BARCELONA.- La resolución del Grupo de trabajo de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias
que ha reclamado al Gobierno la libertad inmediata de Oriol Junqueras,
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tiene, como mínimo, dos casos precedentes, recuerda hoy https://www.elnacional.cat.
En las dos ocasiones, una en Francia y la otra en Polonia,
los dos encarcelados quedaron en libertad después del pronunciamiento
de las Naciones Unidas. Ninguno de los dos estados europeos, a
posteriori, se atrevió a cuestionar la resolución del organismo
internacional.
El informe de la ONU sobre el caso de los presos independistas catalanes considera arbitraria la privación de libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y reclama su puesta en libertad "inmediata",
a la vez que pide que se lleve a cabo una investigación "exhaustiva e
independiente" de las circunstancias que han provocado esta situación y
que se adopten medidas contra los responsables de la violación de sus
derechos.
El caso de Francia hace referencia a la detención y el intento de extradición del opositor kazako Mukhtar Ablyazov.
Este estaba acusado de robar miles de millones de dólares del banco
kazako BTA, que opera también en Rusia y Ucrania. En esta ocasión, el
Grupo de trabajo de la ONU resolvió que su detención había sido excesiva
y emplazaba al estado francés (entonces era ministro Manuel Valls) a
dejarlo en libertad. El revés fue duro para el primer ministro, que
había aprobado incluso la extradición de Ablyazov.
La opinión del grupo de expertos de la ONU se publicó el 23 de
noviembre de 2016. El Consejo de Estado francés, dos semanas más tarde,
anuló la extradición del opositor. Ablyazov fue liberado el mismo día,
el 9 de diciembre del 2016.
El caso de Polonia es más reciente. La petición de la ONU fue para liberar al político y periodista Mateusz Piskorski,
que desde el 2016 había sido acusado de espionaje a favor de Rusia y
China. Piskorski, exdirector de un canal de televisión, se había
comprometido públicamente con la lucha para la independencia de su país.
Justo antes de ser arrestado, durante la reunión del Consejo del
Atlántico Norte en Varsovia, había publicado en Polonia un artículo
sobre la campaña de propaganda de la OTAN que pretendía ocultar el papel
de la Unión Soviética en la victoria contra el nazismo.
Hace un mes, en abril del 2018, el caso obtuvo la opinión favorable
del grupo de trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, que concluyó
que Polonia tenía que liberar a Piskorski de inmediato y pagarle una
indemnización y otras reparaciones. Este mes de mayo del 2019, el
activista polaco ha sido liberado después de tres años de prisión.
En total, las Naciones Unidas han emitido 245 resoluciones en los
cinco continentes con el mismo objetivo que el pasado miércoles el grupo
de expertos hizo público reclamando la libertad de los presos
independentistas catalanes.
Los cinco diplomáticos internacionales exigen, también, una
indemnización por los presos y consideran que su detención y
encarcelamiento es una vulneración de los derechos fundamentales, especialmente el de libertad de expresión. Un proceso idéntico al de los casos francés y polaco.
El Tribunal Supremo reconoce que las resoluciones de la ONU se tienen que acatar
España está obligada a aplicar lo que piden las Naciones Unidas. El mismo Tribunal Supremo lo avaló el mes de noviembre pasado, en una resolución en materia de derechos humanos.
Que no haya una sanción por incumplimiento, no quiere decir que España,
como estado miembro de las Naciones Unidas, pueda eludir los acuerdos y
recomendaciones de la organización y las instituciones que están
vinculadas, afirmaba entonces el alto tribunal.
En la sentencia reconocía que las recomendaciones de comités y de los
organismos vinculados a las Naciones Unidas tienen que
ser "efectivamente acatadas y aplicadas". "En su decisión, el Tribunal
Supremo reconoció que las cláusulas de los tratados internacionales de
los cuales España es estado signatario, forman parte de su legislación y
que las recomendaciones del Comité CEDAW son de carácter vinculante.
Por lo tanto, las conclusiones del Comité tienen que ser efectivamente
acatadas y aplicadas, para que los derechos y libertades estipulados en
estos tratados sean "reales y concretos" en España", argumentaba la
resolución.
Irene Lozano, puntos de vista contrapuestos sobre la ONU
La actual secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano,
tiene puntos de vista contrapuestos sobre el grupo de la ONU contra las
Detenciones Arbitrarias que ha exigido la liberación inmediata de los
presos políticos.
La que fuera diputada de UPyD, exigió el año 2015 la libertad del
líder de la oposición venezolana Leopoldo López, a quien definía como
preso político. Como base de su argumentario, exponía el posicionamiento
de la libertad inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi
Cuixart.
Cuatro años más tarde, Lozano ha puesto en marcha una campaña para
desacreditar a los cinco expertos que forman el grupo de las Naciones
Unidas. Sobre la resolución de la ONU, ha comentado que "su labor ha
sido poco rigurosa y que han sido víctimas de una nueva campaña de
desinformación de parte del independentismo más radical".
El abogado Gonzalo Boye ha recogido las declaraciones que entonces hizo Lozano, mencionando al grupo de expertos de la ONU.
