Sánchez niega que Bruselas haya dado un varapalo a su política económica

MADRID.- El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado hoy que la evaluación hecha pública ayer por la Comisión Europea sobre la economía española sea un varapalo a su política económica.

"No, para nada", se ha limitado a responder Sánchez a los periodistas al preguntarle si consideraba que esa evaluación ha supuesto un varapalo.

El jefe del Ejecutivo ha participado en Madrid en la inauguración del Foro Iberoamérica, y al abandonar el hotel en el que se ha celebrado este acto ha respondido de esa forma ante el informe de Bruselas.

La Comisión Europea rebajó ayer su previsión de crecimiento para España hasta el 2,6 % en 2018 y el 2,2 % en 2019, y elevó su proyección de déficit público para ambos ejercicios, hasta el 2,7 % y 2,1 % del PIB, respectivamente.

Ya ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pese a esa rebaja, consideró "positiva" y "satisfactoria" la evaluación de la Comisión Europea sobre la economía española.

A su llegada al acto del Foro Iberoamérica, Sánchez ha sido preguntado también por si había visto peligrar su seguridad tras la detención de una persona que pretendía atentar contra él.

Su respuesta ha sido la misma que en el caso de las previsiones de Bruselas: "Para nada".

El PP propone a un juez del 'procés' para presidir el CGPJ

MADRID.- El PP quiere que Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe juzgar próximamente el proceso soberanista de Cataluña, sea el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fuentes del PP han informado de su apuesta por Marchena para presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo dentro de las negociaciones que este partido mantiene para renovar el órgano de gobierno de los jueces con el PSOE, que es partidario de que el puesto lo ocupe una mujer.
Unas negociaciones que están próximas al acuerdo (el plazo para presentar candidatos termina en principio el lunes 12 de noviembre) y que afectan a los vocales que compondrán el Consejo, quienes a su vez deben elegir a su presidente, si bien el nombre suele ser pactado por los grupos parlamentarios.
Populares y socialistas tienen escaños suficientes para lograr la mayoría de tres quintos necesaria para renovar el Consejo, por lo que el acuerdo entre ambos, que desde hace semanas negocian la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exministro Rafael Catalá bastaría para lograr ese objetivo.
Manuel Marchena preside la Sala de lo Penal del Supremo y forma parte del tribunal designado para juzgar el proceso soberanista catalán en los próximos meses, previsiblemente desde el mes de enero.

Otro aplazamiento hace imposible aprobar este año la reforma para quitar el veto del Senado

MADRID.- La proposición de ley del PSOE y de Unidos Podemos para acabar con el veto irrevocable del Senado a la senda del déficit ha sufrido un nuevo aplazamiento en el Congreso, al retrasarse hasta el 22 de noviembre su debate de totalidad, por lo que ya resulta imposible que concluya su tramitación parlamentaria antes de fin de año.

Esta reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue registrada en agosto como paso imprescindible para poder aprobar una nueva senda de déficit y facilitar así la presentación de unos Presupuestos distintos de los del Gobierno del PP. Se trata de un cambio puntual de la Ley para permitir que, en caso de veto del Senado al techo de gasto y la senda de déficit propuesta por el Gobierno, el Congreso pueda levantarlo después por mayoría simple.

Una vez que la proposición de ley fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso, se abrió un plazo de presentación de enmiendas que acabó a finales de octubre y que no se amplió más porque el PP no encontró apoyos en Ciudadanos.

Ambos partidos ya habían rechazado tanto la tramitación exprés de la reforma como el ‘atajo’ del PSOE para intentar que el cambio legal e llevara a cabo en una ley de medidas contra la violencia machista, pero Ciudadanos se negó a bloquear el procedimiento ordinario y desde mediados de octubre ya estaba avisando de que no iba a pedir más prórrogas.

Así las cosas, el Grupo Popular fue el único en presentar una enmienda de totalidad, que requiere un texto alternativo, a la reforma impulsada por PSOE y Podemos, lo que obligará a celebrar un nuevo debate en el Pleno del Congreso y frenará la presentación de enmiendas parciales.

En su enmienda a la totalidad, recogida por acceso Europa Press, lo que propone el PP es mantener la ley vigente y, por tanto, la capacidad del Senado para tumbar el techo de gasto sin que el Congreso pueda hacer nada para remediarlo. Los ‘populares’ alegan que esa tarea exclusiva de la Cámara Alta “no supone ninguna anormalidad normativa” pues, argumentan, “son numerosos los casos en los que el Senado, o bien iguala sus funciones a las del Congreso, o bien se pronuncia con carácter previo o exclusivo”.

Según el orden del día del próximo Pleno del Congreso, esa enmienda de totalidad del PP no se debatirá hasta el día 22 de noviembre, ya que no ha entrado en la agenda de la próxima semana. Y, conforme a las costumbres del Congreso, hasta que la Cámara no decida cuál es el texto que continúa su tramitación, si la reforma del PSOE o la alternativa del PP, tampoco se podrá cerrar el plazo de presentación de enmiendas al articulado.

Así las cosas, todo el procedimiento parlamentario vuelve a bloquearse y fuentes de la Cámara ven ya muy difícil que, en lo que resta de año, el Congreso apruebe la reforma impulsada por PSOE y Unidos Podemos. Y a ello hay que añadir que, una vez que se apruebe en la Cámara Baja, el texto deberá enviarse al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta para manejar el calendario a su antojo.

Todo ello hace ya imposible que este año pueda entrar en vigor la supresión del veto irrevocable del Senado. Desde Ciudadanos auguran incluso que la tramitación no acabará hasta el verano. 

En todo caso, el Gobierno de Pedro Sánchez ya aseguró que la presentación de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 se atendrá a la senda de déficit vigente, aprobada por Mariano Rajoy, ya que no le dará tiempo a presentar unas cifras que puedan sortear el veto del PP en el Senado.

El español González Pons, favorito para liderar el PPE en la Eurocámara tras los comicios de 2019

BRUSELAS.- Esteban González Pons se sitúa como favorito para ser, tras las elecciones europeas de 2019, el próximo líder del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara, conformado por todos los eurodiputados de centroderecha integrados en esta familia política de la UE. Así lo han asegurado hoy fuentes del PPE, que recuerdan que Pons se convertiría en el primer español en ocupar este puesto.

Aunque eso solo ocurrirá si la dirección nacional del PP encabezada por Pablo Casado decide que Pons vuelva a concurrir a las europeas, porque la cúpula popular no descarta aún proponerle como candidato a la Alcaldía de Valencia.

Los populares europeos eligieron el jueves en su congreso de Helsinki al actual líder del grupo del PPE, el alemán Manfred Weber, candidato a la Presidencia de la Comisión.

Desde ese momento, González Pons, que es vicepresidente primero del grupo, ha asumido las funciones de Weber y del cargo al que podría aspirar el año que viene. 

Y aunque queda mucho para que se produzca esa elección -que tendría lugar en junio de 2019, tras los comicios europeos que se celebran en mayo-, Pons es el mejor situado para el puesto.

“Si González Pons se presenta, no habrá más candidatos”, han asegurado fuentes del grupo popular europeo. Esa es, señalan otras fuentes del grupo, la sensación mayoritaria entre la familia del PPE, que vio el jueves cómo Weber celebraba su victoria acompañado en el escenario, entre otros, del propio Pons.

En la dirección nacional del PP, en cualquier caso, se resisten por el momento a descartarle como candidato a la alcaldía valenciana, una de las plazas más importantes que quiere recuperar el partido en las elecciones municipales, que se celebran el mismo día que las europeas y buena parte de las autonómicas.

En Génova valoran mucho su trabajo en Europa al frente de la delegación española del PP en la Eurocámara, pero explican que es precisamente por eso, por su prestigio y su buen hacer, por lo que el partido le ve adecuado para otros puestos y pueda contemplar la candidatura valenciana.

Han sido varias las ocasiones en las que el propio Pons ha dejado entrever que prefiere quedarse en Bruselas.

Pero las fuentes consultadas, tanto nacionales como valencianas, insisten en que aún no está cerrada la posibilidad de la candidatura municipal.

Reconocen no obstante que algo ha ocurrido en los últimos días que puede inclinar la balanza en favor de la opción europea, y es la marcha de María Dolores de Cospedal, quien hasta el escándalo de sus conversaciones excomisario José Manuel Villarejo figuraba en todas las quinielas para encabezar la lista europea.

Con la salida de Cospedal del Comité Ejecutivo y su renuncia al escaño en el Congreso, fuentes populares admiten que cobra fuerza la posibilidad de que Pons se quede en Europa. De esa forma podría liderar el grupo del PPE, que en esta legislatura es el mayor de la Eurocámara, con 221 de los 751 escaños, por delante de los socialdemócratas, los conservadores y reformistas y los liberales.

Durante la interparlamentaria que el PP celebró hace dos semanas en Sevilla, Manfred Weber quiso destacar en su discurso la figura de González Pons y subrayó que en muy poco tiempo el valenciano se ha convertido en una de las “figuras políticas clave” en el escenario político europeo.

Y si la sintonía entre Weber y Pons se ve evidente, también lo es la del candidato a presidir la Comisión con Pablo Casado. Al finalizar el congreso de Helsinki, Casado mostró el jueves su convencimiento de que el PP español tendrá “mucho peso” en las instituciones europeas.

Está por ver si parte de ese peso lo aporta Esteban González Pons ocupando el puesto de líder del PPE en la Eurocámara.

Ocurra lo que ocurra, el PP español espera en cualquier caso seguir siendo en la próxima legislatura una de las más numerosas delegaciones nacionales del PPE detrás de los alemanes de la CSU y la CDU.

Exteriores no puede impedir la apertura de “embajadas” catalanas

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha admitido este viernes que el Gobierno no puede impedir la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior, pero ha asegurado que se recurrirá a los tribunales si en ellas se incumple la ley.

Borrell se ha referido así en declaraciones a los periodistas al informe hecho público el jueves por su departamento que informó desfavorablemente sobre la apertura de seis nuevas delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el extranjero al considerar que se utilizarían “para apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España”.

A su llegada a la inauguración del Foro Iberoamérica que preside el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Exteriores ha explicado que la ley establece que su departamento y el de Hacienda y Administraciones Públicas deben emitir un informe no vinculante ante la pretensión de Cataluña de abrir sus delegaciones.

Ha reconocido que el informe se puede seguir o no y que el Gobierno ya sabe que la Generalitat no lo va a hacer, ante lo que ha insistido en que el Ejecutivo no puede impedirlo.

“Sólo podremos recurrir a los tribunales cuando las actuaciones que se desarrollen desde ahí sean contrarios a la ley”, ha subrayado.

Borrell ha defendido el contenido del informe de su Ministerio porque considera que la apertura de esas delegaciones no se corresponde con la estrategia de la política exterior del Estado.

Además, ha recordado que esas delegaciones se han utilizado como un instrumento al servicio del proceso independentista.

Un sacerdote expulsado de Miami abusó presuntamente durante años de menores en Salamanca

MADRID.- Un sacerdote expulsado en 1981 de la Archidiócesis de Miami (EEUU) residió en Salamanca entre 1981 y 2004, donde presuntamente abusó de menores en parroquias rurales de la provincia salmantina, sin que el Obispado atendiera el aviso lanzado desde Estados Unidos.

Tres víctimas denuncian, en una noticia publicada este viernes por El País, prácticas sexuales mantenidas por el sacerdote, F.C, con menores; y añade que el Obispado de Salamanca ignoró un aviso de la Archidiócesis de Miami -que expulsó a este sacerdote en 1981 tras un caso de abusos-, y además lo mantuvo de 1981 a 2004 en parroquias rurales salmantinas.

En 2011, el Obispado de Salamanca defendió a dicho sacerdote tras conocerse las denuncias contra él en Miami.

Este sería el segundo caso que salpica al Obispado de Salamanca después de que también El País publicara que el actual prelado, Carlos López, quiso comprar el silencio de otra víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote salmantino, aspecto que la diócesis negó posteriormente.

Sánchez, sobre el impuesto hipotecario: “Democracia es que no paguen siempre los mismos”

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado este viernes el decreto ley aprobado por su Gobierno para que a partir del sábado sea la banca y no el cliente quien pague el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, vinculado a la contratación de una hipoteca, en la necesidad de redistribuir de manera más justa la riqueza para no alimentar los populismos.

“Si la prosperidad no es como una suerte de lluvia fina, persistente y capaz de llegar a todas las capas de la sociedad, surgen en consecuencia el desencanto, la frustración, la desafección, y es ahí donde se encuentran los pilares, el sustento que alimenta las retóricas excluyentes”, ha advertido en el Foro Iberoamérica que se desarrolla en el hotel Intercontinental con la presencia de exdirigentes latinoamericanos como el colombiano Juan Manuel Santos y representantes de las principales empresas españolas, a las que ha agradecido su apuesta por el desarrollo de América Latina.

Ante directivos de la banca como el consejero delegado del Grupo Financiero Santander, José Antonio Álvarez, o el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé –quien dirigió la entidad hasta el año 2016–, Sánchez ha subrayado que en un Estado de derecho como es España “las decisiones judiciales se acatan, gusten o no gusten”, pero el Gobierno y el Parlamento también pueden “cambiar leyes en consonancia con las preocupaciones sociales”.

Y es ahí donde ha justificado la decisión que ha tomado su Gobierno para cambiar la ley después de que el Tribunal Supremo rectificara una decisión previa de una de sus salas, que estableció que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debía pasar a pagarlo la banca y no el cliente.

“La democracia también es que no paguen siempre los mismos“, ha subrayado, remarcando que su Ejecutivo “cree en la redistribución de la riqueza”.

Sánchez ha compartido con la audiencia una reflexión acerca de la relevancia que tiene, a su juicio, “volver a vincular prosperidad y democracia” porque “cuanto más justo sea el reparto de la prosperidad, más fuerte será la democracia y los pilares que la sustentan”.

En su opinión, uno de los principales desafíos que tiene Europa en la actualidad tiene que ver con la inclusión social, con la necesidad de “escribir” un “contrato social a nivel europeo”.

Sánchez cree que una de las lecciones que se deben extraer de la última crisis económica es que las sociedades no pueden tolerar que las desigualdades se consoliden en el tiempo.

“Si esas brechas se consolidan en el tiempo y los sacrificios siempre caen sobre los más expuestos, tendremos el caldo de cultivo para ese discurso autoritario” que se ve ya en algunas partes del mundo.

“La inclusión social representa esperanza y la exclusión una carga que debilita a la sociedad en su conjunto” porque se traduce en “debilidad institucional”, en mujeres excluidas, en “jóvenes sin recursos que no pueden desarrollar su potencial”, ha abundado, antes de hacer un llamamiento a las democracias occidentales a demostrar más que nunca su “fortaleza” y su capacidad de generar consensos.

La banca no pagará el impuesto de las hipotecas que otorgue a partidos políticos, Iglesia y Estado

MADRID.- Los bancos asumirán a partir de este sábado el pago del impuesto de actos jurídicos documentados que grava las hipotecas y que hasta ahora corría a cargo de los clientes, salvo en los préstamos concedidos a la Iglesia, los partidos políticos con representación parlamentaria o el Estado, entre otros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el real decreto ley aprobado el jueves por el Consejo de Ministros con el objetivo de aclarar quién debe asumir el pago de este gravamen.

La medida, adoptada con carácter de urgencia, llega después de que el Pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias de mediados de octubre.

La normativa modifica el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer que en el caso de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria el sujeto pasivo de este impuesto será el prestamista, es decir, que es el banco el que deberá pagarlo.

Además, el decreto del Gobierno también modifica el artículo 45 para impedir que los bancos paguen este impuesto cuando conceden hipotecas a entidades a las que la ley ya eximía del pago del mismo.

En su artículo 45, la ley establece que están exentos del pago de este impuesto el Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos.

La exención es aplicable también a los partidos políticos con representación parlamentaria, Cruz Roja Española, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Obra Pía de los Santos Lugares y la Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado.

Tampoco lo deben afrontar las entidades sin fines lucrativos acogidas al régimen fiscal especial, como, por ejemplo, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG de desarrollo o las federaciones deportivas.

Igualmente, figuran como exentas las cajas de ahorro y las fundaciones bancarias, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social.

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un tributo de naturaleza indirecta que recaudan las autonomías y grava las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados.

Carmena no cree que la Almudena deba ser lugar de exaltación de la dictadura

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no cree que la catedral de la Almudena deba convertirse en lugar de exaltación de la dictadura ante un hipotético traslado de los restos del dictador Francisco Franco al templo.

A su llegada a la misa de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, la regidora ha instado a hacer valer los principios de las normas, en este caso de la Ley de Memoria Histórica.

“Lo que no puede convertirse algo que tiene que ver con lo que significó una actitud contraria a la democracia como fue la dictadura en un lugar de exaltación. Lo más importante es cumplir las normas, la Ley de Memoria Histórica y sus objetivos”, ha declarado.

Y dichos objetivos pasan por que “Madrid recuerde fundamentalmente lo que es la esencia de la democracia, la esencia de los valores que unen”.

 “Está bien recordar hasta qué punto la democracia es la única posible forma de gobernar. Hay que reforzar las actitudes democráticas y por eso se creó la ley de Memoria”, ha terminado.

Felipe González alerta del deterioro de las instituciones y pide reformas frente a caudillos y tiranos

MADRID.- El expresidente del Gobierno Felipe González ha apelado hoy a los líderes políticos en España a rebajar la crispación porque, de lo contrario, puede haber "tensiones de violencia que muchas veces se salen de control". González ha hecho esta llamada a los dirigentes de los partidos en su intervención en el Foro Iberoamérica que ha inaugurado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Para el expresidente, es necesario desarrollar una educación y cultura de la convivencia en paz para dar valor a la palabra y para que la comunicación no sea violenta.

Ha sido entonces cuando ha considerado que la crispación existente entre los líderes de los partidos “aguas abajo produce tensiones de violencia que muchas veces se salen de control”. “La palabra de la convivencia en paz la tienen que cuidar sobre todo los grandes responsables políticos”, ha insistido.

González ha alertado también de que en España se está “fragilizando” la institucionalidad y se inventan problemas para eludir los verdaderos desafíos que hay por delante.

Tras lamentar que los elementos esenciales de la democracia representativa estén amenazados, ha citado en concreto el riesgo existente para la división de poderes y el respeto entre ellos.

Ha abundado en ese análisis para advertir de que cuando no se está en condiciones de debatir sobre los desafíos que hay por delante, se inventan problemas para eludir los que realmente existen.

También ha llamado la atención sobre la situación en la que están quedando los partidarios de la reforma de la Constitución en España frente a los “liquidacionistas” y los “inmovilistas” que creen que ese texto es como “las Tablas de la Ley”. “Para los que queremos hacer reformas razonables el espacio se está reduciendo”, ha asegurado

El expresidente del Gobierno ha alertado ede que en España, como en otros países, “se está fragilizando la institucionalidad” de la democracia representativa, por lo que ha defendido que se hagan reformas que permitan nuevas formas de participación ciudadana para evitar caer en autoritarismos de “caudillos que se transformarán en tiranos”.

En ese sentido, ha precisado que cuando se habla del fracaso de la democracia existe una confusión porque lo que existe en realidad es una mala gobernanza. “La democracia es el mejor instrumento, pero nadie puede demostrar que la democracia garantiza un buen gobierno”, ha añadido para explicar que si existiera esa garantía se podría “echar democráticamente al tirano Maduro o al tirano Ortega”.

A la situación en Venezuela se ha referido también para insistir en que no es una dictadura, sino “una tiranía arbitraria”.

Igualmente ha aludido al momento que vive Nicaragua para asegurar que Daniel Ortega sigue esos mismos pasos y “ha recuperado de la tumba a Somoza para reprimir a su pueblo”.

PSOE y PP avanzan en la renovación del CGPJ antes del juicio del 'procés'

MADRID.- El PSOE y el PP trabajan para cerrar un acuerdo de reparto de los puestos del Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Lesmes. Este mismo jueves, Cristina Narbona admitía en RTVE que le constaba que "es bastante posible" que el lunes se avance en este pacto. 

La renovación de este órgano es muy relevante, máxime con importantes juicios como el del 'procés' en el horizonte y con la polémica originada por la gestión del Tribunal Supremo del impuesto de las hipotecas. "Confio en que esa renovación se produzca a tiempo y que todo lo que nos espera se haga con órganos renovados", recalcó Narbona.

Este misma semana, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ya avisaba de que su partido estaba "hablando con los otros grupos parlamentarios", además de señalar que sus prioridades eran la paridad y la incorporación de "expertos en violencia de género, en lucha anticorrupción y en distintas materias judiciales". 

"El lunes les informaremos de la propuesta del PSOE y si va acompañado de otros partidos o no", zanjaba.

Desde el PP, Rafael Catalá, subraya que "que haya una renovación en plazo es lógico y razonable". 

"El PP y el PSOE suman en el Congreso y en el Senado mayoría suficiente para la renovación", ha recordado en TVE el secretario de Justicia de los populares, que también ha defendido el sistema de elección del CGPJ y ha opinado que la Justicia en España "hoy ya es independiente".

Así, aunque las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado no pasan por su mejor momento, parece que al final se llegará a un acuerdo. 

Según eldiario.es, la negociación apunta a que "una mujer presida el órgano de gobierno de los jueces". Además, afirma este rotativo, los socialistas reservan uno de sus puestos para Unidos Podemos, que se decantaría por Victoria Rosell, pero aún no ha contactado con los independentistas.

La Mesa del Congreso prorrogó  hasta el próximo lúnes día 12 el plazo para que los grupos parlamentarios presenten los candidatos que corresponde elegir a la Cámara Baja en el marco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato concluye el 4 de diciembre. 

El Senado, por su parte, ya decidió hace una semana prorrogar hasta el 18 de diciembre el plazo para proponer los vocales que le corresponden, es decir, más allá de la fecha de caducidad del mandato del CGPJ.

Las Cortes deben votar por mayoría cualificada a los 20 vocales del Consejo, de los que doce han de ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos políticos.

La mitad del CGPJ se elige en el Congreso y la otra mitad en el Senado y, dada la aritmética parlamentaria y la exigencia de mayorías, es imprescindible que PP y PSOE se pongan de acuerdo.

El pasado 27 de septiembre, Lesmes remitió al Congreso y al Senado una lista con los 51 candidatos seleccionados por las asociaciones y la carrera judicial para intentar ocupar esos doce asientos reservados a magistrados. 

En esa lista figura Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, así como el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, la pieza relativa a las 'tarjetas Black' o los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

La lista la integran, además, candidatos tanto independientes como presentados por las asociaciones judiciales para que puedan ser elegidos en el cupo de 12 vocales pertenecientes a la carrera judicial por el Congreso y el Senado. 

También podrá aspirar José María Fernández Seijo, actualmente en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que opta a vocal a propuesta de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD).

Entre los aspirantes que han quedado fuera, por no cumplir el requisito de ser juez en activo está el magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las frases más duras contra el PP de la sentencia del caso Gürtel que detonó la moción de censura contra Mariano Rajoy. 

De Prada se encontraba en excedencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y no se le ha concedido el ingreso, por no estar acreditada la renuncia en dicho puesto, lo que el juez ha tildado de "sanción encubierta".

Sánchez permite que los bancos se deduzcan este año el impuesto de las hipotecas

MADRID.- El Gobierno ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto por el que modificará la ley del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) para que sea el banco y no el cliente quien pague a partir del lunes el tributo asociado a las hipotecas.

 El Ejecutivo también modifica la ley del impuesto de sociedades para impedir que las entidades financieras se deduzcan este gravamen en el impuesto de sociedades. No obstante, la redacción del cambio legal deja abierta la puerta para que los bancos puedan rebajar su factura tributaria durante este año. 

Es decir, que las entidades que a partir del lunes carguen con el impuesto podrán deducírselo en el pago del impuesto de sociedades durante este año.

A partir del próximo 1 de enero, sin embargo, no podrán hacerlo. 

La disposición final primera del real decreto publicado este viernes en el BOE indica: "Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley....". 

Esta frase es la que permite a los bancos restar el impuesto de su base imponible a la hora de pagar el impuesto de sociedades de este año. Porque no será hasta el 1 de enero cuando se inicie el nuevo periodo impositivo. De esta forma, cuando los bancos liquiden el impuesto de sociedades correspondiente a 2018 —tienen hasta el 30 de julio del próximo año— podrán rebajar la cuota a pagar.

En cualquier caso, el embrollo jurídico de este impuesto podría no terminar porque existen dudas fundadas de que se pueda impedir la deducción a los bancos. Las empresas pueden restar del impuesto de sociedades algunos impuestos relacionados con su actividad como el IBI o el propio IVA (siempre que esté relacionado con gastos relacionados con la actividad de la empresa). A partir de ahora el impuesto sobre actos jurídicos documentados pasa a ser un gasto relacionado con la actividad habitual de los bancos, que es la concesión de hipotecas.

El cambio normativo del Gobierno propiciará que unos 458.000 nuevos hipotecados se ahorren a partir de ahora más de 1.100 millones de euros al año, según cálculos de la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

Esta organización estima que de media los ciudadanos que firmen una hipoteca a partir de ahora se ahorrarán unos 2.500 euros por el impuesto de actos jurídicos documentados por cada hipoteca. Gestha ve positivo que el Gobierno haya aclarado la norma, en el sentido apuntado por las sentencias cuestionadas ayer por el Supremo.

Gestha reclama a la "Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile a la banca para que las entidades no acuerden repercutir a los clientes el pago del AJD, después de que el presidente del Gobierno haya apelado a la responsabilidad del sector para que no encarezcan las hipotecas".

Torra pedirá a la Fiscalía investigar a Lesmes por el impuesto a las hipotecas

BARCELONA.- El Govern de Cataluña presidido por Quim Torra ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, cometieron delito en la polémica sentencia de las hipotecas.

Desde el Parlament, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado que la denuncia se presentará presumiblemente el próximo martes, día 13, tras la reunión del ejecutivo catalán.
Según Artadi, la Fiscalía está "obligada a investigar" si ha habido delito en el "cambio de una sentencia firme", después de que el Supremo acordara que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que dio un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

El Gobierno prepara una reforma para revertir la 'ley Wert'

MADRID.- La reforma educativa que prepara el Gobierno prevé eliminar la regulación estatal del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las Comunidades Autónomas en las que hay lengua cooficial. Esta supresión, afectará, entre otros aspectos a la regulación de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial.

Así consta en un documento remitido por el Ministerio de Educación a las principales organizaciones educativas. El Gobierno ha sometido a consulta pública otro documento sobre los principios generales de la reforma, pero más escueto que el remitido a las organizaciones educativas.

El nuevo texto lleva por título 'Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación', y va acompañado de una carta del secretario de Estado Alejandro Tiana, en la que asegura que el Ministerio quiere que la nueva norma cuente con el "mayor consenso posible".

Eliminar la regulación estatal de la lengua cooficial es una medida enmarcada en el objetivo de llevar a cabo "una regulación de las competencias entre el Estado y las CC.AA respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y la lealtad institucional".

Por ello, también plantea llevar a cabo una regulación acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema establecido por la LOMCE para garantizar la escolarización en Castellano en Cataluña y que obligaba a la Generalitat catalana a sufragar un colegio privado a aquellos padres que solicitasen la escolarización en castellano cuando no pudieran obtenerla en el sistema público.

Educación también plantea retomar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA para la determinación del currículo de las materias, asignado el 55/65% al Estado.

Priorizar la coeducación en los conciertos

Por otro lado, las modificaciones también plantean reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos. En particular, planea eliminar la referencia a que la educación diferenciada no se considera discriminación por género y reforzar la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación.

En materia de conciertos, como ya había anunciado la ministra, se eliminará a la demanda social, recuperando una formulación no restrictiva de los poderes públicos en la programación general de la enseñanza y se recuperará el papel del Consejo Escolar y la administración educativa en los procedimientos de selección y despido del profesorado.

La reforma también prevé eliminar la posibilidad de contratar expertos extranjeros nativos para la enseñanza de las diferentes materias del currículo por procedimientos diferentes de los ordinarios. Además, plantea evitar cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de programas de enseñanzas plurilingües.

En cuanto a la asignatura de Religión, como ya se había anunciado, no computará para la nota media en los procesos de acceso a la universidad ni las becas, no existirá alternativa y se dejará de considerar materia específica en Bachillerato.

Además, Educación plantea establecer un plan de repetición personalizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen de esta medida y adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición.

Propone, igualmente, eliminar los itinerarios en la ESO, así como las reválidas (que actualmente están suspendidas), establecer una asignatura de valores cívicos y éticos y volver a las pruebas de acceso a la Universidad desvinculadas y posteriores a la obtención del título de Bachiller.

El Gobierno abre la puerta al pago por el uso de autovías

MADRID.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, insistió en la necesidad de diseñar un sistema para financiar el coste que anualmente supone mantener la red de casi 11.000 autovías con que cuenta España, toda vez que, según dijo, "es la única infraestructura de transporte que se pretende gratuita, cuando ninguna lo es".

"En el caso de los aeropuertos y puertos se pagan tasas, en las vías del tren se pagan cánones, pero en las carreteras no contribuye ninguno de los agentes que las utilizan y, por lo tanto, las causan un daño", apuntó el ministro.
Por ello, llamó a diseñar una fórmula para garantizar el coste que supone mantener la red de vías "sea el que sea", remarcó en referencia a las distintas opciones que se pueden barajar, entre las que figura el pago por uso, tal como reclaman las patronales de constructoras y concesionarias y se hace en algunos países europeos.
El ministro pretende que este nuevo modelo de financiación de la sostenibilidad de las carreteras surja de un consenso entre las principales formaciones políticas. Para ello, el grupo parlamentario socialista promueve una subcomisión en el Congreso.
Ante este debate, Ábalos se limitó a apuntar que el nuevo sistema debe ser "igualitario para todo el país, sin que incluya discriminaciones entre territorios" por cuestiones de tasas o peajes tal como, según considera, pasa ahora con los 2.550 kilómetros de autopistas de peaje, "concentrados en determinados territorios", donde pagan dos veces los "contribuyentes que las usan".
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado que la  autopista AP-1 Burgos-Armiñón levantará su peaje y pasará a ser gratuita  para los usuarios a partir del próximo 30 de noviembre, fecha en la que vence su contrato de concesión con el grupo Itínere.
Esta autopista será así la primera de todas las carreteras de alta capacidad construidas en España en régimen de concesión que revierta al Estado y suprima su peaje.
El titular de Fomento aprovechó su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para ratificar su disposición a no prorrogar los tres contratos de concesión de autopistas que vencen en la presente legislatura.
Además de la AP-1, también concluyen los del tramo de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante, y el de la AP-4 Sevilla-Cádiz, ambas del grupo Aberits y que, en ambos casos, vencen en diciembre de 2019.
A pesar de la proximidad de la conclusión del primer contrato de concesión, el Ministerio de Fomento aún no ha informado sobre cómo se acometerá el mantenimiento de la AP-1 a partir del día 30.
De hecho, el grupo Itínere actualmente negocia un expediente de regulación de empleo (ERE) para la totalidad de los 111 trabajadores de la autopista.

Mas llama a aprovechar el juicio del 'procés' para "desgastar" al Estado

BARCELONA.- El expresidente catalán Artur Mas ha pedido este viernes aprovechar el juicio contra dirigentes independentistas que se celebrará próximamente "como un gran catalizador para desgastar las estructuras del Estado".

En una entrevista en TV3 ha añadido que no apela a desgastar el Estado porque sí, sino porque considera que está teniendo una actitud de "abuso" contra Cataluña y varios de sus dirigentes políticos.

Para Mas, esta es una de las direcciones que debe tomar el independentismo en los próximos meses, y ha apuntado otras, como por ejemplo centrarse también en ganar las elecciones municipales de 2019: "Necesitamos alcaldes y alcaldesas que no miren hacia otro lado".

Un tercer punto en el que se debe concentrar el independentismo, ha defendido, es en gobernar desde el Palau de la Generalitat, intensificando la labor del Govern y demostrando que desde Cataluña se gobierna "mejor que en otros países".

Uno de los lemas del independentismo es 'Ni un paso atrás', y Mas ha expuesto que está bien que se manifieste esto, pero que hay que empezar a diseñar qué pasos hay que dar para seguir hacia "adelante".

Precisamente este viernes se cumplen cuatro años de la consulta sobre la independencia que se hizo bajo su mandato, y tres desde que el Parlament aprobara una declaración a favor de la independencia que acabó anulada por el Tribunal Constitucional.
Mas ha defendido la consulta y ha criticado la reacción que tuvo el Gobierno central: "Ante el éxito organizativo, participativo y de los resultados, y sobre todo ante la dimensión internacional que tuvo, quedaron desconcertados y rabiosos como monas".
Fruto de un proceso judicial posterior, Mas fue inhabilitado y embargado, y ha explicado que ya pensó que aquella consulta tendría daños colaterales, pero que nunca imaginó "que la represión del Estado llegaría a este extremo".
Por el contrario, se ha mostrado insatisfecho por la declaración independentista que el Parlament aprobó en 2015 tras un pacto con JxSí y la CUP, y ha admitido que fue una concesión a la 'cupaires' para que, a cambio, aceptaran investirle como presidente.

El juez Marchena es inamovible / Pablo Sebastián *

Ya están el PSOE y el PP repartiéndose sin pudor los cargos del Consejo General del Poder Judicial . Lo que por enésima vez demuestra que en este país la separación de los Poderes del Estado no existe (solo hay separación de funciones). No existe y no porque Felipe González ‘mató’ a Montesquieu como dijo Alfonso Guerra, ni porque Alberto Ruiz Gallardón lo ‘descuartizó’ con la que fue su última reforma.

Nada de eso, la separación de poderes en España no existe porque ‘El espíritu de la leyes’ y su autor Montesquieu nunca estuvieron presentes en España cuando se redactó la Constitución de 1978. Y esa ausencia fue un gran error y el origen de los muchos problemas que ha tenido España en los últimos 40 años y de los que tiene ahora. Y ahí incluidos dos que están muy de moda: el desprestigio de la Justicia y la corrupción.

Los que añadidos al desafío del golpe de Estado catalán contra la unidad de España constituyen el ‘triángulo de las Bermudas’ españolas por donde se está diluyendo el Estado español, mientras se relativiza todo lo importante para reducirlo a pequeñas luchas de poder, y se fragmenta la unidad del país  y del bloque democrático y constitucional en beneficio del populismo radical (de izquierda y derecha) y del soberanismo vasco y catalán y sus secuelas navarra y balear.

En estas circunstancias recuperar el prestigio del Tribunal Supremo, que fue zarandeado en su Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo por causa de las contradictorias sentencias sobre los impuestos de las hipotecas, es algo fundamental. Máxime cuando estamos en la víspera de la apertura del juicio del golpe de Estado catalán.

Por ello nos parece lamentable que el PP (a través del muy sospechoso ex ministro Catalá) haya propuesto al Presidente de la Sala Segunda y Penal del Supremo, Manuel Marchena, como nuevo candidato del PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial, en sustitución del impresentable Carlos Lesmes.

Otro error del PP de Casado porque de esa manera señalan a Marchena como conservador y amigo del PP. Y porque Marchena es de todo punto inamovible porque además es  Presidente y ponente del muy importante juicio del golpe catalán. Y ese Tribunal ya formado no se puede tocar sin causar un enorme daño al procedimiento.

Y debería ser el propio Marchena quien rechazará de antemano cualquier oferta o propuesta que pretenda cambiarlo de lugar, para que el PSOE se aproveche de esa situación en pos de buscar para la Presidencia de la Sala Segunda del Supremo un magistrado contrario al delito de ‘rebelión’ de los capos del golpe catalán y favorable a las tesis de Sánchez de la ‘sedición’.

Veremos que ocurre pero el hecho de que sea la ministra Delgado y Catalá quienes están negociando, en nombre del PP y del PSOE, los relevos en el consejo del Poder Judicial es de por sí para preocupar.

(*) Periodista


https://www.republica.com/el-manantial/2018/11/09/el-juez-marchena-es-inamovible/