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viernes, 23 de noviembre de 2018

Destapan un fraude de casi seis millones en el cobro de pensiones de fallecidos

MADRID.- La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas y han detenido a 9 de las 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas como presuntas responsables de un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.

La mayoría de los implicados en la denominada ‘operación Libitina II’ eran familiares de las personas fallecidas, aunque también se han encontrado casos de amigos o compañeros de vivienda, según ha informado la Policía.
Para hacerse con el dinero ocultaban el fallecimiento del pensionista a la Administración, llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto, con el objeto de realizar reintegros en efectivo.
Uno de los implicados cobró las prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años haciéndose pasar por un nonagenario. Para lograrlo aprovechó sus similares características físicas con el difunto, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador.
La investigación la han desarrollado agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
La investigación comenzó tras recibir varias denuncias, en diferentes puntos del país, en las que se informaba de posibles fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con las primeras pesquisas se averiguó que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos quienes seguían cobrando de forma ilícita las pensiones de estos.
Avanzada la investigación, los agentes localizaron casos similares en 17 provincias españolas: La Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya. La investigación cuantifica en casi seis millones de euros la cantidad defraudada a la Seguridad Social.
Entre los motivos más comunes en los que se escudaban las personas que cobraban las prestaciones indebidamente para cometer el fraude están el desconocimiento de su abono -pese a que hacían uso de ese dinero, según la Policía-, necesidades económicas para la subsistencia personal o familiar, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado en los años anteriores.
Se ha llegado a detectar que en algunos casos, para no ser descubiertos en su entorno más cercano, los defraudadores engañaban a sus allegados sobre la procedencia de los fondos que manejaban.
En la provincia de Albacete se averiguó que un empleado de una entidad bancaria, donde se ubicaba la cuenta del fallecido, habría cobrado de forma ilícita casi 10.000 euros. Para hacerse con el botín aprovechó su posición, realizando reintegros en efectivo en provecho propio desde la muerte del pensionista en 2003 hasta 2017.
Otro caso significativo se dio tras una denuncia realizada en la provincia de Madrid sobre una pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,50 euros durante aproximadamente seis años. 
Una vez que los agentes analizaron los movimientos bancarios se observaron 209 compras, abonadas a través de una entidad financiera digital, con posterioridad al fallecimiento de la pensionista. 
Se descubrió que la tarjeta bancaria de la pensionista había sido robada por un compatriota compañero de piso, quien a su vez compartía el número de la tarjeta con varios amigos suyos.
En la provincia de Málaga fue investigado el cobro de más de 129.200 euros por prestaciones indebidas de un pensionista perecido en 1999, y que fueron abonadas hasta el año 2017. 
Gracias al análisis de la información bancaria se observaron varios traspasos ulteriores al fallecimiento, pudiendo identificar a varios familiares del mismo como responsables de estos hechos.
Los investigados como argucia para poder seguir cobrando la ilícita pensión, aprovechaban el parecido de uno de ellos, que contaba con características físicas parecidas al pensionista, para hacerse pasar por el fallecido. 
Además, para la extracción de las prestaciones, se caracterizaba vistiendo ropa de persona mayor y portando como complemento un andador que le ayudaba a pasarse por el nonagenario pensionista.
En la actualidad los distintos organismos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social cuentan con nuevas tecnologías que permiten la interconexión telemática entre administraciones. 
De forma que realizan de forma periódica controles de la fe de vida de los beneficiarios de prestaciones periódicas. Estos avances hacen que muchas de las comprobaciones se realicen en tiempo real, lo cual hace cada vez más difícil a los defraudadores conseguir el cobro indebido de prestaciones.

viernes, 19 de octubre de 2018

Hacienda aboga por reforzar las unidades informáticas para combatir el fraude

MADRID.- El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha abogado hoy por reforzar las actuaciones de la unidad de auditoría informática en las inspecciones por su eficiencia en la obtención de pruebas y por su "muy significativo" efecto para desincentivar el fraude.

Gascón ha clausurado hoy el XXVIII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que ha estado centrado en el reto de la fiscalidad de la economía digital.
Las ponencias han abordado la fiscalidad digital en el ámbito internacional, especialmente el europeo, pese a que la actualidad pasaba por la aprobación hoy en Consejo de Ministros del impuesto a determinados servicios digitales, que no se ha debatido.
Gascón ha dedicado buena parte de su intervención a defender la labor de lucha contra el fraude que desarrolla la Agencia Tributaria, con especial atención a las actuaciones que, con apoyo de las unidades informáticas, permiten conseguir información del contribuyente en las entradas en domicilios o empresas.
Esta información permite conocer "la realidad económica y fiscal" del contribuyente, lo que supone una manera eficiente de obtener pruebas, al tiempo que se reduce la duración de las comprobaciones.
En lo que va de año, las unidades de auditoría informática han permitido liquidar cuotas tributarias por 214 millones de euros a través de más de 3.600 actas de inspección.
Adicionalmente, las entradas domiciliarias producen un "efecto inducido muy significativo" al desincentivar el fraude de otros contribuyentes, por lo que ha abogado por potenciar este tipo de procedimientos aunque ha reconocido que son "duros".
En ese sentido, también ha destacado el "efecto inducido" del sistema de intercambio de información entre administraciones tributarias, el "common reporting standard" o CRS, que obliga a las instituciones financieras a remitir a las autoridades información sobre personas o entidades titulares de cuentas en sus países, que después éstas comparten.
Desde su anuncio en 2013 hasta 2016, los contribuyentes cuyos datos se han compartido sin que ellos lo supieran han incrementado su base imponible del IRPF en un 25,2 % y el importe a ingresar, en un 14,3 %, mientras que el repunte en los activos financieros declarados del impuesto de patrimonio asciende al 23,2 %.
Gascón ha detallado hoy que desde que el CRS se puso en marcha en septiembre de 2017 la Agencia Tributaria ha recibido 1,6 millones de registros, con datos de cuentas que suman un saldo de 457.000 millones de euros para su control tributario.
Estos datos, que ahora tienen que depurarse para evitar duplicidades, permitirán detectar posibles irregularidades, fundamentalmente contribuyentes españoles que no declaran ingresos que tienen fuera de España, contribuyentes que no se consideran residentes pero que tendrían que reclasificarse y no residentes que puedan incumplir alguna obligación en España.
Las primeras actuaciones inspectoras se realizaron en mayo y desde entonces se han iniciado 102 inspecciones, además de decenas de actuaciones de verificación de datos, visitas presenciales y requerimientos de información.
En cuanto a la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), Gascón ha destacado que el pasado año finalizó 200 actuaciones inspectoras, entre las que se incluyen acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas (APA), procedimientos amistosos en materia de imposición directa y apoyo en procedimientos inspectores.
En 2017, los APA estimados permitieron garantizar bases imponibles por un valor superior a 1.400 millones de euros, mientras que los procedimientos amistosos debatieron bases imponibles por más de 930 millones de euros y las inspecciones finalizadas supusieron ajustes de bases imponibles por más de 2.200 millones.

miércoles, 3 de octubre de 2018

El Senado planea que Sánchez comparezca el 23 de octubre por su tesis doctoral

MADRID.- El Senado maneja la fecha del 23 de octubre para la comparecencia ante el pleno del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar de su tesis doctoral, si bien el orden del día de este pleno no se fijará hasta el día 16 y el Ejecutivo aún no ha dicho la última palabra sobre esta petición requerida por el PP.

Y es que el grupo popular, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha logrado sacar adelante dos peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, una que viene del mes de agosto, sobre la política de inmigración del Ejecutivo socialista, y otra más reciente referida a la polémica por la tesis de Pedro Sánchez.
Desde el primer momento el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla Martos, aceptó la posibilidad de que Sánchez acudiera al pleno del Senado, pero para abordar de forma genérica la gestión política del Ejecutivo, una oferta que ha vuelto a hacer este miércoles en la Junta de Portavoces y a la que ya ha puesto una fecha: el pleno del martes 23 de octubre.
Corresponde ahora a la Mesa fijar el orden del día de esa sesión, algo que no hará hasta la semana anterior al pleno, el día 16, según ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz, quien ha dejado claro que se trabaja con la fecha del día 23 “a expensas de lo que puedan plantear desde Moncloa”.
Es decir, que todavía no está cerrada la comparecencia, máxime cuando existen discrepancias respecto a su formato, porque al estar prevista una sesión de control al Gobierno ese mismo a las cuatro de la tarde es necesario hacerla compatible con la comparecencia de Sánchez, que podría celebrarse en primer lugar para después abordar las preguntas orales al presidente y los ministros.
Y además el PP quiere que sea monográfica, no sobre política general, dando prioridad al asunto de la tesis doctoral del presidente ante las “sospechas de plagio” y las “dudas sobre su autoría”, de manera que si hubiera que celebrarla separadamente de la de inmigración, prefiere que hable antes de la tesis.
Algo que ha criticado el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, quien se opone frontalmente a que Sánchez hable de su tesis en sede parlamentaria porque en su opinión el parlamentarismo “no es valorar tesis” de nadie, sino ejercer su función de control al Gobierno, y es la Universidad quien tiene que evaluar sus tesis doctorales.
De hecho, sólo el PP ha votado a favor de que Sánchez informe al Senado sobre esta cuestión.
Caso distinto es la inmigración, que según ha recordado Bildarratz, es un asunto importante sobre el cual la Diputación Permanente ya pidió en agosto la comparecencia urgente de Sánchez.
En todo caso, el pleno monográfico está todavía por cerrar, si bien el vicepresidente Pedro Sanz tiene claro que el jefe del Gobierno tendrá que acudir al senado “exactamente igual que un ministro, un secretario de Estado, o cualquier otro miembro del Gobierno” y ha remarcado: “Estas son las reglas del juego”.
También ha reflexionado sobre el papel de “contrapeso” que el Senado ejerce en una situación política muy peculiar como la actual, y ha explicado que Sánchez deberá comparecer en la Cámara Alta sobre su tesis precisamente porque el Congreso no aprobó que lo hiciera.

martes, 2 de octubre de 2018

La Fiscalía del Supremo estudia una querella del ultraderechista 'Vox' sobre la tesis de Pedro Sánchez

MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo estudia ya la querella del partido ultraderechista Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pronunciarse sobre si procede o no abrir una investigación penal por un posible delito de falsedad documental por su tesis doctoral.

Fuentes jurídicas han informado hoy que el Ministerio Público ha recibido ya la querella del partido, una vez que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio traslado de la misma para que emita un informe que, sin embargo, no es vinculante para la Sala.
Una vez que reciba el informe, la sala de admisión tendrá que decidir si abre causa o no contra el presidente del Gobierno.
Vox presentó hace dos semanas una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno por un posible delito de falsedad documental por su tesis doctoral, así como por prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias por "promocionar" profesionalmente a su mujer, Begoña Gómez.
Según señaló el partido en un comunicado, la formación quiere que se esclarezca en sede judicial si la tesis de Sánchez "es o no fraudulenta" y la querella se fundamenta en las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación que indican "claros indicios de falsedad documental" en este trabajo doctoral.
Y también la supuesta responsabilidad de Sánchez ante los "indicios" de que el presidente del Gobierno ha usado su poder político e institucional para conseguirle a su mujer un puesto de trabajo en la Fundación Instituto de Empresa, una vez firmado con la Casa Árabe un convenio de colaboración junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Vox justificó la querella porque "no resulta admisible que el mismo presidente del Gobierno dedique el poder político e institucional que ostenta para promocionarse él mismo y promocionar a otras personas cercanas".

viernes, 21 de septiembre de 2018

La Universidad 'Rey Juan Carlos' cierra el Instituto de Derecho Público

MADRID.- El Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha acordado este viernes la disolución del Instituto de Derecho Público, el centro académico en el que cursaron sus másteres Cristina Cifuentes, Carmen Montón y Pablo Casado.

Fuentes de la URJC han informado hoy que el Consejo de Gobierno ha aprobado por unanimidad el cierre administrativo del Instituto de Derecho Público.
La URJC ya anunció el pasado 27 de julio que cerraría este curso el Instituto de Derecho Público tras la polémica por las supuestas irregularidades del máster de Cristina Cifuentes y también solicitó la baja del CIF del instituto en el Ministerio de Hacienda, lo que representó el cierre académico y económico del centro.
Después de conocer las conclusiones de auditoría interna encargada entonces al profesor Pablo Acosta, que fue nombrado a finales de abril por el rector Javier Ramos para dirigir temporalmente el instituto tras la suspensión cautelar de su anterior director, Enrique Álvarez Conde, el Consejo de Gobierno de esta universidad pública madrileña ha acordado ahora el cierre administrativo del centro.
Álvarez Conde estaba al frente del Instituto de Derecho Público de la URJC y es el principal imputado en la investigación del máster de Cristina Cifuentes y de la pieza separada sobre el máster del presidente del PP, Pablo Casado.

La URJC archiva la investigación sobre la licenciatura de ADE de Casado

MADRID.- La Inspección de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha archivado la información reservada que abrió de oficio sobre la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) del presidente del PP, Pablo Casado, tras no detectar irregularidades, según ha informado esta mañana el rector, Javier Ramos, al Consejo de Gobierno.
En un comunicado, la universidad ha explicado que el Servicio de Inspección ha analizado todos los procedimientos formales administrativos del alumno tales como su expediente académico completo, matriculación, pagos, calificaciones, actas y convalidaciones.
A la vista de la documentación recibida, el Servicio de Inspección ha realizado las "consultas necesarias" y ha mantenido reuniones con los servicios que han trasladado la información de Casado.
"Los responsables de dichos servicios verificaron la documentación remitida y constataron que no existían indicios de error alguno", destacan desde la universidad. Igualmente, el traslado del expediente desde la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) se realizó correctamente.
El Servicio de Inspección de la URJC abrió dicha información reservada de oficio a raíz de las diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre los estudios cursados por Casado en la Universidad Rey Juan Carlos, además del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local que cursó en 2008/2009, que está siendo objeto de investigación judicial.
En cuanto al máster que cursó en el cuestionado Instituto de Derecho Público, la Universidad explica que "está colaborando con la justicia aportando todos los datos que se requieren", recalcando que el estudio cursado por Casado era universitario de segundo ciclo conducente a la obtención del título oficial de máster.
También ha detallado que las convalidaciones solicitadas por el alumno y reconocidas por la Universidad, así como las calificaciones obtenidas, "fueron siguiendo el procedimiento y la normativa correspondiente a los estudios de postgrado, y en particular el Real Decreto 56/2005".
De hecho, se articuló conforme a dicha normativa las "Instrucciones para las convalidaciones relativas a los Programas Oficiales de Postgrado". Todo ha sido aportado al juzgado, explican, y recuerdan que no era preceptiva la realización del Trabajo de Fin de Máster (TFM), como sí lo fue en ediciones posteriores reguladas por el citado Real Decreto 1393/2007.
Según consta en el resumen de la información reservada llevada a cabo por la universidad, el pasado 25 de mayo la jefe de Inspección solicitó al Vicerrectorado de Estudiantes y al de Digitalización e Internacionalización toda la información disponible de Casado, entre actas, pagos o modificaciones de las actas.
Entre los documentos, tuvieron acceso al escrito del 27 de octubre de 2007 de aceptación de traslado del expediente del ICADE para continuar los estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad, "condicionándolo a la adaptación al Plan de Estudios vigente en la universidad".
Casado tenía que cumplir una serie de requisitos y así quedó acreditado: tener superado en el ICADE el primer curso completo o 60 créditos, no tener agotadas convocatorias en alguna asignatura, y cumplir con las normas de permanencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
También recibieron las solicitudes de adaptación de estudios de Comillas del 20 de noviembre y 11 de diciembre de 2007, el propio expediente y otra solicitud del 2 de noviembre de 2007 de convalidación de los estudios de la Licenciatura de Derecho cursada en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros de la Universidad Complutense de Madrid.
En este punto, según la información reservada, Casado aportó el certificado académico de todas las asignaturas cursadas y aprobadas, el programa certificado de las mismas y los planes de Estudio. Además, han tenido acceso a los acuerdos de la comisión de adaptaciones y convalidaciones de la URJC del 29 de noviembre de 2007 y 25 de enero de 2008 de convalidación de las correspondientes asignaturas.
La Inspección ha tenido acceso, además, al certificado académico oficial de la Licenciatura en ADE de la universidad, a las actas definitivas de calificaciones durante los cursos 2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/12 así como los recibos de los pagos de tasas de los años académicos 2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/12.
Asimismo, hay una solicitud y pago de tasas de una convocatoria extraordinaria de Enero-Fin de Carrera del alumno Pablo Casado Blanco en la Universidad Rey Juan Carlos de 27 de agosto de 2012 y 18 y 24 de julio de 2013; otro pago de tasas de convalidaciones de 22 y 25 de enero de 2008; y el recibo del Pago del Título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas de Pablo Casado Blanco de 31 de julio de 2014.
A la vista de la documentación recibida, la Inspección mantuvo diversas consultas y reuniones, donde los "diversos responsables confirmaron la documentación remitida y constataron" que en lo que se refiere al expediente de Casado "no existen indicios de error o irregularidad".
Pese a haber sido confirmada la ausencia de incidentes, se solicitó un informe específico acerca de las modificaciones de actas realizadas por el personal de la Secretaría en el expediente de Casado, "reafirmándose que no existe ninguna incidencia reseñable en las mismas", concluyen en la investigación.

La Fiscalía del Supremo se opone a investigar a Casado por su máster en la URJC

MADRID.- La Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que no investigue al presidente del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades en su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) "al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal".

En su escrito, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, solicita el archivo de la exposición razonada que la jueza del caso máster elevó contra el líder de los populares por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio.
La titular de Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, sostiene que existen "indicios" de que el líder de los populares obtuvo el máster de la URJC como un "regalo académico por su relevancia política e institucional".
Pero en un escrito de ocho páginas, el fiscal considera que esos indicios en los que se basa la magistrada "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento".
Y añade que dicho procedimiento "sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del Sr. Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados", como sí sostiene la jueza del caso máster.
El teniente fiscal del Supremo no ve en la exposición razonada dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria -al menos en relación con Casado-, la existencia de un concierto previo del exdirector del Instituto de Derecho Público y principal implicado en la causa, Enrique Álvarez Conde, con lo que la jueza denomina "un grupo de alumnos escogidos" para matricularse en el máster.
Siguiendo la tesis defendida por el líder del PP, el fiscal cree que no hay indicios de que Álvarez Conde se concertase con Casado o con un grupo de alumnos para que se matriculasen en el máster a cambio de que el catedrático se lo regalase sin hacer nada.
Esto, a juicio de la Fiscalía, es una afirmación "carente de prueba alguna" que "no pasa de ser una mera sospecha o conjetura".
Un argumento, este último, que puede condicionar la investigación del caso máster que se vertebra en base a los supuestos favores de Conde hacia unos determinados estudiantes para, finalmente, obtener el título de posgrado en forma de regalo.
Y aunque el fiscal señala en su informe que partiendo de los indicios de la instructora "podría plantearse" la comisión del delito de cohecho impropio de Casado, no profundiza en este aspecto al destacar que está prescrito -el plazo es de cinco años-.
Así, el cohecho sólo tendría trascendencia penal si hubiera un concurso medial con el de prevaricación administrativa y se admitiera la participación de Casado como cooperador necesario, una situación que la Fiscalía rechaza de plano.
El Ministerio Fiscal incluso acusa a la magistrada de "obviar" completamente los requisitos y exigencias de la doctrina del Tribunal Supremo y la recuerda que "comportamientos neutrales", como puede ser la formalización de la matrícula o el pago de tasas, no pueden ser tenidos en cuenta "si no tienen un sentido objetivamente delictivo".
En ese sentido, manifiesta que algunos de los indicios que maneja la instructora para imputarle prevaricación, como la inclusión del máster en su CV, es "completamente inocuo" a los efectos que interesan dado que sería una "conducta posterior e intrascendente" a la supuesta comisión del delito.
Precisamente, este argumento coincide con la versión que sostiene el propio Casado en un escrito de 28 páginas que entregó al Tribunal Supremo hace días de manera voluntaria.
La Fiscalía responde así al Supremo, que el pasado día 13 pidió que emitiera un informe sobre si debe o no investigar a Casado, si bien la opinión del Ministerio Público no es vinculante para los cinco magistrados que componen la sala que deberá tomar una decisión definitiva al respecto en las próximas semanas.
Dicha Sala está compuesta por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y los magistrados Pablo Llarena, Ana Ferrer, Francisco Monterde y Miguel Colmenero.
Este último ha sido designado como ponente encargado de redactar la resolución que deberá exponer ante el resto de la sala.
Fuentes jurídicas explican que la Sala maneja finales de septiembre o principios de octubre como fechas para reunirse y tomar la decisión al respecto, pues la intención de los magistrados es no demorar mucho este asunto.

lunes, 15 de enero de 2018

El ministro de Economía niega que cobrase 100.000 euros, tal como se pregunta el portavoz de Afectados de la CAM

ALICANTE.- Las revelaciones sobre el gran acto que celebró Caja Mediterráneo (CAM) el 24 de mayo de 2008 en el recinto ferial de Alicante, IFA, para la presentación a sus máximos responsables en toda España de las cuotas participativas que poco después saldrían a Bolsa, se suceden. Tal y como informó El Mundo el pasado lunes 8 de enero, el principal reclamo en aquel acto fue el hoy ministro de Economía y entonces director general y apoderado mancomunado de Lehman Brothers Europa, Luis de Guindos. 

Él era el encargado de convencer a los futuros vendedores de 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, de las bondades de un producto que suponía ingresos futuros de 292 millones de euros para la entidad. Su firma era la que había redactado el proyecto de la salida a bolsa, la que había realizado toda la publicidad y papelería, y la que iba a asesorar sobre la venta de este producto. Pero, ¿cuánto cobró por ello Lehman Brothers y cuánto su director general?
Junto a De Guindos, el otro experto invitado fue Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que actuó de asesor financiero de la Caja en la operación, mientras que Lehman Brothers ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM. Además intervinieron el presidente de la Caja, Vicente Sala, y el director general, Roberto López Abad.
El Mundo ha tenido acceso a documentos oficiales de la caja de ahorros en los que se cifra el pago a Lehman Brothers. Concretamente dos millones de euros por actuar de bookrunner. Un pago que se subdividió en una «comisión de praecipium» de 1.125.000 euros; una «comisión de asesoramiento» de 375.000 euros; y una «comisión de colocación» en la que Lehman Brothers y Ahorro Corporación -la entidad elegida para vender las cuotas entre grandes inversores-, en su condición de «entidades Colocadoras», recibieron 500.000 euros cada una de ellas. 
En ese mismo escrito se explicita que «Gesamed (Gestión de Activos Mediterráneo Sociedad de Valores SA, entidad participada al 100% por la caja)  no percibirá comisión de colocación alguna».
Además, la CAM impone que ambas entidades «colocadoras» no podrán ceder, total o parcialmente, las comisiones mencionadas salvo cuando la cesión se realice a favor de intermediarios financieros (entendiendo como tales aquellos autorizados para realizar las actividades descritas en los artículos 63 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores) que formen parte de su grupo (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio) o de sus representantes o agentes debidamente registrados en la CNMV o en el Banco de España».
Con estos datos se entienden algunas de las afirmaciones realizadas por De Guindos en aquel acto en el que fue presentado como «uno de los mejores especialistas en cuotas participativas». 
El hoy ministro de Economía llegó incluso a manifestar: «Yo creo que las cuotas participativas será algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo (...) Es la primera vez que una caja de ahorros emite cuotas participativas, eso es importantísimo para la Caja del Mediterráneo, para el conjunto de las cajas, para el sistema bancario de nuestro país, y creo que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española». 
Y añadió: «A todos los que participamos [en la emisión], que fundamentalmente son todos los empleados de la caja, yo lo que les diría, desde mi humilde opinión, es que estamos haciendo historia económica, que quedará en los libros de textos, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, que será analizada en las universidades (...) es la historia de éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo».
Preguntado a este respecto el portavoz de la Plataforma de Afectados CAM, Carlos Pena, desliza un nuevo dato. «¿Por qué el señor Roberto López Abad va diciendo por ahí ahora que él no irá a la cárcel habiéndole pagado 100.000 euros a De Guindos más allá de estos dos millones de euros que aparecen en los documentos?». 
En este sentido Pena exige al Banco de España que analice uno por uno todos los movimientos de 100.000 euros realizados por la caja de ahorros entre marzo y julio de 2008 para dilucidar si las palabras que atribuye a López Abad son ciertas y en todo caso incorporarlas a las causas judiciales en marcha. 
No en vano, aquella emisión de cuotas participativas resultó un absoluto desastre económico que unido a las también desastrosas inversiones de la CAM terminaron por provocar una intervención de Banco de España y un rescate por parte del Banco Sabadell. 
Las cuotas dejaron de cotizar en diciembre de 2011, el mes en que De Guindos fue nombrado ministro de Economía. El valor de las cuotas se redujo a cero. Miles de pequeños ahorradores perdieron su dinero; tuvieron que ir a los tribunales a intentar recuperarlo. La operación sí fue histórica. 
Frente a esto, meses antes De Guindos no dudó en decir a los vendedores de cuotas: «Yo lo que diría sería una cuestión, a todo el equipo de ventas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para de alguna forma distinguiros de todos vuestros competidores (...) En estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, son los momentos en los cuales efectivamente surgen las oportunidades y se va poder alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo nuestros competidores».
El ministro de Economía, Luis de Guindos, a través de un responsable de comunicación del Ministerio, "desmiente rotundamente que cobrase 100.000 euros al margen de lo que cobró la entidad que presidía, Lehman Brothers", tal y como afirma el portavoz dela Plataforma de Afectados de la CAM, Carlos Pena (en la imagen).

sábado, 13 de enero de 2018

Así vendía Luis de Guindos las cuotas de la CAM


ALICANTE.- Es el 24 de mayo de 2008. Apenas quedan unas semanas para que Caja Mediterráneo (CAM) debute en Bolsa. Es la primera caja de ahorros española en emitir cuotas participativas, un producto similar a las acciones pero sin derechos políticos. El recinto ferial IFA, en Elche, acoge un multitudinario acto de la CAM para su plantilla que sirve para presentar una emisión con la que se pretende hacer historia. La caja vive un momento exultante. Ni el ambiente de crisis financiera frena su aventura bursátil. Es un acto de reafirmación de la marca CAM. Se trata de dar moral a la tropa que tiene que colocar 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, unos 292 millones de euros, para que el proyecto no encalle. 

La prensa no puede asistir a un evento en el que las estrellas invitadas son Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y el presidente de Lehman Brothers España, Luis de Guindos, actual ministro de Economía. AFI actúa como asesor financiero de la caja en la operación, mientras que Lehman Brothers ejerce de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM. 
Ontiveros y De Guindos, dos nombres propios de prestigio a los que recurre la CAM como reclamo ante los mercados financieros, están en Alicante para vender las cuotas, para insistir en sus ventajas, su rentabilidad y su acierto como inversión, según recuerda El Mundo en su edición alicantina. 
La maestra de ceremonias del acto es Marta Fernández, por aquel entonces presentadora de Cuatro. Intervienen Vicente Sala y Roberto López Abad, presidente y director general de Caja Mediterráneo respectivamente. Tras sus palabras, la presentadora da paso al hoy ministro y a Ontiveros para que hablen de los detalles de la CAM.  
Las afirmaciones de Luis de Guindos en ese acto, transcurridos diez años de la fatídica emisión, con la caja quebrada, desaparecida y absorbida por un euro por el Banco Sabadell, rescatada con un coste cercano a los 11.000 millones, y con miles de inversores atrapados en las fracasadas cuotas participativas de la CAM, no tienen desperdicio (los vídeos, inéditos hasta ahora, están disponibles en www.elmundo.es).
De Guindos es presentado por Marta Fernández «como uno de los mejores especialistas en cuotas participativas» de España. Ya durante el coloquio, De Guindos empieza con una descripción de lo que son las cuotas participativas y su buena aceptación en los mercados internacionales: «Son el recurso más valorado por los mercados», afirma. 
El acto avanza, y el actual ministro asegura lo siguiente: «Yo creo que las cuotas participativas será algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo (...) Es la primera vez que una caja de ahorros emite cuotas participativas, eso es importantísimo para la Caja del Mediterráneo, para el conjunto de las cajas, para el sistema bancario de nuestro país, y creo que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española». 
En esta línea continúa De Guindos: «A todos los que participamos [en la emisión], que fundamentalmente son todos los empleados de la caja, yo lo que les diría, desde mi humilde opinión, es que estamos haciendo historia económica, que quedará en los libros de texto, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, que será analizada en las universidades (...) es la historia de éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo».
Más tarde, se dirige al personal de la CAM que tiene que colocar las cuotas en el mercado: «Yo lo que diría sería una cuestión, a todo el equipo de ventas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para de alguna forma distinguiros de todos vuestros competidores (...) En estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, son los momentos en los cuales efectivamente surgen las oportunidades y se va poder alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo nuestros competidores».  

Incluso al Ibex-35

El coloquio se desarrolla, y Marta Fernández pregunta a De Guindos si las cuotas de la CAM podrán formar parte del Ibex 35, a lo que responde: «Por supuesto, depende del volumen de cotización, y evidentemente si pasa el listón, entrará a cotizar y a formar parte del Ibex 35».
En la parte final de la presentación Marta Fernández pide a Ontiveros y De Guindos que lancen un último mensaje, como broche, sobre la pionera iniciativa de la CAM. 
Ontiveros se muestra claro, y declara ante el auditorio: «En estas cosas, más que la retórica, es dar la orden [de compra de las cuotas], ¿no? Yo voy a dar la orden inmediatamente. Tengo en mi empresa, en AFI, un par de cuentas abiertas en la CAM y en mi familia otras dos o tres, y voy a ir al máximo que me dejen. Yo creo que una inversión que dé un ROE [rentabilidad sobre recursos propios] del 15 o del 16% no la da nadie actualmente. El único problema es la limitación de ese 5% claro [era el volumen máximo de participación en cuotas que podía acumular un único inversor]».
A continuación , De Guindos toma el testigo: «Yo también por supuesto voy a ir, y voy a intentar convencer a todos mis familiares próximos, y además seguro que van a ir porque creo que es una oportunidad única». 
 Y el colofón de Guindos: «Esta es una operación que va a hacer historia, que va a hacer historia desde el punto de vista de lo que es la CAM, las cajas de ahorros en genéricos y la economía española. Desde ese enfoque estoy extremadamente orgulloso de haber participado con todos vosotros y con el equipo directivo en lo que creo que va a ser una operación única en la historia del sistema bancario español». 
El resto de la historia es conocido. La CAM debutó en Bolsa el 23 de julio de 2008. Tres años más tarde, fue intervenida por el Banco de España. Las cuotas dejaron de cotizar en diciembre de 2011, una vez que el Sabadell se quedó con la CAM por un euro. El valor de las cuotas se redujo a cero. 
Miles de inversores, sobre todo pequeños ahorradores, clientes de toda la vida de la CAM, perdieron su dinero, tuvieron que ir a los tribunales a intentar recuperarlo.Ese mismo mes de diciembre de 2011, Luis de Guindos fue nombrado ministro de Economía, cargo que aún mantiene. La operación sí fue histórica.

Las cuotas participativas de la CAM arruinaron a miles de inversores tras el falseo de las cuentas de la entidad

MADRID.- Lehman Brothers, el banco de inversión liderado por el actual ministro de Economía Luis de Guindos, se embolsó en 2008  millones de euros por colocar productos financieros tóxicos a 50.000 clientes. Esta empresa, que quebró un mes después, fue la principal responsable, coordinadora y colocadora de la emisión de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, una suerte de preferentes que tras la quiebra de la caja, han supuesto la perdida de su dinero para miles de ahorradores, según recuerda El Español.

En 2008 y ante la necesidad de capitalización, la CAM fue la primera caja de ahorros del país en lanzar "cuotas participativas", una especie de acciones de la entidad negociables en el mercado pero sin derechos de voto. El objetivo era conseguir liquidez y Lehman Brothers, con De Guindos a la cabeza, planeó la emisión de 50 millones de títulos para estas ofertas participativas: en total, la CAM recaudó por ellos 292 millones de euros. 
Sin embargo, la quiebra de la entidad, que fue comprada solo cuatro años después por un euro por el Banco Sabadell, hizo que 50.000 personas según las asociaciones de afectados perdieran su dinero. Y que se desatara una batalla en los juzgados.


Cantidades cobradas por Lheman Brothers en la emisión de cuotas participativas de 2008. 
 
Las sentencias judiciales revelan que la empresa de De Guindos vendió las cuotas participativas de la CAM con las cuentas falseadas, pero no ha derivado responsabilidad penal alguna para ningún responsable del banco de inversión que tenía entonces a De Guindos como presidente ejecutivo para Europa.  
Según adelantó El Mundo, en 2008 fue el propio ministro quien, como responsable de Lehman Brothers presentó a los trabajadores de la CAM el producto que debían vender como una oportunidad: "Esta emisión va a ser estudiada en las mejores escuelas de negocios", llegó a decir De Guindos. Ahora, lejos de las aulas, está en manos de varios juzgados. 

1.163 millones de pérdidas

El pasado mes de octubre la Audiencia Nacional emitió la primera sentencia condenando a la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por falsear las cuentas de resultados de la entidad entre 2011 y 2012. Esos números sirvieron de reclamo para que los inversores compraran las cuotas participativas y confiaran en la solvencia y el bienestar económico de la CAM. Nada más lejos de la realidad.
La contabilidad falsa, por la que han sido condenados cuatro de los principales ejecutivos de la CAM, arrojaba beneficios por 39 millones de euros, en lugar de las pérdidas por 1.163 millones que en realidad lastraban a la caja. 
La sentencia de la Audiencia Nacional no contempla sin embargo condenas penales por la comercialización de la cuotas participadas al considerar que no está "suficientemente acreditado" que los ahorradores invirtieran basándose en la "supuesta e irreal situación económica de la entidad". 
Sin embargo, las reclamaciones de cantidades han seguido una vía distinta y muchos clientes han conseguido recuperar su dinero al considerar los tribunales que la distribución minorista debe considerarse nula "por error de vicio y consentimiento". 
Es decir: que la Audiencia Nacional no cree que nadie deba ir a prisión por venderlas, pero los juzgados que regulan este tipo de contratos financieros consideran que estaban viciados al estar sustentados en unas cuentas falsas. Y que por ello, el dinero debe ser devuelto a los ahorradores afectados. 
En una sentencia del 13 de junio de este año, el Supremo decide además que el Sabadell, que compró el banco en 2012, es la entidad encargada de hacer frente además a esas devoluciones. La entidad bancaria intentó rebatir esta doctrina en los distintos procedimientos abiertos, alegando que la CAM era una entidad jurídica distinta al Sabadell, y que por tanto el banco no debía heredar esos compromisos. 
Algo a lo que el Supremo cerró la puerta, declarando como heredero universal al Sabadell de todas las obligaciones que la CAM tuviera frente a terceros. Y por lo tanto, frente a los ahorradores que han perdido su dinero, reconocidos en sentencia.

Cuando De Guindos decía que iba a recomendar hasta a su familia comprar bonos de la CAM

MADRID.- Ocurrió en mayo de 2008. Por aquel entonces Luis de Guindos, actual ministro de Economía, era presidente de Lehman Brothers en España, estaba considerado “uno de los mejores especialistas en cuotas participativas de España” y dirigía la emisión de este producto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), recuerda hoy www.elplural.com

Poco más de un mes antes de que la CAM fuese la primera caja de ahorros española en salir a Bolsa, De Guindos alababa ante los que serían los futuros inversores este producto financiero, la propia plantilla de la entidad, en un acto en el ferial IFA en Elche. 
En él, el actual ministro no dejo de repetir una y otra vez que “las cuotas participativas serán algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo”, recomendando a todos los presentes su compra y la venta a sus clientes.
Incluso, afirmó que él mismo iba a comprar e intentaría “convencer a todos mis familiares próximos, y además seguro que van a ir porque creo que es una oportunidad única”.
Y lo fue, así como una operación histórica en la economía española, ya que sólo tres años después llegó la quiebra a la caja, su intervención por parte del Banco de España, su venta por un euro al Banco Sabadell y todos los que compraron cuotas participativas, principalmente pequeños ahorradores, perdieron todo su dinero y tuvieron que acudir a los tribunales para recuperarlo. 
Ese mismo año, 2011, Luis de Guindos fue nombrado ministro de Economía por Mariano Rajoy.
Se puede ver en la web de La Sexta el vídeo de la intervención de De Guindos en el acto de la CAM en 2008 ante todos los empleados que no veían la que se les caía encima.

El banco de De Guindos se embolsó dos millones gracias a las cuotas participativas de la CAM que arruinaron a miles de inversores

MADRID.- Lehman Brothers, el banco liderado en la actualidad por el ministro de Economía Luis de Guindos, se embolsó millones de euros por colocar productos financieros tóxicos a 50.000 clientes en 2008. Según El Español, la empresa fue la responsable de la emisión de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, recoge hoy www.lagaceta.es

La CAM fue la primera caja de ahorros en lanzar estos productos, basados en las entidades negociables en el mercado pero sin derecho a voto. El principal objetivo era conseguir liquidez y Lehman Brothers planeó la emisión de 50 millones de títulos para estas ofertas.
La quiebra de la entidad hizo que 50.000 personas perdieran su dinero. Cuatro años después, el Banco Sabadell compró la CAM y comenzó una batalla en los juzgados que llega hasta estos días. 
De hecho, las sentencias judiciales revelan que la empresa de De Guindos vendió las cuentos participativas con las cuentas falseadas. Sin embargo no se ha derivado ningún tipo de responsabilidad penal.
Según El Mundo, el actual ministro de Economía presentó a los trabajadores de la CAM el producto que debían vender como una oportunidad: “Esta emisión va a ser estudiada en las mejores escuelas de negocios”.
El pasado mes de octubre la Audiencia Nacional emitió la primera sentencia contra la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por falsear las cuentas entre 2011 y 2012. Fue precisamente esta operacion la que incitó a los inversores a comprar las cuotas participativas.
Todo era falso, pues la CAM arrojaba pérdidas por 1.163 millones de euros. La sentencia de la Audiencia no contempla condenas penales por la comercialización de las cuotas participadas: “No está suficientemente acreditado”, dice.