C's acusa a Sánchez de blindar los delitos de corrupción con su propuesta sobre aforamientos

MADRID.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que el Gobierno ha intentado "engañar" a los españoles con su propuesta de reformar la Constitución para acabar con los aforamientos, ya que, a su juicio, en realidad pretende "blindar" a aquellos cargos públicos que presuntamente hayan cometido delitos de corrupción.

Así ha valorado Rivera, durante una reunión del grupo de Cs en el Congreso, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, estudie reducir el número de aforados pero proponga mantener esta figura para diputados, senadores y miembros del Gobierno en los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio de su cargo.

Rivera ha señalado que, según este planteamiento del Gobierno, quien sea procesado por delitos de corrupción, como prevaricación, cohecho, malversación o financiación ilegal, “seguirá protegido” por tribunales cuyos miembros “el bipartidismo pone a dedo”, como el Tribunal Supremo.

Entonces, “¿de qué estamos hablando?”, se ha preguntado, calificando de “tomadura de pelo” y de “regate corto” la propuesta de Sánchez, que intenta “engañar” a los españoles y “vuelve a defraudar”. 

En este sentido, ha lamentado que el PP y el PSOE hayan “blindado juntos los privilegios a las políticos ante la Justicia” y que, después de haberse negado en el pasado a eliminar los aforamientos, ahora se vea que tampoco ahora Sánchez tiene “ninguna voluntad de suprimirlos”.

Sobre la moción de Ciudadanos que se vota este martes en el Pleno del Congreso, en la que se urge a reformar la Constitución para poner fin a los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, Rivera ha dicho que todos los grupos parlamentarios “se van a tener que retratar”. 

“O estás con los privilegios de los políticos ante la Justicia o estás con la igualdad”, ha manifestado.

Aznar expresa su preocupación por la situación de Zaplana en prisión “padeciendo una leucemia”

MADRID.- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha expresado este martes su preocupación por la situación por la “salud física” su exministro Eduardo Zaplana “padeciendo una leucemia” y ha defendido que este asunto se pueda solucionar “lo más rápido posible” durante su comparecencia ante la comisión de investigación  del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP.

El pasado mes de junio la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que investiga la ‘Operación Erial’ que llevó a la detención e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, rechazó la petición del exministro de Trabajo de quedar en libertad por razones humanitarias o, subsidiariamente, de pasar a arresto domiciliario.

Un mes después, los abogados de Zaplana, que está en prisión provisional y sin fianza desde mayo, presentó de nuevo un informe médico ante el juez denunciado su estado de salud del dirigente valenciano al padecer leucemia desde el año 2015.

Aznar –que estaba contestado a las preguntas del socialista Rafael Simancas que había aludido previamente a Zaplana– ha aprovechado para mostrar su “preocupación” por la “salud física” del exministro y ha deseado que se pueda “solucionar lo más rápido posible”.

El expresidente del Gobierno ha dicho que él no hacía “ninguna valoración desde el punto de vista jurídico” pero sí quería manifestar una “seria preocupación por una persona que padeciendo una leucemia está en esas circunstancias”.

Eduardo Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, año en el que José María Aznar le nombra ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, cargo que ocupa hasta 2004, cuando pasa a ser portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. En 2008 abandona la política para volver al ámbito privado.

Pedro Sánchez planea medidas “coercitivas” contra los dueños de viviendas vacías

MADRID.- El Gobierno quiere dar un giro a la regulación de la vivienda “como un servicio público de interés general”. Y una vía para conseguirlo será adoptar “medidas de carácter coercitivo” contra los propietarios de viviendas vacías. Así lo asegura un informe interno sobre la situación de la vivienda social elaborado por la Secretaría General de Vivienda y al que ha tenido acceso El País. 

Estas medidas no se limitarán a los inmuebles propiedad de bancos o promotoras, sino también a “personas físicas”, según este documento, que insiste también en regular la función social de la vivienda y darle rango de ley estatal.

En España se calcula que hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el Censo de Población y Viviendas del INE del año 2011, el último disponible. “Conseguir movilizar” esa bolsa de vivienda vacía es uno de los principales objetivos que se ha marcado el Ministerio de Fomento. En un informe fechado el 11 de septiembre, y que ya ha sido presentado en el Consejo de Ministros, Fomento insiste en que es necesaria una normativa homogénea y que la única forma de garantizarla es la legislación básica estatal. Solo así se evitaría la situación actual de “desigualdad”: hay comunidades que han puesto en marcha medidas como las sanciones, la cesión y el alquiler forzosos, e incluso la expropiación temporal del uso; las hay que aplican estas medidas a bancos y sociedades de activos inmobiliarios, y otras a cualquier propietario, y también se da el caso de Administraciones que han vendido parques públicos de vivienda a sociedades de inversión.

El Gobierno, según esta hoja de ruta, pretende que la vivienda deje de considerarse un bien especulativo. Por eso la regulación básica de los patrimonios públicos de vivienda social incluirá la protección “frente a posibles enajenaciones a personas jurídicas con ánimo de lucro” y que no respeten esa función social. Uno de los casos más sonados fue la enajenación, en plena crisis económica, de 5.000 viviendas sociales de alquiler adjudicadas a familias en situación vulnerable por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Las compraron los fondos de Goldman Sachs y Blackstone, y empezaron a subir las rentas y a desahuciar a quienes no pudieron pagarlas.

Evitar estos casos es una de las prioridades de la estrategia gubernamental, que también plantea modificar el actual Plan Estatal de Vivienda, el instrumento con el que el Estado puede influir en una competencia que reside en las comunidades autónomas. El Gobierno quiere “ahondar en el carácter social de los programas de ayudas” y, más concretamente, incrementar el parque público de vivienda en alquiler y “protegerlo” para asegurar en el tiempo su carácter de servicio de interés general. El actual plan de vivienda trata por igual a los promotores públicos y privados y establece el mismo plazo de protección de una vivienda financiada con fondos públicos: 25 años. La intención del Ejecutivo es acabar con esta situación y establecer plazos de gestión social “de muy larga duración”. Una vez finalizados estos plazos, las viviendas ya se regirían por el nuevo régimen jurídico, es decir, nunca perderían la finalidad para la que fueron construidas con fondos públicos.

Línea de ayudas

Fomento habla en el documento presentado al Consejo de Ministros de crear una línea específica de ayudas para la creación de parque de viviendas sobre suelos públicos “con una protección de sus inquilinos durante un plazo muy superior al actualmente previsto”. También prevé otra línea de financiación para ampliar los parques públicos de vivienda mediante la compra. Bien adquiriendo en el mercado, bien ejerciendo el mecanismo del tanteo y retracto para evitar que fondos con ánimo de lucro se puedan hacer con promociones públicas.

El titular de Fomento avanzó algunas de estas medidas en su comparecencia en el Congreso en julio pasado. Allí ya anunció que la duración de los contratos, que se redujo a tres años con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, volverá a ser de cinco años para dar mayor seguridad a los inquilinos. También presentó un plan de choque para promover la construcción de 20.000 viviendas en zonas con alta demanda y donde los precios del alquiler son tan altos que expulsan a las clases trabajadoras y medias. El documento no da más detalles y habla tanto de provisión como de “rehabilitación”. Precisamente la rehabilitación de vivienda, especialmente para favorecer el alquiler, tendrá financiación a través de líneas específicas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según el informe.

Los tribunales ya reconocen la función social

Los tribunales están empezando a reconocer la función social de los parques públicos de vivienda. Un juzgado madrileño acaba de estimar el recurso colectivo de la Plataforma de Afectados/as por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) contra la venta de 2.935 viviendas del antiguo Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Encasa Cibeles.
En mayo pasado, otro juzgado de Madrid criticó que “no se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones [...] cuando cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”. Tanto en la sentencia de mayo como en esta última, los fallos consideran que la venta produjo una “vulneración de los principios de protección a la familia, de protección a los menores y del derecho a una vivienda digna”.

Hacia un acuerdo amplio por la vivienda digna: ley o pacto de estado

“El derecho a la vivienda es, sin duda, un derecho social”, afirma el documento de trabajo que resume los objetivos del Ministerio de Fomento en cuanto a la situación de la vivienda social en España. Partiendo de esa base, y sumando la idea de que acceder a un hogar digno y adecuado “debe ser un servicio público de interés general”, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sumar los máximos consensos posibles para poner en marcha la elaboración de una ley estatal en materia de vivienda. Entre otras cosas, el Ejecutivo valora incluir en el texto legislativo la definición y régimen jurídico de la vivienda social, la planificación de vivienda que corresponde al Estado y la vinculación del suelo con uso residencial a la efectividad del derecho a una vivienda.

La minoría parlamentaria del Partido Socialista y la corta duración de la legislatura complican sacar adelante esta propuesta legislativa. El Ejecutivo también valora la posibilidad de intentar sumar apoyos y apostar por un pacto de Estado por la vivienda digna. El presidente, Pedro Sánchez, escribió la semana pasada en su cuenta de Twitter: “Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para alcanzar un pacto que convierta la vivienda en un derecho de ciudadanía, lejos de la especulación”.

Fuentes del Ejecutivo destacaron que el plan se centrará en los regímenes de tenencia y que no entrará en las competencias de las comunidades autónomas. “Definiremos, como han hecho nuestros vecinos europeos, lo que es alquiler social y un alquiler asequible”, añadieron estas fuentes.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha trasladado este mes a Pedro Sánchez tres propuestas “muy concretas” para bajar el precio de los alquileres: obligar a los grandes tenedores a poner viviendas en el mercado, que las Socimis (sociedades inmobiliarias cotizadas con ventajas fiscales para los inversores) dejen de tributar al 0% y que los ayuntamientos puedan regular el precio del alquiler “en aquellas áreas donde el mercado está más tensionado”.

El Gobierno ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial “para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler” que este lunes se reunió por primera vez con un orden del día que incluyó la presentación del informe elaborado por la Secretaría General de Vivienda. En el grupo están representados ocho ministerios. El presidente es el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.

El polémico currículum de Albert Rivera y sus medias verdades

MADRID.- Cuando la semana pasada comenzó la polémica en torno a la veracidad y la calidad de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, también comenzó a cuestionarse el currículum del político que pidió al presidente del Gobierno desde el Congreso que hiciera público su trabajo académico. 

Empezó cuando varios medios de comunicación se hicieron eco de que en el currículum de la web de Ciudadanos aparecía que Albert Rivera estaba doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), mientras que no figuraba en la ficha de diputado en el Congreso.

Desde entonces, Ciudadanos ha modificado hasta en dos ocasiones el currículum del político para aclarar sus estudios. Unos movimientos que han sido criticados por la oposición y algunos medios de comunicación. La realidad es que hasta el momento no se conoce que haya mentido con ninguno de los datos que aparecen en el currículum del político, aunque sí han faltado (y siguen faltando) precisiones sobre sus estudios, según Público.

Un máster de un programa conjunto y sin TFM

El pasado viernes, Antón Losada manifestó su duda sobre cómo Rivera había podido conseguir la licenciatura y el máster de derecho en el mismo año. Aunque Losada hace referencia a un currículum del Círculo de Economía de Barcelona y no a los oficiales de Ciudadanos, los años coinciden también en la web del partido. Rivera es "licenciado en Derecho, Máster en Derecho por ESADE (1997-2002)", se expone en la página del partido. 

Por cómo se expresa, parece un máster al uso, pero según explicaron fuentes de Ciudadanos, se trata de un programa conjunto de licenciatura y máster. Además, esta mañana Rivera ha reconocido durante una entrevista en Onda Cero que el máster es un título propio de ESADE en el que ni siquiera se tiene que realizar un trabajo de fin de máster.

También el centro académico privado ha asegurado mediante una nota informativa que la titulación del máster "no formaba parte del sistema español de estudios universitarios". Con esta aclaración, se termina de aclarar que lo que obtuvo Rivera se trata de una "titulación privada" que no tiene que ver con el reconocimiento oficial que los títulos de máster otorgan ahora. 

ESADE precisa que la legislación de entonces (Ley Orgánica de Universidades  6/2001, de 21 de diciembre) sólo reconocía las titulaciones de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero y Doctor, siendo entonces la titulación de "máster" una "titulación legislativamente atípica que otorgaban de hecho un buen número de instituciones privadas". El centro alega que se otorgaba porque en el Plan de Estudios de Licenciatura se incluían "asignaturas complementarias de formación en materia económico-empresarial", tal y como viene detallado en el Plan de Estudios de la Antigua Licenciatura y Máster en Derecho.

Desde ESADE también aseguran que a partir de la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades de abril de 2007, cuando la titulación de “Master” se incorporó a la legislación española de Estudios Superiores, dejaron de otorgarla como titulación privada y en la actualidad "únicamente la concede, como titulación propia, por medio de la Universitat Ramon Llull y de acuerdo con su normativa específica".

El 'no' doctorando: cursos de 2002 a 2004

Aunque antes de esta polémica estuvo el 'doctorando'. La rectora de la UAB, Margarita Arboix, aclaró que el líder de Ciudadanos "no está matriculado" por lo que no se puede considerar en ningún caso un "doctorando". Asimismo, aseguró que no realizó la tesis y que sólo "tiene algunos cursos de doctorado". 

Esto mismo fue lo que explicó el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, alegando que Rivera comenzó un curso de doctorado pero que lo interrumpió cuando dio el salto a la política. En el currículum del Congreso sigue sin aparecer ningún dato sobre estos estudios, mientras que en la web del partido naranja ya se ha precisado y ahora aparece: "Doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (2002-2004)". Como explicaron desde Ciudadanos cuando comenzó la polémica, Rivera empezó a cursar "estudios de doctorado en Derecho Público al terminar la carrera" y, ratificando a Villegas, explicaron a los medios de comunicación que decidió no inicia la tesis doctoral "por su dedicación exhaustiva a la actividad política". Desde fuentes del partido, alegan que ha sido un error de nomenclatura.

Estudios que son un erasmus y un curso sin información

Además de esto, en el currículum de Rivera en la web del partido se hace referencia a otros dos estudios.

El primero, "estudios en la Universidad de Helsinki (Finlandia) en 2001", que en realidad corresponden a un período de erasmus de la ESADE, como han confirmado a Público fuentes cercanas del líder de la formación naranja. Esta aclaración sí se indica en el currículum del diputado en el Parlament de Catalunya.

Por último, se hace referencia a "un curso en Marketing Político en la Universidad George Washington (Estados Unidos)" en el año 2009. Sobre esto curso, ya anunció Infolibre que habían pedido información y que no recibieron ninguna respuesta del partido. La misma situación se ha repetido con este medio, que ha preguntado a la formación naranja sobre la naturaleza y el tiempo del curso este lunes y tampoco ha tenido respuesta. Este estudio es el único que ha realizado formando parte del panorama político, ya que en la fecha del curso de la Universidad estadounidense era diputado en Catalunya.

El Gobierno recurre a un atajo legal para sortear el veto del Senado a los Presupuestos

MADRID.- El PSOE ha aprovechado este martes el fin del plazo de enmiendas en el Congreso de una proposición de ley de medidas contra la violencia machista para presentar una propuesta que modifique de urgencia la ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de eludir el veto del Senado a la senda del déficit.

Para sortear el bloqueo del PP en el Senado a la senda del déficit, que a su vez estaba impidiendo presentar un proyecto de Presupuestos Generales para 2019, el PSOE y Unidos Podemos ya presentaron, junto a ERC y Compromís, una proposición de ley de reforma de la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con fin de volver a la regulación que existía en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, en caso de veto del Senado al techo de gasto, permitía levantarlo por mayoría simple en el Congreso.

Esa proposición de ley se ha tomado en consideración este martes en el Pleno del Congreso, lo que supone su primer paso en el recorrido parlamentario, pero, con independencia de su tramitación, el PSOE ha querido aprovechar un 'atajo' en la primera ley orgánica cuyo plazo de enmiendas acababa en el Congreso, una proposición de ley de medidas urgentes contra la violencia machista.

Así, y según confirmaron hoy fuentes parlamentarias, el PSOE ha metido como enmienda esa reforma aprovechado una iniciativa legislativa ajena, concretamente una proposición de ley orgánica de medidas urgentes contra la violencia machista. Se trata de una reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial, que por tanto tiene el mismo rango jurídico que la ley de Estabilidad Presupuestaria.

La enmienda, al igual que la proposición de ley original debatida este martes en el Pleno del Congreso, modifica el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurarse que, en caso de veto del Senado a la senda del déficit, éste podrá ser levantado en el Congreso con mayoría simple.

Con este 'atajo' parlamentario, utilizado en ocasiones anteriores por Gobiernos del PP y del PSOE, los socialistas tratan de asegurarse una vía rápida para modificación la ley de Estabilidad sin tener que depender de que el PP y Ciudadanos, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, permitan tramitar en lectura única la reforma original.
La primera opción seguirá siendo la tramitación exprés de la reforma de la ley de Estabilidad, pero si el PP y Ciudadanos vuelven a impedirlo en la Mesa del Congreso, el PSOE tendrá la vía de esta enmienda en la ley de violencia machista.
Desde el PSOE y el Gobierno dan por hecho que esta alternativa será respaldada por Unidos Podemos y los demás grupos que también quieren acabar con el veto irrevocable del Senado al techo de gasto.

El Congreso aprueba con los votos de PSOE y PP la moción de Cs sobre los aforamientos

MADRID.- Ciudadanos ha sacado adelante este martes en el Congreso, con el apoyo del PP y el PSOE y la abstención del resto de grupos, su moción de reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno.

A tres días para que el Consejo de Ministros apruebe un anteproyecto de ley de reforma constitucional para acabar parcialmente con esa prerrogativa (se mantendrán para el ejercicio estricto de sus funciones durante la duración del cargo), el debate en el Congreso ha reflejado la falta de consenso sobre el alcance que debe tener la medida.
El PP y el PSOE han votado a favor, pese a que Cs ha rechazado sus enmienda, que pedían incluir la solicitud de informes a los órganos colegiados competentes -en el caso del PP- y que remitía al anteproyecto de ley del Gobierno -en el del PSOE-, con lo que la moción ha sido aprobada por 253 votos a favor y 87 abstenciones.
Tanto el PP como el PSOE han hecho hincapié, durante el debate, en que el aforamiento no es un privilegio, sino una prerrogativa, y en que la iniciativa de Cs es "populista" y "demagógica".
Por su parte, el PNV y el PDeCAT han decidido abstenerse después de que Cs se negara a aceptar sus enmiendas.
La del PNV pretendía eliminar no solo los aforamientos políticos, sino también los judiciales, institucionales y de miembros de los cuerpos de seguridad y la inviolabilidad del Rey.
La del PDeCAT precisaba que la eliminación de los aforamientos se ciñera exclusivamente al ejercicio estricto de las funciones del cargo y durante el periodo que dure su mandato, y eliminaba el punto que insta a los parlamentos regionales a reformar sus estatutos para aplicar la medida a los diputados y miembros de gobiernos autonómicos.

'Plagscan' detecta un 21% de contenido copiado en la tesis de Sánchez

MADRID.- Plagscan, una de las empresas cuyo software antiplagio empleó La Moncloa para rebatir las acusaciones de plagio en la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene en un comunicado que los resultados de la prueba que difundió el Ejecutivo (0.96 por ciento de contenido plagiado de otros textos) difieren notablemente con los que ha encontrado la propia compañía, que ascienden a un 21 por ciento.

Así lo expone esta empresa alemana en un comunicado difundido este martes, en el que explica que debido a las numerosas informaciones periodísticas que citaban a Plagscan y la diferencia entre los resultados obtenidos por La Moncloa usando esta herramienta en comparación con otro software antiplagio, Turnitin (que dio un 13% de plagio), Plagscan quiso comprobar por sí misma a qué se debía esta gran diferencia.
"No estamos acusando a nadie de plagio ni somos cazadores de plagio", precisa el presidente de Plagscan, Markus Golbach, que reconoce que les hubiera gustado haber recibido de La Moncloa información detallada acerca de la metodología empleada para hacer la prueba con su software.
En opinión de la empresa, para conseguir un resultado del 0,96 por ciento alguien en La Moncloa debió de aplicar "ajustes específicos" y empleado "fuentes inhábiles".
En cualquier caso, la compañía advierte de que los software antiplagio sólo son el punto de partida para una investigación más en profundidad de un texto sospechoso de plagio. "Sólo los humanos tienen el conocimiento y la competencia para juzgar en realidad si un texto está plagiado", precisa Plagscan.

El Rey defiende una universidad con "capacidad crítica y libertad académica"

SALAMANCA.- El Rey ha abogado por seguir impulsando la internacionalización y la innovación del sistema universitario español y europeo y por remarcar "la capacidad crítica, la unión entre docencia e investigación y la libertad académica" de estas instituciones académicas.

Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, ha animado a fortalecer la cooperación entre centros académicos durante la conmemoración del 30 aniversario de la Magna Charta Universitatum, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca (USAL), con la asistencia de unos 250 rectores de medio centenar de países.
En el marco del octavo centenario del estudio salmantino, don Felipe ha reafirmado la vigencia de los principios de la Magna Carta, el documento que desde 1988 han firmado unos 800 centros académicos de todo el mundo a favor de la autonomía universitaria y la libertad de investigación, de enseñanza y de formación.
El acto ha tenido lugar en medio del debate por la polémica que han suscitado los títulos de postgrado de algunos políticos, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado, y la ya exministra de Sanidad, Carmen Montón.
En las distintas intervenciones, no ha habido alusiones directas a este asunto, aunque el rector de la USAL, Ricardo Rivero, ha asegurado que no deberían llamarse universidades "organizaciones puramente mercantiles, comerciantes de títulos sin escrúpulos en cuanto a su calidad o rigor científico".
"Allí donde no se cultive el auténtico esfuerzo por aprender y enseñar, no debería aparecer ni reconocerse el nombre de universidad", ha proclamado Rivero al aludir a los principios que inspiraron la Magna Carta, alumbrada en Bolonia (Italia) hace tres décadas.Unos valores que, según el jefe del Estado, impulsarán "aún más la internacionalización y la innovación del sistema universitario español, europeo, iberoamericano e internacional". "Ahora y en el futuro, nos moverán la capacidad crítica, la unión entre docencia e investigación, la libertad académica y la interacción de culturas", ha añadido el rey en su discurso, en el que ha intercalado algunos párrafos en inglés.
Convencido "del sentido y la razón de ser de las universidades", don Felipe ha reiterado la necesidad de "invertir más en investigación y en responsabilidad social" para continuar "generando conocimiento que realmente enriquece a la sociedad".
"El afán de progreso es, sin duda, incentivo de la excelencia", ha sostenido el jefe del Estado, para quien son "aún considerables las tareas que quedan por acometer tanto en docencia como en investigación".
La de este martes ha sido la quinta visita de Felipe VI a la Universidad de Salamanca en el último año para respaldar el Octavo Centenario, que ha definido como "un acontecimiento de Estado" por la importancia histórica de la universidad más antigua de España e Iberoamérica, fundada por Alfonso IX de León.
Entre los rectores participantes en la conferencia, ha estado el de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, quien ha afirmado que la investigación interna para aclarar las supuestas irregularidades en másteres cursados por políticos va a llegar "hasta el final", se cerrará "en breve" y se comunicará "en días o semanas".
Ramos ha rechazado que el "escándalo de uno o unos muy pocos que han hecho cosas irregulares" haya influido en el arranque del curso académico en la URJC y, como ejemplo de que "no hay interferencia", ha apuntado que las matrículas de grados ha aumentado el tres por ciento y las de los másteres, el dos.
Junto a los reyes, han estado el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, entre otras autoridades.
La Asamblea de la Magna Carta ha concluido con una comitiva académica de todos los rectores, que han recorrido el centro histórico de la ciudad ataviados con sus togas y birretes.
Antes del acto en el Paraninfo, los Reyes han visitado el Centro de Láseres Pulsados de la Universidad de Salamanca en el parque tecnológico de la localidad de Villamayor de la Armuña.

La Complutense niega irregularidades en el expediente de Casado

MADRID.- La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha asegurado que la profesora del Centro Cisneros que registró un cambio de nota en el expediente de la carrera de Derecho del presidente del PP, Pablo Casado, ha reconocido su firma en la rectificación, por lo que "no existe irregularidad" en el acta.

Según afirma la UCM en un comunicado, la profesora que registró un cambio en la nota de la asignatura de Derecho Natural cursada por el líder del PP ha declarado a la Inspección de Servicios universitaria que "la calificación, rectificación y las firmas son correctas".

La UCM responde así a las informaciones que publica eldiario.es, de que en junio de 2007 en el acta de esa asignatura aparecía un suspenso, mientras que en la convocatoria de septiembre figuraba como no presentado, y luego a posteriori, "se le puso un aprobado", según este digital.

En el proceso de información previa abierto por la UCM en junio en relación con la carrera cursada por Casado en el Centro Cardenal Cisneros, adscrito a la UCM, donde este obtuvo el título en 2007 tras aprobar en cuatro meses doce de las 25 asignaturas, el Servicio de Inspección universitario citó a varios docentes, entre ellos la profesora que rectificó esa nota.

"La única acta válida de la asignatura en cuestión es la que está depositada y custodiada en la Secretaría de la Facultad de Derecho", señala la UCM.

Dicha acta está "firmada por la profesora responsable y contiene una rectificación reflejada en la misma acta y asimismo firmada por ella, certificando la validez de la misma (con el texto manuscrito "vale rectificación no. 9: Pablo Casado Blanco con Aprobado" y su firma)", añade.

Dentro de la información abierta, esta profesora "fue llamada a comparecer a la inspección de servicios. Allí se le mostró el acta en cuestión, en la que la profesora reconoció sus firmas, tanto la del acta como la de la rectificación", continúa el comunicado.

Asimismo, la docente indicó que modificó la nota por "un error de transcripción y que, como ella misma asegura en sus declaraciones al diario.es, si le hubiesen falsificado su rúbrica, lo hubiese denunciado", asevera la universidad.

La UCM añade que la rectificación de un acta, firmada por parte del mismo profesor responsable de la asignatura, es "el procedimiento establecido cuando se advierte que ha habido un error de cualquier tipo en la calificación de un estudiante".

Asimismo, la declaración de la profesora -como puede comprobarse en la fotocopia utilizada por el propio digital- dice literalmente "la rectificación de la calificación es correcta", lo que "no coincide exactamente con lo que recoge eldiario.es", agrega la UCM.

Una vez aclarados estos extremos, "habiéndose reconocido por la profesora que la calificación, rectificación y las firmas son correctas, la Inspección de Servicios considera que no existe irregularidad en el acta, por lo que no lo incluye en su informe", asegura la Complutense.

"Esta Universidad no ha ocultado ni tiene intención de ocultar nada que haya podido valorar y constatar como irregular y que supusiera un trato de favor, como prueba el hecho de que la profesora fuera confrontada con las preguntas sobre el acta y la rectificación mencionada", agrega el comunicado.

"Sus declaraciones figuran por escrito de puño y letra de la interesada. Nos sorprenden pues, las acusaciones vertidas y el trato dado a estos hechos que, hasta donde conocemos, se ajustan a los procedimientos establecidos y de los que se le dieron explicaciones pormenorizadas, dentro de los límites legales a eldiario.es", concluye la UCM.

El PP pide la comparecencia de Zapatero y Susana Díaz

MADRID.- El PP está diseñando la estrategia que seguirá el próximo trimestre en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos del Senado, en la que quiere interrogar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

La Mesa y Portavoces de esta comisión parlamentaria ha incorporado este martes a su plan de trabajo las comparecencias del expresidente de la Generalitat, Artur, Mas y del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, cuyos nombres no estaban en la relación inicial de comparecientes solicitados por el grupo popular.

Su adhesión a la lista será votada el próximo jueves en la primera sesión que la comisión celebrará en este período de sesiones, con la vista puesta en el jueves 11 de octubre, cuando el grupo popular espera arrancar las comparecencias del trimestre.

Es posible, sin embargo, que Artur Mas no sea convocado hasta después de enero, ha explicado el portavoz del PP en esta comisión, Luis Aznar, porque antes las pesquisas de su grupo se centrarán en supuestas tramas de financiación irregular del PSOE en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias.

Por ello, sí cabe la posibilidad de que Puig, en tanto que secretario general del PSPV-PSOE, pueda ser citado este trimestre.

Y también el expresidente Zapatero, ha señalado Aznar, a raíz de los casos de supuesta financiación irregular de este partido cuando él gobernaba y por los que ya han sido interrogados en la comisión numerosos exaltos cargos del PSOE valenciano, entre ellos el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado 27 de junio.

Del mismo modo el PP, que desde hace más de un año maneja en solitario esta comisión parlamentaria del Senado, pretende avanzar en sus averiguaciones sobre la trama andaluza de los ERE, con más testimonios, entre ellos el de la presidenta Susana Díaz.

Por partidos, el PP abrirá nuevos frentes en la comisión con el PNV, hasta ahora inédito en este órgano de la Cámara Alta, y CDC, para averiguar el por qué de la "extinción" de esta formación, de la que es heredera el PDeCAT y del que Artur Mas era su "cabeza visible", en palabras del senador Aznar.

Continuará también sus pesquisas sobre Podemos, las cuales, ha apuntado igualmente el portavoz, podrían culminar con la presencia en la Cámara Alta del líder del partido, Pablo Iglesias.

Han sido ya 39 las comparecencias celebradas por la comisión de investigación, en la que no participan los demás grupos del Senado, y serán más a partir de octubre con el propósito último, ha declarado Luis Aznar, de obtener una "visión global" y "muy profunda" de la financiación de todos los partidos políticos.

El PSOE apoyará la moción de Cs sobre aforamientos si el Gobierno lidera la reforma

MADRID.- El PSOE apoyará este tarde en el Congreso la moción de Cs para suprimir los aforamientos de cargos públicos si el partido de Albert Rivera acepta que el proceso de reforma de la Constitución que implica lo lidere el Gobierno, a partir del proyecto de ley que tiene previsto aprobar el viernes el Consejo de Ministros.

Los socialistas han presentado una enmienda al texto de Cs para que, en lugar de que sea el Congreso el que se comprometa a acometer la reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Carta Magna, la Cámara inste al Gobierno a remitir de manera inmediata un proyecto de ley de reforma de esos artículos, con el objetivo de suprimir los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno.

La moción de Cs también "insta" a los parlamentos regionales a eliminar los aforamientos de los políticos autonómicos, lo que el PSOE propone sustituir por otro texto en el que les "invita y alienta" a hacerlo, dado que instarles "excede las competencias del Congreso", ha explicado la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Ésta ha dicho que su enmienda contiene únicamente "dos matices" a la propuesta de Cs, ya que el PSOE quiere que la moción "salga esta tarde adelante porque será el primer paso de un futuro acuerdo".

El Gobierno podría penalizar a los dueños de casas vacías

ALICANTE.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado este martes que su departamento quiere "acotar" el concepto de vivienda vacía antes de plantear "cualquier penalización", por lo que ha reclamado una nueva estrategia en materia de vivienda.

Ábalos, en un desayuno informativo en Alicante organizado por la Cadena Ser, indicó que el Gobierno desarrollará una nueva política de vivienda revisando los planes de vivienda con las comunidades autónomos para dar un "enfoque distinto".

El diario 'El País' publica que el Gobierno estudia imponer medidas coercitivas a los propietarios de viviendas vacías, tanto de empresas, como de bancos y promotoras, o de personas físicas.

En materia de alquiler, José Luis Ábalos ha admitido que el precio se ha disparado en las "grandes urbes" y ha incidido en practicar una política "orientada a hacer posible el alquiler".

Por otro lado, apuntó que el Gobierno quiere "plantear una ley de garantía de la función social de la vivienda" para garantizar, entre otras cuestiones, que "nadie" pueda hacer "negocio" con la "aportación de los españoles financiando obra social".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la situación generada en la Comunidad de Madrid, donde un "fondo buitre" se quedó con 3.000 viviendas con "gente dentro", a quien no se le dio la posibilidad del derecho de retracto "ni nada".

"Queremos plantear una ley de garantía de la función social de la vivienda", ha argumentado.

"Es un desprecio a la aportación de los españoles financiando obra social; esto no es de nadie, es del conjunto de quienes lo han financiado. Nadie puede hacer negocio con esto", ha sostenido el ministro, que ha defendido que el Gobierno se presente, a través de la Abogacía del Estado, en el recurso de la Comunidad de Madrid ante la anulación judicial de la venta de esas viviendas.

"El Estado interviene para que esa sentencia se respete. Es un gesto que expresa la defensa de la función social de la vivienda, y es un Gobierno que actúa en favor de quienes necesitan que los poderes públicos actúen ante el desamparo", ha explicado.

Teodoro García hace pública su tesis doctoral de la UPCT

CARTAGENA.-La Universidad Politécnica de Cartagena ha hecho pública la tesis doctoral que realizó en el año 2015 el secretario general del Partido Popular, el murciano Teodoro García Egea. El diputado por Murcia dio la pasada semana la orden de digitalizar su investigación, que ya se puede contemplar en el repositorio digital de la UPCT.
 

Titulada 'Análisis, decodificación y clasificación de la señal EEG en entornos tridimensionales', Teodoro García, que es ingeniero de Telecomunicación, leyó la tesis en diciembre del 2015 para obtener el grado de Doctor Ingeniero por la Escuela de Ingenieros industriales de la UPCT.
 

García Egea ha autorizado además que en el repositorio digital se le pueda pasar el programa antiplagio que se decida, según indicaron fuentes de la dirección nacional del PP.
 

Los dos directores de la tesis son los doctores Juan López Coronado y José Luis Muñoz Lozano, del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UPCT.
 

Se trata de un trabajo de 203 páginas cuyo objetivo era demostrar que "es posible obtener un alto nivel de precisión en la decodificación de la señal electroencefalográfica durante la realización de experimentos complejos en entornos tridimensionales", como así se puede leer en la tesis.

Casado: "Estoy harto, que nos dejen en paz. No voy de catedrático de metafísica"

MADRID.- El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este martes estar "harto" de la polémica sobre su curso de acceso al doctorado y ha confesado sentirse "víctima" de lo que considera un "despropósito".

Casado, en una entrevista en la COPE, ha hecho estas consideraciones después de que eldiario.es publique este martes una información en la que asegura que la inspección de la Universidad Complutense encontró un cambio de notas en el expediente de Pablo Casado en su carrera de Derecho con una firma dudosa.
"Que pregunten a la Universidad Complutense, a la Rey Juan Carlos y que nos dejen en paz. Si una universidad hace algo malo, que se lo pregunten a ellos", ha añadido antes de reiterar que ya se siente "víctima" porque parece que él va a tener la culpa del acta que haga alguien.
Y ha proseguido: "Yo que sé. Yo tengo el currículum que tengo (...) Yo ya estoy harto, parece que me habrán buscado si tengo patrimonio, problemas de dinero, de juergas, de pareja, y como no han encontrado nada, han atizado al currículum".
"Ya a uno le cansa que estemos con esto. Yo nunca he arremetido contra los jueces ni contra las universidades, pero esto, sinceramente, me produce mucho hartazgo", ha añadido.
Además, ha pedido una reflexión a los medios de comunicación para determinar si hay que poner el foco en "si un político se ha saltado un semáforo en rojo" o (en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la polémica sobre su tesis) en si un político "quiere abrir en canal la Constitución para salir de puntillas de un escándalo personal".

La Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Falciani a Suiza

MADRID.- La Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo extraditar al exempleado del banco HSBC Hervé Falciani a Suiza, que le reclamaba para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios, al entender que los hechos por los que volvió a pedir la entrega son los mismos por los que ya se le denegó en 2012.

Falciani, de 46 años y nacido en Mónaco, trabajó en la filial suiza de HSBC de 2001 a 2008 y fue arrestado en España en 2012 por filtrar datos de 120.000 clientes del banco, pero su entrega fue rechazada entonces por la Audiencia, que ahora ha vuelto a oponerse a su extradición en un auto, al considerar que esta segunda reclamación es "cosa juzgada".
Además de no entregarle por ese motivo, la sección segunda de lo Penal añade que, en todo caso, tampoco cabría la entrega al no concurrir el principio de doble incriminación que requiere una extradición porque el delito de espionaje financiero agravado no tiene encaje en el Código Penal español.
A este respecto el auto de la Sala, del que ha sido ponente Julio de Diego, recuerda que, en la anterior ocasión en que se rechazó la entrega, el tribunal ya observó la falta del requisito de la doble incriminación, por lo que hizo un pronunciamiento que produce "efectos vinculantes para posteriores demandas extradicionales basadas en los mismo hechos".
El tipo delictivo más próximo a nuestro Código Penal sería el de "revelación" o "divulgación" de secretos, si bien, según la sentencia por la que se le reclama, "la única divulgación efectiva" que hizo Falciani de esas informaciones bancarias fue la de transmitirla "a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones públicas, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales".
El auto, contra el que cabe recurso ante el Pleno de la Audiencia Nacional, añade además que a raíz de esas revelaciones se han iniciado procedimientos que la Fiscalía Anticorrupción ha plasmado en un informe y "en los que se ha concretado la colaboración del reclamado".
Tras ser rechazada su primera reclamación, en la que la actual ministra de justicia, Dolores Delgado, defendió como fiscal de la Audiencia Nacional que no debía ser entregado, Falciani fue arrestado por segunda vez el 4 de abril en virtud de una orden de detención internacional cursada por Suiza al ser emitida la condena contra él.
Se le detuvo cuando acudía a una conferencia en Madrid y quedó en libertad con medidas cautelares al día siguiente por orden del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, después de que el fiscal pidiera prisión para él.
En su declaración ante el magistrado, alegó que colabora con la Fiscalía y la Policía desde 2008 y que su información ha valido para perseguir "muchos y muy graves delitos de corrupción, crimen organizado y fiscales".
Se calcula que con la llamada 'lista Falciani' se filtraron datos de unos 130.000 clientes del banco de 180 países.
En la vista de extradición, en la que finalmente la Fiscalía optó por oponerse a la entrega al considerar que los hechos eran los mismos por los que ya se rechazó, Falciani recordó a los magistrados que gracias a él y a que no fue entregado a Suiza en 2013 se pudo investigar a HSBC en 28 países.

Borrell: "No es posible un referéndum de secesión"

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha subrayado este martes que "un referéndum de secesión no está amparado ni por la legislación española, ni por la europea ni por el Derecho Internacional".

Borrell ha querido responder así al llamamiento del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras que pidió celebrar un referéndum de autodeterminación pactado en Cataluña "como en todo el mundo civilizado". El ministro ha pedido llamar "a las cosas por su nombre" --"secesión" y no "autodeterminación"-- y se ha preguntado "cómo entiende Junqueras el mundo civilizado". 

"La única excepción fue Escocia, en el resto del mundo civilizado estas cosas no se hacen, ni siquiera en Canadá, donde no fue pactado", ha dicho.
Es más, le ha recalcado que ni siquiera en Escocia puede hablarse de "derecho", porque ahora le están pidiendo un segundo referéndum a la primera ministra, Theresa May, y ésta lo está negando.

 "Cuando uno tiene un derecho no tiene que pedir permiso", ha dicho. A su modo de ver, el referéndum de Escocia fue posible porque un primer ministro pensó que le venía bien políticamente, y ese primer ministro, David Cameron, "no pasará a la historia como el mejor" porque "se ha jugado su país al póquer varias veces".
"Venecia pide un referéndum de autodeterminación y el Tribunal Constitucional italiano dice que no, Baviera en Alemania lo mismo y también dos Estados de Estados Unidos, ¿de dónde saca usted que un referéndum es algo del mundo civilizado?", ha dicho.
En un desayuno informativo en el Foro España Internacional, el ministro ha recalcado que España se enfrenta a una "amenaza muy grave", que es la pérdida de su integridad territorial y la "amputación" de un 20 por ciento de su PIB, cosa que tiene una "dimensión exterior" a la que él trata de hacer frente.
De hecho, ha insistido en que dedica tiempo y energía a "reconstruir la imagen" de España "seriamente dañada", sobre todo en el mundo europeo y anglosajón, por la "propaganda independentista con el apoyo de instituciones de la Generalitat" y cree que ya está teniendo "algún éxito" en su tarea de dejar claro que España es una "democracia plena".
En ese sentido, ha adelantado que Marca España deberá "coadyuvar a esa tarea de representar a España como lo que es", así que ha apuntado que habrá cambios en esa oficina, incluso posiblemente con un cambio de nombre y de responsable, aunque ha agradecido el trabajo del actual Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros.
"Marca España no puede continuar como está", ha dicho, subrayando que no es normal que este Alto Comisionado se crease "en un limbo" sin presupuesto, "en condiciones atípicas que una administración no debería aceptar". Su intención es que sea un "instrumento dotado de recursos, de capacidad y de personal, con una orientación seguramente distinta" a la que tenía cuando se creó.
Así, ha puesto en valor que el seretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, ha proclamado "alto y claro" que España es un Estado de Derecho y que no tenía "ninguna duda de la actuación de la Justicia española", y ha lamentado que "no ha trascendido tanto como si hubiera dicho lo contrario".
Preguntado por la negativa de la Justicia alemana y belga a entregar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros ex consejeros catalanes huidos, el ministro ha rechazado "poner en el mismo nivel a la justicia belga y la alemana", aunque ha dejado claro que respeta las decisiones de ambas aunque discrepe.
En el caso de Alemania, ha dicho que "el tribunal consideró que no hubo violencia en grado suficiente para justificar el delito que se le atribuye", pero en el de Bélgica ha reconocido que "siempre ha habido problemas". 

De hecho, ha recordado el caso de la miembro de ETA Natividad Jáuregui, reclamada por delitos de sangre que "sigue regentando tranquilamente un restaurante en una ciudad flamenca" porque el tribunal opinó que no había garantías de un juicio justo en España. Seguramente, ha asumido, la justicia belga tiene de la española "una visión distinta de su realidad".
Por otro lado, ha asegurado que "en los próximos días" se presentará el recurso contra las llamadas 'embajadas' catalanas. Según ha dicho, la decisión de presentarlo está adoptada, porque la Generalitat "no actuó conforme a los procedimientos legales en vigor" y su presentación solo es una cuestión de procedimiento. 

Borrell, que ha recordado que a él le llaman "traidor en distintos idiomas" y últimamente no solo desde el lado independentista, ha opinado que la política del Gobierno con Cataluña no es "ni dura ni blanda", sino dedicada a "hablar para resolver los problemas reales y a disolver los imaginarios, porque los problemas imaginarios no se pueden resolver pero hay que explicar que no son tales problemas".
"El Gobierno está embarcado en un proceso de bajar la insoportable tensión y hacer todo lo que puede para volver a una vía de diálogo político, pero no puede hacer lo que está en manos de otro poder el Estado", ha añadido. Borrell, no obstante, ha evitado pronunciarse sobre otros proyectos del Ejecutivo que no están relacionados con su departamento, como la reforma de los aforamientos.

Exteriores recurrirá ante la Justicia la reapertura de las embajadas catalanas

BARCELONA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado este martes que "en los próximos días" recurrirá ante la Justicia la reapertura de las embajadas catalanas en el exterior "por un problema de procedimiento".

En su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Borrell ha explicado que la posición del Gobierno frente a Cataluña es la de "intentar bajar la insoportable tensión" por medio de la "distensión y el diálogo dentro del marco constitucional".

"Vamos a hablar para resolver los problemas reales y para disolver los imaginarios", ha planteado el también ministro de Unión Europea y Cooperación, que ha subrayado la necesidad de realizar un "esfuerzo pedagógico incesante" para explicar, dentro y fuera de España, "cómo son las cosas de verdad".

Así, ha manifestado que, independientemente de lo que asegure el líder de ERC, Oriol Junqueras, la celebración de un referéndum sobre la secesión "no está amparado ni por la legislación española, ni por la de ningún país democrático".

Para el también ministro de Unión Europea y Cooperación, "España es un país que tiene una amenaza muy grave que es la pérdida de su integridad territorial" y la posibilidad de ver "amputado el 20 por ciento de su PIB", lo que, a su vez, tiene consecuencias en el exterior que deben ser atajadas por el Gobierno con explicaciones a mandatarios, organismos y sociedad.

Así, Borrell ha subrayado que, independientemente de lo que asegure el líder de ERC, Oriol Junqueras, la celebración de un referéndum sobre la secesión "no está amparado ni por la legislación española ni por la de ningún país democrático".

Además, ha recordado que el secretario general del Consejo de Europa Thorbjorn Jagland, ha dicho que "España es un país que tiene un sistema de derechos consolidado y un sistema judicial independiente" por lo que los problemas de Cataluña se deben resolver en el marco de España.

"No lo digo yo, lo dice él" en respuesta a una petición del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha señalado Borrell, quien también ha afirmado que la Comisión de Venecia -cuyo nombre oficial es Comisión para la democracia través de la ley- respondió a las peticiones catalanas de apoyo señalando que cualquier referéndum debe realizarse con el acuerdo de las autoridades del propio país.

Y este es el trabajo que debe realizar el Ministerio de Asuntos Exteriores: difundir la realidad de lo que está ocurriendo, "hacer un esfuerzo pedagógico incesante", ha señalado Borrell.

En esa tarea "la posición del Gobierno no es ni dura ni blanda; solo vamos a hablar para resolver los problemas reales y disolver los imaginarios".

Preguntado por los problemas con las justicias alemana y belga, el ministro ha diferenciado entre ambas ya que el problema con Alemania es que considera que "no hubo violencia en grado suficiente, una opinión que el Gobierno puede no coincidir, pero respeta y acepta".

Por contra, con Bélgica "siempre ha habido problemas", como cuando ha negado la extradición de terroristas con crímenes de sangre por considerar que no se daban las circunstancias para un juicio justo en España, lo que demuestra que ese país "tiene con respecto a la justicia española una visión distinta de la realidad".

Casado ratifica que el 155 debe aplicarse de nuevo

MADRID.- El líder del PP, Pablo Casado, ha ratificado este martes que el artículo 155 de la Constitución debe aplicarse de nuevo ya en Cataluña y que tiene que ser "duradero y amplio" y para todo "lo que haga falta".

Casado, en una entrevista en la COPE, ha lamentado que cuando se aplicó por vez primera el 155 no pudiera ser más extenso porque Ciudadanos pidió que fuera instrumental para convocar elecciones en Cataluña y porque el PSOE no quiso que afectara a la educación o a TV3.

"Ahora hay que poner en marcha el 155 con una amplitud y extensión que sea lo que haga falta", ha insistido el presidente del PP, quien ha defendido que se aplique para que los mossos "dejen de cumplir órdenes ilegales de sus mandos políticos".

También para que no haya adoctrinamiento educativo en las aulas, para evitar la "propaganda" de TV3, para que Cataluña no recupere estructuras de Estado y para que no se malversen los fondos públicos una vez retirado el mecanismo de supervisión financiera.

Casado cree que no se pueden seguir permitiendo "ultrajes" al jefe del Estado, ni la confrontación en la calle entre ciudadanos, ni que el Gobierno no afronte internacionalmente esta situación.

En este contexto ha considerado que Bélgica está "humillando" a España con decisiones de su justicia como la negativa a entregar a las autoridades españolas al rapero Valtònyc.

La deuda pública baja en julio en 2.733 millones

MADRID.-La deuda del conjunto de las administraciones públicas bajó en 2.733 millones de euros en julio, hasta 1,160 billones de euros, un 0,23% menos que en junio, y se sitúa en torno al 98,5% del PIB, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

Con el descenso en julio, la deuda pública rompe la racha alcista de los tres meses anteriores y se modera ligeramente, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, dejando atrás el máximo histórico que marcó en junio (1,162 billones de euros).

No obstante, en términos interanuales, la deuda de las administraciones públicas creció en 29.655 millones de euros, un 2,6% más que en julio de 2017.

Tras el descenso de julio, la ratio de deuda sobre el PIB se situó en el entorno del 98,5%, por encima del objetivo marcado para este año del 96,8% del PIB.

Por administraciones, buena parte del descenso de la deuda pública en julio se debe a la bajada de la deuda del Estado, que disminuyó en 2.951 millones de euros, hasta los 1,01 billones de euros, lo que supone un retroceso mensual del 0,3% pero un alza interanual del 4,5%.

Al mismo tiempo, la deuda de las comunidades autónomas bajó también en julio en 601 millones, un 0,2% menos respecto al mes anterior pero un 2,3% más frente a julio de 2017, hasta situarse en 291.771 millones de euros.

Por su parte, el endeudamiento de las corporaciones locales descendió en 582 millones, hasta los 28.767 millones, un 2% menos respecto a junio y además un 10% inferior a hace un año.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se mantuvo en 34.888 millones, lo que supone un repunte interanual del 50,6%, puesto que en julio de 2017 era de 23.157 millones de euros.

Por instrumentos, los valores representativos de deuda volvieron a representar el mayor porcentaje de endeudamiento, con un 85,6% del total, si bien bajaron un 0,1% respecto a junio, hasta situarse en 994.146 millones de euros.
Los valores a largo plazo, que en julio se situaron en 927.521 millones de euros, se redujeron un 0,2% respecto a junio, mientras que los valores a corto plazo alcanzaron 66.626 millones de euros, un 1,1% más.
Los préstamos bajaron en 1.991 millones en el séptimo mes del año, hasta los 161.453 millones. Los préstamos a corto plazo bajaron hasta los 10.286 millones y los de largo plazo disminuyeron hasta los 151.166 millones de euros.

Aznar, imposible de creer y duro de pelar / Pablo Sebastián *

La comparecencia de José María Aznar en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción del PP cumplió con las expectativas que de ella se esperaban, porque Aznar negó toda responsabilidad personal o política en esa corrupción que sin duda existió.

Y a la que se alude con claridad en la última sentencia de Gürtel, lo que nos induce a pensar que el expresidente no dijo la verdad por más que, salvo en el caso de Jaume Matas, se escudara tras la presunción de inocencia de las personas encausadas y en la espera de sentencias en muchos de los juicios en curso de la corrupción del PP nacional, madrileño, valenciano y balear.

Y constituye un acto de chulería inaceptable que, al término del encuentro, el expresidente dijera que se había ‘divertido mucho’. Máxime cuando son decenas de ex altos cargos de gobiernos (varios de sus ex ministros) y de ex dirigentes del PP los encausados por hechos ocurridos bajo su mandato de Presidente del PP y también bajo el mandato de Mariano Rajoy.

Mandatos en los que Aznar y Rajoy tuvieron mando directo, en ese tiempo de arrebata capas, sobre sus respectivos tesoreros Lapuerta y Bárcenas, cuyas firmas aparecen en los documentos de la doble contabilidad del PP y en reparto de los sobresueldos que el propio Bárcenas confirmó. Como en otras corrupciones del PP aparecieron confesiones y auto inculpaciones de empresarios y otros dirigentes, como Matas en Baleares y Ricardo Costa en Valencia.

Los indicios, evidencias, documentos, confesiones y primeras sentencias de esta trama de corrupción, descrita en la sentencia de Gürtel, permite a Aznar defenderse desde su posición personal pero no divertirse con el lamentable y penoso espectáculo que ha marcado su presidencia y la de Rajoy, que fue abatido de la Presidencia en una moción de censura por corrupción del PP.

Se entiende que el expresidente niegue aquello que le afecta e incluso el haber conocido a Correa, un íntimo amigo y el testigo de boda de su yerno Agag (Alvaro Pérez podría aportar algunos datos) pero al menos Aznar debió haber lamentado lo ocurrido con la corrupción del PP, la falta de controles y los numerosos casos de corrupción.

Otra cosa distinta fueron las mutuas y más bien políticas descalificaciones que Aznar protagonizó en sus duelos verbales con Iglesias (al que acusó de ser ‘un peligro para la democracia y la libertad’) o con Rufián y Matute. Pero eso, que se esperaba y veía venir, solo fueron cortinas de humo para evitar que resplandeciera la verdad y el fondo de la cuestión.

(*) Periodista

https://www.republica.com/el-manantial/2018/09/18/aznar-imposible-de-creer-y-duro-de-pelar/