MADRID.- El PSOE y el PP trabajan para cerrar un acuerdo de reparto de los puestos del Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Lesmes. Este mismo jueves, Cristina Narbona admitía en RTVE que le constaba que "es bastante posible" que el lunes se avance en este pacto.
La renovación de este órgano es muy relevante, máxime con importantes juicios como el del 'procés' en el horizonte y con la polémica originada por la gestión del Tribunal Supremo del impuesto de las hipotecas.
"Confio en que esa renovación se produzca a tiempo y que todo lo que
nos espera se haga con órganos renovados", recalcó Narbona.
Este misma semana, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ya
avisaba de que su partido estaba "hablando con los otros grupos
parlamentarios", además de señalar que sus prioridades eran la paridad y
la incorporación de "expertos en violencia de género, en lucha
anticorrupción y en distintas materias judiciales".
"El lunes les
informaremos de la propuesta del PSOE y si va acompañado de otros
partidos o no", zanjaba.
Desde el PP, Rafael Catalá, subraya que "que
haya una renovación en plazo es lógico y razonable".
"El PP y el PSOE
suman en el Congreso y en el Senado mayoría suficiente para la
renovación", ha recordado en TVE el secretario de Justicia de los
populares, que también ha defendido el sistema de elección del CGPJ y ha
opinado que la Justicia en España "hoy ya es independiente".
Así, aunque las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado no pasan por su mejor momento, parece que al final se llegará a un acuerdo.
Según eldiario.es, la
negociación apunta a que "una mujer presida el órgano de gobierno de
los jueces". Además, afirma este rotativo, los socialistas reservan uno
de sus puestos para Unidos Podemos, que se decantaría por Victoria
Rosell, pero aún no ha contactado con los independentistas.
La Mesa del Congreso prorrogó hasta el próximo lúnes día 12 el
plazo para que los grupos parlamentarios presenten los candidatos que
corresponde elegir a la Cámara Baja en el marco de la renovación del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato concluye el 4 de
diciembre.
El Senado, por su parte, ya decidió hace una semana
prorrogar hasta el 18 de diciembre el plazo para proponer los vocales
que le corresponden, es decir, más allá de la fecha de caducidad del
mandato del CGPJ.
Las Cortes deben votar por mayoría cualificada a los 20 vocales del Consejo, de
los que doce han de ser jueces o magistrados preseleccionados por la
carrera profesional, y los otros ocho son juristas de reconocido
prestigio propuestos por los grupos políticos.
La mitad del CGPJ se elige en el Congreso y la otra mitad en el
Senado y, dada la aritmética parlamentaria y la exigencia de mayorías,
es imprescindible que PP y PSOE se pongan de acuerdo.
El pasado 27 de septiembre, Lesmes remitió al Congreso y al
Senado una lista con los 51 candidatos seleccionados por las
asociaciones y la carrera judicial para intentar ocupar esos doce
asientos reservados a magistrados.
En esa lista figura Gema Espinosa,
magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor
de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, así como el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, instructor
del caso Bankia, la pieza relativa a las 'tarjetas Black' o los
atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).
La lista la integran, además, candidatos tanto independientes
como presentados por las asociaciones judiciales para que puedan ser
elegidos en el cupo de 12 vocales pertenecientes a la carrera judicial por el Congreso y el Senado.
También podrá aspirar José María Fernández Seijo, actualmente
en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y
que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria
española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que
opta a vocal a propuesta de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD).
Entre los aspirantes que han quedado fuera, por no cumplir el
requisito de ser juez en activo está el magistrado de lo Penal de la
Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las
frases más duras contra el PP de la sentencia del caso Gürtel que detonó
la moción de censura contra Mariano Rajoy.
De Prada se encontraba en
excedencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional con sede en La
Haya y no se le ha concedido el ingreso, por no estar acreditada la
renuncia en dicho puesto, lo que el juez ha tildado de "sanción
encubierta".
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