Navantia, y esperaría a ver como evoluciona, estamos ante un caso que merece ser investigado”, ha explicado, añadiendo que no “tomaría decisiones precipitadas”.
En la misma línea, la portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este lunes al Gobierno que denuncie la “violación de derechos humanos” en Arabia Saudí pero, al mismo tiempo, mantenga la “seguridad jurídica” y no rescinda los contratos de venta de armas a este país. 
Ante la muerte violenta de Khashoggi, España debería “defender sin matices los derechos humanos” y sumarse a una “respuesta conjunta” a nivel europeo junto a Alemania, Reino Unido y Francia. Hasta el momento, el Ejecutivo de Sánchez “se está quedando muy atrás”, ha añadido. 
Pero la respuesta “también debe ser conjunta en otros ámbitos”, según Arrimadas, que ha destacado que “a día de hoy en todos los países se está respetando la seguridad jurídica de los contratos” y se están limitando a “exigir más información” a las autoridades saudíes sobre cómo murió Jashogi.

El Gobierno fijará su postura este miércoles

Después de que la canciller alemana, Angela Merkel, haya anunciado que suspende la venta de armas a ese país a consecuencia del asesinato del periodista, fuentes del Gobierno han apelado a la prudencia ante la posibilidad de que se pueda actuar de la misma forma y han emplazado a esa comparecencia de Sánchez.
El jefe del Ejecutivo dará cuenta el miércoles ante el pleno del Congreso de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado la pasada semana en Bruselas y comparecerá a petición de Podemos y ERC para que dé explicaciones sobre la autorización de exportación de armas a Arabia Saudí. Una petición realizada después de que el Gobierno decidiera seguir adelante con la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser pese a que el Ministerio de Defensa había avanzado que se cancelaría. Este asunto recobra actualidad ante la polémica por la respuesta de la comunidad internacional después del asesinato de Khashoggi’.
Sánchez ha visitado este lunes la factoría de Renault en Valladolid y, al término del acto, los periodistas han intentado que explicara si el Gobierno tiene intención de adoptar alguna medida. Pero el presidente del Gobierno no ha hecho declaraciones a los informadores.
PSOE, PP y C's han coincidido este lunes en apelar a la prudencia y esperar al resultado de la investigación sobre la muerte del periodista en el Consulado saudí en Estambul  para tomar cualquier decisión al respecto.

Los intereses económicos de España

España se desmarcó pronto, el sábado, de la línea más dura de sus socios europeos. El Ejecutivo de Sánchez habló de consternación y se unió al llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que los responsables de “estos gravísimos hechos” respondan ante la justicia tras “una investigación exhaustiva y transparente”, pero optó por renunciar a la contundencia y a la condena más enérgica contra el país árabe.
Y es que, Moncloa, pese a la evidencia de los hechos, no quiere dar un paso en falso. La venta de material de defensa y las exportaciones a Arabia Saudí son un problema. Y aún está muy presente el frustrado anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de paralizar un contrato de venta de 400 bombas láser de precisión por el riesgo de que fueran usadas en la guerra de Yemen y la posterior rectificación ante el miedo a una crisis diplomática y otra interna. 
Porque cancelar la operación ponía también en peligro el contrato de Arabia Saudí para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia, cuyos trabajadores protagonizaron una oleada de protestas.
En la posición de España también influye por ejemplo, entre otros intereses comerciales, que fuese un consorcio hispanosaudí el que se adjudicase el contrato del AVE a la Meca por 6.736 millones de euros en 2011 y cuya obra fue inaugurada este mes.
Hay que recordar que la canciller alemana, Angela Merkel, anunció este domingo la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí porque no podía hacerse en las actuales circunstancias tras la muerte de Khashoggi.
Antes del anuncio de Merkel, Alemania, Reino Unido y Francia ya habían coincidido en señalar en una nota conjunta que la versión que había aportado Arabia Saudí sobre la muerte del periodista requería estar respaldada por “hechos” para ser considerada “creíble”.
En un primer momento, Riad afirmó que el periodista había abandonado vivo la oficina diplomática en Estambul, rechazando las acusaciones de que fue asesinado allí.
Sin embargo, hace dos días la Fiscalía de Arabia Saudí señaló que Khashoggi murió en una pelea accidental dentro del consulado, aunque no especificó qué ocurrió con su cuerpo.
El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Adel Al Jubeir, calificó este domingo la muerte del periodista como “un terrible error” pero insistió en que su gobierno no conoce los detalles y sigue investigando lo sucedido.
“Desafortunadamente, se cometió un grave error y les aseguro que los responsables pagarán por ello”, agregó el ministro, en la primera intervención pública de un alto cargo saudí desde que el reino reconoció la muerte del periodista, de quien no se tiene ninguna noticia desde que el pasado día 2 entró al consulado de su país en Estambul para hacer unos trámites. 
“Lo mataron en el consulado. No sabemos los detalles de cómo. No sabemos dónde está el cuerpo“. Estamos decididos a descubrir cada detalle… Estamos decididos a castigar a los responsables de este asesinato”, aseveró.
Además, calificó el asesinato del periodista como una “operación encubierta” y una “aberración”, y negó que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, haya estado involucrado de algún modo o tuviese información al respecto.


El PNV dice que ‘no habrá negociación’ sobre los PGE hasta que se cumpla lo pactado con el PP

BILBAO.- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este lunes que "no habrá negociación" con el Gobierno sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 hasta que el Ejecutivo socialista cumpla los acuerdos pactados entre nacionalistas vascos y el anterior Gobierno del PP, que el presidente, Pedro Sánchez, se comprometió a cumplir en la sesión de la moción de censura.

En una entrevista a Euskadi Irratia, el portavoz jeltzale ha afirmado que “aún no ha habido nada” entre el Gobierno y el PNV sobre las cuentas públicas para el próximo año, aunque considera que “esta semana habrá algún contacto”.
Esteban ha indicado que, de producirse algún contacto, el PNV acudirá “a escuchar qué intenciones tienen, qué plazos prevén para cumplir todo el procedimiento, cómo pretenden superar ese techo de gasto o un análisis más profundo de los impuestos, porque se ha planteado una larga lista de cambios en los impuestos y queremos ver la letra pequeña”. “Pero lo primero que queremos ver es si se cumplen los acuerdos realizados hasta ahora, ya que, mientras no veamos eso, no habrá negociación. Son los acuerdos logrados con el PP para sus presupuestos, y que Sánchez se comprometió a cumplir en la sesión de la moción de censura”, ha destacado.
En todo caso, el diputado jeltzale ha asegurado que el PNV apuesta por la estabilidad y va a tratar de mantenerla, aunque ha reiterado que, “antes, el Gobierno deberá cumplir su palabra y tendremos que ver que todas las cuestiones que nosotros pactamos se están realizando, y ya luego empezaremos a hablar de los nuevos presupuestos”. 
“El PNV es partidario de agotar la legislatura. Creemos que siempre hay que tratar de agotar las legislaturas. De lo contrario, entraríamos en otras elecciones en los próximos meses, y, tal y como están ahora algunos partidos, supondría más tensión en el ambiente y creo que eso no esa bueno. Por supuesto, me estoy refiriendo a PP y Ciudadanos”, ha asegurado.
Por otro lado, Aitor Esteban ha indicado que desconoce las cuestiones que van a tratar el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la reunión que mantendrán en la Lehendakaritza, aunque ha asegurado que el líder de la formación morada “sabe muy bien que los presupuestos se negocian con el PNV y no con Lehendakaritza”.
En este sentido, el portavoz jeltzale ha señalado que Iglesias le escribió un mensaje este pasado domingo asegurándole que “tiene claro que la interlocución” sobre las cuentas públicas del Estado “debe ser con el PNV”. 
“Por lo tanto, vendrá por otras cuestiones. Hablar está bien, pero ya sabemos que Pablo (Iglesias) está metido en una turné ya que siempre le gusta aparecer en los medios. No espero mucho de la reunión. No sé cuales son los temas de los que van a hablar, pero será como con Junqueras y Puigdemont, hablarán y nada más. Además, creo que, si se quieren hacer cosas eficaces, es mejor hacerlo con discreción”, ha afirmado.
Asimismo, el dirigente jeltzale ha asegurado que las negociaciones de los presupuestos del Estado y las de la Comunidad Autónoma Vasca “van cada uno por su lado” y que el PNV dialogará “con todo el que tiene voz en el Parlamento vasco”. 
En este sentido, ha señalado que está “sorprendido” de que Podemos haya logrado un acuerdo con el Gobierno central “utilizando unos elementos” y que no utilice “unos elementos parecidos” para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de Euskadi con el Gobierno Vasco. 
“Podemos nos pide cosas en Euskadi que corresponden al Gobierno de España, y no las han pedido en su negociación (con el Gobierno de Sánchez). Por lo tanto, ahí hay una contradicción, y, si salen de esa contradicción quizás haya opciones de acuerdos”, ha explicado.

El ‘Govern paralelo’ de Waterloo se lanzará el 30 de octubre en el Palau de la Generalitat

BRUSELAS.- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont han acordado este lunes que el próximo 30 de octubre se inaugure en la sede de la Generalitat el Consell de la República, un órgano del que se ha distanciado la CUP, aunque Torra ha dicho que espera "convencerles" para que se sumen al proyecto.

“Nos hemos reunido para empezar a poner en marcha lo que llevamos meses preparando (…), ya está a punto y tenemos muchas ganas de presentar en el salón de San Jordi del Palau de la Generalitat”, ha indicado Puigdemont a la prensa en Waterloo (Bélgica).
Puigdemont ha subrayado especialmente que el lanzamiento se produzca en la sede de la Generalitat el 30 de octubre, “en el corazón de la capital” de Cataluña y bajo el paraguas de unas instituciones “recuperadas” tras “el golpe de Estado del 155”.
Torra y el expresident han comparecido ante los medios acompañados con el exconsejero huido a Bélgica Toni Comín (ERC), quien ha dicho haber trabajado de manera “intensa” y “leal” con Puigdemont para sacar adelante esta iniciativa, de la que no han querido dar más información sobre sus funciones ni composición, porque, han dicho, se revelará el día de la presentación.
La reunión se ha celebrado en un hotel a menos de un kilómetro de la sede de la casa de Puigdemont en Bélgica, conocida como Casa de la República, y han acudido representantes de todas las fuerzas políticas independentistas menos la CUP.
En un principio no se informó del lugar de la reunión, ni de quienes asistirían, por el deseo de algunos de los participantes de que fuera una cita “discreta”, según fuentes conocedoras del encuentro.
Tanto Torra como Puigdemont han rechazado tensiones entre los grupos e incluso el expresident ha descrito la reunión como “muy fraternal”, con “cero crispación” y “mucha productividad”, con una representación “amplísima” del espectro político secesionista.
Torra, quien ha dicho a Puigdemont y Comín que espera verlos en el Palau el día 30, se ha comprometido a trabajar para que la CUP se sume al proyecto, a pesar de que este mismo lunes desde la formación ‘cupaire’ han tomado distancia de “simbolismos” como este.
“Esperemos que de aquí al 30 seamos capaces de convencerlos de la necesidad de estar”, ha expuesto Torra, quien ha insistido en que el Consell será una “pieza clave” para el desarrollo del proyecto independentista.
A la reunión han asistido la consejera Elsa Artadi; el exconsejero Lluís Puig; el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià; el portavoz de JxCat, Albert Batet; el portavoz de Demòcrates, Toni Castellà, y la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras.
Además, han asistido representantes de las entidades soberanistas, como el vicepresidente de la ANC, Pep Cruanyes; el director de Òmnium, Oleguer Serra; el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep Maria Cervera, y el de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), David Saldoni.

Iceta cuestiona que Iglesias se refiera a los líderes del ‘procés’ como 'presos políticos y exiliados'

BARCELONA.- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que es un error darle al expresidente catalán Carles Puigdemont un "plus de representatividad" que en estos momentos cree que ya no tiene, como ha opinado que pasaría si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le visita en Waterloo. 

Pero además, el dirigente socialista ha criticado que Iglesias utilice la expresión 'presos políticos y exiliados' para referirse a los dirignetes del 'procés' procesados por rebelión por el juez Llarena, en el hilo de tuits en los que informó de la conversación.
En una entrevista este lunes en RNE, Iceta ha contestado así a la posibilidad de que el dirigente morado se reúna con Puigdemont: “Iglesias está lanzando una cierta ofensiva de cuál es su papel en la política y quizá ha considerado que es una manera de reforzar su personalidad”, ha opinado.
Sobre la visita de Iglesias al líder de ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners, ha señalado que es útil que los políticos hablen y “todo lo que pueda contribuir a sacar adelante los presupuestos, es bienvenido”, ha opinado, aunque ha reiterado que no es un emisario de Pedro Sánchez.
Ha dicho que los socialistas no darán su apoyo a las cuentas del Gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona como parte de un acuerdo a tres bandas entre comuns, PSC y el independentismo en el consistorio, el Parlament y el Gobierno central: “Son cuestiones absolutamente distintas”. 
Iceta ha dicho que Colau se da cuenta ahora de que se equivocó al romper su pacto de Gobierno con el PSC, pero ellos no puedan aprobar sus presupuestos porque discrepan “de forma muy profunda” con la orientación política que la alcaldesa le está dando a la ciudad.

El PSOE se mantiene como primera fuerza y 'Vox' obtendría el 5,1% de los votos, según un sondeo de 'Metroscopia'

MADRID.- Un sondeo de ‘Metroscopia’ para el Grupo Henneo recoge el primer retroceso del PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y un espectacular avance del partido de ultraderecha Vox, que obtendría el 5,1% de los votos de celebrarse hoy unas elecciones generales. 

El ‘efecto Casado’ tampoco logra frenar la sangría de votos del PP a Ciudadanos, aunque se mantendría como segunda fuerza. Por su parte, Podemos es la única formación que aumenta sus apoyos, lo que implica que sus electores respaldan la negociación de los Presupuestos por parte de Pablo Iglesias.
Según este sondeo, el PSOE sería el partido más votado, con el 25.2% de los votos (2.5 puntos más que en 2016), seguido de cerca por el PP (22.6%: diez puntos menos que en 2016) y por Ciudadanos (19.2%: 6.1 más). Unidos Podemos conseguiría el 17.7% de los votos (3.4 puntos menos que en las últimas elecciones).
La principal novedad de este sondeo es la probable entrada de Vox en el Parlamento con casi un millón de votos, el 5,1%, con lo que multiplicaría por 20 el apoyo que recibió la formación ultra en las elecciones de 2016.
El escándalo de los audios del excomisario Villarejo, las complicadas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado o las acciones de Abengoa de Josep Borrel comienzan a pasar factura al PSOE, que por primera vez sufre un retroceso en intención de voto desde la llega de Sánchez. Aún así se mantiene como la opción preferida de los españoles, un 25,2% de los votos, 2,5 puntos menos que en el sondeo de septiembre.
Los votantes socialistas se mantienen como los más fieles: un 62% que votó a Sánchez hace dos años volvería a hacerlo ahora. Solo un 6% de sus votantes optaría ahora por Ciudadanos, un 3% por Podemos y un 2% por PP.
El ‘efecto Casado’ pierde fuelle. Aunque se mantiene como segunda fuerza con un 22,6% de los votos, pierde dos décimas respecto al sondeo anterior, un 22,8%. Sin embargo, el PP es que menos fidelidad mantiene entre sus votantes: solo un 46% de los que votaron al PP en 2016 volvería a hacerlo. Tampoco frena la fuga de votantes a otros partidos, especialmente a Ciudadanos (un 17%).
Pese a ello, el partido de Rivera pierde 1,6 puntos respecto a septiembre hasta situarse en un 19,2%. Además, es el partido que sufre el mayor transvase de voto hacia Vox (un 8%).
Unidos Podemos se mantiene como cuarta fuerza, siendo la única fuerza que mejora en relación al sondeo anterior, obtendría un 17,7% de los votos, 2,6 puntos más que el dato del mes de septiembre (15,1%). Además, es junto al PSOE el que mayor fidelidad acapara entre sus electores, un 62%.
El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre los días 16 a 18 de octubre con una muestra efectiva de 1.588 entrevistas.

Los jueces piden la dimisión del presidente de la Sala que frenó la sentencia de las hipotecas

MADRID.- La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) exige la "inmediata dimisión" de Luis María Díez-Pizazo, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al considerar que es el "único y exclusivo" responsable de haber generado un "desconcierto en la ciudadanía", después de que convocase un Pleno para resolver si mantiene la última decisión de los miembros del tribunal sobre el impuesto de las hipotecas.

La sentencia de la Sala de Contencioso-Administrativo que se dio a conocer de la semana pasada dictó que eran los bancos y no los clientes los que tienen que asumir el coste del impuesto de actos jurídicos documentados, modificando la jurisprudencia establecida, lo cual podría suponer una avalancha de reclamaciones de los ciudadanos y un gran impacto en las cuentas de las entidades financieras.
Un día después Díez-Picazo emitió un comunicado señalando que esta sentencia podía acarrear un “giro radical” en la jurisprudencia y una “enorme repercusión económica y social”, por lo que ha instado al Pleno a que estudie el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así decidir si confirma o no la nueva decisión establecida en dicha resolución .
Para JJpD, el presidente ha hecho una “nefasta gestión del asunto” que ha generado una “alarma social” y “desconcierto en la ciudadanía”, ya que ahora “no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica”. 
Por ello, piden su dimisión porque, además, también ha provocado una “inseguridad jurídica” al utilizar “indebidamente “las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, poniendo “en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces”.
La actuación del presidente de la Sala de Tercera “sorprende”, dice la asociación en un comunicado, ya que es algo insólito; pero, en contra, destaca que los magistrados ya son conscientes de que sus resoluciones tienen “impacto, no sólo en la vida y economía de la ciudadanía en particular, sino en la sociedad en su conjunto”.
“No existen precedentes de esta insólita actuación del señor Díez-Picazo Giménez: si quería hacer uso de los artículos 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la sentencia”, recuerda JJpD. 
De este modo, el presidente ahora se enfrenta “a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable”, agrega el comunicado.
En esta misma línea también se ha manifestado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que pide explicaciones ante la nota lanzada por el presidente de la Sala. A su entender, “no aclara” qué va a ocurrir tras la reunión del pleno, sino, al contrario, “crea confusión y no contribuye a la imagen de la independencia del Poder Judicial”.
“La labor diaria que los jueces y tribunales españoles desarrollan respetando escrupulosamente este principio, merece el máximo respeto y protección de todos y, especialmente, de los cargos orgánicos”, dice en un comunicado.
Así, ambas asociaciones recalcan que la reunión de los 31 magistrados de la Sala Tercera tenía que haber sido convocado antes de que se dictase la sentencia de la semana pasada, ya que Díez-Picazo era “conocedor” de que este asunto se iba a estudiar. El presidente firmó el pasado 15 de enero el auto de admisión a trámite del recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Precisamente en este auto se recordaba que “el reciente criterio contrario sentando por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso”, señala Juezas y Jueces para la Democracia.

IU y Podemos tachan de “vergonzosa” la “marcha atrás” del TS y piden explicaciones a Lesmes

MADRID.- Izquierda Unida (IU) ha registrado este lunes en el Congreso su petición de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, comparezca en la Cámara Baja para informar de la "vergonzosa e inaudita marcha atrás" de la sentencia sobre los gastos de las hipotecas. 

En el mismo sentido, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que es "vergonzoso" y una "pésima imagen" para el TS que vaya a revisar su decisión sobre el impuesto de las hipotecas.
La semana pasada, una sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió que es la banca, y no los clientes, quien debe sufragar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la firma de las hipotecas, pero un día después el presidente de esa Sala de lo Contencioso lo frenó y este lunes el Alto Tribunal ha decidido convocar el Pleno el próximo 5 de noviembre para aclarar quién debe hacerse cargo de ese impuesto.
Garzón ya avanzó el pasado sábado que pedirían cuentas a Lesmes en sede parlamentaria durante la reunión en Madrid de la Asamblea Político y Social de IU, máximo órgano de decisión de esta formación, y este lunes lo ha formalizado junto al portavoz de Justicia de IU en el Congreso, Ricardo Sixto.
En concreto, ambos reclaman que Lesmes explique en la Comisión de Justicia “la ‘paralización exprés’ que el Tribunal Supremo efectuó de su propia sentencia sobre el pago de impuestos en las hipotecas”, un asunto en el que Garzón defiende que “hay que ser muy claros”.
El máximo responsable de IU denuncia que los mismos bancos que han “esquilmado” la economía de este país y “contribuido a empobrecer a la gente” estos últimos años demuestran ahora no sólo su capacidad para “intervenir ante las instancias públicas”, sino de “torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo”.
De esta forma ha querido ilustrar Garzón las presiones que, a su juicio, se han suscitado a todos los niveles desde el pasado jueves en que se conoció la sentencia ante el cambio de criterio sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario. Y es que, según los analistas, de aplicarse la sentencia de forma retroactiva, podría suponer a las entidades bancarias un desembolso de entre 6.000 y 8.000 millones de euros para devolver el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados a quienes firmaron una hipoteca.
En el mismo sentido, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que es “vergonzoso” y una “pésima imagen” para el Tribunal Supremo que vaya a revisar su decisión y ha sostenido que “hacen falta instituciones que protejan a la gente no a los bancos”.
“Es una vergüenza, es vergonzoso lo que hemos visto. Algo que jamás había ocurrido cuando las decisiones afectaban económicamente a las familias. Ver lo que ha hecho el Supremo cuando esto afecta a los bancos deja una pésima imagen del poder judicial”, ha indicado.
Por último, el dirigente de la formación morada ha defendido que en el Estado “hacen falta instituciones que protejan a la gente, no a los bancos”.

Casado cree que el impuesto de las hipotecas lo acabará pagando al final el consumidor

MADRID.- El presidente del PP, Pablo Casado, ha declarado este lunes que, declinado este lunes valorar la decisión del Tribunal Supremo sobre a quién debe corresponder el pago de los impuestos en una hipoteca, pero ha señalado que cree que "cualquier gravamen que se establezca actualmente probablemente lo acaben pagando los que se hipotequen en un futuro".

En declaraciones en el Congreso tras asistir en el Congreso a la presentación de la nueva fundación del PP Concordia y Libertad, Casado subrayado que su organización respeta las decisiones de los órganos jurisdiccionales y que “la pregunta se debería formular a los que presentaron el recurso, o al Gobierno, que es quien tiene responsabilidad actual de velar por la política financiera e hipotecaria”.
“Nosotros la posición que tenemos en materia fiscal e hipotecaria es de sobra conocida. Cualquier gravamen que se establezca actualmente, probablemente lo acaben pagando los que se hipotequen en un futuro”, ha explicado el líder de los ‘populares’.
En todo caso, Casado ha optado por esperar a lo que decida el Tribunal Supremo sobre el pago de este impuesto, tras convocar un Pleno para el próximo 5 de noviembre, y ha instado al Gobierno a pronunciarse. “Esto es una decisión que tiene que tomar el Tribunal Supremo y en su caso el Gobierno, si es que tiene posición sobre algo después de estos tres meses”, ha concluido.
Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre quien paga el impuesto de actos jurídicos documentados (impuesto sobre hipotecas) se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la doctrina de la sentencia por la que el pasado jueves una sección de esta Sala acordó que sean los bancos los que asuman el tributo.

C's denuncia la inseguridad del fallo y exige un criterio “claro” que proteja a las familias

BARCELONA.-La portavoz de Ciudadanos (C's), Inés Arrimadas, ha denunciado la situación de “inseguridad absoluta” que se ha producido con la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas y ha exigido un criterio “claro” que proteja a las familias.

De este modo, Arrimadas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá, se ha referido a la confusión que ha generado el alto tribunal tras el fallo judicial que determinó que era la banca, y no sus clientes, quien debía hacerse cargo del pago del gravamen en la firma de una hipoteca.
“Somos defensores de que se respeten las decisiones judiciales” y de que esas sentencias sean “claras”, ha subrayado Arrimadas, algo que, en su opinión, no ha ocurrido en este caso puesto que había una sentencia que “parecía dar la razón” a los consumidores y ahora lo que parece es que “hay una nube”. Los ciudadanos, ha recalcado, se merecen saber qué va a pasar con su dinero.
Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la doctrina de la sentencia por la que el pasado jueves una sección de esta Sala acordó que sean los bancos los que asuman el tributo.

Los bancos no aguantan la incertidumbre del Supremo y llevan al Ibex a los 8.800

MADRID.- El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 0,96%, lo que le ha llevado a establecerse en los 8.806,5 enteros, igualando mínimos de diciembre de 2016, con la mayoría de bancos entre los primeros puestos de los valores con peor comportamiento.

Solamente siete valores de todo el Ibex logró terminar la jornada en terreno positivo, en una semana marcada por la reunión este jueves del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), así como por la reciente rebaja de un escalón del rating de Italia por parte de Moody’s, decisión más benévola de lo que el mercado esperaba.
Por otro lado, y este mismo lunes, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha reunido a los seis miembros del tribunal contencioso-administrativo de este órgano que falló la semana pasada sobre el impuesto de actos jurídicos documentados para hacer balance de daños y conocer lo sucedido después de que este último dejara en el aire la decisión de los primeros de atribuir a las entidades bancarias el pago de este tributo. Finalmente ha decidido convocar al Pleno el próximo 5 de noviembre.
Todavía no se han publicado estimaciones sobre cuánto dinero aproximadamente deberá pagar cada banco para hacer frente a esta sentencia, pero los inversores ya se han encargado de descontarlo. Así, en caso de que el impuesto finalmente tenga que asumirlo el banco, Robles ha subrayado que esto quedará reflejado en una reducción de los beneficios de los bancos para el último trimestre del año y el primero del que viene.
De este modo, en ‘verde’ sólo se situaban al término de la jornada de este lunes CIE Automotive (+2,84%), Viscofán (+1,36%), IAG (+0,5%), Siemens Gamesa (+0,34%), Mediaset (+0,29%), Endesa (+0,24%) y Red Eléctrica (+0,13%).
Por el contrario, los mayores descensos fueron registrados por Dia (-24,5%), Banco Sabadell (-5,35%), Bankia (-4,77%), Meliá Hotels (-3,89%), CaixaBank (-3,6%) y BBVA (-2,13%). Bankinter cedía un 1,43%) y Banco Santander un 0,59%.
Entre las principales bolsas europeas, el Dax de Fráncfort se anotaba una ligera subida del 0,08%, mientras que el Cac 40 de París caía un 0,41%, el londinense Ftse 100 un 0,09% y el Mib de Italia un 0,6%.
En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se cambiaba por 1,1460 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado secundario de deuda la prima de riesgo española se situaba en 124 puntos básicos, cuando el pasado viernes llegó a superar los 140, con una rentabilidad del 1,697%.

Rajoy se incorpora a su plaza de registrador mercantil en Madrid

MADRID.-El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha incorporado este lunes a una plaza de registrador de la propiedad en el registro mercantil número 5 de Madrid tras dejar vacante la de Santa Pola (Alicante), que ocupó al abandonar la política activa.

Rajoy ha llegado a las 10:30 horas a la sede del registro mercantil, situada en el número 44 del Paseo de Castellana, acompañado de dos escoltas, y ha saludo a los medios de comunicación que le esperaban en su primer día, antes de entrar en el inmueble.
El traslado de Rajoy a Madrid fue resuelto el pasado 14 de septiembre aunque se publicó el día 21 de ese mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que el 2 de octubre se incluyó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
El pasado jueves, el expresidente se despidió de sus colaboradores del despacho del registro de la propiedad de Santa Pola, al que se había incorporado el 20 de junio, solo cinco días después de renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados tras prosperar la moción de censura del socialista Pedro Sánchez.
El expresidente popular tenía su plaza en esta localidad de Alicante aunque durante los últimos 28 años había estado en excedencia y había sido ocupada interinamente por Francisco Riquelme.

El ministro Duque dice ahora que pagó más impuestos de los obligados

MADRID.- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, no ahorró impuestos con la creación de una sociedad para la compra de sus viviendas, sino que pagó más de lo que le correspondía como persona física, según el informe técnico que él encargó y que ha hecho público hoy.

"Por si cabía aún alguna duda: ya tenemos el informe profesional sobre nuestra sociedad familiar. No la creamos para pagar menos impuestos, y estamos al corriente", ha declarado el ministro en su cuenta oficial de Twitter. En esta red social, Duque ha adjuntado el documento del análisis fiscal sobre la sociedad que creó para comprar sus viviendas.

"Dicha sociedad, desde su constitución, ha supuesto un perjuicio a los copartícipes, pagando más impuestos de lo que les correspondería, consecuencia de un consejo profesional erróneo", indica el experto de la compañía Ideo Legal que ha realizado el análisis, Jesús Rodríguez Márquez.

"Por ello, no han obtenido un ahorro fiscal neto, pues la tributación, a través de la sociedad, ha sido superior a la que les hubiera correspondido como personas físicas", continúa.

El experto, profesor de Derecho Financiero y Tributario, matiza que Pedro Duque "nunca ha usado su sociedad para facturar servicios profesionales prestados por él mismo" y añade que la renta derivada del uso de la vivienda está " correctamente declarada".

Cambio de hora 2018: el domingo se acaba el horario de verano

MADRID.- La madrugada del próximo domingo terminará el horario de verano, que dará paso al de invierno, cuando a las 03.00 horas se retrase una hora el reloj y volverán a ser las 02.00 en la Península y en Canarias, a las 02.00 serán la 01.00 horas. Eso supone que la noche del sábado al domingo se dormirá una hora más.

De acuerdo con la Directiva Comunitaria del Cambio de hora, el paso de la hora de verano a la de invierno se produce el último domingo de octubre en toda Europa. La normativa es de obligado cumplimiento y la motivación es lograr un ahorro energético, aunque esto podría cambiar antes de 2020, ya que la Comisión Europea ha propuesto eliminarlo y el Gobierno se ha mostrado "bastante de acuerdo".
Concretamente, la Comisión Europea ha dejado la decisión en manos de los gobiernos y les ha pedido celeridad en la toma de decisión para conseguir que el último cambio de hora en el bloque comunitario ocurra en 2019 y que tenga lugar sin ocasionar problemas como consecuencia de la falta de coordinación entre las capitales.
Según el calendario planteado por la Comisión Europea, el último cambio de hora obligatorio tendrá lugar el 31 de marzo de 2019 y los Estados miembros que deseen volver a la hora de invierno realizarán una última modificación el 27 de octubre. A partir de esa fecha no se podrán hacer más cambios. Para ello, la Eurocámara y el Consejo de la UE --la institución en la que están representados los países-- deben acordar y aprobar la normativa como muy tarde en marzo de 2019.
Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el potencial de ahorro en iluminación podría alcanzar en torno a 300 millones de euros, el equivalente al 5 por ciento del total. De esa cantidad, 90 millones corresponde al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar y 210 millones restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria.
Esta costumbre de atrasar el reloj en hora en invierno y adelantarlo en verano se empezó a usar de forma generalizada en 1974 para poder aprovechar mejor la luz del sol (y consumir menos electricidad) tras la primera crisis del petróleo.
La Directiva Europea que rige el denominado 'Cambio de hora' fija que el horario de verano comienza en el último domingo del mes de marzo y que termina el último domingo de octubre.
De este modo, a partir del próximo domingo España recuperar su hora oficial, que es la de ir una hora por delante del tiempo que marca el meridiano de Greenwich (Greenwich Mean Time GMT).
El cambio de hora se realiza en unos 70 países en todo el mundo aunque Japón es el único país industrializado que no se ha adaptado aún a esta normativa. En concreto, se aplica en todos los países de Europa, América del Sur, África y en algunas zonas de Estados Unidos y Canadá.

El PP acusa a Sánchez de "enviar" a Iglesias a negociar con Junqueras y Puigdemont

MADRID.-El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha considerado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "perdido el norte" al estar permitiendo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, "negociar" con un huido de la Justicia como el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En una entrevista en Antena 3, García Egea ha señalado que los presupuestos deberían negociarse "en el Parlamento", o con "presidentes autonómicos legitimados por sus propias regiones" o con los agentes sociales para cuestiones como el salario mínimo interprofesional (SMI).
"Uno negocia con la sociedad civil, no con un huido de la Justicia cuyo único objetivo es debilitar España para conseguir sus objetivos", ha dicho el número dos del PP.
Ha advertido, por otra parte, de que Iglesias "no es juez ni fiscal" y por eso no debería interferir sobre la situación de Puigdemont o la de Oriol Junqueras, a quien el líder de Podemos visitó la semana pasada en prisión.
"Si tanto quiere la concordia el señor Iglesias y defender al Estado de derecho, que empiece a defender las decisiones judiciales", ha dicho García Egea.
En otra entrevista en Onda Cero, en la que ha acusado directamente a Pedro Sánchez de haber "enviado" a Pablo Iglesias a negociar los presupuestos con los independentistas, el secretario general del PP ha enmarcado las conversaciones del líder de Podemos en otro contexto político, el de la precampaña andaluza.
Sobre este asunto ha advertido de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "tiene muy difícil explicar su pertenencia a un partido", el PSOE, que está "en manos del independentismo y que tiene como principal objetivo no molestarle".

Pablo Iglesias cree necesario "cuidar la mayoría que desalojó al PP"

VITORIA.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha abogado hoy, tras reunirse con el lehendakari, Íñigo Urkullu, por "cuidar" la mayoría que "hizo posible desalojar al PP del Gobierno" y ha apostado por el diálogo "sin exclusiones" para sacar adelante acuerdos como el presupuestario.

Iglesias ha mantenido hoy su primera reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, en Vitoria, para analizar la situación política.
Tras el encuentro, el líder de Podemos ha hablado de la necesidad de trabajar mucho para conseguir acuerdos entre las formaciones que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, apostando por "espacios de diálogo sin exclusiones".
"Estoy convencido de que si cuidamos a esa mayoría de la moción de censura, trabajando, reuniéndonos, dialogando, dialogando y dialogando los acuerdos serán posibles, también el de presupuestos, pero todavía no estamos en ese escenario", ha aclarado.
Iglesias, que ha dicho que el lehendakari ha compartido esa idea de "cuidar" la mayoría de la moción de censura, ha insistido en que en estas reuniones, como la que mantuvo también con Oriol Junqueras, no actúa como "delegado del Gobierno", ni le sustituye.
"Nosotros podemos hacer nuestra parte pero el Gobierno tiene que hacer la suya y si somos responsables todos los que formamos parte de esa nueva mayoría, que no solo tiene que afrontar una legislatura sino también retos de Estado, los acuerdos vendrán después", ha proclamado.
Según el secretario general de Podemos, esto significa "poner fin a la excepcionalidad" en Cataluña y plantear y asumir que los conflictos "se tienen que resolver por vías democráticas".
Preguntado por la conversación telefónica que mantuvo ayer con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Iglesias ha reconocido que le ha gustado mucho una frase del lehendakari: "Seguramente los acuerdos a los que se lleguen sean insatisfactorios para todo el mundo".
"En política todos tienen que ceder para llegar a un acuerdo", ha manifestado Iglesias, quien se ha mostrado convencido de que el Gobierno Vasco siempre podrá jugar un papel "enormemente útil a la hora de facilitar el diálogo" en torno a Cataluña.
Iglesias ha asegurado que comparte con Urkullu que "hay que dar los pasos necesarios para poner fin a una situación de excepcionalidad y de judicialización del conflicto político".
Ha afirmado tajantemente que no están vinculados los hipotéticos apoyos del PNV al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y el de Elkarrekin Podemos a los del Gobierno Vasco, que mañana aprueba su proyecto y que necesita, al menos, de la abstención de un grupo para sacarlos adelante.
Iglesias, que ha afirmado que "en ningún caso va a ser moneda de cambio" la negociación de ambos presupuestos, también se ha referido al debate en torno al nuevo Estatuto vasco.
Ha dicho que "saludarán" un acuerdo amplio de la sociedad vasca y sus formaciones políticas, y ha mostrado sus preferencias por que ese acuerdo sea lo más amplio posible, con el mayor número de fuerzas presentes en él.

Aznar: "Abascal es un chico lleno de cualidades"

MADRID.-El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este lunes que el electorado Vox, liderado por Santiago Abascal, puede proceder son antiguos votantes del PP y por tanto espera que vuelvan al partido. "Espero que sea un proceso que con el tiempo se pueda arreglar", ha indicado.


En una entrevista en Telecinco, ha defendido además a Abascal, del que ha dicho que es "un chico lleno de cualidades", y le ha pedido que "oriente políticamente sus aptitudes donde las tuvo en otros momentos", haciendo referencia a su inicios políticos en el PP vasco.
Aznar también ha defendido este lunes la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia sobre a quién corresponde pagar el impuesto de las hipotecas y ha avisado del "populismo judicial" que ha generado, a su juicio, este caso. El Supremo revisará el fallo del pasado jueves en el que determinaba que eran los bancos los encargados de abonar el importe de dicho tributo.
Para Aznar, esta sentencia se podría haber evitado porque considera que era una decisión "más popular que jurídica".
"El populismo judicial es muy perturbador, hay que tener mucho cuidado con determinadas situaciones que afectan a la Justicia", ha advertido.
Por esto, ha aplaudido la decisión del Tribunal Supremo de revisar esta sentencia porque, ha dicho, se habían puesto en peligro, desde el punto de vista jurídico, "muchos principios que tienen que ser salvaguardados".
Por otra parte, Aznar ha rechazado hacer un paralelismo entre el diálogo del Gobierno y los dirigentes independentistas y el Pacto del Majestic firmado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y en el que apoyaba la investidura de Aznar en 1996 como presidente del Gobierno.
"No tiene nada que ver. Los pactos que se hicieron en la transición fueron de integración y tuvieron el reconocimiento de la pluralidad constitutiva de España a cambio de la lealtad nacionalista a España, y actualmente eso se ha roto porque los nacionalistas se han convertido en secesionistas", ha agregado.