MADRID.- La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) exige la
"inmediata dimisión" de Luis María Díez-Pizazo, presidente de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, al considerar que es el "único y
exclusivo" responsable de haber generado un "desconcierto en la
ciudadanía", después de que convocase un Pleno para resolver si mantiene
la última decisión de los miembros del tribunal sobre el impuesto de
las hipotecas.
La sentencia de la Sala de Contencioso-Administrativo que se dio a
conocer de la semana pasada dictó que eran los bancos y no los clientes
los que tienen que asumir el coste del impuesto de actos jurídicos
documentados, modificando la jurisprudencia establecida, lo cual podría
suponer una avalancha de reclamaciones de los ciudadanos y un gran
impacto en las cuentas de las entidades financieras.
Un día después Díez-Picazo emitió un comunicado señalando que esta
sentencia podía acarrear un “giro radical” en la jurisprudencia y una
“enorme repercusión económica y social”, por lo que ha instado al Pleno a
que estudie el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así
decidir si confirma o no la nueva decisión establecida en dicha
resolución .
Para JJpD, el presidente ha hecho una “nefasta gestión del asunto”
que ha generado una “alarma social” y “desconcierto en la ciudadanía”,
ya que ahora “no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía
doméstica”.
Por ello, piden su dimisión porque, además, también ha
provocado una “inseguridad jurídica” al utilizar “indebidamente “las
facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal
colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, poniendo “en tela de
juicio la imparcialidad e independencia de los jueces”.
La actuación del presidente de la Sala de Tercera “sorprende”, dice
la asociación en un comunicado, ya que es algo insólito; pero, en
contra, destaca que los magistrados ya son conscientes de que sus
resoluciones tienen “impacto, no sólo en la vida y economía de la
ciudadanía en particular, sino en la sociedad en su conjunto”.
“No existen precedentes de esta insólita actuación del señor
Díez-Picazo Giménez: si quería hacer uso de los artículos 197 y 198 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de
ejercitarse antes del dictado de la sentencia”, recuerda JJpD.
De este
modo, el presidente ahora se enfrenta “a la incompetencia,
incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha
generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a
los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente
discutida, razonada y razonable”, agrega el comunicado.
En esta misma línea también se ha manifestado la Asociación Judicial
Francisco de Vitoria (AJFV), que pide explicaciones ante la nota lanzada
por el presidente de la Sala. A su entender, “no aclara” qué va a
ocurrir tras la reunión del pleno, sino, al contrario, “crea confusión y
no contribuye a la imagen de la independencia del Poder Judicial”.
“La labor diaria que los jueces y tribunales españoles desarrollan
respetando escrupulosamente este principio, merece el máximo respeto y
protección de todos y, especialmente, de los cargos orgánicos”, dice en
un comunicado.
Así, ambas asociaciones recalcan que la reunión de los 31 magistrados
de la Sala Tercera tenía que haber sido convocado antes de que se
dictase la sentencia de la semana pasada, ya que Díez-Picazo era
“conocedor” de que este asunto se iba a estudiar. El presidente firmó el
pasado 15 de enero el auto de admisión a trámite del recurso presentado
por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Precisamente en este auto se recordaba que “el reciente criterio
contrario sentando por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal
que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo,
máxime cuando es una materia que afecta a un gran número de
situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del
caso objeto del proceso”, señala Juezas y Jueces para la Democracia.
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