BARCELONA.- La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) considera que "provoca vergüenza suprema" la decisión del
Tribunal Supremo de revisar la sentencia de la Sala de lo Contencioso
que establece que la banca, y no sus clientes, deben pagar el impuesto
de actos jurídicos al firmar una hipoteca.
El
presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se reunirá hoy con los
magistrados que dictaron la sentencia en un encuentro de carácter
interno para analizar la situación creada tras el fallo y confirmar o no
la jurisprudencia creada, por su fuerte impacto económico y social.
El pasado jueves, una sentencia de la Sala de lo
Contencioso determinó que debe ser la entidad financiera, y no el
cliente, quien se haga cargo del impuesto de actos jurídicos
documentados, en contra del criterio de otra sentencia del Supremo, de
febrero de este año, que consideró que el pago debe recaer en el
cliente.
Ante la avalancha de críticas y el desplome
de la cotización de los bancos, el alto tribunal anunció el viernes que
paralizaba con carácter urgente todos los recursos planteados y que la
decisión definitiva se tomaría en el Pleno del tribunal, formado por una
treintena de magistrados.
En un comunicado, la PAH ha asegurado hoy que "la legitimidad del Tribunal Supremo está en entredicho una vez".
"No es la primera vez que el TS opta por aplicar medidas económicas
frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen", ha
criticado la PAH, que ha recordado que cuando la Sala de lo Civil en
mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la
devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, tuvo que ser el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2016 el
que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma
de la hipoteca.
Según la PAH, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo "ha venido dictando últimamente sentencias
progresistas, a diferencia de la de lo Civil", como la de diciembre de
2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio o la de julio
de este año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos
internacionales en materia de Derechos Humanos.
"Los
poderes económicos han debido hartarse ya y han decidido presionarla
para impedir que hagan Justicia, y conseguir que sigan haciendo su
justicia", ha opinado la PAH, que ha denunciado "esta decisión sin
precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el
criterio de los de la Sección Segunda".
"Para
nosotros -añade la nota de la PAH- no es nuevo tener que sufrir a una
Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e
inflexible con los débiles".
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