jueves, 22 de febrero de 2018

Miles de jubilados de toda España claman contra la subida del 0,25% y sus ‘pensiones de miseria’


MADRID.- Ciudades de toda España han vivido este jueves movilizaciones sin precedentes. Miles de jubilados se han lanzado a la calle para proclamar su indignación por las “pensiones de miseria” que les condenan a subsistir a duras penas. 

La de Bilbao, con 35.000 manifestantes, ha sido la más multitudinaria. La de Madrid, con 3.000, ha tenido una dimensión especial porque los pensionistas han hecho lo que no logró ni siquiera el 15-M: cortar el acceso al Congreso de los Diputados. Se han lanzado contra las vallas y no han llegado a las manos con los policías desplegados a lo largo de la Carrera de San Jerónimo de milagro.
La concentración ha sido organizada por la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones, después de dos años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. El índice de revalorización del 0,25% aprobado por el Gobierno del PP les impide compensar la subida de los precios. En 2016 el IPC o inflación cerró el año en un 1,6% y en 2017 ha quedado en el 1,2%. Claro que si se observa la evolución a lo largo de los doce meses, la inflación media durante el pasado año fue del 2%. Sin embargo, la ministra de Empleo y Seguridad Social lo niega. 
Fátima Báñez asegura que “en los últimos cuatro años, los pensionistas sólo han perdido una décima de poder adquisitivo”. “Los pensionistas han sido uno de los colectivos que más han estado protegidos durante la crisis”, ha dicho la ministra en Antena 3 citando un informe de la OCDE y se ha convertido en destinataria de las diatribas de los jubilados que se han manifestado este jueves.
“¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Nos roban las pensiones y también la dependencia!”, han coreado recriminándole a la ministra la carta en la que se les comunicaba la subida del 0,25%, “una subida de mierda”, según denunciaban varias pancartas. De hecho, tras la lectura del manifiesto a los pies de uno de los leones de la escalinata del Congreso, los organizadores de la manifestación han llamado a los asistentes a romper y lanzar “al cielo de Madrid” la carta de la ministra Báñez.
A Rajoy le han retratado directamente con una foto junto a dictador Francisco Franco y este texto: “No sé de qué os sorprendéis. Ya os dije que iba a ser Franco con vosotros”. Del presidente fueron muy comentadas unas recientes declaraciones suyas en el Foro ABC en las que tras afirmar que “ahora que las cosas van bien es el momento de ser previsores”, recomendaba a los ciudadanos ahorrar en planes de pensiones y con vistas a la educación de los hijos sin incluir en su optimista ecuación la precariedad del empleo y los bajos salarios, que distan mucho de acompasar el supuesto crecimiento económico del que alardea el Gobierno.
Y a Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, le han pedido que deje de echarse la siesta y de jugar al Candy Crush. Lo cierto es que cuando lo ha hecho y se ha ocupado de las pensiones, ha sido para peor. Es lo que ocurrió hace un mes, en ‘Los Desayunos de TVE’, cuando dijo que “hay ya un número importante de pensionistas que está más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando”, y encima explicó que esto se debe a que “gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos y cada vez mejor”. Ella, además, se aventuró a afirmar que podría trabajar hasta los 80 años, proponiendo que la gente aumente su edad de jubilación.
Todas estas declaraciones no han contribuido a calmar los ánimos de los pensionistas sino toto lo contrario. Por eso, han avanzado al grito de “robo”, “ladrones”, “dimisión” y “Rajoy y Cospedal, a Soto del Real”, en alusión a los escándalos de corrupción que salpican al PP. Una delegación de las entidades organizadoras de la concentración, entre los que se encontraban los sindicatos CCOO y UGT, ha registrado en el Congreso un escrito en el que demandan “romper el bloqueo político de PP y Ciudadanos” para cambiar la actual legislación de pensiones. Eso supone cubrir el incremento de los precios y, además, que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas para asegurar la financiación de la Seguridad Social.
Los sindicatos mayoritarios han hecho llamamientos para apoyar las movilizaciones que está previsto que se celebren cada quince días. Las dos próximas serán el 1 y el 15 de marzo. Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, ha avanzado que “si el Gobierno no retira la reforma de las pensiones de 2013 llegaremos a donde tengamos que llegar y probablemente si se dan las circunstancias a la máxima movilización”. El plan incluye “acciones de todo tipo en el Parlamento y de índole jurídica si procede” contra lo que considera una “malísima y dañina reforma de las pensiones”. “La indignación de los pensionistas está creciendo, ayer mismo el presidente decía que él se dedicaba a gobernar y que subir pensiones era solo un buen propósito cuando hay cinco millones pensionistas en el umbral de la pobreza”, ha denunciado.
En Madrid, a medida que los manifestantes se iban acercando al Congreso, han incorporado otras consignas como “a la hora de votar, nos tenemos que acordar” y “Mariano Corleone nos roba las pensiones”. Pero el grito más repetido ha sido el de “¡Ladrones, ladrones!” mientras los manifestantes bajaban por la calle con las manos en alto. Los jubilados han respondido a los intentos de la Policía por contener su avance coreando “Somos pensionistas, no terroristas”.
A la protesta se han unido algunos diputados para mostrar su apoyo a las demandas de los pensionistas, entre ellos Íñigo Errejón de Podemos, con quien los jubilados han coreado gritos de “Sí se puede”. 
“Cuando los pensionistas están reclamando pensiones dignas, no defienden sólo lo suyo, defienden las pensiones que van a quedar a nuestra generación”, ha dicho Errejón que ha defendido que para rescatar las pensiones de los abuelos hay que proteger los salarios y contratos de los nietos. También se han sumado a la protesta el diputado del PSOE Rafael Simancas y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, entre otros.
Simancas ha sido increpado por varios manifestantes. Y es que en varios momentos se ha coreado un lema clásico en las protestas ‘indignadas’: “!PSOE, PP, la misma mierda es!”, aunque con una nueva coletilla dedicada a Ciudadanos. Preguntada por la concentración, la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha recordado a los periodistas que su grupo ha hecho “bandera” de la lucha por las pensiones esta legislatura, pero ha lamentado que la “entente” entre PP y Cs esté frenando cualquier avance.
Algunos diputados han expresado su sorpresa por el alcance de la marcha, recordando que ni en las manifestaciones del 15-M ni en las de la Marcha de la dignidad habían podido superar el control policial y alcanzar los aledaños del Congreso.
“Muchos tenemos que tomar nota. Nuestros abuelos nos están enseñando lo que hay que hacer”, ha dicho Errejón, criticando que “el problema fundamental de las pensiones no es que haya mucha gente mayor, es que las condiciones de trabajo de los que trabajamos hoy no ayudan a sostenerlas”.
Los pensionistas también han tomado las calles de Barcelona, Bilbao, Sevilla y Palma de Gran Canaria. Especialmente numerosa ha sido la manifestación de Bilbao, donde fuentes municipales han hablado de 35.000 participantes. La manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema ‘Pensiones públicas dignas. No al 0,25%’ y muchos pensionistas han acudido con las cartas que les ha remitido el Gobierno para comunicarles la subida con la intención de realizar un acto de devolución simbólica. En el comunicado que se ha leído en la plaza Moyúa, se han declarado “hartos de que nos tomen el pelo, de que nos suban la mísera cantidad del 0,25% desde hace unos años, y de que esta situación se repita hasta el año 2022”, lo que supondrá una pérdida “no inferior al 10%, más lo que nos han robado ya”.
En otras ciudades de Euskadi también se han producido movilizaciones.
En Barcelona, los manifestantes se han concentrado en Plaza Catalunya. El portavoz de Marea de Pensionistas, Prudenci Vidal, ha defendido que la subida aprobada para este año “no es solo una mierda, sino que es una ilegalidad” porque el Gobierno se había comprometido a incrementarlas según el IPC cuando la economía española registrara cifras positivas, como ha sostenido que se está produciendo desde hace tres años. Por su parte, el representante de Yayoflautas (o Iaioflautas, según la denominación en catalán), Juan García, ha recalcado que, mientras las pensiones suben el 0,25%, el precio de servicios básicos como la luz, el gas o el agua crecen en cantidades mayores, lo que implica que los pensionistas van perdiendo poder adquisitivo desde hace años: “Es una vergüenza absoluta”, ha subrayado.

Amnistía Internacional denuncia la restricción "desproporcionada" de la libertad de expresión en España

MADRID.- Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y considera que este derecho se restringió de forma "desproporcionada" en 2017. Así lo ha documentado en su informe anual en el que analiza la situación en 159 países.

"Este ha sido un mal año para la libertad de expresión", ha resumido Esteban Beltrán, director de AI en España, durante la presentación del documento.
La restricción al derecho de las personas a manifestarse, la falta de protección "adecuada" a refugiados y migrantes o la violencia contra las mujeres fueron algunas de las principales vulneraciones de derechos humanos en España el año pasado, de acuerdo con el informe. Estas son sus principales conclusiones.
La ONG alerta de que en 2017  se "restringió desproporcionadamente" la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales. Esta restricción se produjo especialmente debido a la situación política en Cataluña, tras la suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, de la ley del referéndum: "En Madrid y Vitoria, los tribunales prohibieron dos reuniones públicas de apoyo al referéndum".
Además de las limitaciones a protestas pacíficas, AI denuncia también el "uso excesivo de la fuerza" contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, en relación a las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña. "La policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirió de gravedad a una persona que perdió la visión de un ojo", recuerda la ONG.
Asimismo, AI tacha de "excesiva y desproporcionada" la prisión preventiva decretada en octubre para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de organizaciones independentistas, acusados de sedición, un delito, a su juicio, "definido de forma muy general".
Por otro lado, decenas de personas fueron procesadas y 20 fueron declaradas culpables por "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas" en las redes sociales en 2017, de acuerdo con la ONG. El documento recoge, entre otros, el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco
"Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes. Están siendo criminalizadas letras de canciones y bromas bajo categorías vagas", ha criticado Beltrán. "En los últimos años se han disparado las condenas. En 2011, cuando ETA todavía mataba, hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo. Del año 2011 al 2017 ha habido 76 sentencias condenatorias", apunta.
Además, periodistas y ciudadanos particulares fueron sancionados por la Ley de Seguridad Ciudadana, como la reportera Mercé Alcocer, de Catalunya Radio, multada con 601 euros por traspasar una línea policial "no señalizada" cuando estaba cubriendo el caso Pujol en la Audiencia Nacional. "Hay una inquietud por la autocensura a la hora de documentar actuaciones policiales, según los testimonios que hemos recibido, y muchas más personas tienen miedo a la hora de salir a la calle a protestar y reclamar sus derechos", sostiene Beltrán.
Uno de los principales acontecimientos en materia de derechos humanos que dejó 2017 fue la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por la devolución de dos personas desde Melilla a Marruecos en 2014, al concluir que estas son ilegales.
Pese a la condena, el Gobierno, según denuncia la organización, sigue llevando a cabo estas expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla. "Desde la sentencia –el pasado octubre–, al menos 40 personas han sido expulsadas de forma ilegal corriendo el riesgo de ser sometidas a torturas y malos tratos, aunque el numero podría llegar a 130 personas", ha apuntado el director de AI.
"Reclamamos que Estrasburgo reconociera que se había vulnerado el derecho a tener derechos, a que una persona que quiere traspasar una frontera tiene derecho a no ser tratado como un fardo", ha explicado Isabel Elbal, abogada demandante, quien ha destacado "el trabajo colectivo" en el caso. El Ejecutivo ha recurrido el fallo y la condena será revisada.
"El plazo de tiempo puede oscilar entre un año y un año y medio. En este plazo deben respetarse los derechos, pero se siguen practicando devoluciones y sabemos que el Gobierno no tiene ninguna intención de acatar la sentencia, salvo que le obliguen", asevera Elbal.
Además de las expulsiones automáticas, AI denuncia que en 2017 se siguieron cometiendo violaciones "flagrantes" de derechos y abusos contra personas migrantes y refugiadas en España. Pone como ejemplo el encierro de más de 500 personas en la cárcel de Archidona o "las restricciones a la libertad de movimiento" de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla.
El informe recuerda otro de los "fracasos" de las políticas migratorias el año pasado: el incumplimiento de los compromisos de acogida de refugiados. Hasta diciembre de 2017, llegaron apenas el 15% de las 17.337 personas a las que el Gobierno se comprometió a reubicar. Mientras, quienes solicitan asilo siguen sufriendo retrasos en la respuesta sobre su petición, según la ONG.
A pesar del discurso de recuperación económica defendido por el Gobierno, "el impacto de las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España", ha insistido Beltrán. 
Un año más, AI ha vuelto a poner el foco sobre la exclusión sanitaria de los migrantes en situación irregular y los desahucios. En julio, expertos de la ONU concluyeron que España violó el derecho a la vivienda de una familia que fue desahuciada sin que se les proporcionara vivienda alternativa.
La escasez de viviendas sociales asequibles afecta en mayor medida, apunta la ONG, a madres solteras y mujeres supervivientes de violencia machista. Los derechos de las mujeres volvieron a ser en 2017 otro de los puntos oscuros en España. 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, según las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
2017 tampoco fue un buen año para los familiares de las víctimas del franquismo, recuerda la ONG. "Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de Derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", recalcan.
Además, la entidad denuncia que "se siguieron sin adoptar medidas" para localizar e identificar los restos de víctimas y se dejó a las familias y las asociaciones "sin apoyo del Estado" en las exhumaciones.
En febrero, la Fiscalía mexicana inició una investigación a raíz de la denuncia de Ligia Ceballos, quien descubrió que podría haber sido una "bebé robada" en 1968 durante el franquismo en España. Se trata del segundo país que investiga los crímenes franquistas, después de Argentina.

El BCE afirma no tener «capacidad de investigación» sobre el blanqueo

FRÁNCFORT.- El supervisor bancario en la zona euro, dependiente del Banco Central Europeo (BCE), recordó el jueves que "no tiene capacidad de investigación" en materia de blanqueo, nueve días después de las acusaciones estadounidenses contra un banco letón, bajo vigilancia.

"Las violaciones en materia de blanqueo de dinero pueden ser sintomáticas de deficiencias más profundas del funcionamiento en un banco, pero el BCE no dispone de capacidad de investigación para detectar estas deficiencias", declaró Danièle Nouy, presidenta del supervisor único (MUS), dentro del Banco Central Europeo, en un comunicado. 
"Es el trabajo de las autoridades nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero", agregó la dirigente francesa.
El comunicado de MUS no menciona las acusaciones recientes de blanqueo contra el tercer banco letón, el ABLV. Últimamente la prensa hizo hincapié en los límites del BCE en materia de supervisión de los grandes bancos, una función que le atañe desde finales de 2014.

Un informe señala que las tres universidades de la Región de Murcia (UMU, UPCT y UCAM) son las peores de España

MADRID.- Las universidades murcianas (UMU, UPCT y UCAM), analizadas en conjunto, tienen el peor nivel de España y estaban en el paro en 2016 el 10,8% de sus graduados superiores -cifra por debajo de la media nacional, del 11,7%-, cuya ganancia media anual cayó un 16% entre 2010 y 2014, el tercer mayor porcentaje del país por regiones.

El informe 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2017', publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que preside Ana Botín, establece un 'ranking' de comunidades españolas en función de sus universidades.
Andalucía y Canarias son las que tienen menos empleo para los graduados superiores, ya que la tasa de paro de sus universitarios supera el 17 por ciento, lo que supone que casi uno de cada cinco se encuentra en situación de desempleo.
En el lado opuesto están Navarra y Baleares, las comunidades con más tasa de empleo y menos tasa de paro para sus graduados superiores, en torno al 7 por ciento.
La clasificación contempla variables como la enseñanza y aprendizaje en estos centros, así como investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional y contribución al desarrollo regional.
En primer lugar se sitúa Cataluña, seguida de Navarra, en segundo lugar, y Madrid, en tercero. La lista continúa con País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, Galicia y Cantabria, por este orden, hasta completar los diez primeros puestos.
Después están Castilla y León y Castilla-La Mancha, equiparadas entre los puestos 11 y 12, dependiendo del indicador; Canarias, La Rioja, Extremadura, Andalucía y, por último, Murcia.
El informe muestra que el sistema universitario español está muy concentrado en las autonomías de Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, que en el curso 2015-2016 aglutinaban al 56,5 por ciento de los matriculados, tanto en estudios de grado, como máster oficial y doctorado.
En las universidades de estas comunidades se concentra además el 61 por ciento de los titulados o egresados y el 63 por ciento del profesorado total de las universidades españolas.
Por lo que respecta a la universidad y el mercado de trabajo, en los tres primeros años de recuperación económica, de 2014 a 2016, Baleares fue la comunidad que combinaba la mayor bajada porcentual de parados con graduación superior con el segundo mayor incremento de ocupados con dicha titulación, por detrás de Canarias.
Sin embargo, en 2014, Canarias y Extremadura eran las comunidades con mayor prima salarial por tener el máximo nivel educativo. Los licenciados, doctores y similares de estas dos autonomías tenían unas ganancias medias anuales más de un 70 por ciento superior al nivel promedio autonómico.
Por el contrario, con un porcentaje inferior al 45 por ciento, se hallaban Navarra y País Vasco, precisamente las comunidades que, junto a Madrid, tienen un mayor porcentaje de población de 16 y más años con un nivel superior de estudios, entre un 34 y un 38 por ciento.
En general, los licenciados universitarios, doctores y similar han padecido una devaluación salarial como consecuencia de la crisis, con un recorte del 10 por ciento en su nivel de ganancias.
Pero han sido los castellanoleoneses y los asturianos los que más han sufrido este recorte, con una bajada del 18 por ciento entre 2010 y 2014, casi el doble que la media estatal.
En lo que respecta a la financiación publica de las universidades, la mayor inversión se registra en Cantabria, Asturias y La Rioja, y en el lado opuesto se sitúan Baleares, Cataluña y Madrid.
En cuanto al coste a nivel privado, a través de las aportaciones de las familias para las matrículas universitarias, los primeros puestos corresponden a Comunidad Valenciana, Cantabria y Cataluña y los últimos a La Rioja, Baleares y País Vasco.

El Congreso apoya dejar de llamarse 'de los diputados' para evitar un lenguaje sexista


MADRID.- La Comisión de Igualdad del Congreso ha apoyado este jueves, a pesar del voto en contra de PP y Ciudadanos, una iniciativa de Compromís en la que se promueve un cambio de denominación del 'Congreso de los Diputados' por sólo 'Congreso', con el objetivo de lograr un lenguaje más inclusivo en la Cámara.

La propuesta fue debatida hace dos meses pero, precisamente PP y Ciudadanos, pararon su votación en el último momento al considerar que la comisión se estaba excediendo de sus competencias. Ambas formaciones trasladaron esta situación a la Mesa del Congreso que, finalmente ha dado luz verde a la votación.
La defensora de esta propuesta, la portavoz de Igualdad de la formación valenciana, Marta Sorlí, señaló durante el debate, que tuvo lugar en diciembre, que este cambio no sería una novedad, ya que es así cómo se conoce al Senado o a los ayuntamientos que "no son de los senadores ni de los concejales".
Sorlí también reconoció en su intervención que esta modificación supone una "economía lingüística, ya que el término Congreso "es más corto y más cómodo", mientras que la actual denominación es, en su opinión, "reiterativa y cargante".
La diputada llegó hace dos meses a un acuerdo con PSOE y Unidos Podemos para incluir en su texto varias propuestas, por la que se solicitaba la formación del personal funcionarial del Congreso, así como de los servicios de traducción y jurídicos. Además se puso plazo, todo 2018, para aplicar el uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio en el trabajo parlamentario. Ambas medidas también han contado con mayoría de apoyo ahora.
En la misma situación se encontraba una iniciativa socialista por la que se instaba a la propia Cámara Baja a cumplir con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la elección, tanto de los miembros de la Mesa como del resto de sus órganos, y que ahora también ha sido votada y apoyada por la mayoría. En concreto, por todos los grupos a excepción de PP y Ciudadanos, que se han abstenido.
En la iniciativa, los socialistas proponen que la representación de un género en estos órganos de la Cámara no sean nunca superior al 60% y, por tanto, el otro quede relegado a una cifra inferior al 40%.

Las pinturas rupestres más antiguas son neandertales y están en España

MADRID.- Un nuevo análisis de tres cuevas en España revela la primera evidencia importante de que los neandertales, en lugar de los humanos modernos, crearon las pinturas rupestres más antiguas del mundo.

El estudio, dirigido por la Universidad de Southampton, en Reino Unido, y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania, muestra que las pinturas en tres cuevas en España se crearon hace más de 64.000 años, 20.000 años antes de que los humanos modernos llegaran a Europa.
Esto significa que el arte rupestre del Paleolítico (Edad de Hielo) --incluyendo imágenes de animales, puntos y signos geométricos-- debe haber sido hecho por los neandertales, una especie 'hermana' del 'Homo sapiens', y los únicos habitantes humanos de Europa en ese momento. También indica que pensaron simbólicamente como los humanos modernos.
Publicado este jueves en la revista 'Science', el estudio revela cómo un equipo internacional de científicos utilizó una técnica de vanguardia llamada uranio-torio que data de hace más de 64.000 años para determinar la edad de las pinturas.
Hasta ahora, el arte rupestre se ha atribuido por completo a los humanos modernos, ya que los planteamientos de un posible origen neandertal se han visto obstaculizados por técnicas de datación imprecisas.
Sin embargo, la datación de uranio-torio proporciona resultados mucho más fiables que los métodos como la datación por radiocarbono, que puede dar estimaciones de edad falsas. El método del uranio-torio implica fechar pequeños depósitos de carbonato que se han acumulado en la parte superior de las pinturas rupestres, los cuales contienen rastros de los elementos radiactivos uranio y torio, que indican cuándo se formaron los depósitos y, por lo tanto, dan una edad mínima para lo que se encuentra debajo.
El autor principal del trabajo, el doctor Chris Standish, arqueólogo de la Universidad de Southampton, explica que este descubrimiento es "increíblemente emocionante" y sugiere que los neandertales eran mucho más sofisticados de lo que se cree popularmente. "Nuestros resultados muestran que las pinturas que datamos son, con mucho, las más antiguas conocidas en el mundo, y fueron creadas al menos 20.000 años antes de que los humanos modernos llegaran a Europa desde África, por lo tanto, deben haber sido pintadas por neandertales".
Un equipo de investigadores del Reino Unido, Alemania, España y Francia analizó más de 60 muestras de carbonato de tres sitios de cuevas en España: La Pasiega (en Puente Viesgo, Cantabria), Maltravieso (en Cáceres) y Ardales (en Ardales, Málaga). Las tres cuevas contienen pinturas rojas (ocre) o negras de grupos de animales, puntos y signos geométricos, así como estarcidos, huellas de manos y grabados.
Según los científicos, la creación del arte debe haber involucrado un comportamiento tan sofisticado como la elección de un lugar, la planificación de la fuente de luz y la mezcla de pigmentos.
"Poco después del descubrimiento del primero de sus fósiles en el siglo XIX, los neandertales fueron retratados como brutales e incultos, incapaces de hacer arte y tener comportamiento simbólico, y algunos de estos puntos de vista persisten hoy --explica el codirector del estudio, Alistair Pike, profesor de Ciencias Arqueológicas en la Universidad de Southampton--.
El tema de cómo se comportaron los neandertales humanos es un tema muy debatido. Nuestros hallazgos contribuirán de manera significativa a ese debate".
El autor principal, Dirk Hoffmann, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, añade que la cultura material simbólica, una colección de logros culturales e intelectuales transmitidos de generación en generación, hasta ahora, solo se ha atribuido a la especie 'Homo sapiens'.
"El surgimiento de la cultura material simbólica representa un umbral fundamental en la evolución de la Humanidad. Es uno de los principales pilares de lo que nos hace humanos. Los artefactos cuyo valor funcional radica no tanto en su uso práctico sino más bien en su uso simbólico son representantes de los aspectos fundamentales de la cognición humana tal como la conocemos", indica.
Los primeros artefactos simbólicos, que datan de hace 70.000 años, se han encontrado en África, pero están asociados con los humanos modernos. También se han hallado otros artefactos, como arte rupestre, figuras esculpidas, herramientas de hueso decoradas y joyas en Europa, que datan de hace 40.000 años. Pero los investigadores han concluido que estos artefactos deben haber sido creados por humanos modernos que se estaban extendiendo por toda Europa después de su llegada de África.
Existe evidencia de que los neandertales en Europa usaron ornamentación corporal hace unos 40.000 a 45.000 años, pero muchos investigadores han sugerido que esto fue inspirado por los humanos modernos que en ese momento acababan de llegar a Europa.
"Los neandertales crearon símbolos significativos en lugares significativos. El arte no es un accidente aislado. Tenemos ejemplos en tres cuevas separadas por 700 kilómetros y evidencia de que fue una tradición longeva. Es muy posible que el arte rupestre similar en otras cuevas en Europa occidental también sea de origen neandertal", concluye el coautor del estudio Paul Pettitt, de la Universidad de Durham, Reino Unido.

Fundación IDIS alerta de una España a dos velocidades en asistencia sanitaria

MADRID.- La sanidad sigue siendo una de las principales preocupaciones que afectan a los españoles, según revelan los últimos datos del Barómetro del CIS del pasado mes de enero (ocupa la 6ª posición, con un 9.9%). España cuenta con un sistema sanitario de titularidad pública sólido y solvente, pero carente de la flexibilidad necesaria y de la capacidad de adaptación a la nueva realidad socio-demográfica a la que nos enfrentamos; esta situación está ocasionando una España de dos velocidades en lo concerniente a accesibilidad a los centros y servicios sanitarios.

La titularidad del centro no es una preocupación evidente para los ciudadanos, tal y como se ha podido comprobar en tantas ocasiones. Sin embargo, una atención pronta, ágil, eficaz y con los mejores resultados de salud posibles sí que es una prioridad, como lo demuestran las diferentes encuestas realizadas tanto en España como en la Unión Europea. 
Estas necesidades y derechos quedan contemplados en la propia Ley General de Sanidad y las normas que la acompañan, como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o la de Autonomía del Paciente. 
En este contexto las listas de espera de la sanidad de titularidad pública, tanto para diagnóstico como para consulta al especialista o para intervenciones quirúrgicas, constituyen uno de los principales problemas que sufre nuestra sociedad y suponen el mayor déficit de calidad de nuestro sistema.

A pesar de las medidas interpuestas por las diferentes comunidades autónomas para tratar de controlar las listas de espera, los resultados siguen siendo pobres y la brecha en los tiempos de espera entre el entorno sanitario público y el privado sigue creciendo tal y como reflejan los informes SISLE – SNS del Ministerio de Sanidad y RESA de la Fundación IDIS fundamentalmente.
La lista de espera quirúrgica estructural en la sanidad de titularidad pública, a fecha de junio de 2017 (últimos datos publicados) afecta a 604.103 pacientes (lejos de los 511.000 que estaban en esta situación a finales de 2014 y los 569.097 de junio de 2016) y cuenta con un tiempo medio de espera de 104 días (83 en 2016). Por el contrario, en la sanidad privada tiene un tiempo medio de espera 28,2 días.
En cuanto a la lista de espera de acceso a consulta de especialista, la cifra alcanza 1.863.270 pacientes con un tiempo medio de espera de 58 días. Por el contrario, en la sanidad privada, el promedio para la atención de las consultas es de 2 semanas.


Por especialidades médicas:

  • Dermatología: 18,11 días de espera media en la sanidad privada frente a 56 días en la sanidad pública (266.840 pacientes en lista de espera).
  • Oftalmología: 14,88 días de espera media en la sanidad privada frente a 66 días en la sanidad pública (332.063 pacientes en lista de espera).
  • Traumatología: 12,99 días de espera media en la sanidad privada frente a 66 días en la sanidad pública (324.359 pacientes en lista de espera).
  • Ginecología: 14,81 días de espera media en sanidad privada frente a 49 días en sanidad pública (100.558 pacientes en lista de espera).
La calidad de los centros, el alto grado de especialización y complejidad asumida, así como la innovación instaurada están generando un incremento en el número de asegurados en el sector de titularidad privada. 
Junto a estos aspectos que son clave, el incremento continuado en los tiempos de espera de la sanidad pública, tanto en el acceso a consultas con especialistas como a la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, ha impulsado más aún si cabe dicho crecimiento continuado; actualmente el 21,3% de la población dispone de cobertura sanitaria privada. 
Desde enero a septiembre de 2017, el número de personas con un seguro privado ha aumentado un 6% (medio millón de asegurados más).
La sanidad privada cuenta ya con 8,2 millones de asegurados, a los que hay que sumar los cerca de 2 millones de funcionarios de la administración central que eligen el sistema de provisión privada; es decir, más de 10 millones de personas que en nuestro país están contribuyendo de manera significativa a la descarga financiera y asistencial del sistema público de salud.
En términos de descarga de presión financiera, se estima que el ahorro generado en 2016 por el seguro privado se situaría alrededor de los 4.470 millones de euros (si el ciudadano realiza un uso mixto de la sanidad, consumiendo recursos públicos y privados) y 8.847 millones de euros (si usa exclusivamente el sistema privado).
Este ahorro redunda en beneficio de los propios pacientes del sistema sanitario público y supone una mejora de la equidad, la cohesión, la incorporación de la innovación y el acceso al sistema sanitario, contribuyendo de esta forma a no aumentar unas listas de espera calificadas como inaceptables, unas listas que el sistema público no es capaz de absorber y que generan tanta incertidumbre e inquietud en la población.
Al igual que en otros países de la Unión Europea la sanidad de titularidad privada complementa al sistema público de salud y sin su contribución, en el más amplio sentido de la palabra, el acceso, la equidad, e incluso el propio catálogo de prestaciones y servicios se verían ampliamente comprometidos poniendo en serio riesgo la viabilidad de este.
En contraposición con lo que ocurre en otros países de la UE, en España la situación de plétora de las listas de espera en el sistema sanitario de titularidad pública es insostenible, como afirman analistas y expertos, y, lejos de resolverse, se acentúa año tras año una vez que las medidas adoptadas no están ofreciendo los resultados apetecidos.
En palabras de Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS, "la Constitución española y la Ley General de Sanidad garantizan no solo el derecho a la salud a todos los españoles, sino la posibilidad de que los diferentes operadores sanitarios de titularidad privada participen activamente y de forma sinérgica en su cuidado, protección, prevención y gestión".
En este sentido, Manuel Vilches afirma que "sanidad pública y privada no son dos entornos enfrentables entre sí, han de entenderse y cooperar por el bien de nuestra sociedad y de la supervivencia del propio sistema.
En este sentido la Fundación IDIS aboga por que ambos ámbitos asistenciales colaboren y trabajen de la mano con el objetivo común de prestar la atención sanitaria que nuestros ciudadanos se merecen, con los mejores medios y los mejores resultados, dando respuesta a las necesidades y prioridades del paciente. 
Las dos titularidades están obligadas a entenderse y trabajar conjuntamente por el bien del paciente, por la solvencia y viabilidad del sistema; en definitiva, por el futuro de nuestra sanidad en su conjunto".

La gripe se ha cobrado en España un 50% más de fallecidos que en 2017

MADRID.- La mortalidad de la gripe en España sigue creciendo y en la última semana se han notificado 93 nuevos fallecimientos de casos graves hospitalizados con el virus que elevan a 636 el número total de muertes, un 50 por ciento más que las registradas durante toda la temporada pasada. La actividad gripal, en cambio, continúa en descenso.

Así se desprende del último informe publicado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, relativo a la semana del 12 al 18 de febrero, que no obstante aclara que las nuevas defunciones no se han producido todas en este periodo, sino que se distribuyen entre las semanas previas.
El informe sigue registrando un "exceso de mortalidad" desde la última semana de diciembre, que se concentra fundamentalmente en los mayores de 64 años y ha coincidido tanto con la fase de ascenso de la epidemia gripal como con la ola de frío registrada en España en las últimas semanas.
De hecho, y pese a que todavía quedan unos meses para que concluya la temporada gripal 2017-2018, hace unas semanas el número de fallecimientos superó ya las 421 muertes registradas durante toda la temporada anterior, convirtiéndose en la epidemia más letal de los últimos años, por delante incluso de la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009, que causó 472 muertes.
La mortalidad esta temporada es algo mayor en hombres (52% de los fallecidos), en el 70 por ciento de casos está asociada al virus B y el grupo más afectado eran los mayores de 64 años, ya que el 85 por ciento de los fallecidos tenían más de esa edad, con una mediana de 82 años.
Además, el 98 por ciento presentaban factores de riesgo, el 52 por ciento desarrolló una neumonía y de los 547 casos pertenecientes a grupos en los que la vacunación estaba recomendada, el 49 por ciento no lo había hecho.
Junto a los fallecimientos, en la última semana también ha crecido el número de hospitalizaciones de casos graves confirmados por gripe en el laboratorio, con 436 nuevos ingresos que elevan a 3.988 el número total de casos graves. Y de los que eran considerados grupo de riesgo, el 54 por ciento no estaban vacunados.
Pese a estos incrementos, el informe de la última semana recoge un nuevo descenso de la tasa global de incidencia de gripe hasta los 128 casos por 100.000 habitantes, un 15 por ciento menos que la semana anterior.
De hecho, aunque la difusión de la enfermedad sigue siendo epidémica en la mayor parte de redes centinela, en Cantabria es local y en Asturias, Extremadura y Canarias es ya esporádica.
En la última semana la región más afectada es La Rioja, con 269,7 casos por 100.000 habitantes, seguida de Ceuta (232,6), País Vasco (223,1), Melilla (211,6), Castilla y León (182,4), Cataluña (158,8) y Aragón (156,2).
Ya por debajo de la media nacional estarían Comunidad Valenciana (126,9), Castilla-La Mancha (126,2), Baleares (112,8), Madrid (97), Andalucía (94,8), Cantabria (85,3), Navarra (73,9), Canarias (67,6), Asturias (46,9) y Extremadura (45,2), mientras que de Galicia y Murcia no se especifican datos.
El informe muestra esta semana un descenso de las tasas de gripe en los grupos mayores de 5 años, siendo significativo en el de 5 - 14 años.

España obtiene su peor resultado histórico en Percepción de la Corrupción

MADRID.- España obtuvo en 2017 el peor resultado de su serie histórica en el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora Transparencia Internacional desde 2009, con una puntuación de 57 sobre 100 que le sitúa entre el 42 y el 45 puesto de un total de 180 países evaluados.

El presidente de Transparencia Internacional España (TI-España), Jesús Lizcano, ha presentado el Índice de 2017 en la sede madrileña de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón y, aunque ha admitido que España no está "muy mal" en posiciones globales, ha señalado que registra tanto su peor calificación desde que se mide la percepción de la corrupción como su peor puesto.
En 2016, España tenía una calificación de 58 sobre 100 y ocupaba el 41 lugar de la clasificación por países. Su mejor resultado --con un sistema de calificación diferente al del actual índice-- lo obtuvo en 2004 con 71 puntos sobre 100 que le auparon al 22 mejor resultado.
Según ha explicado Lizcano, el resultado de 2017 consolida el descenso de los últimos años y bate "un récord negativo". Así, ha destacado que España está entre el 18-20 puesto entre los países de la Unión Europea, que tienen una calificación media de 65, y entre el 27 y 28 de los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
España empata en calificación en 2017 con países como Chipre, Dominica o República Checa y es, además, el Estado que más empeora respecto a 2016 junto a Hungría y Chipre. "Tendríamos que tener una media de 70", ha manifestado Lizcano, quien ha culpado de la percepción de la corrupción española a "quienes dirigen el país: por una parte el Gobierno y por otra los parlamentarios".
"Nos vienen ninguneando a los ciudadanos desde hace mucho tiempo", ha señalado el presidente de esta ONG, y ha recordado que los principales partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados se comprometieron a alcanzar un pacto de Estado para combatir la corrupción.
Por su parte, el secretario general de TI-España, Jesús Sánchez Lambas, ha aseverado que la situación de la corrupción en España es "verdaderamente seria" y ha asegurado que su percepción "se dispara" mientras la lucha contra este fenómeno "se desploma".
Sánchez Lambas ha subrayado que España tiene "la mayor población reclusa de la Unión Europea" por delitos económicos con las penas "más duras" y, sin embargo, se encuentra "en la cola" de la percepción de la corrupción en los países de la Unión.
"Transparencia Internacional denuncia un hecho muy importante: la percepción de la corrupción se incrementa en los países donde la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y la libertad civil son perseguidas o no existen", ha sentenciado el secretario general de TI-España.
Ante esto, el también miembro del Comité Ejecutivo de TI-España Beltrán Gambier, abogado especializado en derecho a la información, ha denunciado el "ataque a la libertad de expresión" que, según él, ha cometido el director de Ifema, Eduardo López-Puertas, al ordenar la retirada de la feria Arco de la obra 'Presos políticos', en la que se incluían fotografías de los presos soberanistas catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
"Por primera vez en la historia de Arco viene el director de Ifema y pide quitar una obra", ha dicho Gambier, quien ha lamentado la "poca capacidad de respuesta" de la sociedad civil.
TI-España ha presentado una serie de medidas "urgentes" para prevenir la corrupción en España, entre las que destacan algunas encaminadas a "aumentar la independencia y la transparencia" de la Fiscalía General del Estado, tales como establecer un código ético, acabar con la "dependencia financiera" de la Fiscalía respecto al Ejecutivo y terminar con "la lentitud de la Justicia".
A nivel global, los países mejor clasificados son Nueva Zelanda (89 puntos) y Dinamarca (88), y empatadas en tercer lugar Finlandia, Noruega y Suiza (todas con 85).
Los Estados con mayor percepción de corrupción son Somalia (con una nota de 9 sobre 100), Sudán del Sur (12) y Siria (14). Hay un total de 124 países suspensos --lo que supone casi el 70 por ciento-- y 51 que están por debajo de los 30 puntos.
Por último, Lizcano ha anunciado la elaboración de dos nuevos índices: el de Transparencia de las Federaciones Deportivas y el de Transparencia de las Empresas Públicas; y Gambier ha invitado a participar en un taller que organizará TI-España el próximo 21 de marzo sobre el derecho a la información.