MADRID.- Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves
los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y
considera que este derecho se restringió de forma "desproporcionada" en
2017. Así lo ha documentado en su informe anual en el que analiza la
situación en 159 países.
"Este ha sido un mal año
para la libertad de expresión", ha resumido Esteban Beltrán, director de
AI en España, durante la presentación del documento.
La restricción al derecho de las personas a
manifestarse, la falta de protección "adecuada" a refugiados y migrantes
o la violencia contra las mujeres fueron algunas de las
principales vulneraciones de derechos humanos en España el año
pasado, de acuerdo con el informe. Estas son sus principales
conclusiones.
La ONG alerta de que en 2017 se "restringió desproporcionadamente" la libertad de expresión
y el derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes
como a través de algunas prácticas policiales. Esta restricción se
produjo especialmente debido a la situación política en Cataluña, tras
la suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, de la ley del
referéndum: "En Madrid y Vitoria, los tribunales prohibieron dos
reuniones públicas de apoyo al referéndum".
Además de
las limitaciones a protestas pacíficas, AI denuncia también el "uso
excesivo de la fuerza" contra los manifestantes por parte de las fuerzas
de seguridad, en relación a las cargas policiales del 1 de octubre en
Cataluña. "La policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e
hirió de gravedad a una persona que perdió la visión de un ojo",
recuerda la ONG.
Asimismo, AI tacha de "excesiva y
desproporcionada" la prisión preventiva decretada en octubre para Jordi
Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de organizaciones independentistas,
acusados de sedición, un delito, a su juicio, "definido de forma muy
general".
Por otro lado, decenas de personas fueron procesadas y
20 fueron declaradas culpables por "enaltecimiento del terrorismo" y
"humillación a las víctimas" en las redes sociales en 2017, de acuerdo
con la ONG. El documento recoge, entre otros, el caso de Cassandra Vera,
tuitera condenada a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco.
"Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes. Están
siendo criminalizadas letras de canciones y bromas bajo categorías
vagas", ha criticado Beltrán. "En los últimos años se han disparado las
condenas. En 2011, cuando ETA todavía mataba, hubo una condena por
enaltecimiento del terrorismo. Del año 2011 al 2017 ha habido 76
sentencias condenatorias", apunta.
Además,
periodistas y ciudadanos particulares fueron sancionados por la Ley de
Seguridad Ciudadana, como la reportera Mercé Alcocer, de Catalunya
Radio, multada con 601 euros por traspasar una línea policial "no
señalizada" cuando estaba cubriendo el caso Pujol en la Audiencia
Nacional. "Hay una inquietud por la autocensura a la hora de documentar
actuaciones policiales, según los testimonios que hemos recibido, y
muchas más personas tienen miedo a la hora de salir a la calle a
protestar y reclamar sus derechos", sostiene Beltrán.
Uno de los principales acontecimientos en materia de derechos humanos que dejó 2017 fue
la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por
la devolución de dos personas desde Melilla a Marruecos en 2014, al concluir que estas son ilegales.
Pese a la condena, el Gobierno, según denuncia la organización, sigue
llevando a cabo estas expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla. "Desde la
sentencia –el pasado octubre–, al menos 40 personas han sido expulsadas
de forma ilegal corriendo el riesgo de ser sometidas a torturas y malos
tratos, aunque el numero podría llegar a 130 personas", ha apuntado el
director de AI.
"Reclamamos que Estrasburgo reconociera que se había
vulnerado el derecho a tener derechos, a que una persona que quiere
traspasar una frontera tiene derecho a no ser tratado como un fardo", ha
explicado Isabel Elbal, abogada demandante, quien ha destacado "el
trabajo colectivo" en el caso. El Ejecutivo ha recurrido el fallo y la condena será revisada.
"El plazo de tiempo puede oscilar entre un año y un año y medio. En
este plazo deben respetarse los derechos, pero se siguen practicando
devoluciones y sabemos que el Gobierno no tiene ninguna intención de
acatar la sentencia, salvo que le obliguen", asevera Elbal.
Además de las expulsiones automáticas, AI denuncia que en 2017
se siguieron cometiendo violaciones "flagrantes" de derechos y abusos
contra personas migrantes y refugiadas en España. Pone como ejemplo el
encierro de más de 500 personas en la cárcel de Archidona o "las
restricciones a la libertad de movimiento" de los solicitantes de asilo
en Ceuta y Melilla.
El informe recuerda otro de los
"fracasos" de las políticas migratorias el año pasado: el incumplimiento
de los compromisos de acogida de refugiados. Hasta diciembre de 2017,
llegaron apenas el 15% de las 17.337 personas a las que el Gobierno se
comprometió a reubicar. Mientras, quienes solicitan asilo siguen
sufriendo retrasos en la respuesta sobre su petición, según la ONG.
A pesar del discurso de recuperación económica defendido por el
Gobierno, "el impacto de las medidas de austeridad implementadas como
consecuencia de la crisis está dejando desamparadas a decenas de miles
de personas en España", ha insistido Beltrán.
Un año
más, AI ha vuelto a poner el foco sobre la exclusión sanitaria de los
migrantes en situación irregular y los desahucios. En julio, expertos de
la ONU concluyeron que España violó el derecho a la vivienda de una
familia que fue desahuciada sin que se les proporcionara vivienda
alternativa.
La escasez de viviendas sociales
asequibles afecta en mayor medida, apunta la ONG, a madres solteras y
mujeres supervivientes de violencia machista. Los derechos de las
mujeres volvieron a ser en 2017 otro de los puntos oscuros en España. 48
mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, según las cifras
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
2017 tampoco fue un buen año para los familiares de las víctimas del
franquismo, recuerda la ONG. "Las autoridades españolas continuaron
cerrando investigaciones sobre crímenes de Derecho internacional
cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", recalcan.
Además, la entidad denuncia que "se siguieron sin adoptar medidas" para
localizar e identificar los restos de víctimas y se dejó a las familias
y las asociaciones "sin apoyo del Estado" en las exhumaciones.
En febrero, la Fiscalía mexicana inició una investigación a raíz de la
denuncia de Ligia Ceballos, quien descubrió que podría haber sido una
"bebé robada" en 1968 durante el franquismo en España. Se trata del
segundo país que investiga los crímenes franquistas, después de
Argentina. 
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