MADRID.- Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado
por 1,5 millones de contribuyentes por el impuesto asociado a las
hipotecas en los últimos cuatro años, que es el periodo no prescrito,
una cantidad que podrían reclamar si finalmente el Tribunal supremo
decide que son los bancos quienes tienen que abonarlo.
En un comunicado, Gestha detalla que las hipotecas firmadas entre
octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el
punto de vista fiscal y por tanto aquellas en las que es posible el
recurso ante las haciendas autonómicas por el pago del impuesto de actos
jurídicos documentados.
Además, otros 13,4 millones de hipotecados -los que
firmaron sus contratos entre enero de 2003 y septiembre de 2014- podrían
reclamar a los bancos por la vía judicial otros 25.657 millones de
euros abonados por este concepto.
El presidente del
Alto Tribunal, Carlos Lesmes, se reunirá hoy con los magistrados que el
pasado jueves dictaron la sentencia que establecía que la banca, y no
sus clientes, debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos
jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.
Gestha explica en el comunicado que si finalmente el Supremo mantiene
que los bancos paguen este impuesto, las reclamaciones de los últimos
cuatro años deben dirigirse a las haciendas autonómicas, ya que se trata
de un impuesto cedido.
A partir de ese momento, las
haciendas autonómicas realizarán un procedimiento de comprobación
tributaria y notificarán una liquidación espejo a la entidad financiera
correspondiente, a la que exigirán el mismo importe y los intereses de
demora.
En el caso de las hipotecas firmadas hace
más de cuatro años, los técnicos han solicitado a los bancos que
devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los
ciudadanos a pleitear, lo que constituye un proceso "más farragoso,
largo y costoso".
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