MADRID.- La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este
martes que el Ministerio Público actuará "con la contundencia debida"
contra los autores de los actos violentos que tuvieron lugar este lunes
en Cataluña durante el aniversario del referéndum ilegal del 1-O pero ha
advertido de que es "prematuro hablar" de si se acusará al presidente
de la Generalitat, Quim Torra, por sus manifestaciones alentando a los
CDR.
Así lo ha dicho a los medios de comunicación tras su intervención en
la Apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar, que se ha
celebrado en la sede del Tribunal Militar Central, que ha sido presidido
por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo, Carlos Lesmes, al ser preguntada si la Fiscalía prevé actuar
en contra los actos que –según ha dicho– “desgraciadamente quebrantaron la convivencia de todos los catalanes”.
Asimismo con respecto a Torra, Segarra ha descartado entrar a valorar sus declaraciones y ha explicado que “es muy prematuro hablar de ninguna acusación”
y comparar con los hechos por los que el Tribunal Supremo ha procesado a
los líderes independentistas por el delito de rebelión, ya que aún no
se ha formulado el escrito de acusación contra el expresidente de la
Generalitat Carles Puigdemont y los otros 24 procesados.
En ambos casos, la fiscal general del Estado ha insistido en que hay que esperar a que los Mossos d’ Esquadra elaboren los atestados sobre lo ocurrido en Barcelona y Gerona para valorar si estos sucesos encajan en el Código Penal. “La Fiscalía actuará por supuesto con la contundencia debida”, ha subrayado.
En caso de que la Fiscalía abriera una investigación a Torra por sus
manifestaciones alentando a los CDR, el Código Penal contempla en su
artículo 557 penas de seis meses a tres años de prisión por incitar a realizar actos de violencia, aunque no haya resultado.
Así lo recoge el mencionado artículo:
Art. 557.2.– Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren
sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones
descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a
llevarlas a cabo.
Art. 557.1.– Quienes actuando en grupo o individualmente pero
amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia
sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos
a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de
prisión.
La fiscal general se ha pronunciado en la misma línea sobre la
votación que ha tenido lugar en el Parlament de Cataluña para que los
diputados suspendidos por el Tribunal Supremo tras su procesamiento por
el ‘procés’ puedan designar un sustituto. Aunque ha admitido que no ha
tenido “ocasión de conocer todavía las actuaciones que se están
desarrollando”, ha advertido de que se “reaccionará si es necesario”.
“Evidentemente lo hemos hecho a lo largo de todo el año pasado y
reaccionaremos si es necesario cuando se produzcan resoluciones que
quebranten el orden constitucional y estatutario”, ha dicho Segarra.
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